Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos el segundo componente. La última reforma a la ley de mercado de valores fue realizada con Ley para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial No. 249 Mayo 20 de 2014 

En el proyecto se introducen varias reformas a la ley de mercado de valores, incluyendo cambios para prevenir los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL, de las que trataremos las más importantes. En primer lugar, el organismo supervisor del mercado de valores que es la Superintendencia de Compañias y Valores dejar de supervisar el mercado de seguros. Se definen y amplían las funciones de ésta. En cuanto a la oferta pública primaria se establece que deberán constar en anotaciones en cuenta en un depósito centralizado de valores. Se cambia en nombre del Registro de Mercado de Valores por el de Catastro público del mercado de valores, en el que además agrega que deben registrarse los valores emitidos en el exterior que sean objeto de oferta pública en el país, los emitidos por emisores institucionales que se negocien en el mercado extrabursátil, etc.

Se hace más estricta las normas relacionadas con la emisión, inversión y desinversión del sector público en el mercado de valores que deberán realizarse, a través de subasta pública, en las bolsas de valores pero además se incluye cualquier plataforma transaccional autorizada por la Junta de Política y Regulación Financiera. Además, se propone que las entidades públicas podrán realizar intermediación de valores del Estado a través del mercado de valores.

En cuanto a la estructura de capital de las bolsas de valores, si bien se mantiene la figura de sociedad anónima, se aumenta la participación en su capital de 5 a 8% de cualquier accionista que puede ser individual o societario, nacional o extranjero. Estos es que ahora pueden tener mayor participación en su capital y se abre la puerta para que inversionistas extranjeros puedan ser accionistas de las bolsas. También se plantea la posibilidad de unificación de las bolsas de valores locales y admite la posibilidad de integración con una bolsa de valores internacional.

En cuanto a la duración de los miembros del directorio de las bolsas, se extiende su período de 2 a 5 años. Sin embargo, se elimina entre los requisitos para ser nombrado miembro se elimina el requisito de honorabilidad empresarial o profesión y cuenten los conocimientos y experiencia adecuada en materias relacionadas con el mercado de valores, lo que realmente es sorprendente dado lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Guayaquil con el caso ISSPOL. Así mismo, se elimina la restricción de que los intermediarios de valores tengan una representación, en el directorio, mayor al 30%. O sea, hay posibilidades de control del Directorio sin límite.

Hay un cambio importante, pues hasta el momento en las bolsas de valores solo se pueden transar títulos, con el proyecto se la convierte además de una bolsa de productos (materias primas) y contratos derivados.

Otro aspecto importante, es que las casas de valores al ofrecer propuestas de inversión deben advertir al inversionista que en la orden de negociación deberá constar el perfil de riesgo del cliente y ha sido informado de los riesgos de su inversión. Esto es para evitar que a los clientes no se les sorprenda que se le recomienda una inversión sin tener la suficiente información de los riesgos que corre.

Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos ésta última que, según el proyecto, busca establecer normas legales para el cambio digital en el sector público, privado y de la sociedad.

El proyecto aspira a incrementar el uso de plataformas, tecnologías digitales, las redes y servicios digitales para atraer inversiones e impulsar la economía digital para ello señala que el Ministerio de Telecomunicaciones será el rector de la transformación digital y gobierno digital.

La transformación digital utilizará tecnologías digitales que busca que los proyectos y ejecución  de servicios gubernamentales y del sector privado. En el del primero se espera mejoren en eficiencia, seguridad y transparencia en los servicios que preste a la ciudadanía. Para ello implementará el Gobierno Digital para la prestación de servicios digitales al público.

Para ello el gobierno, establecerá políticas y regulaciones públicas para la transformación digital, elaborará una Agenda Digital, capacitación en este ámbito y promoción para el uso de tecnología digital, de la información y comunicación en las actividades empresariales, de la sociedad civil y academia.

Este cambio implicaría que aumentaría los trámites digitales, que deben realizar los ciudadanos en las diferentes entidades del sector público, tanto del gobierno central como de en los GAD, de diversa índole. También implicaría que el sector público debe exigir la adopción de buenas prácticas en seguridad y protección de la información, sobre todo cuando contrate con proveedores de servicios tecnológicos. Ya ha habido casos en que la CNT y otras dependencias públicas y privadas han sufrido ataques informáticos lo cual ha implicado el robo de datos e información.

