Por las críticas por la reducción de gastos sociales, elevado gasto en burocracia y disminución de la inversión pública, el ejecutivo reajustó la proforma de 2019 respondiendo a las observaciones de la Asamblea y realizando algunos recortes en ciertos rubros que encaminan a un eventual acuerdo con el FMI.

La proforma inicial 2019, enviada a la Asamblea, era de 36.160 millones de dólares que, sin incluir la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (4.481 millones), alcanzaba 31.746 millones, la reajustada la reduce a 31.301 millones, o sea una disminución de 1.3% (427 millones), que implica disminución de personal contratado (205 millones), reducción de subsidios a combustibles y menor gasto en bienes de consumo. Las inversiones públicas se mantienen en 3.314 millones (en relación a la proforma inicial), pero representan una disminución en relación a la proforma de 2018. Se reduce la estimación del déficit fiscal que pasa de 3.6 a 3.2% del PIB y se disminuye levemente las necesidades de financiamiento de 8 a 7.5% del PIB. Entre los supuestos, se cambia la estimación del precio del barril de petróleo de 50,05 a 58.29 dólares (que provocaría una reducción de ingresos petroleros por 1600 millones), la inflación se proyecta en 1.07% y la tasa de crecimiento en 1.43%. Además, el Ministerio de Finanzas publicó el Plan de Prosperidad 2018 – 2021 en el que se hace una descripción de una economía desbalanceada, una propuesta de sanar la economía (se expone que se han tomado 11 medidas), aplicar una política para proteger a los más vulnerables, dar mayores oportunidades y menos carga a los ciudadanos, transparencia y combate a la corrupción, que espera como resultado, en el año 2021, una reducción del déficit fiscal 0.7%  y de las necesidades de financiamiento a 3.5% del PIB.

De las observaciones de la Asamblea a la proforma 2009 inicial, el ejecutivo incluyó en la reajustada, entre otras: 350 millones para pago de jubilaciones, no recorte del presupuesto de las universidades, se mantiene los 1000 millones de ingresos por concesiones de entidades públicas, en educación se incluyen recursos para mantenimiento, reparación y construcción de nueva infraestructura, en salud se consideran recursos para tratamiento de adicciones y compra de medicamentos, acepta trasladar recursos para cubrir el 40% de las pensiones jubilares pero queda por definirse la cifra.

Al reducir el precio referencial de petróleo de la proforma se reducen los ingresos, por lo que para compensar dicha disminución se va acudir a un recorte de subsidios a los combustibles, excepto el gas.

En síntesis, la proforma 2019 reajustada prevé recorte de personal contratado, reducción de subsidios a los combustibles (gasolina y diésel), excepto gas y realizar concesiones de servicios públicos. En éste último caso, el interrogante es cuales, ¿se concesionarán las entidades rentables como CNEL y otras? Se sigue insistiendo en proyectar una tasa de crecimiento alta de 1.43% cuando el FMI proyecta una de apenas 0.7%. En consecuencia, se contraerá la economía, aumentará el desempleo y subempleo, crecerá la deuda, continuará la iliquidez y los desequilibrios macroeconómicos se mantendrán en niveles poco manejables. En definitiva, con esta política gradualista, se está preparando el camino para un eventual acuerdo con el FMI, con medidas similares a la adoptó Argentina para acceder a un crédito con dicho organismo internacional.

Un cúmulo de acontecimientos, políticas, promesas no cumplidas y errores que, sumado, a la renuncia de la Vicepresidenta, dibujan un escenario de incertidumbre que reflejan que el país no tiene un rumbo claro y cierto.

El gobierno está llevando a cabo una contrarreforma institucional con la que quiere desmontar la estructura institucional creada por el gobierno anterior. Llevó a cabo una consulta para poder legitimarla. Hasta ahora, se destituyeron a todos los titulares de los organismos de control, función judicial y CPCCS y, se han nombrado a otros que en su mayoría son interinos. En esta situación se encuentran el actual fiscal y contralor acusados de arrogación de funciones, pero la fiscal que investiga el caso, según la prensa  ha sido amenazado por el Presidente del CPCCS  En cambio, si se nombraron a los titulares del CNE, pero ahora hay una estructura organizacional en la que regresan los partidos políticos a tomar las decisiones, lo que antes estaba prohibido. Está precariedad institucional hace perder fuerza y legitimidad a sus decisiones.  En lo judicial, se han llevado a juicio a varios funcionarios del gobierno anterior acusados de delitos incluido al ex Presidente. En el caso Balda, sin embargo la INTERPOL negó el pedido de difusión roja por, según la prensa, “por no ser compatible el caso con el respeto de los derechos humano” para proceder a la captura del ex mandatario. Aparentemente, en su caso, se violó el debido proceso, lo que pone en entredicho los procedimientos llevados a cabo por funcionarios judiciales que, al parecer, violaron el derecho a su legítima defensa.

