A las medidas señaladas, en el primer artículo, sobre este tema, agregamos otras que han señalado algunos ministros y que completarían el paquete de reformas estructurales que exigiría el FMI. Se buscaría un cambio del modelo económico pasando de una economía dinamizada por el gasto público a otra en que sea la inversión privada y condiciones de libre mercado que impulsen el aparato económico.

Otra de las reformas estructurales, sería una reforma tributaria. En la revista Vistazo, en una entrevista, el Ministro de Finanzas, señaló que simplificaría el esquema impositivo eliminando algunos impuestos que no son muy rendidores y genera costos su recaudación  En el gobierno anterior se realizó una amplia reforma tributaria, creando algunos impuestos, por lo que la reforma dejaría solo los impuestos que más recaudan (IVA, impuesto a la renta, impuesto a la contaminación, etc.). Parte de esta reforma conllevaría a que las empresas públicas paguen impuestos, para ponerlas en iguales condiciones que a las empresas privadas. También el Viceministro de Economía, ha señalado que se pretende reducir las deducciones del Impuesto a la Renta, eliminar exenciones del IVA e ICE a ciertos sectores y nueva reducción del esquema de subsidios. El Ministro de Comercio Exterior planteó la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), pero de manera gradual. Recordemos que dicho impuesto se creó en Diciembre de 2007 y fue incrementando su tasa de 0.5 a 5% y se ha convertido en la tercera fuente de recursos públicos. El objetivo sería estimular la inversión extranjera principalmente. Así como se incrementó la tasa periódicamente se la rebajaría, de la misma manera, de manera de que no se incremente el déficit fiscal. Sin embargo, el Viceministro de Economía, se opone a tal reforma por los desequilibrios de la Balanza de Pagos. Incluiría además una reducción del subsidio al diésel al sector pesquero y camaronero con el que se creará un fondo que trasladará recursos, al primer sector, para renovar la flota pesquera y, en el caso de los camaroneros, se financiará redes eléctricas para sustituir el diésel por electricidad.

Además se busca eliminar las regulaciones a los mercados. En el caso de los combustibles, se liberalizará la importación para que  a través de la oferta y demanda se fije el precio, como ya se ha hecho en el caso de la gasolina super.

La reforma al mercado de trabajo no solo tendrá como objetivo el empleo en el sector formal sino que incluirá a los emprendedores y al sector informal. La teoría económica, plantea una serie de concepciones. Así la política activa de empleo busca aumentar la inserción laboral de jóvenes. Por otro lado, como ya señalé, se buscaría la flexibilidad del mercado de trabajo, cuya rigidez, según esta teoría, conduce a desempleo. Una de ellas, es la asimetría de información de los puestos vacantes y características técnicas requeridas para estos, por lo que se requeriría adecuar los sistemas de información  y orientación ocupacional. Por otro lado, los salarios fijos afectan el empleo que se da en función de la productividad del trabajo, por lo que la reforma estudiaría la posibilidad de establecer un salario de reserva. A más de es, los altos costos de contratación y despido inciden en el desempleo, por lo que se buscaría nuevos tipos de contratos laborales que reduzcan estos costos, lo que implica reformar la legislación sobre  la estabilidad del puesto de trabajo.

En suma, se trata de un conjunto de reformas estructurales que son condicionamientos del FMI y el BM, para conceder el acceso a recursos del crédito del servicio ampliado del primer organismo.

El presidente anunció un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales que permitirán obtener financiamiento por 10.200 millones de dólares. De ese monto, 6.000 serían de esos organismos y 4.200 del FMI. Se aplicaría un Servicio de Crédito Ampliado, que es para países que tienen problemas de balanza de pagos, lo que implicaría un condicionamiento que se traducen en medidas para equilibrar la economía (principalmente de ajuste) y de reforma estructural. En el primer caso, implicará metas cuantitativas en agregados monetarios, las reservas internacionales, déficit fiscal y el endeudamiento externo. En el segundo las principales reformas son sobre el tamaño del estado, la laboral, de competitividad, de seguridad social, del sistema financiero, independencia del banco central y la dolarización.

Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador señaló que los objetivos del acuerdo serían: “impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”. En la política de ajuste, se exigiría austeridad: la reducción del déficit fiscal, para lo cual se establecen dos condiciones, una reducir el gasto y otra incrementar los ingresos. Pero se trata del déficit fiscal global que incluye al sector público, empresas públicas e instituciones de seguridad social.

Para la sustentabilidad fiscal,  se aplicará la política de ajuste, por el lado del gasto, en el que ya el gobierno redujo el subsidio a los combustibles, eliminó una parte de la burocracia y se apresta a terminar con los contratos temporales de empleados públicos. Antes había reducido el nivel de inversión pública. Se revisaría el subsidio de combustibles a artesanos, pequeños agricultores e industriales.

Respecto a la reforma estructural, una sería el recorte del tamaño del estado, por lo que ahora está por reducir 10% de la plantilla de las empresas públicas, además estaría por ejecutarse la eliminación de algunas instituciones públicas que implicaría desaparecer SENPLADES, Ministerio de Telecomunicaciones, etc. y la privatización, ya sea de la propiedad o de las administraciones de instituciones y empresas públicas. Se opta por las concesiones de CNEL, CNT, algunas hidroeléctricas, hospitales del IESS, ciertas instalaciones relacionadas con el Ministerio de Agricultura, etc., como señalé en un artículo anterior. Esto básicamente por razones de la iliquidez fiscal que, entre otros efectos, provoca los atrasos a los proveedores del sector público.

