Hay un aumento del gasto en la proforma 2019, pero sin embargo hay recortes en los gastos sociales y de inversión, lo que afectaría el bienestar de la población, el ritmo de crecimiento y por ende el nivel de empleo y subempleo.

En un artículo anterior, sobre el tema, dijé “El nivel de gasto de la proforma, … la de 2019 los aumenta a 36.160, o sea un crecimiento de 1.300 millones de dólares (3.7%). Los rubros que más crecen son el servicio de la deuda (46.8%), transferencias y donaciones corrientes (40%) y bienes y servicios de consumo (22.3%) y los intereses de la deuda llegan a 3.365 millones. El nivel de subsidios sube a 6.955 millones, de los cuales 4.176 son para combustibles, 1.995 para seguridad social y solo 784 corresponden a subsidios sociales.  La inversión pública se reduce a 3.314 millones de dólares.”

Se reducen los gastos sociales en varios rubros en millones de dólares: Bienestar Social en 54, Salud  en 491 y Educación 356. Por la presión estudiantil y de rectores, al parecer, las universidades públicas y el gobierno llegaron a un acuerdo para que su presupuesto no les rebaje. La CONAIE, plantea que la proforma plantea “ensañarse y acosar a la educación superior”. Esta disminución del gasto social afectará al nivel de vida de la población y, sobre todo, de los más pobres Sin embargo, si descontamos los 145 millones que se les iba a quitar, quedan 211 millones que se disminuye a la educación escolar y secundaria.  El único rubro social que se incrementa es  480 millones en vivienda, que se asigna para cumplir, en parte, con el plan Casa para todos, que se utilizará en pago de subsidios a la población para que acceda a una vivienda y a los constructores.

Por el lado del gasto de capital, la inversión pública se reduce en 35% (1.245 millones), lo que implica disminución de la obra pública, lo que afectaría además al mantenimiento de las carreteras y otras obras de infraestructura. En vez de reducir el gasto corriente, el gobierno opta por cortar la inversión, lo que es un contrasentido ya que ésta genera un efecto multiplicador en la economía e incide en el crecimiento y empleo. El Presidente anunció que se reduce el gasto corriente en 430 millones, lo que resulta insignificante para un presupuesto de 36.160 millones.

El crecimiento del servicio de la deuda pública en la proforma, lleva al ejecutivo a la disminución de los gastos sociales y de inversión pública, pero aun así los gastos totales aumentan en 3.7%, lo que no permite reducir, de manera significativa, el déficit fiscal, que sería de 3.6%, por el mínimo recorte de gastos corrientes, siendo la variable de ajuste los gastos sociales, la inversión pública, no pago a proveedores y retraso a transferencias a GAD. CONGOPE anunció que el gobierno les adeuda 322 millones.

Las necesidades de financiamiento de la proforma 2019 son de 8166 millones, para lo cual se acude a organismos internacionales, a China y como mecanismo ventas anticipadas de petróleo (que antes se había criticado). Como novedad, aparece mas del 50% del financiamiento con organismos no identificado, lo que podría significar un acuerdo con el FMI.

Con la baja de la inversión pública y la poca esperanza de nueva inversión privada (El presidente anunció que hay un incremento de 4.000 millones de ésta inversión, pero no dio detalles), continuará la desaceleración de la economía. El FMI proyecta solo 0.7% de crecimiento para 2019, lo que implica menor empleo y subempleo. Los desequilibrios macroeconómicos se mantienen en niveles altos, la iliquidez pública impide cumplir con proveedores y GAD, la tendencia a menor nivel de actividad económica se ahondaría y, si se confirma acuerdo con el FMI, con políticas contractivas, se sigue con la política de mantener el crecimiento con más deuda, aplazar ajuste y reformas estructurales, etc. Con este escenario, tendríamos en 2019 un panorama económico crítico y poco alentador.

La semana pasada el Congreso aprobó el presupuesto 2019 con fuertes recortes del gasto, creación de impuestos y menor asignación a provincias que reduce el déficit pero que genera recesión y más desempleo; como lo ha hecho Ecuador, con medidas similares.

