Después de haber perdonado – por más de 4000 mil millones en intereses y multas- por la remisión fiscal a las empresas, la aguda iliquidez fiscal ha conducido a una situación en que el gobierno le debe a todo el mundo. El poder aliviar el flujo de la caja fiscal depende crucialmente de la renegociación de la deuda externa, de nuevos ingresos y recortes fiscales y la evolución de la economía. Un empeoramiento de estas tres variables conducirá a una elevación de los retrasos del gobierno y una situación financiera insostenible.

En un artículo anterior señalé que, hasta Mayo de 2020,  los atrasos del gobierno con el IESS, GADs, proveedores y Banco Central alcanzaban 7.565 millones de dólares y la deuda interna llegó 13.991 millones de dólares. Desde Marzo, de este año, la iliquidez fiscal se agravó por la pandemia –con la consecuentemente casi paralización de la actividad económica-  que redujo los ingresos del gobierno. A tal punto que, según el Presidente, el déficit fiscal para 2020 se estima un 12% del PIB. El gobierno ha paliado, la iliquidez fiscal, con mayor endeudamiento externo –a tal punto que la deuda externa alcanza 41.564 millones de dólares- y atrasos.

El no haber realizado el ajuste a tiempo complicó aún más el escenario por lo que el gobierno comenzó a recortar la inversión pública y el tamaño del estado para reducir el gasto público. Los afectados fueron los sectores de salud, educación, la seguridad social y los GADs, lo que ha implicado sacrificar el bienestar social. El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa para abrir el camino a la renegociación de ésta. Como señalamos en otro artículo, el gobierno espera una reducción del capital, de los intereses y una ampliación del plazo. Para aliviar la iliquidez fiscal es crucial que la renegociación de la deuda externa sea exitosa para lo cual se requiere el visto bueno de los tenedores de 9 de los 10 bonos en renegociación y 66% en promedio de dichos bonos. El bono 10 tiene la condición que debe ser aprobado por el 75% para su reestructuración. En la primera semana de Agosto, de este año, se conocerá cual es la decisión de los tenedores. La renegociación tiene el apoyo del FMI que a cambio exigirá la aplicación de reformas estructurales: reforma laboral, reforma al Banco Central, mas reforma al sector público, privatización de empresas e instituciones públicas financieras y no financieras, etc.

A tal punto ha sido el nivel de iliquidez de la caja fiscal que los sueldos de los empleados públicos se  retrasó hasta un mes. Y aún más se les rebajó el 20% de sus sueldos, que son los que han pagado parte de la crisis. Al mes de Julio de 2020 tal ha sido el ahogo fiscal que el gobierno decretó el pago anticipado del Impuesto a la Renta del año 2020 a las grandes empresas. Es conocido que los sectores que más han ganado, con la pandemia, han sido los sectores de comercialización de bienes de la canasta básica –supermercados y comisariatos- la banca y de salud. Ya declararon los dirigentes de las Cámaras Empresariales que se oponen a dicho decreto. No es nuevo impuesto, sino un adelanto de del Impuesto a la Renta. Si apoyaron, en cambio, la remisión fiscal que los beneficio.

En cuanto a la evolución económica, ya el FMI proyectó una contracción de la economía de 10.9% para el 2020 con lo cual además del grave problema social del desempleo, pobreza y hambre el gobierno seguirá con ingresos tributarios disminuidos, por lo que el gobierno ha puesto su mira en la renegociación de la deuda externa que permitirá reducir el pago del servicio de la deuda –capital e intereses- que posibilitaría liberar recursos para otros sectores. ¿Cuál será la prioridad de gasto –en este escenario- del gobierno? La crisis económica continuará y podrá atenuarse si se produce una vacuna para el COVID, como ya lo han señalado organismos internacionales. Por otro lado, dado el desempleo formal, por los despidos en la pandemia, ha llevado que se acumulen deudas bancarias, comerciales e hipotecarias que aumentaría la morosidad en el sistema financiero que podría aumentar su riesgo de liquidez y de otros tipos de riesgo.

