El Banco Mundial prevé una contracción de la economía para 2019, por segundo año consecutivo, y, por ello, se registra un continuo deterioro de los principales indicadores sociales, en especial de la pobreza e indigencia.

En efecto, el BM pronostica un decrecimiento de la economía de -1.2% para 2019. Los signos de la recesión se reflejan en varios sectores de la economía. El INDA registra que, a Marzo, de este año, el índice de producción manufacturera se redujo -13.4% respecto al mismo mes del año anterior. En ese mismo mes, la utilización de la capacidad instalada industrial solo fue 57.7%. De forma interanual, La actividad de la construcción se contrajo, a ese mes, -12.3% y  las ventas del comercio, se redujeron, en términos reales, -16.6%. El saldo de la Balanza Comercial, a Marzo de 2019, fue deficitario en 2.373 millones de dólares a pesar de una fuerte contracción de las importaciones.

El decrecimiento de la mayoría de los sectores tiene un impacto en el mercado de trabajo. Al cuarto trimestre de 2018, la tasa de desempleo llegó a 9.1% pero aumentaron los índices de subempleo y sector informal. Lo que a su vez impacta en los indicadores sociales. Así, al segundo semestre de 2018, las personas bajo la línea de pobreza llegaron a 32%, lo que significaría que, hacia final del primer trimestre de 2019, la pobreza llegaría más de un tercio de la población. El informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, según diario El País, “En primer lugar, señala que el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina. Se trata del nivel más alto en una década. En segundo lugar, esa cifra trepa al 63,6% en el conurbano bonaerense. Y el tercer dato es que el 29,3% de los chicos padece déficit en su alimentación y un 13% pasó hambre durante 2018.” De acuerdo con esta información, la situación de vida de los niños y adolescentes es crítico, alcanzando a más de la mitad de su población. Pero no sólo es de los niños, ha aumentado la indigencia. En una reciente visita a Buenos Aires pude ver que hay indigentes que duermen en calles, por ej. en la Av. Corrientes y 9 de Julio, en una cuadra encontré a 2 adultos durmiendo en la calle. La explicación, de esta situación, me la dio un vendedor de libros usados que señaló: dado el pasaje es muy caro (80 centavos de dólar) y como existen ONG que alimentan a pobres, los indigentes prefieren quedarse en las calles para poder comer. Hay también la organización de comedores populares.

Desde mayo, el dólar, a nivel minorista, se ha mantenido alrededor de 46 pesos, lo que frenado el aumento del índice precios. La inflación mensual, al mes de abril de 2019, alcanzó 3.4% y la anual se disparó a 55.8. Sin embargo, con ese índice anual, la población ha perdido más de la mitad de poder de compra en un año%, lo que obligó al gobierno a ampliar la canasta de los productos vigilados, a fin de restringir más el aumento de la inflación. Respecto a los indicadores social disponibles, en el cuarto trimestre de 2018, el índice de Gini se incrementó en 2.3%, o sea hay aumento de la concentración del ingreso, tendencia que continua.

Dado que van realizarse elecciones presidenciales, en Diciembre de este año, con la caída de las preferencias electorales de Macri y el ascenso del peronismo kichernerista, el panorama se torna incierto y, además, el líder de la Unión Industrial Argentina, plantea que “El mercado interno está en su peor momento, por el enfoque monetarista”, lo que significaría que la situación económica empeoraría. Más aún, la directora del FMI declaró que subestimó la situación complicada de Argentina. Este país accedió a un préstamo de 57.000 millones de dólares condicionado a un programa económico y cumplimiento de metas, que al parecer está haciendo agua si miramos los indicadores sociales y económicos. Estos elementos muestran que el escenario económico y social se deterioraría con el consecuente aumento de la pobreza, indigencia y caída del nivel de vida de los argentinos.

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (FNCCE) han presentado un planteamiento de Reforma Laboral cuyo objetivo sería la creación de empleo y el impulso a la competitividad que coincide con algunas de las propuestas fundamentales del gobierno de la reforma estructural en el mercado de trabajo, exigida por el FMI.

La teoría microeconómica y los organismos financieros internacionales (FMI, BM, BID y CAF) coinciden en tres planteamientos fundamentales para generar más empleo: reducir la asimetría de información en el mercado de trabajo, reducción del costo de contratación y despido y la flexibilización laboral. La primera se refiere a que hay problemas de conocimiento de información de ofertas y demandas de trabajo, por lo que habría la necesidad de una oficina pública que coordine este conocimiento entre trabajadores y empleadores. La segunda, la fundamental, plantea que el desempleo se genera por el alto costo de contratación y despido de trabajadores, por lo que habría que reducir dicho costo para incentivar el empleo. La flexibilización hace referencia a que las formas de contratación del trabajo son muy rígidas por lo que habría que flexibilizarlas para incentivar el empleo.