En efecto, el gasto público se reduce en alrededor del 7%, con recortes en Educación y Salud, y disminución más fuertes en Transporte, Energía, Obras Públicas y Vivienda pero también se contempla la fusión y eliminación de algunas carteras; se reducen subsidios a la energía y transporte, pero aumenta asignaciones para la deuda, que alcanzan a un tercio del gasto; se bajan las transferencias a las provincias. Se crea un impuesto a las exportaciones, pero que no logra evitar el desequilibrio fiscal. El déficit estimado será del alrededor de 1% del PIB. Las consecuencias serán un fuerte recorte del gasto social y aumento del precio del gas, luz y costo del transporte, lo que aumentaría la inflación y reduciría el nivel de vida de la población. Además disminuye la inversión pública, que tendrá efectos recesivos.

El presupuesto tiene supuestos no tan reales. Estima que la contracción de 2018 será de 1.5% y la de 2019 bajaría a 0.5% del PIB, la inflación bordearía 24% y el dólar estaría alrededor de 40 pesos.

La situación económica sigue deteriorándose. El crecimiento, en el segundo semestre de este año, cayo -4.2%, explicado por una contracción de la demanda de -2.8%, debido al decrecimiento del consumo público de 2.1% (por la política fiscal restrictiva) y reducción significativa de las exportaciones de -7.5%. La contracción de la economía no fue mayor por el aumento de 3.1% de la inversión. La tendencia al decrecimiento de la economía continúa en Agosto. En efecto, el estimador mensual industrial interanual fue -0.8. La contracción económica tuvo su efecto en el mercado de trabajo: la tasa de desocupación llegó a 9.6%. y el subempleo registro 11.2% a Octubre.

En el sector externo, continuó agravándose el desequilibrio comercial. En agosto aumentó el saldo negativo de la balanza comercial, siendo el saldo acumulado, de 4.400 millones. Las importaciones siguen aumentando a un mayor ritmo que las exportaciones, las que están afectadas por el efecto de la sequía.

Para controlar el tipo de cambio, sigue la intervención sucia en el mercado de divisas para mantenerlo dentro de la banda de flotación y, por otro lado, se aplica la tasa de interés de 70%. Sin embargo, a pesar de estas dos medidas, el dólar sigue aumentando pero a un menor ritmo, pero ubicándose por debajo de los 40 pesos por dólar. Esta variación del tipo de cambio sigue alimentado la inflación. Esta alcanzó 5.4% en Octubre, con una inflación anual de 39.5%.

Las proyecciones del gobierno para 2018 quedarían muy por debajo de la tendencia que se observa, pues la contracción de la economía llegaría a alrededor del 2% del PIB, lo que implicaría mayor desempleo y subempleo. Y en 2019 la contracción de la economía continuaría, pero sería de -1%, de acuerdo a la tendencia, la inflación alcanzaría 30% y el dólar sobrepasaría los 40 dólares. En suma, la crisis economía continuaría pero a un menor ritmo.

El presupuesto argentino de 2019, contempla medidas similares al presupuesto ecuatoriano de 2019, pues estipula la reducción y fusión de ministerios,  recorte de gastos sociales, disminución del gasto de inversión, aumento de las asignaciones por deuda, etc. pero a diferencia de los gauchos, se mantiene un alto nivel del déficit fiscal y no hay disminución del tamaño del estado. Se aplaza el problema, los desequilibrios macroeconómicos y vendrá el momento de un  fuerte ajuste.

La Proforma del Estado 2019 contribuye a mantener  los desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal continúa alto, el saldo rojo de la balanza comercial no petrolera se mantiene y, los supuestos en que se basa no son compatibles, con las proyecciones de crecimiento de organismos internacionales, que apuntan a  que sea pronunciada aún más la desaceleración económica.

