Luis Rosero M.

En la coyuntura actual, el país enfrenta una crisis institucional, reflejada en las decisiones inadecuadas de algunas funciones del estado e injerencia entre éstas; por otro lado, la inseguridad ciudadana continua y todavía sigue la ineficacia en la política social que incide en la calidad de vida de la población. Todo este conjunto de acciones e inacciones generan incertidumbre sobre el accionar del gobierno y rumbo del país.

En cuanto a la política social, terminó la segunda emergencia en el Ministerio de Salud sin resolver completamente el problema del desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, que resulta particularmente grave cuando no hay insumos para los que sufren de diabetes, los que requieren diálisis  y los que sufren de enfermedades catastróficas, más aún cuando se está agravando el contagio por la fiebre del mono; por otro lado, los sindicatos programan una movilización por la deuda del estado con el IESS. El gobierno firmó un acuerdo de pago, por un bajo monto, con este organismo y Solca anunció que no recibiría a nuevos pacientes por el no pago de la deuda del IESS. Además, los maestros jubilados realizaron un cacerolazo en Guayaquil por la no cancelación de la compensación jubilar, que revela el no cumplimiento del gobierno con sus proveedores y ex empleados públicos ya que aún tiene una deuda (atrasos) por 1600 millones de dólares.

Por otro lado, en el último reporte de Clik Report la población califica como mala la gestión: en un 74.1% la de Lasso, mientras que el 87.8% da el mismo calificativo a la Función Judicial y el 91.3% a la Asamblea Nacional (AN). ¿Por qué esta calificación? En el caso de esta última, por la falta de aprobación de leyes, el acuerdo de G. LLori con el gobierno por llegar a la Presidencia de la AN, su pobre accionar, etc. Mientras que, en lo relacionado a la Función Judicial, las decisiones controvertidas de los jueces abusando del habeas corpus y otros mecanismos que permitieron salir de la cárcel a ex funcionarios del Función Ejecutiva y delincuentes, además negar la posesión del Superintendente legalmente nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, etc. y, en lo que respecta al Ejecutivo, por su pobre y débil gestión, en su primer año de gobierno, reflejada en la ineficacia en la política social y de seguridad ciudadana, no atender a tiempo pedido de pequeños bananeros, productores de leche y otros grupos, no responder, a tiempo a demandas sociales, que llevó al paro indígena,  etc. A eso se suma, el accionar del principal consejero presidencial, que ha sido acusado por la dra. Elena Nájera, del consejo directivo del CNE, de tratar de imponerles un instructivo para elegir  a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y por lo que tiene una denuncia por presunto tráfico de influencias. Además, se reveló un audio en que él amenaza al Superintendente de Bancos nombrado por el CPC para que renuncie y, que la prensa, lo ha tildado de ministro de Gobierno paralelo. Aún más, la Asamblea posesionó al Superintendente de Bancos, sin  embargo el gobierno lo desconoció e impidió, con la fuerza pública, su ingreso a las oficinas de este organismo de control. La pregunta clave, ante estos hechos, es: ¿Estas acciones reflejarían que habría injerencia de la Función Ejecutiva en la Función Electoral, Legislativa y la del CPC así como el poder actúa tras bambalinas? Pero es la Corte Constitucional y de Justicia la que debe dar la repuesta. Pero aún más, es sorpresivo que el Presidente pidió archivar su denuncia contra 5 asambleístas de PK por concusión. Estos declararon que el retiro de esta denuncia es ajeno a la decisión de votar en contra del juicio político al Consejo de la Judicatura. Al buen entendedor, pocas palabras. La revelación de estas negociaciones llevó, entre otros intereses,  a que la AN diera paso dicho juicio.

Para complicar el panorama político del gobierno, el periodista Anderson Boscan denuncia que Fabian Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia, sugiere a Carola Ríos como Directora de la Aduana, ex empleada del grupo Eljuri y, señala además que sr. Gotifredi, experto aduanero, es socio de Pozo, en un estudio jurídico que asesora en temas aduaneros, y participó en una reunión con la Embajada de EE. UU. sin tener la categoría de funcionario público. Boscán señala que hay un claro conflicto de intereses y que habría una estructura delictiva en la SENAE- Más aún, la AN llama a declarar a Fabian Pozo por el nombramiento de Ríos.

Estos hechos muestran la debilidad y baja calidad de la democracia ecuatoriana. Reflejaría cómo actúa el poder ejecutivo mientras declara que respeta la independencia de las funciones del estado y lucha contra la corrupción. En consecuencia, hay incertidumbre sobre la legalidad sobre las actuaciones del Ejecutivo en relación a las otras funciones. Es fundamental para una mayor la democracia respetar la independencia de las funciones del Estado, el ejecutivo debe realizar una coordinación con las otras funciones,  mejorar la gestión pública, sobre todo en lo social, para que los recursos públicos mejoren la calidad de vida de la población, etc. Un paso adelante en la coordinación de funciones la dio la AN al solicitar al Ejecutivo, reuniones de coordinación entre dichas funciones.

En cuanto al sistema aduanero y financiero, es clave, para su buen funcionamiento respetar el principio de la debida diligencia y conflicto de intereses. El Gerente del Banco del Pacifico anunció hace poco que está lista la venta de dicha institución financiera. La Superintendencia de Bancos es el organismo que supervisa y controla a los intermediarios financieros -bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito- y, la Superintendencia de Compañias, a la que se nombró a su Superintendente, controla las compañías de seguros y el mercado de valores -en la que actúan casas de valores y otros actores bancarios y no bancarios. Sin duda, el conflicto de intereses es un tema fundamental en el sistema financiero que incluye a intermediarios bancarios, aseguradoras y los actores en el mercado de valores.

Luis Rosero M.

La calidad de la gestión pública es un importante indicador para medir la eficacia y capacidad de un gobierno para obtener los objetivos trazados en su plan de gobierno, a través de políticas públicas, e influye directamente en la calidad de vida de la población y, en consecuencia, en el bienestar general.