La CCG y la FNCCE plantean que la finalidad de la reforma laboral propuesta es dar facilidad de contratación, de las jornadas de trabajo y de nuevas oportunidades de trabajo. Para ello, recomiendan 40 propuestas. En su diagnóstico señalan que en la Constitución de 2008 se eliminó el contrato por hora y en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar también quitó los contratos a plazo fijo a partir de 2016. Según estas instituciones, estas normas hicieron rígido el mercado laboral y el empleo adecuado pasó de 44% en 2015 y a 37.9% en 2019 (Marzo). Este diagnóstico pasa por alto, en cuanto a los índices laborales, que en 2015 cayó el precio del petróleo y el nivel de actividad económica ha venido reduciéndose hasta la fecha, factor clave para explicar el desempleo. Hay que tener presente que el desempleo informal fue de 46.7%, el desempleo juvenil urbano llegó a 13.9% a Marzo de 2019 y el índice de competitividad, relacionado con el mercado laboral, fue 113 en 2018.

Hay 2 propuestas claves de la CCG. Para la flexibilidad laboral, plantea reintroducir el contrato de trabajo a tiempo fijo, crear el contrato por proyecto y ampliar el período de prueba de 10 a 180 días. Respecto al costo laboral, propone reducir las indemnizaciones por despido intempestivo de 3 meses a 1 mes por año y bajar el tiempo, de las mismas, de 25 meses a 12 meses. Elimina la jubilación patronal si hay despido para trabajadores entre 20 – 25 años de servicio y se reduce la pensión jubilar a 8 – 10% de la remuneración básica. Se establecen parámetros para la fijación de la remuneración básica (inflación y variación del PIB) y la parte central es que la jornada laboral pase a ser de 6 días, de Lunes a Sábado, con un máximo de 12 horas diarias.

En cuanto a la flexibilidad laboral, si bien es dable nuevas formas de contratación, como el contrato por proyecto. Más bien,  la normativa laboral debería ajustarse a las condiciones económicas, sobre todo en tiempo de crisis o cíclicas que provocan cierre de empresas y por lo tanto despido de trabajadores. Pero lo central de la propuesta de la CCG es la reducción del costo laboral. Así extender la jornada laboral a 6 días (incluyendo Sábado), sin variar la remuneración básica, implica no pagar el recargo adicional por horas de trabajo el Sábado. Se argumentará que el trabajador puede laborar las 40 horas en 3 días y medio y tener libre día y medio. Esto significa que tendría que trabajar, de Lunes a Miércoles 12 horas, cada día, y 4 horas el Sábado. Pero así, también implica no pagar los recargos adicionales de las 4 horas diarias, de Lunes a Miércoles. Así mismo, la fórmula para calcular el incremento de la remuneración básica se basa en la inflación y tasa de crecimiento. Si la inflación es muy baja (como sucede cuando hay dolarización) y el crecimiento es negativo (según la propuesta, por este factor, el incremento de la RB, sería cero) lo que implica un incremento salarial muy bajo.

Lo principal de la propuesta de la CCG en que se centra en reducir el costo laboral para aumentar la competitividad. Ésta depende principalmente de la productividad, lo que implica inversión en tecnología lo cual significa, para el empresario, un egreso por equipos y tecnología de punta. Poner el énfasis en reducir el costo laboral a costa del nivel de vida del trabajador implica evitar o reducir el gasto en tecnología, pero disminuyendo la calidad de vida del trabajador. Es una propuesta que sólo toma en cuenta una parte de la relación laboral pero destruye o disminuye la vida del trabajador o su familia, factor clave en la producción.

El segundo año de gobierno de Moreno marca un viraje en los tres ámbitos. Hacia una visión ortodoxa en la política económica y, en lo político e ideológico se reorientó a la derecha expresada en una contrarreforma institucional, una contrarreforma monetaria-financiera y pactos con una fracción de la derecha. Esta tendencia, tiene entre sus principales principios: libertad individual, libre mercado, escasa regulación y sector privado motor de la economía.

La contrarreforma institucional busca echar abajo la creación de nuevas funciones del estado y la reestructuración de otras basándose en la independencia de éstas.  Se trata de echar abajo las reformas del correismo para lo cual se revisó o se reformaron las normas de la función judicial, la ley de comunicación, se destituyó a los jefes de las instituciones de control y se nombró a otros, se va en camino de eliminar el CPCCS, etc.

En la política económica dicho viraje se muestra claramente al haber llegado a acuerdos con el  empresariado, tal es así que se nombró como Ministro de Finanzas a un presidente de las Cámaras Empresariales y, por otro lado, el acuerdo con el FMI  define ahora la política económica. En éste se obliga a un ajuste y reformas estructurales. En el primer año de gobierno se aplazó el ajuste, se aumentó el endeudamiento externo y se mantuvo los niveles de gasto público. En el segundo año,  se inició el viraje con  la ley de fomento productivo que redujo las multas y recargos de impuestos, se disminuyó algunos tributos y se dio una serie de incentivos al sector privado. Con el acuerdo, ya se despidieron miles de burócratas, se liberalizó el precio de la gasolina super y se recortó el gasto público, principalmente el de inversión. Para el tercer año se viene un ajuste fiscal, más austeridad que es uno de los condicionamientos en el acuerdo con el FMI.

