Luis Rosero M.

El gobierno decidió aplicar la mano dura contra el crimen organizado y la economía de la droga con la declaración de un conflicto armado interno para enfrentar la violencia que estas generan. La actividad de estos grupos tiene varios ámbitos, por lo tanto, la estrategia para controlarlos debe ser integral. Con el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, el gobierno busca despojarlos de los recursos obtenidos en sus actividades ilícitas.

En Guatemala y El Salvador se aprobaron, en 2010 y 2013 respectivamente, la ley de extinción de dominio para atacar el corazón financiero de los grupos criminales. En el país, se aprobaron la ley de extinción de dominio y la de lavado de dinero recién en 2021, lo que posibilitó que los grupos criminales organizarán y consolidarán sus finanzas pero, además, hay tenido muy poca aplicación, entre otros factores, por la corrupción en el sistema judicial y otras entidades públicas.

Por ello, el proyecto de ley señalado plantea reformar las dos leyes señaladas.

Entre los aspectos principales de estas reformas está simplificar el proceso de la titularidad a favor del estado de la extinción de dominio contando con la sentencia de la autoridad judicial. Por otro lado, se aplicará no solo a funcionarios públicos sino también a particulares. Se le da facultad a la Procuraduría del Estado para que presente acusación particular con la cuantificación de los bienes sujetos a la extinción. En cambio, la Fiscalía realizará la investigación patrimonial de la extinción ya sea por oficio o denuncia. Habrían juece especializados en corrupción y crimen organizado. O sea que se establecen claramente la competencia de cada una de las entidades públicas que actuarán en la extinción de dominio, se simplifican los trámites y procedimientos y se crean los jueces especializados para que, los trámites de extinción de dominio, no tengan que esperar la cola de los juicios con un juez general. A más de eso, el fiscal no tendrá inoponibilidad de secreto o reserva de la información financiera y de otro tipo. Se acorta el plazo de la investigación patrimonial y el conocimiento de la resolución de extinción de dominio será de dos días.

Por otro lado, se autoriza la venta anticipada de los bienes que entrarían en la extinción si estos corren el riesgo de deteriorarse o extinguirse. También se reducen los plazos de suspensión de la audiencia a la mitad del tiempo y se facilita la declaración de la sentencia ejecutoriada.

Respecto a la ley de lavado de activos, se establece el procedimiento para la prevención de estos, en los procesos de contratación pública, a fin de frenar la corrupción en esta área, que estará a cargo de la UAFE y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se conforma una Observatorio Ciudadano que vigile las actuaciones de dichas entidades. Se especifican y reforman los procedimientos de contratación pública. Se establecen competencias de la Contraloría y Procuraduría en cuanto al lavado de activos.

También se reforma la ley relacionada a las armas y, en lo fundamental, se establece que las armas incautadas pasaran a manos del Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El proyecto de ley señalado busca simplificar y agilizar la aplicación de la ley de extinción de dominio y de lavado de activo, respetando el debido proceso legal, para que sean eficaces para despojar de los activos obtenidos ilícitamente por estos grupos criminales así como de la corrupción en la contratación pública y que pasen al estado. Es un avance en la guerra contra la economía de la droga, crimen organizado y corrupción en la contratación pública. Se va revelando la estrategia que utilizará el gobierno contra estos grupos que, en sus operaciones, no solo utilizan la violencia sino que además tienen formas para camuflar sus activos ilícitos y el proyecto facilita confiscarlos y traspasarlos al estado que servirán, entre otros fines, para mejorar las finanzas públicas, que contribuirá al financiamiento de la lucha contra estos grupos delictivos. Se requiere además una reforma judicial que elimine la corrupción y proteja a los funcionarios judiciales y a jueces (por ej. jueces sin rostro).

Luis Rosero M.