Como parte conexa al proyecto de ley, respecto al cambio digital, están las reformas a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. En efecto, en el caso de estos últimos, en la que la ley permita modificaciones en el mensaje de datos, como endosos o sesiones deberá emplearse un método fiable que posibilite distinguir la modificación y la información antes de este cambio. Así mismo, para los poseedores de títulos valor electrónico debe utilizarse un método fiable. También, el cambio digital se relaciona con la reforma en la ley notarial que, además de aceptar las escrituras digitales, señala que los servicios notariales prestaran de manera física o telemática (videoconferencias) pero garantizando la seguridad de la actuación notarial. Además, se reforma el código General de Procesos que, entre otros cambios, señala a las personas naturales o jurídicas que hayan pactado en un contrato un domicilio electrónico para el caso de una citación se lo hará a través de su correo electrónico.

En síntesis, el gobierno busca ampliar la práctica de transacciones digitales -que se impuso con la pandemia- tanto en el sector público como en el privado. Así, en el primero algunas transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se cambiaron a digitales -impuestos por las circunstancias- y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otros. Se busca llegar a conseguir lo que existe en el mercado de valores donde los títulos valores son desmaterializados -sin papeles- y las transacciones se realizan electrónicamente y para el registro del dinero transado, se realizan anotaciones en cuenta. Pero también aquello implica riesgos para los participantes en este mercado como sucedió en el caso ISSPOL.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

En el primer artículo de esta serie tratamos la visión general del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. En este segundo artículo analizaremos el incentivo a las inversiones para lo cual se reforma la ley de Zonas Especiales de Desarrollo (2012) y se crea las Zonas Francas, y la ley de Asociaciones Publico-Privadas (2015).

El proyecto busca atraer inversiones a través de la gestión delegada. Una vía es a través de concesión de los activos del sector público sobre todo la de los sectores estratégicos así como de servicios públicos y, otra, mediante las asociaciones público-privada que se considera una modalidad de la gestión delegada. Para administrar estas actividades se crea toda una institucionalidad: un Comité y una Secretaría Técnica de Gestión Delegada y Asociaciones Público -Privada. La asignación del contrato de concesión o asociación público-privada se hará a través de un concurso público.  Pueden realizar la delegación tanto el gobierno como los GAD.

En los sectores estratégicos se incluye a energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.

Para incentivar las inversiones, principalmente extranjera, se otorgan una serie de beneficios. Al inversionista extranjero se le dará las mismas condiciones que al inversionista nacional.

Para atraer inversiones, se utilizan además las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y Zonas Francas que se consideran recintos aduaneros. Ambas figuras estarán a cargo del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI). En el caso de las zonas francas los bienes industriales o servicios producidos están orientadas a la exportación o reexportación. Se trata principalmente de ensamble y maquila industrial. En el caso de servicios se refieren a salud, turismo, de innovación tecnológica. También contempla el proyecto actividades logísticas. En estas zonas, todas estas actividades, serán autorizados, por el CEPAI, a operar por un plazo mínimo de 20 años. Las empresas públicas, GAD o privadas, que operen en estas zonas, tendrán estabilidad de incentivos tributarios: estarán exentos del pago de tributos de comercio exterior en sus importaciones de insumos, materias y bienes de capital. Además, estarán exonerados del pago del Impuesto a la Renta (IR) en los primeros 10 de años de operación y después, de ese período, tendrán una reducción de 10% en el IR corporativo por el resto del período en que fue otorgado la autorización para su operación.

En las disposiciones generales, se establece que la concesión de obras y la prestación de servicios públicos reservadas al estado solo podrán delegarse al sector privado.

En síntesis, el proyecto busca atraer inversiones, sobre todo extranjeras, dando en concesión los sectores estratégicos,                 que supuestamente traería innovación tecnológica, calidad y mejora de servicio al cliente, pero no hay cláusula que limite el aumento de precios de los servicios delegados. Se le brinda una serie de incentivos tributarios y garantizándole seguridad jurídica. Por otra vía, mediante la asociación pública-privada, con las ZEDES y zonas francas, buscan impulsar la industria de maquila y ensamble industrial o servicios pero solo para exportación o reexportación para la creación de empleo. Así como se conceden incentivos tributarios, para la ZEDES o zonas francas, con la reforma laboral, se otorgarían una serie de incentivos al capital con la flexibilización laboral para reducir el costo de contratación y despido. La experiencia mexicana muestra que, en el caso de maquila, son empresas transnacionales las que contratan a una empresa nacional para reducir costos, entre ellos menor costo impositivo del comercio exterior -ahí encaja la reforma arancelaria del gobierno-, laboral, etc. que condujo a la precariedad laboral como vía para abaratar costos empresariales.

Luis Rosero M.

El proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación busca con la inversión privada, sobre todo extranjera, en proyectos del sector público, en proyectos en desarrollo digital y una reforma al mercado de valores que incentive el financiamiento privado para crear empleo en diferentes sectores.