Entre las principales las reformas estructurales, que se concretaran con reformas legales, en los dos últimos años del gobierno, se incluyen la laboral, del estado, monetaria-financiera (cambios institucionales en el Banco Central, al mercado de valores) y de competitividad. En cuanto a la primera, el Ministro de Trabajo anunció que se enviará un proyecto de reforma del Código de Trabajo en el que destaca la flexibilización laboral que incluye el trabajo por horas, a tiempo parcial, eliminar indemnización por despido, etc. lo cual permitirá reducir el costo de contratación y despido que es, según el FMI y los empresarios, la causa del desempleo. En una entrevista a G. Lasso, con La Posta, acepta que llegaron a un pacto con el gobierno, entre otros aspectos, para aprobar la reforma laboral. Además se difundió por medios de comunicación que se va a enviar el proyecto de ley fomento productivo dos que contemplaría más incentivos (reducción y eliminación de impuestos y otros beneficios) para empresarios.

En cuanto a la reforma del estado, se dictó un decreto ejecutivo que nombró una comisión gubernamental que se encargará de reducir el tamaño del estado. Además de lo que había declarado uno de los asesores presidenciales (concesión CNT, CNEL, hidroléctricas, etc.) que son empresas rentables, se difundió por los medios de comunicación que entrarían dentro del paquete de reducción del tamaño del estado: el Banco del Pacifico, Refinería de Esmeraldas, etc. Revisando los estados financieros de dichos bancos, se desprende que es uno de los bancos más rentables del sistema financiero.

Con la reforma monetaria-financiera, se devolvería la independencia al Banco Central y se liberalizaría el mercado del dinero y, en la reforma al mercado de valores, se devolvería la potestad a que los bancos privados puedan tener casas de valores, administradoras de fondos y, además, aseguradoras.

El cambio político, más bien consitió en pactar con CREO (derecha), BIN y otras fuerzas políticas, lo que le permitió al gobierno dejar de lado a PSC-MdG, para captar con un asambleísta de Alianza País (AP) la presidencia de la Asamblea, con lo cual aseguran la mayoría que les permitirá aprobar las leyes para implementar las reformas estructurales impuestas por el FMI. En lo ideológico, AP dejó de ser un movimiento progresista y  pactó con la derecha  alineándose a los postulados y principios de la derecha.

En síntesis, en el segundo año de gobierno, el manejo económico viró hacia el neoliberalismo y en lo político y ideológico se identifica con la derecha; en los dos últimos años de gobierno se espera se aplique más ajuste y las reformas estructurales señaladas, cuya orientación es hacia mayor austeridad, el imperio del mercado libre sin cortapisas y el sector privado sea el dinamizador de la economía. Quedan pendientes las promesas de campaña de gobierno como las entrega de viviendas populares (parte de lo cual sería posible por el crédito del BID para este propósito) y las metas de empleo, lo cual sería difícil de cumplir ya que el propio FMI pronostica una contracción de la economía, por la austeridad, para el próximo año. La calificación de la gestión del gobierno se ve reflejada en la aprobación, por la población, que registra una reducción a 25% en la gestión del ejecutivo.

La coyuntura económica y social de Argentina se está deteriorando, sus principales indicadores van a la baja y el gobierno parece no controlar la situación y, más aún, la situación política se complica dada las próximas elecciones, por la baja de aceptación del gobierno.

En el sector real, al cuarto trimestre de 2018, había 7.6 millones en la informalidad,  5.2 millones de trabajadores por cuenta propia, el desempleo aumentó a 9,9% y el subempleo alcanzó 12.8%. Está tendencia causó deterioro social. Así, el nivel de pobreza de los hogares paso de 19.6% a 23,4% entre el I y II T de 2018 y, en los mismos períodos, el nivel de indigencia de los hogares aumentó de 3.8 a 4.8%. En 2019, el nivel de actividad está cayendo. Según el diario Ámbito Financiero, en marzo, de este año, la industria cayó -13,4%; en abril, la producción automotriz se contrajo en 34% y, la construcción, en el primer trimestre acumula caídas por -11.3%. En 2018, la contracción de la economía fue de -2.5% y, con los datos señalados, la crisis fue aún más, por lo que debieron haber deteriorado los indicadores antes señalado, por lo que hubo aún más agravamiento de las condiciones del mercado de trabajo.  