La calidad de vida de la población tiene varias dimensiones, entre ellas, la económica (empleo, ingresos, acceso a la canasta familiar, etc.), social (satisfacción de las necesidades básicas -salud, educación, vivienda-, cultura, entretenimiento, la seguridad, respeto a los derechos humanos, y tranquilidad ciudadana) y la dimensión ambiental (sanidad, calidad del medio ambiente, etc.).

Desde inicios de 2020, el mundo y nuestro país sufrieron los efectos del covid en la salud, economía, en lo social, etc. dejando una secuela de aumento del desempleo, subempleo, pobreza, hambre, etc. Ahora en 2022 no vemos inmerso en la invasión rusa a Ucrania que trajo efectos económicos (menor crecimiento e inflación) y sociales; ahora, desde la mitad del año, estamos con la epidemia de la viruela del mono. Todos estos fenómenos han deteriorado la calidad de vida de la población ecuatoriana.

Como consecuencia de dicha invasión, en 2022, se proyecta un menor crecimiento económico del país con sus efectos de desempleo, subempleo y aumento del sector informal y, por otro lado, una mayor tasa de inflación, a nivel mundial, que ha deteriorado la calidad de vida de la población. El Banco Central sigue manteniendo una proyección de crecimiento económico de 2.8%, pero laa Cepal lo sitúa por debajo de esa cifra; a Junio la tasa de desempleo fue de 4% pero el subempleo alcanzó 23.6% y el sector informal ya llega a 5 millones de personas. Si bien a Julio bajó la tasa de inflación anual a 3.8%, la canasta familiar básica aumentó a $ 754 dólares lo que implica encarecimiento del costo de vida y, en consecuencia, menor acceso a ella. El indicador que muestra como se deteriora el nivel de vida es el de pobreza que, a Diciembre de 2021, alcanzó 39.2% y la pobreza por ingreso, a Junio de 2022, llegó a 25%, o sea una cuarta parte de la población. La Cepal proyecta que, en 2022, ésta llegaría a 29.7%. Aún más, según el Programa Mundial de la ONU, 2.5 millones de ecuatorianos no comen o lo hacen solo una vez al día.

A más de eso, en lo que va del mes de Agosto, los problemas de seguridad ciudadana continúan. Las explosiones registradas en viviendas del Cristo del Consuelo y la Floresta, en Guayaquil, al parecer por ataques de traficantes, que se suman el aumento de los sicariatos generan -sobre todo en la zona 8: Guayaquil, Samborondón y Durán, más zozobra e incertidumbre en la seguridad ciudadana, a pesar de haber declarado estado de excepción en dicha zona. Es un reflejo de la ineficacia de la política de seguridad aplicada por el gobierno y que los expertos la califican como falta de voluntad política.

Por otro lado, si bien el gobierno ha iniciado una estrategia para abastecer de medicinas a los hospitales púbicos -como la externalización de la provisión de éstas en farmacias privadas-, La Hora  reportó que continúa la escasez de medicamentos. Lo más paradójico, es con el IESS que, a pesar de que los afiliados realizan sus aportes, tienen que comprar medicamentos debido a que sus hospitales están desabastecidos de éstos. El Comercio informó, además, que los jubilados del IESS acaban su pensión en tratamientos médicos. Más aún, el Ministerio de Finanza todavía acumula 1600 millones de dólares en atrasos. Ha firmado acuerdos de pago con los GADs por 132 millones, con el Ministerio de Salud se definió deuda de 100 millones y con el IESS se han transferido 140 millones con los cuales dicha institución ha cancelado deudas parciales con Solca e instituciones médicas. Todo lo anterior es un reflejo del deterioro de los servicios públicos Se reitera nuevamente que las prioridades en la política públicas no están precisamente en lo social, tal como lo prometió el nuevo ministro de Finanzas, a pesar de lo acordado con el movimiento indígena después del paro.

En síntesis, a más del deterioro de la calidad de vida de la población, por factores económicos, se suma lo social en lo referente a la seguridad ciudadana que, por la ineficacia de la estrategia de ésta, la sociedad está sumida en un estado de temor por los hechos de violencia -por narcotráfico o delincuencia común- e intranquilidad ciudadana que se siente indefensa y en estado de zozobra que ya está afectando su movilidad y salud mental.

Luis Rosero M.

La historia económica y social, en los últimos 55 años, de Argentina ha sido de recurrentes crisis que reflejan una lucha distributiva y una pobre clase política incapaz de generar estabilidad política y económica así como un modelo productivo, revelando sus profundos problemas estructurales, que conduzca al crecimiento económico sostenido y contribuya al bienestar de la población para reducir la pobreza y deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

En mi libro El fracaso de la convertibilidad y lecciones para la dolarización (U. de Guayaquil, segunda edición 2004) analizó como los gobiernos militares (1966-1981) aplicaron modelos neoliberales que fracasaron dejando graves desequilibrios macroeconómicos y mas pobreza; en el gobierno radical de Alfonsín (1983 – 07/1989) se desata la hiperinflación y la contracción económica mientras que el peronismo con Menen (07/1989 – 07/1999 ), con Cavallo, aplica la convertibilidad y logra controlar la hiperinflación y reactivar la economía pero el efecto tequila (1994) desequilibra la economía terminando su segundo período con una estanflación. Nuevamente el Radicalismo gana el poder (7/1999 -2001) que fracasa en lo económico y aplica el corralito en Diciembre de 2001 teniendo que renunciar por las protestas y cacerolazos. Hay un caos económico, en la que en una semana se nombran varios presidentes, para finalmente en Enero de 2002 se elige a Duhalde como Presidente que aplica varias medidas y elimina la convertibilidad. Retoma al poder el peronismo con el kirchnerismo (05/2003 -12/2015), la derecha alcanza el poder con Macri (2015/2019) que obtiene un crédito de 55000 millones de dólares y hubo un aumento de la pobreza al 33%. Finalmente, vuelve el peronismo, con A. Fernández (12/2019 – hasta la fecha).

