Luis Rosero M.

La invasión rusa a Ucrania, además de los efectos de la pandemia, provocará un significativo impacto en la economía del país que, a nivel macroeconómico, implica una caída en el nivel de actividad económica del país.

Por este conflicto bélico, los impactos, a nivel mundial, fueron principalmente el aumento del precio del petróleo y dificultades de importación de insumos producidos por Ucrania y Rusia. En el primer país, la industria automotriz europea sufrió restricciones de partes y repuestos de vehículos. A lo que se agrega los problemas logísticos que se generaron con la pandemia.

Según el BCE, las exportaciones a Rusia, en 2021, llegaron a 999.8 millones de dólares en valores FOB, mientras que las importaciones alcanzaron 171.2 millones  en valores CIF. Los principales productos de exportación del país, a ese país, son banano, flores, camarón, pescado fresco y enlatado y café industrializado. Para ese año, el banano representó el 70,6% y el camarón 14.1% del total de exportaciones a ese país. Hacia Ucrania el país exportó banano 80.6, flores 19.5 y camarón 17.7 millones. Las importaciones de Rusia fueron principalmente materias primas para la agricultura (175 millones) que representan el 91.2% de éstas y que sobre todo urea.

El efecto de la guerra entre los dos países, será la disminución de las exportaciones a Rusia, principalmente de banano y flores. Ya algunas exportadoras extranjeras de banano cancelaron los contratos con algunos productores bananeros y de flores que sufren una crisis, principalmente los más pequeños. Mientras que la agricultura fue afectada por las restricciones y el encarecimiento de las importaciones de urea y otros insumos agrícolas que encarece sus costos de producción.

Según el BCE, la economía ecuatoriana creció 4.2% en 2021. La invasión rusa, a nivel macroeconómica, generará una caída del PIB en 2022, por la disminución de las exportaciones primarias y por el lado de las importaciones restringirá principalmente la de fertilizantes químicos (que representan el 39% del total) para la agricultura y de otros productos, lo que a su vez influirá sobre la inflación. Las proyecciones para 2022 que hace BCE plantea un crecimiento de 2.8%, CEPAL 2.6%, FMI 3.5% y el Banco Mundial 4.3%. Paradójicamente, este último organismo internacional proyecta dicha tasa de crecimiento a pesar de la caída de exportaciones a Rusia y Ucrania, los problemas logísticos para exportaciones (como el caso de flores y otros productos perecederos) y las sanciones impuestas por EE.UU. y Europa a Rusia. El BID reconoce una restricción de crecimiento en A. Latina de hasta 1.5%, en promedio cada año, entre 2022 y 2024. Por ello, me parece mas atinada la proyección del BCE de 2.8%. Si aplicamos esta reducción en el crecimiento que señala el BID,  implicaría que el país tendría una contracción significativa en su crecimiento tanto en 2022 y 2023.

A esta caída del PIB, se agrega el aumento de la inflación. Según el INEC, a Diciembre de 2021, ésta alcanzó 1.94% mientras que a Marzo de 2022 llegó a 2.64%. Esto implicó un aumento del costo de la canasta básica a $ 725.27 dólares. Ha influido en la mayor inflación, principalmente,  el aumento del costo del transporte, alimentos y bebidas, artículos para el hogar y educación. El transporte ha aumento por el alza del precio del petróleo, que a su vez hizo crecer el valor del del pasaje urbano y de carga. Por otro lado, la inflación también crece por el aumento del costo de los insumos importados como es el caso de la harina de trigo, que llevó a su vez al alza del precio del pan.

En síntesis, el conflicto bélico tendrá como efectos una reducción del nivel de actividad económica en 2022, lo que implicará menor nivel de empleo, mayor desempleo, subempleo y pobreza; por otro lado, el aumento del precio de petróleo y el alza de insumos para la agricultura, aumentaran la inflación que a su vez se traducirá en un mayor costo de la canasta básica generando una reducción en el nivel de vida de la población, afectando principalmente a los más vulnerables, pobres que a su vez incrementará la miseria.

Luis Rosero M.

El rechazo de la ley de inversiones, por la nueva mayoría de la Asamblea, pone en aprietos al gobierno pues se le presenta un escenario complicado para armar su proyecto económico, obliga a cambiar de táctica con la Asamblea y, en lo económico, la invasión rusa a Ucrania va a impactar a la economía del país.