Una segunda reforma estructural es respecto a la seguridad social. La información de prensa ha reportado los problemas de liquidez y déficit actuarial del IESS, pero también del ISSFA e ISSPOL, que tendrían problemas similares. En un artículo anterior señale, que se está negociando la eliminación de la jubilación patronal para no optar por un incremento del aporte empresarial al IESS, lo que deja la posibilidad que se opte por afectar a los afiliados y jubilados. Respecto a los primeros se recortarían determinados servicios a familiares y los del seguro campesino verían incrementados sus aportes y eliminado algunos servicios. Se incrementaría la edad de jubilación, se pondría más tope al monto máximo de la pensión y se cambiaría la fórmula de cálculo del ajuste anual del incremento de la pensión, tal como se hizo en Argentina.

A fin de atraer capitales y fomentar el regreso de capital nacional se dictaría la ley de Repatriación de Capitales y se reduciría el impuesto a la salida de capitales Sin embargo, como el proceso de concesiones no es tan rápido, podría optarse también por la posibilidad de un aumento del IVA del 12 al 15% y así poder alcanzar la meta de un déficit primario de 0% en 2021.

La reforma estructural también incluiría la reforma al mercado de trabajo que comprendería: flexibilización laboral, nuevos contratos laborales, reducción de la asimetría de información en la contratación, reducción de los costos de contratación y despido, una política activa de empleo para jóvenes, etc. Esta reforma ha sido reconocida por el Viceministro de Producción y estaría vinculada con la crítica situación del mercado laboral y la generación de empleo, sobre todo del primer empleo  ocupación para los jóvenes y sector informal.

Para fortalecer la dolarización, una parte del crédito del FMI iría a incrementar la RMI y, por otro lado, se buscaría la independencia del Banco Central, devolviéndose su autonomía, el manejo de la política monetaria y financiera y topes a la deuda, ello implicaría, la restitución de su Directorio para que diseñe dichas políticas y supervise el funcionamiento de la dolarización. A eso se suma, el establecer topes a la deuda y, una posible, reestructuración de la misma, muy necesaria pues en el año 2020 le toca al país pagar una fuerte suma por las emisiones de bonos internacionales realizadas anteriormente.

Finalmente otra reforma,  para contribuir al financiamiento a través del mercado de capitales, es la de la ley de mercado de valores. Con ésta, se le devolvería la facultad a los bancos de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías aseguradoras (se tratará en un siguiente artículo). Se posibilitaría también la participación del BIESS en inversiones financieras en dicho mercado y se restituiría la facultad de que toda emisión del sector público deba pasar por las bolsas de valores y deberá pagar una valor por cada emisión.

En síntesis, se trata de cumplir con el ajuste fiscal y reformas estructurales (recorte del estado, reforma laboral, independencia del banco central, reforma al mercado de valores) que serían las condiciones impuestas por el FMI y además la reforma al Código Monetario Financiero que está pidiendo la Asociación de Bancos a fin de liberalizar los mercados monetarios y financieros. Esta última es una contrarreforma monetaria-financiera que devolvería poder e influencia a los bancos en dichos mercados. En síntesis, se trata de un viraje de la política económica hacia una orientación ortodoxa-neoliberal.

Por una decisión del gobierno de Correa, los fondos previsionales cerrados de algunas instituciones públicas y de cesantía del Magisterio (FCME) fueron trasladados al BIESS, a partir de mediados de Mayo de 2015, para su administración, con el argumento de que había fondos públicos en los mismos. Esta decisión tuvo implicaciones políticas. La Contraloría realizó una auditoría en el período Junio de 2014 a Junio de 2018 y realiza observaciones al manejo de dichos fondos por el BIESS.

Según diario El Comercio, la auditoría de la Contraloría del traspaso de los fondos previsionales cerrados de 60 instituciones públicas, en 4 de ellas no se habríacumplido con los requisitos exigidos para dicho traspaso, como los resultados finales de las auditorias, entre ellas los fondos de Cesantía del Magisterio y los fondos previsionales complementarios cerrados de las universidades Nacional de Loja, Central del Ecuador y Técnica Estatal de Quevedo. Además, en algunos de los fondos, se entregaron préstamos a empleados que no eran participes del fondo. Según diario La Hora “También, Contraloría encontró que los comités de inversiones, en la mayoría de los fondos, no funcionaron, e incluso todavía no tienen reglamentos para su accionar. Esto según Juan José Castelo, representante del magisterio y presente en la lectura del borrador, provocó que se pierdan más de 200 millones de dólares de más de 200.000 participes.”