La renuncia de la Vicepresidenta Vicuña y su burda justificación para ella, pone en evidencia las irregularidades en movimientos y partidos. Se ha evidenciado que la contribución que exigía a sus asesores, para supuestos aportes de los miembros del ALBA, eran manejados en la cuenta personal de la segunda mandataria. Su declaración de que por ser de izquierda y mujer, se la ataca y es la derecha que la quiere fuera del poder, no tienen fundamento. Más aún, según la prensa, declaró en su patrimonio cuenta donde recibió dichos aportes. Esos actos indebidos son delitos y signos de corrupción, más aún si declaró que ALBA es un movimiento de hecho, en las que, el autollamado movimiento de izquierda, muestra también como sus dirigentes, funcionarios aliados gobierno, manejan la organización política.

E. Jurado, secretario general de la Presidencia, se vio obligado a renunciar por estar acusado de participar en una empresa que hacia cobros indebidos a clientes del sistema financiero por supuestos servicios prestados. La superintendencia de Bancos anunció sanciones a las instituciones financieras que hicieron los descuentos a los usuarios de cuentas bancarias. Hubo miles de perjudicados y, al parecer, luego de la tormenta se hizo mutis. Es increíble que un alto funcionario haya participado en tales delitos, se afectó el interés público y salió ganando el interés particular.

Se nombró un ministro de Finanzas de la élite empresarial, que presentó el proyecto de ley de fomento productivo que, entre otras cosas, establece la remisión de multas e intereses por impuestos a empresarios. Dicho funcionario presentó la Proforma con una reducción de recursos para la educación, salud y bienestar social. A pesar de que el gobierno ya ha señalado que no se recortará el presupuesto a las universidades públicas, a pesar de ello, hay una reducción para educación primaria y media. Se recorta gastos sociales, la inversión pública y no el tamaño del estado. Se posterga el ajuste, solo se han tomado tímidas medidas sobre la burocracia, unificación y eliminación de instituciones. Los sueldos de la burocracia, el pago del servicio de la deuda y gasto en bienes de consumo son los que presionan al presupuesto, que llevan a la iliquidez pública, no pago a proveedores y otras deudas. Se ha acudido a un aumento de la deuda externa para financiar el presupuesto y mantener el nivel de actividad económica. Se presenta el proyecto de la construcción de un tren costero y  un metroférico para Quito, proyectos no necesarios pero que nuevamente favorecen el interés privado pero con poco beneficio para el interés público. Se está estudiando eliminar los subsidios a combustibles. En 2019, el déficit fiscal sería de 3.6%. Se criticó el endeudamiento con China y preventas petroleras, sin embargo el Presidente viajó a dicho país, entre otras cosas, para insistir en dichos mecanismos. El FMI proyectó que la tasa de crecimiento sería apenas 0.7% en 2019 y no se ha cumplido con la meta de empleo ofrecida.

Por otra parte, para aprobar decisiones y proyectos de ley en la Asamblea, el gobierno ha buscado el apoyo de la derecha. En suma, no hay rumbo cierto en la contrarreforma institucional, hay casos de corrupción en este gobierno, se aplaza el ajuste fiscal, se aumenta la deuda pública, se proponen proyecto en que gana el interés privado y poco el interés público y habría una reducción del nivel de actividad económica en 2019. Se están agravando los desequilibrios macroeconómicos y ya no tienen un nivel manejable. Al parecer  el gobierno se está acercando a la firma de un convenio con el FMI. Ya no se puede seguir acusando al gobierno anterior de los problemas actuales, hay que tomar decisiones. Esto ha llevado a que la aprobación en la gestión del Presidente disminuya constantemente. Según la encuestadora Cedatos, el 51.4% desaprueba gestión del Presidente Moreno. Hay que aprender del nuevo presidente mexicano que encontró un país con una grave crisis económica y social pero que, en vez de llorar, ha aplicado una serie de procedimientos y decisiones para enfrentarla, cumplir sus promesas electorales y sacar adelante a su país. En el diario mexicano La Jornada, de la UNAM, un articulista dice que “Lenin demuestra ser un presidente muy débil”.