El esquema económico de Lasso se basa en 4 puntales: una reforma tributaria, la atracción de inversiones, la apertura de la economía y la reforma laboral. Si bien logró aprobar la primera, en la que mayor parte de las modificaciones del impuesto a la renta, la va a pagar la clase media; el rechazo por la Asamblea del proyecto de ley impide armar el segundo puntal de su esquema económico, basado fundamentalmente en atraer inversión extranjera en maquila y concesiones, con la cual intentaba crear empleo. Si bien va rápido en la firma de acuerdos de comercio, como son los de Chile y Guatemala, sin embargo, el rechazo de dicho proyecto de ley dificulta que se apruebe la reforma laboral fundamental para que funcione su esquema de atracción de inversión extranjera. Pero no solo eso, el archivo de dicho proyecto significa una derrota política que obligó al gobierno a reestructurar el Ministerio de la Política dividiéndolo en dos: una que se haga cargo de la parte política (fundamentalmente negociación en la Asamblea) y, por otra, el tema de la seguridad interna que sigue deteriorándose pues avanza el crimen organizado, sobre todo en la costa, que tiene en zozobra a la población. Si bien antes el gobierno amenazaba con la muerte cruzada ahora la táctica parecer ser el acercamiento y negociación con la nueva mayoría de la Asamblea (UNES-PSC-PK), que lograría destronar a su Presidenta, para tratar de que se aprueben los proyectos reformulados de ley de atracción de inversiones y la reforma laboral. Con esto, el régimen además de consolidar su propuesta de economía de mercado, está obligado a cumplirlas por el condicionamiento establecido en los acuerdos crediticios firmados con los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, CAF, etc.). Si no es posible lograr una negociación, con la nueva mayoría de la Asamblea, el paso arriesgado que daría el gobierno sería aprobar dichos proyectos a través de una consulta popular.

Por otro lado, la invasión rusa a Ucrania tiene un impacto en la economía mundial y en el país. Así, ya organismos internacionales pronostican una caída del 1% del PIB mundial. Por otro lado, el aumento del precio del petróleo y del gas ha generado efectos sobre el costo de la energía. Tal es así, que ha aumentado el precio de la gasolina en países desarrollados y en desarrollo y, por el lado del gas, aumento de su precio. Además, del incremento del precio de las materias primas y productos básicos, a nivel mundial, sumado al problema logístico del transporte internacional han generado un aumento de la inflación en EE.UU. que ya alcanza el 8%, 9% en México y cercano al 10% en España. En el país, si bien el aumento del precio del petróleo aumenta los ingresos fiscales tiene impacto sobre los costos de producción de derivados y aumento del precio de la gasolina, que incrementa la inflación reflejándose en el aumento del precio del pan popular y otros productos de la canasta de consumo. Por otro lado, Rusia es un importante mercado para nuestro banano y flores, siendo estos sectores los principales afectados así como su mano de obra que ahora han visto reducir su empleo. Adicionalmente, el país importa fertilizantes y otros insumos para la agricultura, de Rusia, lo que, además de subir de precios (como en el caso de la urea), restringe el ingreso de estos productos lo cual impacta en la agricultura. Si bien en hubo una reactivación de la economía, llegando a un crecimiento de 4.2% en 2021, ya el Banco Central anunció una proyección de crecimiento del PIB de 2.8% para 2022 -mientras que los organismos internacionales proyectan una tasa por debajo de ésta-, lo que implicaría una contracción de la economía respecto al año anterior que generaría un aumento del desempleo, subempleo y pobreza, por lo cual el gobierno no cumpliría, en este año, con las metas ofrecidas de aumento del empleo, reducción de la pobreza y desnutrición infantil, para citar algunas.

Así las cosas, se presenta un escenario complejo y difícil para el gobierno, pues para cumplir con las ofertas de campaña tiene dos alternativas: o negociar con la nueva mayoría de la Asamblea para aprobar sus proyectos de ley o una consulta popular para que la población apoye éstos. Sin duda, un complejo panorama. Si bien la primera alternativa sería más rápida tiene un costo político y, la segunda -la consulta- además de que ésta se realizaría junto a las elecciones seccionales de 2023, se perdería un año para implementar su esquema económico lo cual tiene un riesgo político. En todo caso, lo cierto es que en 2022 la economía se contraería y el gobierno no cumpliría sus ofertas de campaña, produciendo un desgaste político, contracción económica, inflación, deterioro de las condiciones de vida y caída de la confianza del gobierno por parte de la población.

Luis Rosero M.

El rechazo de una mayoría de la Asamblea del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, es una derrota política para el gobierno para su forma de incentivo a inversiones en base a maquila, asociación público-privados y financiamiento a través del mercado de valores. El régimen buscaba con el proyecto atraer inversión extranjera para lo cual se le otorgaba una serie de exenciones de impuestos.

Una forma de incentivar inversiones, del proyecto, es a través de zonas francas en la que se ejecutarían proyectos de inversión (industrial, servicios y de logística), principalmente por empresas extranjeras. Estas son un recinto aduanero donde ingresan insumos, materias primas y maquinaria, exonerados de impuestos al comercio exterior, y que se utilizarán para producir bienes y servicios que luego son reexportados. Para atraer a dichas empresas se las exonera de impuestos a la renta (IR) por 10 años, después se les rebaja 10% en el IR por los siguientes 10 años, se exceptúa del ISD y del IVA a la importación de insumos, materias primas y maquinaria. Además, se garantiza la estabilidad tributaria y en caso de controversias se permite el arbitraje nacional o internacional. Las empresas que se instalen generarían empleo pero, probablemente,  en otras condicione, a las que rigen en el Código de Trabajo, que estarían delineadas en la reforma laboral del gobierno.

