Luis Rosero M.

Perú enfrenta, como otros países de A. Latina, el aumento de la violencia proveniente del crimen organizado. Su vecino del norte además sufre por los carteles de la droga. La presidenta peruana fue destituida por su ineficacia de la gestión gubernamental para enfrentar la violencia y además por la   la confluencia de intereses políticos de la derecha que busca llegar al poder en las próximas elecciones presidenciales. Pero su mal gobierno tiene también antecedentes de represión mortal de las protestas sociales y corrupción. A pesar de los sólidos fundamentos económicos, la corrupción y la precariedad social y laboral son factores que aportan a la violencia. El cese de la gobernante abre nuevamente el ciclo de inestabilidad política, continuación de la desconfianza en los políticos e institucionalidad resquebrajada que genera incertidumbre sobre el futuro de la nación.

Boluarte fue posesionada como presidente del Perú el 7 de diciembre de 2022 después de la destitución de Pedro Castillo. El congreso dominado por los partidos de derecha (fujimorismo y otros) apoyo la designación de Boluarte para favorecer sus intereses políticos. Las protestas se iniciaron de inmediato, con bloqueos de carreteras y otras vías. El descontento se habría iniciado mucho antes por el hartazgo de la población de los políticos alejados de las demandas sociales y gobiernos corruptos. La represión, por parte de la fuerza pública, fue brutal y fueron asesinados 60 personas. Para tratar de controlar las protestas el gobierno declaró estados de emergencia y acuso de terroristas a los protestantes. Después el congreso, dominada por quienes la llevaron al poder, rechazó la denuncia contra la presidenta por la represión con víctimas mortales.

Perú tiene antecedentes de violencia política, en las dos últimas décadas del siglo pasado. La aparición de Sendero Luminoso y la guerra contra éste por parte del Estado. Una de las causas del surgimiento de este grupo terrorista fue la deplorable situación social de la población. Uno de los indicadores de esta es el nivel de pobreza, así en 2023 alcanzó 29% y se mantuvo en 2025 en este porcentaje, lo que significó que cerca de 10 millones de peruanos no podía cubrir la canasta básica de consumo. Otro indicador importante, es la informalidad. A marzo de 2025, según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional, el 70% del empleo era informal que mantiene a un grupo significativo de la población sin los derechos de la legislación laboral y sin cobertura de protección social. Son alrededor de 12 millones de personas que sufren de precariedad laboral. Son precisamente la pobreza y la informalidad factores que puede conducir a  actividades delictivas. El crimen organizado comenzó a crecer a inicios del año 2000. Al inicio, la delincuencia común aumento con robo de vehículos y venta de droga, después pasaron a extorsiones, tráfico de personas, armas y de flora y fauna, minería ilegal y corrupción en las instituciones públicas. En el gobierno de Boluarte, crecieron las extorsiones al transporte público, empresas, comercio y pequeños comerciantes. La estrategia que utilizó el gobierno fue los mega operativos para enfrentar a las organizaciones criminales.

La inestabilidad política se dio entre 2016 – 2025, periodo en el cual tuvo 7 presidentes de los cuales 3 fueron destituidos por el Congreso y 2 de ellos fueron encarcelados por corrupción, uno esta acusado de homicidios de dos manifestantes y Boluarte tiene investigación por la fiscalia y enfrentaría juicio por violaciones de los derechos humanos.

A pesar de la inestabilidad política, corrupción y deterioro social, la economía peruana tiene fundamentos sólidos. En 2024, los indicadores macroeconómicos son saludables: el crecimiento económico alcanzó 3.4%, inflación de 1.9%, reducida deuda pública (32.1% del PIB), déficit fiscal de 3.5% del PIB y exportaciones récord de 74.7 mil millones con un aumento de 15.5% y es líder mundial en ciertas frutas y legumbres.  En mayo de 2025, sus reservas monetarias internacionales eran altas (27% del PIB) y bajo riesgo país.

En el primer semestre de 2025, gobierno de Boluarte, aumentaron los homicidios -sicariatos- en relación al mismo periodo del año anterior.  Hasta septiembre de 2025, 180 transportistas habían sido asesinados por no pagar la extorsión (vacuna). Hubo protestas de los transportistas para exigir seguridad. El gobierno había decretado estado de emergencia y sacó a las FF.AA. a las calles pero que no lograron reducir el nivel de violencia, por lo que esta estrategia no ha funcionado. Por otro lado, el nivel de corrupción aumentó. La propia mandataria fue acusada del Rolexgate y estaría imputada en 7 casos. Y finalmente, surgió por parte de la presidenta visos de autoritarismo reflejada en acusación de terroristas a los que participaron en las protestas y por la represión violenta por la destitución de Castillo, y, no acató las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. 

En síntesis, el gobierno de Boluarte cae no por la brutal represión de las protestas ni por el aumento de la corrupción, sino por la cruda realidad del deterioro de las condiciones sociales: pobreza e informalidad que son parte del origen de la criminalidad que lleva a más violencia: el crecimiento de la criminalidad -vía sicariato- y los asesinatos por no pagar extorsiones, que no ha podido ser frenada por la estrategia del gobierno de mano dura basada en mega operativos aumentando la inseguridad ciudadana. Por otro lado, los intereses políticos de las fuerzas conservadoras que apoyaron a Boluarte y la extrema derecha le quitaron su apoyo para desligarse de su mal gobierno y preparar su estrategia de campaña a seis meses de la elección presidencial. Seguir apoyando a Boluarte, que termina con 3% de popularidad, sería un grave error para su candidato presidencial. Lo sucedido con la ex presidenta es una advertencia para no elegir malos mandatarios incapaces de controlar la violencia, detener la corrupción y deteriorar las condiciones sociales de los más vulnerables.

Luis Rosero M.

Con la continuación del paro indígena y sus efectos se reduce el nivel de actividad económica y los desequilibrios macroeconómicos se agravan. La mediación se torna necesaria para que las partes lleguen a un acuerdo a fin de resolver el conflicto. Mientras tanto sigue aumentando la inseguridad y la situación social sigue agravándose principalmente por la crisis de salud.

