Luis Rosero M.

El descubrimiento de nuevos casos de corrupción, en otras áreas gubernamentales, el creciente aumento de la deuda externa y la mayor iliquidez fiscal, que no permite paga a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y sueldos, agrava el escenario de la crisis social, económica, humanitaria y social.

A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas,  ,asesores de éstos, jueces, deportistas, etc.. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley. Aunque la versión oficial lo ha negado, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Para agravar, aún más, la situación del deterioro ético, moral, social, etc. se ha denuncia también reparto de becas internacionales entre familiares, amigos y ex funcionarios del régimen.

El manejo de la política económica refleja las prioridades y los sectores a los que afecta. También es fundamental, en la toma de medidas el prever los efectos, el liderazgo y el actuar a tiempo como lo exige la coyuntura. Para la mayoría es claro que el gobierno fue aplazando el ajuste, así como no se actuó a tiempo contra la pandemia, lo cual tiene sus costos. Con la pandemia, que agravó la crisis económica-social-humanitaria, lo primero ahora, al aplicarse el ajuste justo con la pandemia, tiene elevados costos sociales –en términos de desempleo, subempleo, pobreza y caída del nivel de vida-. La paralización de la actividad económica –por el coronavirus- condujo a una caída de los ingresos tributarios, que ahonda el déficit fiscal, que buscan ser cubiertos con más deuda externa e interna y más impuestos. Lo preocupante es el aumento de la deuda externa. Según reporta El País la deuda deuda externa ha crecido en 6000 millones de dólares solo en 5 meses. Pero además ha aumentado la deuda interna. Así, por ejemplo, la deuda del Ministerio de Finanzas pasó de 2915 a 4076 millones de dólares. No se puede obtener las cifras oficiales de la deuda, pero este endeudamiento agresivo pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda externa. El mayor pago del servicio de la deuda deja menos espacios para otros rubros del presupuesto e implicará, en el futuro, aumentar impuestos para poder cubrirla. Está claro que la primera prioridad del gobierno es pagar la deuda externa, lo que ha llevado a aumentar la iliquidez de la caja fiscal.

Esto ha llevado que los atrasos del sector público aumenten hasta tal punto que, a principios del segundo semestre de este año, llegan a 3131 millones de dólares. Entre los principales afectados están los Institutos de Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, proveedores y empleados del sector públicos. A los primeros de adeuda 1300 millones, lo que ha implicado problemas en el pago de pensiones del ISSFA y ponga en riesgo el cubrir las del IESS. A los GADs se les adeuda 984 millones por el IVA, que ha llevado a una marcha de protesta de alcaldes de algunas ciudades del país que denuncian problemas para seguir prestando sus servicios. Hay atrasos en salarios a los servicios públicos por 300 millones, a los proveedores se les adeuda 200 millones y para agravar el panorama se deben aún 588 millones de intereses de la deuda.

En síntesis, hay un escenario muy complicado tanto en lo económico, social y humanitario. A más de la crisis moral y ética, por los actos de corrupción en las distintas esferas del sector público, hemos reiterado, en varios artículos que, por esta triple crisis, ha aparecido el hambre y, en consecuencia, la violencia que se refleja en el aumento de la delincuencia. Por otro lado, al paralizarse la actividad económica, con quiebre de empresas, hubo cerca de 200.000 desempleados que ahora tienen que pagar sus deudas y que no pueden cubrirlas. Pero aún más, el millón o más de informales, que no tuvieron ingresos en la pandemia, agravan la crisis humanitaria. El Banco Central, en su proyección, estima que el PIB se contraerá en 2020 entre el 6% y 10%, lo que refleja la magnitud de esta triple crisis.

Los informes de algunas instituciones señalan problemas en la sustentabilidad financiera del IESS y apuntan a un déficit actuarial que de no enfrentarse podrían llevar, en el futuro, al riesgo de que no puedan seguirse pagando las pensiones a los jubilados y no cubrir algunos de los servicios de salud que presta el IESS a sus afiliados y familiares. En este artículo, analizó que propone el gobierno para enfrentar el pago de ciertos beneficios para los jubilados con los ingresos del fondo de pensiones  y cubrir los servicios de salud a familiares de los jubilados  con recursos fondo de salud.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el descuento de 2.76% a las pensiones de los jubilados y pensionistas, en Diciembre de 2019,  que financiaban el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, parcialmente la decimotercera y decimocuarta pensiones, auxilio de funerales y urgió a que se busquen otras alternativas de financiamiento. Con este propósito,  el Presidente del Directorio del IESS, planteó que podrían incrementarse los aportes de los afiliados. Con dos opciones. La primera una tasa prima nivelada que consistiría en una prima fija del 1,10% cada cinco años, desde el año 2021 hasta el 2058. La segunda, una prima escalonada que implicaría aumentar su porcentaje con incrementos cada quinquenio, con lo cual la prima empieza en 0,5% en el año 2021 y subirá hasta llegar al 1,96% en el 2058. Según el funcionario, en cualquiera de las dos opciones, se financiaría el pago de los décimos tercer y cuarto sueldo de los jubilados y se crearía un fondo de ahorro. También ha planteado cobrar los servicios de salud que se prestan a los familiares de los afiliados.

