Luis Rosero M.
El proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación busca con la inversión privada, sobre todo extranjera, en proyectos del sector público, en proyectos en desarrollo digital y una reforma al mercado de valores que incentive el financiamiento privado para crear empleo en diferentes sectores.
Se trata, en el primer caso, de facilitar la inversión privada en activos y servicios públicos, a través de proyectos en servicios públicos y sectores estratégicos de la economía, utilizando la asociación publica privada y por medio de la gestión delegada de un activo o servicio público y en los sectores estratégicos vía principalmente la concesión. Se la puede realizar con empresas privadas formales, entidades de la economía popular y solidaria y empresas estatales extranjeras. Para manejar todo este proceso se crea una nueva institucionalidad. Por otro lado, se sustituyen las Zonas Especiales de Desarrollo y las Zonas Especiales, creadas en el correísmo, cambiando las características de la primera y estableciendo, en la segunda, Zonas Francas dentro de un reciento aduanero. Se trata fundamentalmente de áreas donde ingresaran insumos, materias primas y bienes de capital. Estos últimos se utilizarán para la transformación de los primeros en bienes finales o también se usarán para el ensamblaje de mercancías. En suma, se trata de maquilas o ensamblaje para obtener bienes, que va a requerir importaciones, o sea un proceso de industrialización de armar y actividades de servicios para la exportación o reexportación. Las empresas privadas que se instalen en dichas zonas gozaran de incentivos tributarios que implica exoneraciones de impuestos y, como se espera que ingrese empresas extranjeras, se le dará el mismo trato que a los inversionistas nacionales. También se autoriza a vender las tierras de camaroneras concesionadas para adquirir el título de propiedad.
Para el cambio digital se busca la transformación digital en el sector público, privado y sociedad en general. Esto implica uso de tecnología informativa para operar servicios gubernamentales y del sector privado. En el caso del primero, se trata de un gobierno digital que permita mejorar la eficacia, calidad y transparencia de los servicios que se presta los ciudadanos entre ellos trámites, información, etc. En el gobierno del correísmo era el SNAP la entidad encargada del cambio digital gubernamental. Se busca, además, facilitar el traspaso de propiedades, modernizando con servicios digitales a las notarías, a través de escrituras digitales y firma digital.
En cuanto al sistema financiero, hay una reformas a la ley de mercado de valores y normas conexas reformulando conceptos, composición y estructuras de las bolsas de valores, modifica las funciones de la Superintendencia de Compañias y Valores, se hace más estricto el control de ésta para frenar las violaciones a la ley que se dieron con el caso ISSPOL, se crea un fondo de inversión en bienes raíces, se modifican las normas referentes a los Depósitos Centralizados de Valores, a los que se agrega el creado por una asociación público privado y se reforma el Código Monetario Financiero: se le devuelve la facultad de supervisión de seguros a la Superintendencia de Bancos, hay cambios respecto a las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, Junta de Política y Regulación Monetaria, Banco Central, etc.
En síntesis, se trata de una profunda reforma que busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos y en zonas francas, el desarrollo de los servicios digitales, que incluye el uso de la firma electrónica, y una reforma al mercado de valores que hace más estricta la supervisión, crea nuevas figuras de inversión bursátil y viabiliza la posibilidad de la unificación de las bolsas y la inversión extranjera en el mercado bursátil. Los tres grandes componentes de este proyecto de ley se analizarán por separado en los siguientes artículos.
Pensamiento y comportamiento 