La crisis política se agrava por la continuación del paro, el conflicto del gobierno con la Corte Constitucional (CC) y la promoción del ejecutivo del referéndum y consulta popular. En efecto, ya se cumplen 16 días del paro nacional de la CONAIE con acciones de protestas, cierre y bloqueo de carreteras. La policía y FF.AA.  actúan con más fuerza y, por el lado de los indígenas, se retuvieron a militares. Como resultado hay un muerto, heridos y un centenar de detenidos. La CONAIE demanda para terminar el paro que se revoque el alza del diésel mientras que el gobierno trata de mantener la medida. Los efectos negativos del conflicto le pasan la factura al sector agropecuario, floricultor, textil, turístico y otros. Las pérdidas para las empresas siguen aumentando mientras que los medios informan que habría desabastecimiento de ciertos productos agrícolas de la sierra, en la costa, y aumento de éstos. Cada día de paro afecta a la economía, sobre todo a las provincias del norte. Sin embargo, las partes no ceden y se requiere una mediación para llegar a un dialogo.

Para tratar de frenar el paro el gobierno declaró estado de excepción en diez provincias, en las zonas en que se desarrolla el conflicto, después que la CC anulará dicho estado en 5 de las 7 provincias decretado por el gobierno en días pasados y declaró día no laborable el 9 de octubre, con lo que el feriado se amplío a 4 días. Esta última medida busca diluir el paro indígena y que este termine por el debilitamiento de la protesta social.  El gobierno mantiene un conflicto con la CC por varios temas. Entre los últimos esta la declaración de inconstitucionales de la CC de la ley de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, que la Asamblea, con el carácter de económicas urgente, que son claves en el esquema de gestión del gobierno. El estado de excepción, vigente, se decretó por grave conmoción interna y por la declaración del presidente de la CONAIE de tomarse Quito.

El ejecutivo ha otorgado una serie de bonos temporales para compensar a transportistas y bono Raíces. Además, se decretó la entrega del bono Incentivo Emprende y CATTA para agricultores todo lo cual es para calmar a los afectados por el alza del diésel. También, dado los efectos negativos del paro sobre la economía, ha decretado que el décimo tercer sueldo, que las empresas y gobierno pagaban en diciembre, se entregue en noviembre, ha rebajado el IVA en los feriados de octubre y noviembre y ha transformado bonos temporales, como el de los programas Bonos Jóvenes y Ecuatorianos en Acción, en permanentes. Hasta la fecha el gobierno desembolsó 353 millones en los nuevos bonos. Estas tres últimas medidas es para reactivar el sector turismo, darle liquidez a los trabajadores y empleados así a como los jóvenes que reciben dicho bono con el propósito de reactivar la economía. Además, aumentó 50000 nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que fue acordado en el convenio con el FMI como forma de protección social de los grupos más vulnerables de la sociedad.

La crisis económica tiene varios aspectos. Llegar a un acuerdo para revocar el alza del diésel y terminar el paro resulta complicado para el gobierno ya que, con el acuerdo con el FMI, se comprometió a reducir y eliminar los subsidios. Además, lo firmado con dicho organismo, busca después de las revisiones recibir 1200 millones, acceder a más recursos de otros organismos multilaterales y contar con el doble aval del FMI para la emisión de bonos soberanos internacionales para obtener más recursos a fin de cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto y del déficit fiscal de 2025 así como por una probable renegociación de la deuda externa. Pero los problemas macroeconómicos incluyen otros como mantener la sostenibilidad de la deuda externa y reducir el riesgo de una renegociación de esta así como reactivar la economía, creación de empleo formal y la reducción del tamaño del sector informal urbano.

En cuanto al financiamiento, el FMI ha señalado que entre los desafíos más importantes están las condiciones de acceso para el financiamiento externo son estrechas y, por otro lado, el aumento de la inseguridad que no tiene visos de solución. En efecto, en Guayaquil, en Bastión Popular hubo un triple crimen, una familia fue asesinada en su vivienda en Nueva Prosperina, un ataque armado dejó dos muertos y un herido en Duran, etc.

En síntesis, el gobierno busca con su política de mano dura, las compensaciones y las medidas dictadas conseguir el apoyo de la población para presionar a que termine el paro indígena y promocionar el referendo y la consulta popular. El primero incluye preguntas para permitir la instalación de bases militares extranjeras, terminar con el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas. La consulta busca el establecimiento de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución a la medida del gobierno. Las acciones de éste y la atención pública se ha centrado en el paro indígena, relegando a un menor plano los principales desequilibrios macroeconómicos (financiamiento del presupuesto y déficit fiscal 2025, empleo formal estancado, aumento del subempleo y del sector informal urbano) y la creciente  inseguridad ciudadana que sigue atemorizada por el crecimiento de la violencia debido a las acciones de los carteles de la droga, el crimen organizado y la delincuencia común. El tema clave de la violencia es si la política, estrategia y táctica del gobierno esta funcionando. O en otras palabras, su gestión en esta área parece no tan efectiva.

Luis Rosero M.

La coyuntura social y política ha llegado a una ola de violencia que ya causó una víctima mortal. El gobierno, con su mano dura, contra la CONAIE y otras organizaciones se niega a dialogar. La conflictividad ya hace sentir sus efectos negativos en la actividad económica y en la paz social. A eso se suma, el enfrentamiento con la Corte Constitucional y opositores que ha generado reveses al gobierno. Pero lo clave en esta coyuntura es la polarización entre el gobierno y la CONAIE que va a seguir provocando mas violencia y es hora ya de que las partes dialoguen y lleguen a un acuerdo para terminar el conflicto.