Las administradoras de fondos utilizan principios de finanzas para realizar una inversión financiera, entre ellos, los de rentabilidad, seguridad y riesgo, para ello establecen una política de inversiones entre valores de renta fija y variable, definida por un Comité de Inversiones. De la información recogida por los diarios señalados, al parecer no se contaba con comités de inversiones, ni al parecer política de inversiones, lo que implicaría que no se tomaron decisiones de inversión o, en otras palabras, no se invirtieron los fondos, lo que afectaría el rendimiento de los fondos. Por otro lado, con los fondos previsionales complementarios cerrados, administrados por el BIESS, se concedieron préstamos a no participantes del mismo. Esto podría implicar problemas de recuperación de cartera o sea morosidad, lo que afecta también a la rentabilidad del fondo. De acuerdo a las disposiciones legales, el BIESS debía cobrar hasta el 2% de los activos por la administración de los fondos. Si se dejaron de invertir, por un período los fondos, si hubo morosidad, esto reduce el rendimiento y si se deduce la tasa de administración de los fondos, la rentabilidad sería mucho menor. El representante del Magisterio señala que perdieron 200 millones de dólares. En síntesis, no se manejaron los fondos adecuadamente según los principios de finanzas señalados. El caso más crítico sería el fondo de Cesantía del Magisterio que, según declaraciones de sus ex directivos, habría tenido un capital de 400 millones y ahora, por los problemas de la caída de la rentabilidad, tendría mucho menos de esa cifra, lo que implicaría que se habría perjudicado financieramente a miles de maestros participes de dichos fondos. Pero además, el organismo supervisor habría fallado en el control de la administración por parte del BIESS.

Las finanzas, también establece principios, para los administradores de fondos e inversionistas, como los de responsabilidad y manejo técnico de los mismos, respetando las condiciones del mercado financiero. De la información de prensa recabada, se puede inferir que no hubo manejo adecuado de los fondos, afectando financieramente a los partícipes de los fondos, lo que puede tener implicaciones éticas y legales no solo para los directivos del BIESS sino a los funcionarios del organismo supervisor relacionados con el control a la administración de dichos fondos.

De información de los medios de comunicación, también se pudo recabar que la Contraloría habría pedido el reverso de dichos fondos en los 4 casos en que incumplieron los requisitos para el traspaso.

Más aún, el Presidente del Consejo de Administración, del Fondo del Magisterio Ecuatoriano, convocó a Directorio Nacional Ampliado, el 16 de Febrero, para tratar sobre la lectura del Informe definitivo del examen especial del FCME y al Superintendente de Bancos para coordinar el traspaso del BIESS al FCME. Alguien tiene que responder por la afectación del interés público, daño a los partícipes de los fondos, tanto los directivos y funcionarios BIESS como del organismo supervisor. La supuesta mala administración de dichos recursos provoca ahora esta reacción de los legítimos dueños del fondo de Cesantía del Magisterio. La decisión de revertir los fondos tiene también implicaciones políticas.

En Agosto de 2018, escribí el primer artículo sobre este tema donde advertía que el gobierno pretende realizar una amplia contrarreforma institucional y señalé que, con la consulta popular del año pasado, empezó en varias áreas. Se ha anunciado que en el proyecto de ley de fomento productivo dos se harían, en el área financiera y de control y supervisión monetaria-financiera, una reforma en la institucionalidad del Banco Central y cambios en la ley de mercado de valores.

En el área financiera y regulación y supervisión monetaria, el gobierno de Correa,  efectuó una profunda reforma que se plasmó en el Código Monetario Financiero. En la Revista Ecuador Debate # 79, de Abril de 2010, publiqué el artículo ´´Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador´´ en el  que analicé las principales reformas que se efectuaron en la institucionalidad, funciones y actividades del ex instituto emisor. En ese artículo señalaba que, en la Constitución de 2008, respecto al Banco Central del Ecuador (BCE), se establecieron los objetivos de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera. Señala la norma que dichas políticas las formulará el Ejecutivo y el Banco Central las ejecutará y con la ley Reformatoria a la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, de Octubre de 2009, se confirma que el ex instituto emisor tendrá como funciones instrumentar, ejecutar, controlar y aplicar las políticas monetarias. Esto significó que el BCE perdió su autonomía para dictar dichas políticas. Además dicha ley cambia la composición del directorio del BCE, disponiendo que sus miembros ya no serán elegidos por el Congreso, a propuesta del Presidente, sino que estaría conformado por 3 Ministros, 2 funcionarios públicos y un delegado del Presidente. Finalmente, con la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en R.O, de Setiembre de 2014, se elimina dicho directorio y establece una Junta Monetaria Financiera que dictará las medidas en esa área.

La teoría económica ortodoxa y los organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI, defienden la autonomía del Banco Central para manejar la política monetaria y financiera ya que así garantizarían la estabilidad de precios y, además, promoverían la credibilidad en dichas políticas. El proyecto de ley plantearía la independencia del BCE, lo que implicaría que retomaría el manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera, lo que a su vez llevaría a que tenga un directorio independiente con delegados nombrados por la Asamblea o Consejo de Participación Ciudadana, propuestos por el Presidente, como era antes. Es posible también que se realicen cambios en las funciones del BCE respecto a la política de tasas de interés, reservas mínimas de liquidez, inversiones de las instituciones financieras públicas e inversión doméstica de la RMI (que antes se invertían en el exterior).

La otra reforma que se propondría, en dicho proyecto de ley, sería en la ley de mercado de valores. En el gobierno de Correa se hizo una reforma al mercado de valores que se plasmó en  LA LEY ORGÁNICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SECTOR SOCIETARIO Y BURSÁTIL (RO SUPLEMENTO 249. MAYO 20, 2014). Entre otros aspectos, está constitución de la Junta de Regulación del Mercado de Valores que sustituyó al Consejo Nacional de Valores, la obligación de las Bolsas de Valores de constituirse en sociedades anónimas, la formación de un Depósito Centralizados de Valores del BCE, etc. Dicha ley, en su art. 19, establece que la inversión o desinversión de valores que se realicen entre instituciones del sector público no requieren pasar por el mercado bursátil, pero si una inscripción gratuita en la bolsa de valores. Por otro lado, la Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 obligó a los bancos a vender empresas que no tengan relación directa con su actividad, entre ellas sus casas de valores. Finalmente, como política, el BIESS restringió sus inversiones en el mercado bursátil. El proyecto de ley pretendería devolverle la potestad de los bancos a tener casas de valores. Y por otro lado, el BIES regresaría al mercado de valores. En efecto, la ex gerente del BIESS anunció que la institución tiene un presupuesto de inversiones, para 2019, de 300 millones en las bolsas de valores.

