Luis Rosero M.
Ante el alto nivel de violencia, reflejada en 7700 asesinado en lo que va del gobierno de Lasso, que atemoriza a la población y afecta a negocios, el ejecutivo se vio obligado a tomar acciones para combatir la violencia criminal. Para ello, tramitó reformas legales, compró armamentos y buscó asesoría para las fuerzas armadas que, al parecer, son componentes de un plan para frenar el crimen organizado. Esta reacción tardía, junto a otras, la toma a pocos días de cumplir dos años en el poder.
Las principales reformas legales son un proyecto de reforma constitucional, presentado por el gobierno en diciembre del año pasado, para que las fuerzas armadas participen en la seguridad interna; en enero, de este año, se aprueba la ley de seguridad interna y la declaratoria, por el COSEPE, de terroristas a bandas del crimen organizado y finalmente el decreto No. 730 viabiliza a que las fuerzas armadas protejan a la ciudadanía y el Comando Conjunto de las FF.AA. ejecute las acciones para reprimir las amenazas terroristas con el apoyo de la Policía Nacional. A eso se suma, el proyecto de reformas al Código Integral Penal, presentado por la Corte Nacional y otras instituciones, para combatir la corrupción y el crimen organizado básicamente para precisar y poder interpretar la aplicación de los delitos de peculado y lavado de activos. Previamente, el gobierno había autorizado el porte de armas por civiles y nombrado a dos ex generales del ejército para dirigir los organismos relacionados con la seguridad.
Por otro lado, la prensa reporta que el Ejercitó recibió más de cinco mil fusiles, chalecos y cascos que utilizaran los soldados para combatir las bandas criminales. Las armas y otros aditamentos fueron provistos por Israel. Además, el informativo infodefensa.com publicó que el país adquirió 137 blindados Tiger y MBombe, vehículos artillados, que serían utilizados por el ejército para enfrentar a grupos armados colombianos. Mientras que, el Ministro del Interior, en entrevista de Marzo 8 de 2023, informó sobre la compra de chalecos para la policía y tiempo de entrega en 45 días. Sin embargo, medios de información señalan que la convocatoria a licitación termina en 180 días. A más de eso la policía comprará municiones, que llegarían en Mayo 8,
Como tercer componente del plan de seguridad, el comandante general de Policía, Fausto Salinas, declaró que recibirá el apoyo del FBI para la investigación de acciones terroristas y, con instructores internacionales, capacitación para el combate cerrado. Así mismo, unidades del ejército recibirán entrenamiento militar con el apoyo externo.
En suma, el plan de seguridad de las FF. AA. se basa en las reformas legales, armamentos y entrenamiento externo para luchar contra los grupos criminales. El ministro de Defensa declaró “Si es necesario se empleará armamento letal”. Se configura así una política de mano dura para luchar contra el crimen organizado y las acciones armadas serán dirigidas por el ejército mientras que la policía servirá de apoyo. Quedan algunas dudas sobre este plan. Primero: no hay definición precisa de que son grupos terroristas. Segundo ¿Tiene el gobierno una estrategia, plan de inteligencia y táctica o sea un modelo de seguridad? Tercero: las acciones terroristas tienen como fin causar caos, en cambio el crimen organizado, que incluye a carteles, tiene otro propósito. ¿Hay una estrategia y táctica específica para enfrentarlo? Cuarto: la violencia tiene dos orígenes uno social y otra criminal. En la primera destaca la pobreza, hambre y desigualdad que llevan a la delincuencia común, mientras que la segunda busca ampliar sus actividades, usando distintos métodos, que aumenten sus réditos. ¿Se ha considerado en el plan de seguridad del gobierno atacar las dos causas? Quinto: hay un riesgo de que, al no definirse claramente que es el terrorismo, existan excesos y pueda atacarse letalmente a supuestos grupos como terroristas sin serlo; la violación de derechos ciudadanos fundamentales y la criminalización de la protesta social como ya reclaman algunas organizaciones.
No hay que olvidar la reforma al sistema judicial a fin de luchar contra la corrupción de jueces y demás miembros de este sistema. La prensa reporta que miles de dólares y letras de cambio se encontraron en las casas y oficinas de dos jueces de Pichincha que estaban siendo investigados por presunto prevaricato, que declararon la nulidad del caso Fortunario relacionado a la captación ilegal de dinero. Las evidencias encontradas dejan muchas dudas sobre la probidad de estos jueces.
Si bien, en el alto estado de inseguridad que vive la población, es necesario luchar contra el crimen organizado, para recuperar la paz social, deben aplicarse acciones diferentes según sea la causa de la violencia. Además, hay que limitar los posibles excesos que surjan contra la primera causa de violencia. El mensaje que envía el gobierno es que va con todo en la lucha contra el crimen organizado. Para ello, buscará un golpe de efecto que dependerá de la efectividad de la primera acción del ejército contra las bandas organizadas. Si tiene éxito, se impulsará otras acciones. Sin embargo, el reto será enfrentar la guerra contra los poderosos cárteles.
Pensamiento y comportamiento 