Luis Rosero M.
El inicio de un nuevo año es un momento propicio para reflexionar sobre el desarrollo personal, el destino del país y de actuar para alcanzar un futuro mejor. He sostenido que el Ecuador enfrenta una cuádruple crisis: económica, social, política e institucional que siguen agravándose. Al gobierno le toca enfrentarlas para enrumbar al país y a los ciudadanos colaborar para ayudar a solucionarlas. Hay esperanza de mejores días a nivel personal y para el país, pero se requiere de una acción decidida del gobierno con el apoyo de la ciudadanía y de los otros poderes del estado, o sea de la unidad nacional.
La cábala de los ecuatorianos de quemar los monigotes de año viejo se basa en la creencia que así dejamos atrás o enterramos lo malo que nos sucedió y esperar que el año nuevo sea mejor. En una encuesta de Cedatos sobre lo que fue el año viejo, se revela que un cuarto de la población quiere quemar al ex presidente Lasso (por su fracasado gobierno), un 14.5% la corrupción y la delincuencia, un 9.1% a Correa, un 7.8% a los jueces y magistrados de justicia, un 6.8% a superhéroes, el 5.1% a Noboa, un 3% a los implicados en el caso Metástasis, un 2.7% a los cortes de luz y un 1.2% a expresidentes y asambleístas. Estos resultados muestran en sentir de la población sobre los graves problemas del país que se resumen en los intereses políticos, el crimen organizado y corrupción, la inseguridad ciudadana, la crisis institucional por la infiltración de la delincuencia organizada en la justicia, policía y otras instituciones públicas, la corrupción, etc.
El caso Metástasis reveló como los cárteles de la droga usan la delincuencia organizada para comprar a jueces y funcionarios judiciales; corromper a policías, personal de la SNAI y otras instituciones públicas; utilizar las bandas locales para cometer crímenes y otros delitos, control de cárceles, etc. Esto último agrava la inseguridad ciudadana. En pocas palabras, mostró cómo funciona el crimen organizado para conseguir sus propósitos. Pero, además revela a que nivel tan alto ha llegado la corrupción que ha penetrado en varias instituciones públicas.
No sólo es grave la crisis institucional y de la seguridad ciudadana, sino que también en lo económico la situación es muy crítica. Unos pocos indicadores la reflejan: un déficit fiscal de más de 5000 millones, atrasos con proveedores, la iliquidez de fondos públicos, una alta deuda pública y la dificultad para pagarla, deterioro del mercado de trabajo (alto subempleo y elevado tamaño del sector informal); en lo externo, una baja RMI, alta deuda externa y dificultad para servirla, déficit en cuenta corriente, un alto riesgo país, etc. En lo social, lo más relevante es el nivel de pobreza y de la pobreza extrema, el hambre y la miseria, otro gran problema estructural.
El nuevo gobierno, en más de un mes de su gestión, en lo económico ha enfrentado la iliquidez fiscal con la ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se basa en la remisión (amnistía) tributaria que generaría unos 832 millones netos. Sin embargo, no ataca el problema estructural de fondo que son los déficits fiscales permanentes. Para ello, se requiere una profunda reforma tributaria que, entre otras medidas, debe atacar la evasión tributaria del Impuesto a la Renta y del IVA estimada en 3000 millones, una reducción del gasto público no prioritario, un mayor peso de los impuestos directos más que en indirectos. Ha tomado una medida tibia, por razones políticas, ya que el gobierno aspira a la reelección.
Para la generación de empleo, la ley prevé una serie de incentivos tributarios para la inversión, sobre todo extranjera, principalmente en zonas francas recogiendo el proyecto que Lasso envío pero que fue rechazado por la Asamblea. Además, se establecen una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que recalcar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública.
Para enfrentar la emergencia eléctrica, que provocan cortes de luz, el gobierno ha enviado otro proyecto económico urgente que busca atraer inversión extranjera para aumentar la oferta de energía sobre todo a través de métodos alternativos a los de la energía convencional.
En síntesis, los problemas graves del país siguen vigentes y el gobierno actúa pero pensando en las elecciones presidenciales de 2025. Los ecuatorianos añoramos la isla de paz que era nuestro país en América del Sur. El caso Metástasis da una luz para combatir la corrupción y atacar al crimen organizado, para lo que se requiere una profunda reforma judicial, atacar el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y eliminar la corrupción en las instituciones públicas. Las fuentes gubernamentales señalan que tienen ya una estrategia para frenar la inseguridad ciudadana. Al parecer, se ha recogido lo que dejó el gobierno anterior en este tema. Al menos, los ecuatorianos esperan que el gobierno cumpla con las promesas de campaña. Los problemas estructurales que afectan al país deberán esperar hasta 2025.
Pensamiento y comportamiento 