Luis Rosero M.
El país enfrenta una múltiple y simultanea crisis que se exacerba por la ola de violencia, desatada en las últimas semanas, y, al mismo tiempo, se deterioran algunos indicadores macroeconómicos que generan incertidumbre sobre el futuro de la economía del país. El régimen, con el control de la Asamblea, ha enviado proyectos de ley para enfrentar las economías criminales y de inteligencia para lograr mejorar los resultados en la lucha contra la violencia. Al mismo tiempo, en este marco de violencia, busca reducir el deterioro de algunos indicadores económicos importantes para mejorar a la situación macroeconómica
En las últimas semanas, en Guayaquil, han aumentado los mecanismos de violencia con fines extorsivos como los ataques con explosivos a locales de la Bahía, a viviendas de La Alborada, Samanes y Sauces cuyos habitantes se ven obligados a desplazarse hacia otras zonas para proteger su vida; en La Prosperina y otras zonas marginales sus habitantes son despojados de sus viviendas; por otro lado, han aumentado los secuestros que han llegado a situaciones trágicas como la muerte de 4 secuestrados en una cisterna, el asesinato de 4 personas en una vivienda de Bastión Popular, además los sicariatos se suceden a diario en esta ciudad y en otras ciudades del país. Hay un estado de temor, miedo y terror que tiene en zozobra a la población al movilizarse a sus lugares de trabajo, estudio, cuidado de la salud, etc. El Universo, en su editorial de ayer, concluye diciendo: “La sociedad no debe caer en la desesperanza. El crimen no puede gobernar infundiendo miedo. La ciudadanía tiene todo el derecho de exigir a las autoridades, al presidente, a todas las funciones del Estado: basta de impunidad. Acá todos son responsables si no se frena a las bandas que buscan usar el terror como método de control social.”
Para enfrentar la violencia el gobierno envío el proyecto de ley para desarticular las economías que las atacaría afectando sus finanzas, estableciendo medidas de protección a personas y bienes y reactivar las zonas donde operan los grupos violentos. Habría que esperar que se publique la ley para conocer en detalle las medidas que propone. Por otro lado, el proyecto de ley de inteligencia busca la coordinación de los departamentos de inteligencia de varias instituciones relacionada con la seguridad, mejorar su eficacia y proveer información, a tiempo, a fin de evitar que se cometan los delitos con violencia criminal. A eso se suma, la ley de Solidaridad Nacional.
Uno de los indicadores económicos claves es el equilibrio fiscal. Se estima que el déficit de 2025 estaría entre 4 – 5% del PIB, en los que incluyen los bonos y transferencias, por 600 millones, que se emitieron y entregaron previo a la reelección presidencial con tinte clientelar. Para reducir éste, el gobierno planteo una serie de medidas. Entre ellas, el ajuste de las tarifas eléctricas a las empresas que utilizan alto (167) y medio voltaje. Las primeras se incrementarán un 29% y las segundas en un 25%. Ante esto, el Comité Empresarial Ecuatoriano pidió un aumento gradual. Serán afectadas 39717 empresas. Del total de las de alto voltaje, 100 se encuentran en Guayaquil y Durán. Se trata de eliminar el subsidio eléctrico a estas empresas, lo que generaría 256 millones de dólares. Así mismo, se eliminó el subsidio al diésel a las empresas atuneras que en 2024 representó 42 millones. A eso se agrega, la creación de una tasa de fiscalización a las empresas mineras que otorgaría al fisco un ingreso de 220 millones. Con estas medidas y otras, el gobierno espera recaudar 527 millones. La ministra de Finanzas y Economía, espera que con estas medidas y otras el déficit de reduzca a 3000 millones en 2025 o sea alrededor del 3% del PIB. Pero no solo ese es el problema, además el fisco tiene necesidad de financiamiento de más de 10000 millones. Se trata de un problema de sostenibilidad y liquidez fiscal. A pesar de todas las medidas tomadas, en el primer periodo del gobierno y las señaladas, del inicio de su segundo periodo, habrá déficit fiscal. Lo crítico es que el financiamiento del fisco se ha generado no solo con los ingresos tributarios sino que además ha aumentado la deuda interna y sobre todo la externa generando una carga fiscal para el presupuesto del estado de 2025 de cerca de 5800 millones. Ya a marzo de 2025, la deuda pública superaba el 50% del PIB. La deuda externa ya representa el 75% de la deuda total. El riesgo es el peso creciente de la amortización de la deuda externa que aumenta los gastos presupuestarios y, en consecuencia, el déficit. Se estima que el país tendrá que pagar, en 2026, alrededor de 9600 millones por la amortización de la deuda total.
En síntesis, el problema fiscal se torna crítico en 2025 y 2026 en medio de la crisis de seguridad. El gobierno, ha tomado las recientes medidas para que aporten a la reducción del déficit a 3000 millones en 2025 y además tiene necesidades de financiamiento de más de 10000 millones. El problema fiscal se agrava con la caída de los precios del petróleo. Además, deberá cubrir en 2025 y 2026 una amortización de deuda pública de 5800 y 9600 millones respectivamente. O sea, que necesariamente habrá una reforma fiscal para obtener más ingresos públicos para financiar el gasto interno y cubrir la amortización de la deuda de esos años. Dicha reforma, sino se grava con más impuestos, probablemente implicará reducción del gasto público, eliminación de más subsidios, la venta de activos del estado o concesiones más deuda externa, pero dada las altas necesidades de financiamiento requerirá, muy probablemente, de una reestructuración de la deuda externa que deberá tener el visto bueno del FMI y eso implica un nuevo crédito del FMI con condicionamientos de política económica. En efecto, el gobierno con el crédito que otorgó la CAF de 416 estaría preparando el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas con e FMI millones. En otras palabras, llegar al equilibrio fiscal tomará algunos años. Y no es casualidad que el gobierno haya ordenado la auditoría de CNEL, PetroEcuador y Celec que habría solicitado del FMI con miras a su venta, además vendría un ajuste con recorte del gasto público (incluye inversión) y reducción del tamaño del estado, entre las medidas principales.
Pensamiento y comportamiento 