A fines de la primera semana de enero, se conoció la fuga del líder de la banda de los Choneros, aliado de uno de los carteles mexicanos; en la siguiente semana, el lunes el gobierno impuso el estado de excepción y  el martes 14 un grupo armado asaltó, en Guayaquil, a Canal TC, del estado, manteniendo como rehenes a los presentadores y técnicos del noticiero en vivo, el gobierno declaró al país en conflicto armado interno, al siguiente día, en las principales ciudades del país, se registraron, al parecer de forma coordinada, asesinatos, bombas, explosiones, quema de vehículos, toma de las principales cárceles del país y captura de rehenes de los guías penitenciarios, etc.  En síntesis, la segunda semana de enero, el país vivió una convulsión desatada por la violencia de los grupos criminales que atemorizó a la población que se reflejó en el teletrabajo que establecieron algunas empresas, la reducción del tráfico vehicular, la orden del ministerio de educación de las clases on line, menor asistencia a los mercados, el retiro temprano a sus hogares de buena parte de los pobladores de dichas ciudades, etc. El gobierno declaró la guerra a las bandas criminales, estableció el toque de queda y calificó como terroristas a estos grupos. El ejercito ahora recorre las calles, en algunas ciudades, incluidas playas de costa ecuatoriana, logrando la captura de sospechosos, incautación de armas y la intervención policial en algunas zonas peligrosas ha permitido la detención de posibles delincuentes.

La economía de la droga surgió hace más de una década en el país y operaba de forma camuflada. Si bien, sus principales ingresos proceden de los envíos de la droga al exterior. Las bandas asociadas a los cárteles prestan servicios para que ésta llegue a los puertos. Las bandas además realizan otra serie de actividades delincuenciales (microtráfico, extorsión, secuestros, etc.) que han generado violencia en las ciudades, principalmente en la costa ecuatoriana.

Por otro lado, para asegurar la continuación de su actividad los capos de los carteles, por medio de la corrupción y violencia, se han infiltrado en las instituciones de justicia, policía, cárceles, etc. a fin de proteger, defender y liberar a sus operadores y mantener su impunidad. La economía de la droga tiene un entramado muy complejo y enfrentarlas requiere una estrategia y tácticas que debe incluir labores de inteligencia y tecnología.

Además, en los últimos 6 años, se ha registrado un agravamiento de las condiciones sociales expresadas en desempleo, reducción de recursos para política social, pobreza, hambre y miseria  que ha generado un caldo de cultivo para que los jóvenes, sin oportunidades, se conviertan en la cantera de delincuentes que captan las bandas criminales.

Si bien la ciudadanía ha recibido con beneplácito la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno, ya que reduce temporalmente la inseguridad, surge el interrogante si ¿es suficiente la mano dura para enfrentar a los carteles y sus bandas aliadas para frenar su actividad y la violencia que genera?

La economía de la droga y la violencia que genera tiene muchas aristas, incluido el lavado de dinero, por lo cual debe enfrentársela atacando sus diferentes ámbitos. No se puede caer solo el uso de la fuerza y sus métodos, hay que establecer un plan de seguridad integral y aplicarlo cubriendo todos los ámbitos señalados (incluido la confiscación de los activos ilícitos). Para ello, se requiere una profunda reforma judicial (incluye jueces sin rostro), en la administración profesional de las cárceles, en el lavado de activos, etc. Esta debe realizarse con urgencia, no a través de consulta, con un acuerdo con la Asamblea para un trámite de emergencia. La embestida criminal requiere de la Unidad Nacional y una acción decidida del gobierno, en todos sus ámbitos, en su lucha contra la violencia desatada por las bandas criminales.

Luis Rosero M.

Como ya he señalado el país sufre de una cuádruple crisis. En el marco del agravamiento de la crisis de seguridad, por la fuga del líder de los Choneros y aumento -la semana pasada- de las muertes violentas, el nuevo gobierno va lentamente tomando medidas para enfrentar la grave problemática fiscal que requiere urgencia. La crisis económica es crítica que se refleja en una serie de desequilibrios macroeconómicos. Se va muy despacio para contrarrestar la iliquidez fiscal que ya está afectando hasta los de tercera edad que incluye a jubilados. La política fiscal esta media por las perspectivas políticas que limitan su accionar por la proyección de la reelección presidencial.