Se trata, en el primer caso, de facilitar la inversión privada en activos y servicios públicos, a través de proyectos en servicios públicos y sectores estratégicos de la economía, utilizando la asociación publica privada y por medio de la gestión delegada de un activo o servicio público y en los sectores estratégicos vía principalmente la concesión. Se la puede realizar con empresas privadas formales, entidades de la economía popular y solidaria y empresas estatales extranjeras. Para manejar todo este proceso se crea una nueva institucionalidad. Por otro lado, se sustituyen las Zonas Especiales de Desarrollo y las Zonas Especiales, creadas en el correísmo, cambiando las características de la primera y estableciendo, en la segunda, Zonas Francas dentro de un reciento aduanero. Se trata fundamentalmente de áreas donde ingresaran insumos, materias primas y bienes de capital. Estos últimos se utilizarán para la transformación de los primeros en bienes finales o también se usarán para el ensamblaje de mercancías. En suma, se trata de maquilas o ensamblaje para obtener bienes, que va a requerir importaciones, o sea un proceso de industrialización de armar y actividades de servicios para la exportación o reexportación. Las empresas privadas que se instalen en dichas zonas gozaran de incentivos tributarios que implica exoneraciones de impuestos y, como se espera que ingrese empresas extranjeras, se le dará el mismo trato que a los inversionistas nacionales. También se autoriza a vender las tierras de camaroneras concesionadas para adquirir el título de propiedad.

Para el cambio digital se busca la transformación digital en el sector público, privado y sociedad en general. Esto implica uso de tecnología informativa para operar servicios gubernamentales y del sector privado. En el caso del primero, se trata de un gobierno digital que permita mejorar la eficacia, calidad y transparencia de los servicios que se presta los ciudadanos entre ellos trámites, información, etc. En el gobierno del correísmo era el SNAP la entidad encargada del cambio digital gubernamental. Se busca, además, facilitar el traspaso de propiedades, modernizando con servicios digitales a las notarías, a través de escrituras digitales y firma digital.

En cuanto al sistema financiero, hay una reformas a la ley de mercado de valores y normas conexas reformulando conceptos, composición y estructuras de las bolsas de valores,  modifica las funciones de la Superintendencia de Compañias y Valores, se hace más estricto el control de ésta para frenar las violaciones a la ley que se dieron con el caso ISSPOL, se crea un fondo de inversión en bienes raíces, se modifican las normas referentes a los Depósitos Centralizados de Valores, a los que se agrega el creado por una asociación público privado y se reforma el Código Monetario Financiero:  se le devuelve la facultad de supervisión de seguros a la Superintendencia de Bancos, hay cambios respecto a las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, Junta de Política y Regulación Monetaria, Banco Central, etc.

En síntesis, se trata de una profunda reforma que busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos y en zonas francas, el desarrollo de los servicios digitales, que incluye el uso de la firma electrónica, y una reforma al mercado de valores que hace más estricta la supervisión, crea nuevas figuras de inversión bursátil y viabiliza la posibilidad de la unificación de las bolsas y la inversión extranjera en el mercado bursátil. Los tres grandes componentes de este proyecto de ley se analizarán por separado en los siguientes artículos.

Luis Rosero M.

El Presidente del Directorio del IESS ha planteado las medidas para superar la crisis financiera del IESS que son las típicas que toman la mayoría de los gobiernos. Los aspectos fundamentales son que las medidas se basen en estudios técnicos y no carguen la mayoría del financiamiento del déficit del IESS al afiliado. En este artículo trataremos sobre algunas causas de la problemática del IESS y las medidas planteadas para superarla.

La crisis financiera del IESS es estructural y viene de muchos años atrás. La situación actual es que además hay otros problemas agravantes de dicha crisis. En efecto, se suman la corrupción en la compra de medicamentos, la escasez de medicina para atender a los pacientes de sus hospitales, servicios que se prestan sin el debido financiamiento, el haberse constituido en la caja chica de los gobiernos, obligación a realizar inversiones en títulos del gobierno, problemas de gobierno corporativo, etc. Con la pandemia, iniciada en Marzo de 20210, se agudizó dicha crisis. Así, la fuerte contracción de la economía de 7.2% del PIB generó despidos de empleados y trabajadores del sector privado y público, lo que disminuyó el número de afiliados, que todavía no los recupera, llevando a una caída de los ingresos del Instituto, a lo que se agrega los casos de corrupción en la compra de medicamentos y robos de estos, etc. En síntesis, la crisis financiera se revela en los déficits del fondo de pensiones y el de salud. Para enfrentarla, los gobiernos han tomado medidas parches para tratar de enfrentar la situación.