Otra forma de atraer inversiones es a través de la gestión delegada o sea la concesión de los activos del sector público sobre todo en los sectores estratégicos así como de servicios públicos. En los primeros, se busca entregar la gestión al sector privado la energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.  En servicios públicos, sería en vialidad, puertos y aeropuerto, infraestructura hospitalaria y educativa, vivienda, deportes y cultura. Esta forma de generar inversión es entregarle al sector privado, con un contrato a largo plazo, la administración de los sectores estratégicos y servicios públicos de forma obligatoria. El problema de esta forma de incentivo de inversiones es que si bien hay posibilidades de que mejore la calidad y eficiencia, la mayor parte de las ganancias se la lleva el sector privado y, cuando toque revertir al estado los activos estos ya habrían cumplido con su vida útil. Además de eso hay falta de capacidad de regulación del estado para hacer cumplir las cláusulas de un contrato de concesión. En el caso de los servicios públicos, la experiencia chilena y argentina muestran como los precios de éstos crecían continuamente afectando la economía popular.

También el proyecto intentaba una transformación digital mediante un gobierno digital en el sector público ampliando transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se harían vía digital y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otrosy, en la empresa privada, se le daban herramientas para realizar las transacciones utilizando las vías digitales (firma digital, escrituras electrónicas, etc.).

Finalmente, el proyecto buscaba una reforma a ley de mercado de valores fortalecía la supervisión de este para evitar los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL; se orientaba a un mejor control de las bolsas de valores y la integración de éstas a nivel nacional o internacional y se hacía mas exigente el control de los depósitos centralizados de valores y se pretendía crear uno con la asociación público-privada.

Si bien el proyecto permitía crear empleo, lo hacía con una forma de inversión que, en el caso de las maquilas, podría derivar en precariedad laboral como lo muestra la experiencia internacional. En lo referente, a las concesiones el resultado es que la mayor parte de la torta se queda con el inversionista y la cubierta para el estado. En ambos casos, se trata de incentivar la inversión extranjera, qué si bien representa una alternativa, hay que darle paso también al inversionista nacional. En cuanto a la reforma de valores, es acertada la propuesta para tratar de impulsar el desarrollo de este mercado para que brinde un financiamiento alternativo al de la banca con mejores condiciones financieras y a largo plazo. Así mismo, impulsa la innovación tecnológica y de gobernanza de las bolsas regionales existentes así como a la integración de éstas. El mercado de valores ecuatoriano es pequeño para que existan dos bolsas y, por otro lado, la integración internacional de estas permitiría mayor competitividad e innovación y que dicho mercado cumpla con la función principal que es dar financiamiento a menor costo que el de la banca y a mayor plazo.

Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos el segundo componente. La última reforma a la ley de mercado de valores fue realizada con Ley para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil, publicada en el Registro Oficial No. 249 Mayo 20 de 2014 

En el proyecto se introducen varias reformas a la ley de mercado de valores, incluyendo cambios para prevenir los delitos que se cometieron en el caso ISSPOL, de las que trataremos las más importantes. En primer lugar, el organismo supervisor del mercado de valores que es la Superintendencia de Compañias y Valores dejar de supervisar el mercado de seguros. Se definen y amplían las funciones de ésta. En cuanto a la oferta pública primaria se establece que deberán constar en anotaciones en cuenta en un depósito centralizado de valores. Se cambia en nombre del Registro de Mercado de Valores por el de Catastro público del mercado de valores, en el que además agrega que deben registrarse los valores emitidos en el exterior que sean objeto de oferta pública en el país, los emitidos por emisores institucionales que se negocien en el mercado extrabursátil, etc.

Se hace más estricta las normas relacionadas con la emisión, inversión y desinversión del sector público en el mercado de valores que deberán realizarse, a través de subasta pública, en las bolsas de valores pero además se incluye cualquier plataforma transaccional autorizada por la Junta de Política y Regulación Financiera. Además, se propone que las entidades públicas podrán realizar intermediación de valores del Estado a través del mercado de valores.

En cuanto a la estructura de capital de las bolsas de valores, si bien se mantiene la figura de sociedad anónima, se aumenta la participación en su capital de 5 a 8% de cualquier accionista que puede ser individual o societario, nacional o extranjero. Estos es que ahora pueden tener mayor participación en su capital y se abre la puerta para que inversionistas extranjeros puedan ser accionistas de las bolsas. También se plantea la posibilidad de unificación de las bolsas de valores locales y admite la posibilidad de integración con una bolsa de valores internacional.

