Luis Rosero M.

En el primer artículo, sobre este tema, señalé, del proyecto señalado, las principales fuentes de ingreso fiscal que le proporcionarían liquidez inmediata al gobierno, los incentivos para generar empleo y atraer inversión extranjera, a través de zonas francas. En este artículo, concluimos el análisis con los aspectos más relevantes.

Respecto a las zonas francas, se establecen que serán uniempresariales y multiempresariales de capital público o privado. Entre las actividades que podrán desarrollar son múltiples y se insiste que sean principalmente para maquila. Se confirma esta característica ya que todas las importaciones de insumos, materias primas, y bienes de capital están exentas de los tributos al comercio exterior pues los bienes finales que se produzcan con estos se destinarían a la exportación. Para buscar competitividad de estas ventas al exterior, importante señala que los contratos en zonas francas se considerarpan temporales, o sea no habría estabilidad. Esta reforma toma mucho del proyecto de ley del gobierno de Lasso que fue rechazado por la Asamblea. Además, se insiste, en el régimen de atracción de inversiones a través de las asociaciones público-privado, que tuvieron poco interés en el dicho gobierno.

La parte significativa del proyecto, en cuanto a la generación de ingresos fiscales inmediatos es la remisión (amnistía) tributaria de interés, multas y recargos de las obligaciones tributarias fiscales cuya administración y recaudación esta a cargo del SRI. El proyecto generaría un ingreso fiscal neto de 832 millones en 2024, pero de este monto 960 millones corresponden a la remisión (amnistía tributaria) que deducido los ingresos que se dejan de percibir por los incentivos tributarios para generar empleo y atraer inversión extranjera darían el monto inicial señalado. Aquí, como señalé en un artículo anterior, surge el conflicto de intereses pues el grupo Noboa es el principal deudor del fisco y con esta remisión solo pagará el capital que es la parte menor de toda la deuda que mantiene este grupo con el SRI.

Habría exención tributaria en el Impuesto a la Renta (IR), por diez años, a las nuevas inversiones en generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gases natural y asociado. Se exceptuarían del pago del IR los rendimientos y beneficios obtenidos por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales así como los de inversiones en renta fija que se negocien en la Bolsa de Valores. En cambio, no podrán deducir para el IR los gastos en publicidad los que comercien con alimentos ultraprocesados y se podrán deducir hasta el 150% estos gastos además de la promoción y auspicios a favor de deportistas, eventos deportivos, estudiantes de bajos recursos, instituciones educativas de nivel básico y bachillerato públicos destinados para becas, alimentación e infraestructura, etc. Habrá retención en la fuente, del 5% de IR, en la producción y comercialización de minerales y otros bienes.

En síntesis, el proyecto de ley busca tres objetivos. Uno recaudar más ingresos fiscales de manera rápida.  Dos y tres, incentivar la generación de empleo y atraer inversión, principalmente extranjera, con incentivos tributarios. Para obtener recursos fiscales de forma rápida ingresos tiene dos vías. Una, reforma a la ley de régimen tributario interno, que obligaría a la retención mensual del Impuesto a la Renta. Dos, mediante la amnistía tributaria que exonera del pago de interés y multas de obligaciones tributarias. No crea nuevos impuestos ni modifica la base tributaria de estos. Por otro lado, crea una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que señalar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, se busca hacerlo a través de zonas francas vía maquilas que es lo que propuso el gobierno anterior. Sin embargo, el capital extranjero de inversión se mueve en función de las garantías que exija en el país en que se traslade (estabilidad jurídica, resolución de conflictos con mediadores internacionales, libre envío de utilidades, etc.).mSe insiste también, para este propósito, en el mecanismo de las asociaciones públicas-privadas que no dieron resultado en el gobierno anterior.