En síntesis, las reformas al BCE buscan devolverle la autonomía y el manejo de la política monetaria y financiera; por otro lado, los bancos podrían volver a tener casas de valores y el BIESS invertiría en el mercado de valores. Se trata, sin duda, de algunas de las condiciones del FMI para otorgale financiamiento al país.

En este artículo realizaré una descripción más detallada de las reformas estructurales que se implementarían con el convenio con el FMI, lo cual implicaría el condicionamiento cruzado con otros organismos multilaterales. Esto significa que el FMI determina la política de ajuste y, en coordinación con otro organismo,  obligaría que se aplique una reforma estructural.

Como señalé, en el artículo anterior, sobre este tema, uno de los problemas macroeconómicos acuciantes es la iliquidez pública. Un reflejo de esta situación son las protestas que realizan los proveedores demandando el pago de sus servicios y el atraso a los becarios. Esto conduce a que el gobierno siga endeudándose para aliviar los problemas de la caja fiscal. En efecto, el gobierno colocó en el mercado financiero internacional 1.000 millones de dólares en bonos a una tasa de 10.75%, que es alta por el elevado riesgo país. Dije que, la iliquidez señalada, lleva a condicionar ciertas áreas de la reforma estructural.

Dicha reforma buscaría, entre los aspectos principales, menos estado, liberalización de la economía y reajuste en sistemas de seguridad social. Respecto al primer tema, como señalamos en el artículo anterior, se concesionarían varias empresas del estado CNT, hidroeléctricas (Sopladora) y otras entidades. Según datos de prensa por CNT se obtendrían 4.000 millones en un plazo de 20 años. Eso implica 200 millones por año, lo que resulta paradójico pues dicha empresa es rentable y obtiene utilidades cercanas al pago anual que se obtendría por la concesión, lo que se explicaría por la necesidad de aliviar la iliquidez pública; nada se dice sobre TAME que tendría un déficit que bordearía 170 millones y tendría un patrimonio negativo. Pero la reforma va más allá, detrás estaría la reducción de personal de dichas empresas, reducción o eliminación de subsidios a la electricidad, la liberación total del mercado de telecomunicaciones y la eliminación del Ministerio de Telecomunicaciones, siguiendo la misma tendencia de concesiones y privatización de obra pública y servicios públicos que se está realizando en Centroamérica.

El recorte del estado se profundizaría con la eliminación de Senplades (que creció, superando los 1.000 empleados), la reducción de SERCOP (que paradójicamente autorizó compras públicas de 1000 más en año pasado), la salida de 45.000 empleados públicos contratados (que pasarían al banco de elegibles: asistentes y personal de apoyo), concesión de empresas eléctricas, cierre  o privatización de instituciones y empresas públicas, etc.

Habría reformas en el mercado de trabajo (flexibilización del mercado laboral, reducir costos de contratación y despido de trabajadores, nuevos tipos de contratación, reducir la asimetría de información en la contratación, etc.), liberalización del mercado eléctrico –que implicaría reducción de subsidios eléctricos y de la tarifa. Esta apertura del mercado a la libre competencia se inició con la liberalización del mercado de la gasolina super cuyo precio varía en función de varios factores, entre ellos el precio del petróleo.

La reforma al sistema de seguridad social, principalmente del IESS, incluiría la eliminación de la jubilación patronal –demandada por los empleadores- que a cambio aceptarían un incremento del aporte patronal; reducción de personal del IESS y de los beneficios a los usuarios del IESS, aumento de la edad de jubilación, recorte o topes a la pensión jubilar, concesión de los hospitales del IESS. Esta reforma sería la repuesta para enfrentar el déficit actuarial del sistema de pensiones, lo cual aumenta el déficit total del sector público,  –que según datos de prensa tendría ahorros hasta el año 2026 y desde el siguiente año le faltaría recursos para pagar pensiones- y de salud. Si se da dicha concesión habría un sistema de seguridad social mixto: el servicio de salud sería prestado (administrado) por empresas privadas y el resto de servicios continuaría los daría el IESS.

En suma, además de la política de ajuste se aplicaría la reforma estructural –de las características señaladas- que se complementaría con una contrarreforma institucional –tratada parcialmente en un artículo anterior- que formarían parte del proyecto de ley fomento productivo dos y contendría: independencia del Banco Central, reforma al mercado de valores, profundización de las alianzas público-privado, reforma a la ley de contratación pública, ley de repatriación de capitales, ley de emprendimiento, reforma ley de acuicultura y pesca, etc. algunas de las cuales serán tratadas en mi próximo artículo.

El encuentro entre el Presidente y la directora del FMI, en Davos, y, las declaraciones del Ministro de Finanzas, sobre las relaciones con dicho organismo, parecen haber sellado la posibilidad de un crédito stand by, que a su vez tendría sus condicionamientos. Dado el elevado riesgo país y la dificultad de obtener más fondos en el mercado financiero internacional, dicho crédito le daría recursos para aliviar la iliquidez de la caja fiscal.

