Macri decidió ir al FMI principalmente por la depreciación acelerada del peso, pero hay otros desequilibrios que llevaron a la decisión, sobre todo el problema de la deuda pública, el déficit fiscal y la incertidumbre por el futuro de la economía. En este artículo revisaremos que pasó antes, los compromisos del crédito stand by con el FMI y si ese camino lo seguirá el país.

En 2016 hay una contracción económica; en 2017, la economía creció 2.9%, la inflación llegó a 24.8%, la tasa de desempleo urbano alcanzó 7.2%, el subempleo 10.2% y la pobreza 25.7%. La deuda pública se dispara a 334.000 millones de dólares, o sea 59% del PIB, con una deuda externa de 232.000 millones. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, la corrida cambiaria  comienza en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos, al siguiente día Macri, para calmar las expectativas cambiarias, anuncia que irá al FMI, pero la depreciación continua y en Mayo 30 llegó a 25.4 pesos y para Junio 28 se cotizaba ya 28.4 por dólar. La situación se sigue deteriorando pues en el I Trimestre, de este año, la tasa de desempleo llegó a 9.1%, y la pobreza siguió en 25.7%. Para Abril, hay una contracción de 0.9% del PIB interanual, incidido por la sequía,  mientras que la deuda externa se dispara a 253.000 millones de dólares, el déficit de la balanza comercial alcanza 3.420 millones de dólares, la balanza en cuenta corriente continua en rojo y el déficit fiscal supera el 4% del PIB.

En el acuerdo, por 3 años,  se solicita un crédito por 50.000 millones de dólares. Las metas principales son: reducción del déficit primario, en 2018, a 2.7% del PIB y en 2019 alcanzar 1% y en el 2010 llegar al equilibrio fiscal. Para alcanzar estas metas los condicionantes principales son: reducir el subsidio al gas y electricidad. En materia de empleo público, disminuir el gasto de personal de 3.2% del PIB en 2017 a 2.7% en 2020. Reducir los impuestos o eliminarlos, fortalecer la administración tributaria. Se mantendrían las transferencias monetarias (por hijo y por embarazo), programa de asistencia social a los más vulnerables, de equidad de género. En lo macroeconómico, además, se plantea la reducción de la inflación (27% en 2018, 17% en 2019, 13% en 2020), reforzar la autonomía del Banco Central (BC), eliminar la deuda de este con el Ministerio de Hacienda, techos de deuda flotante externa y doméstica, mantener la flotación sucia (con subasta de divisas) y elevar la RMI. Las metas de crecimiento serían 1% para 2018, 2% para 2019, reducción del déficit en cta. Cte. a 3.6% del PIB en 2020. Se busca incentivar la oferta con el desarrollo del mercado de crédito, aplicación de la ley de defensa de la competencia y reducción de trámites burocráticos.

El FMI ya realizó un primer desembolso de 15.000 millones de dólares. Una parte se emplearon para la subasta de dólares a fin de frenar la depreciación del peso y financiar el déficit fiscal. Se trata de un típico programa del FMI, que busca reducir el gasto público (disminuir subsidios servicios y bienes públicos y recorte de burócratas), para bajar el déficit fiscal lo que implicará una reducción del crecimiento en este año. También busca bajar la inflación, que deteriora el poder de compra. Se pone techo a la deuda del BC y deuda interna. El programa económico de Macri era insostenible, buscaba elevar el nivel de actividad con deuda externa y reducir impuestos a exportaciones para incentivar éstas que incide en el déficit fiscal. Se trata de un ajuste para los desequilibrios fiscal, externo y tratar de frenar la depreciación cambiaria. Sin embargo, siguen latentes los problemas estructurales y con el stand by aumenta aún más la deuda externa que es el principal riesgo de la economía argentina.

Ecuador tiene problemas macroeconómicos similares a Argentina: alta deuda pública, falta de liquidez y elevado déficit fiscal, que ya los advirtió el FMI en su visita. Como el país requiere, 9000 millones de deuda pública y los mercados internacionales son pocos accesibles por el alto riesgo país, el gobierno está preparando el terreno para un acuerdo con el FMI, que le otorgue un crédito para enfrentar los desequilibrios, para ello ya ha dado algunos pasos como la ley de fomento productivo (que va en línea con las políticas del FMI), está despidiendo a empleados que tienen contratos ocasionales, prepara una reforma laboral, etc. lo cual implicaría además un ajuste fiscal, reformas estructurales (sector público, externo, laboral, etc.) y techo a la deuda pública, lo que tendría efectos contractivos, en el corto plazo, en el crecimiento y empleo. Pero adicionalmente, llevaría a más deuda externa, para salir del atolladero, que obligaría su reestructuración y reducción en una década.

