Luis Rosero M.

La escalada de violencia aumenta la crisis de seguridad del país y, en esa coyuntura, el gobierno ecuatoriano volvió a declarar estado de excepción y se firmó el acuerdo entre EE.UU.-Irán para poner fin al conflicto, pero Irán declaró que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a el Líbano. Sin embargo, las negociaciones continuaron, el fin de semana, y han llegado acuerdo las partes sobre la segunda etapa del acuerdo. Estos dos eventos afectan a la economía y a la población del país. Consecuentemente, si se cumple con lo acordado en la primera y segunda parte del acuerdo, los precios internacionales del petróleo y sus derivados tenderá a la baja y, consecuentemente, en el país, los precios de los combustibles se reducirá gradualmente. Sin embargo, los fertilizantes cuya exportación mundial cayó un tercio tendera a una lenta baja de precios.

Los asesinatos en el aeropuerto de Guayaquil, la de la activista Mónica Silva en Santa Elena, de la fiscal y 7 personas más en Manta y de 4 muertes violentas en Quito, aun cuando estaba vigente el estado de excepción declarado por el gobierno, muestran el estado de inseguridad que vive la población y el temor que siente al dirigirse a realizar sus actividades. El gobierno decreto el estado de excepción en 10 provincias, por 60 días, que incluye a Guayas, Santa Elena, Manabí y Pichincha donde se registraron los hechos violentos señalados. A más de eso, confirmó que continua el conflicto armado interno, declarado en enero de 2024, pero ahora agrego la cooperación internacional en seguridad y ofreció inmunidad al personal extranjero que participe en el país e indultos a militares y civiles. Esto refleja que no es suficiente contar con la policía y FF.AA. para enfrentar al crimen organizado y carteles de la droga. Más aun, el gobierno ha aplicado 16 estados de excepción desde el 8 de enero de 2024 pero todavía no se puede controlar la violencia, lo que lleva a reflexionar si esa es la vía para luchar contra esas fuerzas delictivas que asesinan, extorsionan y secuestran personas.

El asesinato en la salida del aeropuerto de Guayaquil, que ha recibido premios por los servicios que presta, muestra que no hay seguridad en ningún lugar del país. La muerte violenta de a fiscal de Manta indicaría que hay falta de protección a los operadores de justicia y las bandas criminales siguen atemorizando a la justicia y, la de la Mónica Silva, revela el peligro que corren los activistas  cuando luchan por los derechos sociales y  defienden las tierras comunales. Esta ola de violencia alerta sobre la eficacia del modelo de seguridad, de mano dura, que esta aplicando el gobierno basado en la militarización del país, cárceles al estilo Bukele, estados de excepción y toques de queda. Sobre todo, en el modelo debe revisarse si la estrategia – táctica de seguridad y las labores de inteligencia son las más adecuadas. La cooperación internacional en seguridad podría contribuir a rediseñar dicho modelo de seguridad.

En cuanto a la guerra EE.UU.- Israel contra Irán, se firmó, entre el 17 y 19 de junio, un acuerdo en dos etapas. En la primera, de un mes de duración, el documento señala el cese de operaciones militares, la apertura y desminado del estrecho de Ormuz, por Irán, para que permita el libre tránsito de los buques. Con en este documento se vuelve al mismo estado, antes de la guerra, en la que había libre tránsito en el estrecho de Ormuz e Irán continuaba con su programa nuclear. Sin embargo, la guerra mostró a Irán que puede tener una ventaja estratégica al controlar el estrecho de Ormuz. La segunda etapa, de 60 días, contempla la revisión y detención del programa nuclear de Irán. Ya el 18 de junio comenzó la circulación controlada de los buques pero el sábado 20, de este mes, hubo un ataque de Israel a el Líbano por lo que Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Pero, el domingo se reiniciaron las negociaciones y hoy, 22 de junio, las dos partes establecieron una hoja de ruta, según los mediadores. El avance en la negociación permitió que Irán acepte la inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica y la emisión, por parte del Tesoro de EE.UU., de una licencia general para la venta de petróleo, petroquímicos y derivados.