El nivel de gasto de la proforma inicial de 2018 fue 34.853 millones de dólares, la de 2019 los aumenta a 36.160, o sea un crecimiento de 1.300 millones de dólares (3.7%). Los rubros que más crecen son el servicio de la deuda (46.8%), transferencias y donaciones corrientes (40%) y bienes y servicios de consumo (22.3%) y los intereses de la deuda llegan a 3.365 millones. El nivel de subsidios sube a 6.955 millones, de los cuales 4.176 son para combustibles, 1.995 para seguridad social y solo 784 corresponden a subsidios sociales.  La inversión pública se reduce a 3.314 millones de dólares. El nivel de ingresos se mantiene en relación a 2018, calculado con un precio promedio del petróleo de $ 58.2 el barril. El déficit fiscal para 2019 sería de 3.6% del PIB, una ligera baja desde el 4.1% de la proforma de 2018. En el déficit global del sector público, lo preocupante es el déficit de empresas públicas como TAME (200 millones), Tren Ecuador, Flopec, etc. se estima sumarían más de 500 millones de dólares. Nuevamente, como en el año pasado, la variable de ajuste es la inversión pública, mientras esta decrece aumentan los gastos corrientes. Dicha inversión tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Lo más grave es que a junio de 2018, el nivel de ejecución de ésta apenas es de 23%, lo que implicaría que a fines de este año alcanzaría a solo 50% de lo presupuestado, lo que a su vez significa que en 2019 ésta caería muy debajo de la proforma, lo cual afecta el nivel de crecimiento económico

Para 2018, el FMI estima un crecimiento de 1.1%. Según los datos del Banco Central en el I T crecimos 1.9%, y en el II T sólo 0.9% interanual, lo que confirma la desaceleración de la economía ya predicha por la última misión de este organismo, lo que a su vez implica más desempleo y subempleo. Según los supuestos de la Proforma, el crecimiento de 2019 sería 1.43% y el saldo de la balanza comercial 743 millones. El FMI proyectó un crecimiento de apenas 0.7%. En cuanto al comercio exterior, en el artículo señalé “De haber un saldo positivo en la balanza comercial en el I T de 2018, se pasó a un déficit comercial en el II T, aunque pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento más fuerte de las importaciones (9.7%) frente a un ritmo débil de exportaciones (3.6%). De mantenerse esta tendencia, tendremos a fines de este año un déficit comercial mayor, que afectará a la balanza de pagos y al propio ritmo de crecimiento.” En la proforma, las estimaciones del BCE estiman un pequeño saldo positivo en la Balanza Comercial, reconociendo un déficit comercial en la Balanza No petrolera, precisamente por el aumento muy fuerte de las importaciones. Finalmente, el otro riesgo es el aumento de la deuda. En un escenario de estrés, ésta llegaría a 60.1% del PIB en 2019 y 63% en 2022.

En síntesis, la proforma confirma para 2019 un alto déficit fiscal, un creciente déficit comercial de la balanza no petrolera (por alto crecimiento de importaciones), un elevado nivel de deuda pública así como de su servicio, y, según el FMI, un declive económico, lo que implicaría más desempleo y subempleo. La política gradualista del gobierno, lo que hace es aplazar el ajuste. Reduce la inversión pública, la quita recursos a las universidades públicas, mantiene un alto nivel de gasto corriente y trata de obtener liquidez, mantener el nivel de actividad económica y financiar gastos con más deuda pública. Este escenario, acercaría al gobierno a un acuerdo stand by, con dicho organismo, y la aplicación de una política de ajuste y reformas estructurales, que serían las condiciones para acceder a un crédito del FMI. La tendencia de la economía y el manejo gubernamental han generado una reducción de la credibilidad y confianza en el gobierno, tal como proyectan algunas encuestas de opinión pública.

En una publicación del Banco Central, las estadísticas muestran la desaceleración del crecimiento, tendencia que se suma al déficit fiscal, iliquidez de la caja pública, más deuda, déficit comercial y baja en el nivel de empleo.

En efecto, en las Cuentas Nacionales del II trimestre de 2018 señalan que el crecimiento fue de 0.9% explicado por una reducción de la tasa de inversión,  menor ritmo de exportaciones y mayor incrementode importaciones. Si bien hubo crecimiento de algunos sectores, tres de los sectores más generadores de empleo tuvieron un magro desempeño: agricultura 1.4%, construcción 1.1% y manufactura 0.7%. La tasa de crecimiento del I T fue de 1.9%, lo que muestra la desaceleración de la economía.

Según el Ministro de Finanzas, el presupuesto de este año requerirá 2.400 millones adicionales, si es que se cumple el plan de optimización del Estado. La iliquidez pública se refleja en los atrasos a proveedores, a profesores, a los agricultores que venden sus productos a UNA, etc. Sin embargo, el riego país, a Octubre 11, es 669, sigue siendo alto, lo que significaría deuda pública a un costo mayor. Si bien, se ha hecho emisiones en el mercado internacional y operaciones de financiamiento con bancos de inversión, dado los menores márgenes de maniobra para colocar deuda, en el próximo viaje del Presidente a China, se espera apoyo para obtener más financiamiento.

