Luis Rosero M.
A fines de la primera semana de enero, se conoció la fuga del líder de la banda de los Choneros, aliado de uno de los carteles mexicanos; en la siguiente semana, el lunes el gobierno impuso el estado de excepción y el martes 14 un grupo armado asaltó, en Guayaquil, a Canal TC, del estado, manteniendo como rehenes a los presentadores y técnicos del noticiero en vivo, el gobierno declaró al país en conflicto armado interno, al siguiente día, en las principales ciudades del país, se registraron, al parecer de forma coordinada, asesinatos, bombas, explosiones, quema de vehículos, toma de las principales cárceles del país y captura de rehenes de los guías penitenciarios, etc. En síntesis, la segunda semana de enero, el país vivió una convulsión desatada por la violencia de los grupos criminales que atemorizó a la población que se reflejó en el teletrabajo que establecieron algunas empresas, la reducción del tráfico vehicular, la orden del ministerio de educación de las clases on line, menor asistencia a los mercados, el retiro temprano a sus hogares de buena parte de los pobladores de dichas ciudades, etc. El gobierno declaró la guerra a las bandas criminales, estableció el toque de queda y calificó como terroristas a estos grupos. El ejercito ahora recorre las calles, en algunas ciudades, incluidas playas de costa ecuatoriana, logrando la captura de sospechosos, incautación de armas y la intervención policial en algunas zonas peligrosas ha permitido la detención de posibles delincuentes.
La economía de la droga surgió hace más de una década en el país y operaba de forma camuflada. Si bien, sus principales ingresos proceden de los envíos de la droga al exterior. Las bandas asociadas a los cárteles prestan servicios para que ésta llegue a los puertos. Las bandas además realizan otra serie de actividades delincuenciales (microtráfico, extorsión, secuestros, etc.) que han generado violencia en las ciudades, principalmente en la costa ecuatoriana.
Por otro lado, para asegurar la continuación de su actividad los capos de los carteles, por medio de la corrupción y violencia, se han infiltrado en las instituciones de justicia, policía, cárceles, etc. a fin de proteger, defender y liberar a sus operadores y mantener su impunidad. La economía de la droga tiene un entramado muy complejo y enfrentarlas requiere una estrategia y tácticas que debe incluir labores de inteligencia y tecnología.
Además, en los últimos 6 años, se ha registrado un agravamiento de las condiciones sociales expresadas en desempleo, reducción de recursos para política social, pobreza, hambre y miseria que ha generado un caldo de cultivo para que los jóvenes, sin oportunidades, se conviertan en la cantera de delincuentes que captan las bandas criminales.
Si bien la ciudadanía ha recibido con beneplácito la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno, ya que reduce temporalmente la inseguridad, surge el interrogante si ¿es suficiente la mano dura para enfrentar a los carteles y sus bandas aliadas para frenar su actividad y la violencia que genera?
La economía de la droga y la violencia que genera tiene muchas aristas, incluido el lavado de dinero, por lo cual debe enfrentársela atacando sus diferentes ámbitos. No se puede caer solo el uso de la fuerza y sus métodos, hay que establecer un plan de seguridad integral y aplicarlo cubriendo todos los ámbitos señalados (incluido la confiscación de los activos ilícitos). Para ello, se requiere una profunda reforma judicial (incluye jueces sin rostro), en la administración profesional de las cárceles, en el lavado de activos, etc. Esta debe realizarse con urgencia, no a través de consulta, con un acuerdo con la Asamblea para un trámite de emergencia. La embestida criminal requiere de la Unidad Nacional y una acción decidida del gobierno, en todos sus ámbitos, en su lucha contra la violencia desatada por las bandas criminales.
Pensamiento y comportamiento 