Luis Rosero M.

Las inundaciones en la Amazonía han provocado una serie de daños en tres provincias de la amazonia en la infraestructura de esta zona, a lo que se suma el avance de la erosión provocada por el rio Coca que pone en riesgo a la central Coca Codo Sinclair y en una situación en la que existe un déficit de generación eléctrica lo que podría desencadenar cortes de energía eléctrica en el país.

Las intensas lluvias en el oriente, las provincias las provincias más afectadas son Napo, Zamora Chinchipe y Lago Agrio, han provocado daños en la infraestructura física y a la población. En la primera, hubo un aluvión; en la segunda se registraron inundaciones y, en la tercera, se produjo un socavón. Estos eventos naturales además de provocar daño en varias carreteras de la zona, generaron daños en viviendas y evacuaciones de pobladores. Además, esta avanzando la erosión del rio Coca que afecta a la central Coca Codo Sinclair. Además, el oleoducto tuvo que paralizar el bombeo, por tres días, para permitir el traslado de sus tuberías, en la zona del desastre, en otro sitio, que a su vez llevó a la suspensión de las exportaciones petroleras en ese lapso. Las condiciones climáticas afectaron al funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de la zona por lo que salieron de operación de al menos tres de ellas incluida la señalada. Por ello, el CENACE dispuso la entrada en funcionamiento de los grupos electrógenos de emergencia, del sector privado, a fin de suplir la obligada parada de estas centrales.

Según El Comercio, hay un déficit de generación eléctrica, en este año, de 746 MW. El gobierno prometió incorporar 979.5 MW para evitar los apagones. Según el plan de CENACE se alquilará 260 MW en Pascuales, se contrató la generación emergente de 241 MW de tres centrales de la costa: Salitral, Quevedo III y Esmeraldas III y se agregará 65.5 MW con una unidad de la central Termogas Machala. El aporte a la generación eléctrica de estas centrales sería de 566,5 MW. Con Progen, se contrató 150 MW, pero en junio de 2025, Celec anunció la cancelación de los contratos y demanda por estafa a esta compañía americana. Iba instalar equipos para generar 50 MW en Quevedo y en el Salitral de 100 MW. Los problemas con esta compañía vienen desde el año pasado en la que debió haber instalado los equipos. Ya ha pasado el primer semestre de 2025. Hay una batalla legal, Progen solicitó medidas cautelares, sin embargo, tuvo que acordarse la participación de un Centro de Arbitraje, como mediador, que rechazó el pedido de dichas medidas y finalmente se dio por terminado el contrato. Progen ha cobrado el 65% del contrato. Celec denunció por estafa a dicha compañía. Aún así, el partido de gobierno, ADN, rechazó en la Asamblea, el pedido de fiscalización de Progen. El problema es que el aporte a la oferta eléctrica que iba a realizar esta empresa eran parte de la generación emergente. Ahora, tendría que restarse los 150MW de los 566.5 MW proyectados a incorporarse en la generación eléctrica que se iban a instalar en Quevedo y El Salitral.

Estando cerca del estiaje, que se daría entre septiembre y noviembre, y con la falta de los MW de Progen, se generan dudas sobre la posibilidad de evitar los riesgos de cortes de energía eléctrica. Más aún, si la empresa Austral que fue contratada para aportar 91 MW (con 48 turbogeneradores) en Esmeraldas trajo 50 generadores que no son compatibles con la corriente alterna que funciona el sistema eléctrico ecuatoriano. La empresa uruguaya se ha comprometido a configurar estos para que sean compatibles con dicho sistema. Esto agrega más duda sobre la posibilidad de tener disponible estos 91 MW antes de que llegue la época de estiaje.