En efecto, las calificadoras de riesgo Moodys y Fitch, bajaron la calificación crediticia del país de estable a negativa. Según diario La Hora “La principal razón es que no ven una sustancial y sostenible disminución del gasto público y consideran que las necesidades de financiamiento son superiores a las presupuestadas”. En efecto, según el mismo diario, el Observatorio de Política Fiscal señala que las necesidades de financiamiento serían, para este año, 10.463 millones. Tal ha sido la necesidad de liquidez que, en Agosto de 2018, el gobierno realizó una operación crediticia para obtener 500 millones de dólares con un colateral de 1200 millones de dólares y a fines de diciembre de ese año obtuvo 300 millones con garantía de oro de la Reserva Monetaria Internacional. La iliquidez y la crítica situación de la economía llevó a que el riesgo país alcanzará 660 puntos (24/01/19), parecido al de Argentina de 657 puntos (25/01/19). En estas condiciones es difícil que el país pueda acceder a nuevos recursos en el mercado financiero internacional y, si lo hiciera, tendría que pagar una tasa adicional de 6.5% sobre la tasa de interés Libor o Prime.

En consecuencia, la vía que le queda es acudir a organismos financieros multilaterales. Entre ellos, está el FMI que, para prestar a los países, exige condiciones a la política económica. Dada la crítica situación de la economía, las principales exigencias serían la aplicación de una política de ajuste y una reforma estructural.

Las principales medidas de la política de ajuste del FMI incluye la disminución de desequilibrios macroeconómicos: Fiscal, que implica más ingresos y recorte de egresos; reducir el déficit comercial y fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional.

La reforma estructural implicaría el achicamiento del estado (privatización de empresas públicas, concesiones, recorte de la burocracia, etc.), reforma laboral (nuevas reglas de contratación), reforma a la seguridad social (medidas para reducir el déficit actuarial), reforma al comercio exterior, etc.

Ante la eventual firma del convenio con el FMI, el gobierno de Moreno, ya ha venido cumpliendo con algunas de sus exigencias, como lo hizo Argentina, reduciendo subsidios a combustibles, fusionando entidades públicas, eliminación de contratos de empleados públicos y recorte de gastos públicos, pero que han sido insuficientes para reducir el déficit fiscal.

El ajuste fiscal estaría ligado a la reforma estructural. En efecto, ya se anuncia la concesión a 20 años de CNT (una de las empresas más rentables) que proporcionaría 4000 millones, de  centrales hidroeléctricas y de los nuevos hospitales del IESS. Se deja de lado a las empresas públicas con pérdidas (TAME, Trenes del Ecuador). Debido a que los recursos del FMI se entregan trimestralmente contra el cumplimiento de metas macroeconómicas y dadas las necesidades de liquidez, se opta por la concesión (ceder la administración de las empresas públicas) que proporciona recursos inmediatos que aliviarían la necesidad de fondos inmediatos (parte de los cuales se obtuvieron con la ley de fomento productivo que incluyó la remisión tributaria) necesarios para mantener en funcionamiento al sector público y cubrir atrasos a proveedores. Hemos llegado a esta crítica situación macroeconómica por la política gradualista y el aplazamiento del cambio estructural. Esta opción de privatización no solo se explica por razones de liquidez sino además, como lo han señalado las organizaciones de trabajadores públicos, “Santiago Cuesta Caputi es un lobista de la privatización”

En Enero 9 de 2019 se cumplen 19 años de la dolarización en el país, que ha generado una serie de efectos macroeconómicos y restricciones en el manejo de la política económica. Dada la crisis de la economía ecuatoriana, la gran pregunta es ¿seguirá vigente?

Su implantación fue un intento desesperado de enfrentar la grave crisis económica de 1999, que se caracterizaba por expansión de un ciclo perverso de emisión monetaria-depreciación de la moneda-inflación a la que se agregó la quiebra de bancos, la especulación cambiaria de estos, declaración de moratoria de la deuda externa, graves desequilibrios macroeconómicos, corrida de depósitos, feriado bancario y congelamiento  de depósitos para evitar la quiebra del sistema financiero.

En mi libro El fracaso de la convertibilidad y lecciones para la dolarización, publicado en Enero de 2003, por la Universidad de Guayaquil, señalé los efectos positivos teóricos de la dolarización: reducción de la inflación, tendencia a la baja de tasa de interés y dinamización de la economía. Los riesgos son la sobrevaluación cambiaria, que genera una tendencia al déficit comercial y debilidad para enfrentar shocks externos por lo que el ajuste de la economía se produce sobre las variables reales.

En efecto, como señalé en el libro, la dolarización lleva a la estabilización de precios. Así en el 2000 la inflación fue de 91%, en 2001 alcanzó 22.4%. Al romperse dicho círculo vicioso, se eliminaron las expectativas de devaluación que influían en los precios. Ya para el 2005, la inflación bajó a un dígito (4.3%), en 2008 sube al doble (8.8%), por ciertos factores, para terminar la primera década del siglo XXI en 4.3%. Al inicio de la segunda década se aprecia cómo se consolida la tendencia a la baja de la inflación ubicándose en 2010 en 3.3%, a mediados de ésta década se mantiene en ese mismo nivel y a Noviembre del 2018 llega a 0.35%, lo que confirma la hipótesis de la estabilización de precios.