A. Fernández llega al poder por C. Fernández (Vicepresidente), siendo un gobierno débil y toma decisiones tardíamente en lo económico y social. La disputa entre él y la Vicepresidente) debilita aún mas a su gobierno. Nombró a M. Guzmán como Ministro de Economía (12/2019 – 07/2022) que logró renegociar el acuerdo con el FMI firmado por Macri y aplicó varias medidas como un tipo de cambio múltiple, aumento de la RMI, incremento de tasas de interés para controlar la inflación, etc. Sin embargo, la economía, afectada por la pandemia del Covid de 2020-21, ya dese inicios de 2022 comenzó un periodo de depreciación cambiaria, presiones inflacionarias, salida de capitales, aumento de la pobreza, etc. Si bien se nombra a una Ministra de Economía pero renuncia y es reemplazada, en Agosto de 2022, por Sergio Mazza, un abogado dirigente de un partido minoritario de la coalición de gobierno, reestructurando el Ministerio de Economía, absorbiendo a varios ministerios entre ellos el de Energía y Agricultura, convirtiéndose en un Superministro.

El panorama económico, ya inicio del segundo semestre de 2022, muestra la gravedad de la crisis reflejado en una inflación anual, a Julio, de 71%, un dólar paralelo (blue) que alcanzó, el viernes 22 de Julio, 330 pesos, siendo el tipo de cambio oficial mayorista de 134 pesos (12/08/2022) mientras que el riesgo país llegó a 2935 puntos, la RMI solo estaban en 37000 millones de dólares, etc. A eso se suma, la deuda bruta tiene un nivel del 80.1% del PIB de la cual, la deuda externa pública representa el 31.5%,  y el desempleo 7% (IT 2022), el déficit fiscal primario fue, a Mayo de 2022, 162.411 millones de pesos,  hay dolarización en ciertos sectores de la economía, etc. En lo social, la crisis se refleja en la pobreza de 37.3% -16.8 millones bajo la línea de pobreza- (II semestre/2021) e indigencia 8.2%.

La depreciación constante del peso lleva al aumento de las expectativas de inflación y éstas a su vez conducen al aumento de precios de los productos de la canasta básica. Como consecuencia, crece el costo de ésta, a Junio de 2022, aumentó 4.6% o sea a 104.217 pesos (a tipo de cambio minorista 130.4) representa 799 dólares. Para poder ayudar a los mas pobres el gobierno otorga subsidios como a la energía (gas y electricidad), por cada hijo, etc.

En consecuencia, los principales problemas económicos que enfrentará el nuevo Ministro de Economía, son la depreciación, la inflación, el déficit fiscal y el pago de la deuda externa. Por lo que enfrentará los riesgos de un corrida cambiaria y financiera, la hiperinflación que deteriora el nivel de vida de la población, el pago de la deuda externa y reducir el desequilibrio fiscal. Por ello, buscaría asegurar el cumplimiento del convenio reformulado con el FMI que apunta a los dos últimos objetivos. Por lo tanto, sus primeras medidas, apuntan a reducir el déficit fiscal, entre ellas racionalización de subsidios -como lo exige el convenio con el FMI-, y aumentar las RMI para asegurar recursos para el pago de la deuda pública así como mantener la inclusión social para aplacar el descontento social que se expresan, ya desde el primer trimestre de 2022, en protestas de los movimientos sociales por el aumento de la inflación y el deterioro del nivel de vida.

Luis Rosero M.

Ayer fue investido cómo Presidente de Colombia, Gustavo Petro, que marca un cambio histórico, en la política de ese país, en el cual han sido los ejecutivos de derecha. Sin embargo, asume en condiciones triplemente adversas ya que enfrentará la fuerte oposición de los grupos económicos y de los partidos que representan esa tendencia, por el entorno económico internacional y nacional así como por la crisis social estructural que enfrente

En lo social, la violencia tiene más de medio siglo y sus raíces se relacionan con la concentración de la riqueza e ingreso. Como consecuencia surgió la guerrilla, luego los paramilitares y los carteles de la droga. En lo social, Colombia, con 48 millones, tiene una pobreza estructural cuyo nivel alcanzó en 2021, según la CEPAL, 36.3% y proyectó que, en 2022, alcanzaría 39.2% siendo el país en que más crecería la pobreza agudizada por la inflación, la invasión rusa a Ucrania, etc. Los lideres sociales luchan contra esta grave situación social, mientras que estado colombiano ha seguido una política sistemática de desaparición de éstos últimos. En el la novela gráfica El olvido que seremos, a partir del libro, del mismo nombre, su hijo cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, un médico de Medellín, un luchador social asesinado en Agosto de 1987, por defender derechos humanos en el contexto de la represión contra éstos y la deplorable situación social.

Petro, un ex guerrillero, gana y asciende al poder por la crítica situación social, por ser el depositario de la esperanza por mejores dìas y a la incorporación de Francia Márquez, como candidata a Vicepresidencia, líder social, luchadora por el medio ambiente, defensora de los derechos humanos, feminista y representante del pueblo afro. Dicha crisis dio lugar al estallido social del 5 de Mayo de 2021, cacerolazos y su represión por el gobierno de Duque, por la agudización de las criticas condiciones sociales del país, como el aumento de la pobreza y el hambre, el conflicto armado que ha generado miles de desplazados, concentración de la tierra, el accionar de los carteles, la desaparición de líderes sociales, la deplorable política social, etc. Por otro lado, la situación económica del país se ha agravado por la alta inflación que Julio alcanzó el 10.2%, influida por la depreciación continua del peso que, en Abril de 2018 se cotizaba en 2707 pesos por dólar y al 22 de Julio de 2022 alcanzó 4616 pesos, representando una depreciación del peso de 171% en ese periodo. A eso se suma, que la tasa de desempleo que a Junio de 2022 alcanzó 11.3% y el subempleo llegó a 8.4%. Además, el país registra un déficit fiscal y arrastra una deuda pública que equivale a la mitad del PIB.