La conflictividad social creció por el paro de la CONAIE que se opone al alza del diésel y la batalla con el narcotráfico. La semana pasada hubo enfrentamientos de los indígenas, corte de vías y bloqueo de carreteras en las provincias de Azuay e Imbabura. Como resultado ya hay un indígena muerto y militares heridos. Organizaciones de Tungurahua anunciaron su apoyo al paro. Hay denuncias de violencia policial, los detenidos llegaron a un centenar y las organizaciones acusan de que se registra persecución judicial. Ante el fallecimiento de un indígena en la protesta, el gobierno declaró que hubo una emboscada a militares que salieron heridos y envío de un convoy humanitario a la zona del conflicto. En su enfrentamiento con el narcotráfico, se registraron masacres en las cárceles de Machala y Esmeraldas que causaron 32 muertos, explotó un coche bomba cercano en la Penitenciaria del Litoral y, en Durán, asesinaron un concejal municipal. Al parecer, todavía esta organización criminal controla algunas cárceles del país. El gobierno, cambio al comandante de la Fuerza Terrestre y dos oficiales pasaron a disponibilidad en esta rama, medida que se encuadraría en buscar mejores resultados en el ejército en el conflicto armado interno. El paro de los indígenas ya genera pérdidas tanto en la agricultura, floricultura, lácteos, en el comercio y turismo en las provincias donde se desarrolla el conflicto. Los costes del transporte de carga subieron, se reporta escases de ciertos productos y ha subido el precio de algunos productos de la sierra lo que podría influir en el costo de la canasta básica pese a los operativos de control que ejercen las autoridades en los mercados. El gobierno además anunció que ha entregado compensaciones a transportistas, agricultores y aumento el bono de chatarrización del transporte.  En este marco, el alcalde de Cuenca y otros dirigentes, que encabezaron la marcha por el agua, celebraron como un gran logro la petición de la terminación de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga a la que se vio obligado el gobierno por la presión de la población del austro. Como consecuencia de la conflictividad social, se ha deteriorado la paz social, el temor de la ciudadana aumento y su movilidad ha cambiado y restringido por la ola de violencia. Lo mas crítico es que los problemas del país se agravan y no hay resolución a los mismos y, además, la atención y opinión pública esta concentrada en el paro indígena mientras continua la crisis de salud, la falta de empleo, el aumento de la pobreza, etc.

En cuanto a la conflictividad política, la CC flexibilizó su postura y dio el visto bueno para llamar a consulta popular la organización de una asamblea constituyente, significaría un triunfo político del gobierno, que podría llevar a una nueva constitución. Sin embargo, la CC declaró inconstitucional la ley de Solidaridad Nacional que supuestamente era de urgencia económica pero que, según el dictamen de la CC, violó la unicidad de materia al mezclar materias económicas, penales y de seguridad. Además, que la ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. A su vez, la CC dio pasó a consulta popular sobre la autorización para que hoteles de cinco estrellas pueden tener casinos de juego y dio pasó, como enmienda constitucional vía referendo, la reducción del número de asambleístas e instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Esta decisión pone en jaque al gobierno pues estas leyes eran clave en la lucha contra el crimen organizado y establecían una serie de medidas económicas que ahora no podrían ejecutarse.

El gobierno ha abierto varios frentes de conflicto. La estrategia para gestionar la oposición al alza del diésel, parece ser la mano dura con las organizaciones indígenas y sindicales pero a los transportistas y agricultores les entrega compensaciones. Con las primeras se niega a dialogar, habría denuncias de judicialización de la protesta y acusación a dirigentes de la protesta de enriquecimiento no justificado. En cambio, a los transportistas les entrega bonos compensatorios y por chatarrización y a los agricultores les da ayudas económicas y tractores. Estas acciones son principalmente para evitar el alza de pasajes y conseguir apoyo del campo. Sin embargo, las provincias en donde se desarrolla el conflicto fueron, entre otras, las que votaron a favor en la elección presidencial. Habría un costo político. Por otro lado, las acciones violentas del crimen organizado, en las cárceles, y crimen de autoridades municipales provocan más temor en la población y dañan la paz social. Por otro lado, la aprobación rápida de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga y no proceder de la misma forma, ante la presión de la marcha por el agua, en la terminación de esta licencia, son un indicio de la calidad de la gestión del régimen en seguridad y ambiente que tienen incidencia en la aprobación de dicha gestión.

El haberse saltado, en la convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente, a la CC es una muestra de lo que puede hacer el régimen para alcanzar un objetivo político. Pero, además, se debe respetar la independencia de los otros poderes del estado y abandonar la deriva autoritaria. La repuesta de la CC ha sido declarar inconstitucional la ley de Integridad Pública y de Solidad Nacional. La mayoría esta de acuerdo que hay que enfrentar al crimen organizado, obtener nuevos ingresos públicos y detener la violencia pero dentro del marco de la constitución y los derechos garantizados por ésta. Además, para preservar la democracia, la nueva carta magna debe garantizar la independencia y el contrapeso de las diferentes funciones del estado. Con esta decisión de la CC, el régimen aceleraría el llamado a la consulta popular para una asamblea constituyente que podría llevar a una nueva constitución elaborada a la medida enmarcada en la orientación política e ideológica del régimen la cual sería su objetivo fundamental dada la actual coyuntura política.

Finalmente, es loable el llamado a la mediación del alcalde de Cuenca, Ibarra y de la Iglesia Católica a fin de que las partes en conflicto se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo para terminarlo, pues los problemas del país siguen agravándose y hay que buscar soluciones.

Luis Rosero M.

En septiembre la violencia y la inseguridad aumentaron y, en ese marco, la eliminación del subsidio al diésel elevó su precio y provocó aumento de costos de transporte de carga y precios de algunos bienes de la canasta básica. Los primeros tres días, de la semana pasada, hubo protestas y cierre de vías en la sierra y, con el paro decretado por la CONAIE, la tensión social aumentó y se agravó la crisis social por la falta de medicamentos e insumos en los hospitales públicos. Para profundizar la crisis política, en la confrontación que mantiene con la Corte Constitucional (CC), el gobierno aprovecho la coyuntura para enviar directamente al CNE la convocatoria a consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin cumplir con el requisito establecido en la Constitución de 2008 que establece que esta requiere el dictamen de la CC. En toda esta compleja coyuntura, la eficacia de la gestión gubernamental en atender los problemas de la sociedad y las crisis afecta la aprobación e imagen del régimen. Para manejar esta última se utiliza la estrategia de comunicación pública.