En cuanto a la tasa de interés, al inicio del 2000 las tasas de interés referenciales del Banco Central, activas y pasivas, eran 75 y 47% respectivamente. En Marzo por la ley de desagio se fijaron por decreto en 16.8 y 9.3% respectivamente. Luego se establecieron por el mercado, llegando la activa referencial, en  promedio, al 2001 a 15.3% y la pasiva 5.2%, sin embargo, estaban muy arriba de las tasas libor o prime. El esquema de fijación de las tasas estaba basado en una fórmula que las establecía en base un promedio más un porcentaje adicional. A fines de la primera década (2009), la tasa de interés activas efectiva, del segmento productivo empresarial llegó, en promedio a 13.3%, y la de consumo 18.2%. En el primer año, de la segunda década estas llegaron a 11.8 y 15.7% respectivamente para finalizar en 2018 a tasas menores de 10.1% y 16.5%. En los últimos años del gobierno de Correa se cambió el esquema de tasas de interés y el Banco Central comenzó a fijar una tasa máxima. En síntesis, las tasas de interés, en dólares, no bajaron tanto como predecía la teoría, y estuvieron muy por arriba  de las tasas internacionales, lo que afectaba al costo del financiamiento de la inversión

En cuanto al crecimiento, la dolarización estabilizó la economía y devolvió la confianza a los agentes económicos. En el año 2000, el aumento de la inversión y el consumo permitió alcanzar un nivel de actividad económica de 2,3%, al siguiente año, con la recuperación de la economía, el crecimiento alcanzó 5.6% y a fines de la primera década (2009), por la crisis financiera de 2008 en EE.UU. que obligó al gobierno ecuatoriano a tomar medidas restrictivas, el ritmo de actividad económica cayó a 0.6%. Al inicio de la segunda década (2010) la economía se recupera con un crecimiento de 3.5% y, en los últimos, por diversos shocks externos, entre ellos, la caída del precio del petróleo, la economía en 2017 solo crece 2.4%.  En los gobiernos de Correa, la inversión pública y el  gasto corriente dinamizaron la economía. Los shocks externos generaron desequilibrios macroeconómicos.

En resumen, la dolarización generó estabilización de precios, las tasas de interés no bajaron tanto y el dinamismo económico no fue tan elevado como se esperaba. Los problemas, en los primeros años de la dolarización, fueron la sobrevaluación cambiaria, por una inflación más alta que la internacional, la baja competitividad por baja productividad y un alto costo país, un constante déficit comercial, déficit fiscal creciente, un sector público agrandado, aumento de la deuda externa, etc. En el próximo artículo, analizaré estas tendencias y las condiciones para la continuidad de la dolarización.

Por las críticas por la reducción de gastos sociales, elevado gasto en burocracia y disminución de la inversión pública, el ejecutivo reajustó la proforma de 2019 respondiendo a las observaciones de la Asamblea y realizando algunos recortes en ciertos rubros que encaminan a un eventual acuerdo con el FMI.

La proforma inicial 2019, enviada a la Asamblea, era de 36.160 millones de dólares que, sin incluir la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (4.481 millones), alcanzaba 31.746 millones, la reajustada la reduce a 31.301 millones, o sea una disminución de 1.3% (427 millones), que implica disminución de personal contratado (205 millones), reducción de subsidios a combustibles y menor gasto en bienes de consumo. Las inversiones públicas se mantienen en 3.314 millones (en relación a la proforma inicial), pero representan una disminución en relación a la proforma de 2018. Se reduce la estimación del déficit fiscal que pasa de 3.6 a 3.2% del PIB y se disminuye levemente las necesidades de financiamiento de 8 a 7.5% del PIB. Entre los supuestos, se cambia la estimación del precio del barril de petróleo de 50,05 a 58.29 dólares (que provocaría una reducción de ingresos petroleros por 1600 millones), la inflación se proyecta en 1.07% y la tasa de crecimiento en 1.43%. Además, el Ministerio de Finanzas publicó el Plan de Prosperidad 2018 – 2021 en el que se hace una descripción de una economía desbalanceada, una propuesta de sanar la economía (se expone que se han tomado 11 medidas), aplicar una política para proteger a los más vulnerables, dar mayores oportunidades y menos carga a los ciudadanos, transparencia y combate a la corrupción, que espera como resultado, en el año 2021, una reducción del déficit fiscal 0.7%  y de las necesidades de financiamiento a 3.5% del PIB.

De las observaciones de la Asamblea a la proforma 2009 inicial, el ejecutivo incluyó en la reajustada, entre otras: 350 millones para pago de jubilaciones, no recorte del presupuesto de las universidades, se mantiene los 1000 millones de ingresos por concesiones de entidades públicas, en educación se incluyen recursos para mantenimiento, reparación y construcción de nueva infraestructura, en salud se consideran recursos para tratamiento de adicciones y compra de medicamentos, acepta trasladar recursos para cubrir el 40% de las pensiones jubilares pero queda por definirse la cifra.

Al reducir el precio referencial de petróleo de la proforma se reducen los ingresos, por lo que para compensar dicha disminución se va acudir a un recorte de subsidios a los combustibles, excepto el gas.