Petro de manera inteligente negocio con varios partidos y buscó la unidad nacional y formó un gabinete equilibrado con un ministro de Hacienda experimentado, profesor de Columbia y ex director ejecutivo de la CEPAL y un ministro de relaciones exteriores con experiencia. Su programa de gobierno es muy ambicioso y pretende aplicar algunas reformas estructurales. Entre lo más relevante en cuanto a educación esta garantizar el acceso a los jóvenes a la educación pública y de calidad a nivel tecnológico y universitario; en salud, establecer un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago; en economía, dar un empleo con salario básico a quienes no puedan encontrarlo, garantizar un ingreso mínimo por arriba de la línea de pobreza, activar la reforma agraria establecida en los acuerdos de paz; en seguridad y conflicto buscaría reforma a las fuerzas armadas, pasar a la policía bajo el Ministerio del Interior o de Justicia, instaurar una política de protección a los lideres sociales. En su investidura planteó una reforma tributaria, para obtener recursos para su política social para mejorar la equidad y lograr la paz social gravando a los que mas tienen, reduciendo las exenciones tributarias y la evasión fiscal.

Un programa difícil de cumplir tanto por la adversa coyuntura económica internacional como nacional y, por otro lado, que enfrentará la fuerte oposición de la derecha para ejecutar sobre su política social que requiere de recursos con su reforma tributaria y los cambios en reformas en seguridad y conflicto. Los shocks externos como el fortalecimiento del dólar y debilitamiento del peso continuarán lo que aumentará la inflación y aumento del costo de la canasta básica que a Junio de 2022 alcanzó 751 dólares deteriorando las condiciones de vida. Por otro lado, la recesión en EE.UU que ya se inició así como la posibilidad que surja en la Unión Europea y la mundial que se pronostica en 2023 aumentará las dificultades en su sector externo y mercado de trabajo. A pesar de ser un país semi industrializado persistirá con su economía primario exportadora. La crítica situación continuará lo que requerirá una mayor afluencia de recursos para la política social. Las reformas en seguridad y conflicto, que buscan una paz duradera, serán muy complicadas por la tradicional doctrina conservadora de las fuerzas armadas y policía nacional.

Paradójicamente, la derecha frenará el programa de gobierno de Petro que llevará a más protestas sociales y no estará muy lejos de otro estallido social. Sólo éste podrá frenar la política de oposición de la derecha. Petro enfrenta una encrucijada pues tratará de mejorar las condiciones sociales pero las condiciones económicas adversas como dicha política limitarán su accionar y, más aún, corre el riesgo de que las fuerzas oscuras continúen manejando el estado para seguir con la política de represión y los grupos económicos, buscarán seguir manteniendo la concentración de la riqueza y del ingreso. En síntesis, el cambio de rumbo será difícil pero no imposible de lograr, pues un excombatiente conoce de tácticas y estrategias que le ayudaran a negociar para mejorar la equidad social a fin mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Luis Rosero M.

En el tercer artículo, sobre este tema, traté sobre el aspecto social. En éste me referiré a lo político y como esta variable influye en la gobernabilidad y en la percepción de la población sobre la capacidad y credibilidad, de la población, en el gobierno, y, cómo se ha complicado aún más la situación política que, en el contexto de la coyuntura económica internacional, ha derivado en complejizar el manejo de política económica.

El 13 de Junio de 2022 se inició el paro indígena que finalizó después de 18 días. En este período, el país estuvo semiparalizado y el gobierno se vio obligado a negociar las 10 demandas de la CONAIE para tratar de alcanzar cierto grado de gobernabilidad. Se llegó a un acuerdo, pero previamente el gobierno había bajado el precio de la gasolina extra, eco y diésel en 10%, declaró en emergencia al sector salud, decretó un subsidio a la urea de 50%, prometió la condonación de las deudas de hasta 3000 dólares, etc. Con el acuerdo, se redujó el precio de los tres combustibles en 15%, se suspendió el estado de excepción, etc. y establecieron mesas de negociación para condonar las deudas, restructuración y nuevos montos de crédito, la focalización de los combustibles, etc. Si bien, el paro dejó pérdidas de alrededor del 1% del PIB, vandalismo, represión expresada en 6 muertos y cientos de heridos, etc., el movimiento indígena logró lo que antes ninguna organización política había alcanzado y, sobre todo, obligó a ceder al gobierno para que atienda sus demandas. Para este movimiento es un éxito político y el gobierno sufrió un desgaste y caída en su credibilidad.

En las mesas de negociación, hasta el momento, se acordó y se cumplió con condonar deudas hasta 3000 dólares, restructuración y nuevos montos de crédito y se estableció la metodología para la focalización de los combustibles, que deberá entrar en vigencia en 90 días. A más de eso, la UNE, después de una protesta, con una resolución de la Corte Constitucional, logró que se ponga en vigencia la reforma a la Ley de Educación Bilingüe para la equiparación del sueldo de los maestros. Así, en la coyuntura, el gobierno debe cumplir con lo acordado con el movimiento indígena y maestros. Sin duda, esto significa asignar más recursos del presupuesto del estado para cumplir con estas demandas.

Ahora conocemos que, por mantener la austeridad fiscal, a toda costa, en un contexto de mayores ingresos públicos, y no considerar, en la política económica, los aspectos sociales y políticos, el Ministro de Finanzas, Cueva, se vio obligado a renunciar. El nuevo ministro, Arosemena, ofreció destinar recursos del presupuesto para cumplir con lo acordado con indígenas y, ahora tiene además la presión de los maestros. Esto obligará a una renegociación del acuerdo con el FMI.

Además, la coyuntura económica del país se complica por la tendencia, a nivel mundial, del aumento de la inflación e incremento de las tasas de interés, para frenarla, así como por la fortaleza del dólar y depreciación de las principales monedas latinoamericanas. En el país, en los dos últimos meses, la inflación ha aumentado, de manera importante, a lo que se agrega que se incluyó al país en una tendencia de mayor riesgo de pago de su deuda externa y, para complicar el panorama, los organismos internacionales prevén una contracción económica mundial en 2023, mientras que ya EE.UU. entró en una recesión técnica, en el segundo trimestre de 2022, además de que el propio FMI revisó a la baja la tasa de crecimiento de las principales economías industrializadas y de Latinoamérica.

