¿HAY UNA POLITICA DE SEGURIDAD INTERNA E INFRAESTRUCTURA PARA SOSTENERLA?

Luis Rosero M.

Los hechos muestran que hay una crisis de seguridad interna en el país que se expresa en violencia, delincuencia y criminalidad en las principales ciudades del país, que tiene atemorizada a la población, provocada por algunas causas y, ante eso, es fundamental preguntarse ¿hay una política de seguridad interna y los medios e infraestructura para sostenerla y reducir la criminalidad y la delincuencia organizada para reducir la inseguridad ciudadana?

Entre las causas de la violencia y criminalidad están el desempleo, pobreza, hambre, inmigración, narcotráfico, etc. En Guayaquil, en el Enero de 2022, las muertes violentas se han triplicado en relación al mismo período del año anterior. A ello, hay que agregar que la semana pasada se registró una balacera en la Penitenciaría del Litoral que hizo recordar las masacres en las cárceles del país y, en particular, en Guayaquil y, por otro lado, el femicidio. Respecto a lo primero, el gobierno lo atribuye al narcotráfico por el incremento del sicariato. El femicidio, en cambio, está relacionado con el abuso en la relación de pareja, machismo, etc. Sin embargo, la criminalidad y la delincuencia no solo tiene origen en esa causa, tenemos que se registran asaltos, robos, etc.

En el programa Políticamente Correcto (30/01/2022), Saudia Levoyer planteó que el gobierno lleva 8 meses en el poder y, al parecer, por la crisis de la seguridad interna, recién va a diseñar una política en este campo y, por otro lado, que falta una efectiva contrainteligencia policial (quienes en el estado colaboran con los criminales). Al parecer, el gobierno está diseñando una estrategia de seguridad interna basada en la represión y prevención de la criminalidad utilizando la inteligencia policial para detectar a las bandas criminales y delincuenciales. También se prevé la coordinación con los gobiernos autónomos, específicamente los municipios.

Las primeras acciones del gobierno, a esa crisis de seguridad interna, fue enviar 1000 policías a Guayaquil, cambio en la Comandancia de la Policía y envío a la Asamblea un proyecto de ley de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Respecto a este Mauro Andino, que participó en el programa señalado, señaló que la presunción de inocencia del policía e instrumentos para verificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ya están establecidos en la Constitución y COIP, o sea ya hay normas legales establecidas respecto a esos temas y dicho proyecto al parecer desconoce.

Pero un elemento clave, según los expertos, en la crisis de seguridad, es dotar a la policía del equipamiento técnico y operativo, logística, herramientas tecnológicas, capacitación para cumplir su labor, mantenimiento de sus equipos de seguridad y apoyo, salud y bienestar policial etc.

Respecto a lo primero, es muy importante el equipo de comunicación. En Septiembre de 2016, el Ministerio de Interior renovó un convenio con Motorola para la venta de equipos de comunicación e infraestructura para el funcionamiento de la Red Nacional Troncalizada que permitía, a nivel nacional, la conexión entre los miembros de la policía para cumplir con su tarea. Desconocemos si se renovó tal contrato. Si no fue así, habría problemas de comunicación entre los miembros policiales. También es importante de dotarla de un sistema de cámaras y drones para que realicen la vigilancia. En este punto, es básico contar con el acceso a las cámaras y comunicación con el servicio del 911 así como el sistema de vigilancia con cámaras del Municipio de Guayaquil. El equipo de apoyo como vehículos, repuestos, complementos y el mantenimiento son fundamentales para su tarea. Este Municipio entrega camionetas, pero al parecer después no hay recursos para mantenimiento, combustible, repuestos, etc. por lo que dificulta la tarea policial. Así mismo, se dota a los policías de chalecos, armas y balas pero no en cantidad suficiente, por lo que el personal corre riesgo. Finalmente, hay que proveer de vivienda fiscal (casas) para que el personal pueda vivir en la ciudad asignada y finalmente contar con servicios de salud que permita la atención médica, medicamentos y hospitalización. Con los problemas que tiene el ISSPOL, por sus inversiones fallidas en el mercado de valores, dicha atención tiene restricciones. Por ello, el gobierno tiene que asignar los recursos necesarios en el presupuesto para que se entregue todo lo necesario a la policía para que cumpla su labor.

Pero es fundamental que, haya control ciudadano, para que el equipamiento policial no se utilice, en las protestas sociales, como instrumento de represión letal y de ahí, que es muy importante, normar claramente el uso progresivo de la fuerza. Así mismo, debe haber control y vigilancia de la población para que tampoco se convierta en un instrumento de uso político. Es importante también la colaboración comunitaria para que el órgano policial cuente con la información de los delitos que se cometen en el barrio, se siga manteniendo e instalando el botón de pánico y exista coordinación de los barrios para enfrentar los delitos comunes. Así mismo, mientras no se pueda generar suficiente empleo, persista el hambre y la indigencia, habrá más delincuencia común, por ello es necesario una política de reactivación, sin afectar los derechos laborales, y, por otro lado, una política social para reducir la pobreza, el hambre y la indigencia. La crisis de seguridad debe ser una voz de alarma para las élites, pues si continua con su visión miope de explotar más y acumular sin medida va a seguir aumentando la concentración del ingreso y riqueza así como la desigualdad lo que es calda de cultivo para un estallido social. Una muestra de ello es lo que pasó en Chile con el modelo neoliberal y que terminó con la rebelión social y el triunfo de un gobierno de izquierda.

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