Luis Rosero M.

Ante el alto nivel de violencia, reflejada en 7700 asesinado en lo que va del gobierno de Lasso, que atemoriza a la población y afecta a negocios, el ejecutivo se vio obligado a tomar acciones para combatir la violencia criminal. Para ello, tramitó reformas legales, compró armamentos y buscó asesoría para las fuerzas armadas que, al parecer, son componentes de un plan para frenar el crimen organizado. Esta reacción tardía, junto a otras, la toma a pocos días de cumplir dos años en el poder.

Las principales reformas legales son un proyecto de reforma constitucional, presentado por el gobierno en diciembre del año pasado, para que las fuerzas armadas participen en la seguridad interna; en enero, de este año, se aprueba la ley de seguridad interna y la declaratoria, por el COSEPE, de terroristas a bandas del crimen organizado y finalmente el decreto No. 730 viabiliza a que las fuerzas armadas protejan a la ciudadanía y el Comando Conjunto de las FF.AA. ejecute las acciones para reprimir las amenazas terroristas con el apoyo de la Policía Nacional. A eso se suma, el proyecto de reformas al Código Integral Penal, presentado por la Corte Nacional y otras instituciones, para combatir la corrupción y el crimen organizado básicamente para precisar y poder interpretar la aplicación de los delitos de peculado y lavado de activos. Previamente, el gobierno había autorizado el porte de armas por civiles y nombrado a dos ex generales del ejército para dirigir los organismos relacionados con la seguridad.

Por otro lado, la prensa reporta que el Ejercitó recibió más de cinco mil fusiles, chalecos y cascos que utilizaran los soldados para combatir las bandas criminales. Las armas y otros aditamentos fueron provistos por Israel. Además, el informativo infodefensa.com publicó que el país adquirió 137 blindados Tiger y MBombe, vehículos artillados, que serían utilizados por el ejército para enfrentar a grupos armados colombianos. Mientras que, el Ministro del Interior, en entrevista de Marzo 8 de 2023, informó sobre la compra de chalecos para la policía y tiempo de entrega en 45 días. Sin embargo, medios de información señalan que la convocatoria a licitación termina en 180 días. A más de eso la policía comprará municiones, que llegarían en Mayo 8,

Como tercer componente del plan de seguridad, el comandante general de Policía, Fausto Salinas, declaró que recibirá el apoyo del FBI para la investigación de acciones terroristas y, con instructores internacionales, capacitación para el combate cerrado. Así mismo, unidades del ejército recibirán entrenamiento militar con el apoyo externo.

En suma, el plan de seguridad de las FF. AA. se basa en las reformas legales, armamentos y entrenamiento externo para luchar contra los grupos criminales. El ministro de Defensa declaró “Si es necesario se empleará armamento letal”. Se configura así una política de mano dura para luchar contra el crimen organizado y las acciones armadas serán dirigidas por el ejército mientras que la policía servirá de apoyo. Quedan algunas dudas sobre este plan. Primero: no hay definición precisa de que son grupos terroristas. Segundo ¿Tiene el gobierno una estrategia, plan de inteligencia y táctica o sea un modelo de seguridad? Tercero: las acciones terroristas tienen como fin causar caos, en cambio el crimen organizado, que incluye a carteles, tiene otro propósito. ¿Hay una estrategia y táctica específica para enfrentarlo? Cuarto: la violencia tiene dos orígenes uno social y otra criminal. En la primera destaca la pobreza, hambre y desigualdad que llevan a la delincuencia común, mientras que la segunda busca ampliar sus actividades, usando distintos métodos, que aumenten sus réditos. ¿Se ha considerado en el plan de seguridad del gobierno atacar las dos causas? Quinto: hay un riesgo de que, al no definirse claramente que es el terrorismo, existan excesos y pueda atacarse letalmente a supuestos grupos como terroristas sin serlo; la violación de derechos ciudadanos fundamentales y la criminalización de la protesta social como ya reclaman algunas organizaciones.

No hay que olvidar la reforma al sistema judicial a fin de luchar contra la corrupción de jueces y demás miembros de este sistema. La prensa reporta que miles de dólares y letras de cambio se encontraron en las casas y oficinas de dos jueces de Pichincha que estaban siendo investigados por presunto prevaricato, que declararon la nulidad del caso Fortunario relacionado a la captación ilegal de dinero. Las evidencias encontradas dejan muchas dudas sobre la probidad de estos jueces.