Recordemos que por decreto el gobierno decidió recortar la jornada laboral de los empleados públicos, lo cual implica una reducción de sus sueldos en un 25%, pero a pesar de que la jornada laboral pasa de 40 a 30 horas semanales se les obliga a dichos servidores que su aporte al IESS sea sobre 40 horas, algo que podría ser inconstitucional. Así, si un empleado SP gana, con 160 horas mensuales,  1676 dólares tendría que aportar al IESS $ 191,90 con lo cual su ingreso neto sería 1484.10 que ahora, según el Ministerio de Trabajo, debería descontársele 16.66% con el decreto, con lo que su ingreso ahora sería al mes $ 1.396,78 con lo cual aportaría al IESS $ 159.93. Según dicho Ministerio de Trabajo, con el descuento señalado, ahora el sueldo reducido sería $ 1.396,78 y continuara aportando lo mismo esto es 191,90, lo que implica una diferencia en contra del empleado público de de $ 31,97. Le estarían descontado demás este último valor. Por hipótesis, este valor sería una fuente de financiamiento para el pago de la décima tercera y cuarta remuneraciones a los jubilados y déficit actuarial del IESS.

Con dicho decreto, en la práctica, les reduce el sueldo a los empleados públicos y además les hace pagar un aporte al seguro social con el sueldo anterior y ahora, el Presidente del Directorio del IESS, plantea un incremento del aporte personal tanto para los empleados públicos y privados. O sea, el empleado público sale afectado por su reducción de sueldo, por un aporte mayor al IESS con un sueldo reducido y, por otra parte, debería pagar, en el futuro, un aporte personal mayor, por lo propuesto por el Presidente del Directorio del IESS

El Presidente de la República declaró que el déficit fiscal (del gobierno central + empresas públicas + seguridad social), en 2020, sería 12% del PIB. Con lo cual resulta que éste se financiaría con reducción del sueldo de los empleados públicos (18.57%) y el déficit actuarial con un aporte al IESS mayor, del debido, de los empleados públicos, y un aumento del aporte personal mayor tanto de los empleados públicos y privados. Con lo que resulta que el peso de la crisis (déficit fiscal) terminando recayendo principalmente sobre los empleados públicos y, en menor proporción, sobre los empleados privados. Y aprovechando la pandemia, se privatizarían los hospitales de los institutos de seguridad social, ya que están acosados por la corrupción. Antes se habían aumentado ciertos impuestos y se crearon otros. Está claro quién paga el costo de la crisis.

Luis Rosero M.

La pandemia, el desempleo, la reducción de sueldos  y despido de empleados públicos, el crecimiento del sector informal urbano, aumento de la pobreza, de la pobreza extrema e indigencia, expresan la gravedad de la crisis económica, social, sanitaria y humanitaria en el país, que ha reducido fuertemente el nivel de vida de la población y ya aparecen los signos del hambre que desatará más violencia. A eso se suma la plaga de la corrupción y aumento de las tarifas de servicios públicos y más inflación que conducen a mayor  asfixia de la mayoría de ecuatorianos.

El país venía arrastrando una crisis económica, expresada en la contracción de la economía en 2019, que se agravó con la pandemia que obligó al confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica que llevó, excepto  supermercados y empresas de salud, a una fuerte disminución de las ventas y por ende de los ingresos empresariales. Ya han pasado más de 80 días del confinamiento, levantado gradualmente, lo que ha generado despidos. El propio Ministro de Trabajo declaró que se habían despedido 173.000 trabajadores, 10% alegando fuerza mayor, y, en esta semana, se reporta 7000 despidos más. Ya se revelan datos de quiebres de muchas empresas sobre todo pequeñas y microempresas, sobre todo en Guayaquil y Quito, que agrava la situación del empleo. Por otro lado, el aumento del sector informal, al no poder vender los trabajadores informales, sus productos y servicios, condujo a un aumento del desempleo informal que ya suma más de un millón de personas. Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.