En síntesis, la ilíquidez de la caja fiscal podría atenuarse si hay una exitosa renegociación de la deuda externa, mientras que el riesgo de liquidez del sistema financiero privado y público –BIESS y CFN- puede disminuirse con adecuadas medidas pero lo difícil será combatir el hambre que- si no se toman medidas a tiempo- puede desencadenar en una explosión social –al modo chileno- con graves consecuencias para la sociedad ecuatoriana.

Luis Rosero M.

A los diferentes casos de corrupción, ya señalados en artículo anterior, se suma ahora el robo de las ayudas públicas (bonos sociales) en tanto que a los empleados públicos no se les pagan sus remuneraciones a tiempo, al igual que a los médicos postgraduados, a los GADs y a los proveedores. Esto muestra las prioridades que tiene el gobierno en cuanto al manejo del presupuesto y crisis.

En un artículo anterior, sobre el tema de la corrupción, dije: “A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas, asesores de éstos, jueces, deportistas, etc. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley.”  Además ahora se han cobrado por falsos beneficiarios las ayudas públicas, principalmente los bonos de desarrollo humano, bono de desarrollo humano para la extrema pobreza y bonos para discapacitados. El Universo reporta “El monto a recuperar ascendió a $ 872.200 y, en el 2019 se calculó en 900.279 y la de este año suman casi $ 2 millones, dinero que no llego a los beneficiarios”. En este nuevo caso de corrupción están acusados funcionarios públicos y de instituciones financieros. Es increíble el nivel de corrupción que se ha llegado, el robo de la ayuda social a pobres y discapacitados rebasa el límite de la moral y ética de, al parecer, una banda bien organizada que muestra el grado de miseria humana. Son unos miserables.

Por otro lado, a los empleados públicos no se les paga todavía el sueldo de Junio, o sea casi un mes de atraso, y, más aún, médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos no se les paga desde Octubre del año pasado, según Televistazo. A los GADs se les adeuda sus asignaciones y devolución del IVA mientras que los proveedores siguen esperando se les pague y ahora el gobierno ofrece cubrir sus obligaciones con bonos. Según El Comercio, hasta mayo de este año, los atrasos suman 2.153 millones a los que se agrega la deuda al IESS, que a Julio de 2020, ascendía a 1.336 millones (solo de este año) y al Banco Central por $ 4.076 millones todo lo cual suma $ 7.565 millones. Esto ha provocado que aumente la deuda interna a 13.991 millones de dólares.

Si bien es cierto que, con la pandemia, bajaron los ingresos tributarios, el gobierno ha compensado esta caída con más deuda externa e interna, pero es claro que en el manejo de la política de gasto ha priorizado el pago de la deuda externa. Sin embargo, con la renegociación del 40% de esta se suspendió el pago de la misma hasta que ésta termine,  resulta explicable que no pueda pagar a los empleados públicos, porque se sigue pagando la deuda externa correspondiente a organismos internacionales y de gobierno a gobierno.

Es claro que hay una iliquidez de la caja fiscal pero también que la prioridad es el pago de la deuda externa siendo afectados los empleados públicos que además que no les paga a tiempo sufrieron un recorte del 25% de sus sueldos y ahora también están impagos los médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos que son parte de la primera línea en la lucha contra la pandemia. Ellos son los que están pagando parte del costo de la crisis así como los empleados y trabajadores privados que han sido despedidos. El IESS reporta que entre marzo y junio, de este año, se desafiliaron 270.638. Y, al parecer, se vienen más impactos financieros y económicos pues ya se anuncia un cambio en el sistema de fijación de las tasas de interés, que podría implicar la liberalización de éstas.

Luis Rosero M.

Por efectos de la crisis económica que se venía arrastrando desde 2019 y por el coronavirus en el 2020 habrá, según estimaciones de organismos internacionales y el Banco Central una fortísima contracción de la economía que implicará una gravísima crisis social con el aumento exponencial de la indigencia y el hambre.