La serie de masacres en Flor de Bastión y los sicariatos aumentaron las muertes violentas, en lo que va de septiembre, y además se produjo una explosión de bomba en el centro de Guayaquil, continuaron los secuestros, una guía penitenciaria fue asesinada y avanzan las extorsiones a negocios y ciudadanos. A pesar de que el gobierno realiza operativos y detenciones, en la segunda etapa del conflicto armado utilizando la estrategia de las FF.AA., la violencia y la inseguridad aumentaron, manteniendo en zozobra a la población. En este marco, el gobierno decretó, el 12 de septiembre, la eliminación del subsidio al diésel lo que provocó el aumento de su precio, para reducir el déficit fiscal y la iliquidez de la caja fiscal. Su primer efecto fue el aumento del precio de productos de la canasta básica. Las protestas fueron inmediatas y la CONAIE decidió realizar un paro nacional aumentando la tensión social ya agravada por la crisis de la salud por falta de medicamentos en los hospitales públicos. En suma, a la crisis económica (déficit fiscal, crecimiento de deuda externa, bajo crecimiento y empleo, etc), se suma la crisis de la salud, la crisis de seguridad, la marcha por el Agua, realizada el 16 de septiembre, en Cuenca, en la que miles de ciudadanos protestaron por la contaminación del agua del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, agudizando la tensión social. La población sufre las consecuencias de estas a la que se adiciona la crisis política dado el conflicto que el gobierno tiene contra la CC manteniendo en zozobra e incertidumbre a la población por esta cuádruple crisis en la que cada una de ellas esta relacionada con las otras.

El gobierno, con el decreto 148, de septiembre 19, convocó a Consulta Popular para la realización de una Asamblea Constituyente que buscaría reemplazar a la Constitución de 2008 vigente para lo cual envío al CNE a fin de que ésta organice el evento electoral. Sin embargo, ese decreto tiene múltiples solicitudes de inconstitucionalidad y, por el ello, la CC lo suspendió. El CNE que convocó a una reunión extraordinaria pero no trato dicho decreto dado la suspensión del mismo. Sin embargo, el gobierno insistió en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, con el decreto 153, de septiembre 20, enviando nuevamente al CNE para que proceda con tal mandato. Sin embargo, el CNE remitió dicho decreto a la CC para su dictamen alegando el principio de celeridad. En suma, quedo claro el objetivo del gobierno al tratar de llamar directamente a una Consulta Popular para una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva constitución, reemplazando a la actual. Expertos y constitucionalistas señalan que el gobierno violó la constitución al no solicitar el dictamen a la CC para la convocatoria a una consulta popular para el fin señalado. La Relatora de la ONU señaló que cualquier interferencia con la CC socava el estado de derecho. Más aún, ante una amenaza de bomba a la CC, la CIDH ante los ataques a la CC declaró “Ecuador debe asegurar una justicia libre de interferencia”. No es casual que el gobierno se saltara a la CC para tratar la convocatoria a una consulta popular pues esta acción forma parte de una estrategia política que el gobierno usa en su afrontamiento con sus opositores utilizando una serie de mecanismos. Por eso, en una democracia es importante la independencia de las funciones del estado y garantizar los contrapesos necesarios entre ellas. Sin embargo, el CNE, en su sesión del 21 de septiembre, informó que la CC calificó como procedente la vía de la Asamblea Constituyente, con lo que el gobierno puede constitucionalmente tener la viabilidad de convocarla para que redacte una nueva constitución, que sería a su medida.

Por otro lado, la falta de eficacia en la gestión gubernamental afecta la buena imagen del régimen y para alcanzarla utiliza la estrategia de comunicación y otros mecanismos. De ahí que es clave en este escenario de la cuádruple crisis, una interrogante: ¿Por qué aumenta la violencia si el gobierno realiza operativos y tácticas de inteligencia? El experto de seguridad, Daniel Adler, propone revertir la crisis de seguridad en 90 días. En otras palabras, lo que sugiere Adler es que se necesita un nuevo plan de seguridad con metas de corto, mediano y largo plazo. Hasta la fecha los resultados del plan de seguridad del gobierno no reducen significativamente los índices de violencia en el corto plazo. La inseguridad es el principal problema que enfrenta el país como lo muestran las cifras de la violencia la cual mantiene en zozobra, tensión social y restricción en la movilidad de la población.  El poder político para tratar las dificultades en la gestión gubernamental o los problemas álgidos utiliza filtros, opacidad, restricción de información o creando otros y planteando soluciones como forma de redireccionar la atención.

Lo que refleja el actual conflicto es que hay fuerzas que pueden frenar las intenciones y acciones del poder político. Una, es la calle. La marcha por el agua en Cuenca logró que el gobierno revocará la licencia del proyecto Loma Larga que iba a provocar más contaminación en los ríos del austro. Dos, los contrapesos entre las funciones del estado. En este caso, la CC que vigila que todas las demás funciones en su desempeño se enmarquen dentro de la constitución. En la polarización extrema son muy importantes estos contrapesos.

Luis Rosero M.

Continuando con su plan de ajuste fiscal, acordado con el FMI, el gobierno decidió seguir reduciendo y eliminando el subsidio de los combustibles. Así, ahora es el diésel al que se le elimino el subsidio, generando un aumento de su precio de 55.5% lo que afectará a varios sectores productivos y que, en el corto plazo, traerá consigo presiones inflacionarias.

Dicha medida busca financiar el déficit fiscal de 4.4% en 2025 y forma parte del ajuste del 3.8% (2025 – 2028) por el lado de los ingresos acordado con el FMI. Por el lado de los gastos, ya el gobierno aplicó la reducción del tamaño del estado (fusión de ministerios y secretarias) y recorte en la burocracia.

Como consecuencia de la eliminación del subsidio, aumentó el precio del diésel premium automotriz que entró en vigencia el 12 de septiembre y estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2025, después el cual el precio de dicho combustible será fijado dentro de una banda que tendrá un techo y un piso, similar a la aplicable a las gasolinas extra y eco. O sea, durante tres meses regirá este precio y luego el sistema de bandas definirá la evolución de su precio. Además, en el decreto de la medida se establece que, en un año, se reducirá a 50 partes por millón el contenido de azufre hasta alcanzar la calidad euro IV de la UE. En el país se expenden 3 tipos de diésel: 1 (azufre 0.3%), 2 (industrial con azufre 0.7%, incluye camaroneras y otras) y premium que tiene menor contenido de azufre. La norma INEM 1489 establece un contenido máximo de 250 ppm de azufre. El diésel premium calidad uro IV de la UE tiene 51 ppm de azufre. La calidad del diésel se establece por el contenido principalmente de azufre. Un alto nivel de este, usado en camaroneras y otras industrias, tiene un alto impacto en la contaminación ambiental (por eso es más barato). Una reducción de este químico reduce la contaminación del aire, la emisión de partículas y mejora la combustión en los vehículos.