En cuanto a la duración de los miembros del directorio de las bolsas, se extiende su período de 2 a 5 años. Sin embargo, se elimina entre los requisitos para ser nombrado miembro se elimina el requisito de honorabilidad empresarial o profesión y cuenten los conocimientos y experiencia adecuada en materias relacionadas con el mercado de valores, lo que realmente es sorprendente dado lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Guayaquil con el caso ISSPOL. Así mismo, se elimina la restricción de que los intermediarios de valores tengan una representación, en el directorio, mayor al 30%. O sea, hay posibilidades de control del Directorio sin límite.

Hay un cambio importante, pues hasta el momento en las bolsas de valores solo se pueden transar títulos, con el proyecto se la convierte además de una bolsa de productos (materias primas) y contratos derivados.

Otro aspecto importante, es que las casas de valores al ofrecer propuestas de inversión deben advertir al inversionista que en la orden de negociación deberá constar el perfil de riesgo del cliente y ha sido informado de los riesgos de su inversión. Esto es para evitar que a los clientes no se les sorprenda que se le recomienda una inversión sin tener la suficiente información de los riesgos que corre.

Luis Rosero M.

Del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en éste artículo trataremos ésta última que, según el proyecto, busca establecer normas legales para el cambio digital en el sector público, privado y de la sociedad.

El proyecto aspira a incrementar el uso de plataformas, tecnologías digitales, las redes y servicios digitales para atraer inversiones e impulsar la economía digital para ello señala que el Ministerio de Telecomunicaciones será el rector de la transformación digital y gobierno digital.

La transformación digital utilizará tecnologías digitales que busca que los proyectos y ejecución  de servicios gubernamentales y del sector privado. En el del primero se espera mejoren en eficiencia, seguridad y transparencia en los servicios que preste a la ciudadanía. Para ello implementará el Gobierno Digital para la prestación de servicios digitales al público.

Para ello el gobierno, establecerá políticas y regulaciones públicas para la transformación digital, elaborará una Agenda Digital, capacitación en este ámbito y promoción para el uso de tecnología digital, de la información y comunicación en las actividades empresariales, de la sociedad civil y academia.

Este cambio implicaría que aumentaría los trámites digitales, que deben realizar los ciudadanos en las diferentes entidades del sector público, tanto del gobierno central como de en los GAD, de diversa índole. También implicaría que el sector público debe exigir la adopción de buenas prácticas en seguridad y protección de la información, sobre todo cuando contrate con proveedores de servicios tecnológicos. Ya ha habido casos en que la CNT y otras dependencias públicas y privadas han sufrido ataques informáticos lo cual ha implicado el robo de datos e información.

Como parte conexa al proyecto de ley, respecto al cambio digital, están las reformas a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. En efecto, en el caso de estos últimos, en la que la ley permita modificaciones en el mensaje de datos, como endosos o sesiones deberá emplearse un método fiable que posibilite distinguir la modificación y la información antes de este cambio. Así mismo, para los poseedores de títulos valor electrónico debe utilizarse un método fiable. También, el cambio digital se relaciona con la reforma en la ley notarial que, además de aceptar las escrituras digitales, señala que los servicios notariales prestaran de manera física o telemática (videoconferencias) pero garantizando la seguridad de la actuación notarial. Además, se reforma el código General de Procesos que, entre otros cambios, señala a las personas naturales o jurídicas que hayan pactado en un contrato un domicilio electrónico para el caso de una citación se lo hará a través de su correo electrónico.

En síntesis, el gobierno busca ampliar la práctica de transacciones digitales -que se impuso con la pandemia- tanto en el sector público como en el privado. Así, en el primero algunas transacciones, servicios, certificados, etc., que se realizaban físicamente se cambiaron a digitales -impuestos por las circunstancias- y también en el sistema financiero que digitalizó muchas transacciones que antes se realizaban personalmente. Se trata de modernizar las transacciones comerciales y económicas para que gradualmente se realicen digitalmente, como en el caso de los bancos, que implican riesgos como el phishing y otros. Se busca llegar a conseguir lo que existe en el mercado de valores donde los títulos valores son desmaterializados -sin papeles- y las transacciones se realizan electrónicamente y para el registro del dinero transado, se realizan anotaciones en cuenta. Pero también aquello implica riesgos para los participantes en este mercado como sucedió en el caso ISSPOL.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

En el primer artículo de esta serie tratamos la visión general del proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. En este segundo artículo analizaremos el incentivo a las inversiones para lo cual se reforma la ley de Zonas Especiales de Desarrollo (2012) y se crea las Zonas Francas, y la ley de Asociaciones Publico-Privadas (2015).

