Luis Rosero M.

Los gobiernos en el poder sufren desgaste político por su gestión, pero además también son afectados por la desconexión entre el poder político (gobierno, asamblea -congreso-, instituciones y otras instancias de poder) y las necesidades de la población. No solo se deteriora el partido político sino además el sistema democrático generando el hartazgo y desconfianza de la población en los partidos políticos que tienden a debilitarse, entrar en crisis y recorrer el camino a la desaparición. La falta de eficacia en la gestión,  puede conducir a la toma del poder por la ultraderecha. Al parecer, se estaría dando este fenómeno en el país.

La derrota del gobierno en el referéndum y consulta popular se dio en parte por su ineficaz gestión en ciertas áreas como seguridad y sector social; además por la concentración del poder, la judicialización de la política, el autoritarismo y opacidad. El mensaje que envío la población, en el evento electoral, fue que esta harto de la violencia, exige seguridad ciudadana y que se atienda sus derechos sociales En pocas palabras, una gestión pública eficaz, buenos servicios públicos y cambio de rumbo en la conducción del país.

Sin embargo, la repuesta del régimen fue un cambio de gabinete con enroque y reciclaje y la ausencia del presidente por 24 días por sus viajes al exterior y vacaciones que nos traslada al 2026 para reiniciar su gestión. El descontento popular se genera por el incremento de la violencia (2025 ya es el año más violento de la historia del país y según ACLED se ubica como el sexto país más peligroso del mundo después de escalar 36 posiciones en este año) que ha llevado a una migración interna, cambios en los patrones de movilización y migración externa. Además, la falta de atención en el sector social. Basta citar la crisis de salud que se expresa en la falta de medicamentos, insumos médicos y atención tardía en los hospitales públicos y del IESS. Si bien se surtió algunos de este último, no fue suficiente. Y la oferta de un programa de citas médicas, que iba a ser contratado con la empresa estadounidense HealthBird, fue cuestionado por la falta de experiencia y opacidad. A eso, se suma los problemas con la empresa Progen y ATM que no entregaron equipos en los proyectos eléctricos de las centrales térmicas de Salitral y Quevedo así como a la central Esmeraldas III a pesar de que hubo entrega de recursos por parte del gobierno a la empresa Austral por 71 millones. Los aspectos contractuales con estas empresas fueron cubiertas por un manto de opacidad.

La prensa ha divulgado el malestar de la ciudadanía por esta problemática. Así, José Alvear, columnista de La Hora, en su artículo “Mientras ellos pelean, el país se detiene” expresa: “Ecuador vive una paradoja peligrosa: mientras la ciudadanía clama por seguridad, empleo y servicios que funciones -el Presidente de la República y el Alcalde de Quito- han convertido sus diferencias y en un espectáculo político que consume tiempo, energía y gobernabilidad.” El conflicto también es con otros alcaldes, que más bien es un mecanismo de distracción que aplica el régimen. Y, a nivel internacional, El País, titulaba “La crisis de salud en Ecuador toca fondo con cadáveres entregados en cajas de cartón y un sistema al borde del colapso.”

En suma, el país enfrenta tres problemas críticos: un clima de inseguridad constante, una crisis de salud que explota y opacidad en la contratación de equipos para empresas eléctricas. No hay eficacia en la gestión con la estrategia de seguridad de mano dura, los afiliados al IESS y los pacientes de hospitales públicas no reciben medicamentos ni buena atención y, para agravar la situación, no hay empleo suficiente y se han entregado dinero a empresas que proveen equipos eléctricos con pérdidas para el estado. Hasta cuando no se atiende esta problemática. Al parecer, el gobierno tiene otras prioridades. Esta falta de atención a las necesidades de la población lleva a la inconformidad y hartazgo de la población que se expresó en el resultado electoral reciente y si no se atiende sus requerimientos básicos dejará un alto costo político al régimen que se reflejaran en los siguientes eventos electorales.

La crisis de representación no solo es del gobierno y su partido sino también de la oposición. La tendencia al bipartidismo determina que la segunda fuerza política es RC5 (progresismo) que enfrenta una crisis de liderazgo y en la cúpula, que se expresa en la verticalidad de las decisiones y en el resquebrajamiento de su estructura con la renuncia o malestar de sus principales figuras. Esta organización corre el riesgo de que tenga un camino similar al MAS de Bolivia. Es hora ya de una reestructuración y un liderazgo renovado para una dirección más democrática y decisiones colectivas. Esto urge para que pueda convertirse en una oposición seria y que defienda los verdaderos intereses del país.