En conclusión, lo que busca el gobierno es aplazar el ajuste fiscal (para reducir el déficit fiscal). Sin embargo, no se ataca el problema fiscal de fondo, de carácter estructural, de continuos déficits fiscales. En el segundo caso, con la misma perspectiva, busca cumplir con la promesa de campaña de generar empleo, a través de incentivos fiscales. Para ello, hay que dinamizar la demanda agregada, a través de gasto o inversión pública y privada. El proyecto tiene en mira un objetivo político, ya que es elaborado teniendo como perspectiva las elecciones presidenciales de 2025, no reduce el déficit fiscal ni propone generar nuevos ingresos fiscales, vía variación de la tasa o base tributaria, pues afectaría a la población, cambiando las preferencias electorales. Por ello, el riesgo país sigue alto ya que el proyecto no genera más ingresos fiscales por estas dos vías. Se mantiene así el nerviosismo de los tenedores de la deuda soberana del país, pues el proyecto de ley no genera estabilidad fiscal. Es probable que, según se mueva la coyuntura política, se aplace la reforma tributaria con cambios en la tasa y base tributaria para el próximo periodo presidencial y dentro del marco de un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales.

Luis Rosero M.

El gobierno envío a la Asamblea, con carácter de económico-urgente, el proyecto de ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que busca principalmente una reforma tributaria para generar más ingresos fiscales inmediatos para aliviar la iliquidez fiscal, incentivar la generación de empleo y fomentar y atraer la inversión. Se trata de una tibia reforma tributaria que aplaza el ajuste fiscal.

Con un boletín de prensa, el gobierno informó de la situación fiscal del país que se resume en el saldo de la cuenta Única del Tesoro con 184 millones, atrasos con instituciones públicas y proveedores por 2872 millones, un déficit fiscal proyectado para 2023 de 5% del PIB (5000 millones), deuda pública de 63000 millones, caída de 9% del ingreso per cápita en la última década y un riesgo país cercano a los 2000 puntos.

Como había señalado, en artículo anteriores, la situación fiscal del país es grave reflejada en la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y la alta deuda pública. El alto riesgo país se debe a la crítica situación económica del país, el nerviosismo de los tenedores de deuda soberana sobre la posibilidad de un default y la crisis de la economía expresada en varios desequilibrios macroeconómicos. El proyecto busca enfrentar, con urgencia, la iliquidez fiscal que es tan crítica que el gobierno tuvo que prestar 139 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional para obtener recursos de forma inmediata.

Para la obtención de ingresos fiscales, de manera inmediata, el proyecto se apuntala en dos medidas principales. Una, es el cambio de la forma de pago  del impuesto a la Renta de los Grandes Contribuyentes (empresas más grandes) que, según la legislación tributaria actual, se paga en marzo y  abril de cada año en que se liquida dicho impuesto. Con el proyecto, se busca obtener liquidez tributaria, con este impuesto, estableciendo una autorretención de forma mensual. El proyecto también establece otros mecanismos para obtener liquidez fiscal inmediata. Dos, una serie de reformas legales que crea incentivos tributarios a las empresas nacionales y extranjeras para incentivar la generación de empleo.

Los incentivos fiscales que, propone el proyecto, para la generación de empleo son varios. Uno, es que los aportes al IESS de los nuevos trabajadores de entre 18 y 29 años, se deducirán con el 100% adicional, o sea como gasto empresarial siempre y cuando se hayan mantenido, en la empresa, al menos 6 meses consecutivos estos nuevos trabajadores. Dos, las personas y las empresas que hayan pagado el IVA en la compra locales o en importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios se les devolverá dicho impuesto, a través de la emisión de una nota de crédito, lo que significa que los que lleven a cabo dichos proyectos reducirán sus costos y, en esa medida, aumentaran su rentabilidad que es una forma de incentivar la construcción de viviendas y así se demandaría mas empleo en el sector de la construcción.

Por otro lado, para incentivar la entrada de capital extranjero, se busca reformar en la ley de régimen tributario interno que flexibilizan las condiciones de la residencial fiscal y además se crea la residencia fiscal temporal por 5 años, una de carácter especial, que les obliga a los extranjeros a pagar los impuestos indirectos pero respecto al Impuesto a la Renta, solo pagaran sobre las rentas generadas en fuente ecuatoriana y se excluyen los ingresos obtenidos fuera del territorio nacional. El principal requisito será que tendrán que realizar una inversión inmobiliaria o actividad productiva de 150.000 dólares, con lo cual se emula a los EE.UU. que exige a los que quieren obtener residencia un requisito como el señalado. Hay otra serie de incentivos fiscales que buscan atraer inversión extranjera al país.