La posibilidad del riesgo de apagones esta latente. Pues, la contratación de más barcazas de generación eléctrica, aún se contrate en este mes, tardaría en llegar. El presidente anunció que había llegado a un acuerdo de intenciones con la empresa española Cox para la inversión de algunos proyectos fotovoltaicos que aportarían 536.5 MW pero que recién se empezarían a construir en 2026 y 2027.El BID emitió un aval de 77 millones para respaldar inversión privada en fuentes de energía renovable como la solar y la eólica que, al igual, a la de la empresa española tardarían dos años en construirse. A pesar, de que hay riesgo de apagones el viceministro de electricidad declaró que no habría apagones y que el suministro de electricidad esta garantizado. También esto fue confirmado por la ministra de Energía que declaró que se esta recuperando equipos de generación eléctrica que estaban abandonados. Sin embargo, el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía advirtió que el país podría enfrentar un déficit de hasta 1000 MW, si es que hay sequía, como la del año anterior, y no hay venta de energía por parte de Colombia. Esperamos que no volvamos a sufrir los apagones de hasta 14 horas del año pasado.

Luis Rosero M.

La ley de Integridad Pública es un combo que, en una sola ley, abarca una serie de materias distintas y que realiza reformas a 19 códigos y leyes. Según el art. 1, su objeto es erradicar la violencia, la corrupción en el sector público, mejorar la eficiencia de éste y fortalecer el tejido social, financiero y económico. Sin embargo, se envió con carácter de proyecto económico urgente, fue aprobada y publicada en tiempo récord. Lo que llama la atención es que son muy pocas las reformas en el área económica, más bien se trata una reforma monetaria financiera (Código Monetario y Financiero) e incluye materias tan disimiles que van desde una reforma a la contratación pública, al sistema de justicia (una reforma para intervenir en ésta), al Código Integral Penal (incluye el juzgamiento de menores de edad como adultos), a la ley de Servicio Público, al Código de Planificación y Finanzas Públicas, Código Tributario, una nueva remisión tributaria, etc. Por ello, ya han surgido las demandas de inconstitucionalidad de esta ley. En este artículo solo trataré las reformas generales al Código Monetario y Financiero, en los siguientes artículos sobre esta ley trataré los temas específicos de este Código.

Este Código fue publicado en el Registro Oficial No. 332 del 12 de septiembre de 2014, que forma parte de una amplia reforma monetaria y financiera en el gobierno de Correa cuyos aspectos principales fueron la determinación del costo del dinero, la reestructuración de la red de seguridad financiera, reforma al Banco Central, fortalecimiento de la supervisión y regulación del sistema financiero (Código Monetario Financiero), la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (que regula las cooperativas), el fortalecimiento de la banca pública, la reforma al mercado de valores y la creación del BIESS.

Con el Código (2014), se estableció la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) como ente encargado de la supervisión y regulación monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. La JPRMF se conformo con los titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del Estado y un delegado del presidente de la República.  O sea 5 miembros del sector público. El objetivo central de este Código era mantener la estabilidad del sistema monetario y financiero en base a la regulación prudencial, supervisión eficiente y red de seguridad financiera.

Este Código fue reformado, a instancias de las exigencias del FMI, con la ley de defensa de la dolarización, en el gobierno de Lenin Moreno, publicada en el Registro Oficial No. 443 del 3 de mayo de 2021. Con éste se eliminó gran parte de los artículos del Código (2014), entre ellas las funciones macroeconómicas de la JPRMF y la restricción de salida de capital. Para realizar la supervisión monetaria y financiera, con esta reforma, se eliminó la JPRMF y se crearon se crearon dos juntas. Una, la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) a cargo de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Dos, la Junta de Política y Regulación Monetaria (JPRM) que estará a cargo del control monetario y el Banco Central del Ecuador (BCE) instrumentará la política monetaria formulada por la JPRM. Además, se restable la independencia del BCE. Las dos Juntas, tendrán 3 miembros cada una y serán designados y posesionados por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República. La JPRM nombrará al gerente del BCE. Además, la JPRM se encargaba de la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y cerradas. En este código reformado se estableció que hasta el 2026 los pasivos del primer sistema del balance del BCE serán cubiertos por la RMI. En este período de transición, se podrán utilizar los activos del primer sistema del balance para procesar los pagos internacionales requeridos por los depositantes del segundo y tercer sistema según las normas de la JPRM. Los porcentajes de cobertura, según el art. 33 de este Código, para el segundo, tercero y cuarto sistema regirán a partir del año 2035.