Los efectos de la guerra fue el alza de los precios internacionales del petróleo Brent y WTI a más de 100 dólares que estuvieron  oscilando hasta que se firmo el acuerdo provisional bajando, al 17 de junio, a US$ 76.58 – 79.32 y 74.60 – 76.15. Consecuentemente, los derivados del petróleo siguieron el ritmo de los precios del petróleo sobre todo de la gasolina, diésel y gas. En EE.UU. la gasolina llego hasta US$ 4.56, el 21 de mayo, y con la firma del acuerdo bajo, su promedio, a 3.99. Al inicio, del sábado 20 de junio, el petróleo Brent y WTI alcanzaron el US$ 80.59 y 77.54 respectivamente. El Banco Central del Ecuador anunció que el WTI, para el país, el miércoles 17 de junio, se ubicó en US$ 76.79. Con el establecimiento de la hoja de ruta, entre EE.UU. e Irán, los precios del petróleo internacional y sus derivados bajaran gradualmente.

En síntesis, la nueva ola de violencia obligó al gobierno a declarar un nuevo estado de excepción y a ofrecer a personal extranjero, que participe en la lucha contra el crimen organizado, inmunidad e indulto a militares y civiles con lo que busca frenar la violencia pero hay que revisar el modelo de seguridad de mano dura que aplica. Si bien el acuerdo entre EE.UU.-Irán llevó a la caída de los precios internacionales del petróleo y de la gasolina en ese país, el WTI bajó para Ecuador y el gobierno extendió por un mes más la compensación al diésel, lo que implicaría que podría reducirse el precio de las gasolinas y diésel, gradualmente, con lo cual se aliviaría la presión sobre la inflación, moderar temporalmente el alza del transporte de pasajeros y carga (mientras siga vigente la compensación a transportistas), la caída de los ingresos efectivos de la clase media y el aumento de la canasta básica familiar. Sin embargo, los fertilizante que subieron, a nivel mundial, bajaran lentamente, con lo que seguirá la presión, en el país, sobre los costos agrícolas, y, en consecuencia sobre la inflación.

Luis Rosero M.

La política económica aplicada por el gobierno esta condicionada por el acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF, 2024-2028). Las últimas medidas fiscales se inscriben en este, que busca la sostenibilidad fiscal e implican austeridad fiscal que, a juicio de este organismo, es clave para la estabilidad macroeconómica, pero que, a corto plazo, incide en las familias y en la baja del nivel de actividad económica.

En 2025, el gobierno, en acatamiento a lo dispuesto en el SAF, eliminó, en junio, los subsidios eléctricos para los sectores de altos y medianos voltaje que utilizan los grandes consumidores (industria, minería y cemento) -medida que afectó a las empresas de estos sectores-, también se eliminó el subsidio a las gasolinas extra y eco país (aplicando un sistema de ajuste mensual con bandas) y, en septiembre, se eliminó, por decreto, el subsidio al diésel y se ofreció focalizar el subsidio para la pesca artesanal. Se estableció una compensación para el transporte de pasajeros urbano, intra e interprovincial por 7 meses. Estas medidas afectaron al sector atunero, pesca artesanal y la compensación al transporte fue para evitar la subida del pasaje. Además, se propuso varias medidas sociales como aumento del bono de desarrollo humano, devolución del IVA a adultos mayores y sector inmobiliario, mantención de la tarifa de la dignidad eléctrica para hogares pobres, etc. Estas medidas forman parte del paquete para reducir el déficit fiscal en 3% del PIB entre 2025-2028, con un total de ajuste de 5.5%. A pesar, de estas medidas y otras, el gobierno no pudo cumplir con las metas fiscales de 2025. En efecto, la meta del balance primario del gobierno central era de -875 millones y se alcanzó -1197 millones, una diferencia de 322 millones; en tanto que la meta del déficit del presupuesto general del estado incluido el petróleo fue de -1272 millones y se registró -1952 millones, o sea 680 millones menores a la meta pactada con el FMI. Estas diferencias tienen que ser eliminadas en 2026, lo que implica más medidas fiscales.