La coyuntura política, dejó como resultado que el gobierno debe cumplir el acuerdo con el movimiento indígena y, ahora, con los maestros, que implica presión sobre el presupuesto del Estado. Más aún, con la nueva mayoría opositora en la Asamblea, se complica el aspecto político para el gobierno. La situación de la economía mundial complejiza el panorama y ahora se torna más difícil cumplir con las demandas sociales logradas por dichos grupos. Se avecina entonces, una desaceleración económica, en este año, mayor inflación, más desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal que desembocaría en mayor pobreza, miseria y hambre. Le toca al gobierno, de manera inteligente, cumplir con dichas demandas -so pena de nuevas protestas- y tratar de atenuar los efectos sociales de la desaceleración económica con subsidios, lo cual complica aún más el manejo económico.

Luis Rosero M.

En los dos primeros artículos, sobre este tema, tratamos el aspecto económico, en el presente analizaré lo social. La coyuntura que vivió el país, por el paro indígena, provocó una serie de cambios en el accionar del gobierno que solo fueron posible por la protesta social en las calles, la cual logró que se cumplan algunas de las demandas del movimiento indígena y necesarias para mantener la gobernabilidad.

La política social, principalmente salud y educación, fue muy pobre en el primer año de Lasso. En este período, dio más importancia al aspecto económico relegando la política social. El ex Ministro de Finanzas, Cueva, privilegió equilibrar las indicadores macroeconómicos, en especial el déficit fiscal. Tuvo éxito en alcanzar ese objetivo, basada en una reforma tributaria regresiva y aumento del precio del petróleo a más de la donación de 1000 millones en DEG por parte del FMI, pero el costo fue la protesta social que, liderada por el movimiento indígena, obligó al gobierno a sentarse a negociar las diez demandas de la CONAIE.

La prensa y los organismos internacionales reportan los problemas de la política de salud. El Universo publicó la declaración de un familiar de un usuario de un hospital público“Como juegan con la salud de un pobre, en más de dos años no conseguimos cita centro de salud para mi hermano que una sonda para orinar”, La Hora reporta que los ecuatorianos gastan más de 132 millones al año y  Unicef informa que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 2 años, si a eso le agregamos el desabastecimiento en hospitales públicos y del IEES, tenemos una idea de la gravedad de la política de salud. Ha pasado mas de un año para que el gobierno inicie la externalización de la provisión de medicinas en farmacias privadas de forma gratuita y recién el 21 de Julio el Ministerio de Salud suscribió 125 contratos para adquirir medicamentos en el marco de la declaración de emergencia del sector salud. Además, el IESS firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas para la entrega de 140 millones, lo cual sirvió para que el IESS le transfiera 22 millones a Solca. Esto muestra que solo la presión de la protesta social logró resultados. Si bien lo mejor que ha hecho este gobierno, en salud, es el plan de vacunación masiva anticovid, sin embargo hubo períodos en que se registró falta de vacunas infantiles para la prevención de la salud de los niños y la exMinistra de Salud enfrentaría una solicitud de juicio político en la que se alega la provisión de medicamentos con  una empresa privada a la que ARCSA ha suspendido temporalmente los Certificados de Buena Práctica de Manufactura a dos establecimientos de dicha empresa y no se realizaron los contratos de limpieza de hospitales públicos con las entidades de la economía popular y solidaria después de la pandemia. Aún más, hubieron algunas críticas, de parte de gremios profesionales, por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que fue del entorno de la ex Ministra.

Por otro lado, en la costa, se iniciaron las clases pero muchas escuelas y colegios públicos tenían problemas de infraestructura y de refacción de ésta y el gobierno sigue dando largas a la establecido en las reformas a la ley de Educación Intercultural sobre la equiparación salarial y la Corte Constitucional denegó los pedidos, según reporta El Comercio, “de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia respecto del dictamen 2-22-OP/22. Con lo que ratifica una vez más la ejecución de la equiparación salarial docente en un plazo de 90 días.”

La protesta social ha permitido que hasta el momento a más de declarar la emergencia en el sector salud, se rebaje 5% más el precio de la gasolina extra y eco a lo establecido por el gobierno, se dio un subsidio de 50% a la urea, etc. Y en las mesas de dialogo indígenas-gobierno ha logrado, hasta el momento, y que cuenta con la resolución de Junta Financiera, la refinanciación o restructuración de crédito en segmentos microcrédito, productivo pymes y educativo, y, por otro lado, se logró la condonación de crédito de hasta 3000 dólares y, en otra mesa de diálogo, se avanza en la focalización del subsidio a los combustibles.

El aspecto fundamental, en la política pública, es definir prioridades. La política social debe hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el derecho a la salud y la educación, entre otros. De que vale que mejoren los indicadores macroeconómicos, lo cual es adecuado pero no afectando el nivel de vida de la población, cuyo deterioro social se refleja en la elevación del costo de la canasta básica y en el subempleo, sector informal, pobreza, hambre y miseria. Lo que en la práctica funciona para los movimientos sociales para exigir una buena de política pública, en lo social, es la protesta social, lo cual demuestra que, una vez más, es el único lenguaje que entienden los gobiernos para cambiar de rumbo en la política pública, como ha sido en el caso de Chile, Colombia, Panamá, etc.

Luis Rosero M.

Las negociaciones del gobierno con el movimiento indígena -después del paro de 18- se iniciaron para tratar los puntos pendientes de las diez demandas de la CONAIE. En el artículo anterior tratamos principalmente sobre los costos del paro, seguiremos en el aspecto económico, en este artículo, sobre los riesgos a que corre el país por las nuevas tendencias en la economía mundial.

En efecto, al 14/07/2022, el riesgo país alcanzó 1562 que refleja el nivel crítico de la economía visto desde la perspectiva de los mercados financieros internacionales. Así, el cumplimiento de las demandas indígena, reduce el margen de maniobra del gobierno para manejar las finanzas ya que debe asignar recursos para éstas, dejando menos recursos para el pago de la deuda social, reactivar la economía y reducir los atrasos en pago a los proveedores. Arosemena, el nuevo ministro de Finanzas, señaló que su plan consta de 3 ejes: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y atrasos e impulsar la construcción pública. En la coyuntura económica, en el corto y mediano plazo, se presentan al menos 4 riesgos.

