Luis Rosero M.
Como ya he señalado el país sufre de una cuádruple crisis. En el marco del agravamiento de la crisis de seguridad, por la fuga del líder de los Choneros y aumento -la semana pasada- de las muertes violentas, el nuevo gobierno va lentamente tomando medidas para enfrentar la grave problemática fiscal que requiere urgencia. La crisis económica es crítica que se refleja en una serie de desequilibrios macroeconómicos. Se va muy despacio para contrarrestar la iliquidez fiscal que ya está afectando hasta los de tercera edad que incluye a jubilados. La política fiscal esta media por las perspectivas políticas que limitan su accionar por la proyección de la reelección presidencial.
Unos pocos indicadores muestran lo crítico de la situación económica. En efecto, en el tercer trimestre de 2023 la economía creció apena 0.4% uno de los mas bajos de los últimos años. Esta evolución se explican principalmente por el aumento de las exportaciones y el consumo del gobierno, pero resulta preocupante que el consumo de los hogares (-4.7%) y la inversión (-5.6%) se hayan contraído fuertemente lo que explica la tendencia a la desaceleración de la economía. Ahora el Banco Central estima una tasa de crecimiento, para dicho año, de 1.5%. La inflación de noviembre (-0.4) y diciembre (-0.02) fueron negativos reflejando signos de deflación, lo que puede implicar que la tasa de crecimiento sea inferior a la prevista por el Banco Central. Lo preocupante es cual sería la tasa de crecimiento de 2024 que, con la tendencia a la desaceleración de la economía y por la política de austeridad que afecta a la inversión pública, podría ubicarse en 1.5%. La Cepal proyecta 2%.
Se estima que el déficit fiscal sea de 5500 millones de dólares y la iliquidez fiscal bordea los 3500 millones. Para esta última, el gobierno ha vuelto, como en otros regímenes, a seguir utilizando los atrasos a proveedores, IESS, prestadores de servicios de salud, gobiernos autónomos descentralizados, y ahora hasta las personas de la tercera edad a los que no se devuelve el IVA desde hace algunos meses. Este grupo social ya suma medio millón de ecuatorianos.
Para enfrentar el déficit y la iliquidez fiscal el gobierno va lentamente tomando medidas. Comenzó con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en diciembre por la Asamblea, en la que principalmente hay una condonación de intereses y multas de deudas tributarias con el SRI y, por otro lado, la retención mensual del impuesto a la renta de los grandes contribuyentes, que rige a partir de 2024, con lo cual obtendría recursos inmediatos. Luego, acudió al pago anticipado de impuestas a grandes empresas. Continuó con obtener liquidez de la Corporación Financiera Nacional y emitió deuda interna. Siguió con la suspendió la reducción del impuesto a la salida de divisas. En el gobierno anterior, se había decidido que se reduzca al 2% hasta 2023 pero Noboa determinó que se mantenga en 3.5%. Siguió con la venta de oro, parte de la RMI, por parte del Banco Central. Esta institución, en un comunicado, señaló que la “que la recomposición de las Reservas Internacionales” le generó utilidades adicionales de 252 millones, de los cuales el 70% será distribuido en el primer trimestre de 2024. De acuerdo al Código Monetario, las utilidades del Banco Central deben ser trasladadas al Ministerio de Finanzas y Economía.
En ese año, el Ministro de Finanzas declaró que habría una reducción de 1000 millones de dólares en el gasto público. El recorte estaría dirigido a los contratos eventuales en la administración pública, lee seguirían la optimización de gasto en empresas públicas. Especificó que sería en Petroecuador y también iría la focalización de subsidio que generaría un ahorro de 2 a 2.5% del PIB, pero no especificó cuando aplicaría esta última. Lo que muestran estas medidas es que no hubo ni hay un plan económico diseñado previamente.
En síntesis, el gobierno en sus medidas ha puesto énfasis en medidas que aumenten sus ingresos fiscales y deja para este año el recorte del gasto público. En otras palabras, esta aplazando el ajuste por la proyección política de una reelección. Se ha acercado a los organismos multilaterales, incluido del FMI, para tratar un crédito a fin de enfrentar el problema fiscal. Como es conocido, estos obligaran a aplicar su receta económica que incluye condicionamientos como el ajuste fiscal y reformas estructurales.
Pensamiento y comportamiento 