Otra forma de atraer inversión extranjera es la exención de pago de impuesto a la renta, por 5 años, a las empresas que operen bajo el régimen de zonas francas y por el tiempo que queda en el contrato de inversión pagaran una tarifa solo de 15%. Esto es principalmente para atraer inversión extranjera que se establezca en el país y, entre otras formas, opere como maquila.

El proyecto contempla otras formas de obtener liquidez fiscal, de incentivar el empleo, atraer inversión extranjera y favorecer a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y huérfanas que serán tratadas en otro artículo.

Luis Rosero M.

El nuevo gobierno, presidido por Daniel Noboa, asume el poder en medio una grave crisis de seguridad, económica y social. El acuerdo parlamentario con la derecha y el correísmo muestra la necesidad de aprobar los proyectos de ley que requiere para enfrentar esta triple crisis. Las primeras decisiones del Presidente están orientadas a ciertas demandas de sectores de la sociedad y frenar los conflictos internos del gobierno con firmeza. El gabinete nombrado se caracteriza por la juventud y poca experiencia en la función pública. Hay que esperar para ver si predomina el pragmatismo o los condicionamientos de los organismos internacionales en la política económica.

Como todo es posible en política, el gobierno llego a un acuerdo parlamentario con el PSC y RC con el interés de que se aprueben los proyectos de ley que enviará a la Asamblea. Esto deja fuera del reparto de las dignidades de la Asamblea a Construye que, además de perder algunos asambleístas, no logró que se posesione su jefe de bancada, el ex ministro Carrillo. No le quedo otro camino a este movimiento que irse a la oposición. El gobierno no pactó con Construye por qué el PSC quería mantenerse en el liderazgo en la derecha, que es disputado por esta nueva fracción de la derecha de tinte autoritario.  Otro motivo para impedir la alianza gobierno-Construye, es que el correísmo exigía que no se posesione al ex ministro como asambleísta.

Las primeras decisiones del gobierno de eliminar la tabla de drogas y los acuerdos ministeriales, firmados por el ex ministro de Trabajo de Lasso, que cambiaban algunas de las condiciones laborales, atentatorias de los derechos de los trabajadores. En el primer caso, la demanda de ciertas familias se debe a que, según ellas, era la causante de la adicción a las drogas de sus familiares. En lo que respecta a los acuerdos del ministerio de trabajo, la no puesta en vigencia de estos respeta derechos laborales relacionados con la jornada laboral y los pagos de horas extraordinarias. Ambas decisiones favorecen la popularidad del nuevo gobierno que se tomaron teniendo en mira las elecciones presidenciales de 2025. En cuanto a la derogación del decreto para otorgar la competencia del quinto puente para Guayaquil, al igual que en las dos primeras decisiones, está dirigido al interés del nuevo gobierno de construirlo a fin de aliviar los problemas de tráfico de Guayaquil, Samborondón y Duran y, en esa medida, ganar el apoyo de los habitantes beneficiarios de estas tres ciudades. Por otro lado, el conflicto con la Vicepresidenta de la República fue zanjado con firmeza. Al estilo del correísmo, cuando un funcionario generaba ruidos políticos, los enviaba como embajador. En las declaraciones de la segunda mandataria, ante la función que le encargo Noboa de ir a gestionar la paz entre Israel y Palestina, denuncia abuso de poder y envío a morir en la guerra.

En el discurso de posesión del nuevo Presidente, señaló como tarea del estado la de reducir la violencia y atacarla reduciendo la desocupación y generando empleo. Para ello, enviará un proyecto de reforma con esos fines. También mencionó que el enemigo es la miseria y que hay que trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. Confía en el ímpetu y fortaleza de los jóvenes, como él, para sacar al país de la crisis.