El proyecto busca atraer inversiones a través de la gestión delegada. Una vía es a través de concesión de los activos del sector público sobre todo la de los sectores estratégicos así como de servicios públicos y, otra, mediante las asociaciones público-privada que se considera una modalidad de la gestión delegada. Para administrar estas actividades se crea toda una institucionalidad: un Comité y una Secretaría Técnica de Gestión Delegada y Asociaciones Público -Privada. La asignación del contrato de concesión o asociación público-privada se hará a través de un concurso público.  Pueden realizar la delegación tanto el gobierno como los GAD.

En los sectores estratégicos se incluye a energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua.

Para incentivar las inversiones, principalmente extranjera, se otorgan una serie de beneficios. Al inversionista extranjero se le dará las mismas condiciones que al inversionista nacional.

Para atraer inversiones, se utilizan además las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y Zonas Francas que se consideran recintos aduaneros. Ambas figuras estarán a cargo del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (CEPAI). En el caso de las zonas francas los bienes industriales o servicios producidos están orientadas a la exportación o reexportación. Se trata principalmente de ensamble y maquila industrial. En el caso de servicios se refieren a salud, turismo, de innovación tecnológica. También contempla el proyecto actividades logísticas. En estas zonas, todas estas actividades, serán autorizados, por el CEPAI, a operar por un plazo mínimo de 20 años. Las empresas públicas, GAD o privadas, que operen en estas zonas, tendrán estabilidad de incentivos tributarios: estarán exentos del pago de tributos de comercio exterior en sus importaciones de insumos, materias y bienes de capital. Además, estarán exonerados del pago del Impuesto a la Renta (IR) en los primeros 10 de años de operación y después, de ese período, tendrán una reducción de 10% en el IR corporativo por el resto del período en que fue otorgado la autorización para su operación.

En las disposiciones generales, se establece que la concesión de obras y la prestación de servicios públicos reservadas al estado solo podrán delegarse al sector privado.

En síntesis, el proyecto busca atraer inversiones, sobre todo extranjeras, dando en concesión los sectores estratégicos,                 que supuestamente traería innovación tecnológica, calidad y mejora de servicio al cliente, pero no hay cláusula que limite el aumento de precios de los servicios delegados. Se le brinda una serie de incentivos tributarios y garantizándole seguridad jurídica. Por otra vía, mediante la asociación pública-privada, con las ZEDES y zonas francas, buscan impulsar la industria de maquila y ensamble industrial o servicios pero solo para exportación o reexportación para la creación de empleo. Así como se conceden incentivos tributarios, para la ZEDES o zonas francas, con la reforma laboral, se otorgarían una serie de incentivos al capital con la flexibilización laboral para reducir el costo de contratación y despido. La experiencia mexicana muestra que, en el caso de maquila, son empresas transnacionales las que contratan a una empresa nacional para reducir costos, entre ellos menor costo impositivo del comercio exterior -ahí encaja la reforma arancelaria del gobierno-, laboral, etc. que condujo a la precariedad laboral como vía para abaratar costos empresariales.

Luis Rosero M.

El proyecto de ley para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación busca con la inversión privada, sobre todo extranjera, en proyectos del sector público, en proyectos en desarrollo digital y una reforma al mercado de valores que incentive el financiamiento privado para crear empleo en diferentes sectores.

Se trata, en el primer caso, de facilitar la inversión privada en activos y servicios públicos, a través de proyectos en servicios públicos y sectores estratégicos de la economía, utilizando la asociación publica privada y por medio de la gestión delegada de un activo o servicio público y en los sectores estratégicos vía principalmente la concesión. Se la puede realizar con empresas privadas formales, entidades de la economía popular y solidaria y empresas estatales extranjeras. Para manejar todo este proceso se crea una nueva institucionalidad. Por otro lado, se sustituyen las Zonas Especiales de Desarrollo y las Zonas Especiales, creadas en el correísmo, cambiando las características de la primera y estableciendo, en la segunda, Zonas Francas dentro de un reciento aduanero. Se trata fundamentalmente de áreas donde ingresaran insumos, materias primas y bienes de capital. Estos últimos se utilizarán para la transformación de los primeros en bienes finales o también se usarán para el ensamblaje de mercancías. En suma, se trata de maquilas o ensamblaje para obtener bienes, que va a requerir importaciones, o sea un proceso de industrialización de armar y actividades de servicios para la exportación o reexportación. Las empresas privadas que se instalen en dichas zonas gozaran de incentivos tributarios que implica exoneraciones de impuestos y, como se espera que ingrese empresas extranjeras, se le dará el mismo trato que a los inversionistas nacionales. También se autoriza a vender las tierras de camaroneras concesionadas para adquirir el título de propiedad.

Para el cambio digital se busca la transformación digital en el sector público, privado y sociedad en general. Esto implica uso de tecnología informativa para operar servicios gubernamentales y del sector privado. En el caso del primero, se trata de un gobierno digital que permita mejorar la eficacia, calidad y transparencia de los servicios que se presta los ciudadanos entre ellos trámites, información, etc. En el gobierno del correísmo era el SNAP la entidad encargada del cambio digital gubernamental. Se busca, además, facilitar el traspaso de propiedades, modernizando con servicios digitales a las notarías, a través de escrituras digitales y firma digital.