Las propuestas de medidas se pueden agrupar en tres grupos. Una, planteada por el Presidente del Directorio del IEES. Dos, otra que aspira a su privatización. Tres, una intervención estatal. En la primera, dicho directivo, propone cuatro medidas: aumentar la edad de jubilación, cambiar la metodología para el cálculo de la pensión jubilar, elevar el aporte y revisión del aporte del estado al IESS. En la lógica de dicho funcionario, la mayor esperanza de vida justifica en el aumento de la edad de jubilación. Para cambiar la metodología del cálculo de la pensión plantea que no solo sean considerados los 5 mejores años de ingresos de los afiliados sino hasta 10 e inclusive 15. Otra medida, sería aumentar el aporte de los afiliados. Finalmente, propone que el aporte del estado al IESS se realice como un porcentaje del PIB. Al ser este variable, cada año, el aporte no sería fijo. Actualmente, el gobierno está obligado a aportar el 40%, que significa alrededor de 1400 millones de dólares, sin embargo entrega una parte inferior a este valor, que incluye al actual gobierno. Las tres primeras medidas afectan a los afiliados y, con la última, se pretende que el estado aporte menos a lo establecido actualmente.

En cuanto a la gobernanza del IESS, la OIT plantea una estructura directiva que incluya a trabajadores, jubilados y empleadores. Actualmente, dirige el directorio un presidente cuyo nombramiento es influido por el gobierno. La gobernanza es fundamental para la toma de decisiones que garanticen la autonomía e independencia del IESS.

En la medida que el presidente del Directorio del IESS sea un representante del ejecutivo seguiría la práctica de que el IESS continue como una caja chica del gobierno, sea inversor cautivo (inversiones con papeles del gobierno) y que éste no aporte la cuota del 40%. Si bien es necesario tomar medidas para afrontar la crisis, estas deben ser en base a estudios actuariales, y, por otro lado, basado en estudios técnicos, que aseguren que no se le cargue el financiamiento de la crisis a los afiliados, que el estado no rehuya su responsabilidad de financiar al IESS y sean medidas racionales desde el punto de vista financiero y económico.

Luis Rosero M.

El gobierno ensambla su modelo económico basado en la apertura de la economía al mundo, la vigencia del mercado libre, incremento de la competitividad, el sector privado como motor de la economía, la reforma del estado, etc. lo cual se complementa con una institucionalidad económica funcional a dicho modelo. Para ello esta aplicando reformas estructurales y políticas de ajuste (fiscal y de Balanza de Pagos) que están comprometidas en los acuerdos crediticios con el FMI y el Banco Mundial. Analizaremos las que ya se han implementado.

Estos organismos internacionales parten del principio que primero hay que reducir los desequilibrios macroeconómicos y estabilizar la economía. Para ello se preocupan de reducir el déficit fiscal, mediante una reforma tributaria, y el desequilibrio negativo de Balanza de Pagos. Para lo primero aplican una reforma tributaria y, para lo segundo, una reducción de la demanda agregada. Varias son las reformas (cambios institucionales en la economía) para implementar el modelo.

La reforma tributaria está contenida en la ley de desarrollo económico y estabilidad fiscal, que contiene cambios en el Impuesto a la renta, creación de contribuciones, eliminación del IVA y el ICE para algunos artículos, supresión del Rimse y su reemplazo por un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, y el establecimiento de un régimen impositivo temporal para los activos en el exterior.  En artículos anteriores ya hemos tratado este tema, cuyo objetivo central es ir reduciendo el déficit fiscal hasta eliminarlo en 2025.

La apertura de la economía al mundo, se lograría con la reforma comercial vía la celebración de Tratados o Acuerdos de Libre Comercio (TLC) con varios países. Ya se anunció la firma de uno con México, en Marzo de este año, que se celebraría por el interés del gobierno de entrar a la Alianza del Pacifico. El problema principal con este tratado es que las dos economías no son complementarias, pues México exporta algunos productos primarios similares (camarón, cacao, banano, mango y otras frutas) y, por otro lado, tiene una economía con mayor desarrollo industrial que provocaría impacto en sectores textil, calzado, vehículos, etc. Con Chile, el Senado ratificó un acuerdo comercial. En su reciente viaje a China, se firmó una nota de entendimiento para un TLC. Se aspira concretar otros con Rusia, EE.UU., Canadá, Corea del Sur y países centroamericanos. Los TLC buscan aumentar las exportaciones ecuatorianas, principalmente primarias, lo que puede implicar la reprimarización de la economía. Y el otro riesgo de estos tratados es que la apertura tendrá efectos sobre algunos sectores económicos del país.