Si bien, en el alto estado de inseguridad que vive la población, es necesario luchar contra el crimen organizado, para recuperar la paz social, deben aplicarse acciones diferentes según sea la causa de la violencia. Además, hay que limitar los posibles excesos que surjan contra la primera causa de violencia. El mensaje que envía el gobierno es que va con todo en la lucha contra el crimen organizado. Para ello, buscará un golpe de efecto que dependerá de la efectividad de la primera acción del ejército contra las bandas organizadas. Si tiene éxito, se impulsará otras acciones. Sin embargo, el reto será enfrentar la guerra contra los poderosos cárteles.

Luis Rosero M.

Los trabajadores y empleados ecuatorianos celebran el 1 de mayo en el marco de un alto grado de inseguridad ciudadana, convertida en la principal demanda de la población y ahora del movimiento obrero, y grave crisis política. A más de esto los trabajadores reclaman por la crisis estructural del mercado de trabajo con la insuficiente generación de empleo que conduce al subempleo y mayor tamaño sector informal urbano que siguen creciendo por la tendencia a la desaceleración de la economía.

Desde el 2020 repunta el nivel de inseguridad a tal punto que, en 2022, la tasa de homicidio se eleva al 25.5%, una de las más altas de A. Latina, que se refleja en el aumento de la violencia, robos y las muertes por sicariatos por la disputa territorial entre bandas criminales relacionadas con microtráfico de drogas. Tal es el temor generalizado, en toda la población, que también los trabajadores protestan por la inseguridad ciudadana y además tienen demandas políticas. Por ello, el Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Loja convocó a una marcha, el 27 de abril, por la Seguridad y la vida. Ahora el movimiento obrero tiene demandas que no son solo por la problemática del mercado de trabajo sino también por la seguridad ciudadana.

Por las demandas en el trabajo, del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT), exigen mejoras en las condiciones laborales, salud y seguridad. Pero además, su principal demanda política es la renuncia del presidente de la Republica.

Al primer trimestre, de este año, la estructura del mercado de trabajo refleja su problemática. La tasa de empleo adecuado era sólo un poco más de un tercio (34.9%). O sea, 3 de cada 10 trabajadores tenían empleo amparado en el código de trabajo, pero 53.5% estaba ocupado en el sector informal urbano, donde los ocupados ganan bajos salarios, no tienen protección social y carecen de todos los derechos del código de trabajo. Esto son: 5 de cada 10 trabajadores. En tanto que, en el área rural, el 76.9% están en el sector informal. Además, el 20% estaba en el subempleo. Estas dos últimas formas de empleo constituyen la cara visible problema estructural del mercado de trabajo. En este año, esta estructura laboral tenderá a crecer por la tendencia a la desaceleración de la economía.

La desaprobación del régimen aumentó, por parte de la población, con la pérdida del referéndum, que ahondó la pérdida de su credibilidad y mala gestión. Ahora, es el movimiento obrero que, en su día, marcha para demandar mejoras laborales en el marco de la inseguridad ciudadana y el problema estructural del mercado de trabajo, pero que ahora pide además la renuncia del presidente. El país ha llegado a un nivel muy alto de su crisis política, con el juicio al presidente de la república, a la que se agrega la crisis de la seguridad ciudadana y la crisis social.

El presidente, para tratar de contener la inseguridad ciudadana, en una jugada desesperada, convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado que resolvió acusar de terroristas a las bandas criminales y, en esa medida, como una amenaza por el estado, facultando a las fuerzas armadas a usar armas letales para enfrentar al crimen organizado. Antes había autorizado el porte de armas a la población. Con estas dos medidas, el gobierno, completa la estrategia de mano dura contra el crimen organizado. Para ello nombró, como consejero para la Seguridad Nacional, al ex General Paco Moncayo, y secretario de Seguridad Pública y del Estado, al ex General Wagner Bravo, ambos héroes del Cenepa en la guerra con el Perú. Le corresponde ahora, al ejecutivo, reglamentar tal decisión. Así, se llega a un escenario en que el ejército enfrentará, con todo su poder bélico, a las bandas criminales. Las fuerzas armadas buscaran dar un golpe de efecto para enviar un mensaje a dichas bandas de que en la lucha contra las bandas criminales va a utilizar todo su poderío. Pero, para ello, se requiere una política de seguridad que debe incluir inteligencia militar y policial, estrategia y táctica. En resumen, un modelo de seguridad. Sin embargo, el crimen organizado y los carteles tienen controlado partes del territorio, poseen alto poder armado y utilizan estrategias complejas para lograr sus fines. En este escenario, se torna difícil la batalla. Hay riesgos que deben considerarse.