El gobierno debe atender los tres problemas críticos, sino que además se requiere conocer la hoja de ruta que debe seguir el país para enfrentar no solo los problemas coyunturales sino los estructurales El país necesita un acuerdo nacional, cuya iniciativa debe provenir del régimen y la oposición colaborar para una agenda país. Necesitamos un estadista que enfrente los problemas a tiempo y ejecute un proyecto país para que lo enrumbe por el camino del desarrollo, redistribución del ingreso y justicia social. O sea, un presidente que este a la altura de las circunstancias.

La múltiple crisis del país exige una agenda nacional para enfrentar la difícil situación del país y una decisión política de todas las organizaciones políticas que anteponga los intereses del país a la de sus intereses políticos y de sus líderes. El riesgo que corren es que por la ineficacia gubernamental y una oposición furiosa sigan enfrascados en un conflicto estéril que de paso a que la ultraderecha convenza a la población de la mano fuerte para lograr seguridad ciudadana y arreglar los otros problemas del país. Así sucedió con Brasil, cuya deriva golpista fracasó, y, ahora, el salto al vacío en Chile.

La Asamblea aprobó el presupuesto general del estado de 2026 sin que, al parecer, se haya publicado. En este artículo, analizo solo los aspectos generales, dos principales desequilibrios y tendencias macroeconómicas que se desprenden de éste.

Lo que primero destaca es el aumento del déficit fiscal. En 2025 fue de 4.4% del PIB (5625 millones),  mientras que el de 2026 alcanza un monto cercano en términos absolutos (5413 millones), aunque menor en términos relativos. Lo preocupante es la estructura de dicho déficit. Así, el déficit entre ingresos y gastos permanentes es 1802 millones mientras que el déficit entre ingresos y gastos no permanentes es de 3611 millones, pero lo crítico es que el gobierno incluyó para pagar a salud, educación y justicia con ingresos no permanentes (deuda pública, venta de activos u otros) según los establecido en decreto # 191, lo cual cambia una regla fiscal fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. En consecuencia, si no hay financiamiento a través de los instrumentos señalados corren el riesgo de no ejecutarse. Ya, en la página web del ministerio de Finanzas, se invita a los GAD a participar en la cancelación de obligaciones no pagadas y registradas de presupuestos clausurados con bonos. Es más, estos títulos deben venderlos los GAD en el mercado de valores en el que tienen un descuento. Otro mecanismo que utiliza el régimen, dada la iliquidez de la caja fiscal, es el atraso a proveedores u otros en los que se incluyen los que prestan servicios de salud  y otros (dializadoras, centros médicos, proveedores de insumos médicos, devolución del IVA a jubilados, constructores, etc.).  Aumenta el riesgo de que la crisis de salud pública continué con la falta de medicamentos y atenciones tardías a los pacientes. Por otro lado, nuevamente el país enfrentará, otro año más, un déficit fiscal, lo cual requiere financiamiento que, a su vez, lleva a un aumento de la deuda interna y externa.

En el presupuesto de 2026, se asigna 10512 millones para cubrir la deuda pública, de la que 8351 millones corresponden a amortizaciones y, con la escasa información que se dispone, la diferencia podría ser de intereses. En la proforma de ese año, se establecían como amortización 8350 millones y de interese 4037 millones. Esta pesada carga en el presupuesto, va creciendo cada año por la tendencia a financiar cada vez más el presupuesto con deuda. Según el Boletín de Deuda Pública de septiembre de 2025, del Ministerio de Finanzas, la deuda pública era de 62545 millones de los cuales el 65.8% corresponde a deuda externa. El gobierno sigue aumentando el endeudamiento con el exterior y ya ha señalado que 2026 lanzaría al mercado internacional bonos de deuda por 3000 millones. Como he señalado el país ha caído en un circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Más aún, ahora se contrae deuda para pagar deuda. Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, ha señalado respecto a la deuda de los países en desarrollo -de ingresos bajo y medios- “Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”. En el informe “Ecuador, panorama reciente de la deuda”, elaborado por Latindadd y el Centro de Derechos Económicos y Sociales, se señala que el saldo de la deuda, a julio de 2025, es de 84000 millones equivalentes al 65% del PIB. Plantea que el país ha terminado en una espiral de conseguir financiamiento para pagar sus obligaciones. Recomienda que el país realice una nueva auditoria de la deuda y se una con varios países para renegociar en conjunto con sus acreedores. 