 

Como había proyectado, en el artículo anterior, ganó Lopez Obrador (AMLO). Las encuestas de salida de urna pronosticaron el triunfo de su coalición comandada por MORENA, lo que abre la posibilidad de un cambio en México y se prevé una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas.

En lo político, según lo que señalan las encuestas de TELEVISA y CNE el triunfo de AMLO sería un margen de 20 puntos sobre ANAYA (derecha), del PAN, lo que significa un parcial rechazo a la derecha y, al PRI (centro-derecha). La mitad de la población voto por el progresismo y la izquierda, lo que implica romper, por primera vez, con el bipartidismo (PAN-PRI), que se había establecido en los 12 últimos años. También debo subrayar que, de 9 gobernaciones en disputa, las encuestas señalan que la coalición de AMLO habría obtenido 6. Pero además, las proyecciones indican que dicha coalición habría obtenido la mayoría en el Congreso, lo que implica que tendría la fuerza necesaria para aprobar las leyes requeridas para implantar su propuesta electoral. Por otro lado, por primera vez, el PAN y PRI pasan a la oposición. O sea, AMLO logra un gran capital político que abre las esperanzas de cambio pero también una responsabilidad  de cumplir con lo prometido en su plan de gobierno. La elección también muestra el descalabro del PRI pues su candidato habría quedado tercero, según las proyecciones electorales, perdió 6 gobernaciones y quedaría en tercer puesto en el Congreso, lo que  significa el rechazo de la población a un mal gobierno y al descalabro que llevó al país en 6 años de gobierno. En lo económico, aplicó la reforma energética y la educativa, que tuvieron serias consecuencias sobre la población y los maestros a más de agravar la violencia, corrupción, la impunidad y deterioro de las condiciones sociales.

Se debe enfatizar que TELEVISA, el líder de la TV, fue la primera que anunció el triunfo de AMLO y además pasó las entrevistas de los candidatos Meade (PRI) y Anaya  que reconocieron su triunfo. TELEVISA lleva la voz cantante del poder mediático y es la que diseña la imagen de la opinión pública. Y es precisamente, uno de los poderes contra las cuales tiene que luchar AMLO.

Hay que destacar que AMLO gana por la crítica situación política y social. La población estaba harta de la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la inequidad, la redistribución inequitativa del ingreso, la pobreza, etc. Ahora el desafío está en comenzar a cumplir con el plan de gobierno. En lo estructural, está si puede desmantelar la reforma energética y la educativa que AMLO había planteado, lo que implica enfrentarse a los poderes fácticos.  Además deberá luchar contra Trump por el TLC y los  migrantes.

El gran desafío de AMLO es comenzar a cumplir con su propuesta electoral. Entre las más importantes está combatir la violencia, en especial el narcotráfico; luchar contra la impunidad y la corrupción; por otro lado, tratar de mejorar las condiciones sociales y, en lo económico, impulsar el crecimiento con una redistribución del ingreso.  Sin embargo, tendrá que luchar o negociar contra los poderes facticos para que posibiliten el cambio. Por lo menos, se abre la esperanza de una transformación lenta pero con un norte claro apoyado por el rechazo al PRI y PAN de mas de  la mitad de la población que quiere el cambio.

 

El PRI estuvo en el poder 70 años hasta que, en Diciembre de 2000, asumió la presidencia Fox y le siguió Calderón, ambos miembros del PAN (derecha). En una época el PRI se caracterizó por ser un partido progresista y nacionalista que aplicó una política económica heterodoxa, implementó una  fuerte política social y defendió causas latinoamericanas. Sin embargo, a partir de 1982, con de la Madrid, como Presidente, comenzó a dar un giro hacia una política económica neoliberal, fue relegando el gasto social y abandonando la causa latinoamericana. El PRI retoma el poder con Peña Nieto en Diciembre de 2012.

En su sexenio, las condiciones sociales, de seguridad ciudadana, de derechos humanos y corrupción se han agravado seriamente. A 2016,  los pobres llegaron a 53.4 millones, 43.6% de la población (reducción relativa respecto a 2008). Los no afiliados al seguro social representan 68.4 millones. La concentración del ingreso creció y la pobreza extrema, aunque se redujo,  llega a  cerca de 10 millones de mexicanos. La violencia ha crecido, sobre todo por el narcotráfico: hasta marzo de este año el número de homicidios fue mayor al del periodo de Calderón; hasta Enero de 2018, el número de desaparecidos alcanzó 34.268 personas y la impunidad ha aumentado, como muestra el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Para agravar el panorama, la corrupción de funcionarios públicos ha crecido: 16 gobernadores son investigados por corrupción, 10 de ellos están presos y algunos fueron del gobierno de Peña Nieto. En su período ha aplicado reformas estructurales en los sectores de energía, telecomunicaciones y educación, que han liberalizado los mercados y, en el último, buscaba mejorar la calidad de la educación. En los dos primeros, ha provocado desnacionalización de la industria, aumento de precios y concentración del mercado en grandes empresas y la reforma educativa fue impuesta.