En cuanto al sistema financiero, hay una reformas a la ley de mercado de valores y normas conexas reformulando conceptos, composición y estructuras de las bolsas de valores,  modifica las funciones de la Superintendencia de Compañias y Valores, se hace más estricto el control de ésta para frenar las violaciones a la ley que se dieron con el caso ISSPOL, se crea un fondo de inversión en bienes raíces, se modifican las normas referentes a los Depósitos Centralizados de Valores, a los que se agrega el creado por una asociación público privado y se reforma el Código Monetario Financiero:  se le devuelve la facultad de supervisión de seguros a la Superintendencia de Bancos, hay cambios respecto a las funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera, Junta de Política y Regulación Monetaria, Banco Central, etc.

En síntesis, se trata de una profunda reforma que busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos y en zonas francas, el desarrollo de los servicios digitales, que incluye el uso de la firma electrónica, y una reforma al mercado de valores que hace más estricta la supervisión, crea nuevas figuras de inversión bursátil y viabiliza la posibilidad de la unificación de las bolsas y la inversión extranjera en el mercado bursátil. Los tres grandes componentes de este proyecto de ley se analizarán por separado en los siguientes artículos.

Luis Rosero M.

El Presidente del Directorio del IESS ha planteado las medidas para superar la crisis financiera del IESS que son las típicas que toman la mayoría de los gobiernos. Los aspectos fundamentales son que las medidas se basen en estudios técnicos y no carguen la mayoría del financiamiento del déficit del IESS al afiliado. En este artículo trataremos sobre algunas causas de la problemática del IESS y las medidas planteadas para superarla.

La crisis financiera del IESS es estructural y viene de muchos años atrás. La situación actual es que además hay otros problemas agravantes de dicha crisis. En efecto, se suman la corrupción en la compra de medicamentos, la escasez de medicina para atender a los pacientes de sus hospitales, servicios que se prestan sin el debido financiamiento, el haberse constituido en la caja chica de los gobiernos, obligación a realizar inversiones en títulos del gobierno, problemas de gobierno corporativo, etc. Con la pandemia, iniciada en Marzo de 20210, se agudizó dicha crisis. Así, la fuerte contracción de la economía de 7.2% del PIB generó despidos de empleados y trabajadores del sector privado y público, lo que disminuyó el número de afiliados, que todavía no los recupera, llevando a una caída de los ingresos del Instituto, a lo que se agrega los casos de corrupción en la compra de medicamentos y robos de estos, etc. En síntesis, la crisis financiera se revela en los déficits del fondo de pensiones y el de salud. Para enfrentarla, los gobiernos han tomado medidas parches para tratar de enfrentar la situación.

Las propuestas de medidas se pueden agrupar en tres grupos. Una, planteada por el Presidente del Directorio del IEES. Dos, otra que aspira a su privatización. Tres, una intervención estatal. En la primera, dicho directivo, propone cuatro medidas: aumentar la edad de jubilación, cambiar la metodología para el cálculo de la pensión jubilar, elevar el aporte y revisión del aporte del estado al IESS. En la lógica de dicho funcionario, la mayor esperanza de vida justifica en el aumento de la edad de jubilación. Para cambiar la metodología del cálculo de la pensión plantea que no solo sean considerados los 5 mejores años de ingresos de los afiliados sino hasta 10 e inclusive 15. Otra medida, sería aumentar el aporte de los afiliados. Finalmente, propone que el aporte del estado al IESS se realice como un porcentaje del PIB. Al ser este variable, cada año, el aporte no sería fijo. Actualmente, el gobierno está obligado a aportar el 40%, que significa alrededor de 1400 millones de dólares, sin embargo entrega una parte inferior a este valor, que incluye al actual gobierno. Las tres primeras medidas afectan a los afiliados y, con la última, se pretende que el estado aporte menos a lo establecido actualmente.

En cuanto a la gobernanza del IESS, la OIT plantea una estructura directiva que incluya a trabajadores, jubilados y empleadores. Actualmente, dirige el directorio un presidente cuyo nombramiento es influido por el gobierno. La gobernanza es fundamental para la toma de decisiones que garanticen la autonomía e independencia del IESS.

En la medida que el presidente del Directorio del IESS sea un representante del ejecutivo seguiría la práctica de que el IESS continue como una caja chica del gobierno, sea inversor cautivo (inversiones con papeles del gobierno) y que éste no aporte la cuota del 40%. Si bien es necesario tomar medidas para afrontar la crisis, estas deben ser en base a estudios actuariales, y, por otro lado, basado en estudios técnicos, que aseguren que no se le cargue el financiamiento de la crisis a los afiliados, que el estado no rehuya su responsabilidad de financiar al IESS y sean medidas racionales desde el punto de vista financiero y económico.