Otro aspecto relevante, en el presupuesto de 2026, es la asignación de 1764 millones para inversión pública y un plan de inversiones que solo llegaría a 2181 millones. O sea, el incentivo al crecimiento no provendría de estos rubros. Se apunta más a las exportaciones y consumo de hogares, pero además a las remesas de los migrantes que, en 2025, se proyectan en 7000 millones.

En síntesis, en el presupuesto de 2026 se refleja el déficit fiscal permanente y tendencia a pagar deuda contratando más deuda. Más aún, no se asignan recursos suficientes para salud, como para proveer medicamentos e insumos médicos a los hospitales públicos y, por otro lado, se reducen en 181 millones para seguridad. Se supone que la salud pública y la seguridad son prioritarios en la crisis de salud y en el combate al crimen organizado para reducir la inseguridad ciudadana. Aún más, lo crítico es la proyección de crecimiento de solo 1.8%, lo que refleja otra tendencia macroeconómica de la inestabilidad y variabilidad del crecimiento económico que se reflejará en un deterioro del mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población.

Luis Rosero M.

La contundente derrota en el referéndum y consulta popular envío un claro mensaje al gobierno para un cambio de rumbo sobre el manejo del país. Como ha sucedido, en eventos similares, en los últimos años, con el resultado electoral, la población desaprobó la gestión del régimen y exige buenos servicios públicos para atender sus necesidades básicas. Al parecer, el gobierno o no entendió o demorará en responder a este pedido urgente, pues el presidente decidió ausentarse del país. La falta de atención a los problemas del país o la tardanza en enfrentarlos aumenta los riesgos de la crisis social, política y económica como ya señalamos en el artículo “Los desafíos del gobierno ante el rechazo de la consulta popular.”

Si bien el mandatario, en una entrevista con Jorge Yunda, reconoció que la derrota fue “un remezón para asambleístas, inclusive para nuestro movimiento político …” Declaró que seguirá con su proyecto político y que insistirá en las reformas y las enviará a la Asamblea. Se trata de un remezón al gobierno para que tenga eficacia en su gestión y preste buenos servicios para atender dignamente a la gente. Si insiste en éstas tendrá un costo político, pues ya la población le dijo no respecto a las bases militares extranjeras en el país que, según el gobierno, iban a contribuir a la seguridad ciudadana y también rechazo la realización de una asamblea constituyente. Al parecer la repuesta al mensaje urgente del pueblo, va a tardar pues, según Primicias, del 3 al 11 de diciembre viajará a 3 países; 5 al 15 de enero de 2026 tendrá vacaciones y del 19 al 22 de enero visitará Davos y del 22 al 25 de ese mes viajará a Bélgica. La columna de Bonil (El Universo, 29-11-2025) ilustra claramente el mensaje que dio la población. En la caricatura, un funcionario dice “Presidente, lo que se necesita es un viraje” y el mandatario responde “Ah, yo entendí un viaje”.

Ante este remezón, el gobierno respondió con un reciclaje en el cambio de gabinete y ofreció, para el primer semestre de 2026, en cuanto a obra pública, el avance de la carretera E-25 (Troncal de la Costa) y paso lateral en la E-35 (Panamericana) hasta el Quinto Puente, en Guayas, un museo nacional y una torre oncológica, en Quito. Mejorar el sistema vial en la Sierra Centro, inversión en la zona vial del Azuay y, en salud, un sistema de inventario de medicinas para el abastecimiento de éstas. La Comisión Anticorrupción ya planteó sus criticas al programa que iba a contratar Edgar Lama.

La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Debo agregar que, en cuanto a lo social, destaca la crisis en salud, con hospitales públicos sin medicinas y atención tardía. Y, la lacerante pobreza.