El régimen envía un mensaje al crimen organizado que va con todo a enfrentarlo usando el poder militar y con el complemento de la población armada que luchará por su seguridad. Es un paso desesperado, del presidente, que busca salvarse de su destitución, para lo cual empleará todos los recursos legales y mecanismos políticos como la muerte cruzada y transacciones políticas con los votos en el juicio político. Un factor clave, será el resultado de la primera batalla de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, que influirá en las expectativas de la población, y lo que pase en los enfrentamientos armados de ésta con dichas bandas. Ya hay casos en que barrios buscan aplicar la justicia por su propia mano y el camino se torna incierto.

Luis Rosero M.

Además de la estimación a la baja del crecimiento de 2023, por el Banco Central, se suman otros factores que van configurando una crisis económica para este año y se van formando nubarrones para 2024-2025, escenario muy preocupante dado la grave crisis política y social del país.

Como señalé, en el artículo anterior sobre este tema, el Banco Central redujo la estimación del crecimiento económico a 2.6%, lo que implica desaceleración de la economía en 2023.  El FMI, por otro lado, anunció que Ecuador crecería 2.9% en dicho año. Sin embargo, como he sostenido la caída de la actividad económica mundial y los problemas económicos internos llevarán a que el país crezca a un ritmo menor incluso a la de la proyección del Banco Central.

Un primer factor que abona, en esa dirección, es el juicio político al presidente que conduce a un período de incertidumbre económica y expectativas negativas de los empresarios que se abstendrán de invertir hasta conocer la decisión de la Asamblea sobre la permanencia en el cargo del ejecutivo. Adicionalmente, hay un grave crisis de confianza en el gobierno que incide también en la economía. Un segundo factor, que da señales de la tendencia señalada, es el menor crecimiento del crédito en el primer bimestre de 2023 comparado con el mismo período de 2022. Según la banca, el elevado costo del financiamiento externo para el sistema financiero explicaría el menor dinamismo del crédito. El mayor costo de acceso al crédito externo esta relacionado con el riesgo país. A el 20 de Abril, de este año, éste llegó a 1878 puntos. El Banco Central ya planteó un subsidio a la banca para reducir el mayor costo del financiamiento, propuesta que debe analizarse con cuidado dado los efectos que generaría tanto en el sistema financiero como en la rentabilidad de dicho banco que se vincula al presupuesto del estado.

A medida que avanza el fuerte período invernal aumentan los daños por las inundaciones y deslaves que provoca muerte, destrucción de viviendas, carreteras y afectación de negocios, lo que implica la reducción de la actividad económica en los sectores afectados en varias regiones del país. A eso, se suma la estimación de la NOAA (el organismo del clima de EE.UU) para el desarrollo del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de este año. Según el COE, este fenómeno natural causaría mayores efectos en 17 provincias del país. Las experiencias vividas, por el país, en 1982 y 1997, revelan la capacidad de destrucción de este fenómeno natural tanto en la población, infraestructura física y en la economía.

Por otro lado, la tendencia a la desaceleración de la economía mundial reducirá el ritmo de las exportaciones ecuatorianas que fueron un puntal en el período de pandemia. A eso debemos agregar, la fracasada estrategia económica del gobierno de atraer inversión extranjera a través de maquila, que no se ha dado por no haber entrado el país a la Alianza del Pacifico. Más aún, en condiciones de desaceleración, el gobierno insiste en mantener su política de ajuste reduciendo el gasto de inversión y social, contribuyendo a menor actividad económica.

A eso se añade, que el gobierno ha seguido una política agresiva de endeudamiento externo con los organismos multilaterales. El total de la deuda pública, a Enero de 2023, alcanza 62132 millones de dólares, de los cuales el 76.7% corresponde a deuda externa de la que, con organismos internacionales, suma 23919 millones, a Enero de 2023, representando la mitad de la deuda externa del país. Solo al FMI, se le adeuda 8200 millones, a marzo de este año.  Lo riesgoso de esta política de endeudamiento es la sostenibilidad de la deuda. En 2024 y 2025, el país enfrentará fuertes egresos por pagos de la deuda externa que, en una tendencia a la desaceleración económica, conduce a escenarios de posibles acuerdo para el pago de este tipo de deuda.

En síntesis, por los factores señalados, el escenario mas probable es la desaceleración económica e 2023, mas aún si se registra el fenómeno de El Niño, y problemas de sostenibilidad de la deuda en 2024-2025.

Luis Rosero M.

La situación de inseguridad ciudadana va, cada semana, agravándose poniendo en serio riesgo a la población que esta atemorizada por el avance de la violencia y del crimen organizado. Los niveles de corrupción han corroído a todas las funciones del estado, la crisis institucional sigue aumentando y le gestión gubernamental es, cada vez, más ineficaz para enfrentar los problemas que enfrenta la sociedad. Hay una crisis total en el país.  Estos hechos han llevado a la pérdida de legitimidad del régimen que no atina a frenar la violencia y la triple crisis: política, social y económica.