Manuel López Obrador (AMLO), del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), ganó la presidencia de México, con 30 millones de votos,  un poco más de la mitad de electores, venciendo a  los partidos tradicionales, que le da legitimidad y respaldo popular. Se enfrenta a una problemática económica, social y política grave, a la que contribuyeron los partidos tradicionales (PRI y PAN) y que en su mandato espera enfrentar con un programa de gobierno diferente al neoliberal, doctrina que se aplicó, por dichos partidos, durante los últimos 36 años.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se formó después de la Revolución Mexicana (1910-1913), por la lucha por la tierra, y llegó y estuvo en el poder por 70 años. El PRI, al inició buscó implementar los principios de la revolución, pero con el tiempo creó un sistema de continuidad presidencial, control de todos las funciones del estado, corrupción, violencia, represión a opositores, impunidad, etc. Pierde el poder en el 2000, cuando Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), de derecha, gana la presidencia y, el mismo partido, continúa en el poder a asumir Felipe Calderón (2006), como sucesor de Fox, que inició una guerra con el narcotráfico. Ambos gobiernos, siguieron una política muy parecida, con ligeras variaciones, a la del PRI, que retoma el poder (con sospechas de fraude) en 2012 con Enrique Peña Nieto, que lleva a cabo reformas estructurales, de carácter económico, en el área energética, telecomunicaciones, fiscal  y bancaria, que se orientaron a una mayor liberalización de estos mercados; en lo social, la principal fue la reforma educativa. Una desastrosa gestión que en lo social aumentó el número de pobres y redujo el nivel de vida acompañado con un aumento inusitado de la violencia, en gran parte debido al narcotráfico.

En 1970, comienzan a organizarse los carteles, entre ellos el de Guadalajara (creado por Miguel A. Gallardo), sur, que rivalizaba con el de Sinaloa estableciendo un marco de violencia, corrupción, asesinatos y desapariciones. Corrompieron a autoridades, ejército, policía federal y local para viabilizar sus operaciones y expandirlas a EE.UU. Calderón desarrolló una guerra contra los carteles, que fracasó; con Peña Nieto el nivel de violencia aumentó. En 2017,  hubo alrededor de 25.000 asesinatos producto de la violencia del narcotráfico y del crimen organizado y 31.000 desaparecidos que refleja un cuadro aterrador generado por la violencia. En 2016, el nivel de pobreza llegó a 53.4 millones de habitantes (43.6%). El mayor nivel de pobreza se registra en los estados de Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%) y Veracruz (62.2%). En los dos primeros hay mucha población indígena y el tercero esta asolado por la narcoviolencia. El cartel de Sinaloa, desarrolla sus actividades en el norte: triángulo dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), siendo su capo el Chapo Guzmán.

El escenario no estaría completo sin la presencia del poder económico y financiero que estaba detrás de la política gubernamental implementada por el PRI y PAN. Estos grupos están aliados con el poder mediático que construye la opinión y esconde la esencia de los problemas sociales del país azteca.

AMLO logra un triunfó histórico y desbarata a los partidos tradicionales y además obtiene la mayoría en el congreso, que posibilita la aprobación de los proyecto de ley. Ha logrado ganar el gobierno pero no el poder En su discurso de posesión criticó a las principales tendencias del neoliberalismo: desnacionalización de la economía, aumento de la concentración del ingreso, pobreza, etc. Con su triunfo, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio.

En cuanto a sus relaciones con EE.UU, se acaba de firmar un reformado acuerdo comercial con Canadá, y EE. UU., que es factor determinante en su economía y a las que exporta la mayor parte de sus productos. En base a su amplio apoyo en las elecciones, previo a su posesión, está usando la consulta popular como mecanismo para tomar decisiones sobre los proyectos de su plan de gobierno y asegurar el respaldo de sus electores. Impulsará la inversión pública para construir nuevas refinerías, habrá una zona libre en la zona fronteriza con EE.UU. Sometió, a este mecanismo, a los proyectos del nuevo aeropuerto, el tren maya, duplicar pensión a los adultos mayores, beca para jóvenes, pensión para discapacitados, sembrar árboles frutales, medicamentos gratuitos, etc. Un aspecto importante, es que en la consulta se rechazó el nuevo aeropuerto (en construcción), que inicialmente había apoyado por la presión de los empresarios, lo que marca un cambio en cuanto a las negociaciones con el poder económico.

AMLO abre las esperanzas para las grandes mayorías por el cambio político y social, y marcaría un quiebre con las políticas de los gobiernos anteriores. En síntesis, sus tres metas principales son: buscar la pacificación del país, la reactivación económica y la redistribución del ingreso hacia los más pobres. Las negociaciones con los grupos de poder y la mantención del apoyo popular definirán el rumbo del gobierno y de México.

Hay un aumento del gasto en la proforma 2019, pero sin embargo hay recortes en los gastos sociales y de inversión, lo que afectaría el bienestar de la población, el ritmo de crecimiento y por ende el nivel de empleo y subempleo.