En el artículo anterior, señalé que el principal problema económico es el déficit fiscal que, en 2026, será de 5413 millones, lo que implica que deberá obtener financiamiento para éste para lo cual ya se prevé una emisión de bonos internacionales por 3000 millones, que incrementaría la deuda externa y con el riesgo de sostenibilidad de esta que sería el tercer problema económico. El segundo sería el empleo que se refleja en una tasa de subempleo de 21.2% y un empleo formal de solo 36.1%. También el manejo de la política económica se ha tornado poco humanista. Los de la tercera edad y los discapacitados han tenido que llevar a juicio al gobierno para que les pague la devolución del IVA atrasado. Así mismo, los que sufren de enfermedades catastróficas han formado asociaciones para reclamar medicinas y atención. En cuanto a seguridad, ya 2025 se ha convertido en el año más violento de la historia del país pues de enero a noviembre 28 los homicidios intencionales fueron 8272 que ya supera a los que hubo en 2023. Esto a pesar de la política de seguridad de mano dura y los operativos de las fuerzas del orden. Se requiere una revisión de la estrategia de seguridad para aumentar la efectividad de la lucha contra el crimen organizado. La inseguridad no solo afecta a la población que vive atemorizada sino además a la mediana empresas, los pequeños empresarios y emprendedores que ven limitadas sus inversiones

En social, debería atenderse con prioridad la falta de medicina y la atención tardía en los hospitales públicos. Primicias reporta que en la Maternidad del Guasmo hay que comprar todo para el partol  Fue un avance el comenzar a abastecer de medicamentos a los hospitales del IESS. Queda pendiente afrontar la crisis de este organismo que cada vez se agrava. Se requiere que la vicepresidenta, a quien se le encargo resuelva la problemática de Salud, comience atender con urgencia lo que demanda la población pobre de manera que pueda ser atendida dignamente en las casas de salud a fin de aliviar su situación social. Al parecer la falta de atención de salud obedecería a la intención de privatizar la salud pública.

Finalmente, en lo político, es necesario un acuerdo nacional para que todas las fuerzas políticas apoyen enfrentar la grave crisis económica, de seguridad y de salud. Para que esto prospere, la iniciativa debe venir del ejecutivo, dejar de lado la confrontación con los municipios y otros opositores y proponer una agenda gubernamental y legislativa que tenga como objetivo resolver las tres crisis urgentes. De no hacerlo, el gobierno enfrentaría un agravamiento de los riesgos económicos, de seguridad y social que puede conducir a una perdida de gobernabilidad y estabilidad del país.  Es hora de dejar el partidismo y aportar para que el país pueda avanzar y por lo menos se puedan atender urgentemente a la población más vulnerable y a las mayorías con buenos servicios públicos y el gobierno reoriente su rumbo para comenzar a enfrentar la triple crisis, los problemas estructurales y encaminar al país por la senda del desarrollo y equidad social.

Luis Rosero M.

La derrota aplastante en el referéndum y consulta popular exige al régimen responder a los desafíos de la desaprobación de su gestión, que exige una rectificación, obligando a un cambio de rumbo, que busque mejorar las condiciones de vida del ciudadano común y corriente, y, por otro lado, diseñe una estrategia efectiva para enfrentar los críticos problemas que enfrenta el país y lo encamine por una senda del desarrollo, distribución más equitativa del ingreso y justicia social.

El triunfo del no puede atribuirse a ningún partido o movimiento político, sino al descontento e inconformidad de la población ante la situación crítica que viven muchos ecuatorianos, a los rasgos del régimen y a una gestión gubernamental ineficiente, que no ha sido capaz, pese a los esfuerzos, de reducir la inseguridad ciudadana, de no atender la crisis social, principalmente de salud y no enfrentar eficazmente la crisis económica actual y la que se viene. En lo político, se requiere llegar a un acuerdo o consenso, con las principales fuerzas políticas, para alcanzar la gobernabilidad y buscar apoyo para enfrentar estos tres problemas que son los más inmediatos y urgentes. Tampoco se puede descuidar atender los problemas estructurales que frenan el crecimiento económico. Sin embargo, el reciclaje y recambio de ministros en la crisis de gabinete, la continuación del conflicto con el Municipio de Quito y el encargo del Ministerio de Salud dejan dudas sobre la necesidad de un gran cambio en el accionar del régimen y parecen no estar a la altura de las circunstancias para entender el mensaje que dejó la aplastante derrota en el evento electoral.