En la coyuntura de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán, en lo que va del año, ya subieron dos veces -en marzo y abril- los precios de las gasolinas extra y eco, consecuentemente afectando a los transportistas y clase media. Esta última se esta reduciendo y pasando a engrosar las filas de los sectores pobres sobre todo por qué no encuentran empleos que les garanticen un igual o mayor ingreso al que estaban acostumbrados antes del ajuste fiscal que ha aplicado y seguirá realizando el gobierno por su compromiso con el FMI. En efecto, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de marzo de 2026, muestra las tendencias del mercado de trabajo. Así, la tasa de empleo adecuado, a marzo de este año, alcanzo el 32.1% que representa una disminución de 5 puntos porcentuales respecto a febrero de 2026 y 2.1% respecto al mismo mes del año pasado; el subempleo fue de 19.6% un aumento de 1.9% respecto a febrero de este año y la tasa de otro empleo no pleno aumentó de 32.9 a 34.8%, o sea un 1.9% más de este tipo de empleo (trabajadores que ganan menos del salario mínimo o trabajaron menos de 40 horas). De acuerdo con el INEC, en un año, 440 mil trabajaron en esta categoría de empleo precario o inadecuado que ya alcanzan los tres millones de personas que superan a los 2.795 mil que laboran en la categoría de trabajo adecuado (amparados en el código de trabajo y pago de beneficios sociales). Pero, además, el promedio de ingresos de los que tenían empleo disminuyó 46.5 dólares en un año. Las estadísticas muestran el aumento del deterioro y precariedad del trabajo, tendencia que se mantendrá pues la tasa de crecimiento económico proyectada para este año caerá al 2.5% del 3.7% del año pasado.

Por otro lado, el alza del diésel, igualmente por dos ocasiones -marzo y abril- llevó al gobierno a extender el subsidio a los transportistas por un mes más (en total 7 meses). Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la continuación del conflicto -con un alto fuego que ya concluyó- se espera que se extienda a mayo, con lo cual el gobierno se verá presionado a nuevamente a continuar con la compensación a los transportistas para evitar el alza del pasaje urbano, intra e interprovincial quizá hasta que termine el conflicto. Pero una vez que este concluya, el precio el diésel quedará alto y como no podría el gobierno seguir manteniendo la compensación a los transportistas -por razones fiscales- hay la posibilidad de que ocurra el alza del pasaje en las tres circunscripciones territoriales. Además, de eso, el transporte de carga pesado, que utiliza el diésel, ya vio afectado sus costos por lo que sus fletes aumentaron que condujo a mayores costos para todos los sectores económicos incluidos los que transportan víveres entre la sierra y la costa y viceversa, lo cual llevará a un aumento de estos que, a su vez, llevaría a un aumento de la canasta básica familiar.

Finalmente, la inclusión de 58 alimentos de la canasta básica familiar que pagarán IVA, es otra de las medidas que incidirán en la elevación de ésta, consecuentemente de la inflación y en la reducción del consumo agregado la variable macroeconómica que incide crucialmente en el nivel de actividad económica. Esto se visibiliza con el costo de la canasta familiar básica que, a marzo de 2026, fue de USD 829.38 lo cual representa un aumento de USD 28.78 respecto al mismo mes del año pasado.  

En síntesis, el ajuste fiscal exigido por el FMI al principio afectó a las empresas, pero a partir de septiembre del año pasado y en lo que va del año 2026, recae sobre la clase media y las familias de escasos recursos aumentando el costo de la canasta básica familiar y obligando a estas a reducir la compra de algunos productos, precarización del empleo y con aumento del transporte urbano que vendría en los próximos meses con más ajuste para cumplir con las metas exigidas por este organismo internacional. Si el gobierno aplica el ajuste, la distribución de su carga debe ser proporcional a la riqueza de los contribuyentes aplicando así una justicia distributiva.

Luis Rosero M.

Con los resultados preliminares del CNE, con el 81% escrutado el No obtuvo el 61.5% para la nueva constitución y el 60.5% para la instalación de bases militares. Es una rotunda derrota en las tres preguntas del referéndum y la de la consulta popular. Como en los años anteriores, el evento electoral se ha convertido en una evaluación de la gestión del gobierno y la aprobación de su desempeño. Varios son los factores que influyeron en este resultado y significa un duro golpe político para el gobierno, fue un voto protesta contra su gestión y estilo de gobierno, deberá rectificar para seguir en el poder.