De haber un saldo positivo en la balanza comercial en el I T de 2018, se pasó a un déficit comercial en el II T, aunque pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento más fuerte de las importaciones (9.7%) frente a un ritmo débil de exportaciones (3.6%). De mantenerse esta tendencia, tendremos a fines de este año un déficit comercial mayor, que afectará a la balanza de pagos y al propio ritmo de crecimiento.

Las implicaciones de esta tendencia a la desaceleración económica no sólo se esperan para 2018 sino también para el año venidero. El FMI redujo su proyección de crecimiento, para este año, a 1.1%, mientras que el Banco Mundial, la estimó en 1.5%, al igual que la CEPAL que lo proyectó en este mismo porcentaje. La estimación del FMI para 2019 es de apenas 0,7%.

Las perspectivas de la economía para 2018 y 2019 no son halagüeñas, en la que inciden el mantenimiento de una política de crecimiento en base a deuda pública, el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, el aplazamiento del ajuste y reformas estructurales más profundo por parte del gobierno, el declive de las expectativas empresariales. Las medidas  que se han tomado son tibias en relación la gravedad de la situación económica. A eso se agrega, la falta de un plan económico que establezca las políticas en el mediano plazo y la orientación económica. En otras palabras, las medidas se toman en función de la coyuntura y no se delinean las perspectivas de mediano plazo. Dado este escenario, as inversiones privadas anunciadas por el Ministro de Comercio Exterior son poco probables; por otro lado, el anunció de ingreso a la OCDE, club de países desarrollados, que incluye a 2 países latinoamericanos, es una ilusión pues se exige disciplina económica y cumplimiento de una serie de reglas y, finalmente, el anuncio de un tren costero parece ser que olvida que otras son las necesidades del país.

 

El gobierno anunció un nuevo acuerdo con el FMI que le permite acceder a 7.100 millones de dólares más a cambio de aplicar otro conjunto de medidas monetarias, cambiarias y fiscales para frenar el agravamiento de la crisis económica. Con el primer acuerdo y éste la deuda con el FMI sube a 57.100 millones. Previamente, renunció el Presidente del Banco Central y hubo una huelga general de los principales sindicatos.

El nuevo acuerdo cambia la estrategia económica. La nueva política antinflacionaria se centra en un ancla monetaria: la base monetaria y apoyada por una banda cambiaria. La meta para la primera es que no crezca entre Octubre 2008 – Junio 2019. En otras palabras, se adopta una política monetaria restrictiva para frenar expectativas inflacionarias apoyadas por una intervención cambiaria cuando se supere la banda de flotación fijada entre 34 y 44 pesos, que se aplicaría a partir de Octubre de 2018. Ecuador utilizó esta política cambiaria previa a la dolarización En teoría, ambos instrumentos guiarán la inflación a la baja.  Las nuevas estimaciones gubernamentales apuntan a una tasa anual inflacionaria de 42%. En Banco Central definió como su objetivo principal el control de la inflación basada en un esquema ortodoxo.

La nueva política cambiaria abandona las intervenciones sin límite en el mercado cambiario y las altas tasas de interés. El Central solo intervendrá cuando la banda se ubique por debajo del piso ($ 32 pesos) o supere el techo ($44 pesos) hasta un límite de 150 millones de dólares. Con esta estrategia, se ahorrarían divisas y RMI. En vez de las altas tasas de interés para frenar el deslizamiento cambiario se adopta la restricción monetaria.

Entre las medidas fiscales, se establece un equilibrio fiscal para 2019 y un superávit primario de 1% del PIB para 2020. El nuevo acuerdo asegura el desembolso de 19.000 millones, en ese período,  más que el primer acuerdo alcanzado en Junio.

El viernes 28 de este mes, el dólar minorista alcanzó 42,1 pesos, superando la barrera de los 40 pesos. A partir del Lunes 1 de Octubre se espera ver la evolución del tipo de cambio y determinar la efectividad de la medida. En Argentina, al ser una plaza financiera, son importantes los cambios en la salida y entrada de capitales, que influyen en el mercado cambiario.