Con ese espíritu, el gabinete que nombró hay mucha juventud y paridad de género, tiene buena formación académica y visión empresarial en el sector privado, pero carece de experiencia en la función pública. El cambio del candidato a ministro de Finanzas, a última hora, obedece a críticas externas de no tener suficiente experiencia para afrontar la grave crisis del país y, por otro lado, que la candidata al final decidió no asumir el cargo, cuando otros iban a estar detrás de las decisiones como ya lo mencionó un periodista.

Como señalaron los medios de comunicación no se enviaron a la Asamblea los proyectos de reforma tributaria y de energía como había anunciado el gobierno. Esto muestra cautela y mesura por los problemas urgentes que le toca enfrentar al gobierno como la iliquidez fiscal, el déficit fiscal, el pago endeudamiento externo e interno (IESS, proveedores, etc.) y el problema de los apagones que afecta a la población y a la economía. Lo qué si es claro es que va a acudir al FMI y otros multilaterales para conseguir un crédito puente y recursos, en el corto plazo, para atender las necesidades mas urgentes para el funcionamiento del sector público. Esto implicará que, siguiendo la doctrina de su principal asesor económico, la línea en el manejo de la crisis económica va a estar orientada por la ortodoxia económica de dichos organismos internacionales. Sin embargo, hay que ver si muestra pragmatismo más que ideología al tomar decisiones. Los problemas estructurales del país van a tener que esperar a un segundo mandato como es la mira de Noboa.

Luis Rosero M.

Con una amplia ventaja, Milei ganó la presidencia de Argentina generando un terremoto político en la Argentina que antes decidía, en las elecciones, entre el peronismo y la derecha. El sismo también será en la economía y en lo social por lo radical y los efectos de sus propuestas. Se extiende así, a América Latina, la tendencia mundial del avance de esta tendencia ultra y que convenció a los electores argentinos que, por casi medio siglo, han sufrido crisis tras crisis las cuales continuamente agravaron sus condiciones sociales y encontraron en Milei un redentor. Fue decisivo, en su triunfo, el apoyo de la derecha.

La realidad económica y social peso más que las propuestas del peronismo. En efecto, la inflación de 137%, el aumento de la pobreza a 40% y la aparición del hambre son sólo tres indicadores que reflejan la grave crisis económica y social de Argentina. La depreciación continúa del peso y el reetiquetado de precios de productos de la canasta básica alimentaron la inflación, y, la desaceleración constante de la economía, el desempleo y el aumento del costo de la vida condujeron al crecimiento de la pobreza.

Los argentinos recuerdan la política extrema, aplicada por el peronismo, que supuestamente iba a superar la crisis económica pero los efectos de la convertibilidad, el corralito (congelamiento de depósitos) y el abandono de ésta provocaron muchos estragos que empobrecieron a la población, desequilibraron la macroeconomía y pulverizaron su nivel de vida. La situación económica y social se agravó con las medidas económicas y el fuerte endeudamiento de Macri (derecha) con el FMI. Milei aprovechó el desencanto y sufrimiento de la gente, por las consecuencias de la política económica y social que aplicó el peronismo e infundió temor que de seguir con éstas el país corría el riesgo de un derrumbe total y quebraría. Ante esta advertencia la gente creyó ver en Milei un salvador y un redentor. Propuso medidas económicas radicales que supuestamente acabarían con el desastre dejado por el peronismo y el país resurgiría encaminándose por la senda del crecimiento, progreso y generación de empleo.

Las medidas más radicales de Milei son cuatro. Una es aplicar la dolarización. Dos, eliminar al Banco Central para acabar con la inflación. Si bien, la experiencia de Ecuador, confirma la posibilidad de reducir la inflación ya que se eliminan las expectativas inflacionarias provenientes de la depreciación cambiaria. Sin embargo, para aplicarla requiere tener suficientes de reservas para que se pueda establecer un tipo de cambio razonable. Dependiendo de esta definición, el nivel de ajuste será mayor o menor (variando el valor de los activos) recaerá sobre toda la población sobre todo a la clase media y afectando a los más vulnerable y de menores recursos dado que el costo de la vida aumentará por el ajuste de precios, previo a la dolarización, como ocurrió en nuestro país.

