El Presidente de la República anunció un conjunto de medidas económicas, según él para reducir el tamaño del estado y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, hay indicios de que éstas en realidad están orientadas a otros problemas macroeconómicos como los relacionados con la iliquidez del sector público y servir como globo de ensayo para ver la reacción de la población ante la eliminación de subsidios a combustibles.
Entre las medidas para reducción del tamaño del estado están la reducción de ministerios –vía fusión de éstos-, eliminación de embajadas y consulados, y de ciertas instituciones públicas y fusión de empresas públicas; para reducir el gasto corriente, se eliminan pagos a celulares de ministros y altos cargos así como su personal de seguridad, venta de vehículos de instituciones públicas; restricción de compras directas y no contratación de personal bajo régimen especial y aumento del precio de la gasolina super que será aumentada de 90 a 92 octanos. Según el Ministro de Finanzas estas medidas permitirán un ahorro de 1000 millones de dólares y, de acuerdo al Secretario de la Presidencia, el incremento de la gasolina y ajuste del diésel empresarial, generará un ingreso de 100 millones dólares. A estas medidas se agregan el ofrecimiento de 1300 millones de crédito a sectores productivos.
Las medidas se anunciaron el 20 de Agosto, en cadena nacional, y la ley de fomento productivo se publicó en el Registro Oficial el 21 de Agosto. Por otro lado, en los medios de comunicación se anunció que no se realizó el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas programado en Agosto, aumentaron los atrasos en los pagos a proveedores del Ministerio de Finanzas y el nivel de caja fiscal apenas registró un saldo de alrededor de 600 millones en Agosto. Todos estos datos muestran que se agravó la iliquidez del sector público, que darían indicios de que el objetivo central de las medidas dictadas es obtener más ingresos para aliviar esta iliquidez. En efecto, el aumento del precio de la gasolina, genera ingresos inmediatos y, más que todo, la remisión tributaria (exoneración de intereses y multas a impuestos atrasados), contemplada en la ley de fomento productivo, va en la misma línea.
Se declaró en la cadena que las medidas buscaban, entre otros objetivos, la reducción del tamaño del estado, vía la eliminación de instituciones y fusión de empresas públicas, representaría un ahorro de 400 millones de dólares. Pero ¿qué significa este valor frente al inmenso tamaño del sector público? Como ha señalado el ex Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en las medidas no se refleja la reducción del tamaño del estado. En otras palabras, con las medidas tomadas hasta ahora, poco es el esfuerzo en el achicamiento del estado.
Así mismo, al igual que el gobierno anterior, se reduce el gasto público pero más por el lado del gasto de capital que el corriente. El primero es el gran dinamizador de la economía, sin embargo se insiste en lo mismo. Se apunta al impulso de la inversión privada vía la remisión tributaria y eliminación de algunos impuestos, que en términos de desequilibrio fiscal significa menos ingresos públicos que con el escaso recorte del gasto público implica una mínima reducción del déficit.
En síntesis, las medidas están orientadas a aliviar la iliquidez fiscal más que reducción del tamaño del estado, del déficit fiscal y medir la reacción de la población a la eliminación de subsidios. Esto muestra un escenario de reducción del nivel de actividad que se ve reflejada en la tasa de inflación negativa por varios meses (¿deflación?), en la reducción del crecimiento económico anunciada por la CEPAL a solo 1.5% corroborada por el enfriamiento de la economía que anunciará el FMI en su visita al país, que implicaría reducción del empleo y aumento del desempleo, como ya se reflejó en el informe de empleo, de Junio, del INEC, que le costó el puesto a su director.
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