En síntesis, la proforma 2019 reajustada prevé recorte de personal contratado, reducción de subsidios a los combustibles (gasolina y diésel), excepto gas y realizar concesiones de servicios públicos. En éste último caso, el interrogante es cuales, ¿se concesionarán las entidades rentables como CNEL y otras? Se sigue insistiendo en proyectar una tasa de crecimiento alta de 1.43% cuando el FMI proyecta una de apenas 0.7%. En consecuencia, se contraerá la economía, aumentará el desempleo y subempleo, crecerá la deuda, continuará la iliquidez y los desequilibrios macroeconómicos se mantendrán en niveles poco manejables. En definitiva, con esta política gradualista, se está preparando el camino para un eventual acuerdo con el FMI, con medidas similares a la adoptó Argentina para acceder a un crédito con dicho organismo internacional.

Un cúmulo de acontecimientos, políticas, promesas no cumplidas y errores que, sumado, a la renuncia de la Vicepresidenta, dibujan un escenario de incertidumbre que reflejan que el país no tiene un rumbo claro y cierto.

El gobierno está llevando a cabo una contrarreforma institucional con la que quiere desmontar la estructura institucional creada por el gobierno anterior. Llevó a cabo una consulta para poder legitimarla. Hasta ahora, se destituyeron a todos los titulares de los organismos de control, función judicial y CPCCS y, se han nombrado a otros que en su mayoría son interinos. En esta situación se encuentran el actual fiscal y contralor acusados de arrogación de funciones, pero la fiscal que investiga el caso, según la prensa  ha sido amenazado por el Presidente del CPCCS  En cambio, si se nombraron a los titulares del CNE, pero ahora hay una estructura organizacional en la que regresan los partidos políticos a tomar las decisiones, lo que antes estaba prohibido. Está precariedad institucional hace perder fuerza y legitimidad a sus decisiones.  En lo judicial, se han llevado a juicio a varios funcionarios del gobierno anterior acusados de delitos incluido al ex Presidente. En el caso Balda, sin embargo la INTERPOL negó el pedido de difusión roja por, según la prensa, “por no ser compatible el caso con el respeto de los derechos humano” para proceder a la captura del ex mandatario. Aparentemente, en su caso, se violó el debido proceso, lo que pone en entredicho los procedimientos llevados a cabo por funcionarios judiciales que, al parecer, violaron el derecho a su legítima defensa.

La renuncia de la Vicepresidenta Vicuña y su burda justificación para ella, pone en evidencia las irregularidades en movimientos y partidos. Se ha evidenciado que la contribución que exigía a sus asesores, para supuestos aportes de los miembros del ALBA, eran manejados en la cuenta personal de la segunda mandataria. Su declaración de que por ser de izquierda y mujer, se la ataca y es la derecha que la quiere fuera del poder, no tienen fundamento. Más aún, según la prensa, declaró en su patrimonio cuenta donde recibió dichos aportes. Esos actos indebidos son delitos y signos de corrupción, más aún si declaró que ALBA es un movimiento de hecho, en las que, el autollamado movimiento de izquierda, muestra también como sus dirigentes, funcionarios aliados gobierno, manejan la organización política.

E. Jurado, secretario general de la Presidencia, se vio obligado a renunciar por estar acusado de participar en una empresa que hacia cobros indebidos a clientes del sistema financiero por supuestos servicios prestados. La superintendencia de Bancos anunció sanciones a las instituciones financieras que hicieron los descuentos a los usuarios de cuentas bancarias. Hubo miles de perjudicados y, al parecer, luego de la tormenta se hizo mutis. Es increíble que un alto funcionario haya participado en tales delitos, se afectó el interés público y salió ganando el interés particular.

Se nombró un ministro de Finanzas de la élite empresarial, que presentó el proyecto de ley de fomento productivo que, entre otras cosas, establece la remisión de multas e intereses por impuestos a empresarios. Dicho funcionario presentó la Proforma con una reducción de recursos para la educación, salud y bienestar social. A pesar de que el gobierno ya ha señalado que no se recortará el presupuesto a las universidades públicas, a pesar de ello, hay una reducción para educación primaria y media. Se recorta gastos sociales, la inversión pública y no el tamaño del estado. Se posterga el ajuste, solo se han tomado tímidas medidas sobre la burocracia, unificación y eliminación de instituciones. Los sueldos de la burocracia, el pago del servicio de la deuda y gasto en bienes de consumo son los que presionan al presupuesto, que llevan a la iliquidez pública, no pago a proveedores y otras deudas. Se ha acudido a un aumento de la deuda externa para financiar el presupuesto y mantener el nivel de actividad económica. Se presenta el proyecto de la construcción de un tren costero y  un metroférico para Quito, proyectos no necesarios pero que nuevamente favorecen el interés privado pero con poco beneficio para el interés público. Se está estudiando eliminar los subsidios a combustibles. En 2019, el déficit fiscal sería de 3.6%. Se criticó el endeudamiento con China y preventas petroleras, sin embargo el Presidente viajó a dicho país, entre otras cosas, para insistir en dichos mecanismos. El FMI proyectó que la tasa de crecimiento sería apenas 0.7% en 2019 y no se ha cumplido con la meta de empleo ofrecida.

