Luis Rosero M.

La crisis económica y los desequilibrios que generó más la pandemia agravó la situación social y humanitaria que, como la primera, tardará años en volver a recuperar los niveles antes de la pandemia. En este artículo trataremos sobre los principales indicadores sociales, su caída y el impacto en el nivel de vida de la población.

En el primer artículo, de este tema, señalé que, entre los efectos económicos de la crisis que se venía arrastrando desde 2019 y agravada por la pandemia, se deterioró el mercado de trabajo. El INEC reportó que, con la pandemia, el nivel de desempleo llegó a más de un millón de personas lo que significa el 13.5% de la PEA, mientras el subempleo alcanzó 34.5% y, si le agregamos, el empleo inadecuado en el sector informal estaríamos hablando de cerca de dos millones de personas con problemas de empleo. Diario El país destaca  que habría 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias o, en otras palabras, el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o en la precariedad, solo un 17% tiene empleo adecuado. El deterioro del mercado de trabajo fue por la reducción del nivel actividad económica debido a la pandemia que llevó al despido de miles de trabajadores y empleados del sector privado y, por el recorte del gasto público, servidores públicos. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador el desempleo aumento principalmente por despido intempestivo (34%), liquidación de empresas (27%), renuncia voluntaria (17%) y terminación de contrato (11%).Esta situación agravó la situación social en términos de pobreza, pobreza extrema, indigencia y concentración del ingreso que redujo fuertemente el nivel de vida de buena parte de la población.

Varios organismos reportan el impacto de la pandemia sobre la situación social en A. Latina. En efecto, el Banco Mundial señala que la pandemia dejaría a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo y en A. Latina se perderán 45 millones de empleo. La CEPAL reporta que esto tendrá más impacto sobre las mujeres y dejará 118 millones de latinoamericanas viviendo en la pobreza, un 22% más que el año anterior que lleva a una tasa de pobreza femenina de 37.4% y 15% desempleadas un 6% más que en 2019. Recalca, este organismo, más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectadas por la contracción económica: comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y, en el sector salud, donde el 73% de los trabajadores son mujeres. En los hogares, siete de cada diez de las 18 millones de trabajadoras del hogar fueron despedidas durante la pandemia, según cifras de la CEPAL. Además este organismo, confirma la proyección del Banco Mundial, al señalar que la pobreza extrema se incrementará  en 28 millones de personas, equivalentes al 15.5% de la población latinoamericana. Las consecuencias es que el coronavirus va a retrasar las ganancias sociales logradas en A. Latina en últimos años según declaró Luis A. Moreno, presidente del BID. En otras palabras, se ha agravado la situación de desigualdad en la región. Un dato que lo confirma es el aumento de los pobres a la par de más ricos durante la pandemia.

La situación se agrava con la caída de las remesas según reporta el Banco Central. Así, en el I trimestre de 2020 se recibieron 809 millones mientras que el II trimestre llegaron solo a 648 o sea una baja de 20%. Las remesas contribuyen a aliviar la situación económica de los hogares pobres, ahora más empobrecidos por la pandemia. Tal ha sido la gravedad de la situación social, que Almacenes Tía con un programa de ayuda a hogares de extrema pobreza, con la participación de empresas públicas y privadas, repartió diariamente a 250.000 de estos hogares donaciones de alimentos que fueron entregadas con la participación de los bancos de alimentos.

Según los datos oficiales, a diciembre de 2019, la pobreza a nivel nacional fue de 25% y la pobreza extrema 8.9%, En el área urbana, la primera, fue 17.2%, y,  la segunda, alcanzó 4.3% mientras que, en el área rural, la pobreza llegó a 41.8% y la pobreza extrema el 18.7%. No hay datos para la indigencia. Con la pandemia, estos indicadores aumentaron fuertemente. En efecto, el Banco Mundial estima que la pobreza, en 2020, aumentará a 35% y a Junio la pobreza extrema llegó al 21%. Además señala que el impacto de la pandemia hará que se pierdan los avances contra la pobreza en los últimos 20 años. Ni la ayuda pública con bonos ni la privada, con los bancos de alimentos, han podido enfrentar la situación, si la han paliado, pero lo más grave es el aparecimiento del hambre fuente de la violencia y la delincuencia han crecido aceleradamente con la pandemia. El aumento de la pobreza, pobreza extrema, indigencia y hambre, con la pandemia y las crisis, demuestran el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población que se refleja más en los sectores marginales y pobres del país.