En seguridad, los datos muestran la gravedad de la situación. En los primeros 10 meses, de 2025, las muertes violentas alcanzaron 7553 que superan a las 7062 que se registraron en 2024. Más aún, de acuerdo a la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Internacional Transnacional, el Ecuador tiene en 2025, un Índice Global del Crimen Organizado de 7.48 que lo ubica como el quinto país más violento del mundo y cuarto en América. Esta situación de inseguridad no solo afecta a toda la población, que ve restringida su movilización y sus actividades cotidianas, sino además a los pequeños empresarios, emprendedores y mediana empresa que ve afectada su actividad económica por la exigencia de extorsiones (vacunas) y la reducción de sus clientes. En consecuencia, urge revisar la política, estrategia y tácticas de seguridad para luchar contra el crimen organizado a fin de que sea más efectiva incluyendo, a quienes están dirigiendo las operaciones de seguridad, para reducir los índices de violencia. Al parecer, la estrategia de mano dura no resulta tan eficaz sino va acompañada de otros componentes.

La crisis social se refleja principalmente en la crisis de salud pública expresada por la falta de medicamentos e insumos médicos, atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos (imágenes, operaciones, etc.). Si bien ya se inició el abastecimiento de medicinas, en ciertos hospitales del IESS, en los hospitales regentados por el Ministerio de Salud (MS), sigue la situación crítica. Otro dato que ilustra la crisis social, es la pobreza. Así, según Unicef, el 36.5% de niños y niñas menores de 5 años esta en situación de pobreza por ingresos. Y, de este grupo, el 20% de los menores de 2 años padece de desnutrición crónica. Si bien ésta se ha reducido a 19% en 2024, sigue siendo alta. Sin embargo, según el Inec, a junio de 2025, la pobreza, por ingresos, a nivel nacional alcanzó 24% y la pobreza extrema 10.4%. Esta es la realidad objetiva, que muestra la gravedad de la crisis social. En consecuencia, al gobierno le cabe establecer estrategias para enfrentar la crisis social, empezando con abastecer de medicinas, insumos médicos, a los hospitales del MS y resolver los problemas de atención tardía y restricciones en los servicios de salud básicos. Se trata de mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de la más vulnerable.

De la crisis económica, resalta los problemas de empleo, subempleo y el tamaño del sector informal. En efecto, a septiembre de 2025, según el Inec, la tasa empleo adecuado fue 36.1%. O sea, apenas algo más de un tercio tiene trabajo que cubre los beneficios sociales. La tasa de subempleo representó 21.2% y el sector informal alcanzó más del 50%. En este, tema es clave el crecimiento económico y de ahí la necesidad de la reactivación económica. El otro rasgo visible de esta crisis, es el déficit fiscal de 4.4% a pesar de la reforma tributaria basada en aumentar los ingresos tributarios con impuestos y contribuciones. Pero, lo más crítico es la orientación y prioridades de la política fiscal. Para tratar de reducir el déficit fiscal, el régimen ha relegado al sector salud, de ahí, su crisis; a otros sectores sociales y la inversión pública. Ha utilizado como mecanismo la falta de ejecución del presupuesto. A octubre de 2025, el MS ha ejecutado el 42% de su presupuesto. Ya quedan solo dos meses para fin del año y, en diciembre, el Ministerio de Finanzas cierra las autorizaciones de partidas presupuestarias en diciembre. Por otro lado, hay deshumanización en dicha política. Jubilados y discapacitados han optado por un juicio al gobierno para que se cumpla con la devolución del IVA, que les sirve de complemento a sus escasos ingresos. Y pacientes con enfermedades raras formaron el Frente Nacional de Enfermedades Raras para presionar la entrega de medicinas en el sistema de salud pública. El otro problema fiscal crítico es la deuda pública. Más de las tres cuartas partes de esta corresponde a deuda externa, lo que lleva al riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa, una nueva reforma tributaria para pagarla y la posibilidad de una renegociación de la misma. Se ha generado el círculo vicioso déficit fiscal – reforma tributaria – renegociación de la deuda, como ya lo he expresado en otros artículos. La deuda se ha utilizado para gastos corrientes y se adquiere deuda para pagar deuda. Nebot, el ex alcalde de Guayaquil, ha advertido “La deuda externa, tal como esta planteada, es una irresponsabilidad pagarla….”

Finalmente, el régimen debería cambiar su forma de accionar políticamente como la judicialización de la protesta, la opacidad, el acoso a los opositores, la cooptación de otras funciones del estado, la deriva autoritaria, etc.