Primero, hay la posibilidad contracción económica. El Banco Central sigue manteniendo su estimación de crecimiento en 2.8% para 2022. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento para el I trimestre, de este año, fue 3.8 %, el paro indígena significó perdidas de alrededor de 1% del PIB lo que reduciría la tasa de crecimiento proyectada. Más aún ya se anuncia una posible recesión en EE.UU así como en Europa, para este año, y el FMI informó que no se puede descartar una recesión mundial para 2023, lo que implicaría para el país que continue la contracción económica en 2023.

Segundo, hay la probabilidad de no cumplir con la mayor asignación de recursos para el gasto social. El ministro tendrá para cumplir con su propuesta económica tiene que realizar un fino manejo de las finanzas. Lo cierto es qué si no asigna recursos para una política social fuerte y activa aumentaría el malestar social y habría un deterioro del nivel de bienestar de la población y, si este no es compensado con transferencias sociales, habrá una reducción del nivel de vida de la población.

Tercero, aunado a lo anterior, si la inflación sigue aumentando, como muestra la tendencia, el costo de la vida crecerá, deteriorando aun más las condiciones de vida de la población lo cual, sin una compensación social, conducirá a más pobreza, miseria y hambre resurgiendo nuevamente la protesta social.

Cuarto, el alto riesgo país preocupa por la percepción de riesgo de los mercados financieros internacionales referente al pago de la deuda externa del país. De acuerdo con un reporte de La hora: “Según el ranking de vulnerabilidad de la deuda soberana, que mide las posibilidades a corto plazo de que una economía no tenga suficiente dinero para pagar todas sus obligaciones, Ecuador está en el puesto 19. Solo por debajo de otras economías regionales como Argentina y El Salvador” Ya hay algunos países que ya están en posibilidad de default y según Reuters “el aumento de los costos de los préstamos, la inflación y la deuda avivan el temor a un colapso económico…La suma de los costos es llamativa…los  analistas calculan que hay 400 mil millones de dólares de deuda en riesgo. Argentina es el país más expuesto con 150 mil millones de dólares; le siguen Ecuador …con 40 mil millones…”

En fin, el gobierno está en la encrucijada de responder a tiempo a la evolución de estos indicadores. Si hay contracción económica se generará desempleo, subempleo y mayor sector informal; si no se asignan suficientes recursos para el gasto social y sigue aumentando la inflación habrá deterioro social y, en consecuencia, manifestaciones sociales y, en el mediano plazo, hay una tendencia a la no sostenibilidad de la deuda. El gobierno está al filo de la navaja,  pues si no hay recursos adecuados para lo social y, trata de frenar la inflación así como reactivar la economía tendrá que enfrentar nuevamente la protesta social y, el país, en el mediano plazo podría verse abocado a una renegociación de la deuda externa no solo público sino también privada.

Luis Rosero M.

Después de 18 días, del paro indígena, el gobierno se vio obligado a sentarse a negociar con la CONAIE, ejecutó un cambio en el gabinete y prometió un cambio de rumbo en la política económica -marcada por el FMI- y en la pobre política social. Hay que esperar la actuación en práctica para ver si el gobierno comprendió el mensaje de la protesta social.

El ministro de economía saliente -Simón Cueva- se preocupó de cumplir los condicionamientos del FMI, estipulados en el acuerdo, poniendo énfasis en la macroeconomía restringiendo los recursos para el área social. Su objetivo principal era reducir el déficit, que alcanzó. con una reforma tributaria regresiva, el aumento del precio del petróleo -por la invasión rusa a Ucrania- y una fuerte reducción a la inversión pública y de los gastos sociales. Los dos primeros, más la donación de mil millones en DEG del FMI, permitieron que se genere 2000 millones de ingresos públicos adicionales a más de los desembolsos de 1000 millones del FMI de las ultimas cuotas del crédito. Mientras que los gastos sociales fueron reducidos y la menor inversión pública afectaron la estabilidad social y la actividad económica. Un alto funcionario del FMI declaró que dichos recursos podían utilizarse para la inversión pública, sin embargo el ex ministro los retuvo. Por lo estipulado en el convenio con el FMI, comenzó a reconocer la deuda con el IESS y redujo los retrasos. Pero también obtuvo recursos a través de deuda externa que aumentó ésta generando un peso en el presupuesto y riesgos para su sostenibilidad. Firmó un acuerdo de pago de con el IESS por 140 millones y transfirió a los GAD algunos recursos. A la par la disminución de los gastos sociales que, con los efectos de la pandemia, agudizó la crisis social se manifestia en desempleo, subempleo, pobreza y hambre. La CONAIE lo que abanderó fue la crítica situación social que, como ya he señalado, tiene factores estructurales que la explican. Ya 5 organismos de la ONU, señalaron, que en 2021, al menos 56 millones de personas sufrieron hambre en A. Latina y el Caribe a más de que cada 4 de 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria. Y la crisis social ya lo reconocen los empresarios a decir de la nueva presidente del Comité Empresarial que declaró que una de las lecciones del paro indígena es que debemos preocuparnos mucho por lo social.

El gobierno fue obligado a sentarse a negociar con la CONAIE y cumplir parcialmente las 10 demandas sociales por esta organización. También agilizó el pedido, a la Conferencia Episcopal, de las mesas de diálogo para tratar las otras demandas -entre ellas la focalización de los combustibles y condonación de créditos- en un plazo de 90 días.

Varios fueron los costos del paro. El Banco Central (BCE) estima que alcanzaron 821 millones mientras que otros lo calculan en 1000 millones. Lo que implicaría un menor nivel de actividad de alrededor de 1% del PIB. A pesar de que la economía creció un 3.8% en el I Trimestre de este año, según el BCE, el crecimiento económico sería menor a lo estimado por esta entidad y aún más cuando el propio FMI señala la posibilidad de una recesión mundial en 2023. Sin embargo, en el I Semestre de este año se perdieron 300000 empleos, tendencia que seguirá como secuela del paro indígena. A más de eso, los niños indígenas que acompañaron a sus padres, estuvieron en la Universidad Central y atendidos por médicos de esta casa de estudio reportaron que la mayoría tenía desnutrición crónica, reflejo de un grave problema de salud pública del país. Si a eso le sumamos que la inflación anual, en Junio, alcanzó 4.23% y la canasta básica subió a 751 dólares que, en un año, se incrementó 52.77 dólares. En este marco, la Junta de Política y Regulación financiera estableció nuevas tasas de interés.