Este adverso resultado para el régimen se da a pesar de que en la precampaña y campaña electoral el gobierno aplicó una serie de medidas y beneficios económicos para la población como los bonos gubernamentales y otros beneficios para la población, el pago adelantado del décimo tercer sueldo y de las pensiones jubilares, alza de sueldos a miembros de las juntas parroquiales, el reparto de medicinas en hospitales del IESS, etc.  Esta estrategia había funcionado en elecciones anteriores ya que inducía el voto a favor del gobierno. La forma en que estaba ordenadas las preguntas del referéndum inducía a votar por el sí y, a su vez, daba la pauta para votar positivamente en la consulta.

Hay varios factores que influyen en la derrota. Uno, el apresuramiento del régimen por imponer la fecha del evento electoral lo más pronto posible. Dos, el saltarse a la Corte Constitucional y realizar la convocatoria para la realización del referéndum y consulta popular. Tres, respecto a la pregunta sobre las bases militares que supuestamente, según el gobierno, iban a contribuir a la lucha contra el narcotráfico, se vio afectada por los datos sobre la seguridad. A pesar de la visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU. y el traslado de los presos más peligrosos a la nueva prisión de Encuentro, que todavía no acaba de concluir su construcción. Según el resumen del informe de la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada (ICDO) la criminalidad en Ecuador en 2023 fue de 7.07 y en 2025 subió a 7.48 puntos. En el mercado de la cocaina su calificación es 9/10. Recalca, que este pais esta dominado por poderosas estructuras mafiosas (Los Choneros, los Lobos y los Tiguerones que controlan buena parte del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la mineria ilegal). El crimen organizado ha hechado raices en el sector privado en el que empresas de transporte, agricultura y mineria juegan un papel en el tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro y lavado de dinero. Por otro lado, Luis Gallegos Ch., en su artículo ‘Del paraíso al infierno”, señala, citando el informe ¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado, de International Crisis Group, “que, durante décadas, Ecuador fue una excepción de paz en una región donde sus vecinos sudamericanos se hundían en conflictos vinculados al narcotráfico. Ese escenario ha cambiado por completo. Hoy Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, al transformarse en un punto clave del tráfico de drogas.” Pues bien, la evidencia es que a pesar de los estados de excepción y operativos de la policía y de las FF.AA., el gobierno no ha sido capaz de reducir los 50 asesinatos por día, por cada cien mil habitantes, que se proyectan para 2025, las extorsiones (vacunas) y secuestros. No ha logrado disminuir el nivel de violencia y la inseguridad en el país que genera temor y zozobra a los habitantes y devolverles la paz social. Al parecer, en la mano dura contra el crimen organizado falla la política, la estrategia y tácticas de seguridad para enfrentar a los grupos criminales.

Respecto a la asamblea constituyente, el argumento del ejecutivo para cambiar la constitución actual de 2008 es que es muy garantista de derechos y limita la inversión en los sectores estratégicos a los que hay eliminar. Pero no solamente se trata de la constitución, como señala en su artículo Carlos Cortazar V.: “La Constitución como instrumento jurídico se limita a establecer normas de convivencia guiadas por principios y valores producto de acuerdos políticos y sociales. Por eso una nueva no va a solucionar problemas de delincuencia, ni del sistema hospitalario, ni de un presupuesto desfinanciado, ni va a eliminar la corrupción, porque no son fines constitucionales, sino más bien dependen de estamentos inferiores como leyes bien hechas, fuerza pública suficiente, adecuado sistema judicial, eficiente gestión administrativa, funcionarios públicos idóneos y una sociedad honesta y respetuosa del derecho.” Agregaría que también se trata de la eficacia de la gestión gubernamental y de tener un proyecto político bien definido con sus respectivos objetivos y metas con prioridades.

