LA CONTRAREFORMA INSTITUCIONAL Luis Rosero M.

El gobierno de Correa realizó una amplia reforma institucional que se incluyó en la nueva constitución. Los principales ámbitos de ésta incluye: lo judicial, en las funciones del estado, organización territorial, en educación, apoyo al sector privado, en lo público, etc. En lo económico y financiero destacan las reformas en lo tributario, la regulación y supervisión monetaria-financiera, mercado de valores, empresas públicas, sector público, banco central, economía popular y solidaria, etc. Esta reforma quedó plasmada en nuevas leyes y códigos jurídicos.
Sin duda, se trata de una profunda reforma institucional que cambio la relación entre sector público, sector privado y sociedad. En varios artículos, en el diario público, señalé que una vez concluido el gobierno correista, la oposición (principalmente de derecha) buscaría echar abajo esta reforma institucional, pero paradójicamente ha sido el propio gobierno de Moreno quien ha llevado adelante la contrareforma institucional.
Ésta comenzó con la consulta popular de 2018 que, entre los principales aspectos se deroga la reelección indefinida, se reestructura el Consejo de Participación Ciudadana –con lo cual se destituyó a las autoridades de lo judicial y varios superintendentes- y se eliminó la ley de plusvalía; el proceso continuó con la reforma a le ley de comunicaciones, siguió con la derogación de las enmiendas constitucionales de Febrero de 2017 que, entre los temas fundamentales, deja sin efecto el aporte del estado del 40% al IESS, la comunicación como servicio público y la facultad de la seguridad social de administrar fondos previsionales. La contrareforma se profundiza, en lo económico-financiero con la llamada ley de fomento productivo que además de la exoneración de intereses y multas por deudas tributarias, elimina o reduce ciertos impuestos a inversiones, exportadores e importadores, prohíbe al Banco Central endeudarse con el gobierno, crea un fondo de ahorro para el gobierno, etc.
El gobierno de Correa limitó, reguló y supervisó al poder mediático, la contrareforma flexibiliza y atenúa el control a los medios de comunicación; el nombramiento de Marcelo Merlo –ex contralor en el gobierno de Febres Cordero- como titular del Consejo de la Judicatura -que restituyó a María L. Jimenez, como jueza, madre de Cynthia Viteri, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el PSC-MdG- y el nombramiento del nuevo representante del Presidente a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que ha declarado que se preocupará por el mercado de valores al que deben regresar el estado, la seguridad social y la banca privada. Al parecer eso implicaría una reforma al Código Monetario Financiero y la ley de mercado de valores. Con la reforma a ley de mercado de valores, en el gobierno de Correa, se les obligó a los bancos a deprenderse de sus casas de valores, para que sean manejadas por particulares. Al parecer ahora, con la contrareforma volverán estas casas nuevamente a manos de los bancos.
Los nombramientos y las acciones señaladas dan indicios hacia donde se dirige de la contrareforma y a quien favorece. La contrareforma continuará, en varios ámbitos, con otros cambios legales y nuevas caras.