En síntesis, hay deterioro social, de seguridad, corrupción y, en lo económico,  se está renegociando el acuerdo de libre comercio con Canadá y EE. UU. México, depende en gran medida, en su comercio exterior, de EE.UU. Un cambio de las condiciones del acuerdo generaría incertidumbre en su economía.

Con este marco, el 1 de Julio, se celebran elecciones presidenciales y del Congreso, en la que hay 3 candidatos con mayor opción. Lopez Obrador (AMLO) postulado por Morena, PT y PES; Ricardo Anaya, Por México al frente, coalición de PAN (derecha)-PRD (ex partido de AMLO) y MC. El candidato del PRI es José Meade (PRI-PVEM-PANAL). Los dos últimos tienen programas parecidos y serían la continuación de la política de Peña Nieto. AMLO en su programa ofrece reactivar la economía con la construcción de infraestructura y aumento de exportaciones, impulsar la agricultura y el turismo, apoyar el emprendimiento; reducir el endeudamiento y la inflación, aplicar un ajuste fiscal y una amplia política social. Se trata de un modelo económico basado en el mercado interno, a diferencia de la propuesta de los otros 2 candidatos que seguirían impulsando el crecimiento co la demanda.

Según la encuesta del diario El Financiero, a mitad de Junio, de este año, las preferencias electorales son de 50% para AMLO, 24% para Anaya y 22% de Meade. La encuesta de la Patronal mexicana, da la misma tendencia. Incluso Moody’s, la calificadora de riesgo, prevé el triunfo de la coalición de AMLO, si la elección fuera limpia y que éste no asusta a los mercados. Pero además, las encuestas pronostican que podría alcanzar mayoría en el Congreso,  abriendo la posibilidad de aprobar las leyes requeridas de su propuesta electoral. El escenario muestra una posible victoria de AMLO. Si las encuestas aciertan, veríamos, posiblemente, un cambio en México, en lo económico, político y social, o sea una política diferente que la aplicada hasta ahora, en estos campos, pero ¿será posible que los poderes fácticos lo permitan?

En la sección Décima del proyecto de ley, se establecen reformas a la Ley de Movilidad Humana dando facilidades migratorias a los inversionistas extranjeros. En la sección Décima Primera, se reforma la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se estipula que en los contratos de exploración y explotación de petróleo el porcentaje de participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y volumen de producción, lo que implica ampliar el aporte que hacen las empresas petroleras al Estado.

En la sección Décima Segunda se elimina el art. 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales que establecía que, en el caso de las personas jurídicas, usadas para defraudar o abusar se podrá cobrar acreencias laborales contra accionistas u otros niveles de propiedad responderán con patrimonio o de bienes que están a nombre de terceros, cuando el obligado principal, no cumpla con sus obligaciones. Esto afectaba principalmente a inversionistas o accionistas nacionales o extranjeros de empresas.

La sección Décima Cuarta reforma la Ley de para el cierre de la crisis bancaria de 1999, señalando que en el art. 6, de esa ley, se agregue el ajuste anual del valor catastral, por el BCE, para los bienes del sector bancario que se transfieren a las instituciones públicas y además se reforman otros artículos de esa ley.

Se reforma la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, agregando el pago de una compensación,  por retiro obligatorio o voluntario, de 5 salarios básicos unificados (SBU), por cada año de servicio hasta un máximo de 150 SBU, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 24 de dicha ley. Este es un beneficio similar a los que reciben los profesores, el que se paga con el Presupuesto del Estado. Con esta reforma, los policías recibirán del ISSPOL este beneficio, lo que significa un egreso adicional, lo que podría afectar la situación financiera actuarial del ISSPOL, sobre todo por qué en la Policía existen alrededor de 50.000 miembros. O sea hay un riesgo de déficit actuarial. En el caso, de que los policías, con 5 años de servicios, no cumplieran con los requisitos establecidos en el art. 24 de dicha ley, el pago del beneficio será con el Presupuesto del Estado. Si bien es justo el pago de ésta compensación, sin embargo debe contemplarse el riesgo actuarial del ISSPOL.

Entre las disposiciones generales, la mas importantes, del proyecto de ley es la que establece la reducción gradual del ISD, con el informe favorable del Ministerio de Finanzas y, de las disposiciones transitorias, están: que la deuda del Ministerio de Finanzas con el BCE no podrá renovar o canjear, o sea ya no tendrá acceso a los recursos del Banco Central y la contratación de nuevo personal de las instituciones públicas  del poder ejecutivo incluido las empresas públicas no podrán contratar nuevo personal de contratación ocasional hasta que el Ministerio del Trabajo no realice una evaluación técnica.