El interés principal del gobierno en cambiar la constitución, de lo poco que se ha informado, es eliminar o reducir al mínimo la garantía de los derechos sociales y, en economía, facilitar la entrada de inversión extranjera. También señaló el régimen que se busca privatizar el Fondo de Pensiones del IESS y pasar al Ministerio de Salud sus prestaciones de salud. Se pretende implantar el modelo chileno de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que fracasó. En suma, se trata de privatizar al IESS.

Además, como señala Irene Torres, en su artículo “El gobierno de los amigos”, que el gobierno ya tiene varias acusaciones como las de conflicto de interés: del Presidente del Consejo Directivo del IESS y del caso de reducción de la deuda tributaria por el SRI al grupo Noboa. Concluye que si gana el si “le darán la necesaria popularidad para continuar tejiendo estas redes de conveniencia personal…” A eso, hay que agregar la judicialización de la protesta social, el autoritarismo, el hostigamiento a opositores, la concentración del poder y el acoso del SRI al diario Expreso.

Cuatro factores adicionales. Uno, la multitudinaria marcha por el agua, encabezada por el alcalde de Cuenca, seguido por la población obligó al gobierno a cancelar la licencia de la minera que amenazaba con contaminar el agua de los ríos de esta ciudad. Dos, la actuación del gobierno con la represión al paro indígena para tratar de terminar con la protesta contra el alza del diésel. Tres, la afectación de los negocios, sector florícola, lácteo y turístico que sufrieron muchas pérdidas. Cuatro, ni las medidas compensatorias a los pequeños comercios afectados y el ofrecimiento de líneas de crédito sirvieron para contentar a los afectados.

En suma, el gobierno se confío en que su millonaria campaña electoral y los incentivos y bonos otorgados a los afectados por el alza del diésel y del paro indígena iba inducir el voto hacia el sí. Por otro lado, su apresuramiento para realizar el referéndum y consulta popular generó desconfianza. La multitudinaria marcha por el agua en Cuenca y la represión del paro fueron factores fundamentales para orientar el voto hacia el no. Por otro lado, la falta de medicamentos y tardía atención en los hospitales públicos y los rasgos del régimen: el conflicto de intereses, la judicialización de la protesta social, el enfrentamiento a opositores, el autoritarismo, la concentración del poder y el acoso del SRI al diario Expreso. La pérdida es rotunda en la consulta popular. En Manabí e Imbabura el no ganaba con 40% de diferencia y era amplia, a favor del no, en las tres preguntas de referéndum. En Imbabura se dio el epilogo del paro con grandes pérdidas. Esta derrota es un grave revés para el régimen, es una desaprobación de su gestión, debe reconocer el descontento popular, ahora deberá rectificar, aceptar el dialogo abandonando la imposición y buscar un proyecto político alternativo de país en que impere la democracia, la defensa de los derechos fundamentales y un manejo económico que tenga independencia no bajo el mandato de los organismos financieros internacionales. Debe alcanzarse un proyecto nacional de país que procure el crecimiento sostenido, defensa de la producción y de los intereses nacionales, una adecuada distribución del ingreso para alcanzar justicia social y garantía de los derechos fundamentales a fin de posibilitar una vida digna a sus ciudadanos. Además, limitar los intereses de la geopolítica contra los del país. Lo que importa es el desarrollo del país y el bienestar de su población. En síntesis, el voto protesta se manifestó contra la ineficacia de la gestión gubernamental, el estilo y rasgos del gobierno cuya característica principal es la deriva autoritaria y la imposición de la fuerza del poder. El llamado para el cambio de rumbo requerirá un nuevo gabinete.

Luis Rosero M.

Por fin, el paro de la CONAIE finalizó y, en el tiempo que duró, la atención pública estuvo centrada en la paralización y ahora la cruda realidad emerge con la crisis de seguridad, económica y social. En lo político, el gobierno continúa con la precampaña electoral y se prepara para  la campaña a fin de ganar el referéndum y la consulta popular orientada a una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución, que sería el camino, según el gobierno, para resolver la múltiple crisis y enrumbar al país por la senda del progreso y desarrollo. Lo cierto es que el país afronta grave desequilibrios estructurales que se han agravado y los coyunturales contribuyen a complicar la crítica coyuntura que vive el país. A eso se agrega, la falta de un proyecto país que oriente el rumbo del país.