El tipo de cambio, sigue en continuo aumentando. Al 1 de Abril la cotización del dólar minorista alcanzó 43.8 pesos y al 14 de Mayo llegó a 46.1, o sea, en mes y medio, la devaluación fue de 5.2%, lo que implicaría que el dólar podría llegar, a fines de 2019, 50 pesos o más, dependiendo de la situación política. Este aumento del tipo de cambio conduce a más inflación. En abril, si bien la tasa de inflación bajó a 3.4% la anual llegó a 55.8%. Se espera además un ajuste del precio de las naftas y del gas, lo que incrementaría el ritmo de alza de precios. Si sigue esta tendencia, la inflación alcanzaría al fin de año alrededor de 60%. Consecuentemente, el poder de compra de la población va cada día disminuyendo. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno reimplantó el programa de precios cuidados, un acuerdo con empresas para limitar el alza de precios, que tenía 56 productos. Dado el aumento de la inflación, se decidió incluir 543 productos dentro de ese programa. De este hay unos productos esenciales cuyos precios se mantendrán congelados hasta Octubre de 2019.

Para controlar el tipo de cambio el gobierno utiliza dos mecanismos. La venta de reservas y aumento de la tasa de interés. El primero significa un drenaje de la RMI y, con el segundo, la tasa ha llegado hasta 70% para restar liquidez y frenar la compra de dólares. La tasa interbancaria llegó, al 13 de Mayo, a 68%, lo que significa que la tasa activa bordearía el 80%. Esta política de tasa de interés conduce a mayor costo financiero para la actividad productiva, generando más recesión.

La situación política genera más incertidumbre. La tasa de aceptación de Macri es negativa (-31-7%) y sigue cayendo mientras que la de Cristina Kirchner aumenta. El triunfo del peronismo en Córdoba reeligiendo al gobernador y el anuncio de la Confederación General de Trabajadores para el 29 de Mayo agrava el escenario. En síntesis, el gobierno de Macri parece no tener bajo control a la economía. El círculo vicioso devaluación-inflación-aumento de la tasa de interés genera más contracción de la economía, aumento del desempleo y subempleo e incremento de la pobreza e indigencia. Con el cumplimiento de los condicionamientos del FMI y su política de austeridad lleva a más recesión. Al parecer el gobierno está envuelto en este círculo perverso del cual le es difícil salir. El descontento y deterioro social sigue aumentando y, con una posibilidad de perder las elecciones, al parecer, el gobierno de Macri llega a su fin y la posibilidad del triunfo del peronismo genera mayor incertidumbre y proyecta un escenario económico más complicado.

Tanto en la situación y política económica y social de Argentina y Ecuador hay coyunturas y acciones parecidas pero también en política. Macri enfrenta una coyuntura económica complicada por la subida del dólar, recesión, aumento del desempleo, pobreza e indigencia y convenio con el FMI. Moreno afronta una recesión, aumento del desempleo y pobreza, desequilibrios macroeconómicos y un convenio con el FMI. Ante esta difícil situación ambos gobiernos han propuesto el diálogo como una estrategia política para desviar la atención de los críticos problemas socioeconómicos.

En efecto, Macri presentó 10 puntos para ser discutidos entre las fuerzas políticas y alcanzar a un pacto de estabilidad, que son: equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, crecimiento de las exportaciones, seguridad jurídica, creación de empleo a través de legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, consolidación del sistema previsional que de seguridad a jubilados actuales y futuros, reglas para transferencias a gobiernos provinciales, sistema de estadística profesional y cumplimiento de obligaciones con los acreedores. Los puntos claves de este diálogo son la reforma laboral, alcanzar equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, la reducción impositiva y la reforma a la seguridad social. Es una estrategia política de Macri, que básicamente trata de obtener alianzas con otras fuerzas políticas y dividir al peronismo para buscar su reelección.

En el caso de Moreno, en cambio se trata de alcanzar un Acuerdo Nacional con la sociedad civil, gremios y partidos políticos sobre los temas de Educación, Seguridad Social; Competitividad, Empleo e Innovación; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones. Según el Vicepresidente se trata de obtener consenso con varios sectores. El telón de fondo de dicho diálogo es el acuerdo con FMI y la contrarreforma institucional que está llevando a cabo el régimen. En el convenio con dicho organismo internacional hay el condicionamiento de varias reformas estructurales entre las cuales están la reforma laboral, lograr equilibrio fiscal, la reforma a la seguridad social,  la reestructuración del Banco Central y, algo implícito que es el pago de la deuda externa. Entre los aspectos básicos de la contrarreforma institucional se incluye la reforma judicial, los cambios en el CPCCS, reforma al Código de la Democracia, etc.

Entre estos, los temas más conflictivos son la reforma laboral, la reforma a la seguridad social y el equilibrio fiscal (que implica mayores ingresos públicos y recorte de gastos). Así como se hace en los proyectos de infraestructura que tienen impacto ambiental cuya primera actividad es la socialización del proyecto y detectar la reacción de la población a fin de viabilizar el mismo, el diálogo nacional lo que busca es sensibilizar y convencer a la gente de los beneficios de las reformas para aumentar el empleo, darle viabilidad financiera a la seguridad social y la necesidad de obtener más recursos a través de mayor recaudación de impuestos a la gente y no a empresarios (ya que desalentaría la inversión) y reducción del tamaño del estado. En otras palabras, el llamado Acuerdo Nacional es un camuflaje y manejo mediático para darle opacidad a los efectos sobre el bienestar de la gente del paquete de reformas exigidos por el FMI, así como las medidas que se aplicarían para desmontar la reforma institucional del régimen anterior y desbrozar el camino para el imperio del mercado libre en los mercados de trabajo, bienes y financiero. En suma, una política neoliberal que prepare el terreno para el funcionamiento, sin cortapisas, de una economía de mercado y darle más poder a un gobierno de derecha.