En efecto, el FMI prevé una caída de -10.9% del PIB, mientras que el Banco Mundial predijo sólo de -7.4%, por otro lado, la CEPAL proyecta un -9%, en tanto que el Banco Central estima una contracción entre -7.3 (escenario optimista) y -9.6% (escenario pesimista). El año pasado, el FMI, proyectó una contracción de -0.5%, lo que implica que la crisis económica viene desde 2019, la cual se agrava en el presente año por la pandemia. En la crisis bancaria de 1999 la caída de la economía fue de 4.7%, en 2020 sería más del doble lo que implica una contracción brutal de la economía.

El informe de Cuentas Nacionales, del Banco Central, establece que en el I Trimestre de 2020 se contrajo -2.4%. El factor que aportó positivamente al crecimiento  fueron las exportaciones que, paradójicamente, crecieron (3.6%), mientras los que los rubros que influyeron en la contracción fueron la inversión (-6%), los gastos de consumo del gobierno (-5%) y el consumo de los hogares (-0.6%). El I trimestre de este año no registra el mayor impacto de la pandemia. La paralización de las actividades económicas comenzó el 17 de Marzo con lo que podríamos deducir que la contracción en dicho trimestre se debe a la crisis económica que se venía arrastrando. El impacto más fuerte en el PIB, por la pandemia, se da en el II Trimestre, principalmente por la paralización de las principales actividades económicas, y, contribuyó a la contracción, el Ministerio de Finanzas, en el primer semestre de 2020, buscando reducir el déficit fiscal, al cortar el gasto corriente en 815 millones de dólares entre los que están el gasto de personal (- 182 millones), de bienes y servicios (- 277 millones) y gastos permanentes (- 280 millones). En el segundo trimestre (Abril – Junio) la contracción de la economía sería al menos de 6%. Otro dato confirma la crisis en este periodo, pues la inflación en Junio de 2020 fue negativa en -0.62%, lo que implicaría el fenómeno de la deflación que, entre otros indicadores, implica una contracción de la demanda agregada como ya la reflejan los datos del consumo de familias, gobierno e inversión en el I trimestre de 2020.

El impacto social de la crisis económica que se venía arrastrando como de la pandemia fue principalmente en empleo. En efecto, el IESS reportó que entre marzo y junio se desafiliaron 270.638 trabajadores y empleados. En marzo salieron 18.586, lo que confirma mi hipótesis de que el mayor impacto de la pandemia será en el segundo y tercer trimestre. En efecto, las cifras lo confirman, pues en abril se desafiliaron 111.700 y en mayo 109.822. Estas cifras reflejan los despidos realizaron las empresas que paralizaron las actividades o quebraron en esos meses, lo cual aumentó el desempleo y subempleo. Pero esto corresponde al empleo formal. Sin embargo, hay que incluir en la problemática del mercado de trabajo, al sector informal, que incluye entre otros a los de venta callejera, microempresarios, artesanos, etc., sumando más de un millón de personas. La pérdida de ingresos tanto de los trabajadores formales e informales, por la pandemia, a partir del II trimestre, generó una terrible crisis familiar pues al no recibir sus sueldos o salarios no tenían para alimentar a sus familias, además del pago de los servicios básico –que paradójicamente aumentaron sus tarifas- y las deudas que ahogaron sus finanzas. Esta crítica situación de desempleo y subempleo llevó al aumento del trabajo infantil. Ya lo habíamos señalado en un artículo anterior al señalar: “Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.”

Otro efecto social, de la crisis económica y de la pandemia, es el aumento de la pobreza. En efecto, el último dato oficial de esta variable es de diciembre de 2019. No se han publicado las cifras oficiales de empleo, desempleo y sector informal de 2020 así como las de indigencia y hambre, pero por las cifras que hemos dado antes, es de suponer un fortísimo crecimiento, por lo que a partir del segundo semestre de este año, ya se hace visible el hambre y, en consecuencia, el aumento de la violencia, la delincuencia y el crimen que, en parte, se origina en la necesidad de la subsistencia en esta gravísima crisis económica y social.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un preacuerdo para la renegociación de una parte de la deuda externa, que cuenta con el respaldo del FMI y da visos del camino que tomará el gobierno en la política económica y social que implicará la adopción de nuevas reformas estructurales según las exigencias del organismo internacional en el nuevo convenio.