En la crisis política, el fin del paro de la CONAIE llevó a recuperar la paz social afectada por la protesta indígena. La terminación del conflicto se dio por la decisión de la CONAIE ante la amenaza de la militarización de Imbabura. Si bien, el pargo indígena logró paralizar total o parcialmente a algunas provincias del país por 31 días, no tuvo la fuerza para sostenerse ante la mano dura del gobierno. El malestar en esta provincia, que se dinamiza por el turismo, empresas pequeñas y exportación, afectó su economía. A eso se suma la división, el fraccionamiento de la cúpula del movimiento indígena y el accionar del gobierno en esa dirección. Las pérdidas son significativas tanto en lo humano: 3 muertos, heridos y más de 100 detenidos; en lo económico, salieron afectadas, por el cierre de carreteras, parte de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Carchi y el régimen aprovechó para otorgar compensaciones (bonos y otras medidas). Sin duda, la mano dura, las compensaciones e incentivos del gobierno a los afectados por el paro tendrá un costo político y su incidencia se expresaran en el evento electoral.

El reporte de octubre, de este año, de la encuestadora Click Report, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señala a la crisis económica como el principal problema, seguido por 32.3% que manifestó a la delincuencia y a la inseguridad. En efecto, de esta última, se reportó la fuga en la Penitenciaría del Litoral de alias Fede, líder de una de las bandas criminales, lo que indica que no hay control total en las cárceles del país, y, en Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas se ejecutaron tres masacres que dejaron más de 15 muertes. El nivel de violencia e inseguridad sigue aumentado. El gobierno continúa con política de seguridad basada en su estrategia de estados de excepción continuos y operativos de las FF.AA. y policía en la que capturan a sospechosos, sin embargo, los resultados no son tan alentadores. Según CNN, la cifra de homicidios intencionales, en el primer semestre de 2025, aumentó 47% en relación al mismo periodo de 2024.

En cuanto a la crisis económica, si bien hubo un crecimiento de 4.3% en el segundo semestre de 2025, esto es parte de la recuperación de la economía después de la contracción económica de 2% del año pasado. Además, la problemática económica se centra en tres variables más. Una, el déficit fiscal de este año, según la proforma del Estado 2025 sería de 4.3%, un aumento respecto a la de 2024 de alrededor de 1.8%. Por eso, el alza del diésel era necesaria para financiar el déficit y las necesidades de liquidez de la caja fiscal. A pesar, de todas las medidas fiscales que ha tomado el gobierno, el déficit fiscal sigue aumentando. Dos, el financiamiento público, según el Boletín de julio del 2025 de Deuda Pública, del Ministerio de Finanzas, la deuda total alcanzaba 62621 millones de dólares, de las cuales la externa representó el 77% y la interna 23%. Para financiar el déficit el gobierno acude además a deuda externa y interna. Mientras estas sigan aumentando hay presión sobre la sostenibilidad de estas. En 2026, según Fausto Ortiz, la amortización de la deuda externa sería de 3918 y la interna de 3896 millones respectivamente con un total 7813 millones, 2000 millones más que lo programado para 2025. Por ello, ya la ministra de Finanzas del régimen declaró que el gobierno lanzaría una emisión de bonos en el mercado financiero internacional. El riesgo es alimentar el ciclo de aumentar la deuda para pagar deuda, lo que podría llevar, en el caso de la externa, a una renegociación de la misma y, además, a una nueva reforma tributaria que contribuya a pagar los compromisos externos. Tres, la situación del mercado de trabajo. Según el informe de agosto de 2025, del INEC, la tasa de empleo adecuado (formal) fue 35.1%, en cambio, la de subempleo si bien bajo sigue alta con 19.4%, la tasa de otro empleo no pleno aumento a 31.3% y la tasa de empleo en el sector informal, a inicios de 2025, llegó al 55%.