El gobierno anunció una serie de medidas compensatorias de carácter temporal. Los 23300 transportistas urbano, interprovincial e intraprovincial recibirán una compensación de entre $ 400 y 1000 dólares. Sin embargo, los datos de Primicias señalan que, según la matriculación de vehículos a diésel en 2024, hubo 27517 autobuses, 133741 camiones y 41993 trailers, tanqueros, volquetas y otros. O sea, la medida no afecta solo al transporte de pasajeros sino además a los de carga. Estos últimos, no recibirían la compensación.  Esta busca evitar el alza de pasaje del transporte urbanos e interprovincial. Otra medida compensatoria, con el Plan Nuevo Transporte, entregaría un bono por chatarrización de hasta 20.000 y créditos con tasa de hasta 9%. Los dos rubros alcanzarían un total de 150 millones de dólares.

Otras medidas compensatorias incluyen el bono Raíces, para capital semilla de $ 1000, para agricultores y pescadores artesanales. También BanEcuador entregará créditos subsidiados hasta por 100 millones. El gobierno por su parte daría 1200 tractores y y 600 motores fuera de borda para la pesca artesanal.

Otras medidas, no relacionadas con los afectados por la medida, será la ampliación de la cobertura del Bono de Desarrollo Humano, devolución del IVA a grupos prioritarios por 130 millones y 80 millones más para el IVA pagado para proyectos inmobiliarios. El valor total de las medidas compensatoria será de 1100 millones. El valor del subsidio del diésel, según la proforma presupuestaria de 2025, será de 1194 millones.

El impacto de la medida se sentirá en el corto, mediano y largo plazo. En el primer periodo, los efectos de la medida serán para los sectores productivos que utilizan el diésel. En primer lugar, esta el transporte de pasajeros y de carga. Las medidas compensatorias para este sector no son suficientes y los gremios ya anunciaron medidas de hecho. En efecto, los transportistas terrestres de Pichincha y Tungurahua ya anunciaron un paro, pero los primeros posteriormente informaron que iban a tener una sesión antes para decidir, dada la advertencia del Ministro del Interior. La contención del traslado a los precios durará hasta que termine la compensación. Mas temprano que tarde esos sectores presionaran para el alza del pasaje del transporte terrestre. Por otro lado, el transporte de carga verá aumentado sus costos, lo cual presionaría para que el valor del transporte de carga también aumente. Siendo un insumo básico, este aumento de costo tendrá un efecto multiplicador sobre los precios en el resto de industrias. Se verán afectadas los productores de cerámica, cartón y papel.   El sector camaronero y de pesca también serán impactados con el aumento de los costos. El primero, sobre todo los exportadores de crustáceo, están presionados porque ahora deben pagar 15% de arancel al vender a EE.UU., el aumento del alza del diésel y el mayor costo del transporte de carga , deja menos grado de maniobra en su rentabilidad, loque afectará su competitividad.

Los sectores de la industria alimenticia, centrales termoeléctricas y el resto de sectores industriales serán afectados. Con la introducción de una nueva variable en el cálculo del precio de las gasolinas extra y eco, el subsidio se reducirá en el período 12/09 – 11/10 y así continuaría en los siguientes meses. Los dos efectos combinados de eliminar el subsidio al diésel y la reducción éste en las gasolinas extra y eco, el gobierno reducirá sus gastos por estos rubros pero aumentará los costos en las industrias.

El establecer la compensación temporal a los transportistas de pasajeros permitirá contener, por un tiempo el alza de pasajes urbanos, y prepara a los transportistas y población para que se vaya adecuando a pagar precios reales por los combustibles una vez que se termine la compensación. En caso del transporte de carga, por ser un insumo básico para todos los sectores productivos, habrá un impacto en el incremento del costo de carga que se trasladará a los precios. En el mediano plazo, habrá incentivos en el sector de transporte y de la industria para cambiar sus unidades a vehículos eléctricos. Pero, al menos en este año, mientras se siga pagando la compensación a los transportistas urbanos, no habría traslado del aumento del diésel al pasaje. Eso si ocurrirá, en el caso del transporte de carga, en el que la mayoría de las industrias que usen diésel, trasladaran el incremento de costos a los precios. En síntesis, por lo menos en este año, podría limitarse el traslado del aumento del diésel al pasaje urbano, interprovincial y intraprovincial. Sin embargo, los efectos en los sectores industriales del aumento del costo de transporte de carga se sentirá de inmediato y el traslado a los precios se daría también a los precios. En resumen, habrá efectos inflacionarios por la eliminación del subsidio al diésel en el transporte de carga, sería gradual al principio pero se manifestará plenamente en 2026. Como todo ajuste, este reducirá el nivel de actividad más aún si, como consta en el compromiso con el FMI, se desacelerará el crédito a los sectores productivos. Por eso, el FMI proyecta un crecimiento de sólo 1.7% en este año qué, si consideramos la contracción de 2% de 2024, la economía en 2025 afrontaría una contracción pero mucho menor.

Luis Rosero M.

La Asamblea aprobó la Proforma Presupuestaria 2025 que establece las prioridades del gobierno respecto a la distribución del gasto e ingreso público. En el primero se revela la rigidez de éste y, en el segundo, que a pesar de las reformas tributarias y aumento de ingresos impositivo no es suficiente para cubrir el gasto lo que lleva a un desequilibrio fiscal permanente. Lo preocupante, de este año. es el elevado déficit fiscal y su financiamiento, lo que se relaciona con la sostenibilidad de la deuda pública y el riesgo de su reestructuración.