Luis Rosero M.

El gobierno ensambla su modelo económico basado en la apertura de la economía al mundo, la vigencia del mercado libre, incremento de la competitividad, el sector privado como motor de la economía, la reforma del estado, etc. lo cual se complementa con una institucionalidad económica funcional a dicho modelo. Para ello esta aplicando reformas estructurales y políticas de ajuste (fiscal y de Balanza de Pagos) que están comprometidas en los acuerdos crediticios con el FMI y el Banco Mundial. Analizaremos las que ya se han implementado.

Estos organismos internacionales parten del principio que primero hay que reducir los desequilibrios macroeconómicos y estabilizar la economía. Para ello se preocupan de reducir el déficit fiscal, mediante una reforma tributaria, y el desequilibrio negativo de Balanza de Pagos. Para lo primero aplican una reforma tributaria y, para lo segundo, una reducción de la demanda agregada. Varias son las reformas (cambios institucionales en la economía) para implementar el modelo.

La reforma tributaria está contenida en la ley de desarrollo económico y estabilidad fiscal, que contiene cambios en el Impuesto a la renta, creación de contribuciones, eliminación del IVA y el ICE para algunos artículos, supresión del Rimse y su reemplazo por un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, y el establecimiento de un régimen impositivo temporal para los activos en el exterior.  En artículos anteriores ya hemos tratado este tema, cuyo objetivo central es ir reduciendo el déficit fiscal hasta eliminarlo en 2025.

La apertura de la economía al mundo, se lograría con la reforma comercial vía la celebración de Tratados o Acuerdos de Libre Comercio (TLC) con varios países. Ya se anunció la firma de uno con México, en Marzo de este año, que se celebraría por el interés del gobierno de entrar a la Alianza del Pacifico. El problema principal con este tratado es que las dos economías no son complementarias, pues México exporta algunos productos primarios similares (camarón, cacao, banano, mango y otras frutas) y, por otro lado, tiene una economía con mayor desarrollo industrial que provocaría impacto en sectores textil, calzado, vehículos, etc. Con Chile, el Senado ratificó un acuerdo comercial. En su reciente viaje a China, se firmó una nota de entendimiento para un TLC. Se aspira concretar otros con Rusia, EE.UU., Canadá, Corea del Sur y países centroamericanos. Los TLC buscan aumentar las exportaciones ecuatorianas, principalmente primarias, lo que puede implicar la reprimarización de la economía. Y el otro riesgo de estos tratados es que la apertura tendrá efectos sobre algunos sectores económicos del país.

Para que el sector privado se convierta en el motor de la economía, se requiere la vigencia plena del libre mercado y una reducción del tamaño del estado. Moreno comenzó a implementarla al decretar el ajuste mensual de los precios de los combustibles, en Marzo de 2020, que siguió vigente con Lasso pero debido al aumento constante de dichos precios decidió congelarlos. Además busca que, en el mercado monetario el costo del dinero se establezca en función de la oferta y demanda de dinero.

De acuerdo con el gobierno, el incremento de la competitividad externa se basa en la reducción de los costos empresariales. Un primer paso fue la reforma arancelaria, de agosto de 2021, que redujo los aranceles para insumos, materias primas y bienes finales, lo cual disminuyó el costo de importación de los primeros para los sectores productivos. Otro paso en esa dirección fue la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas, de diciembre de 2021, mediante decreto que establece la rebaja de 0.25% durante 2022 hasta dejarlo en 4%. A eso se agrega, el tratar de reducir las tasas de interés. Para ello, aprovechó la contrarreforma monetaria que llevó a cabo Moreno, con la ley de Defensa de la Dolarización, de Mayo de 2021, en la que se establece un cambio institucional en el BCE devolviendo su autonomía y estableciendo nueva gobernanza en lo monetario y financiero con dos organismos reguladores. La Junta de Política y Regulación Monetaria, y, la Junta de Política y Regulación Financiera.  Esta última modificó la forma de cálculo de las tasas de interés en base a una metodología elaborada por el BCE. El gobierno tiene la intención de reducir dichas tasas para reducir el costo financiero a las empresas. Este tema ya lo tratamos en un artículo anterior y en los siguientes continuaremos con las otras reformas estructurales que se están preparando para ser enviadas a la Asamblea como proyectos de ley.

Luis Rosero M.

Los hechos muestran que hay una crisis de seguridad interna en el país que se expresa en violencia, delincuencia y criminalidad en las principales ciudades del país, que tiene atemorizada a la población, provocada por algunas causas y, ante eso, es fundamental preguntarse ¿hay una política de seguridad interna y los medios e infraestructura para sostenerla y reducir la criminalidad y la delincuencia organizada para reducir la inseguridad ciudadana?