La reforma de la ley de Integridad Pública, restituye la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) que estará conformada por 5 miembros designados y posesionados por la Asamblea Nacional de los 5 cinco candidatos propuestos por el presidente de la República. Una de las funciones de la JPRMF es el nombramiento del gerente del BCE. También se dispone que los miembros de las JPRF y JPRM quedaran cesantes una vez que la Asamblea designe a los nuevos representantes de la JPRMF, en el plazo de un mes. Sorprende la rapidez en la sustitución de ejecutivos reguladores monetarios y financieros. Lo que establece la ley de Integridad Financiera es cambiar la institucionalidad, en el área monetaria y financiera, al señalar que la JPRMF será el máximo órgano que establecerá la política y regulación en lo monetario y financiero y ejercerá la gobernanza del Banco Central del Ecuador. Dicha ley también cambia la forma de designar al gerente de esta institución que, en el primer proyecto, se planteaba que sea el presidente de la República. Como en los contratos hay que leer la letra chica. Así con esta ley se debe analizar en detalle y a profundidad algunos de los artículos. Si bien la mayoría de las funciones de la JPRMF se mantienen, en cambio hay un cambio importante respecto a las reglas de respaldo de los 4 sistemas en el balance del BCE que ahora estarán cubiertos por la RMI y los porcentajes de cobertura para los 3 primeros sistemas regirán a partir del año 2040. También hay que analizar las reformas respecto a la contratación por el BCE de líneas contingentes de liquidez, por cuenta propia, que no serán consideradas endeudamiento público y no requerirá la aprobación del Comité de Deuda y Financiamiento. La disposición transitoria décima primera, que estaría relacionada con los cambios en la institucionalidad de los aspectos monetarios y financieros, es que la JPRMF debe identificar las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) que se convertirán en bancos, lo que implica que ciertas COAC pasarían a ser controladas por la Superintendencia de Bancos, lo que implica que la institucionalidad del sector de la economía popular y solidaria, en su segmento financiero, y su ente de control (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEP) se verían afectados. Pues se puede inferir que se achicará, la capacidad de control  de la SEP se vería limitada a las pequeñas COAC y después podría desaparecer.

Luis Rosero M.

En su discurso de posesión el presidente señaló que, en su segundo periodo, haría reformas para incentivar el crecimiento, el empleo y la inversión y los pilares de su gestión serían la economía, seguridad, obra pública y educación. Para ello, utilizará la inversión pública y apoyará al sector privado. En el primer mes de su mandato, se van delineando las acciones y políticas que adoptaría para alcanzar los objetivos señalados. En este artículo nos referiremos a lo político, economía y seguridad.

En lo político, el gobierno ha alcanzado la mayoría en la Asamblea. Con ello, controla el parlamento y, en esa medida, tiene una aplanadora con la puede aprobar las leyes urgentes sin ningún cambio. Ya hay opiniones sobre los errores, inconstitucionalidad y excesos que se cometen por los proyectos de ley que se aprueban por la fuerza de los votos. Y también críticas sobre la sumisión y obediencia del órgano legislativo. Pero no solo eso, sino además por la concentración de los poderes del estado.

En el artículo anterior, señalamos las principales tendencias y desequilibrios macroeconómicos. Entre ellos, el déficit fiscal, la falta de liquidez, el alto endeudamiento externo y los riesgos de la sostenibilidad de la deuda. Para reducir el primero, ha optado por eliminar los subsidios al diésel a la industria atunera, a la electricidad de las empresas que utilizan alto y medio voltaje e impuso una tasa de fiscalización a las empresas mineras. Todo eso para obtener más ingresos fiscales a los que se sumaría la aplicación del impuesto a utilidades en la venta de acciones. Estas medidas apenas compensarían los subsidios y transferencias que se otorgaron a jóvenes, mujeres y otros, previo a la elección presidencial. Además, esta solicitando mil millones más de crédito al FMI en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado (SAF) por 4 mil millones. La ministra de Finanzas declaró que el déficit fiscal en 2025 sería de 3000 millones de dólares. En consecuencia, en estas condiciones sería difícil aumentar la inversión pública para generar empleo, a no ser que se aumente la presión fiscal o haya mayor endeudamiento. Y, por otro lado, la política económica estará condicionada por el SAF que tiende a ser restrictiva. A pesar de ello, el Banco Central ha previsto una tasa de crecimiento de 2.8%. Sin embargo, el FMI proyecta una tasa de sólo 1.7%, Banco Mundial 1.9% y Deloitte 1.2%.