Luis Rosero M.

La situación fiscal se ha vuelto insostenible y, con la prioridad del pago de la deuda externa, dada la iliquidez de la caja fiscal se ha relegado el pago de sueldos de servidores públicos,  de los aportes a los institutos de seguridad social,  pago proveedores, etc. El gobierno espera ahora los recursos del FMI para cumplir con los atrasos en los pagos mientras la deuda externa sigue creciendo.

La estrategia fiscal del gobierno, para proveerse de ingresos, ante la caída de la recaudación fiscal por la pandemia, ha sido un constante endeudamiento externo, a tal punto que si incluimos el crédito del FMI, este crecería en 16000 millones de dólares,en gran parte con organismos multilaterales, que le han impuesto condicionamientos en el manejo de la política económica.

Como hemos señalado, la prioridad ha sido el pago de la deuda externa, todo lo demás ha sido relegado. Tal es así que, la Corte Constitucional aprobó un fallo que permite al Ministerio de Finanzas aplicar recortes al presupuesto universitario.  Es inaudito que, a las universidades públicas, le sigan recortando las rentas cuando se les debe 2 meses a los profesores y, ahora, con este  nuevo recorte van a tener que esperar, los profesores, mucho más tiempo para poder cobrar sus sueldos los que no cobran hace dos meses.

Así mismo, se les debe un mes de sueldo a los servidores públicos sobre todo a los maestros fiscales; por otro lado, el gobierno no ha cubierto totalmente los aportes a los institutos de seguridad social que tiene en serias dificultades para que cumplan con sus prestaciones y además los servidores públicos no pueden usar algunas prestaciones porque han caído en mora patronal algunas instituciones públicas. Para colmo, estos institutos no cobran la altísima mora patronal que ya sobrepasa los 1500 millones de dólares. A eso se suma que los centros médicos de diálisis informan que el Ministerio de Salud no les paga la deuda de hace un año, y, los médicos postgradistas, se declararon en huelga por el incumplimiento de varios meses en el pago de sus sueldos. Finalmente, los GADs tampoco reciben hace algunos meses sus rentas y los proveedores están desesperados por el no pago de sus servicios o entrega de bienes, tal es así que en el Municipio de Esmeraldas sus empleados realizan protestas porque no le cubren sus sueldos.

Las protestas no se han hecho esperar por parte de los afectados y el gobierno dictó un decreto para el pago de gastos de hospitales públicos, además ya comenzó a transferir recursos para pagar los sueldos de empleados despedidos de los medios públicos.

La Asamblea apoyó la firma del convenio con el FMI, quedando claramente que hay acuerdo entre ésta y el gobierno. El presidente informó que, con los recursos de los nuevos créditos externos, en cuanto a retrasos en los pagos, se tendría la siguiente orden de prioridades: regular el pago de sueldos y salarios, ponerse al día en las transferencias con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales y garantizar el pago puntual a la seguridad social. Pero recalcamos, la primera prioridad ha sido siempre el pago de la deuda externa.

Para que lleguen los recursos externos primero el directorio del FMI debe aprobar el acuerdo de crédito, lo que ocurrirá en lo que queda del mes, por lo que los fondos llegarán en Octubre, de este año, lo que significa que los empleados públicos, medicos postgradistas, institutos de seguridad social, GADs, proveedores, etc. tendrán que esperar dos meses más, incluido el que está en curso, para poder recibir sus sueldos y atrasos.

Luis Rosero M.

Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.

Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA  que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.

Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda.  El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo  que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.

Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares  la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.

Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta  de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.

Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena,  solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.