Para que el sector privado se convierta en el motor de la economía, se requiere la vigencia plena del libre mercado y una reducción del tamaño del estado. Moreno comenzó a implementarla al decretar el ajuste mensual de los precios de los combustibles, en Marzo de 2020, que siguió vigente con Lasso pero debido al aumento constante de dichos precios decidió congelarlos. Además busca que, en el mercado monetario el costo del dinero se establezca en función de la oferta y demanda de dinero.

De acuerdo con el gobierno, el incremento de la competitividad externa se basa en la reducción de los costos empresariales. Un primer paso fue la reforma arancelaria, de agosto de 2021, que redujo los aranceles para insumos, materias primas y bienes finales, lo cual disminuyó el costo de importación de los primeros para los sectores productivos. Otro paso en esa dirección fue la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas, de diciembre de 2021, mediante decreto que establece la rebaja de 0.25% durante 2022 hasta dejarlo en 4%. A eso se agrega, el tratar de reducir las tasas de interés. Para ello, aprovechó la contrarreforma monetaria que llevó a cabo Moreno, con la ley de Defensa de la Dolarización, de Mayo de 2021, en la que se establece un cambio institucional en el BCE devolviendo su autonomía y estableciendo nueva gobernanza en lo monetario y financiero con dos organismos reguladores. La Junta de Política y Regulación Monetaria, y, la Junta de Política y Regulación Financiera.  Esta última modificó la forma de cálculo de las tasas de interés en base a una metodología elaborada por el BCE. El gobierno tiene la intención de reducir dichas tasas para reducir el costo financiero a las empresas. Este tema ya lo tratamos en un artículo anterior y en los siguientes continuaremos con las otras reformas estructurales que se están preparando para ser enviadas a la Asamblea como proyectos de ley.

Luis Rosero M.

Los hechos muestran que hay una crisis de seguridad interna en el país que se expresa en violencia, delincuencia y criminalidad en las principales ciudades del país, que tiene atemorizada a la población, provocada por algunas causas y, ante eso, es fundamental preguntarse ¿hay una política de seguridad interna y los medios e infraestructura para sostenerla y reducir la criminalidad y la delincuencia organizada para reducir la inseguridad ciudadana?

Entre las causas de la violencia y criminalidad están el desempleo, pobreza, hambre, inmigración, narcotráfico, etc. En Guayaquil, en el Enero de 2022, las muertes violentas se han triplicado en relación al mismo período del año anterior. A ello, hay que agregar que la semana pasada se registró una balacera en la Penitenciaría del Litoral que hizo recordar las masacres en las cárceles del país y, en particular, en Guayaquil y, por otro lado, el femicidio. Respecto a lo primero, el gobierno lo atribuye al narcotráfico por el incremento del sicariato. El femicidio, en cambio, está relacionado con el abuso en la relación de pareja, machismo, etc. Sin embargo, la criminalidad y la delincuencia no solo tiene origen en esa causa, tenemos que se registran asaltos, robos, etc.

En el programa Políticamente Correcto (30/01/2022), Saudia Levoyer planteó que el gobierno lleva 8 meses en el poder y, al parecer, por la crisis de la seguridad interna, recién va a diseñar una política en este campo y, por otro lado, que falta una efectiva contrainteligencia policial (quienes en el estado colaboran con los criminales). Al parecer, el gobierno está diseñando una estrategia de seguridad interna basada en la represión y prevención de la criminalidad utilizando la inteligencia policial para detectar a las bandas criminales y delincuenciales. También se prevé la coordinación con los gobiernos autónomos, específicamente los municipios.

Las primeras acciones del gobierno, a esa crisis de seguridad interna, fue enviar 1000 policías a Guayaquil, cambio en la Comandancia de la Policía y envío a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Respecto a este Mauro Andino, que participó en el programa señalado, señaló que la presunción de inocencia del policía e instrumentos para verificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ya están establecidos en la Constitución y COIP, o sea ya hay normas legales establecidas respecto a esos temas y dicho proyecto al parecer desconoce.

Pero un elemento clave, según los expertos, en la crisis de seguridad, es dotar a la policía del equipamiento técnico y operativo, logística, herramientas tecnológicas, capacitación para cumplir su labor, mantenimiento de sus equipos de seguridad y apoyo, salud y bienestar policial etc.