Los datos, previos al segundo acuerdo, mostraban la magnitud de la crisis. Al II Trimestre la economía se contrajo -4.2%, aumentó el desempleo a 9.6%, a Julio la inflación anual alcanzó 31.1%, la depreciación del peso más de 50%, creció el proceso de dolarización informal, subió el riesgo país, aumentó la pobreza a 27.3%  y la indigencia a 4.9% en el I Semestre de este año. Las medidas del segundo acuerdo con el FMI aumentarán la recesión. Ronda el fantasma del default. Se espera un decrecimiento de la economía de más de 2.4% en 2018 y 0.5% en 2019 que aumentará aún más el desempleo y la pobreza con mayor deterioro de las condiciones de vida. Finalmente, el ajuste lo termina pagando los más desposeídos de la población.

La contracción de la economía, la turbulencia cambiaria y el aumento del desempleo llevaron al gobierno de Macri a un nuevo acuerdo con el FMI, a menos de 3 meses del que se celebró en Junio, para calmar las expectativas, a los mercados y conseguir mas inversión extranjera.

La crisis económica se refleja en su decrecimiento. El INDEC, en su informe de cuentas nacionales, informa de una contracción de  la economía de -4.2%, en el II T de este año, en relación al igual período del año anterior, explicada principalmente por un decrecimiento del consumo público de -2.1% y de las exportaciones de 7.5%. Ésta última se debe a una fuerte sequía que hizo que el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura decreciera 31.6%, e igual tendencia tuvo la pesca con un 13.7%, seguida por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones que se contrajo en 3.8% con relación al II T del año anterior.

Esta contracción de la economía, se refleja en el mercado de trabajo. En efecto, en el I T de 2018 la tasa de desocupación fue de 9.1 mientras que en el II T subió a 9.6%. La crisis también se revela en la tasa de inflación anualizada que a Julio de 2018 alcanzó 31.1%. Otro efecto de la crisis es la turbulencia cambiaria. Para enfrentarla el gobierno llegó a un acuerdo stand by con el FMI, en Junio, mediante el cual obtuvo un crédito de 50.000 millones de dólares a cambio de medidas de ajuste que implican entre otras recorte de empleo público, reducción del gasto y del déficit fiscal. Ya 15.000 millones se desembolsaron para frenar la turbulencia cambiaria y financiar el déficit. Dicha turbulencia llevó a que el dólar se cotizara por arriba de 40 pesos, terminando el viernes 21 de Setiembre en 38.13 pesos. Para frenar el alza el Banco Central utiliza sus RMI y aumentó la tasa de interés a 60% que resulta costoso para la economía. Al parecer, con el nuevo acuerdo, se negociaría una flotación sucia que implicaría defender una banda cambiaria con un piso y un techo, al igual que lo hizo Ecuador antes de dolarizar la economía y, también, buscaría mas recursos frescos.

Las proyecciones gubernamentales apuntan a una contracción de 2.4% en 2018 y de 0.5 en 2019. La depreciación del peso, hasta el momento, es de alrededor de 50%; se estima que la tasa de inflación termine en 40% y la deuda pública se situé en 87% del PIB. Es un panorama desolador para la economía argentina con un modelo de política económica basado en apoyar el nivel de actividad económica con deuda pública externa. Si bien parte de la crisis se debe a la sequía, el ajuste con el FMI la exacerbó con resultados negativos en el mercado de trabajo, inflación y depreciación monetaria, lo que a su vez condujo a una reducción del poder de compra, aumento de la pobreza, desempleo y subempleo, concentración del ingreso.

Argentina está en una encrucijada y, este nuevo acuerdo con el FMI, llevará a mas ajuste y reformas estructurales. La política económica neoliberal genera  un alto costo social que se refleja en el pago de la crisis por los más desposeídos y deterioro del nivel de vida de la población. La corrupción, la crisis económica y el ajuste provocan un menor nivel de bienestar de los pobres.

 

Los índices macroeconómicos muestran una tendencia a la desaceleración económica y deterioro de las condiciones sociales: pobreza y condiciones de vida de la población. Los desequilibrios macroeconómicos, el viraje ortodoxo y el gradualismo de la política económica están afectando el desenvolvimiento económico y social.