El cambio de gabinete fue obligado por la crisis política y social, agudizada por el paro indígena. Hubieron 4 cambios, en el Ministerio de Economía, Transporte, Vivienda y en la Educación Superior pero paradójicamente se aplazó y se nombró después de 4 días al nuevo titular de Salud, que es precisamente donde hay muchas carencias como la falta de medicinas y atención en los hospitales públicos. Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía, declaró que su prioridad va a ser el gasto social y la inversión pública. Declarado como el ¿¡tanque de pensamiento!? de la Fundación Ecuador Libre -de Lasso- es un economista liberal partidario de una economía de mercado sin restricciones. Tiene al frente muchos desafíos económicos, entre ellos, parar la tendencia al alza de la inflación, limitar el endeudamiento externo, asignar los recursos a la política social y movilizar la inversión pública. Los límites que tiene son los condicionamientos del FMI a la política económica renegociar las metas con el FMI para asignar más al gasto social y a la inversión pública. Si no hay cambio de rumbo en la política social volverá la protesta indígena -como ya lo anunció Lourdes Tiban, una de las lideresas del movimiento indígena-. Su pensamiento liberal lo obliga a seguir los lineamientos del FMI,  al que ya se acercó y a otros organismos multilaterales, pero si es pragmático buscará ciertos cambios. De ahí la interrogante ¿se impondrá su espíritu liberal o el pragmatismo? Lo cierto es que si no cambia la política económica y social tendremos nuevamente inestabilidad social, política y económica.

Luis Rosero M.

Después de haber superado la destitución del Presidente, tuvo que enfrentar la continuación del paro indígena y sentarse a negociar con la CONAIE, dejando claro las advertencias, lecciones y efectos en lo político, económico y social de la protesta. En el primer artículo tratamos algunos temas del segundo aspecto, en éste analizaré el primer tema.

Las principales advertencias que deja la protesta indígena son:

1.La Conaie había solicitado, hace más de un año, una serie peticiones y reunión con el gobierno para tratarlas pero éste no las tomo muy en cuenta hasta que el 13 de Junio la organización indígena declaró un paro nacional indígena con los resultados conocidos. Como ha sucedido con otras protestas, por ejemplo, el de los pequeños bananeros, lecheros y otros el gobierno tardó en considerar las peticiones de estos grupos y, en el primer caso, después de 5 protestas el gobierno acordó entregarle una subvención económicas y no cumplió, por eso este grupo plegó al paro con los indígenas. Lo que demuestra que el gobierno no atiende y da largas a las peticiones de los grupos y organizaciones indígenas hasta que se conviertan en protestas en las calle o carreteras. Lo mismo ocurrió con la CONAIE hasta que ésta, dado los efectos económicos y sociales del paro, llevó al gobierno a la mesa de negociaciones.

2. El gobierno no es capaz de tratar, negociar y llegar a un acuerdo con los conflictos sociales. O sea no procesa a tiempo y eficazmente la protesta social. No busca prevenirlo ni procesarlo en su momento sino cuando se agrava. Al parecer es un problema de gestión del conflicto pero, como ya hemos señalado, la solución a este pasa porque en los acuerdos se requieren recursos del estado y el Ministerio de Finanzas no suelta la plata.

3. Con el paro se confirma que la única forma de obligar a los gobiernos para, que atienda las peticiones de los grupos sociales y económicos, sentarse a negociar es mediante la protesta en las calles. En el caso de la CONAIE mostró, una vez más, la capacidad de movilización y de lucha para liderar la protesta a fin de obtener concesiones de los gobiernos, como ya lo mostró la protesta indígena de 2019.

4. Ni la más fuerte represión que causó 6 muertes y cientos de heridos, no fue capaz de detener la protesta indígena. Si bien hubo infiltrados en la lucha, se unieron a ésta otros grupos sociales, entre ellos estudiantes y organizaciones sociales.

Los más importantes efectos políticos del paro son:

1.El movimiento indígena logró su unificación y sus distintas organizaciones -a pesar de sus diferencias- apoyaron las 10 demandas de la CONAIE e incluso FENOCIN que no quería firmar el acuerdo fue obligado a hacerlo. Sin embargo, su brazo político: Pachakutik, no logra unidad después que éste apoyará a Guadalupe LLori, propuesta por Lasso, a la Presidencia de la Asamblea.

2.La CONAIE se consolida como una fuerza política que tiene proyecciones para disputar el poder ejecutivo como ocurrió en Bolivia y, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura, estará muy cerca de conquistarlo y obtener una mayor bancada en la Asamblea.

3. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, salió fortalecido como dirigente político y puede convertirse en la principal figura, del movimiento indígena, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura

4. El gobierno utilizó la represión para contener el conflicto, pero se vio obligado a negociar y ceder, en parte, a las 10 demandas sociales y económicas de la CONAIE, por los efectos económicos y sociales de la protesta, el desgaste que sufrió y el hartazgo de la población por las carencias y restricciones que tuvo que soportar.

5. Si bien superó la moción de destitución del Presidente, el gobierno salió debilitado con la protesta indígena, a tal punto que al siguiente día cumplió, en lo principal, con las exigencias inmediatas de la CONAIE y solicitó a la Iglesia, la mediadora, se convoque a la mesa a las negociaciones al movimiento indígena para tratar los otro puntos de sus demandas. Su falta de gestión del conflicto político y no obligar al Ministerio de Finanzas suelte los recursos para trasladarlos a la población se refleja en la caída de credibilidad del Presidente. Esto obligará al ejecutivo, a un cambio de gabinete, en lo político, social y económico. Por otro lado, la votación de dicha moción mostró que la oposición (correísmo y Pachakutik) tendrá fuerza legislativa para frenar el interés del gobierno de aprobar leyes para terminar de montar su proyecto económico de una economía de libre mercado.