Respecto a lo primero, es muy importante el equipo de comunicación. En Septiembre de 2016, el Ministerio de Interior renovó un convenio con Motorola para la venta de equipos de comunicación e infraestructura para el funcionamiento de la Red Nacional Troncalizada que permitía, a nivel nacional, la conexión entre los miembros de la policía para cumplir con su tarea. Desconocemos si se renovó tal contrato. Si no fue así, habría problemas de comunicación entre los miembros policiales. También es importante de dotarla de un sistema de cámaras y drones para que realicen la vigilancia. En este punto, es básico contar con el acceso a las cámaras y comunicación con el servicio del 911 así como el sistema de vigilancia con cámaras del Municipio de Guayaquil. El equipo de apoyo como vehículos, repuestos, complementos y el mantenimiento son fundamentales para su tarea. Este Municipio entrega camionetas, pero al parecer después no hay recursos para mantenimiento, combustible, repuestos, etc. por lo que dificulta la tarea policial. Así mismo, se dota a los policías de chalecos, armas y balas pero no en cantidad suficiente, por lo que el personal corre riesgo. Finalmente, hay que proveer de vivienda fiscal (casas) para que el personal pueda vivir en la ciudad asignada y finalmente contar con servicios de salud que permita la atención médica, medicamentos y hospitalización. Con los problemas que tiene el ISSPOL, por sus inversiones fallidas en el mercado de valores, dicha atención tiene restricciones. Por ello, el gobierno tiene que asignar los recursos necesarios en el presupuesto para que se entregue todo lo necesario a la policía para que cumpla su labor.

Pero es fundamental que, haya control ciudadano, para que el equipamiento policial no se utilice, en las protestas sociales, como instrumento de represión letal y de ahí, que es muy importante, normar claramente el uso progresivo de la fuerza. Así mismo, debe haber control y vigilancia de la población para que tampoco se convierta en un instrumento de uso político. Es importante también la colaboración comunitaria para que el órgano policial cuente con la información de los delitos que se cometen en el barrio, se siga manteniendo e instalando el botón de pánico y exista coordinación de los barrios para enfrentar los delitos comunes. Así mismo, mientras no se pueda generar suficiente empleo, persista el hambre y la indigencia, habrá más delincuencia común, por ello es necesario una política de reactivación, sin afectar los derechos laborales, y, por otro lado, una política social para reducir la pobreza, el hambre y la indigencia. La crisis de seguridad debe ser una voz de alarma para las élites, pues si continua con su visión miope de explotar más y acumular sin medida va a seguir aumentando la concentración del ingreso y riqueza así como la desigualdad lo que es calda de cultivo para un estallido social. Una muestra de ello es lo que pasó en Chile con el modelo neoliberal y que terminó con la rebelión social y el triunfo de un gobierno de izquierda.

Luis Rosero M.

La inseguridad aumenta por la ola de violencia, a lo que se agrega el alto nivel de positividad de las pruebas covid que aumenta el número de muertes en exceso y a la vez la estación invernal en la costa  completan el cuadro de aumento de la mortalidad en el país.

El aumento de los crímenes violentos, robos y asaltos, sobre todo en Guayaquil, esta generando un temor generalizado en la ciudadanía. El gobierno atribuye el fenómeno a la disputa territorial de los grupos que realizan el microtráfico de drogas. Para enfrentar la situación, el régimen se vio obligado a enviar a las fuerzas armadas (ejercito) a patrullar las calles y, por otro lado, entregó a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que incluye el uso progresivo de la fuerza, la coordinación entre la policía y las fuerzas armadas, mecanismos para deben a los miembros de la fuerza pública que tenga que utilizar las armas para enfrentar a la delincuencia, reformas legales para llenar vacíos que limitan el accionar de dicha fuerza y mecanismos para mejorar la administración y control de las cárceles. El riesgo del proyecto es que el uso progresivo de la fuerza se utilice para enfrentar las protestas sociales. Lo cierto es que la violencia en las cárceles ha aumentado así como en las calles, por lo que la población esta realmente asustada y con miedo pues, al menos en Guayaquil, Durán y Samborondón, no se está seguro en ningún sitio.

Además, en 3 provincias de la Costa y en Quito, el nivel de positividad de las pruebas covid es alto aumentando el número de muertes por la pandemia. Así, en Guayas, Manabí y Los Ríos aumentaron las muertes en exceso, en 533, entre el 9 y 15 de Enero. En la primera provincia, la prensa reporta que los fallecidos por arriba del promedio, llegaron 20 diarias. Dada esta información, no se comprende porque el gobierno presionó al COE para que acepte un 50% de aforo para el partido, en Quito, de las eliminatorias Ecuador-Brasil, que antes había resuelto que se juegue sin público. Así, mismo se autorizó que el espectáculo de Barcelona Sporting Club denominado la noche amarilla contara con 50% de aforo. Estos dos eventos, sin duda, generarán mas nivel de contagio y más muertes por covid. También no es compresible que, en la misma ciudad el Ministerio de Educación insista que se convoque a clases presenciales voluntarias en escuelas y colegios, pues es fuente de contagio e incidiría en un mayor numero de muertes por la pandemia. De ahí que resulta lógico que la alcaldesa de Guayaquil haya decidido clausurar los locales docentes que recibieran a estudiantes para las clases.  

