PROFORMA 2019 Y DECLIVE ECONÓMICO Luis Rosero M.

La Proforma del Estado 2019 contribuye a mantener  los desequilibrios macroeconómicos. El déficit fiscal continúa alto, el saldo rojo de la balanza comercial no petrolera se mantiene y, los supuestos en que se basa no son compatibles, con las proyecciones de crecimiento de organismos internacionales, que apuntan a  que sea pronunciada aún más la desaceleración económica.

El nivel de gasto de la proforma inicial de 2018 fue 34.853 millones de dólares, la de 2019 los aumenta a 36.160, o sea un crecimiento de 1.300 millones de dólares (3.7%). Los rubros que más crecen son el servicio de la deuda (46.8%), transferencias y donaciones corrientes (40%) y bienes y servicios de consumo (22.3%) y los intereses de la deuda llegan a 3.365 millones. El nivel de subsidios sube a 6.955 millones, de los cuales 4.176 son para combustibles, 1.995 para seguridad social y solo 784 corresponden a subsidios sociales.  La inversión pública se reduce a 3.314 millones de dólares. El nivel de ingresos se mantiene en relación a 2018, calculado con un precio promedio del petróleo de $ 58.2 el barril. El déficit fiscal para 2019 sería de 3.6% del PIB, una ligera baja desde el 4.1% de la proforma de 2018. En el déficit global del sector público, lo preocupante es el déficit de empresas públicas como TAME (200 millones), Tren Ecuador, Flopec, etc. se estima sumarían más de 500 millones de dólares. Nuevamente, como en el año pasado, la variable de ajuste es la inversión pública, mientras esta decrece aumentan los gastos corrientes. Dicha inversión tiene un efecto multiplicador sobre la economía. Lo más grave es que a junio de 2018, el nivel de ejecución de ésta apenas es de 23%, lo que implicaría que a fines de este año alcanzaría a solo 50% de lo presupuestado, lo que a su vez significa que en 2019 ésta caería muy debajo de la proforma, lo cual afecta el nivel de crecimiento económico

Para 2018, el FMI estima un crecimiento de 1.1%. Según los datos del Banco Central en el I T crecimos 1.9%, y en el II T sólo 0.9% interanual, lo que confirma la desaceleración de la economía ya predicha por la última misión de este organismo, lo que a su vez implica más desempleo y subempleo. Según los supuestos de la Proforma, el crecimiento de 2019 sería 1.43% y el saldo de la balanza comercial 743 millones. El FMI proyectó un crecimiento de apenas 0.7%. En cuanto al comercio exterior, en el artículo señalé “De haber un saldo positivo en la balanza comercial en el I T de 2018, se pasó a un déficit comercial en el II T, aunque pequeño, pero muestra una tendencia al crecimiento más fuerte de las importaciones (9.7%) frente a un ritmo débil de exportaciones (3.6%). De mantenerse esta tendencia, tendremos a fines de este año un déficit comercial mayor, que afectará a la balanza de pagos y al propio ritmo de crecimiento.” En la proforma, las estimaciones del BCE estiman un pequeño saldo positivo en la Balanza Comercial, reconociendo un déficit comercial en la Balanza No petrolera, precisamente por el aumento muy fuerte de las importaciones. Finalmente, el otro riesgo es el aumento de la deuda. En un escenario de estrés, ésta llegaría a 60.1% del PIB en 2019 y 63% en 2022.

En síntesis, la proforma confirma para 2019 un alto déficit fiscal, un creciente déficit comercial de la balanza no petrolera (por alto crecimiento de importaciones), un elevado nivel de deuda pública así como de su servicio, y, según el FMI, un declive económico, lo que implicaría más desempleo y subempleo. La política gradualista del gobierno, lo que hace es aplazar el ajuste. Reduce la inversión pública, la quita recursos a las universidades públicas, mantiene un alto nivel de gasto corriente y trata de obtener liquidez, mantener el nivel de actividad económica y financiar gastos con más deuda pública. Este escenario, acercaría al gobierno a un acuerdo stand by, con dicho organismo, y la aplicación de una política de ajuste y reformas estructurales, que serían las condiciones para acceder a un crédito del FMI. La tendencia de la economía y el manejo gubernamental han generado una reducción de la credibilidad y confianza en el gobierno, tal como proyectan algunas encuestas de opinión pública.

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