Es claro que se necesita un cambio estructural pero este no debe hacer recaer el peso de la crisis sobre los sectores mayoritarios, sino que debe implicar sacrificio sobre todo para  los sectores que más recursos tienen. Las reformas del gobierno conducen a mas concentración del ingreso y la riqueza, se requiere más bien desarrollo con equidad, reparto más equitativo del ingreso y riqueza, mayor empleo, reducción de la pobreza y aumento de la calidad de vida de todos, en particular de los más vulnerables. Se trata de la visión corporativa torcida que busca la implantación de un capitalismo salvaje.

El gobierno ha trazado un camino en lo político, económico y social que genera una serie de efectos en el país y en la sociedad que llevan a preguntarse ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? En este artículo, tratamos de responder a estas interrogantes.

En lo político, el gobierno ha desbaratado al movimiento Alianza País y con las últimas elecciones seccionales ha logrado reducirlo a casi nada. En efecto, ha perdido espacio político que ha sido llenado por la derecha y movimientos nuevos, con sus políticas y errores ha terminado en un régimen débil y con escasa credibilidad, que marcan el ocaso del mismo. Ha pactado con la derecha para abrirle el camino del acceso al poder.

En lo económico, en el primer año, su aplazamiento del ajuste, llevó a una profundización de los desequilibrios macroeconómicos y endeudamiento externo. En este segundo año, antes y con el convenio con el FMI, dio un giro en la política económica hacia el neoliberalismo, aplicando medidas de austeridad, ajuste y reformas estructurales exigidas por este organismo internacional y con un cronograma estricto. Así, para Junio, de este año, se presentarán proyectos de ley para una reforma laboral (flexibilidad que, según el FMI, abarata la contratación y despido, incentivará el empleo) y  reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas que fortalecerá el papel del Ministerio de Finanzas, establecerá las reglas de austeridad y eliminará instituciones, entre ellas, Senplades. En Octubre, le tocará el turno a la reforma fiscal que aumentara tasa de impuestos (IVA) y/o ampliará la base de otros, eliminará exenciones de impuestos a la renta y otros, se establecerá una estructura impositiva en que predominará la tributación indirecta y se eliminará el ISD. A eso se suma la reforma a la seguridad social que, a fines de año o inicio del siguiente, implicará el aumento de la edad de jubilación, el incremento del aporte de los afiliados y la eliminación de algunos servicios prestados. Este conjunto de medidas y otras generaran un efecto recesivo (reconocido por el FMI, que establece crecimiento negativo para 2019), contrayendo la economía, aumentando el desempleo, crecimiento del sector informal, disminución del nivel de vida y aumento de la pobreza.

En lo social, como ya hemos señalado, el impacto de las medidas obliga a un reforzamiento de los programas sociales del Plan Toda una Vida, revisión del Bono de Desarrollo Humano, del programa para discapacitados y de la tercera edad. A eso se agrega, el plan de vivienda, que permitirá entregar a los más pobres viviendas subsidiadas.

En síntesis, el camino trazado, en lo político, destruyó Alianza País y abre el camino al poder a la derecha; en lo económico, para reducir los desequilibrios macroeconómicos implicará una política que busca favorecer la inversión privada, reduciendo impuestos y dando incentivo, un restablecimiento del mercado libre –mercado de trabajo y de combustibles-, concesiones de empresas públicas que favorecerán a los empresarios; la liberalización del mercado del dinero (eliminación de topes a tasa de interés) y reformas al mercado de valores que aumentaran la rentabilidad del sistema financiero y una reforma a la seguridad social cuyos costos lo pagaran afiliados y jubilados.  En lo social, se resume en que el peso de la crisis caerá sobre los sectores más débiles de la sociedad y la contracción de la economía sería de por lo menos de un cuatrieno.

Como he señalado, en los artículos anteriores sobre este tema, el acuerdo con el FMI tiene condicionamiento de reformas estructurales en varias áreas en las que se incluye la del mercado de valores. En este artículo, revisaré lo que estaría detrás de esta reforma específica que estaría ligada a intereses corporativos.