En un artículo anterior, sobre el tema, dijé “El nivel de gasto de la proforma, … la de 2019 los aumenta a 36.160, o sea un crecimiento de 1.300 millones de dólares (3.7%). Los rubros que más crecen son el servicio de la deuda (46.8%), transferencias y donaciones corrientes (40%) y bienes y servicios de consumo (22.3%) y los intereses de la deuda llegan a 3.365 millones. El nivel de subsidios sube a 6.955 millones, de los cuales 4.176 son para combustibles, 1.995 para seguridad social y solo 784 corresponden a subsidios sociales.  La inversión pública se reduce a 3.314 millones de dólares.”

Se reducen los gastos sociales en varios rubros en millones de dólares: Bienestar Social en 54, Salud  en 491 y Educación 356. Por la presión estudiantil y de rectores, al parecer, las universidades públicas y el gobierno llegaron a un acuerdo para que su presupuesto no les rebaje. La CONAIE, plantea que la proforma plantea “ensañarse y acosar a la educación superior”. Esta disminución del gasto social afectará al nivel de vida de la población y, sobre todo, de los más pobres Sin embargo, si descontamos los 145 millones que se les iba a quitar, quedan 211 millones que se disminuye a la educación escolar y secundaria.  El único rubro social que se incrementa es  480 millones en vivienda, que se asigna para cumplir, en parte, con el plan Casa para todos, que se utilizará en pago de subsidios a la población para que acceda a una vivienda y a los constructores.

Por el lado del gasto de capital, la inversión pública se reduce en 35% (1.245 millones), lo que implica disminución de la obra pública, lo que afectaría además al mantenimiento de las carreteras y otras obras de infraestructura. En vez de reducir el gasto corriente, el gobierno opta por cortar la inversión, lo que es un contrasentido ya que ésta genera un efecto multiplicador en la economía e incide en el crecimiento y empleo. El Presidente anunció que se reduce el gasto corriente en 430 millones, lo que resulta insignificante para un presupuesto de 36.160 millones.

El crecimiento del servicio de la deuda pública en la proforma, lleva al ejecutivo a la disminución de los gastos sociales y de inversión pública, pero aun así los gastos totales aumentan en 3.7%, lo que no permite reducir, de manera significativa, el déficit fiscal, que sería de 3.6%, por el mínimo recorte de gastos corrientes, siendo la variable de ajuste los gastos sociales, la inversión pública, no pago a proveedores y retraso a transferencias a GAD. CONGOPE anunció que el gobierno les adeuda 322 millones.

Las necesidades de financiamiento de la proforma 2019 son de 8166 millones, para lo cual se acude a organismos internacionales, a China y como mecanismo ventas anticipadas de petróleo (que antes se había criticado). Como novedad, aparece mas del 50% del financiamiento con organismos no identificado, lo que podría significar un acuerdo con el FMI.

Con la baja de la inversión pública y la poca esperanza de nueva inversión privada (El presidente anunció que hay un incremento de 4.000 millones de ésta inversión, pero no dio detalles), continuará la desaceleración de la economía. El FMI proyecta solo 0.7% de crecimiento para 2019, lo que implica menor empleo y subempleo. Los desequilibrios macroeconómicos se mantienen en niveles altos, la iliquidez pública impide cumplir con proveedores y GAD, la tendencia a menor nivel de actividad económica se ahondaría y, si se confirma acuerdo con el FMI, con políticas contractivas, se sigue con la política de mantener el crecimiento con más deuda, aplazar ajuste y reformas estructurales, etc. Con este escenario, tendríamos en 2019 un panorama económico crítico y poco alentador.

La semana pasada el Congreso aprobó el presupuesto 2019 con fuertes recortes del gasto, creación de impuestos y menor asignación a provincias que reduce el déficit pero que genera recesión y más desempleo; como lo ha hecho Ecuador, con medidas similares.

En efecto, el gasto público se reduce en alrededor del 7%, con recortes en Educación y Salud, y disminución más fuertes en Transporte, Energía, Obras Públicas y Vivienda pero también se contempla la fusión y eliminación de algunas carteras; se reducen subsidios a la energía y transporte, pero aumenta asignaciones para la deuda, que alcanzan a un tercio del gasto; se bajan las transferencias a las provincias. Se crea un impuesto a las exportaciones, pero que no logra evitar el desequilibrio fiscal. El déficit estimado será del alrededor de 1% del PIB. Las consecuencias serán un fuerte recorte del gasto social y aumento del precio del gas, luz y costo del transporte, lo que aumentaría la inflación y reduciría el nivel de vida de la población. Además disminuye la inversión pública, que tendrá efectos recesivos.

El presupuesto tiene supuestos no tan reales. Estima que la contracción de 2018 será de 1.5% y la de 2019 bajaría a 0.5% del PIB, la inflación bordearía 24% y el dólar estaría alrededor de 40 pesos.