En la semana pasada, hubo una masacre de pescadores de Esmeraldas por sicarios, 13 reos fueron asesinados en las cárceles, entre los cuales están los 6 reos que aparecieron colgados en la Penitenciaría del Litoral, sumando ya 12 masacres carcelarias y 3 guías penitenciarios de la misma penitenciaría fueron acribillados, reflejando que bandas tienen el control de las cárceles. La extorsión (vacunas), secuestros, sicariatos y asaltos se han vuelto cotidianos y marcan el estado de violencia que sufre el país. Ante la incapacidad para controlar la violencia renunció el Secretario de Seguridad,  tan que declaró “Salgo con la certeza de haber avanzado en los objetivos”, nos preguntamos los hechos criminales muestran el fracaso en enfrentar la inseguridad ciudadana. Un mes antes había renunciado el Secretario Anticorrupción. El País, en uno de sus titulares dice “Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado” reflejando la crisis de la seguridad ciudadana. A eso se suma, la solicitud de algunos congresistas americanos que solicitan, al presidente de EE.UU., iniciar una investigación de los activos de Lasso y su cuñado. El régimen se desmorona, ya la mayoría de los Lassoboy no están en el gobierno. La inseguridad ciudadana es cada vez mayor que no solo pone en riesgo la vida de los habitantes, sino que ya afecta a algunas actividades económicas. La repuesta del presidente fue el porte de armas, o sea traspasarle a la población la defensa de su vida, que debería ser cumplida por las fuerzas del orden y en la entrevista a CNN dijo: la criminalidad aumenta porque los delincuentes ya no tienen drogas para vender. Los hechos muestran todo lo contrario, al buen entendedor pocas palabras. Y más aún, cuando el gobierno cita a una reunión para tratar sobre la violencia, justo se enferma el presidente, antes fue que se había afectado una pierna, etc. El título del editorial de El Comercio, diario conservador, refleja la grave crisis del país “El espíritu de la nación está seriamente afectado.” La razón es el aumento de la violencia criminal en todas sus formas.

El juicio político al presidente continúa con la etapa de presentación de pruebas. Las transacciones políticas están a la orden del día en la Asamblea, se rumora la compra de votos. El PSC, uno de los partidos que impulsa el juicio, apoya la separación del poder del presidente pero lo hace debido a que Lasso se atrevió a dividir la derecha, creando su propio partido, quitándole fuerza al PSC y a su líder. Este al perder la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura del Guayas, sufrió un duro golpe al ser derrotado en su propio bastión, mientras tanto Creo, el partido del presidente, está en crisis según indican los resultados electorales de las elecciones seccionales. La derecha se debilita cada vez más y otros movimientos están ocupando su espacio.

La desaceleración de la economía, reconocida por el Banco Central, la incertidumbre económica y el ajuste fiscal, aplicada por el Ministerio de Finanzas, contribuyen cada vez más al deterioro del nivel de actividad económica con lo que el desempleo, subempleo y sector informal siguen creciendo que  abona más al aumento de la pobreza y el hambre. La estrategia del gobierno ha fracasado y sigue insistiendo en atraer inversión extranjera que es cada vez más exigua. El juicio al presidente provoca, cada vez más, expectativas negativas de los empresarios que se abstienen de invertir por la incertidumbre política. La crisis económica sería aún más grave si se cumple los pronósticos de la aparición del fenómeno de El Niño, en las costas ecuatorianas, por parte del organismo del clima de EE.UU. -NOAA, por sus siglas en inglés, en el segundo semestre de este año.

Aunque el presidente salga avante en su juicio, ha perdido legitimidad, no tiene el respaldo de la población, ya mostrada con la pérdida del referéndum y agravada por la crisis de seguridad ciudadana e ineficacia en su gestión, reflejada en una alta desaprobación, por parte de la población, a su gestión. El régimen está en la cuerda floja, saldrá muy debilitado del juicio y terminará sin pena ni gloria. Puede optar por la muerte cruzada, para acusar a la oposición de desestabilización. Los hechos muestran que es el régimen, con sus gestión ineficaz y tardía, que se afecta a sí mismo.  La población sufre con desesperanza, por la inseguridad y falta de trabajo, y la violencia que puede generar repuesta de parte de ésta, tomando la justicia por sus propias manos, como ya ha sucedido en algunos casos, ante el caos que vivimos.

Luis Rosero M.

