Luis Rosero M.
El gobierno decidió aplicar la mano dura contra el crimen organizado y la economía de la droga con la declaración de un conflicto armado interno para enfrentar la violencia que estas generan. La actividad de estos grupos tiene varios ámbitos, por lo tanto, la estrategia para controlarlos debe ser integral. Con el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, el gobierno busca despojarlos de los recursos obtenidos en sus actividades ilícitas.
En Guatemala y El Salvador se aprobaron, en 2010 y 2013 respectivamente, la ley de extinción de dominio para atacar el corazón financiero de los grupos criminales. En el país, se aprobaron la ley de extinción de dominio y la de lavado de dinero recién en 2021, lo que posibilitó que los grupos criminales organizarán y consolidarán sus finanzas pero, además, hay tenido muy poca aplicación, entre otros factores, por la corrupción en el sistema judicial y otras entidades públicas.
Por ello, el proyecto de ley señalado plantea reformar las dos leyes señaladas.
Entre los aspectos principales de estas reformas está simplificar el proceso de la titularidad a favor del estado de la extinción de dominio contando con la sentencia de la autoridad judicial. Por otro lado, se aplicará no solo a funcionarios públicos sino también a particulares. Se le da facultad a la Procuraduría del Estado para que presente acusación particular con la cuantificación de los bienes sujetos a la extinción. En cambio, la Fiscalía realizará la investigación patrimonial de la extinción ya sea por oficio o denuncia. Habrían juece especializados en corrupción y crimen organizado. O sea que se establecen claramente la competencia de cada una de las entidades públicas que actuarán en la extinción de dominio, se simplifican los trámites y procedimientos y se crean los jueces especializados para que, los trámites de extinción de dominio, no tengan que esperar la cola de los juicios con un juez general. A más de eso, el fiscal no tendrá inoponibilidad de secreto o reserva de la información financiera y de otro tipo. Se acorta el plazo de la investigación patrimonial y el conocimiento de la resolución de extinción de dominio será de dos días.
Por otro lado, se autoriza la venta anticipada de los bienes que entrarían en la extinción si estos corren el riesgo de deteriorarse o extinguirse. También se reducen los plazos de suspensión de la audiencia a la mitad del tiempo y se facilita la declaración de la sentencia ejecutoriada.
Respecto a la ley de lavado de activos, se establece el procedimiento para la prevención de estos, en los procesos de contratación pública, a fin de frenar la corrupción en esta área, que estará a cargo de la UAFE y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se conforma una Observatorio Ciudadano que vigile las actuaciones de dichas entidades. Se especifican y reforman los procedimientos de contratación pública. Se establecen competencias de la Contraloría y Procuraduría en cuanto al lavado de activos.
También se reforma la ley relacionada a las armas y, en lo fundamental, se establece que las armas incautadas pasaran a manos del Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El proyecto de ley señalado busca simplificar y agilizar la aplicación de la ley de extinción de dominio y de lavado de activo, respetando el debido proceso legal, para que sean eficaces para despojar de los activos obtenidos ilícitamente por estos grupos criminales así como de la corrupción en la contratación pública y que pasen al estado. Es un avance en la guerra contra la economía de la droga, crimen organizado y corrupción en la contratación pública. Se va revelando la estrategia que utilizará el gobierno contra estos grupos que, en sus operaciones, no solo utilizan la violencia sino que además tienen formas para camuflar sus activos ilícitos y el proyecto facilita confiscarlos y traspasarlos al estado que servirán, entre otros fines, para mejorar las finanzas públicas, que contribuirá al financiamiento de la lucha contra estos grupos delictivos. Se requiere además una reforma judicial que elimine la corrupción y proteja a los funcionarios judiciales y a jueces (por ej. jueces sin rostro).
Pensamiento y comportamiento 