En síntesis, el régimen esta en una encrucijada o ejecuta eficientemente su gestión, cambia de rumbo, respeta la democracia, defiende los intereses nacionales soberana ante las presiones de la geopolítica, elimina los conflictos de interés, reactiva la economía y abandona su autoritarismo o terminará su período debilitado y rechazado por la población. Si quiere legitimarse deberá esforzarse para mejorar las condiciones de vida de la población, actuar políticamente con mecanismos transparentes y respetar la constitución. Si no, pasará a la historia como un gobierno, de un presidente empresario, que será juzgado por el conflicto entre el interés particular e interés nacional. El país necesita un estadista que esté a la altura de las circunstancias para enfrentar los problemas nacionales.

Según la Iniciativa contra la Delincuencia Organizada (ICDO) la criminalidad en Ecuador en 2023 fue de 7.07 y en 2025 subió a 7.48 puntos. En el mercado de la cocaina su calificación es 9/10. Además, este pais esta dominado por poderosas estructuras mafiosas (Los choneros, los lobos y tiguerones que controlan buena parte del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la mineria ilegal). El crimen organizado ha hechado raices en el sector privado en el que empresas de transporte, agricultura y mineria juegan un papel en el tráfico de drogas, la extracción ilegal de oro y lavado de dinero. Fuente: resumen del infome ICDO, Primicias, 12/11/2025.

«La Constitución como instrumento jurídico se limita a establecer normas de convivencia guiadas por principios y valores producto de acuerdos políticos y sociales.. Por eso una nueva no va a soluciones probemas de delincuencia, ni del sistema hospitario, ni de un presupuesto desfinanciado, ni va a eliminar la corrupción, porque no son fines constitucionales, sino mas bien dependen de estamentos inferiores como leyes bien hechas, fuerza pública suficiente, adecuado sistema judicial, eficiente gestión administrativa, funcionarios públicos idóneos y una sociedad honesta y respetuosa del derecho.»

Parte del artículo «Vivir en constitucion» de Carlos Cortaza Vinueza, El Universo, 11/11/2025

Luis Rosero M.

El referéndum y la consulta popular son claves en la intención del gobierno de implantar una nueva constitución. En la decisión electoral de la población influenciarán la coyuntura y el escenario, la calidad de la gestión gubernamental y la pre campaña así como la campaña electoral. El gobierno busca una constitución a la medida de su ideología y política. Cómo en los gobiernos anteriores, la consulta y el referéndum se convertirían en una evaluación de la gestión pública del régimen.

La coyuntura es parte del escenario electoral. En éste destacan ciertos elementos. La encuesta de Click Report, de octubre de este año, muestra que el 45.2% de los ecuatorianos señalaron a la crisis económica como el principal problema, mientras que el 32.2% dijo que delincuencia y la inseguridad es el segundo problema. Como he señalado, en artículos anteriores, dicha crisis se refleja principalmente en un déficit fiscal de 4.4% (que restringe la asignación presupuestaria a salud, IESS, obra pública, etc.). A pesar de que, en el primer semestre, la economía creció 3.8%, esto es una recuperación en relación al -2% de contracción en 2024, sin embargo, se mantiene en la fase de contracción del ciclo económico de 2025 según el Banco Central. En 2026, el crecimiento disminuiría a 2%, según el FMI. Esta tendencia afecta a la generación de empleo (en agosto, apenas el empleo formal 35.1%, subempleo 19.4%, otro empleo no pleno 31.3% y sector informal 55%). El otro gran problema macroeconómico es la deuda pública y su amortización. De ésta, a julio, la externa era 77% y la interna 23%. Para 2026, el país deberá desembolsar 12282 millones en pagos de capital e intereses de la deuda pública según el Observatorio de Política Fiscal, de lo que deberá pagar 6551 millones de la deuda externa que representa el 53% de la deuda total. Como bien señala La Hora, la deuda pública devora al presupuesto, lo que deja menos recursos para otras asignaciones presupuestarias. Como ocurre con la crisis de la salud pública que se refleja en hospitales sin medicamentos y la atención médica tardías, al igual que en el IESS. Pero, además surge el riesgo de la sostenibilidad de la deuda externa y la posibilidad de una renegociación de la misma. Para disminuir este riesgo cabría la posibilidad de una nueva reforma tributaria para obtener mas recursos para pagar dicha deuda.

En cuanto a la seguridad ciudadana, a pesar de los operativos de la policía y FF.AA. los índices de muertes violentas siguen altos, se repiten masacres (cárcel de Machala 27 muertos, según CNN) continúan aumentando las extorsiones (vacunas) y los secuestros. En suma, hay problemas de la menor calidad de la gestión en salud pública, seguridad ciudadana y manejo económico.