La crisis social, se ve reflejada en la crisis de salud pública que se expresa en la falta de medicamentos y atención en los hospitales públicos. El gobierno anunció que a los hospitales del IESS les va a distribuir 3 millones en medicamentos. Los proveedores de servicios de salud y a los de la tercera edad y otros que cobran la devolución del IVA denuncian que nos les paga todo lo que se adeuda. A esto se suma, que la tasa pobreza, a nivel nacional, en junio de 2025, fue 24%. Aunque se redujo respecto al mismo mes del año pasado, sigue siendo alta. En cambio, la pobreza urbana registró 15.7%, la pobreza extrema alcanzó 10-4% y la pobreza rural 41.7%. 

En este escenario, se desarrollará la campaña electoral, del 1 al 13 de noviembre, para el referéndum y consulta popular que se celebrará el 16 de noviembre. El gobierno empezó la precampaña electoral para este evento con la entrega de subsidios y compensaciones a los afectados por el alza del diésel y los del paro del movimiento indígena. El régimen apunta a realizar su campaña para ganar el referéndum y la consulta popular. En el primero se consultará sobre la instalación de bases militares extranjeras, eliminar la asignación de fondos públicos a las organizaciones políticas y reducción del número de asambleístas. Como están formuladas las preguntas, la mayoría votaría si pues la precampaña difundió la idea de que esas bases ayudaría en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado y, las dos segundas, con el desprestigio de los partidos políticos y asamblea se publicita que esto ahorraría dinero al estado necesario para reducir el déficit fiscal.  Un voto positivo en el referéndum incidiría para votar si en la consulta basado en la idea de que una nueva constitución ayudaría a resolver los problemas del país y los ciudadanos. En suma, una de las falacias es que las malas normas legales limitan el accionar del gobierno para resolver los problemas del país.

En síntesis, si bien la terminación del paro indígena aporto a la paz social, sin embargo, las muertes violentas del primer semestre de 2025 y la continuación de las masacres aumentaron con lo que la inseguridad creció. Hay problemas de gestión en cuanto a seguridad y salud. A eso se agrega, la crisis económica persiste por el alto déficit fiscal, fuerte endeudamiento público, riesgos de sostenibilidad de la deuda externa y deterioro del mercado de trabajo. La crisis social se refleja en la crisis de salud pública y el alto nivel de pobreza. En suma, el escenario, previo al referéndum y consulta popular, se complica por la múltiple crisis del país que agudizó la crisis política con el paro y sus efectos tendrán un costo político tanto para el gobierno así como en los otros actores políticos y que influenciará en la decisión electoral.

Luis Rosero M.

El país vive una coyuntura muy difícil. Se cumple un mes del paro indígena, agravado por los atentados con bombas en la costa. Además, de dos muertos hay carreteras bloqueadas y pérdidas económicas en las provincias del norte. No hay indicios de nuevos diálogos. La inseguridad sigue aumentando, el deterioro social crece y, en medio de esta caótica situación, debemos votar en un referéndum y la consulta popular para instalar una asamblea constituyente, impulsados por el gobierno, para que redacte una nueva constitución. En vista de este nuevo llamado a las urnas el gobierno sigue dictando medidas, antes era para compensar a los afectados por el alza del diésel, ahora, lo hace con miras al evento en que se manifestará la voluntad popular.

A pesar de un acuerdo entre el gobierno y la dirigencia indígena de Imbabura -epicentro del conflicto- para terminar con el paro, las bases indígenas desconocieron dicho acuerdo, la CONAIE no ha declarado el fin del conflicto y algunas organizaciones indígenas amazónicas apoyaron la continuación del paro. Imbabura se mantiene militarizada y algunas carreteras se mantienen bloqueadas. Hay denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y violencia ejercida por los manifestantes. No hay indicios de negociaciones entre las partes y el gobierno apunta al desgaste del movimiento indígena. A eso, se suma la explosión de una bomba frente al Mall del Sol uno de los grandes centros comerciales de Guayaquil, el atentado en el puente de Churute (Guayas) y la explosión en el puente Mollepongo, en la carretera Guayaquil-Cuenca. Estos atentados, atribuidos a grupos criminales, agravaron la violencia, agudizaron el miedo de la población que vive, cada vez más, atemorizada por el aumento de la inseguridad. La economía, de algunas provincias del norte, esta siendo seriamente afectada. Es hora ya de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto que implica sentarse a la mesa de negociaciones en que cada una de las partes ceda por el bien del país en esta difícil coyuntura que vive. La CIDH reitero el llamado al diálogo para prevenir violaciones a los derechos humanos y el ex presidente de Uruguay, Julio M. Sanguinetti, declaró respecto al conflicto que: “El más fuerte tiene la obligación de dialogar.”