Otra propuesta, es reducir 15% del gasto público para aminorar el déficit fiscal, que provoca inflación si es financiado con emisión monetaria qué, según la tesis de esta corriente. Habría un reordenamiento y priorización del gasto. Entre los gastos eliminados estarían los subsidios sociales que, si se aplica en el corto plazo, causaría serios estragos en la población más vulnerable y profundizaría el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza.

Además, se aplicaría una reforma estructural para reducir el tamaño del estado, a través de la privatización, eliminando las empresas e instituciones publicas que pasarían a manos de empresas de capital privado, que implicaría ajustes de precios y tarifas de servicios públicos.

También buscaría que impere plenamente la economía de mercado hasta tal punto que propone crear hasta un mercado de órganos, que las empresas manejen las asociaciones de futbol, etc. Dicho en otras palabras, que en todo ámbito productivo, comercial, financiero, deportivo, etc. se definan los precios a través de la oferta y la demanda, sin controles ni regulaciones.

El desafío de Milei es, qué aplicando sus ideas ultras, logre la estabilización económica y mejore las condiciones de vida. Lo primera implica generar crecimiento económico, empleo, equilibrios fiscal, monetario, de balanza de pagos, etc., elevar la RMI, pagar y renegociar la deuda externa, etc. En lo social, reducir la pobreza, la miseria y el hambre. Surge la interrogante sobre si la política económica será de shock o gradual. Esta repuesta es vital, pues definirá el nivel de impacto de las medidas tanto en lo económico y en lo social. También debe probar que los mercados funcionando libremente permitan mejorar la distribución del ingreso y, en consecuencia, la calidad de vida de la población.  En suma, el reto de Milei es equilibrar la economía para encaminarla hacia el crecimiento, generación empleo y reducción de la pobreza. En las relaciones exteriores habría muchos cambios políticos y, en el comercio, implicaría renegociación o abandono de ciertos bloques comerciales. Los riesgos son el autoritarismo, abuso de poder y el irrespeto a los derechos ciudadanos.

Luis Rosero M.

La gira al exterior, del presidente electo, y, el nombramiento de los primeros ministros revelan ciertos indicios sobre la política económica que aplicaría para enfrentar la crisis económica y social. Hay mucha expectativa sobre la gestión del nuevo régimen respecto a la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado laboral, la pobreza y los problemas económicos. El desafío es estar a la altura de las circunstancias y mostrar resultados que alivie el deterioro del nivel de vida de los ecuatorianos. Lo fundamental es definir prioridades en los problemas económicos y sociales.

El aumento de la inseguridad ciudadana, deterioro de las finanzas públicas, aumento del desempleo y subempleo y del sector informal y apagones reflejan lo principal de la situación apremiante del país. El presidente saliente, en las últimas semanas, se dedicó a viajar al exterior, entregar condecoraciones y escribir un libro titulado 900 días de gobierno. El Expreso publicó un artículo “900 días de fracaso ¿Para qué quiso ser presidente?” El título del artículo expresa claramente como fue la gestión del mandatario saliente que, contrario a la realidad, declaró dejar un mejor país que el que recibió.

La gravedad de la situación fiscal del país es revelada por el débito por parte del Ministerio de Finanzas, de un millón de dólares, de las cuentas de Tame en liquidación, acción inédita en el país. Dicho Ministerio reveló que, el déficit fiscal, a fines de Octubre de 2023, alcanzaría 2.7% del PIB. Se estima que este llegaría a fin de año al 5% del PIB, mostrando la penuria económica de la caja fiscal. En cuanto, al mercado laboral, el Ministerio de Trabajo, anunció que en octubre se perdieron 75.000 puestos de trabajo principalmente en la agricultura, ganadería pesca, uno de los sectores de más generación de empleo y la tasa de subempleo alcanzó, en el III trimestre de este año, el 20%.  A más de eso, las estadísticas laborales muestran que ya en el sector informal hay 5 millones de personas. Y, respecto a la situación social, según el INEC la pobreza por ingresos, a junio de 2023, alcanzó 27%, y, la pobreza extrema llegó a 10.8%, y, el otro indicador que refleja la gravedad de la crisis social es la desnutrición crónica infantil que, a pesar de que se redujo, a nivel urbano representó el 20.1%, siendo más grave aún en el área rural que alcanza 28.7% en lo que va del 2023. A eso se suma la presencia del fenómeno de El Niño que ahondará la crisis económica y social e impactará en el crecimiento económico dependiendo de la intensidad de dicho fenómeno.