En síntesis, este proyecto de ley busca obtener nuevos ingresos públicos con una amnistía tributaria alentar la inversión privada en base a reducción,  eliminación de impuestos y facilidades de pago de impuestos al comercio exterior, reforma a la ley de ZEDE para inversión en turismo e incentivos a la construcción de vivienda social. Por otro lado, se dan facilidades de visa a inversionistas extranjeros y se elimina la obligación de responder hasta con su patrimonio de acreencias laborales. Se elimina la posibilidad de endeudamiento del Ministerio de Finanzas con el BCE. Resulta preocupante el pago de indemnización por retiro a los policías pues hay riesgo actuarial en el ISSPOL, no es que no sea justa, pero se afecta su equilibrio financiero intertemporal. Por otro lado, al parecer si bien la amnistía tributaria da liquidez al estado si le restamos la reducción y eliminación de impuestos podría haber un resultado neto cero. Lo de fondo es que no hay en el proyecto de ley el ajuste y las reformas estructurales. Al parecer lo que hace este proyecto es preparar el camino para un acuerdo con el FMI, ya que se conoce que además del financiamiento de 8000 millones se requieren 5000 millones más. O sea seguir manteniendo el alto nivel de gasto sin reducir el tamaño del estado y aplazar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país.

Al final de la sección Octava, Cap. 3, del proyecto de ley, se reforma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que, en el art. 124 establecía el límite de endeudamiento del sector público de 40% del PIB, con 3 reglas de sostenibilidad de largo plazo. La primera es que no podrá haber déficit en el resultado primario del presupuesto; la segunda, es que si se superase el 40% del límite de la deuda se requerirá justificación y aprobación de la Asamblea, con mayoría absoluta y, la tercera, se establece un fondo de estabilización fiscal. Lo que hacen estas reglas es dar cierta flexibilidad en el manejo de la deuda posibilitando exceder el 40% y se crea dicho fondo con el exceso al precio del petróleo aprobado en el presupuesto. En la situación actual, aunque la amnistía fiscal, establecida en el proyecto, otorga recursos al estado, sin embargo, la reducción de impuestos le disminuye ingresos, con lo que difícilmente podrá el sector publico tener fondos adicionales para financiar el presupuesto de 2018, por lo que tendrá acudirse a deuda pública y la reforma al art. 124 de dicho Código facilita el endeudamiento. Las autoridades declararon que el fondo de estabilización recién se formaría en 2021, al final del gobierno, no lo hacen antes por razones de la liquidez fiscal, que ahora usa la diferencia entre el precio real y el aprobado en el presupuesto como fuente adicional de financiamiento de éste. El tema es que se aplaza el ajuste, probablemente hasta el 2020, ya que 2019 es un año electoral.

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad en el manejo de la deuda, el incumplimiento de estas reglas dará lugar a la aplicación de un plan de estabilización fiscal, que establece: reducir el gasto primario hasta alcanzar equilibrio fiscal en 3 años y luego, de este período, aplicará un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para reducir el peso de la deuda al 40% del PIB. En otras palabras, si bien la primera parte del art. 124 reformado, da flexibilidad para sobrepasar el techo de la deuda –por ejemplo, si sobreviniera un shock externo- pone austeridad a fin de que se alcance equilibrio fiscal. La reforma, a este artículo, está hecha para que sea el próximo gobierno el que aplique el plan de estabilización fiscal. El problema de fondo es que se deja de lado el ajuste y las reformas estructurales. Las autoridades dieron a conocer que, en Junio de 2018, darían a conocer medidas de largo plazo.

También se reforma la Ley de Minería, eliminando ciertas exoneraciones que tenían las empresas respecto al pago de tributos, se aumenta el rango del pago de regalías y se incrementa en un 1% el pago de regalías de la mediana y gran minería. En otras palabras, como en el proyecto, el efecto neto tributario, al parecer va a ser cero, se busca otras fuentes de ingresos para el presupuesto del estado. En síntesis, a pesar de que el proyecto da flexibilidad para sobrepasar el límite de 40% de la deuda, le pone límites obligando a tener equilibrio fiscal en 3 años y reducir la deuda a ese porcentaje. Sin embargo, el problema de fondo es que se sigue postergando el ajuste y las reformas estructurales.

