Luis Rosero M.
He insistido, en esta columna, que el país se enfrenta a una múltiple crisis: energética, de seguridad, económica, social, institucional, etc. Se trata de problemas estructurales y coyunturales que hay que enfrentar para superar dicha crisis. El nuevo gobierno tiene el reto de enfrentar dicha crisis, cumplir con las promesas electorales e iniciar la resolución de los problemas señalados Para ello, se requiere de un plan, en cada una de las áreas, para planificar acciones y aplicar políticas públicas que conduzcan al crecimiento, equidad y bienestar general de la población.
En su discurso de posesión, como presidente de la República, Noboa señaló que, al terminar el período presidencial restante de Lasso, la primera etapa fue rescatar al país de la catástrofe económica-financiera, la guerra contra las mafias (conflicto armado interno) y la corrupción. En el nuevo periodo presidencial plantea aplicar reformas para que el estado no sea una carga para la sociedad sino la base para el crecimiento, el empleo y la inversión. Para ello, usará la inversión pública -obras de infraestructura: carreteras, puertos; viviendas- para generar empleo -sobre todo para jóvenes-, apoyará al sector privado, fortalecerá la educación pública -sobre todo en las zonas de mayor violencia-, a las mujeres, la salud, energía: diversificación de la red eléctrica con energía renovable, gas natural, con inversión extranjera pública y privada; reformas para convertir a Petroecuador, Celec, Inahmi, en empresas; luchar contra la corrupción; transformación digital para mayor eficiencia en servicios públicos, empezando por la salud; enfrentar las economías criminales. En resumen, los pilares, del nuevo periodo presidencial, serán economía, educación, seguridad, obra pública. Habrá apertura comercial y seguridad jurídica.
En economía, son múltiples los desequilibrios macroeconómicos del país que expresan la crisis en esta área. Por ejemplo, el déficit fiscal de 2025 es de alrededor de 5% PIB, o sea cerca de 5700 millones de dólares a pesar de las medidas de incremento de ingresos en que destaca el aumento del IVA al 13% y otras medidas fiscales. Otro de los problemas macroeconómicos son las necesidades financiamiento para este año serían 10000 millones para cubrir sus obligaciones. A eso se suma, el aumento de la deuda externa y la tendencia a seguir aumentándola. Derivado de lo anterior, aparece las dificultades de la sostenibilidad de la deuda externa, con el riesgo de falta de recursos para su pago que conduce a una reestructuración de la misma, lo que a su vez lleva al aumento de la presión fiscal. Para enfrentar la problemática en esta área se requiere de un plan económico. En el discurso presidencial de posesión no se hizo referencia como enfrentar la serie de desequilibrios macroeconómico para asegurar la estabilidad fiscal y otros objetivos. Así, para aumentar la inversión pública, en un contexto de déficit fiscal, se requiere mayores ingresos fiscales lo que implica aumentar la presión fiscal. Si no se sigue este camino, la alternativa es más deuda pública que puede generar un círculo vicioso de más gasto público-déficit fiscal-deuda externa-reestructuración de ésta.
Al parecer ese es el camino que optará el gobierno para aumentar los ingresos públicos. Lo que implicará acceder a mayores recursos de organismos multilaterales. En efecto, la CAF aprobó un crédito de corto plazo por 416 millones bajo la línea de Financiamiento extraordinario de liquidez que estaría orientado a apoyar un nuevo acuerdo de Facilitades Extendidas con el FMI que buscaría generar estabilidad fiscal y macroeconómica. Eso implica un nuevo crédito de este organismo y la aplicación de las políticas recomendadas por el FMI y cumplimiento de metas y reformas que significa políticas y acciones para liberalización de la economía, reformas estructurales para la apertura comercial, reducción del tamaño del estado, privatización de empresas públicas, medidas de estabilidad monetaria y financiera, etc.
Si bien, ya ha iniciado su período con la presentación del proyecto de ley contra las economías criminales y reformas a la contratación pública -fuente de corrupción-, se requiere políticas y acciones específicas en cada una de las facetas de la múltiple crisis del país que deben constar en un plan de gobierno.
En síntesis, el gobierno enfrenta un reto en cumplir todas las promesas que hizo en su posesión presidencial. La ola de violencia (muertes violentes, secuestros y extorsiones) que persiste requiere para enfrentarla de una estrategia y táctica para frenarla que deben incluirse en una política de seguridad pública. O sea, para enfrentar la múltiple crisis del país se requiere un plan en cada de sus áreas que delineen las políticas públicas a fin de que sea eficaz la acción del estado y superar dichas crisis.
Con la mayoría en la Asamblea y con cuatro años en el poder ejecutivo el gobierno, ahora, no tiene excusas para enfrentar con éxito la crisis múltiple del país y cumplir las promesas expuestas en la posesión presidencial.
Pensamiento y comportamiento 