A pesar del pronostico del NOAA, organismo atmosférico de EE.UU. ha anunciado que, con un 87% de probabilidades, se presente la Niña, entre diciembre y febrero de 2022, causando sequia en la costa, sin embargo, en Guayaquil, en la última semana, ha habido precipitaciones equivalentes a un mes, lo mismo ocurre en Durán; en Quevedo (Los Ríos), se declaró emergencia por aumento de caudal de ríos en varias localidades del cantón Urdaneta y en la provincia de Cotopaxi hay inundaciones en cuatro de sus cantones. Esta situación se repite todos los años en el país, causando daños a la infraestructura y enfermedades relacionadas con la estación invernal como el dengue, chikunguña y otras que además de causar estragos en la salud puede llevar a la muerte de los picados por los mosquitos transmisores de enfermedades.

En síntesis, hay un agravamiento de la mortalidad en el país por el mayor número de víctimas por la violencia, por el contagio del covid y también por las generadas por el mosquito aedes aegypti. Es un agravamiento de los problemas sociales que tiene atemorizadas a la población y que el gobierno debe actuar rápido y con eficacia para frenar la mortalidad, por estas causas. Hay que proteger la vida la población a toda costa. 

Luis Rosero M.

Los shock externos e internos influirán en el nivel de crecimiento económico del país de 2022. Los riesgos, en lo económico, están relacionados con el mayor endeudamiento externo y el mayor deterioro de las condiciones de vida, que puede dar lugar a tensiones sociales.

En cuanto a los shocks externos: la caída del crecimiento de la economía mundial y el aumento de la tasa de interés por la FED. Respecto al primero, el BM proyecta, de una tasa de 5.5% en 2021 se alcanzaría solo 4.1% en 2022 y para A. Latina proyecta una fuerte caída al pasar de 6.7% en 2021 a un escuálido 2.6% en 2022, lo que refleja la grave contracción. Como efecto de esto, el impacto en nuestro país sería, principalmente, una reducción de las exportaciones y caída de las remesas.

Entre Enero – Noviembre de 2021, las exportaciones totales alcanzaron 24166 millones mientras que las importaciones llegaron a 21517, dejando un elevado saldo positivo de la balanza comercial. Las ventas externas aumentaron sobre todo por las exportaciones petroleras, por el alza del precio del petróleo, mientras que las exportaciones primarias subieron, sobre todo de camarón. En consecuencia, podrían reducirse principalmente, en 2022, las exportaciones no tradicionales; las petroleras se verían afectadas en su precio.

Hay la posibilidad de la FED aumente su tasa de interés, lo incidirá en mayores tasas de intereses internacionales, lo que llevaría a un elevamiento del costo del endeudamiento externo. El gobierno, requiere 4800 millones de financiamiento externo para el presupuesto de 2022, lo que significará mayor pago de interés y, en consecuencia, incidirá en el déficit fiscal.

La otra variable, afectada por el shock externo, serían las remesas. En 2021, éstas alcanzaron un nivel récord llegando a 4000 millones, la disminución de la económica mundial llevaría a que, en 2022, se reduzcan por debajo de ese nivel, disminuyendo la posibilidad de que contrarresten el aumento de la pobreza.

Respecto a los shocks internos tendríamos la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de la Niña, la continuación del covid, con su variante ómicron y el ajuste. Respecto a la primera, NOAA, organismo atmosférico de EE.UU. ha anunciado que, con un 87% de probabilidades, se presente la Niña, entre diciembre y febrero de 2022, en consecuencia, generando sequía en A. Latina. Esto afectaría, la agricultura en la costa ecuatoriana.

La variante ómicron, en lo que va del año, ya esta causando estragos de la población aumentando los contagios y el número de muertos. Las autoridades han tomado medidas restrictivas prohibiendo eventos públicos, exigencia de carnet de vacunación a centros comerciales y disminuyendo el aforo en locales comerciales, en el transporte, etc. lo que incidirá en un menor nivel de actividad económica. Y, si se aplica el ajuste en 2022, acordado en el programa de Servicio Ampliado con el FMI, la disminución del crecimiento sería aún mayor.

El Banco Central estima que el crecimiento económico caería a 2.5% en 2022 que, con el 3.5% estimado en 2021, implica una disminución del 1% de la actividad económica. Si bien, hubo una recuperación en 2021, está proyección para 2022 tendrá sus efectos en el mercado de trabajo, con menor nivel de empleo, aumento del subempleo y la informalidad. En lo social, se registraría un deterioro del nivel de vida de la población más necesitada, aumentando los niveles de pobreza, hambre e indigencia.