Señalé en un artículo en Setiembre de 2013, en el diario público, “El mercado de valores, es la fuente alternativa de financiamiento a la banca a menor costo y mayor plazo. Funciona con emisiones de valores de empresas (obligaciones, titularizaciones, etc.) que son vendidas a inversionistas captando recursos  para financiar sus proyectos de inversión. Actualmente dicho mercado está en declive principalmente por la menor participación del BIESS en el mismo.”…”En 2009 el Banco Central elaboró el proyecto de ley de mercado de valores y hasta Marzo/2013 el  Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañias (Supercias) y el Ministerio Coordinador de la Política Económica reelaboraron y recortaron  el proyecto original.” Entre los principales objetivos del proyecto del Banco Central constaban: la ampliación y dinamización del mercado de valores, democratización del capital y financiamiento, aumento de la confianza y seguridad del inversionista.

En Mayo de 2014 se aprueba la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, una reforma a ley de mercado de valores, que si bien mantiene los principios señalados elimina algunos mecanismos establecidos en el proyecto del Banco Central. Entre los principales cambios están: se elimina el Consejo Nacional de Valores y se lo sustituye por la Junta de Regulación del Mercado de Valores (integrado solo por ministros), se define la banca de inversión (BIESS y casa de valores), las Bolsas de Valores pasan a ser compañías anónimas, se dan incentivos a la emisión de títulos, se obliga a las dos bolsas a formar un solo mercado, se regula los conflictos de intereses, se crea el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, etc.  La reforma además perseguía, como señalé en otro artículo sobre este tema, que “Hay también problemas de gobierno corporativo, se presenta el conflicto principal-agente y no ha habido renovación en la máxima autoridad del Directorio de las bolsas, sobre todo en el caso de Guayaquil, y los miembros de éste tienden a ser los mismos.  Se requiere una renovación en el máximo nivel directivo de las bolsas, de un CEO, agentes que dinamicen y le den un nuevo rumbo a este mercado. O sea  un recambio generacional.”  Esta reforma se complementa con otras disposiciones legales (Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 y la ley de poder de mercado) que obligó a los bancos a vender sus casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros. En Setiembre de 2014, con la expedición del Código Monetario y Financiero, se realizan nuevos cambios a la ley de Fortalecimiento.

Los datos de la evolución del mercado de valores ecuatorianos muestran que, en 2010, la Oferta Pública Autorizada fue de 1500 millones, concentradas en papeles de renta fija y a corto plazo, si bien en 2012 aumentó a 2000 millones, sin embargo, en 2014 vuelve al nivel de 2010, para que en 2015 y 2016  baje a la mitad de lo emitido en 2010. En otras palabras, el mercado sigue siendo poco dinámico, concentrado en renta fija y a corto plazo, por lo que no ha significado el desarrollo del mercado de valores.

Si bien ya las propias Bolsas de Valores plantean una nueva reforma al mercado de valores para dinamizar dicho mercado, el gobierno enviará el proyecto de ley de Fomento Productivo dos que tendría detrás, como ya señale en artículo de Febrero de 2019, devolverle la potestad a los bancos privados de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros, con lo cual las instituciones financieras pasarían a controlar el mercado de valores y obtener recursos para sus actividades crediticias y de inversión en detrimento de la dinamización y crecimiento del mercado de valores.

En los tres artículos sobre este tema he señalado el ajuste fiscal y las principales reformas estructurales que se aplicarían. Del primero, se busca la reducción del déficit fiscal vía la reducción del gasto (eliminación de subsidios y recorte de gasto corriente e inversión) y aumento  de los ingresos (impuestos). De las segundas, se aplicaría una reforma del estado (achicamiento de su tamaño vía privatización: concesiones), reforma a la seguridad social (aumento de la edad de jubilación y aumento del aporte al IESS), reforma laboral (nuevos tipos de contrato, reducción de coste de contratación y despido, limite al salario mínimo, etc.), reforma al Banco Central (restitución de su autonomía y reimplantar su directorio, etc.) y límites al endeudamiento externo.

Se aplicarían además medidas para velar por la estabilidad financiera y reforma al mercado de valores. Tanto el ajuste y las reformas estructurales tendrán un efecto recesivo por lo que habrá una contracción económica (-0.5% en 2019, según el propio FMI), lo que implicaría el aumento del desempleo. En efecto el desempleo, a Marzo de 2019, con respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 3.2%, o sea 261.000 fueron a la desocupación pero además aumento el subempleo y el trabajo informal. Como consecuencia de la contracción económica se prevé el aumento del riesgo de la estabilidad financiera, por lo que el FMI exige limitar el endeudamiento de los hogares, lo que significa restrongir y reducir el crédito a este sector. Pero en una contracción, cae la demanda agregada, lo que implica menos ventas para las empresas y en consecuencia menor capacidad de pago, lo que llevaría al aumento de la morosidad crediticia, lo que significaría el aumento del riesgo de liquidez y solvencia de los bancos. Para enfrentar estos, el FMI recomienda revisar el papel de la red de seguridad financiera y mejora de la resolución bancaria (que se aplica en caso de quiebra o cierre de una institución financiera) y adecuación del fondo de liquidez (que hace prestamos cuando los bancos reducen sus fondos líquidos) y de la garantía de depósitos (que devuelve depósitos de las instituciones financieras –hasta el mondo de la garantía- cuando quiebran o son liquidadas). Pero también se busca apoyar al sistema financiero y hacerlo más competitivo con una posible revisión del sistema de tasa de interés que se aplica que tienen un techo para evitar la usura. Esa decisión está relacionada con la reforma al banco central en lo referente a la restauración de su Directorio que retomaría el diseño y regulación de las tasas de interés que podría implicar la liberalización del mercado del dinero, que llevaría a que cada banco establezca su tasa de interés. Como se señala en la Carta de Intención, el FMI dice que para hacer más competitivo al sistema financiero  hay que eliminar los límites máximos de las tasas de interés y sustituir las regulaciones de liquidez por requisitos mínimos de liquidez.