En el cap. III de proyecto, se establecen una serie de reformas. Entre otras, las  que se hacen en la Ley de Régimen Tributario Interno que incluyen el pago de Impuesto a la Renta (IR) por la décima tercera y cuarta remuneración de quienes tengan ingresos netos mayores a 100.000 dólares; se exoneran de IR a los proyectos de las Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE); se aumenta deducción de IR a 5% por gastos de I & D; se incrementa el pago de IR de sociedades a 28% cuando no entreguen información o accionista sea de un paraíso fiscal; se agregan con tarifa cero de IVA la importación de todos los insumos del sector agropecuario, acuícola y pesca; se incluyen también los vehículos eléctricos, sus baterías, para uso público y se mantiene los livianos de uso particular hasta de $ 35.000, se agrega el seguro de desgravamen, los servicios de construcción de viviendas de interés social; se grava con IVA la medicina prepagada; se incluye la devolución del IVA a la exportación de servicios, las sociedades que construyan vivienda de interés social; se descuenta 20% del pago del ICE a vehículos híbridos.

Se establecen algunas reformas a la Ley de Reforma Tributaria y la ley Reformatoria para la Equidad Tributaria que, entre los más importantes, incluye la devolución del ISD a los exportadores en un plazo de 3 meses, siempre que haya un ingreso neto de divisas. Hay también reformas al Código de la Producción, entre la que están: inclusión en las ZEDE la prestación de servicios turísticos y se conceden facilidades para el pago de tributos de comercio exterior a la importación de bienes de capital.

En las reformas al Código Monetario, se establecen cambios en la Corporación de Seguros de Depósito, Fondo de Liquidez y de Seguros que incluyen dictar las políticas de gestión y aprobar su reglamento. Hay también una reforma a Ley de Empresas Públicas y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para facilitar el traslado de excedente de estas empresas al Ministerio de Finanzas y se exige más información financiera a éstas.

Las reformas a las leyes tributarias, del proyecto de ley, buscan incrementar los ingresos fiscales y dar una amnistía tributaria de multas e intereses de mora del sector privado, devolver el ISD y facilidades de pagos de impuestos de comercio exterior, tanto para obtener liquidez fiscal e incentivar la inversión privada y construcción de vivienda de interés social. La reforma a ley ZEDE buscan incentivar proyectos en turismo y otros. Hasta la sección Octava del Cap. 3, del proyecto urgente, se aprecia que se busca enfrentar un problema de liquidez. Sin embargo, resulta contradictorio establecer una amnistía y incentivos tributarios en condiciones de déficit fiscal, lo que implica seguir dependiendo de deuda, sobre todo externa. La paradoja es que, al caer la inversión, requiere de la inversión privada para aumental el nivel de actividad económica. No se incluye, hasta esta sección, ninguna disposición respecto al tamaño del estado. Al parecer, según declaraciones oficiales, las reformas estructurales se presentarían en otro proyecto de ley, en este mes. La interrogante es si el ajuste va acompañado de éstas y si  incluye las que son necesarias.

Como señalamos, en el artículo de ayer “Corrupción haría caer gobierno de derecha española”, por moción de censura se destituyó al Presidente del Gobierno del Partido Popular (PP, derecha) y en su reemplazo se nombró a Pedro Sanchez, líder del Partido Socialista (PSOE). La caída del PP se debió a la condena y encarcelamiento de los implicados en corrupción por  el caso Gurtel.

Como explicamos, en el artículo señalado, el caso Gurtel es el más emblemático de la corrupción en los gobiernos del PP, pero se suman muchos más, entre los que destacan la Operación Púnica, caso Lezo, las tarjetas de crédito de Caja Madrid y Bankia, etc. Y recientemente se descubrió el cobro de comisiones por un proyecto eólico en Valencia, de un ex presidente de esta comunidad, del PP,  que incluye lavado de dinero y la obtención de un título de Master con irregularidades por la ex Presidenta de la Comunidad de Madrid. En todos estos casos, están implicados, presos o acusados dirigentes del PP. En el caso Gurtel, funcionarios públicos del PP recibían comisiones por adjudicación de obras públicas. Pero no solo eso, el ex tesorero del PP, abrió una caja paralela, a los fondos del partido, en la cual recibía el dinero sucio de la corrupción y lo repartía entre miembros del PP. Se trata de la trama de un sistema o la trama de corrupción más grande de España. Este caso  se descubre en 2009 y otros casos de corrupción son anteriores al inicio del gobierno de Rajoy.

La corrupción ya venía haciendo mella en el gobierno del PP. En mi artículo “La última carta de la derecha”, de Junio de 2016,  decía que en diciembre de 2015 “el Partido Popular (PP)” Rajoy perdió la mayoría legislativa, hubo reducción de votos del Partido Socialista (PSOE), Podemos (P, izquierda) logra ser la tercera fuerza política y surge la nueva derecha con Ciudadanos.