A eso se suma, el despido de empleados públicos por la eliminación de los contratos temporales, de aquellos que tienen nombramiento provisional y ahora incluso los de nombramiento definitivo. Aún más, con la política de reducción del tamaño del estado, la fusión, absorción y eliminación de entidades y empresas públicas, se van a despedir miles de empleados, con que tendríamos un mayor nivel de desempleo a nivel nacional. Según Miguel García, Presidente de la Federación de Servidores Públicos, el tamaño de la burocracia llegó a 610.000 en el gobierno anterior. Además señaló que, en el gobierno actual, hay 75.000 de servicios ocasionales, 70.000 con nombramientos provisionales y 5.000 en proyectos. Según él, se han despedido 30.000 en 2019 y en 2020 señaló que se desenrolaría a 160.000 burócratas. En total, tendríamos, según estos datos, 340.000 empleados privados y públicos más en desempleo, lo que se refleja en la desafiliación al IESS, que complica aún más la crisis de la seguridad social. En una noticia de Televistazo se informó que  “Según la Mesa de Estudios, con base en una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 500.000 personas podrían quedarse sin empleo formal, lo que significaría mantener una tasa de desempleo de alrededor del 10%.“ A más de eso, por decreto se rebajó en 25% el ingreso de los empleados públicos, al reducir en 2 horas diarias en su jornada laboral.

Para agravar el escenario, las denuncias de corrupción por sobreprecios en insumos médicos, aprovechando la emergencia sanitaria, abarcan hospitales públicos y del IESS, Consejo Provincial del Guayas, Municipio de Quito, asambleístas, etc. reflejan que la corrupción abarca a todos los niveles de gobierno, que muestran la avaricia, indolencia e inmoralidad de los corruptos mientras la gente se contagia, muere en las calles o con hospitales desbordados por el coronavirus. Pero más allá de eso, hay una exposición mediática, inundando los medios con  los nuevos casos de corrupción, para encubrir la grave crisis económica,  socia, sanitaria y humanitaria que vive la población. Se quiere tapar el sol con un dedo.

Para complicar el escenario, la Asamblea acaba de aprobar el proyecto de ley de “apoyo humanitario”  en el que se congela por un año la tarifa de los servicios básicos, y se ordena reducir 10% el costo de estos servicios, pero el gobierno con una jugada estratégica, antes de la vigencia de la ley, aumento la tarifa de la luz y ya hay miles de denuncias de incremento de hasta 300% en las facturas y, según algunos medios, hasta de telefonía celular. Para rematar el asunto, según el INEC, a Abril de 2020, el costo de la canasta familiar básica aumentó 2% que en términos absolutos representó una subida 14,50 dólares, que se reflejó en un aumento del 1% de la inflación en ese mes, que refleja también el aprovechamiento de los intermediarios, supermercados y farmacias de la situación por la pandemia.

El gobierno, con sus medidas, y, los efectos de la pandemia, han impactado fuertemente el nivel de vida de los ecuatorianos que ya hay signos de hambre, lo que se traduciría en más violencia y delincuencia. El gobierno con más impuestos, despidos, reducción de sueldos, más deuda pública y con la corrupción ha hecho recaer el pago de la crisis sobre la clase media, servidores públicos, empleados privados y población en general, sobre todo la más vulnerable. Pero lo mas patético es que el gobierno quiere tapar esta realidad con un dedo, a tal punto que ha contratado una empresa americana para lavar su imagen negativa, posiblemente por lo que se viene, que va a ser mucho peor, como ya advierten la CEPAL y FAO que señalan que la pobreza extrema de A. Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en 2020. En el país, según el INEC, a diciembre de 2019, la pobreza llegó al 25% y la pobreza extrema alcanzó 8.9% pero con las estimaciones  del Banco Central  habrá, en 2020, una contracción entre el 6 – 10%, lo que dispararía la pobreza alrededor del 30% y la extrema en 12%, pero lo peor es que se hará visible el hambre, lo que ha llevado a organismos internacionales como la CEPAL y FAO a plantear bonos contra el hambre. Estamos con la soga al cuello y en el filo de la navaja, lo que llevaría a un espiral de violencia y delincuencia que, si no se toman las medidas, explotará como en el caso de Chile.