El déficit fiscal se origina por el alto nivel de gasto público y su distribución. En efecto, en la proforma de 2024 los gastos permanentes alcanzaron 20.6 y en 2025 llegan a 22.3 mil millones lo que representa un aumento del 8.2%, una tendencia similar tiene los gastos no permanentes. En cambio, los ingresos permanentes de 2024 fueron solo 19.9 y los de 2025 subieron a 20.9 mil millones, o sea un incremento de 5%. Esta es una tendencia constante, en los diferentes gobiernos, que lleva inevitablemente a un déficit fiscal. El de 2025 es 4.4% del PIB, esto es 5625 millones de dólares. Lo mas crítico es que el déficit seguirá alto hasta 2028 en que se ubicará 3.1% del PIB, o sea alrededor de 4300 millones.

El financiamiento del déficit se realizará con deuda interna y externa. En 2025, implica asumir la amortización de la deuda de las cuales 3.3 y 2.5 mil millones corresponde a la externa e interna respectivamente. El país tendrá que pagar 5836 millones de dólares en amortizaciones de los cuales 3300 millones es deuda externa. Para 2025, las necesidades de financiamiento alcanzan a 11696 millones (9.1% del PIB). Loa preocupante es que esto aumenta la deuda externa que, según el boletín de Deuda Pública de junio de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda externa ya representa el 78% del total de la deuda pública.

La tendencia de mantener déficits altos lleva a que estos se financien con deuda, o sea aumentar la deuda para pagar ésta. En el caso de la externa esto conlleva el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa que, si no hay suficientes recursos fiscales, aumenta el riesgo de una renegociación de la misma. Como ya lo he señalado, lo preocupante es el circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa.  El tema clave es la sostenibilidad de la deuda externa y el riesgo que de la misma conduzca a una restructuración de ésta.

Este año, el gobierno ha logrado, con sus leyes económicas urgentes, aplicar la reducción de subsidios a la electricidad de industrias que usan medio y alto voltaje y, por otro lado, al diésel del sector atunero. Estableció una tasa de fiscalización a las empresas mineras y además el impuesto a la no distribución de utilidades. Otro mecanismo que aplicaría es la ejecución presupuestaria, la cual se cerraría en diciembre, como todos los años, implicaría qué, dado el bajo nivel de ejecución de partidas y proyectos de la proforma, puedan ahorrarse recursos que se suman a los ingresos públicos.  También podrían aumentar los atrasos. Lo que el gobierno realizó fue una reforma tributaria parcial. Se estima que el próximo año, dado el requerimiento de pago adicional de la amortización de la deuda externa, planteará una reforma tributaria más completa. Esta puede implicar seguir reduciendo el tamaño del estado mediante la reducción de más funcionarios públicos, la posibilidad de nuevos impuestos, la venta de empresas públicas o aumentar la concesión de éstas.

O sea, el ajuste fiscal continuará por el lado de los gastos y de los ingresos públicos. Como esta previsto, el gobierno retornaría al mercado internacional de capital con la emisión de bonos soberanos. Esto es, más deuda externa, pero a diferencia de los créditos externos con multilaterales o privados, estos bonos son de más largo plazo lo que da un respiro en las amortizaciones de la deuda externa.

En síntesis, mientras continue el circulo vicioso déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias- más aún si se procede a contratar deuda para para pagar deuda hay más riesgo de una renegociación de la deuda externa.

Luis Rosero M.

Los eventos ocurridos en el país muestran el dinamismo de la coyuntura en la que los hechos se interrelacionan e influyen sobre otros. El panorama se torna complicado y requiere de un profundo análisis para evaluar y establecer las tendencias de la coyuntura en corto plazo. En este artículo me referiré brevemente a los aspectos políticos.

Si bien el gobierno logro apresar y extraditar a alias Fito, cabecillos de la banda Los Choneros, que constituye una acción importante en la lucha contra el crimen organizado, la continuación de las masacres, con mucha violencia, dejan decenas de asesinados, el incremento de las extorsiones (vacuna) a varias actividades y de los secuestros aumentan la zozobra y el miedo de la población que se siente insegura. Ya el régimen cuenta con las herramientas y el respaldo jurídico en el conflicto armado interno. Si bien este es un proceso largo, se requiere revisar la estrategia de seguridad, sobre todo las acciones de inteligencia para prevenir el cometimiento de delitos para evitar más violencia y muertes. Que no solo afectan a vida sino que además frenan y limitan la actividad económica.

En relación a estos hechos, a Corte Constitucional (CC) suspendió algunos artículos de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Este organismo recibió una serie de demandas de inconstitucionalidad de dichas leyes presentadas por diversas personas e instituciones. La repuesta del régimen fue una marcha, encabezada por el ejecutivo, para protestar contra los dictámenes de la CC, en la se llegó hasta exhibir hasta una pancarta con los rostros de los jueces de este organismo para presionar a que no frenen su lucha contra la inseguridad. El tema fundamental, en esta disputa, es que se podrían violar los derechos constitucionales a tal punto que se detendría y realizar escuchas a cualquier ciudadano sin orden judicial. En consecuencia, es necesario que se especifiquen claramente las condiciones para proceder a una captura y escucha pero con el conocimiento de un juez que autorice tal procedimiento. El gobierno ejerce presión contra la CC, pero el riesgo es el exceso y abuso de estas normas, por distintas razones, que pueden llevar a violaciones de derechos constitucionales fundamentales.

En el marco, de esta disputa, el gobierno envío a la CC las 5 preguntas del Referendo y Consulta Popular. Las 4 del primero versan sobre contratación por hora en el sector turismo, reducción de asambleístas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional. La pregunta de la Consulta se refiere al funcionamiento de casinos y salas de juego. Como puede apreciarse la pregunta 1 del Referendo y Consulta favorecerían al turismo por lo cual ha recibido el apoyo de hoteles y gremios del sector. Las preguntas del referendo 2 y 3, tendrían voto por el sí por el desprestigio que tiene la Asamblea y también el CPCCS por se fuente de conflictos y disputas en su control por parte del gobierno de turno. La cuarta pregunta apunta contra los jueces de la CC al buscar someterlos a juicio político. Es clara la intención de destituirlos si no se alinean al poder de turno. Es necesario que estos jueces de la CC tengan la suficiente independencia parta tomar decisiones para que las normas siempre se encuentren dentro del marco constitucional y sean garantes de la carta magna. Previamente, el 5 de agosto, el gobierno lanzó las inscripciones, de la nueva etapa, del programa Jóvenes en Acción, en la que se habilitarían 80000 pasantías pagadas, en el sector público, que se desarrollarían desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de febrero de 2026. O sea, 3 meses.