Una cosa son los ofrecimientos de campaña y otra la realidad objetiva que muestran estos indicadores revelando la gravedad de la crisis económica y social del país. Para enfrentar el déficit fiscal, como señalé en un artículo anterior, el nuevo régimen aplicará una reforma tributaria que, por la iliquidez fiscal, podría incluir una amnistía tributaria. Como son necesarios más recursos públicos, en su gira, el presidente electo anunció su intención de solicitar un préstamo puente al FMI y apoyo de otros organismos multilaterales. En la delegación que asistió a la primera reunión entre el presidente electo y el saliente resaltó la presencia de A. Dahih, conocido monetarista, que explicaría el acercamiento al FMI y quien sería el asesor económico del régimen. La línea de política económica sería de carácter ortodoxo y la exigida y condicionada por el FMI para sus créditos a los países que los soliciten. Esto podría implicar más ajuste fiscal por el lado del gasto (reducción o eliminación subsidios, elevación de tarifas de servicios públicos, recorte y reducción del tamaño del estado, etc.) y, por los ingresos (aumento de la base tributaria, reducción de la elevación, nuevos impuestos, etc.). Habría también, en el acuerdo con el FMI, reformas estructurales (fiscal, monetaria, apertura comercial, laboral, competitividad externa, etc.).

El nombramiento de los ministros refleja la formación de un gabinete integrado por muchos empresarios que implicaría fortalecer la economía de mercado. El nombramiento de las ministras de Industrias y Comercio Exterior así como la de Relaciones Exteriores serían claves para impulsar la aplicación de los acuerdos comerciales con China, Corea del Sur y otros que estarían en proceso de firmarse. La última cartera de estado emularía de política de sus embajadas, aplicada por Brasil, que las transforma en promotoras de comercio y principalmente de las exportaciones. La nombrada Ministra de Finanzas y Economía, no ha comentado nada sobre su gestión lo que genera incertidumbre sobre el manejo económico.

Respecto al mercado de trabajo, para la generación de empleo el presidente electo señaló en la campaña la atracción de inversión extranjera e incentivos tributarios para empresas que generen inversiones que contraten mano de obra local. Lo primero es complejo ya que este tipo de inversión ingresa a un país cuando le aseguren seguridad jurídica, tratados de inversión, ciertas garantías mínimas, libre repatriación de utilidades, resolución de conflictos en cortes internacionales o mediación privada, la situación macroeconómica, etc. No es casual, que el riesgo país aumentará después de las declaraciones del presidente electo, en su gira. A los inversionistas y a los acreedores de la deuda externa les interesa tener certidumbre económica, la estabilización económica  y recursos para pagar dicha deuda. En la actual situación del país lo anterior no se puede alcanzar en el corto plazo y requiere que los tratados pasen por la Asamblea Nacional. Para generar empleo, en el corto plazo, es interesante la propuesta del presidente electo de reducir el IVA para los materiales de construcción para incentivar este sector generador de alto empleo. Pero, el empleo depende principalmente del crecimiento económico. Las proyecciones indican la desaceleración de esta variable clave. Así, el Banco Mundial pronostica, para 2023, una tasa de 1.3%, el FMI 1.4% y el Banco Central estima 1.5%. Lo más crítico es que para 2024 el FMI prevé una tasa de 1.8%, el Banco Mundial 1.9% y el Banco Central la reduce a solo 0.8%, o sea llegaremos al estancamiento económico.

En síntesis, el presidente electo tiene un gran desafío para enfrentar la crisis económica. Para llevar adelante sus propuestas es clave disminuir incertidumbre sobre el manejo económico, reducir la inseguridad ciudadana, incentivar el crecimiento económico, generar empleo, atenuar la pobreza, generar la liquidez fiscal e incrementar los ingresos públicos y enfrentar el fenómeno El Niño con eficacia. Estas deberían ser las prioridades y, en ese orden, de su corto mandato.