En seguridad, el gobierno esta reformando el marco legal con la aprobación, de leyes urgentes para combatir el crimen organizado y tráfico de drogas. Entre ellas está la de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y se aprobó el segundo informe del proyecto de ley de Integridad Pública. La primera busca desarticular las economías criminales, proteger a la población afectada y rehabilitar las zonas controladas por éstas. La segunda busca coordinar los sistemas de inteligencias de las instituciones de las FF.AA., establecer el funcionamiento y atribuciones del Sistema Nacional de Inteligencia. La última estaría orientada a reformar al menos una docena de leyes como la de contratación pública, código monetario, código de la niñez y adolescencia. Se buscarían, entre otros objetivos, control de corrupción en compras públicas, que el presidente designe al gerente del Banco Central y juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos, respectivamente. El régimen busca establecer el marco jurídico para avalar su política de mano dura contra los grupos criminales y narcotráfico. Ya han surgido críticas a este conjunto de leyes aprobadas y por aprobarse. Así, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército declaró que “un sistema inteligencia no trabaja para proteger a un partido político”. Así mismo, la columnista de La Hora titula su artículo “Ley de Inteligencia afecta derechos”. También es criticable que el proyecto de ley de Integridad Pública, trate de abarcar varios aspectos diferentes, reformar algunas leyes, y que el presidente nombre al Gerente del Banco Central. Los organismos multilaterales internacionales defienden la independencia del Banco Central en lo técnico y también la incidencia política del régimen de turno sobre las acciones de dicho banco. También este proyecto busca incluir el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos. No estoy afirmando que no se actué en contra los jóvenes que cometan delitos contra la vida sino que hay que establecer un marco legal adecuado para estos casos. En Perú, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó una modificación del Código Penal y Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes incorporando a los jóvenes de entre 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves para disminuir el índice de criminalidad e inseguridad ciudadana.

En síntesis, en lo económico el gobierno se ve limitado en su intención de incentivar el crecimiento y el empleo con inversión pública por el alto déficit fiscal que tendría el país en 2025 a no ser que quiera cargar más impuestos o mayor endeudamiento. Es adecuado frenar a los grupos criminales, pues su acción tiene efecto negativo sobre el crecimiento económico. En cuanto a la lucha contra estos grupos y el narcotráfico, al establecer un marco jurídico para este propósito hay que proteger a las víctimas colaterales, los negocios que desaparecen por los secuestros y extorsiones, el sistema de inteligencia y contrainteligencia debe proporcionar información para prevenir los delitos del crimen organizado; además hay que reconsiderar la detención y escuchas de telecomunicaciones sin orden judicial y un marco adecuado para los delitos graves de menores de edad. Finalmente, no interferir en la independencia del Banco Central y evitar la incidencia política del gobierno sobre éste.

Luis Rosero M.

En el primer trimestre de este año, si bien ha mejorado en los indicadores externos, en lo interno hay tendencias preocupantes como lo muestran sus principales indicadores hasta el quinto mes del año. Entre éstas destaca al déficit fiscal, el aumento de la inflación, la creación de empleo que depende del crecimiento y la mayor deuda externa.

En 2024, hubo una contracción económica de 2% reflejados en los desequilibrios macroeconómicos. En el primer trimestre de 2025, no hay información para determinar el crecimiento económico. Sin embargo, debido a que en el I trimestre, de este año, con las elecciones presidenciales lo político incidió en las perspectivas empresariales y dado que la elección fue recién em abril, las expectativas empresariales eran inciertas, se esperó al resultado electoral para la toma de decisiones de inversión por parte de los sectores económicos.  Según, el informe de la consultora Deloitte recién en el segundo semestre de 2025 habría una leve recuperación de la economía “favorecida por un entorno político más predecible y una normalización gradual de la actividad productiva.”