La situación económica sigue deteriorándose. El crecimiento, en el segundo semestre de este año, cayo -4.2%, explicado por una contracción de la demanda de -2.8%, debido al decrecimiento del consumo público de 2.1% (por la política fiscal restrictiva) y reducción significativa de las exportaciones de -7.5%. La contracción de la economía no fue mayor por el aumento de 3.1% de la inversión. La tendencia al decrecimiento de la economía continúa en Agosto. En efecto, el estimador mensual industrial interanual fue -0.8. La contracción económica tuvo su efecto en el mercado de trabajo: la tasa de desocupación llegó a 9.6%. y el subempleo registro 11.2% a Octubre.

En el sector externo, continuó agravándose el desequilibrio comercial. En agosto aumentó el saldo negativo de la balanza comercial, siendo el saldo acumulado, de 4.400 millones. Las importaciones siguen aumentando a un mayor ritmo que las exportaciones, las que están afectadas por el efecto de la sequía.

Para controlar el tipo de cambio, sigue la intervención sucia en el mercado de divisas para mantenerlo dentro de la banda de flotación y, por otro lado, se aplica la tasa de interés de 70%. Sin embargo, a pesar de estas dos medidas, el dólar sigue aumentando pero a un menor ritmo, pero ubicándose por debajo de los 40 pesos por dólar. Esta variación del tipo de cambio sigue alimentado la inflación. Esta alcanzó 5.4% en Octubre, con una inflación anual de 39.5%.

Las proyecciones del gobierno para 2018 quedarían muy por debajo de la tendencia que se observa, pues la contracción de la economía llegaría a alrededor del 2% del PIB, lo que implicaría mayor desempleo y subempleo. Y en 2019 la contracción de la economía continuaría, pero sería de -1%, de acuerdo a la tendencia, la inflación alcanzaría 30% y el dólar sobrepasaría los 40 dólares. En suma, la crisis economía continuaría pero a un menor ritmo.

El presupuesto argentino de 2019, contempla medidas similares al presupuesto ecuatoriano de 2019, pues estipula la reducción y fusión de ministerios,  recorte de gastos sociales, disminución del gasto de inversión, aumento de las asignaciones por deuda, etc. pero a diferencia de los gauchos, se mantiene un alto nivel del déficit fiscal y no hay disminución del tamaño del estado. Se aplaza el problema, los desequilibrios macroeconómicos y vendrá el momento de un  fuerte ajuste.

La Proforma del Estado 2019 contribuye a mantener  los desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal continúa alto, el saldo rojo de la balanza comercial no petrolera se mantiene y, los supuestos en que se basa no son compatibles, con las proyecciones de crecimiento de organismos internacionales, que apuntan a  que sea pronunciada aún más la desaceleración económica.

El nivel de gasto de la proforma inicial de 2018 fue 34.853 millones de dólares, la de 2019 los aumenta a 36.160, o sea un crecimiento de 1.300 millones de dólares (3.7%). Los rubros que más crecen son el servicio de la deuda (46.8%), transferencias y donaciones corrientes (40%) y bienes y servicios de consumo (22.3%) y los intereses de la deuda llegan a 3.365 millones. El nivel de subsidios sube a 6.955 millones, de los cuales 4.176 son para combustibles, 1.995 para seguridad social y solo 784 corresponden a subsidios sociales.  La inversión pública se reduce a 3.314 millones de dólares. El nivel de ingresos se mantiene en relación a 2018, calculado con un precio promedio del petróleo de $ 58.2 el barril. El déficit fiscal para 2019 sería de 3.6% del PIB, una ligera baja desde el 4.1% de la proforma de 2018. En el déficit global del sector público, lo preocupante es el déficit de empresas públicas como TAME (200 millones), Tren Ecuador, Flopec, etc. se estima sumarían más de 500 millones de dólares. Nuevamente, como en el año pasado, la variable de ajuste es la inversión pública, mientras esta decrece aumentan los gastos corrientes. Dicha inversión tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Lo más grave es que a junio de 2018, el nivel de ejecución de ésta apenas es de 23%, lo que implicaría que a fines de este año alcanzaría a solo 50% de lo presupuestado, lo que a su vez significa que en 2019 ésta caería muy debajo de la proforma, lo cual afecta el nivel de crecimiento económico

Para 2018, el FMI estima un crecimiento de 1.1%. Según los datos del Banco Central en el I T crecimos 1.9%, y en el II T sólo 0.9% interanual, lo que confirma la desaceleración de la economía ya predicha por la última misión de este organismo, lo que a su vez implica más desempleo y subempleo. Según los supuestos de la Proforma, el crecimiento de 2019 sería 1.43% y el saldo de la balanza comercial 743 millones. El FMI proyectó un crecimiento de apenas 0.7%. En cuanto al comercio exterior, en el artículo señalé “De haber un saldo positivo en la balanza comercial en el I T de 2018, se pasó a un déficit comercial en el II T, aunque pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento más fuerte de las importaciones (9.7%) frente a un ritmo débil de exportaciones (3.6%). De mantenerse esta tendencia, tendremos a fines de este año un déficit comercial mayor, que afectará a la balanza de pagos y al propio ritmo de crecimiento.” En la proforma, las estimaciones del BCE estiman un pequeño saldo positivo en la Balanza Comercial, reconociendo un déficit comercial en la Balanza No petrolera, precisamente por el aumento muy fuerte de las importaciones. Finalmente, el otro riesgo es el aumento de la deuda. En un escenario de estrés, ésta llegaría a 60.1% del PIB en 2019 y 63% en 2022.