Luis Rosero M.

Después de dos semanas de la protesta indígena, bloqueo de ciudades y carreteras, que ha agravado la crisis económica, social y política, se abrió la posibilidad de un diálogo indígenas-gobierno pero, para enturbiar más la coyuntura, UNES presentó, a la Asamblea, la petición de destitución del Presidente causando más inestabilidad política desembocando en una tensa calma hasta conocer la repuesta de la Asamblea y los resultados de una posible negociación entre el gobierno y los indígenas.

En la semana anterior, la violencia subió de tono de lado y lado. El gobierno aumentó el uso progresivo de la fuerza (más represión) que ha dejado ya 5 muertes y centenas de heridos. La protesta indígena elevó su tono con la muerte de un manifestante en el Puyo, el ataque a la Controlaría, la destrucción de camiones del ejército en San Antonio de Pichincha y la toma de dos gobernaciones en provincias de la Sierra. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik  acusó, por esta mayor violencia, a la infiltración de vándalos y la acción de grupos correistas. La apertura de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Jueves 23 de Junio, dio esperanza de un diálogo, pero después de estos hechos de violencia, el Viernes 24, el régimen acusó a Iza, líder de la protesta indígena y CONAIE, de golpista y aumentó la represión desalojando a los indígenas de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Santi fue más allá, declarando que si el gobierno no dialoga apoyaría la destitución del ejecutivo. Este día, el correísmo presentó, ante la Asamblea, aprovechando la coyuntura, un pedido de destitución del Presidente, que comenzó a tramitarse el Sábado 25. Al mediodía de éste hubo un encuentro entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno para un posible diálogo. En la tarde, de ese día, el Presidente envío al asesor jurídico de Presidencia para que lo defienda y presentar descargos ante dicha petición, previamente el ejecutivo derogó el decreto de excepción en las 6 provincias para atenuar el pedido de destitución. En definitiva, el Presidente está en una encrucijada: la resolución de la Asamblea sobre su destitución o el cumplimiento total o parcial de las demandas indígenas que implicaría un diálogo y negociación.

El desabastecimiento de productos agrícolas de la sierra, el aumento de sus precios, la falta de combustibles en algunas provincias de la sierra, la pérdida de leche, muerte de pollos en granjas, la paralización de industrias, el cierre de carreteras que ha impedido la exportación de flores (sierra), banano y camarón (costa) y otros de la amazonia ha causado un fuerte impacto en la población y empresas reflejado en un mayor costo de la canasta básica y reducción de la actividad económica que implica pérdidas económicas y reducción del empleo. La situación económica, política y social es ya insostenible, no puede seguir la paralización del país, ni la débil política social y la inestabilidad política so pena de un caos generalizado. A nivel externo, el riesgo país sigue subiendo más allá de los mil puntos reflejando la gravedad de la coyuntura social y política.

El gobierno se verá obligado a negociar con los indígenas. Su repuesta inicial fue aumento del bono de desarrollo humano de $ 50 a 55, condonación de créditos vencidos hasta 3000 dólares en Banecuador, subsidio del 50% del costo de la urea y declaración en emergencia de la salud. Ya en Mayo la inflación se situó en 3.38% la que subiría a más del 4% por la protesta indígena. La CONAIE considera insuficiente esta propuesta  e insiste en sus 10 demandas que, entre las principales, son reducción del precio de la gasolina super y ecopais, precios justos para productos del campo, aumentar el presupuesto para salud y educación, pago de la deuda al IESS, mejorar el empleo y no privatización. Posteriormente, el gobierno respondió con duplicar el presupuesto para la educación bilingüe y, después, ofreció con focalizar el subsidio de los combustibles a los sectores agrícolas. El domingo 26 de Junio, en cadena nacional, el Presidente anunció que bajaría en 10 centavos al galón de la gasolina extra, ecopais y diésel y más aún, como gesto para la negociación, que se compromete a cumplir con los 10 puntos de una manera realista.  Lo cierto es que tendrá que ceder a algunas de estas demandas para lograr paz social y cierta estabilidad política.

¿Por qué hemos llegado a esta crítica coyuntura económica, social y política? Uno, en lo social, lo más visible ha sido por falta de atención en los hospitales públicos y desabastecimiento de medicinas, los problemas de falta de adecuación de la infraestructura en escuelas y colegios fiscales, el impago de la deuda al IESS (de la que pago una parte); en lo económico, la poca importancia dada a los paros de los pequeños productores bananeros y de leche, que reclamaban por no respeto del precio oficial y ofrecer una subvención a los primeros que no cumplió, la repuesta inoportuna la los pedidos de la CONAIE realizadas meses atrás, la falta de empleo, etc. y, en lo social, una débil política social que no alcanza a atender los graves problemas de desnutrición infantil, pobreza, miseria y hambre de una buena parte de la población. La interrogante clave ¿es por la ineficacia en la gestión gubernamental o por continuar con una austeridad que no asigna presupuesto para estas demandas? Lo más paradójico es que el alza de los precios del petróleo ha generado recursos que se estiman en 1000 millones y, por otro lado, la reforma tributaria ha aumentado los ingresos fiscales más allá de lo proyectado. A más de eso, hay 1000 millones adicionales que el FMI donó en DEG al país. En medio de las protestas, el FMI ha autorizado la entrega de 1000 millones por el crédito después de pasar la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio Ampliado. Al parecer, las prioridades del Ministerio de Finanzas, son cumplir al pie de la letra los condicionamientos del FMI. Ha anunciado que se usaran los recursos del FMI para aumentar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, establece seguir con la austeridad fiscal buscando reducir contratos en el sector públicos y otros gastos relacionados con la burocracia. El aspecto fundamental son las prioridades del gobierno. Al parecer por atender lo económico, no se ocupa de las necesidad e inequidad social. El régimen, en la crítica coyuntura económica, social y política, está en una disyuntiva ¿O cambia de rumbo en la política social-económica o continuará la protesta social por varias vías? Mientras tanto seguirá la encrucijada y la tensa calma hasta que la Asamblea resuelva el pedido de destitución del Presidente y el régimen inicie la negociación con la CONAIE.