Para el II trimestre, la tendencia de los principales indicadores del equilibrio interno se torna preocupante. En abril, la tasa de empleo adecuado solo alcanzó 35.8%. O sea, solo un poco un más de un tercio de la PEA tiene un empleo formal que cubre los requerimientos de afiliación al IESS y otros beneficios sociales. La problemática laboral se centra en el subempleo que alcanzó, en ese mes, 21.1% (1.792.390 personas) y el otro empleo no pleno llegó 52.2% (2.545.349 personas) que incluye parte del sector informal que, según el INEC, a abril, llegó a 54.1%. O sea, los 4.3 millones de estos dos penúltimos rubros supera al empleo adecuado de 3 millones. Sin embargo, la publicación Statista señala que Ecuador tiene una alta tasa de informalidad laboral (basados en datos de la OIT), con más de dos tercios de su población ocupada en empleos asalariados informales. Por otro lado, la evolución de los precios, muestra que, a mayo, la tasa de inflación fue de 1,03%, el costo de la luz subió 97% y la canasta básica se encareció en 10 dólares. A nivel interanual, la tendencia al aumento de la inflación se reflejó ya en abril de 2025 en la que alcanzó 0.55% pero a mayo se disparó a 1.55%. En diciembre de 2024, la inflación anual alcanzó 0.53%. Esta tendencia resulta preocupante ya que al quinto mes del año 2025 dicha inflación ya llega a 1.55%, o sea hay un repunte de la inflación que afecta al costo de la canasta y esta a su vez a las condiciones de vida de la población. En efecto, a diciembre de 2024, la pobreza por ingreso según el INEC, a nivel nacional, represento el 28% mientras que la pobreza extrema llegó a 12.7%. En la medida, que se deteriora el mercado de trabajo y crece la inflación, aumentaría el valor de estos dos últimos indicadores. No solo se trata de concentración del ingreso sino además de la riqueza. Según la publicación El Orden Mundial, basada en el World Inequality Database, la concentración de la riqueza del país era de 23.4%.

En cuanto, a las finanzas públicas, la problemática principal es el déficit y la iliquidez. En el artículo anterior, señalamos que en lo que va del año el déficit fiscal se ubicaría entre 4 – 5% del PIB. Con las medidas de eliminación de subsidios eléctricos a empresas que utilizan alto y medio voltaje, al diésel de los atuneros y la imposición de una tasa de fiscalización a las mineras, la ministra de Finanzas y Economía espera que estas y otras medidas el déficit fiscal en 2025 se ubique en 3000 millones o sea alrededor del 3% del PIB. Pero no solo es problema de déficit, sino de necesidades de financiamiento y también de liquidez, el gobierno sigue con atrasos a proveedores del sector público, va cubriendo parcialmente las deudas a los GADs, a salud: dializadoras y equipos médicos. En cuanto a las necesidades de liquidez, el gobierno requiere más de 10.000 millones, por ello sigue aumentando la deuda externa. Si bien el gobierno va a recibir 416 millones por la segunda revisión del acuerdo con el FMI, solicitó 1000 millones más de crédito. Con esto, el Ecuador es el cuarto país más endeudado con el FMI. Le debe 8700 millones y aumentará a 11.000 millones de dólares que tiene un peso en la amortización de la deuda. Pero, además, también sigue endeudándose con organismos multilaterales. Recién recibió un crédito de la CAF por 416 millones y, el año pasado, un crédito con el BID por 150 millones para seguridad. Otro tanto, de financiamiento tiene con el Banco Mundial y la CAF. La deuda pública ya supera el 50% del PIB y la deuda externa representa el 75% de la deuda total del país. Según la ministra de Finanzas, en el 2026 el gobierno volvería al mercado internacional de bonos que lanzaría con un aval de estos organismos multilaterales. O sea, seguirá endeudándose para cubrir el déficit y creciente gasto público. Con el alto déficit fiscal será muy difícil aumentar el gasto público en 2025 como anunció el gobierno.