En síntesis, la proforma confirma para 2019 un alto déficit fiscal, un creciente déficit comercial de la balanza no petrolera (por alto crecimiento de importaciones), un elevado nivel de deuda pública así como de su servicio, y, según el FMI, un declive económico, lo que implicaría más desempleo y subempleo. La política gradualista del gobierno, lo que hace es aplazar el ajuste. Reduce la inversión pública, la quita recursos a las universidades públicas, mantiene un alto nivel de gasto corriente y trata de obtener liquidez, mantener el nivel de actividad económica y financiar gastos con más deuda pública. Este escenario, acercaría al gobierno a un acuerdo stand by, con dicho organismo, y la aplicación de una política de ajuste y reformas estructurales, que serían las condiciones para acceder a un crédito del FMI. La tendencia de la economía y el manejo gubernamental han generado una reducción de la credibilidad y confianza en el gobierno, tal como proyectan algunas encuestas de opinión pública.

En una publicación del Banco Central, las estadísticas muestran la desaceleración del crecimiento, tendencia que se suma al déficit fiscal, iliquidez de la caja pública, más deuda, déficit comercial y baja en el nivel de empleo.

En efecto, en las Cuentas Nacionales del II trimestre de 2018 señalan que el crecimiento fue de 0.9% explicado por una reducción de la tasa de inversión,  menor ritmo de exportaciones y mayor incrementode importaciones. Si bien hubo crecimiento de algunos sectores, tres de los sectores más generadores de empleo tuvieron un magro desempeño: agricultura 1.4%, construcción 1.1% y manufactura 0.7%. La tasa de crecimiento del I T fue de 1.9%, lo que muestra la desaceleración de la economía.

Según el Ministro de Finanzas, el presupuesto de este año requerirá 2.400 millones adicionales, si es que se cumple el plan de optimización del Estado. La iliquidez pública se refleja en los atrasos a proveedores, a profesores, a los agricultores que venden sus productos a UNA, etc. Sin embargo, el riego país, a Octubre 11, es 669, sigue siendo alto, lo que significaría deuda pública a un costo mayor. Si bien, se ha hecho emisiones en el mercado internacional y operaciones de financiamiento con bancos de inversión, dado los menores márgenes de maniobra para colocar deuda, en el próximo viaje del Presidente a China, se espera apoyo para obtener más financiamiento.

De haber un saldo positivo en la balanza comercial en el I T de 2018, se pasó a un déficit comercial en el II T, aunque pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento más fuerte de las importaciones (9.7%) frente a un ritmo débil de exportaciones (3.6%). De mantenerse esta tendencia, tendremos a fines de este año un déficit comercial mayor, que afectará a la balanza de pagos y al propio ritmo de crecimiento.

Las implicaciones de esta tendencia a la desaceleración económica no sólo se esperan para 2018 sino también para el año venidero. El FMI redujo su proyección de crecimiento, para este año, a 1.1%, mientras que el Banco Mundial, la estimó en 1.5%, al igual que la CEPAL que lo proyectó en este mismo porcentaje. La estimación del FMI para 2019 es de apenas 0,7%.

Las perspectivas de la economía para 2018 y 2019 no son halagüeñas, en la que inciden el mantenimiento de una política de crecimiento en base a deuda pública, el agravamiento de los desequilibrios macroeconómicos, el aplazamiento del ajuste y reformas estructurales más profundo por parte del gobierno, el declive de las expectativas empresariales. Las medidas  que se han tomado son tibias en relación la gravedad de la situación económica. A eso se agrega, la falta de un plan económico que establezca las políticas en el mediano plazo y la orientación económica. En otras palabras, las medidas se toman en función de la coyuntura y no se delinean las perspectivas de mediano plazo. Dado este escenario, as inversiones privadas anunciadas por el Ministro de Comercio Exterior son poco probables; por otro lado, el anunció de ingreso a la OCDE, club de países desarrollados, que incluye a 2 países latinoamericanos, es una ilusión pues se exige disciplina económica y cumplimiento de una serie de reglas y, finalmente, el anuncio de un tren costero parece ser que olvida que otras son las necesidades del país.