En medio de esta crítica coyuntura, hay buenas noticias por el lado de la macroeconomía. El Banco Central anunció que la economía creció 4.3% en el II trimestre de 2025, lo cual es una recuperación respecto al decrecimiento económico de -2% del año 2024. Sin embargo, hay un déficit fiscal de 4.3% y en 2024 fue el cuarto país más endeudado de Sudamérica. El mayor dinamismo del II trimestre del año señalado, fue impulsado por el aumento del consumo de hogares, mayores exportaciones no petroleras y más inversión. El mayor consumo se debió principalmente por al crecimiento del gasto en alimentos, más crédito de consumo y mayores remesas. Sin embargo, el mas alto consumo de los hogares fue financiado con endeudamiento con tarjeta de crédito. Según un informe de un estudio de la firma Kantar, “el uso del crédito para adquirir productos de consumo inmediato -como los del supermercado- aumento 46% en un año” Aún más, la Superbancos informó que cerca de 4 millones de ecuatorianos están en mora con algún tipo de deuda. Las compras de la canasta básica, electrodomésticos y celulares se pagan con cuotas y a crédito. Las causas de este endeudamiento esta relacionado con la situación en el mercado de trabajo. Según el informe de agosto de 2025, del INEC, la tasa de empleo adecuado (formal) fue 35.1%, en cambio, la de subempleo si bien bajo sigue alta con 19.4%, la tasa de otro empleo no pleno aumento a 31.3% y la tasa de empleo en el sector informal, a inicios de 2025, llegó al 55%. Estos datos inciden sobre los ingresos de los trabajadores y empleados.

El deterioro social continua en el país. En efecto, según datos del INEC, la tasa pobreza, a nivel nacional, en junio de 2025, fue 24%. Aunque se redujo respecto al mismo mes del año pasado, sigue siendo alta. En cambio, la pobreza urbana registró 15.7%, la pobreza extrema alcanzó 10-4% y la pobreza rural 41.7%. Esta última es muy alta y explica la virulencia de las protestas en el paro indígena en las provincias del norte del país. Los indicadores de pobreza están determinados por las condiciones del mercado de trabajo que como ya indicamos, existe alto nivel subempleo, de otro empleo no pleno y del sector informal. A eso se suma, los datos de la evolución de los precios. La inflación nacional, a septiembre de 2025, registró 2,23% más alta que la del mismo mes, del año pasado, en la que llegó a 2.03%. La inflación en dicho mes de 2025 registra el impacto del alza del precio del diésel. En efecto, el costo de la canasta familiar básica en septiembre aumento a USD 819, 17 que significo un aumento de USD 13,27.  Por otro lado, la crisis de salud reflejada en la falta de medicamentos e insumos médicos en hospitales públicos y el atraso en pagos a Solca y centros que prestan servicio al IESS aportan al deterioro de las condiciones sociales de la población.

En medio de esta crítica coyuntura, de aumento de la violencia y la inseguridad, la recuperación de la economía resulta positivo pero los consumidores utilizan deuda para compra de la canasta básica. Es preocupante el deterioro social por la crisis de salud, indicadores altos de subempleo y empleo en el sector informal y niveles altos de pobreza. En este escenario se desarrollará la campaña electoral, del 1 al 13 de noviembre, para el referéndum y consulta popular que se celebrará el 16 de noviembre. Como ocurrió previo, a la elección presidencial del 9 de febrero de 2025, ahora el gobierno tomo medidas como el adelanto del pago del décimo tercer sueldo en el sector público, desembolso de recursos a universidades y politécnicas para el programa de residencia estudiantil y adelanto 3 días el pago de la pensión jubilar.