He sostenido, en varios artículos, que el país esta sumido en una triple crisis. La política e institucional, la social y nos encaminamos a una crisis económica como señalan las tendencias de los principales indicadores y que agravará la crisis social. A su vez, la crisis política e institucional también afecta a la economía.

Con resolución de la Corte Constitucional de avalar el juicio político al presidente, la crisis política llega a su máxima expresión. Es un factor que incide sobre la economía. En efecto, el índice riesgo país alcanzó 1966 puntos, al 5 de Abril de este año, lo que a su vez provocó la caída de los precios de los bonos soberanos del país, en alrededor de un tercio, que sumada a las anteriores acumula un 50%, reflejando los problemas que enfrenta la economía y el aumento del riesgo en la capacidad de pago la deuda pública. Además, el juicio político tendrá una duración entre 45 a 60 días, a partir del 7 de Abril día de la notificación. En ese período, habrá un proceso de incertidumbre en la economía, formándose expectativas negativas de los empresarios, que incidirá en las decisiones económicas y, sobre todo, en las de inversión. En caso de una eventual censura, las decisiones de inversión se aplazarían hasta conocer quien tomará las riendas del país y que planes y política económica adopta. Pero cabe que el ejecutivo, ante su inminente destitución, se arriesgue a aplicar la muerte cruzada, que generará un periodo adicional de incertidumbre y después vendría otro más por el llamamiento a elecciones presidenciales y de la Asamblea.  Por otro lado, el Banco Central redujo su proyección de tasa de crecimiento para 2023 de 3.1% a 2.6%, por caída de las exportaciones, los efectos del invierno y posibles paralizaciones. Había advertido esto mucho antes, basados en varias tendencias y políticas gubernamentales aplicadas.

En efecto, ya desde el principio de año, varios organismos financieros internacionales habían pronosticado la desaceleración del crecimiento económico, a nivel global, y una crisis según la región. Recientemente, el FMI pronosticó que el crecimiento económico mundial, en los próximos 5 años, bordeará 3%, confirmando la desaceleración de la economía mundial. Por otro lado, la OMC proyecta que, en 2023, el comercio mundial crecerá solo a una tasa de 1.7% cuando en 2022 fue de 2.7%, proyectando también la desaceleración del movimiento comercial a escala global. El Banco Mundial estimó que A. Latina crecería solo 1.4% este año.

A estas proyecciones se agregan otros factores que tenderían a la desaceleración del crecimiento. El gobierno, desde el inicio de su gestión, planteo un crecimiento basado en la apertura externa, que atraería inversión extranjera en base a la instalación de maquilas. Sin embargo, esta estrategia no se ha podido implementar debido a que México freno las aspiraciones del gobierno de entrar a la Alianza del Pacifico al no firmar el acuerdo comercial negociado con Ecuador, pues defendía a sus empresarios en camarón y pesca. El gobierno ha optado por firmar acuerdos comerciales de menor envergadura con Guatemala, Costa Rica y anunció en cierre técnico de uno con Corea del Sur. Sin embargo, la tan esperada inversión extranjera no llega. Por otro lado, el gobierno sigue aplicando una política de ajuste que ha reducido fuertemente la inversión pública y el gasto para reducir el déficit fiscal. Por lo tanto, el crecimiento de este año dependerá de las exportaciones, inversiones, consumo de hogares y remesas.

Como predice la OMC, una reducción del comercio mundial, por la desaceleración económica global, traerá aparejado la reducción de exportaciones. Por lo tanto, en el caso del país no incidirán mucho, en el crecimiento, las exportaciones. Tampoco provendrá, de manera determinante, de las inversión extranjera por lo que hemos señalado ni de la inversión nacional ya que dada la crisis política los empresarios mantendrán expectativas negativas por la inestabilidad política y se abstendrán de iniciar nuevos proyectos de inversión hasta que se conozca el desenlace del juicio político o la posibilidad de una muerte cruzada aplicada por el gobierno. El empleo formal se mantiene a un nivel restringido, predomina el subempleo y el aumento del sector informal, por lo que no podría esperarse mayor dinamismo por parte del consumo de los hogares. Lo que podría compensar, en parte, la desaceleración económica son las remesas. Así, en 2022, éstas tuvieron un récord con 4743 millones de dólares, a pesar de que disminuyeron las de Europa pero fueron compensadas por las enviadas desde EE. UU. Sin embargo, la fuerte temporada invernal en la costa y sierra así como la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño, en el segundo semestre de este año, anunciada por los organismos especializados, implicaría un ritmo de crecimiento mucho menor que agravaría la crisis social y económica.