Unos pocos indicadores muestran lo crítico de la situación económica. En efecto, en el tercer trimestre de 2023 la economía creció apena 0.4% uno de los mas bajos de los últimos años. Esta evolución se explican principalmente por el aumento de las exportaciones y el consumo del gobierno, pero resulta preocupante que el consumo de los hogares (-4.7%) y la inversión (-5.6%) se hayan contraído fuertemente lo que explica la tendencia a la desaceleración de la economía. Ahora el Banco Central estima una tasa de crecimiento, para dicho año, de 1.5%. La inflación de noviembre (-0.4) y diciembre (-0.02) fueron negativos reflejando signos de deflación, lo que puede implicar que la tasa de crecimiento sea inferior a la prevista por el Banco Central. Lo preocupante es cual sería la tasa de crecimiento de 2024 que, con la tendencia a la desaceleración de la economía y por la política de austeridad que afecta a la inversión pública, podría ubicarse en 1.5%. La Cepal proyecta 2%.

Se estima que el déficit fiscal sea de 5500 millones de dólares y la iliquidez fiscal bordea los 3500 millones. Para esta última, el gobierno ha vuelto, como en otros regímenes, a seguir utilizando los atrasos a proveedores, IESS, prestadores de servicios de salud, gobiernos autónomos descentralizados, y ahora hasta las personas de la tercera edad a los que no se devuelve el IVA desde hace algunos meses. Este grupo social ya suma medio millón de ecuatorianos.

Para enfrentar el déficit y la iliquidez fiscal el gobierno va lentamente tomando medidas. Comenzó con la ley de  Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en diciembre por la Asamblea, en la que principalmente hay una condonación de intereses y multas de deudas tributarias con el SRI y, por otro lado, la retención mensual del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes, que rige a partir de 2024, con lo cual obtendría recursos inmediatos. Luego, acudió al pago anticipado de impuestas a grandes empresas. Continuó con obtener liquidez de la Corporación Financiera Nacional y emitió deuda interna. Siguió con la suspendió la reducción del impuesto a la salida de divisas. En el gobierno anterior, se había decidido que se reduzca al 2% hasta 2023 pero Noboa determinó que se mantenga en 3.5%. Siguió con la venta de oro, parte de la RMI, por parte del Banco Central. Esta institución, en un comunicado, señaló que la “que la recomposición de las Reservas Internacionales” le generó utilidades adicionales de 252 millones, de los cuales el 70% será distribuido en el primer trimestre de 2024. De acuerdo al Código Monetario, las utilidades del Banco Central deben ser trasladadas al Ministerio de Finanzas y Economía.

En ese año, el Ministro de Finanzas declaró que habría una reducción de 1000 millones de dólares en el gasto público. El recorte estaría dirigido a los contratos eventuales en la administración pública, lee seguirían la optimización de gasto en empresas públicas. Especificó que sería en Petroecuador y también iría la focalización de subsidio que generaría un ahorro de 2 a 2.5% del PIB, pero no especificó cuando aplicaría esta última. Lo que muestran estas medidas es que no hubo ni hay un plan económico diseñado previamente.

En síntesis, el gobierno en sus medidas ha puesto énfasis en medidas que aumenten sus ingresos fiscales y deja para este año el recorte del gasto público. En otras palabras, esta aplazando el ajuste por la proyección política de una reelección. Se ha acercado a los organismos multilaterales, incluido del FMI, para tratar un crédito a fin de enfrentar el problema fiscal. Como es conocido, estos obligaran a aplicar su receta económica que incluye condicionamientos como el ajuste fiscal y reformas estructurales.

Luis Rosero M.

El inicio de un nuevo año es un momento propicio para reflexionar sobre el desarrollo personal, el destino del país y de actuar para alcanzar un futuro mejor. He sostenido que el Ecuador enfrenta una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional que siguen agravándose. Al gobierno le toca enfrentarlas para enrumbar al país y a los ciudadanos colaborar para ayudar a solucionarlas. Hay esperanza de mejores días a nivel personal y para el país, pero se requiere de una acción decidida del gobierno con el apoyo de la ciudadanía y de los otros poderes del estado, o sea de la unidad nacional.