Ante esta posibilidad de menor crecimiento de la economía en 2022, le toca al gobierno actuar. Ha puesto su énfasis en mayor privada extranjera y nacional, pero ésta aún no responde al nivel requerido. Es necesario, en consecuencia, medidas para incentivar la demanda agregada interna, para compensar la caída del crecimiento económico en 2022. Y, por otro lado, actuar compensando el deterioro del nivel de vida, pues de lo contrario se agravará la situación social que podría generar una repuesta de los afectados y protestas de organizaciones sociales.

Luis Rosero M.

Los organismos financieros internacionales prevén la desaceleración de la economía mundial por la nueva variante del covid, lo que generará impactos en nuestro país tanto a nivel económico y social. Sin embargo, en lo primero hay aspectos alentadores por mejoría de indicadores fiscales pero persistirá el deterioro social.

El Banco Mundial proyecta que el crecimiento mundial se desacelere de 5.5% en 2021 a 4.1% en 2022 y 3.2% en 2023 y agrega que la pandemia aumentó la desigualdad de ingresos en el mundo, revirtiendo dos décadas de avance en la reducción de la desigualdad. Además, el organismo señala que América Latina crecerá 2.6% en 2022 y 2.7% en 2023, después de una fuerte recuperación del 6.7% en 2021, para el Ecuador que creció 3.9%  en 2021 (el BCE estima 3.5%), en 2022 solo crecerá 3.1% (el BCE estima 2.5%).

En el país, la caída del crecimiento mundial tendrá doble impacto. En lo económico, habría un shock externo con una contracción de las exportaciones y, en lo social, un deterioro de las condiciones de vida. Además la economía se vería afectada por la nueva ola de covid con la variante ómicron que ralentizará la actividad económica. Agregamos que, dada la alta inflación en EE.UU.,  la Reserva Federal aumentaría las tasas de interés para frenarla, lo que implicará un mayor costo del endeudamiento externo.

La recaudación tributaria, en el país, aumento 1% en 2021 en relación a 2019, que refleja la recuperación económica. Esta tendencia y el aumento del precio del petróleo explican el aumento de los ingresos públicos y, por otro lado, el ajuste al gasto, dieron como resultado una caída del déficit fiscal a solo 2916 millones, o sea cerca del 3% del PIB.

Si bien esto es alentador, el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento se han venido cubriendo con deuda externa e interna. En efecto, según el boletín de deuda pública, del Ministerio de Finanzas, ésta era de 62022 millones de dólares a Agosto de 2021, o sea 59.1% del PIB. Pero, con la nueva metodología establecida para la medición de la deuda, la misma subió a 73643 millones, de las cuales 44574 es deuda externa y 29069 deuda interna, lo que representaría cerca del 70% del PIB. Con esta nueva norma, se reconoce la deuda con la Seguridad Social, Banco Central, GAD, empresas públicas, Cetes, convenios de liquidez de empresas públicas y los atrasos con proveedores. Esta metodología, basada en estándares internacionales, obligó al gobierno a transparentar la deuda, que es importante sobre todo porque se convierte en un compromiso de pago con la Seguridad social.

Si desagregamos la deuda externa en millones, a Agosto de 2021, corresponden 17759  a bonos internacionales, 19121 a organismos internacionales y 7207 a países, con un total de 44574 millones. Los mayores acreedores externos son el FMI, BM, BID, CAF, lo que explica el condicionamiento de la política económica. Lo preocupante es el crecimiento de dicha deuda que puede dar lugar a una crisis de la deuda.

En este año, tendremos el mayor ajuste, contemplado en el convenio con FMI, el que tiene efecto contractivo. Así, comenzará a recaudarse, en este año, los cambios en el Impuesto a la Renta (para los trabajadores y empleados en relación de dependencia). La caída de las exportaciones, la restricción de la actividad económica por la variante ómicron y el ajuste señalado serian los principales aspectos que explicarían la reducción del crecimiento en 2022 con efectos en el mercado de trabajo: disminución del empleo pleno, aumento de desempleo y subempleo. O sea, habría un deterioro de las condiciones de vida que en su rostro mas critico se reflejará en el aumento de la pobreza (estimada en 33%) y el hambre. Sin embargo, aliviaría este deterioro si las remesas siguen aumentando. En 2021, llegaron a 4000 millones de dólares (convirtiéndose en el octavo país de receptores de remesas), mil millones menos que los 5000 millones que se exportaron de camarón. Las recetas económicas tradicionales, como la del FMI, están en duda y reciben presión por los efectos sociales que generan y deterioran aun mas las condiciones de vida de la población.