 

El gobierno anunció un nuevo acuerdo con el FMI que le permite acceder a 7.100 millones de dólares más a cambio de aplicar otro conjunto de medidas monetarias, cambiarias y fiscales para frenar el agravamiento de la crisis económica. Con el primer acuerdo y éste la deuda con el FMI sube a 57.100 millones. Previamente, renunció el Presidente del Banco Central y hubo una huelga general de los principales sindicatos.

El nuevo acuerdo cambia la estrategia económica. La nueva política antinflacionaria se centra en un ancla monetaria: la base monetaria y apoyada por una banda cambiaria. La meta para la primera es que no crezca entre Octubre 2008 – Junio 2019. En otras palabras, se adopta una política monetaria restrictiva para frenar expectativas inflacionarias apoyadas por una intervención cambiaria cuando se supere la banda de flotación fijada entre 34 y 44 pesos, que se aplicaría a partir de Octubre de 2018. Ecuador utilizó esta política cambiaria previa a la dolarización En teoría, ambos instrumentos guiarán la inflación a la baja.  Las nuevas estimaciones gubernamentales apuntan a una tasa anual inflacionaria de 42%. En Banco Central definió como su objetivo principal el control de la inflación basada en un esquema ortodoxo.

La nueva política cambiaria abandona las intervenciones sin límite en el mercado cambiario y las altas tasas de interés. El Central solo intervendrá cuando la banda se ubique por debajo del piso ($ 32 pesos) o supere el techo ($44 pesos) hasta un límite de 150 millones de dólares. Con esta estrategia, se ahorrarían divisas y RMI. En vez de las altas tasas de interés para frenar el deslizamiento cambiario se adopta la restricción monetaria.

Entre las medidas fiscales, se establece un equilibrio fiscal para 2019 y un superávit primario de 1% del PIB para 2020. El nuevo acuerdo asegura el desembolso de 19.000 millones, en ese período,  más que el primer acuerdo alcanzado en Junio.

El viernes 28 de este mes, el dólar minorista alcanzó 42,1 pesos, superando la barrera de los 40 pesos. A partir del Lunes 1 de Octubre se espera ver la evolución del tipo de cambio y determinar la efectividad de la medida. En Argentina, al ser una plaza financiera, son importantes los cambios en la salida y entrada de capitales, que influyen en el mercado cambiario.

Los datos, previos al segundo acuerdo, mostraban la magnitud de la crisis. Al II Trimestre la economía se contrajo -4.2%, aumentó el desempleo a 9.6%, a Julio la inflación anual alcanzó 31.1%, la depreciación del peso más de 50%, creció el proceso de dolarización informal, subió el riesgo país, aumentó la pobreza a 27.3%  y la indigencia a 4.9% en el I Semestre de este año. Las medidas del segundo acuerdo con el FMI aumentarán la recesión. Ronda el fantasma del default. Se espera un decrecimiento de la economía de más de 2.4% en 2018 y 0.5% en 2019 que aumentará aún más el desempleo y la pobreza con mayor deterioro de las condiciones de vida. Finalmente, el ajuste lo termina pagando los más desposeídos de la población.

La contracción de la economía, la turbulencia cambiaria y el aumento del desempleo llevaron al gobierno de Macri a un nuevo acuerdo con el FMI, a menos de 3 meses del que se celebró en Junio, para calmar las expectativas, a los mercados y conseguir mas inversión extranjera.

La crisis económica se refleja en su decrecimiento. El INDEC, en su informe de cuentas nacionales, informa de una contracción de  la economía de -4.2%, en el II T de este año, en relación al igual período del año anterior, explicada principalmente por un decrecimiento del consumo público de -2.1% y de las exportaciones de 7.5%. Ésta última se debe a una fuerte sequía que hizo que el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura decreciera 31.6%, e igual tendencia tuvo la pesca con un 13.7%, seguida por el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones que se contrajo en 3.8% con relación al II T del año anterior.

Esta contracción de la economía, se refleja en el mercado de trabajo. En efecto, en el I T de 2018 la tasa de desocupación fue de 9.1 mientras que en el II T subió a 9.6%. La crisis también se revela en la tasa de inflación anualizada que a Julio de 2018 alcanzó 31.1%. Otro efecto de la crisis es la turbulencia cambiaria. Para enfrentarla el gobierno llegó a un acuerdo stand by con el FMI, en Junio, mediante el cual obtuvo un crédito de 50.000 millones de dólares a cambio de medidas de ajuste que implican entre otras recorte de empleo público, reducción del gasto y del déficit fiscal. Ya 15.000 millones se desembolsaron para frenar la turbulencia cambiaria y financiar el déficit. Dicha turbulencia llevó a que el dólar se cotizara por arriba de 40 pesos, terminando el viernes 21 de Setiembre en 38.13 pesos. Para frenar el alza el Banco Central utiliza sus RMI y aumentó la tasa de interés a 60% que resulta costoso para la economía. Al parecer, con el nuevo acuerdo, se negociaría una flotación sucia que implicaría defender una banda cambiaria con un piso y un techo, al igual que lo hizo Ecuador antes de dolarizar la economía y, también, buscaría mas recursos frescos.