La deuda externa del país es con los organismos multilaterales, con el club de París (deuda de gobierno a gobierno) y con el sector privado. Con estos últimos, el país debía pagar 2000 millones en 2020 y otros pagos del servicio de la deuda fuertes hasta el 2024.  El preacuerdo de la renegociación es por un monto de 17.375 millones, que implica una quita de 1.500, una reducción de las tasas de interés que estaban entre 7.7 a 10.7% a un promedio de 5.3% y ampliación del plazo, en promedio, de 6 a 12 años, con 5 años de período de gracia para el capital y dos para los intereses. El bufete jurídico White & Case, que maneja la renegociación del grupo Ad hoc que posee alrededor del 45% de los bonos ecuatorianos manifestó su apoyo al preacuerdo y espera que la mayoría de los tenedores los respalden. Sin embargo, ya dos grupos de tenedores de bonos ecuatorianos plantearon que se deberían mejorar las condiciones de la renegociación, lo que implicará que no es seguro todavía los términos en que anunció el gobierno la reestructuración. Por otro lado, el FMI manifestó su respaldo al preacuerdo y espera que se concrete con todos los tenedores.

Si bien el gobierno contrato a dos firmas que están trabajando en la renegociación de la deuda externa argentina, sin embargo la posición del gobierno gaucho es más ventajosa. Ha cambiado 3 veces el plazo de la renegociación, ha caído en default en parte de su deuda pero ha variado su oferta de negociación pero en la última y definitiva oferta ha propuesto un valor neto promedio de los bonos de 53.3% (lo que implica una quita de 46.7% en el capital, con un interés de 3 a 5% y un período de gracia de un año. La diferencia es que la deuda argentina, en negociación, es de 65000 millones de dólares y el principal inversor que lidera la renegociación por los tenedores es Black Rock, el mismo que tiene el Ecuador, entre otros. Es claro que el gobierno gaucho está negociando su deuda en función de los intereses nacionales y ha preferido caer el default de parte de su deuda externa, o sea no pagar, hasta que se llegue a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de deuda externa.

La deuda externa del Ecuador es de 41564 millones de dólares, de la cual este gobierno la ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares. El gobierno realizó algunas operaciones de crédito con figuras financieras, entre ellas repos, que implicó garantía de oro de la RMI y de bonos soberanos. Por otro lado, dio prioridad al pago de la deuda externa, tal es así que pago atrasado los sueldos de los servidores públicos a los que debe 300 millones, tiene deuda con los GADs de más de 900 millones, la deuda con el Banco Central creció de 2915 a 4076 millones, le debe más de 2201 millones a los institutos de seguridad social y a los proveedores 200 millones. En suma los atrasos, a Julio de este año, suman 3131 millones.

El preacuerdo da un alivio temporal a la caja fiscal ya que, con el período de gracia para el capital e intereses, no tendrá que pagar estos de manera inmediata, con lo que podría cambiar, en algo, los atrasos. Sin embargo, hay que considerar que el preacuerdo anunciado representa solo el 41% de la deuda externa y solo es la contraída con el sector privado. El país tendrá que seguir pagando la deuda multilateral, la del Club de París y con China. El Ministro de Finanzas dice que debemos seguir endeudándonos para salir del bache. Consecuentemente, seguirán los atrasos y se seguiría priorizando el pago de la deuda aunque en otras condiciones. Con el decreto que autorizó la concesión de la refinería de Esmeraldas, ya se puede advertir el camino a seguir por el gobierno. Ya es claro que se éste ya cumple la condicionalidad del FMI con el nuevo acuerdo crediticio que implicará reformas estructurales entre las que podrían estar la profundización de la reforma laboral, un mayor recorte del estado, la privatización del IESS y BIESS, devolver la autonomía al Banco Central con la reinstalación de un directorio que manejará la política monetaria. Además recordemos que hasta mitad de este mes se aprobará el veto al proyecto de ley de Finanzas Públicas, que obliga a todos los integrantes del sector público a someterse a estrictas medidas del manejo del gasto y pone límites a fin de llegar a una superávit primario que pueda permitir salir de la tendencia al déficit fiscal y pagar la deuda externa.