En síntesis, en el marco de aumento de la violencia el gobierno presiona a la CC para que se revalide los artículos objetados de la Ley de Inteligencia y Ley de Solidaridad Nacional. Pero este organismo, debe ser el arbitro que vigile la vigencia de la Constitución. El gobierno sigue tratando de presionar, con el referendo, y busca someter a juicio político a los jueces de la CC. Pero una vez más, estos jueces deben tener la independencia jurídica y ética para dictar sus sentencias que garanticen que las leyes, aprobadas por la Asamblea, se enmarquen siempre dentro de la Constitución que, entre otros aspectos, garantizan los derechos ciudadanos fundamentales. Se trata de garantizar la independencia de los poderes del estado y que haya contrapeso entre estos.

Luis Rosero M.

SE AGUDIZA LA MÚLTIPLE CRISIS Y SURGEN TENDENCIAS PREOCUPANTES (I)

Luis Rosero M.

El país vive momentos difíciles y se muestran tendencias preocupantes en varias áreas que son producto de la crisis económica, de seguridad, social, institucional y tiempos políticos turbulentos que afectan a la ciudadanía y a la democracia. Factores internos y externos influyen en dichas crisis, pero también se derivan de la gestión pública. En este artículo trataremos sobre el primer aspecto.  

La crisis económica se agudiza por los factores externos y el comportamiento económico interno. Así, en el sector externo, la guerra arancelaria desatada por Trump al mundo esta provocando serios efectos en algunos países. En ciertos casos, el principio que aplica EE.UU. es aumentar el arancel con aquellos países con los cuales este país tiene déficits. A partir del 7 de agosto entró a regir el 15% de arancel aplicado al Ecuador, un aumento de 5%. Esto a pesar de que el gobierno ecuatoriano es un aliado de la actual administración estadounidense. Aplicando ese principio, Colombia recibió un 10% de arancel. Este país exporta a EE.UU. principalmente productos agropecuarios (frutas, café, flores) e hidrocarburos (petróleo). Con el arancel aplicado al país enfrenta problemas competitivos con nuestro vecino. En banano, café y flores así como en petróleo, el país estaría en desventaja. Sin embargo, en cuanto al camarón el país tendría ventaja competitiva por la aplicación de aranceles a India (20%), Vietnam (20%) e Indonesia (19%) que son los principales exportadores del crustáceo a EE.UU. Recordemos que los principales dinamizadores del crecimiento del país son el consumo de las familias y las exportaciones. El primero, puede resultar afectado por el impuesto a las remesas de 1% que estableció EE.UU. En 2024, estas alcanzaron mas de seis mil millones, de las cuales las tres cuartas partes proceden de EE.UU. Por otro lado, las exportaciones ecuatorianas podrían verse afectadas por el arancel del 15%. Además, con la política de austeridad impuesta por el FMI, habría impacto en el crecimiento económico de 2025. La CEPAL proyecta solo un 1.5% de aumento del PIB par este año, lo cual también podría incidir en el nivel de empleo, subempleo y tamaño del sector informal.

Respecto a los desequilibrios macroeconómicos, el mas importante es el déficit fiscal. Con el convenio del SAF, firmado con el FMI, se estableció un ajuste fiscal que implica, entre otras medidas, aumentar los ingresos públicos con impuestos y la reducción de gasto. El gobierno ya aplicó la reducción de subsidios a la electricidad de industrias que usan medio y alto voltaje y, por otro lado, al diésel del sector atunero. Estableció una tasa de fiscalización a las empresas mineras. Ahora, con el proyecto de ley para el control de flujos irregulares cambia la tarifa para las utilidades no distribuidas y control a fundaciones y ONG buscando recaudar 545 millones. El gobierno pretende aplicar mas impuestos en las actividades que pueda, así ya con la consulta popular futura intenta legalizar los casinos y juegos de azar para captar más recursos. Además, se anunció el despido de 5000 empleados públicos que pueden incrementarse en el futuro, como forma de reducción del tamaño del estado. Como los ingresos no son suficientes para cubrir el gasto público, la tónica del gobierno, como de los anteriores, es acceder a deuda externa e interna. El índice de endeudamiento público ya supera el 40% del PIB establecido en la Constitución. Más aún, el gobierno espera reingresar al mercado financiero internacional en 2026 con en lanzamiento de bonos que aumentará la deuda externa. Según el gobierno, con todas estas medidas el déficit fiscal alcanzaría los 3000 millones de dólares, que representaría alrededor del 3% del PIB. Lo preocupante es el circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa.  El tema clave es la sostenibilidad de la deuda externa y el riesgo que de la misma conduzca a una restructuración de ésta. Así, también si no se rompe este círculo, habrá más restricciones al crecimiento económico.

A los problemas económicos, se agregan los financieros. Una inadecuada repuesta a un cliente, por un alto ejecutivo, y las constantes intermitencias en el sistema informático sufridas por el Banco del Pichincha incidieron en la conducta de los ahorristas que llevaron un retiro de depósitos. Por otro lado, la quiebra de la cooperativa de Ahorro y Crédito CREA llevo a su liquidación forzosa. Esta había sido sometida, hace dos años, a un programa de supervisión intensiva, por problemas con su patrimonio técnico. A pesar de que esta COAC no cumplió totalmente con las estrategias exigidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) permitió siga operando. Entonces aquí la cuestión clave es: ¿Por qué no actuó a tiempo la SEPS?  ¿Es un tema de gestión de la SEPS? Y ahora los socios tienen que soportar la quiebra. Ventajosamente hay un seguro de depósito para las COAC que le permite recuperar a sus socios hasta 34000 dólares de sus depósitos. A mas de eso, en la ley de Integridad Pública y su reglamento como en la ley de Áreas Protegidas ordenan y señalan el proceso para la conversión de las COACs en bancos. Esto implica que el sector financiero popular y solidario quedará reducido a un mínimo pues las primeras COACs que se convertirían bancos serían las del segmento 1 y 2 (las más grandes y medianas) que representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Entonces la duda que queda es ¿Se eliminan las COACs grandes porque le hacen competencia a los bancos o lo que sucede que ha habido una inadecuada gestión en la SEPS? En consecuencia, las COACs que daban acceso a los marginados por el sector bancario cómo microempresarios y emprendedores quedarían desatendido. Más aún, en el convenio con el FMI, se establece que este sector puede conducir a problemas de estabilidad financiera y por eso debe pasar las COACs a un ente (Superbancos) que aplica un mayor control para garantizar que se cumpla con los indicadores de riesgo de liquidez y de solvencia a fin de prevenir riesgos de quiebras.