Dentro del sector financiero privado, ante una contracción económica, el segmento que vería aumentado su riesgo de liquidez y de solvencia sería el de cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En efecto, la política del primer Superintendente de Economía Popular y Solidaria, fue depurar las COAC para dejar solo las más financieramente sanas. Ante una crisis económica, las COAC que tengan debilidad en liquidez y solvencia, son las que más riesgo corren, por lo que se estima que se continuará con una política de mayor control y seguimiento a éstas a fin de mantener la estabilidad sistémica de las COAC y continuar con dicha política de depuración así como evitar el deterioro de los recursos del fondo de liquidez y seguro de depósitos, que son mecanismos para mantener dicha estabilidad y credibilidad en el sistema financiero. En la entrega final de esta serie de artículo sobre este tema trataré sobre la reforma al mercado de valores.

En un artículo, publicado en el diario público, señalé que la seguridad social pública tiene un déficit actuarial incluido el IESS, sobre todo el referido al fondo de pensiones y seguro de salud, por las inadecuadas políticas aplicadas. He mencionado además que el déficit global del sector público incluye a gobierno central, empresas públicas y seguridad social, y que el déficit de ésta última aumenta el déficit global. En la carta de intención, firmada por el actual gobierno, se estipula una reducción de dicho déficit, lo cual implica reducir el déficit de la seguridad social.

No se conoce el nivel actualizado del déficit actuarial del IESS, que sería en Junio del presente año. Las causas que han generado dicho déficit son, entre otras, la concesión de beneficios de servicios de salud a los hijos afiliados menores de 18 años, sin costo, el aumento de la burocracia del IESS, el bajo aporte de los afiliados al seguro campesino, las malas inversiones financieras, etc. La construcción de hospitales, incluidos los del día, y equipamiento de los mismos han reducido la liquidez del IESS, obligando a tomar de las reservas de dichos fondos para realizar y equipar las obras de infraestructura. Además, el déficit del fondo de pensiones se debe a que, según resolución 501 de Noviembre de 2015, se le disminuyeron sus recursos para trasladárselo al seguro de salud. Más aún, el eliminar el aporte del 40% del estado al fondo de pensiones, entre 2015 y 2017, agravó su situación. El gobierno actual restituyó dicho aporte, pero según diario El Expreso, basado en un borrador del informe actuarial del IESS, aún con dicha restitución, el fondo de pensiones podría sostenerse entre 19 y a 23 años, o sea que en 2042 los actuales afiliados no podrían acceder a la jubilación por carecer de recursos dicho fondo. Lo más patético es que, a pesar de nuevos hospitales, el servicio de salud del IESS sigue siendo deficiente.

Para enfrentar los problemas de déficit de seguridad social lo que hacen generalmente los gobiernos es incrementar los ingresos y reducir los gastos. Las medidas que aplican, en el primer caso, son aumentar la edad de jubilación, incrementar el monto de aporte de los afiliados, etc. Y para bajar los gastos, acuden a reducir los servicios a los afiliados, recorte de burocracia, reducir inversiones en infraestructura, etc. Según parece hacia allá van las medidas que se aplicarían con la reforma a la seguridad social en el país por efecto de los condicionamientos del FMI.

En efecto, el Presidente del Consejo Directivo del IEES, ha convocado a un acuerdo nacional para tratar la problemática del déficit del instituto. En declaraciones en radio y prensa ha dado a entender que se aumentaría la edad de jubilación. Actualmente, para jubilarse con una pensión completa (100%), se requiere 60 años de edad y 30 de aportes. La reforma según ha aclarado el IESS, en discusión, sería incrementar el tiempo de contribución de los afiliados (en otras palabras aumentar la edad de jubilación a 70 años o más de edad), lo que implicaría más años de trabajo y aportación para recibir una  pensión completa, lo que aliviaría la presión de liquidez al IESS pues alargaría el plazo, un quinquenio, del pago de las jubilaciones de los actuales afiliados. Otro planteamiento de dicho presidente, según la revista Vistazo, es que los afiliados contribuyen con doce aportes, pero el IESS paga 14 pensiones (incluidos décimo tercer y cuarto sueldos) que no están financiadas.  Sin embargo tal afirmación no se sustenta, pues en los roles de las pensiones de los jubilados consta un descuento para financiar dichos décimos, lo que se quiere justificar es un aumento del aporte de los empleados y trabajadores. Además, se pretendería, en la reforma, también un aumento del aporte  de patronos, lo que aumentaría el ingreso del IESS pero significaría menores ingresos netos para los afiliados.