La economía, en el I trimestre de 2025, ha sido impulsada por el sector externo. Las exportaciones no petroleras, en valores FOB, aumentaron 26.8% y las petroleras disminuyeron en 10.4%, con un saldo neto positivo de incremento de exportaciones de 15.2%. En las primeras, fueron las exportaciones tradicionales las que aumentaron, en dólares, un 39.9%. Este comportamiento, posibilito un aumento del saldo positivo de la balanza comercial a 2288 millones de dólares. Otro de los aspectos relevantes, es el monto de las remesas de los migrantes que el I trimestre de 2025 alcanzaron 1174 millones. Estas dos variables son la que han sostenido el crecimiento del país en este periodo. Otro dato relevante, es el nivel de la RMI, que llegaron, a abril, a 7772 millones.

En síntesis, las principales tendencias en lo que va de 2025 son: hay un mercado de trabajo deteriorado expresada en el alto nivel de subempleo, otro empleo no adecuado y el creciente tamaño del sector informal. A eso se suma, la tendencia al alza de la inflación anual que, al aumentar el costo de la canasta, deteriora las condiciones de vida de la población, que a su vez aumenta la pobreza. Además, hay la tendencia la concentración del ingreso y la riqueza. Por otro lado, el déficit fiscal es el principal problema de política económica al que se suma el creciente endeudamiento externo, principalmente con los organismos multilaterales en cuya cabeza está el FMI y sus políticas condicionantes. Con el alto déficit fiscal de 2025 será difícil reactivar la inversión pública.   En el primer trimestre de 2025, ha habido buen desempeño del sector externo. Por ello, se registra un saldo positivo de la balanza comercial por el aumento significativo de las exportaciones tradicionales que, con el ingreso de remesas, apuntalaron el crecimiento del país. Las exportaciones y el endeudamiento externo aumentaron las RMI.

Luis Rosero M.

El país enfrenta una múltiple y simultanea crisis que se exacerba por la ola de violencia, desatada en las últimas semanas, y, al mismo tiempo, se deterioran algunos indicadores macroeconómicos que generan incertidumbre sobre el futuro de la economía del país. El régimen, con el control de la Asamblea, ha enviado proyectos de ley para enfrentar las economías criminales y de inteligencia para lograr mejorar los resultados en la lucha contra la violencia. Al mismo tiempo, en este marco de violencia, busca reducir el deterioro de algunos indicadores económicos importantes para mejorar a la situación macroeconómica

En las últimas semanas, en Guayaquil, han aumentado los mecanismos de violencia con fines extorsivos como los ataques con explosivos a locales de la Bahía, a viviendas de La Alborada, Samanes y Sauces cuyos habitantes se ven obligados a desplazarse hacia otras zonas para proteger su vida; en La Prosperina y otras zonas marginales sus habitantes son despojados de sus viviendas; por otro lado, han aumentado los secuestros que han llegado a situaciones trágicas como la muerte de 4 secuestrados en una cisterna, el asesinato de 4 personas en una vivienda de Bastión Popular, además los sicariatos se suceden a diario en esta ciudad y en otras ciudades del país. Hay un estado de temor, miedo y terror que tiene en zozobra a la población al movilizarse a sus lugares de trabajo, estudio, cuidado de la salud, etc. El Universo, en su editorial de ayer, concluye diciendo: “La sociedad no debe caer en la desesperanza. El crimen no puede gobernar infundiendo miedo. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigir a las autoridades, al presidente, a todas las funciones del Estado: basta de impunidad. Acá todos son responsables si no se frena a las bandas que buscan usar el terror como método de control social.”