Entre los desequilibrios más importantes están: el déficit fiscal, que se ha reducido muy poco; la iliquidez fiscal que obliga a más deuda, como los 1000 millones provenientes de organismos multilaterales y la operación con Golman Sachs (400 millones con garantía de bonos soberanos de más de mil millones de dólares) a lo que se suma el crédito de 70 millones con Japón. Además, para obtener recursos líquidos, en la ley de fomento productivo, se aprobó la remisión que consiste en perdonar multas, intereses de moras y otros rubros a cambio de que los deudores tributarios (fisco, tránsito, IESS, etc.) paguen el capital, a lo que se suma el aumento del precio de la gasolina super. Respecto al sector externo, en mayo y Junio de 2018, reapareció el saldo comercial fue negativo, producto de un aumento notable de importaciones.

El nivel de actividad económica se está desacelerando. El gobierno tratando de ajustar el déficit, redujo la inversión pública y busca compensarla con un aumento de la privada. En la ley de fomento productivo, se establece reducción y eliminación de algunos impuestos para nuevas inversiones, pero su efecto se verá en el mediano plazo. Se derogó la ley de plusvalía, argumentando que frenaba al sector de la construcción, pero éste sigue con tendencia a la baja, como muestra el decrecimiento de -0.4 en el I Trimestre de este año, en relación al igual período del año anterior. La manufactura y la agricultura, tuvieron crecimiento bajos, 0.5% y 0.4% respectivamente. Estos 3 sectores son las mayores generadores de empleo. Si bien, la estadística del BCE señala que el crecimiento de I Trimestre de 2018 fue de 1.9%, en relación al mismo período del año anterior, se registró un decremento de -0.7% respecto al último trimestre del año anterior. La proyección de crecimiento de la CEPAL, para este año es de 1.3%  y la advertencia de la desaceleración la hizo el FMI, en su última visita al país que, además, en otro informe señala el sostenimiento del crecimiento en base a deuda.

En el área social, lo más preocupante es el deterioro del mercado laboral, pobreza y condiciones de vida. En 2018, en el primero, la tasa de empleo bruto, a Junio, cayó de 65.6% a 63.6% en 2018, respecto a igual período del año anterior,  el desempleo y subempleo disminuyeron. Si bien se nota, una leve mejoría en el mercado de trabajo, en cambio, en igual período la pobreza aumentó 1.4% y la pobreza extrema subió 0.6%. Por otro lado, la concentración del ingreso (medido por el coeficiente de Gini) aumentó (de 0.462 a 0.472).

En conclusión, la política económica gradualista ha empeorado los desequilibrios macroeconómicos y las expectativas empresariales que llevan a una desaceleración económica que a su vez produce un aumento de la pobreza y concentración del ingreso. Se posterga el ajuste profundo y no hay decisión de adoptar fuertes reformas estructurales. Más temprano que tarde los desequilibrios serán mayores, lo que llevaría al gobierno a un acuerdo con el FMI. Está preparando el camino.

 

Con la grave crisis económica de Argentina, expresada en una depreciación acelerada, renegocia con el FMI, el convenio firmado hace poco, para que le adelante recursos,  que le exige a nuevas medidas económicas que implican mayor ajuste e impacto social.

A fines de abril, de este año, el tipo de cambio alcanza 20.8 pesos, en los meses siguiente continuó la depreciación hasta que el 29 de Agosto llego a 34.4 y, al siguiente día, 38.5 pesos por dólar, o sea una depreciación de 11.9% en un día, que alcanza ya a cerca del 100% desde el inicio del mandato de Macri. Esto llevó a que se renegocie con el FMI, el convenio firmado hace 3 meses, que implica la exigencia de nuevas metas macroeconómicas y un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal, entre la que están: la reducción de 22 a 10 ministerios, retenciones de 5%  (impuestos) a las exportaciones, a las de soya 25.5%, a minería e industria 5 y 10% , suspender la reforma tributaria que implica la reducción de impuestos a los ingresos brutos, cheques, IVA y ganancias; por el lado del gasto, se frenarían compras públicas, obras públicas y despido de empleados del sector público con contratos temporales.

Estas medidas se adoptan para cumplir con la meta déficit fiscal cero para 2019, que se había fijado en 1.3% en el convenio con el FMI. Como contraparte, Argentina recibiría adelanto de fondos para la subasta de divisas, a fin de frenar la depreciación, pagar la deuda externa y obtener liquidez.