Rajoy del PP,  que asumió la Presidencia del gobierno a fines de 2011, le tocó enfrentar la crisis económica financiera que explotó por la burbuja financiera inmobiliaria generando caída de ahorro, bancos, rescate de instituciones financieras, recesión, desempleo, déficit fiscal, caída del nivel de vida, pobreza e indigencia. Rajoy aplicó una política neoliberal que redujo los desequilibrios macroeconómicos y recuperó la economía pero con alza de impuestos, límites a pensiones de jubilados, desempleo, pobreza, etc. Sin embargo, aún se mantiene un alto déficit fiscal y elevado nivel desempleo, sobre todo en jóvenes. Además le tocó enfrentar el intento de independencia de Cataluña, que fue frenado con la aplicación del art. 155 y llevó a que los principales dirigentes catalanes  (Puigdemont) huyeran a otros países de Europa o fueran encarcelados.

La moción de censura a Rajoy fue apoyada por Podemos y PNV, ERC, PDeCAT y Compromis (nacionalistas), los que dieron el triunfo al PSOE. El compromiso del PSOE, para tener el apoyo de los nacionalistas, fue respetar el Presupuesto de Rajoy e iniciar un diálogo con los independentistas catalanes. Si bien la terminación del gobierno del PP es un triunfo para la izquierda e independentista se abren muchas interrogantes sobre el futuro político de España. El próximo año habrán elecciones y dado el efecto corrosivo de la corrupción en el PP, probablemente dejará de ser el primer partido y asumiría ese lugar Ciudadanos (derecha) que sería disputado también por la izquierda. El mayor interrogante, en el gobierno del PSOE, sería la independencia de Cataluña y que pasaría, con los ex presidentes de la Comunidad de Andalucía, del PSOE, que están acusados de corrupción que, de ser condenados, podrían restarle votos, en la siguiente elección, a los socialistas.

En varios artículos, en el diario público, analice los casos de corrupción de los miembros del Partido Popular (PP, derecha), que está gobernando, a los que se suman otros, descubiertos recientemente,  como la emisión de un título de postgrado fraudulento, la acusación de lavado a un ex Ministro.

Además del caso Gurtel están: la Operación Púnica en la que Francisco Granado, ex alcalde y ex secretario del PP, esta acusado de manejar una red de pago de comisiones ilegales para la asignación de contratos de obras y servicios públicos (esquema parecido al caso Gurtel); el pago de gasto personal con tarjetas de crédito de los directivos de la Caja Madrid y Bankia (rescatado por el gobierno después de la crisis inmobiliaria) del cual están acusados los ex presidentes de esas entidades Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Este último fue director del FMI y uno de los altos miembros del PP.

El caso Gurtel es el más emblemático de la  corrupción el PP. La justicia española ha condenado al empresario  Francisco Correa, cabecilla, ligado al PP, a Luis Bárcena, ex Tesorero del PP, a la ex Ministra Ana Mato y a 26 personas más. El caso fue investigado, desde el 2009, por el juez Baltazar Garzón. Se trata de un esquema de corrupción mediante el cual se asignaban obras públicas a empresarios quienes a su vez debían pagar comisiones por ello. El que se encargaba de recibir ésta era Luis Barcena, que a su vez entregaba este dinero sucio a miembros del PP. El tribunal que dictó la sentencia señaló que no quedan dudas que en el PP se montó una estructura financiera y contable paralela en el PP, una caja b, con lo cual se repartía el dinero de la corrupción entre miembros del PP.

Recientemente se apresó a Eduardo Zaplana, ex Ministro y ex Presidente de la Comunidad Valenciana, por cobro de comisiones en un proyecto eólico en Valencia, que luego fueron lavadas con una serie de empresas creadas con ayuda de bufetes de abogados. El caso fue descubierto al encontrarse documentos que detallaban el esquema de corrupción y por la introducción de dinero corrupto, que ocultó en Panamá, a España.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se vio obligada a renunciar a dicho cargo y como diputada en la Asamblea de Madrid, por haber obtenido de manera irregular su título de postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos, en el que no solo hubo cambios de calificaciones sino que no acudió a clases y tener un irregular trabajo de fin de Master. Pero además, está acusada de  corrupción en el ejercicio de su cargo.

También está el caso Lezo, en el que se acusa a Ignacio Gonzalez, ex dirigente del PP, de cohecho y malversación de fondos en la gestión de la empresa pública Canal Isabel II.

Lo cierto es que entre los distintos casos de corrupción relacionados con el PP se montó una estructura para el cobro de comisiones ilegales por asignación de obras públicas por autoridades  del gobierno del PP, que luego recibían dinero negro a través de una caja B del partido. Se trata del caso de corrupción más grande de la historia de España, que podría llevar a la caída del gobierno de Rajoy y tendrá impacto en las elecciones de 2019, que desplazaría al PP como el primer partido.