La cábala de los ecuatorianos de quemar los monigotes de año viejo se basa en la creencia que así dejamos atrás o enterramos lo malo que nos sucedió y esperar que el año nuevo sea mejor. En una encuesta de Cedatos sobre lo que fue el año viejo, se revela que un cuarto de la población quiere quemar al ex presidente Lasso (por su fracasado gobierno), un 14.5% la corrupción y la delincuencia, un 9.1% a Correa, un 7.8% a los jueces y magistrados de justicia, un 6.8% a superhéroes, el 5.1% a Noboa, un 3% a los implicados en el caso Metástasis, un 2.7% a los cortes de luz y un 1.2% a expresidentes y asambleístas.  Estos resultados muestran en sentir de la población sobre los graves problemas del país que se resumen en los intereses políticos, el crimen organizado y corrupción, la inseguridad ciudadana, la crisis institucional por la infiltración de la delincuencia organizada en la justicia, policía y otras instituciones públicas, la corrupción, etc.

El caso Metástasis reveló como los cárteles de la droga usan la delincuencia organizada para comprar a jueces y funcionarios judiciales; corromper a policías, personal de la SNAI y otras instituciones públicas; utilizar las bandas locales para cometer crímenes y otros delitos, control de cárceles, etc. Esto último agrava la inseguridad ciudadana. En pocas palabras, mostró cómo funciona el crimen organizado para conseguir sus propósitos. Pero, además revela a que nivel tan alto ha llegado la corrupción que ha penetrado en varias instituciones públicas.

No sólo es grave la crisis institucional y de la seguridad ciudadana, sino que también en lo económico la situación es muy crítica. Unos pocos indicadores la reflejan: un déficit fiscal de más de 5000 millones, atrasos con proveedores, la iliquidez de fondos públicos, una alta deuda pública y la dificultad para pagarla, deterioro del mercado de trabajo (alto subempleo y elevado tamaño del sector informal); en lo externo, una baja RMI, alta deuda externa y dificultad para servirla, déficit en cuenta corriente, un alto riesgo país, etc. En lo social, lo más relevante es el nivel de pobreza y de la pobreza extrema, el hambre y la miseria, otro gran problema estructural.

El nuevo gobierno, en más de un mes de su gestión, en lo económico ha enfrentado la iliquidez fiscal con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se basa en la remisión (amnistía) tributaria que generaría unos 832 millones netos. Sin embargo, no ataca el problema estructural de fondo que son los déficits fiscales permanentes. Para ello, se requiere una profunda reforma tributaria que, entre otras medidas, debe atacar la evasión tributaria del Impuesto a la Renta y del IVA estimada en 3000 millones, una reducción del gasto público no prioritario, un mayor peso de los impuestos directos más que en indirectos. Ha tomado una medida tibia, por razones políticas, ya que el gobierno aspira a la reelección.

Para la generación de empleo, la ley prevé una serie de incentivos tributarios para la inversión, sobre todo extranjera, principalmente en zonas francas recogiendo el proyecto que Lasso envío pero que fue rechazado por la Asamblea. Además,  se establecen una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que recalcar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. 

Para enfrentar la emergencia eléctrica, que provocan cortes de luz, el gobierno ha enviado otro proyecto económico urgente que busca atraer inversión extranjera para aumentar la oferta de energía sobre todo a través de métodos alternativos a los de la energía convencional.

En síntesis, los problemas graves del país siguen vigentes y el gobierno actúa pero pensando en las elecciones presidenciales de 2025. Los ecuatorianos añoramos la isla de paz que era nuestro país en América del Sur. El caso Metástasis da una luz para combatir la corrupción y atacar al crimen organizado, para lo que se requiere una profunda reforma judicial, atacar el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y eliminar la corrupción en las instituciones públicas. Las fuentes gubernamentales señalan que tienen ya una estrategia para frenar la inseguridad ciudadana. Al parecer, se ha recogido lo que dejó el gobierno anterior en este tema. Al menos, los ecuatorianos esperan que el gobierno cumpla con las promesas de campaña. Los problemas estructurales que afectan al país deberán esperar hasta 2025.

Luis Rosero M.

Para completar la primera etapa, del programa económico ultraneoliberal, Milei envió un proyecto de ley combo (ómnibus) para la desregulación de la economía a fin de que eliminar las trabas legales y administrativas para la plena vigencia de una economía de mercado libre. Pero, además se busca despejar el camino para reformas estructurales.

