Luis Rosero M.
En su discurso de posesión el presidente señaló que, en su segundo periodo, haría reformas para incentivar el crecimiento, el empleo y la inversión y los pilares de su gestión serían la economía, seguridad, obra pública y educación. Para ello, utilizará la inversión pública y apoyará al sector privado. En el primer mes de su mandato, se van delineando las acciones y políticas que adoptaría para alcanzar los objetivos señalados. En este artículo nos referiremos a lo político, economía y seguridad.
En lo político, el gobierno ha alcanzado la mayoría en la Asamblea. Con ello, controla el parlamento y, en esa medida, tiene una aplanadora con la puede aprobar las leyes urgentes sin ningún cambio. Ya hay opiniones sobre los errores, inconstitucionalidad y excesos que se cometen por los proyectos de ley que se aprueban por la fuerza de los votos. Y también críticas sobre la sumisión y obediencia del órgano legislativo. Pero no solo eso, sino además por la concentración de los poderes del estado.
En el artículo anterior, señalamos las principales tendencias y desequilibrios macroeconómicos. Entre ellos, el déficit fiscal, la falta de liquidez, el alto endeudamiento externo y los riesgos de la sostenibilidad de la deuda. Para reducir el primero, ha optado por eliminar los subsidios al diésel a la industria atunera, a la electricidad de las empresas que utilizan alto y medio voltaje e impuso una tasa de fiscalización a las empresas mineras. Todo eso para obtener más ingresos fiscales a los que se sumaría la aplicación del impuesto a utilidades en la venta de acciones. Estas medidas apenas compensarían los subsidios y transferencias que se otorgaron a jóvenes, mujeres y otros, previo a la elección presidencial. Además, esta solicitando mil millones más de crédito al FMI en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado (SAF) por 4 mil millones. La ministra de Finanzas declaró que el déficit fiscal en 2025 sería de 3000 millones de dólares. En consecuencia, en estas condiciones sería difícil aumentar la inversión pública para generar empleo, a no ser que se aumente la presión fiscal o haya mayor endeudamiento. Y, por otro lado, la política económica estará condicionada por el SAF que tiende a ser restrictiva. A pesar de ello, el Banco Central ha previsto una tasa de crecimiento de 2.8%. Sin embargo, el FMI proyecta una tasa de sólo 1.7%, Banco Mundial 1.9% y Deloitte 1.2%.
En seguridad, el gobierno esta reformando el marco legal con la aprobación, de leyes urgentes para combatir el crimen organizado y tráfico de drogas. Entre ellas está la de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y se aprobó el segundo informe del proyecto de ley de Integridad Pública. La primera busca desarticular las economías criminales, proteger a la población afectada y rehabilitar las zonas controladas por éstas. La segunda busca coordinar los sistemas de inteligencias de las instituciones de las FF.AA., establecer el funcionamiento y atribuciones del Sistema Nacional de Inteligencia. La última estaría orientada a reformar al menos una docena de leyes como la de contratación pública, código monetario, código de la niñez y adolescencia. Se buscarían, entre otros objetivos, control de corrupción en compras públicas, que el presidente designe al gerente del Banco Central y juzgamiento de los adolescentes infractores como adultos, respectivamente. El régimen busca establecer el marco jurídico para avalar su política de mano dura contra los grupos criminales y narcotráfico. Ya han surgido críticas a este conjunto de leyes aprobadas y por aprobarse. Así, Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército declaró que “un sistema inteligencia no trabaja para proteger a un partido político”. Así mismo, la columnista de La Hora titula su artículo “Ley de Inteligencia afecta derechos”. También es criticable que el proyecto de ley de Integridad Pública, trate de abarcar varios aspectos diferentes, reformar algunas leyes, y que el presidente nombre al Gerente del Banco Central. Los organismos multilaterales internacionales defienden la independencia del Banco Central en lo técnico y también la incidencia política del régimen de turno sobre las acciones de dicho banco. También este proyecto busca incluir el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos. No estoy afirmando que no se actué en contra los jóvenes que cometan delitos contra la vida sino que hay que establecer un marco legal adecuado para estos casos. En Perú, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó una modificación del Código Penal y Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes incorporando a los jóvenes de entre 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal por delitos graves para disminuir el índice de criminalidad e inseguridad ciudadana.
En síntesis, en lo económico el gobierno se ve limitado en su intención de incentivar el crecimiento y el empleo con inversión pública por el alto déficit fiscal que tendría el país en 2025 a no ser que quiera cargar más impuestos o mayor endeudamiento. Es adecuado frenar a los grupos criminales, pues su acción tiene efecto negativo sobre el crecimiento económico. En cuanto a la lucha contra estos grupos y el narcotráfico, al establecer un marco jurídico para este propósito hay que proteger a las víctimas colaterales, los negocios que desaparecen por los secuestros y extorsiones, el sistema de inteligencia y contrainteligencia debe proporcionar información para prevenir los delitos del crimen organizado; además hay que reconsiderar la detención y escuchas de telecomunicaciones sin orden judicial y un marco adecuado para los delitos graves de menores de edad. Finalmente, no interferir en la independencia del Banco Central y evitar la incidencia política del gobierno sobre éste.
Pensamiento y comportamiento 