El proyecto de ley, como le señala el título busca impulsar el sector productivo, incentivar, crear empleo y alcanzar equilibrio fiscal. Es muy extenso, por eso lo trataremos por partes, para conocer en detalle cómo se busca alentar variables claves de la economía.

El cap. uno, I  sección, dispone la exoneración 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas administradas por el SRI vencidas hasta el 1 de Abril de 2018 incluyendo las del RISE. Para acogerse a este  beneficio será para medianas, grandes empresas y personas naturales deberán pagar hasta los 90 días contados a partir de la emisión de esta ley. A los que no se incluyen en la remisión se les conceder facilidades de pago del capital hasta 2 años. También se incluyen de la exoneración las obligaciones aduaneras.

En la segunda sección, se exonera de intereses, recargos y multas a impuestos y matriculación vehicular así como a infracciones de tránsito. En la sección tercera,  se otorga educción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IESS y, en la cuarta, se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones pendientes de pago hasta el 2 de abril del 2018 por servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva.

Este conjunto de medidas trata de paliar la falta de liquidez del sector público no financiero (SPNF), el déficit actuarial del IESS y el déficit y problemas de liquidez de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Como se observa son fundamentalmente medidas para mejorar los ingresos tributarios del SPNF y del IESS.

En el cap. dos, se otorga incentivos tributarios a la nueva inversión privada. Se exonera del impuesto a la renta (IR), por 10 años, a inversiones fuera de Quito y Guayaquil y, con 8 años, en las áreas urbanas de estos dos cantones. Además se exonera del ISD a la importación de bienes de capital y materias primas de  inversiones productivas y pago de dividendos de empresas nacionales y extranjeras. Así mismo, se exonera con el 50% de ISD a las reinversiones productivas de beneficios. Adicionalmente se exonera del  Impuesto a la Renta, por 10 años, las  nuevas inversiones industriales, y las que sean en industrias básica será hasta 15 años.  Se desprende que el fomento a la inversión se basa en sacrificio de ingresos fiscales.

En el cap. 3, se conceden beneficios e incentivos a los proyectos de vivienda de interés social que, en lo tributario básicamente es el crédito tributario en el IVA,  y se establece un procedimiento administrativo simplificado para su construcción.

Hasta aquí el proyecto de ley, además de generar ingresos tributarios, para aliviar la iliquidez fiscal,  a través de exoneraciones de intereses, multas y recargos de impuestos o aportes al IESS, busca incentivar la nueva inversión privada mediante la exoneración del IR y ISD. Se trata de compensar la baja de la inversión pública, pero mantiene alto nivel de gasto público. Sin embargo, los beneficiarios de los incentivos tributarios son las grandes empresas o empresarios y no hay requisitos para obtener estas ventajas de generación de puestos de trabajo. El proyecto supone que las nuevas inversiones generan más empleo. Para éste, está en marcha la expedición de un nuevo código de trabajo, que incluiría la flexibilización laboral, Hasta esta parte del proyecto, se busca incentivar el nivel de actividad económica con inversión privada, vivienda de interés social y gasto público.

Al cumplirse el primer año de gobierno se torna necesario una evaluación y estudio de lo que ha hecho el régimen en lo económico, político y social. No se trata solo de un análisis histórico sino además de avizorar el rumbo que está tomando y hacia dónde va el país.

En lo económico, como señalé en un artículo, del diario público, el gobierno va despacito y por un camino sinuoso. El déficit fiscal, el desequilibrio externo, la falta de liquidez, la deuda pública y el nivel de actividad son críticos. Se han tomado medidas económicas tibias  que han sido un retoque y se pospone el ajuste. Si bien dictó el plan de reactivación económica, se anunció recorte leve del sector público, una amnistía tributaria e incentivos al sector privado, alianzas público privada, incentivo a exportaciones con devolución de impuestos y freno a importaciones con nueva salvaguardia arancelaria, queda latente su implementación. Lo cierto es que se ha mantenido un alto nivel de gasto público, con escasos recortes, y dificultades en la liquidez financiadas con deuda externa. Según lo anunciado por el régimen el déficit fiscal de 2018, sería de 5.6% del PIB, la deuda pública ha superado el 40% del PIB y la reactivación económica sigue en espera. El tercer ministro de Economía, ex Presidente del Comité Empresarial, anuncia que profundizarían las medidas estructurales. En el primer año, el rumbo económico fue de mucha incertidumbre y posponer medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos.

