La pandemia agravó la triple crisis que vive el país generando una serie de desequilibrios económicos, una retracción de las condiciones sociales y crisis humanitaria que produjo miles de muertes en la población. La recuperación de esta crisis, dependerá en gran medida de la vacuna, y será un proceso largo y un camino doloroso para la mayoría de la población.
En lo económico, el principal problema es la contracción y los desequilibrios macroeconómicos. La contracción de la economía de 10.9% en 2020, según el FMI, tendrá graves repercusiones. La fuerte caída de la demanda agregada, por la pandemia, principalmente de la inversión y del consumo, tardará tiempo en recuperarse, unos 3 años, y, en gran medida dependerá del aparecimiento de la vacuna contra el coronavirus, que permitirá ir normalizando la situación económica. Está volvería a los niveles previos a la pandemia en 5 años, Moody’s dice que recién en 2024 se volvería a una situación económica previa al coronavirus. También influirá la evolución del comercio internacional, que se ha contraído fuertemente. EE.UU., Europa y Asia disminuyeron significativamente su comercio exterior. Para el país, son importantes los dos primeros mercados y mientras no se recuperen nuestras exportaciones seguirán con dificultades. La contracción afectará fuertemente al mercado de trabajo.
Entre los principales desequilibrios macroeconómicos, agudizados por la pandemia están el deterioro del mercado de trabajo, el déficit fiscal, la iliquidez fiscal, la deuda externa e interna, etc. En cuanto al primero El INEC anunció que el desempleo llega a un millón de personas, que si le agregamos los subempleados y el sector informal tendríamos alrededor de 2 millones de trabajadores y empleados con problemas de trabajo. La tendencia es a la precariedad de del mercado de trabajo que implica empeoramiento de las condiciones de trabajo en términos de la jornada laboral, reducción del salario, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc. La ley de “apoyo humanitario” posibilitó la reducción de las horas de la jornada laboral en el sector público y, en consecuencia, del sueldo en este sector. Además, en el sector privado, posibilita también que se haga lo mismo. La mejoría de la situación del mercado de trabajo dependerá de la reactivación productiva, la que a su vez está en función de la demanda agregada, la que tardará varios años en recuperarse.
El déficit fiscal del 12% del PIB, según lo declarado por el Presidente, es el más alto de la historia del país. El Ministro de Finanzas señaló que éste se redujo, en el I Semestre de 2020, en 1500 millones, o sea que ahora estaría alrededor del 10% del PIB, lo que implica que seguirán los ajustes en los siguientes años para ir reduciéndolo.
Se ha agravado la situación de iliquidez de la caja fiscal por la declaración de inconstitucionalidad del decreto que dispuso el adelanto del impuesto a la renta. Por lo que el gobierno estaría esperando la firma del nuevo convenio con el FMI con el que espera recibir 800 millones de dólares, pero esto sería posiblemente en setiembre, de este año, pero antes debe llegarse a la firma del contrato de la reestructuración de la deuda externa. Hasta tanto deberán esperar todos los acreedores del gobierno y los servidores públicos van a seguir siendo pagados con un mes de retraso. Pero ahí no queda todo, pues con la firma del acuerdo con el FMI vendrán las reformas estructurales que exigirá (profundización de la reforma laboral, autonomía del Banco Central, reducción del tamaño del estado, etc.).
En cuanto a la deuda externa, el gobierno, ante la caída de los ingresos públicos, optó por la vía más fácil de obtener recursos mediante deuda externa e interna. Hasta tal punto ha sido el endeudamiento que ya supera el límite del 40% establecido en la Constitución y, por lo señalado en el párrafo anterior, seguirá aumentando la deuda externa que infla el presupuesto y, su servicio, deja menos recursos para otros rubros del presupuesto. Tal es el reconocimiento implícito que la deuda ha superado el límite señalado que en la Ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 24 de Julio, de este año, establece en las clausulas transitorias que la deuda pública debe reducirse al 57% en 2025, 45% al 2030 y 40% hasta el año 2031 y en adelante.
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