Entre las causas de la violencia y criminalidad están el desempleo, pobreza, hambre, inmigración, narcotráfico, etc. En Guayaquil, en el Enero de 2022, las muertes violentas se han triplicado en relación al mismo período del año anterior. A ello, hay que agregar que la semana pasada se registró una balacera en la Penitenciaría del Litoral que hizo recordar las masacres en las cárceles del país y, en particular, en Guayaquil y, por otro lado, el femicidio. Respecto a lo primero, el gobierno lo atribuye al narcotráfico por el incremento del sicariato. El femicidio, en cambio, está relacionado con el abuso en la relación de pareja, machismo, etc. Sin embargo, la criminalidad y la delincuencia no solo tiene origen en esa causa, tenemos que se registran asaltos, robos, etc.

En el programa Políticamente Correcto (30/01/2022), Saudia Levoyer planteó que el gobierno lleva 8 meses en el poder y, al parecer, por la crisis de la seguridad interna, recién va a diseñar una política en este campo y, por otro lado, que falta una efectiva contrainteligencia policial (quienes en el estado colaboran con los criminales). Al parecer, el gobierno está diseñando una estrategia de seguridad interna basada en la represión y prevención de la criminalidad utilizando la inteligencia policial para detectar a las bandas criminales y delincuenciales. También se prevé la coordinación con los gobiernos autónomos, específicamente los municipios.

Las primeras acciones del gobierno, a esa crisis de seguridad interna, fue enviar 1000 policías a Guayaquil, cambio en la Comandancia de la Policía y envío a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Respecto a este Mauro Andino, que participó en el programa señalado, señaló que la presunción de inocencia del policía e instrumentos para verificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ya están establecidos en la Constitución y COIP, o sea ya hay normas legales establecidas respecto a esos temas y dicho proyecto al parecer desconoce.

Pero un elemento clave, según los expertos, en la crisis de seguridad, es dotar a la policía del equipamiento técnico y operativo, logística, herramientas tecnológicas, capacitación para cumplir su labor, mantenimiento de sus equipos de seguridad y apoyo, salud y bienestar policial etc.

Respecto a lo primero, es muy importante el equipo de comunicación. En Septiembre de 2016, el Ministerio de Interior renovó un convenio con Motorola para la venta de equipos de comunicación e infraestructura para el funcionamiento de la Red Nacional Troncalizada que permitía, a nivel nacional, la conexión entre los miembros de la policía para cumplir con su tarea. Desconocemos si se renovó tal contrato. Si no fue así, habría problemas de comunicación entre los miembros policiales. También es importante de dotarla de un sistema de cámaras y drones para que realicen la vigilancia. En este punto, es básico contar con el acceso a las cámaras y comunicación con el servicio del 911 así como el sistema de vigilancia con cámaras del Municipio de Guayaquil. El equipo de apoyo como vehículos, repuestos, complementos y el mantenimiento son fundamentales para su tarea. Este Municipio entrega camionetas, pero al parecer después no hay recursos para mantenimiento, combustible, repuestos, etc. por lo que dificulta la tarea policial. Así mismo, se dota a los policías de chalecos, armas y balas pero no en cantidad suficiente, por lo que el personal corre riesgo. Finalmente, hay que proveer de vivienda fiscal (casas) para que el personal pueda vivir en la ciudad asignada y finalmente contar con servicios de salud que permita la atención médica, medicamentos y hospitalización. Con los problemas que tiene el ISSPOL, por sus inversiones fallidas en el mercado de valores, dicha atención tiene restricciones. Por ello, el gobierno tiene que asignar los recursos necesarios en el presupuesto para que se entregue todo lo necesario a la policía para que cumpla su labor.

Pero es fundamental que, haya control ciudadano, para que el equipamiento policial no se utilice, en las protestas sociales, como instrumento de represión letal y de ahí, que es muy importante, normar claramente el uso progresivo de la fuerza. Así mismo, debe haber control y vigilancia de la población para que tampoco se convierta en un instrumento de uso político. Es importante también la colaboración comunitaria para que el órgano policial cuente con la información de los delitos que se cometen en el barrio, se siga manteniendo e instalando el botón de pánico y exista coordinación de los barrios para enfrentar los delitos comunes. Así mismo, mientras no se pueda generar suficiente empleo, persista el hambre y la indigencia, habrá más delincuencia común, por ello es necesario una política de reactivación, sin afectar los derechos laborales, y, por otro lado, una política social para reducir la pobreza, el hambre y la indigencia. La crisis de seguridad debe ser una voz de alarma para las élites, pues si continua con su visión miope de explotar más y acumular sin medida va a seguir aumentando la concentración del ingreso y riqueza así como la desigualdad lo que es calda de cultivo para un estallido social. Una muestra de ello es lo que pasó en Chile con el modelo neoliberal y que terminó con la rebelión social y el triunfo de un gobierno de izquierda.