En lo político, la circulación de un audio del ex Secretario de la Presidencia, reveló su estrategia basada en tres puntos: uno, el diálogo, para sumar apoyo de movimientos y partidos que ayuden a fortalecer la base política del régimen. Dos, una evaluación autocritica de las políticas públicas (hidrocarburos, obra pública, educación, etc.). Tres, lucha pasiva contra la corrupción y dejar que las funciones del estado cumplan con su papel en ésta. En cuanto a la segunda, el gobierno mostró las falencias y errores cometidos en obras públicas del régimen anterior. Respecto a la corrupción, su punto culminante fue con el juicio y condena del Vicepresidente (con lo que el gobierno se alzó con todo el poder ejecutivo), la sentencia a  ex funcionarios de Petroecuador y ex ministros del régimen anterior. En relación al primer punto, logró lo que la oposición no pudo: romper AP y apoderarse del movimiento y parte de sus asambleístas, que son necesarios para aprobar las leyes que requiere su proyecto. El triunfo en la consulta popular apuntaba a fortalecer su base de apoyo político y de la población. La actuación del CPCCS-T al cesar a las principales autoridades de control y nombrar nuevas, muestra que busca aparentemente “independizar las funciones del estado” e iniciar el desmonte de la reforma institucional correista. Comenzó con la destitución de autoridades de control y está en proceso las del Consejo de la Judicatura y Corte Constitucional, reforma a la ley de comunicación que contempla, entre otros, la eliminación de la SUPERCOM, la ley de plusvalía, el cambio de rumbo del diario público, etc. Como además requiere de reformas estructurales y aprobar leyes buscó más apoyo de lps partidos y organizaciones aliadas (Democracia Sí, maestros, etc.), acercamiento con el sector privado (que se inició concesiones en la ley  de reactivación económica, alianzas público-privadas, nombramiento del ministro de Economía, la entrega del dinero electrónico a la banca, etc.) y negociar con la oposición, sobre todo  de derecha, en pos de un acuerdo nacional. Si bien el triunfo en la consulta popular contribuyó a aumentar su apoyo poblacional, sin embargo los errores en política, la falta de decisión para enfrentar los desequilibrios económicos y el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio, en la frontera sur, han debilitado la posición del régimen. Con el nombramiento de un ministro de Defensa, ex militar, y, la transformación del ministerio del Interior a uno de Gobierno, con un nuevo titular, buscan redefinir la política de defensa e interna.

En lo social, se publicitó el Plan Toda una Vida que, en sus diversos componentes busca apoyo popular, sin embargo, ha avanzado poco por las restricciones presupuestarias. A pesar de ello, se ha planteado una pensión no contributiva para personas de tercera edad, un aumento de la pensión en el seguro campesino, una reactivación del programa para discapacitados, etc. Sigue en espera la entrega de viviendas populares gratuitas, pagos de incentivos de jubilación para maestros, etc. por las dificultades generadas por el déficit fiscal e iliquidez pública.

Se prevé un cambio de rumbo en lo económico  hacia una política económica ortodoxa que implicaría un ajuste mayor y reformas estructurales (del estado: más recorte de su tamaño vía privatización, reforma fiscal, etc.; reforma laboral: nuevo código de trabajo, flexibilización laboral; reforma institucional: eliminar leyes e instituciones creadas en el régimen anterior, etc.; reforma en el sector externo: acuerdos comerciales, menos salvaguardias arancelarias, etc.). Sin embargo, queda latente el tema de reactivación económica y la necesidad de aumentar la competitividad para incentivar exportaciones. Además está la presión que ejerce en el déficit fiscal, el déficit actuarial del sistema de seguridad social (IESS, ISSFA e ISPOL), el déficit de las empresas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública, eliminación de su techo y el cambio de reglas macrofiscales.

En lo político, se buscará fortalecer su base de apoyo con alianzas con nuevos partidos y movimientos políticos (Democracia Sí, Centro Democrático, ABA, etc.) que implicaría acuerdos electorales para las elecciones seccionales de 2019 y una alianza con partidos de centro derecha para que apoyen las reformas estructurales, reforma institucional y nuevas leyes, que significaría trasladar parte del poder y un giro hacia esa tendencia justificada por la necesidad de una unidad nacional.

En lo social, se prevé el impulso a la vivienda popular, para tratar de incentivar el nivel de actividad económica y, si se logra la reducción del tamaño del estado y reducir la presión de iliquidez fiscal, liberar recursos presupuestarios para financiar y cumplir la serie de programas planteados en el Plan Toda una Vida.

En síntesis, se relegó lo económico en pos de lo político y se frenó la política social por el déficit fiscal e iliquidez pública. Con el nuevo ministro de Economía se espera que acometa el ajuste y reformas estructurales y, en lo político, aliarse con partidos aliados para disputar las elecciones seccionales de 2019 y acuerdo con la tendencia de derecha para que apoyen las leyes necesarias para la reforma institucional, estructural y el ajuste económico.