Las primeras medidas, tomadas en la semana que asumió el poder, fueron un ajuste fiscal, una devaluación y una compensación social. La semana pasada envío el proyecto de ley combo, como parte de la reforma del estado, que desregula profundamente la economía. Para ello, se plantea 30 medidas principales que derogan una serie de leyes que restringen la vigencia del sistema de precios en los sectores de comercio, servicios e industria en el ámbito interno. En lo externo, habría apertura comercial y estaría bajo la normativa de la OMC. Además, se busca reducir el tamaño del estado, una reforma laboral y obtener más ingresos públicos.

Entre las leyes que se derogarían están la de alquileres, de abastecimiento, del observatorio de precios, de la promoción industrial y promoción comercial. Con estas, se busca la vigencia del libre mercado, en estos sectores y la promoción de la competencia. Así también, se eliminan las políticas de protección industrial y comercial.

Para llevar a cabo la reducción del tamaño del estado, se deroga la normativa que impide la privatización de las empresas públicas así como la del régimen de sociedades del estado y la transformación de las empresas del estado en sociedades anónimas. Además, se plantea la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. De esta forma, se abre el camino para la privatización de las empresas públicas.

Para la reforma laboral, se plantea la modernización del régimen laboral que estaría encaminada a la flexibilización laboral y a la eliminación de una serie de derechos laborales que permitiría reducir el costo de contratación laboral.

Se busca modificar el marco regulatorio de la medicina prepagada, eliminar de las restricciones de precios a los sectores de régimen prepagado e incorporar de las empresas de medicina prepagada al régimen de obras sociales, con lo que se abre el camino para la privatización del sector de la salud pública.

Se modificaría el Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Con esta medida se aceleraría la dolarización informal de la economía que sería el primer paso para la dolarización oficial de la economía.

Adicionalmente se desregula los servicios de internet satelitales y del sector turístico para eliminar el monopolio de las agencias de turismo.

Tan profunda es la reforma desregulatoria que hasta se propone la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, una propuesta que hizo Macri en la campaña, lo que posibilitaría que dichos clubes se conviertan en empresas como la de cualquier sector económico.

A eso se suma el proyecto de ley para la restitución del impuesto a las ganancias. Este, en el gobierno anterior, había fijado un piso de 1’980.000 pesos de ingresos brutos mensuales por el que 800.000 empleados y trabajadores dejaron de pagar dicho impuesto. Antes, de ese piso, el valor era de $ 700.875 pesos, el que se pretendería restituirlo con lo cual los 800.000 trabajadores que estaban exento de dicho impuesto lo volverían a pagar.

En síntesis, el proyecto de ley, si se aprueba, provocará una serie de efectos económicos. Entre ellos, al eliminarse la regulación y control de precios, estos se fijarían por oferta y demanda, con lo cual habría un aumento de precios de los bienes y servicios la canasta básica. Esto se debería a que tomar esas medidas, con una estructura oligopólica de los productores y proveedores de esta canasta, provocaría que el ajustador continuo de precios recaiga sobre esas empresas. Se lograría también la privatización de empresas públicas, de los servicios de salud públicos, se consolidaría el proceso de dolarización informal y habría, con la reforma al impuesto a las ganancias, 800.000 trabajadores que volverían a pagar el mismo.  Toda esta política económica esta basada en el manual de economía neoliberal.

Luis Rosero M.

Tal como había propuesto Milei aplicó un paquete económico, vía shock, que incluyen medidas cambiarias, reducción del gasto público, de compensación social, etc. que ya han provocado un efecto sobre el aumento de precios de la canasta básica. El fuerte ajuste fiscal es solo el comienzo, ya se está tratando de una ley combo que completaría, la primera fase, de su programa económico ortodoxo.

La devaluación del tipo de cambio del dólar oficial fue de 118%, al pasar de cerca de 400 a 800 pesos, que encareció las importaciones por lo tanto subieron los insumos, benefició a los exportadores  y además ya causo efectos en las expectativas de inflación. Los precios de los alimentos y otros componentes de la canasta básica aumentaron de inmediato por el reajuste de precios que aplicaron supermercados y locales de expendio de bienes de la canasta básica. Por otro lado, al reducirse los subsidios a la energía (luz y gas) y transporte ya derivo en aumento del precio de la gasolina (entre 30 y 37%) que aplicaron las distribuidoras, en manos de transnacionales, y se espera que en enero de 2024, con la reducción de los subsidios a los servicios públicos, aumente el costo de estos, con lo cual la inflación se va a disparar desde diciembre de este año.