Por el lado de los gastos, el Presidente del Consejo Directivo del IESS, ha cuestionado por los servicios de salud que el IESS brinda a los hijos menores de 18 años de los afiliados, dando a entender que se eliminarían o si quieren recibirlos se los cobraría, que sería una medida que contribuiría a reducir gastos. En todo caso si se quiere enfrentar el déficit actuarial del IESS debe tomarse medidas que, por el lado de los ingresos, no se ponga el acento sobre los futuros jubilados al aumentarse la edad de jubilación sino que contribuyan de manera tripartita y equitativa patronos, trabajadores y estado y, por el lado de los gastos, se aumente la eficiencia en los servicios pero no se vaya al extremo de privatizar los servicios de salud,  se realicen los recortes de servicios pero que no afecten la prestación óptima de los servicios de salud de jubilados y afiliados. Se requiere profundas medidas estructurales para sanear al IESS, pero deben hacerse gradualmente y el estado y los afiliados aporten en función de sus ingresos. En otras palabras, que no se cargue el peso del ajuste del déficit actuarial sobre los trabajadores y jubilados. Si hay que ajustarse los cinturones, el sacrificio debe hacerse en función de la capacidad económica de los afiliados.

Además del ajuste fiscal (tratado en el artículo anterior) el convenio con el FMI, para acceder al crédito de servicio ampliado, impone reformas estructurales en: el estado, mercado de trabajo, sistema financiero, banco central y mercado de capital, que habíamos señalado, en artículos anteriores,  exigiría el FMI.

En cuanto a la reforma del estado hay dos aspectos claves: la reforma tributaria y el achicamiento de su tamaño. Respecto a lo primero, como ya dijimos en el artículo anterior, por el lado de los ingresos, lo clave es el aumento del IVA, la eliminación del ISD (de forma gradual), de algunos impuestos con escaso rendimiento recaudatorio y aumento de precio de precios de servicios públicos (entre ellas de la luz, agua, etc.).  Por el lado de gasto tributario, se reduciría el subsidio al diésel y gasolina extra y eliminaría algunas exenciones a impuestos (incluye las del IVA), regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. Por el lado del tamaño del estado, se liquidaría a 50.000 burócratas con contrato temporales y se daría en concesión algunas empresas públicas (CNEL, hidroeléctricas, hospitales, etc.). Como ya hemos señalado estas medidas tienen un efecto recesivo y aumentarían el desempleo.

Respecto a la reforma al mercado de trabajo se busca actuar por el lado de la oferta que, según la teoría microeconómica, afecta la contratación de empleados por la rigidez en la contratación y el alto costo de contratación y despido. Para el primer caso, se exige el aumento del plazo del período de prueba (actualmente de 3 meses, los empresarios piden 3 años) y  ampliación de la flexibilidad en los contratos según el plazo (contratos por horas y a tiempo parcial) que ya se aplican en ciertos subramas del sector agrícola (florícola, etc.). En relación al costo, se plantea la reducción la indemnización al trabajador cuando su renuncia sea voluntaria. También se busca incentivar el empleo de jóvenes y mujeres, para ello está por incluirse en la legislación laboral el teletrabajo. El gobierno inició inicio los programas de Primer Empleo y Empleo Joven.

En relación al Banco Central, habría una reforma en su marco institucional, se le devolvería la autonomía financiera y administrativa, lo que implicaría reestablecer el directorio que se haría cargo de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria. En el fondo, respecto a la primera se buscaría que el mercado monetario se liberaría. Actualmente hay un techo para las tasas de interés, la reforma implicaría que se eliminaría dicho techo y habría mercado libre en lo monetario, lo cual, según el FMI,  implicaría fomentar la competencia y cada banco establecería su tasa de interés, para de esa manera la asignación de los recursos financieros se realice  en función del riesgo y plazo.  Además se reimplantaría la auditoría interna fuerte, con las mejores prácticas internacionales, con un Comité de Auditoría, y la rendición de cuentas. Todos estos cambios, también implicaría devolverle al Banco Central el control de la liquidez de la economía. La reforma al marco institucional de dicho banco implicaría cambios en el Código Monetario Financiero, entre ellas, las funciones de la Junta Monetaria que tendría solo a cargo la regulación del mercado de capitales, del sector bancario público y algunas funciones macroeconómicas.

En síntesis, las reformas estructurales exigidas por el FMI implicarían echar abajo algunas reformas instituidas por el correismo como las realizadas en el Código de Trabajo, ley de Empresas Públicas, Código de Finanzas, Código Financiero y reformas tributarias.