Luis Rosero M.
Los trabajadores y empleados ecuatorianos celebran el 1 de mayo en el marco de un alto grado de inseguridad ciudadana, convertida en la principal demanda de la población y ahora del movimiento obrero, y grave crisis política. A más de esto los trabajadores reclaman por la crisis estructural del mercado de trabajo con la insuficiente generación de empleo que conduce al subempleo y mayor tamaño sector informal urbano que siguen creciendo por la tendencia a la desaceleración de la economía.
Desde el 2020 repunta el nivel de inseguridad a tal punto que, en 2022, la tasa de homicidio se eleva al 25.5%, una de las más altas de A. Latina, que se refleja en el aumento de la violencia, robos y las muertes por sicariatos por la disputa territorial entre bandas criminales relacionadas con microtráfico de drogas. Tal es el temor generalizado, en toda la población, que también los trabajadores protestan por la inseguridad ciudadana y además tienen demandas políticas. Por ello, el Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Loja convocó a una marcha, el 27 de abril, por la Seguridad y la vida. Ahora el movimiento obrero tiene demandas que no son solo por la problemática del mercado de trabajo sino también por la seguridad ciudadana.
Por las demandas en el trabajo, del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT), exigen mejoras en las condiciones laborales, salud y seguridad. Pero además, su principal demanda política es la renuncia del presidente de la Republica.
Al primer trimestre, de este año, la estructura del mercado de trabajo refleja su problemática. La tasa de empleo adecuado era sólo un poco más de un tercio (34.9%). O sea, 3 de cada 10 trabajadores tenían empleo amparado en el código de trabajo, pero 53.5% estaba ocupado en el sector informal urbano, donde los ocupados ganan bajos salarios, no tienen protección social y carecen de todos los derechos del código de trabajo. Esto son: 5 de cada 10 trabajadores. En tanto que, en el área rural, el 76.9% están en el sector informal. Además, el 20% estaba en el subempleo. Estas dos últimas formas de empleo constituyen la cara visible problema estructural del mercado de trabajo. En este año, esta estructura laboral tenderá a crecer por la tendencia a la desaceleración de la economía.
La desaprobación del régimen aumentó, por parte de la población, con la pérdida del referéndum, que ahondó la pérdida de su credibilidad y mala gestión. Ahora, es el movimiento obrero que, en su día, marcha para demandar mejoras laborales en el marco de la inseguridad ciudadana y el problema estructural del mercado de trabajo, pero que ahora pide además la renuncia del presidente. El país ha llegado a un nivel muy alto de su crisis política, con el juicio al presidente de la república, a la que se agrega la crisis de la seguridad ciudadana y la crisis social.
El presidente, para tratar de contener la inseguridad ciudadana, en una jugada desesperada, convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado que resolvió acusar de terroristas a las bandas criminales y, en esa medida, como una amenaza por el estado, facultando a las fuerzas armadas a usar armas letales para enfrentar al crimen organizado. Antes había autorizado el porte de armas a la población. Con estas dos medidas, el gobierno, completa la estrategia de mano dura contra el crimen organizado. Para ello nombró, como consejero para la Seguridad Nacional, al ex General Paco Moncayo, y secretario de Seguridad Pública y del Estado, al ex General Wagner Bravo, ambos héroes del Cenepa en la guerra con el Perú. Le corresponde ahora, al ejecutivo, reglamentar tal decisión. Así, se llega a un escenario en que el ejército enfrentará, con todo su poder bélico, a las bandas criminales. Las fuerzas armadas buscaran dar un golpe de efecto para enviar un mensaje a dichas bandas de que en la lucha contra las bandas criminales va a utilizar todo su poderío. Pero, para ello, se requiere una política de seguridad que debe incluir inteligencia militar y policial, estrategia y táctica. En resumen, un modelo de seguridad. Sin embargo, el crimen organizado y los carteles tienen controlado partes del territorio, poseen alto poder armado y utilizan estrategias complejas para lograr sus fines. En este escenario, se torna difícil la batalla. Hay riesgos que deben considerarse.
El régimen envía un mensaje al crimen organizado que va con todo a enfrentarlo usando el poder militar y con el complemento de la población armada que luchará por su seguridad. Es un paso desesperado, del presidente, que busca salvarse de su destitución, para lo cual empleará todos los recursos legales y mecanismos políticos como la muerte cruzada y transacciones políticas con los votos en el juicio político. Un factor clave, será el resultado de la primera batalla de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, que influirá en las expectativas de la población, y lo que pase en los enfrentamientos armados de ésta con dichas bandas. Ya hay casos en que barrios buscan aplicar la justicia por su propia mano y el camino se torna incierto.
Pensamiento y comportamiento 