Para reducir el déficit fiscal, se dictó a suspensión de la obra pública, la reducción del número de ministerios y subsecretarias, disminución de la contratación de empleados públicos, suspensión de la publicidad oficial y reducción de las transferencias a las provincias. Con esta y otras medidas, de contracción del gasto público, espera a llegar a un ajuste del 5% del PIB de dicho gasto.

Se eliminó el registro de importaciones por un sistema de registro para información estadística de éstas y se agregó un 2% al impuesto a las importaciones y se sigue manteniendo el impuesto (retención) a las exportaciones. En lo social, la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar aumentarán en 50% que compensarían parcialmente el impacto inflacionario.

Según Milei, el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta política. La realidad muestra que, por el ajuste cambiario, aumentaron el precio de los bienes y servicios de la canasta básica (principalmente la carne, comestibles) y de la gasolina, que subirá la tarifa del transporte público, lo que tiene un impacto directo en el poder de compra de los salarios de la población afectando a los pobres y clase media. En enero de 2024, con la reducción de los subsidios de los servicios públicos aumentará aún más el costo de la canasta básica. Pero la mira esta puesta también en los jubilados, ya que se busca suspender la actualización automática trimestral de la pensión y que los nuevos aumentos para jubilaciones sean discrecionales por parte del gobierno. El fuerte ajuste provocará una alta contracción de la demanda que terminará en una recesión y de esa manera tratar de ajustar los precios vía el mercado. La compensación social va a ser insuficiente para cubrir el aumento de la inflación que vendrá, en consecuencia, el ajuste recae sobre los salarios reales y próximamente sobre las jubilaciones reales. La inflación de noviembre fue de 12.8% y la anualizada 160.9%, por lo que se espera que en diciembre alcance 15% y la anualizada alrededor de 180%.

Si bien, las medidas de ajuste tomadas son para reajustar el tipo de cambio y el salario, dos precios claves de la economía, son para ir disminuyendo los desequilibrios en el mercado cambiario y de trabajo, el siguiente paso del gobierno es enfrentar los problemas estructurales. Para ello, dictaría una ley ómnibus (ley combo) en la que se incluiría una reforma del estado, para reducir el tamaño del estado vía privatización y recorte de la burocracia; desregulación de la economía, a fin de que el mercado asigne eficientemente los recursos en la economía; y, una reforma laboral para alcanzar una flexibilización en el mercado de trabajo.

Si bien la Argentina ha venido manteniendo graves desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales de fondo, es necesarios irlos corrigiendo y atacar los segundos de manera gradual. La opción que ha escogido el gobierno, para los primeros, es vía shock y el peso de la crisis, en el corto plazo, va a recaer sobre salarios y jubilaciones. Y, para los problemas estructurales, se prepara todo un programa a fin de que sea a través de medidas de mercado, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales qué, en el mediano plazo, continuarán afectado a trabajadores y pensionistas.

No es casual que el FMI aplauda las medidas tomadas por MIlei, ya que éstas se encaminan en el marco de las que este organismo recomienda y que son necesarias para poder solicitar un crédito. Argentina tiene problemas de iliquidez en divisas y debe cumplir con los pagos de la deuda externa. Por ello, se ha visto obligado a solicitar un crédito puente, de corto plazo, de 960 millones a la CAF, para pagar al FMI parte de los 50.000 millones que le prestó y que fueron tramitados por el actual Ministro de Economía. Una cosa es ser candidato y ofrecer resolver los problemas económicos del país haciendo promesas de volver a la Argentina prospera y hacerle pagar el costo de la crisis a la casta política y poderosos y, otra, estar en el poder, desde el cual, con las medidas tomadas, se impacta en el nivel de vida de trabajadores y pensionistas. Se revela la verdadera cara del libertario y a que intereses favorece.