En síntesis, el choque externo por el arancel de 15% y 1% a las remesas puede incidir en las exportaciones y flujo de remesas afectando el crecimiento económico. Además, el agresivo endeudamiento externo puede traer dificultades en la sostenibilidad de la deuda externa y correr el riesgo de una renegociación de ésta. Finalmente, los problemas financieros del Banco del Pichincha y la quiebra de la COAC CREA inquietan al sector que intentarían ser aplacados con la conversión de las COACs en bancos en la que hay mayor control y cuidan no se afecte el interés público. Sin embargo, lo que puede suceder que queden marginados microempresarios y emprendedores de los servicios que prestan las COACs.

Luis Rosero M.

Basándose en leyes urgentes, el gobierno pretende convertir a las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) en bancos. Esta intención representa un fuerte golpe al sistema financiero popular y solidario y a su entidad de control bajo el argumento del riesgo sistémico del sistema financiero. Al parecer, este objetivo se enmarca en el acuerdo con el FMI pero que frena la concesión de crédito a los que no acceden al sistema financiero privado y aumentaría el tamaño del sistema financiero privado que tiene una estructura oligopólica en la que seis bancos dominan el mercado financiero.

La Constitución de 2008 estableció que el sistema financiero nacional consta de tres segmentos: privado (bancos), público (entidades financieras de propiedad pública) y el popular y solidario. Este último esta compuesto principalmente por COACs. Estas se rigen por la ley de Economía Popular y Solidaria que rige desde febrero de 2012 y a partir de septiembre de 2014 los tres segmentos del sistema financiero están reguladas por el Código Monetario y Financiero.

Con la ley de Economía Popular y Solidaria se reconoció a la economía popular y solidaria en sus segmentos real y financiero. Para el control de este último se creó la Superintendencia de Economía  Popular y Solidaria (SEPS) cuyo objetivo es ejercer vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales  y velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades bajo su control. La regulación quedo a cargo de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiero establecida en el Código Monetario y Financiero.

El sistema financiero popular y solidario se ha venido desarrollando dinámicamente hasta tal punto qué a abril de 2025, medido en miles de millones de dólares, los depósitos llegaron a 21.5 (con dos terceras partes en depósitos a plazo), la cartera llegó 17.4 y la morosidad del segmento 1 y 2 alcanzó 8.6% y 7.4% respectivamente. Hay alrededor de 400 COACs que se ha dividido en 5 segmentos: en los que el uno representa las COACs más grandes (43 COACs) y, el dos, las medianas. (62 COACs). Los dos segmentos representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Según el catastro de la SEPS, al 27/10/2014, había 945 COACs de las cuales el 77% estaban en la sierra (725), 19% en la costa (177) y el resto en Oriente y Galápagos. En el periodo 2012-2016, con el primer superintendente de la SEPS, se procedió a un proceso de saneamiento y depuración de las COACs aplicando un modelo de supervisión basado en riesgos cuya evaluación económica financiera, creó intendencias regionales para controlar a las COACs que incluía algunas provincias y se procedió a la liquidación y cierre de las COACs que tenían riesgos de liquidez y solvencia. En el período 2016-2017, hubieron superintendentes interinos y septiembre de 2018 se nombró a una titular.

Para proceder a la conversión de COACs en bancos, el gobierno logró que se aprueben tres leyes urgentes. En la ley de Integridad Pública, en una transitoria, se estipula que la nueva Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) dictará las regulaciones para identificar las COACs, buscando proteger los ahorros y preservar la estabilidad financiera, que se conviertan en sociedades financieras del sector financiero privado, con la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

En la ley de Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, disposición transitoria cuarta, establece que, en 60 días de expedición, después de la vigencia de esta ley, la JPRMF o quien haga sus veces revisará las regulaciones vigentes de provisiones bancarias, genéricas y específicas que deben cumplir las entidades del Sistema Financiero Nacional (SFN) y de Economía Popular y Solidaria (EPS) para, manteniendo la estabilidad y protección del sector, no sean obstáculo para el otorgamiento de crédito a la población.

En el reglamento de la Ley de Integridad Pública, disposición general octava, establece que el Banco Central deberá preparar los insumos para las regulaciones que permitan identificar las COACs que se transformen en bancos solicitando información sin restricciones de las superintendencias incluidas en el Código Monetario y Financiero, las entidades que conforman la red de seguridad financiera y otras para entregarlos a la JPRMF.

En la disposición transitoria sexta, del reglamento de la Ley de Integridad Pública, se establece que, en 30 días de la posesión de los miembros de la JPRMF, la SEPS entregará el análisis de interconexión y riesgo sistémico para identificar las COACs que se convertirán a bancos protegiendo los ahorros y mantener la estabilidad financiera.

Todos estos procedimientos señalan la decisión del gobierno de que la conversión de COACs en bancos se realice en forma urgente y rápida. Esto implica que el sector financiero popular y solidario quedará reducido a un mínimo pues las primeras COACs que se convertirían bancos serían las del segmento 1 y que representan el 84.3% del sistema financiero popular y solidario. Además, con el proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capital se agregan como parte del control de la SEPS a las fundaciones, corporaciones y ONG que no tienen relación con las organizaciones de la economía popular y solidaria, que cumplen una función muy diferente a éstas y, en consecuencia, desnaturaliza la función de la SEPS. Pero lo mas importante del proceso de la conversión de COACs en bancos son los factores que llevan a esta decisión, a que instituciones afectan y a que intereses favorece lo que será tratado en los siguientes artículos sobre este tema.