Las proyecciones gubernamentales apuntan a una contracción de 2.4% en 2018 y de 0.5 en 2019. La depreciación del peso, hasta el momento, es de alrededor de 50%; se estima que la tasa de inflación termine en 40% y la deuda pública se situé en 87% del PIB. Es un panorama desolador para la economía argentina con un modelo de política económica basado en apoyar el nivel de actividad económica con deuda pública externa. Si bien parte de la crisis se debe a la sequía, el ajuste con el FMI la exacerbó con resultados negativos en el mercado de trabajo, inflación y depreciación monetaria, lo que a su vez condujo a una reducción del poder de compra, aumento de la pobreza, desempleo y subempleo, concentración del ingreso.

Argentina está en una encrucijada y, este nuevo acuerdo con el FMI, llevará a mas ajuste y reformas estructurales. La política económica neoliberal genera  un alto costo social que se refleja en el pago de la crisis por los más desposeídos y deterioro del nivel de vida de la población. La corrupción, la crisis económica y el ajuste provocan un menor nivel de bienestar de los pobres.

 

Los índices macroeconómicos muestran una tendencia a la desaceleración económica y deterioro de las condiciones sociales: pobreza y condiciones de vida de la población. Los desequilibrios macroeconómicos, el viraje ortodoxo y el gradualismo de la política económica están afectando el desenvolvimiento económico y social.

Entre los desequilibrios más importantes están: el déficit fiscal, que se ha reducido muy poco; la iliquidez fiscal que obliga a más deuda, como los 1000 millones provenientes de organismos multilaterales y la operación con Golman Sachs (400 millones con garantía de bonos soberanos de más de mil millones de dólares) a lo que se suma el crédito de 70 millones con Japón. Además, para obtener recursos líquidos, en la ley de fomento productivo, se aprobó la remisión que consiste en perdonar multas, intereses de moras y otros rubros a cambio de que los deudores tributarios (fisco, tránsito, IESS, etc.) paguen el capital, a lo que se suma el aumento del precio de la gasolina super. Respecto al sector externo, en mayo y Junio de 2018, reapareció el saldo comercial fue negativo, producto de un aumento notable de importaciones.

El nivel de actividad económica se está desacelerando. El gobierno tratando de ajustar el déficit, redujo la inversión pública y busca compensarla con un aumento de la privada. En la ley de fomento productivo, se establece reducción y eliminación de algunos impuestos para nuevas inversiones, pero su efecto se verá en el mediano plazo. Se derogó la ley de plusvalía, argumentando que frenaba al sector de la construcción, pero éste sigue con tendencia a la baja, como muestra el decrecimiento de -0.4 en el I Trimestre de este año, en relación al igual período del año anterior. La manufactura y la agricultura, tuvieron crecimiento bajos, 0.5% y 0.4% respectivamente. Estos 3 sectores son las mayores generadores de empleo. Si bien, la estadística del BCE señala que el crecimiento de I Trimestre de 2018 fue de 1.9%, en relación al mismo período del año anterior, se registró un decremento de -0.7% respecto al último trimestre del año anterior. La proyección de crecimiento de la CEPAL, para este año es de 1.3%  y la advertencia de la desaceleración la hizo el FMI, en su última visita al país que, además, en otro informe señala el sostenimiento del crecimiento en base a deuda.

En el área social, lo más preocupante es el deterioro del mercado laboral, pobreza y condiciones de vida. En 2018, en el primero, la tasa de empleo bruto, a Junio, cayó de 65.6% a 63.6% en 2018, respecto a igual período del año anterior,  el desempleo y subempleo disminuyeron. Si bien se nota, una leve mejoría en el mercado de trabajo, en cambio, en igual período la pobreza aumentó 1.4% y la pobreza extrema subió 0.6%. Por otro lado, la concentración del ingreso (medido por el coeficiente de Gini) aumentó (de 0.462 a 0.472).

En conclusión, la política económica gradualista ha empeorado los desequilibrios macroeconómicos y las expectativas empresariales que llevan a una desaceleración económica que a su vez produce un aumento de la pobreza y concentración del ingreso. Se posterga el ajuste profundo y no hay decisión de adoptar fuertes reformas estructurales. Más temprano que tarde los desequilibrios serán mayores, lo que llevaría al gobierno a un acuerdo con el FMI. Está preparando el camino.