Para enfrentar la violencia el gobierno envío el proyecto de ley para desarticular las economías que las atacaría afectando sus finanzas, estableciendo medidas de protección a personas y bienes y reactivar las zonas donde operan los grupos violentos. Habría que esperar que se publique la ley para conocer en detalle las medidas que propone. Por otro lado, el proyecto de ley de inteligencia busca la coordinación de los departamentos de inteligencia de varias instituciones relacionada con la seguridad, mejorar su eficacia y proveer información, a tiempo, a fin de evitar que se cometan los delitos con violencia criminal. A eso se suma, la ley de Solidaridad Nacional.

Uno de los indicadores económicos claves es el equilibrio fiscal. Se estima que el déficit de 2025 estaría entre 4 – 5% del PIB, en los que incluyen los bonos y transferencias, por 600 millones, que se emitieron y entregaron previo a la reelección presidencial con tinte clientelar. Para reducir éste, el gobierno planteo una serie de medidas. Entre ellas, el ajuste de las tarifas eléctricas a las empresas que utilizan alto (167) y medio voltaje. Las primeras se incrementarán un 29% y las segundas en un 25%. Ante esto, el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió un aumento gradual. Serán afectadas 39717 empresas. Del total de las de alto voltaje, 100 se encuentran en Guayaquil y Durán. Se trata de eliminar el subsidio  eléctrico a estas empresas, lo que generaría 256 millones de dólares. Así mismo, se eliminó el subsidio al diésel a las empresas atuneras que en 2024 representó 42 millones. A eso se agrega, la creación de una tasa de fiscalización a las empresas mineras que otorgaría al fisco un ingreso de 220 millones. Con estas medidas y otras, el gobierno espera recaudar 527 millones. La ministra de Finanzas y Economía, espera que con estas medidas y otras el déficit de reduzca a 3000 millones en 2025 o sea alrededor del 3% del PIB. Pero no solo ese es el problema, además el fisco tiene necesidad de financiamiento de más de 10000 millones. Se trata de un problema de sostenibilidad y liquidez fiscal. A pesar de todas las medidas tomadas, en el primer periodo del gobierno y las señaladas, del inicio de su segundo periodo, habrá déficit fiscal. Lo crítico es que el financiamiento del fisco se ha generado no solo con los ingresos tributarios sino que además ha aumentado la deuda interna y sobre todo la externa generando una carga fiscal para el presupuesto del estado de 2025 de cerca de 5800 millones. Ya a marzo de 2025, la deuda pública superaba el 50% del PIB. La deuda externa ya representa el 75% de la deuda total. El riesgo es el peso creciente de la amortización de la deuda externa que aumenta los gastos presupuestarios y, en consecuencia, el déficit. Se estima que el país tendrá que pagar, en 2026, alrededor de 9600 millones por la amortización de la deuda total.

En síntesis, el problema fiscal se torna crítico en 2025 y 2026 en medio de la crisis de seguridad. El gobierno, ha tomado las recientes medidas para que aporten a la reducción del déficit a 3000 millones en 2025 y además tiene necesidades de financiamiento de más de 10000 millones. El problema fiscal se agrava con la caída de los precios del petróleo. Además, deberá cubrir en 2025 y 2026 una amortización de deuda pública de 5800 y 9600 millones respectivamente. O sea, que necesariamente habrá una reforma fiscal para obtener más ingresos públicos para financiar el gasto interno y cubrir la amortización de la deuda de esos años. Dicha reforma, sino se grava con más impuestos, probablemente implicará reducción del gasto público, eliminación de más subsidios, la venta de activos del estado o concesiones más deuda externa, pero dada las altas necesidades de financiamiento requerirá, muy probablemente, de una reestructuración de la deuda externa que deberá tener el visto bueno del FMI y eso implica un nuevo crédito del FMI con condicionamientos de política económica. En efecto, el gobierno con el crédito que otorgó la CAF de 416 estaría preparando el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con e FMI millones. En otras palabras, llegar al equilibrio fiscal tomará algunos años. Y no es casualidad que el gobierno haya ordenado la auditoría de CNEL, PetroEcuador y Celec que habría solicitado del FMI con miras a su venta, además vendría un ajuste con recorte del gasto público (incluye inversión) y reducción del tamaño del estado, entre las medidas principales.