Por otra parte, para aprobar decisiones y proyectos de ley en la Asamblea, el gobierno ha buscado el apoyo de la derecha. En suma, no hay rumbo cierto en la contrarreforma institucional, hay casos de corrupción en este gobierno, se aplaza el ajuste fiscal, se aumenta la deuda pública, se proponen proyecto en que gana el interés privado y poco el interés público y habría una reducción del nivel de actividad económica en 2019. Se están agravando los desequilibrios macroeconómicos y ya no tienen un nivel manejable. Al parecer  el gobierno se está acercando a la firma de un convenio con el FMI. Ya no se puede seguir acusando al gobierno anterior de los problemas actuales, hay que tomar decisiones. Esto ha llevado a que la aprobación en la gestión del Presidente disminuya constantemente. Según la encuestadora Cedatos, el 51.4% desaprueba gestión del Presidente Moreno. Hay que aprender del nuevo presidente mexicano que encontró un país con una grave crisis económica y social pero que, en vez de llorar, ha aplicado una serie de procedimientos y decisiones para enfrentarla, cumplir sus promesas electorales y sacar adelante a su país. En el diario mexicano La Jornada, de la UNAM, un articulista dice que “Lenin demuestra ser un presidente muy débil”.

Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ganó la presidencia de México, con 30 millones de votos,  un poco más de la mitad de electores, venciendo a  los partidos tradicionales, que le da legitimidad y respaldo popular. Se enfrenta a una problemática económica, social y política grave, a la que contribuyeron los partidos tradicionales (PRI y PAN) y que en su mandato espera enfrentar con un programa de gobierno diferente al neoliberal, doctrina que se aplicó, por dichos partidos, durante los últimos 36 años.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se formó después de la Revolución Mexicana (1910-1913), por la lucha por la tierra, y llegó y estuvo en el poder por 70 años. El PRI, al inició buscó implementar los principios de la revolución, pero con el tiempo creó un sistema de continuidad presidencial, control de todos las funciones del estado, corrupción, violencia, represión a opositores, impunidad, etc. Pierde el poder en el 2000, cuando Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), de derecha, gana la presidencia y, el mismo partido, continúa en el poder a asumir Felipe Calderón (2006), como sucesor de Fox, que inició una guerra con el narcotráfico. Ambos gobiernos, siguieron una política muy parecida, con ligeras variaciones, a la del PRI, que retoma el poder (con sospechas de fraude) en 2012 con Enrique Peña Nieto, que lleva a cabo reformas estructurales, de carácter económico, en el área energética, telecomunicaciones, fiscal  y bancaria, que se orientaron a una mayor liberalización de estos mercados; en lo social, la principal fue la reforma educativa. Una desastrosa gestión que en lo social aumentó el número de pobres y redujo el nivel de vida acompañado con un aumento inusitado de la violencia, en gran parte debido al narcotráfico.

En 1970, comienzan a organizarse los carteles, entre ellos el de Guadalajara (creado por Miguel A. Gallardo), sur, que rivalizaba con el de Sinaloa estableciendo un marco de violencia, corrupción, asesinatos y desapariciones. Corrompieron a autoridades, ejército, policía federal y local para viabilizar sus operaciones y expandirlas a EE.UU. Calderón desarrolló una guerra contra los carteles, que fracasó; con Peña Nieto el nivel de violencia aumentó. En 2017,  hubo alrededor de 25.000 asesinatos producto de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado y 31.000 desaparecidos que refleja un cuadro aterrador generado por la violencia. En 2016, el nivel de pobreza llegó a 53.4 millones de habitantes (43.6%). El mayor nivel de pobreza se registra en los estados de Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%) y Veracruz (62.2%). En los dos primeros hay mucha población indígena y el tercero esta asolado por la narcoviolencia. El cartel de Sinaloa, desarrolla sus actividades en el norte: triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), siendo su capo el Chapo Guzmán.

El escenario no estaría completo sin la presencia del poder económico y financiero que estaba detrás de la política gubernamental implementada por el PRI y PAN. Estos grupos están aliados con el poder mediático que construye la opinión y esconde la esencia de los problemas sociales del país azteca.

AMLO logra un triunfó histórico y desbarata a los partidos tradicionales y además obtiene la mayoría en el congreso, que posibilita la aprobación de los proyecto de ley. Ha logrado ganar el gobierno pero no el poder En su discurso de posesión criticó a las principales tendencias del neoliberalismo: desnacionalización de la economía, aumento de la concentración del ingreso, pobreza, etc. Con su triunfo, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio.

En cuanto a sus relaciones con EE.UU, se acaba de firmar un reformado acuerdo comercial con Canadá, y EE. UU., que es factor determinante en su economía y a las que exporta la mayor parte de sus productos. En base a su amplio apoyo en las elecciones, previo a su posesión, está usando la consulta popular como mecanismo para tomar decisiones sobre los proyectos de su plan de gobierno y asegurar el respaldo de sus electores. Impulsará la inversión pública para construir nuevas refinerías, habrá una zona libre en la zona fronteriza con EE.UU. Sometió, a este mecanismo, a los proyectos del nuevo aeropuerto, el tren maya, duplicar pensión a los adultos mayores, beca para jóvenes, pensión para discapacitados, sembrar árboles frutales, medicamentos gratuitos, etc. Un aspecto importante, es que en la consulta se rechazó el nuevo aeropuerto (en construcción), que inicialmente había apoyado por la presión de los empresarios, lo que marca un cambio en cuanto a las negociaciones con el poder económico.

AMLO abre las esperanzas para las grandes mayorías por el cambio político y social, y marcaría un quiebre con las políticas de los gobiernos anteriores. En síntesis, sus tres metas principales son: buscar la pacificación del país, la reactivación económica y la redistribución del ingreso hacia los más pobres. Las negociaciones con los grupos de poder y la mantención del apoyo popular definirán el rumbo del gobierno y de México.