A estos desequilibrios macroeconómicos, hay que agregar la inflación que aumento 3.1% en Julio y la anual llegó a 31.2%. El impacto en el salario real, fue una caída de 5.9%, en el I semestre, en el poder de compra de la población, hay una leve recuperación en Julio. Tanto la depreciación como la inflación influyeron en las expectativas empresariales que se refleja en el empleo y pobreza. En I trimestre de 2018, la tasa de desempleo alcanzo 9.1% y el subempleo 9.8%, pero la pobreza sigue aumentando.

Pero hay otros indicadores que se han deteriorado en la crisis. El déficit comercial, en el I semestre de 2018, alcanzó 5101 millones debido principalmente al mayor incremento de importaciones que de exportaciones.  Si bien en el I trimestre, de este año, hubo un crecimiento de 3.6%, la tendencia es una caída del nivel de actividad económica a tan solo 0.4% como proyectó el FMI para este año. A eso se suma una deuda externa pública de más de 250.000 millones de dólares.

Los compromisos con el FMI abarcan la eliminación de subsidios a servicios públicos que aumentaron sus precios, reducción del empleo público, techo a la deuda flotante externa y doméstica, reforzar autonomía del Banco Central, mantener la flotación sucia, reducir el déficit fiscal y externo, etc. La meta de crecimiento era 1% para 2018, pero el propio FMI anunció que sólo sería de 0.4%.

El modelo de política económica no está funcionando, aún con el auxilio del FMI. Los desequilibrios macroeconómicos se deterioran más y el impacto social es mayor. Ya hubo manifestaciones de las principales centrales obreras y estudiantes universitarios. Además de las medidas hay una reestructuración del gabinete, como lo exige el FMI. El ajuste a lo FMI contraerá más la economía y para paliar el impacto social se aumentará ciertos subsidios a los más pobres. El temor a un corralito o a un default de la deuda lleva al retiro de fondos y salida de capital y obligaron a la toma de nuevas medidas para estabilizar la moneda, reducir la incertidumbre y reestablecer la confianza.

 

 

 

El Presidente de la República anunció un conjunto de medidas económicas, según él para reducir el tamaño del estado y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, hay indicios de que éstas en realidad están orientadas a otros problemas macroeconómicos como los relacionados con la iliquidez del sector público y servir como globo de ensayo para ver la reacción de la población ante la eliminación de subsidios a combustibles.

Entre las medidas para reducción del tamaño del estado están la reducción de ministerios –vía fusión de éstos-, eliminación de embajadas y consulados, y de ciertas instituciones públicas y fusión de empresas públicas; para reducir el gasto corriente, se eliminan pagos a celulares de ministros y altos cargos así como su personal de seguridad, venta de vehículos de instituciones públicas; restricción de compras directas y no contratación de personal bajo régimen especial y aumento del precio de la gasolina super que será aumentada de 90 a 92 octanos. Según el Ministro de Finanzas estas medidas permitirán un ahorro de 1000 millones de dólares y, de acuerdo al Secretario de la Presidencia, el incremento de la gasolina y ajuste del diésel empresarial, generará un ingreso de 100 millones dólares. A estas medidas se agregan el ofrecimiento de 1300 millones de crédito a sectores productivos.

Las medidas se anunciaron el 20 de Agosto, en cadena nacional, y la ley de fomento productivo se publicó en el Registro Oficial el 21 de Agosto. Por otro lado, en los medios de comunicación se anunció que no se realizó el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas programado en Agosto, aumentaron los atrasos en los pagos a proveedores del Ministerio de Finanzas y el nivel de caja fiscal apenas registró un saldo de alrededor de 600 millones en Agosto. Todos estos datos muestran que se agravó la iliquidez del sector público, que darían indicios de que el objetivo central de las medidas dictadas es obtener más ingresos para aliviar esta iliquidez. En efecto, el aumento del precio de la gasolina, genera ingresos inmediatos y, más que todo, la remisión tributaria (exoneración de intereses y multas a impuestos atrasados), contemplada en la ley de fomento productivo, va en la misma línea.

