Luis Rosero M.
El gobierno anunció un acuerdo técnico con el FMI que le permite acceder a un nuevo crédito pero sujeto a un doble condicionamiento. Uno, el acuerdo era un requisito previo para que los tenedores de bonos aprueben la reestructuración de un tramo de la deuda externa. Dos, más políticas de ajuste y reformas estructurales.
Por el nuevo acuerdo de Servicio Ampliado se le concede al país un crédito de 6.500 millones de dólares, se ejecutará en un plazo de 27 meses y la entrega se hará por tramos en función del cumplimiento de las metas. Entre los objetivos están una reforma fiscal, reformas estructurales y mayor cobertura social. La primera implicaría un recorte del gasto corriente (salarios, bienes y servicio) y de inversión (mas recorte de la obra pública) y mejor gobernanza para el control del gasto público. Las segundas comprenderían (profundización de la reforma laboral, reducción del tamaño del estado, reforma a la seguridad social, reforma al Banco Central, reestructuración de la supervisión del sector financiero). La tercera podría contener la entrega de nuevos bonos de ayuda social.
El FMI pone en la estabilidad macroeconómica acentuando el desequilibrio fiscal, lo que significa alcanzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. El déficit fiscal estimado para este año es de 10.5% del PIB, que será reducido, a partir de 2021, por el lado del gasto corriente, con reducción de la masa salarial (recorte de salarios y despidos en el sector público) y reducción en la compra de bienes y servicios. En el gasto de capital, se seguiría disminuyendo la inversión pública principalmente la obra pública. En los ingresos tributarios se esperaría nuevos impuestos y/o alza de la tasa de los existentes, que podría ser un incremento del IVA y reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Respecto a la gobernanza del gasto, sería la profundización de normas y directrices para la aprobación del gasto. Recordemos que en la ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, ya se estableció un fuerte control del Ministerio de Finanzas a las decisiones de gasto público (corriente y de capital) en los distintos niveles de gobierno (central, provincial y local) y en la seguridad social. Con el nuevo acuerdo, implicaría un control más férreo del gasto público. Según el FMI, habría una modernización del marco de gestión de las finanzas públicas, mejora en gestión de la caja y de la deuda, mejor transparencia de la deuda y eficiencia del gasto.
Entre las reformas estructurales que se ejecutarían primero estarían la reducción del tamaño del estado que implicaría continuar con eliminación de entidades públicas, fusión de éstas, privatización y concesiones de servicios públicos; la reforma a la seguridad social, que puede conllevar el recorte de personal, incremento de los aportes, aumento de la edad de jubilación, etc.; la reforma al Banco Central llevaría a devolverle la autonomía y reimplantar un directorio; la reestructuración de la supervisión del sistema financiero puede implicar darle mayor poder a la Superintendencia de Bancos pero también la posibilidad de establecer la vigencia de la oferta y demanda en el mercado de dinero (eliminar topes a la tasas de interés y que cada institución financiera las fije).
Después de la firma del convenio, el FMI entregaría 2000 millones (alrededor de Octubre) y otros 2000 millones a fines de año (Diciembre). El gobierno definió los 3 objetivos con estos recursos. Uno reducir los atrasos. Dos, fortalecer los programas de crédito de reactivación productiva. Tres, ampliar la base de los bonos sociales.
Recordemos que FMI pone, en este acuerdo, el acento en la estabilidad macroeconómica, lo que implica reducir los desequilibrios macroeconómicos, como paso previo al crecimiento. En consecuencia, el próximo año continuarían el ajuste. Por ello, al aplicarse este, habría efectos recesivos, y, con un proceso electoral en marcha, la reactivación económica tardaría en el corto plazo. La recuperación del crecimiento sería para el 2022. Consecuentemente, se debería esperar que, el próximo año, sigan los problemas de desempleo y subempleo y continúe el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.
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