La precampaña y la campaña electoral en el referéndum y consulta popular ha sido fuerte en la que el gobierno ha ejecutado políticas y acciones que influirán en la decisión electoral. La visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. a la base militar de Salinas incidirá, en el referéndum, en la decisión de los electores sobre la instalación de bases militares en el Ecuador. En la segunda y tercera preguntas del referéndum de eliminar la entrega de fondos a los partidos políticos y de reducir el número de asambleísta inclina a votar. De esta última, el problema es la calidad y no la cantidad de los legisladores. Dada la crisis y descrédito de la población hacia dichos partidos, y, la histórica mala gestión de la asamblea, en los últimos años, también incidiría en un voto positivo.

Respecto a la consulta popular, el gobierno impulsa una nueva constitución, no ha planteado que tipo de carta magna busca que se apruebe. Solo se ha mencionado ciertos temas. Dahik ha declarado que, en la crisis del IESS, debe separarse el fondo de pensiones, que paga a los jubilados, de los otros fondos (salud, cesantía, etc.) argumentando que las necesidades de los otros fondos ponen en riesgo al fondo de pensiones. Por otro lado, el presidente ha declarado que pasen al Ministerio de Salud las prestaciones de salud del IEES y que éste solo se encargue del fondo de pensiones. Relaciona a esto, si la salud pública esta en crisis agregarle la atención médica de los afiliados al IESS agravaría dicha crisis. Esta propuesta no podría realizar en el corto plazo, como ha señalado el presidente, sino en un mediano plazo ya que implicaría una reforma estructural del sistema de salud pública que reduzca las ineficiencias y la mala atención a los usuarios del servicio salud. En el fondo. lo que plantea el gobierno es una reforma previsional adoptando el modelo chileno de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), ambas privadas. Este modelo hizo pasar la seguridad social de un modelo de reparto a un sistema de capitalización individual. Las AFP cobraban una comisión por administrar los fondos y las ISAPRES se financian con una comisión pagada por sus afiliados para recibir atención médica. El problema central de ésta última es que no atendía a los usuarios de salud pobres. En cambio, con las AFP, con la crisis y presión social, se aprobó una ley que permitió el retiro de los fondos de la AFP. En suma, este modelo fracasó en Chile y esta en crisis en Perú. Se pasó a un modelo de salud mixto. Uno público, administrado por el Fondo Nacional de Salud que atiende a los de ingresos bajos y medios, y, otro privado, ISAPRES que proporciona servicios de salud a los de ingresos altos cobrando una comisión. Se complementó con un sistema de gestores públicos y privados que administran los fondos de pensiones, que reemplazan a las AFP privadas.

El gobierno no ha señalado nada sobre el equilibrio de poderes del estado, sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre la organización del estado, etc. O sea, vamos a votar sobre el llamado a una asamblea constituyente que elaborará una nueva constitución que, dada la mayoría del gobierno en la asamblea, que se replicaría en la elección de los constituyentes, redactándose una nueva carta magna siguiendo la ideología, concepciones y políticas del gobierno. La economía en la nueva carta magna, como se trata de un empresario presidente, se orientaría hacia la implementación de una economía de libre mercado sin cortapisas.

En síntesis, pesará en la decisión electoral la calidad de la gestión del gobierno principalmente en seguridad, la crítica situación económica y la crisis social (en la que sobresale la crisis de la salud pública). En el fondo el gobierno pretende una privatización del fondo de pensiones del IESS y pasar al Ministerio de Salud las prestaciones de salud de los afiliados, agravando la crisis de salud que duraría algún tiempo.  Por ello, La campaña electoral del gobierno hay opacidad y camufla la privatización  de otros sectores (IESS, petróleo, gas, electricidad. Telecomunicaciones, etc.), que son temas sensibles, e incidiría en la decisión electoral. Se presume que el gobierno intentaría establecer una constitución parecida a la de 1988 que, en economía, propugnó un régimen (neo) liberal. Como muestran las presiones a la Corte Constitucional, el control del Tribunal Contencioso Electoral y judicialización de la protesta y enfrentamiento a opositores, etc. habría una tendencia a aumentar la concentración y acumulación poder o sea buscaría apuntalar aún más el hiperpresidencialismo. De ahí, la importancia del equilibrio de poderes y la necesidad del contrapeso entre estos a fin de contener el abuso del poder.