Se declaró en la cadena que las medidas buscaban, entre otros objetivos, la reducción del tamaño del estado, vía la eliminación de instituciones y fusión de empresas públicas, representaría un ahorro de 400 millones de dólares. Pero ¿qué significa este valor frente al inmenso tamaño del sector público? Como ha señalado el ex Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en las medidas no se refleja la reducción del tamaño del estado. En otras palabras, con las medidas tomadas hasta ahora, poco es el esfuerzo en el achicamiento del estado.

Así mismo, al igual que el gobierno anterior, se reduce el gasto público pero más por el lado del gasto de capital que el corriente. El primero es el gran dinamizador de la economía, sin embargo se insiste en lo mismo. Se apunta al impulso de la inversión privada vía la remisión tributaria y eliminación de algunos impuestos, que en términos de desequilibrio fiscal significa menos ingresos públicos que con el escaso recorte del gasto público implica una mínima reducción del déficit.

En síntesis, las medidas están orientadas a aliviar la iliquidez fiscal más que reducción del tamaño del estado, del déficit fiscal y medir la reacción de la población a la eliminación de subsidios. Esto muestra  un escenario de reducción del nivel de actividad que se ve reflejada en la tasa de inflación negativa por varios meses (¿deflación?), en la reducción del crecimiento económico anunciada por la CEPAL a solo 1.5% corroborada por el enfriamiento de la economía que anunciará el FMI en su visita al país, que implicaría reducción del empleo y aumento del desempleo, como ya se reflejó en el informe de  empleo, de Junio, del INEC, que le costó el puesto a su director.

 

El gobierno de Correa realizó una amplia reforma institucional que se incluyó en la nueva constitución. Los principales ámbitos de ésta incluye: lo judicial, en las funciones del estado, organización territorial, en educación, apoyo al sector privado, en lo público, etc. En lo económico y financiero destacan las reformas en lo tributario, la regulación y supervisión monetaria-financiera, mercado de valores, empresas públicas, sector público, banco central, economía popular y solidaria, etc. Esta reforma quedó plasmada en nuevas leyes y códigos jurídicos.
Sin duda, se trata de una profunda reforma institucional que cambio la relación entre sector público, sector privado y sociedad. En varios artículos, en el diario público, señalé que una vez concluido el gobierno correista, la oposición (principalmente de derecha) buscaría echar abajo esta reforma institucional, pero paradójicamente ha sido el propio gobierno de Moreno quien ha llevado adelante la contrareforma institucional.
Ésta comenzó con la consulta popular de 2018 que, entre los principales aspectos se deroga la reelección indefinida, se reestructura el Consejo de Participación Ciudadana –con lo cual se destituyó a las autoridades de lo judicial y varios superintendentes- y se eliminó la ley de plusvalía; el proceso continuó con la reforma a le ley de comunicaciones, siguió con la derogación de las enmiendas constitucionales de Febrero de 2017 que, entre los temas fundamentales, deja sin efecto el aporte del estado del 40% al IESS, la comunicación como servicio público y la facultad de la seguridad social de administrar fondos previsionales. La contrareforma se profundiza, en lo económico-financiero con la llamada ley de fomento productivo que además de la exoneración de intereses y multas por deudas tributarias, elimina o reduce ciertos impuestos a inversiones, exportadores e importadores, prohíbe al Banco Central endeudarse con el gobierno, crea un fondo de ahorro para el gobierno, etc.
El gobierno de Correa limitó, reguló y supervisó al poder mediático, la contrareforma flexibiliza y atenúa el control a los medios de comunicación; el nombramiento de Marcelo Merlo –ex contralor en el gobierno de Febres Cordero- como titular del Consejo de la Judicatura -que restituyó a María L. Jimenez, como jueza, madre de Cynthia Viteri, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC-MdG- y el nombramiento del nuevo representante del Presidente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que ha declarado que se preocupará por el mercado de valores al que deben regresar el estado, la seguridad social y la banca privada. Al parecer eso implicaría una reforma al Código Monetario Financiero y la ley de mercado de valores. Con la reforma a ley de mercado de valores, en el gobierno de Correa, se les obligó a los bancos a deprenderse de sus casas de valores, para que sean manejadas por particulares. Al parecer ahora, con la contrareforma volverán estas casas nuevamente a manos de los bancos.
Los nombramientos y las acciones señaladas dan indicios hacia donde se dirige de la contrareforma y a quien favorece. La contrareforma continuará, en varios ámbitos, con otros cambios legales y nuevas caras.