Un cúmulo de acontecimientos, políticas, promesas no cumplidas y errores que, sumado, a la renuncia de la Vicepresidenta, dibujan un escenario de incertidumbre que reflejan que el país no tiene un rumbo claro y cierto.
El gobierno está llevando a cabo una contrarreforma institucional con la que quiere desmontar la estructura institucional creada por el gobierno anterior. Llevó a cabo una consulta para poder legitimarla. Hasta ahora, se destituyeron a todos los titulares de los organismos de control, función judicial y CPCCS y, se han nombrado a otros que en su mayoría son interinos. En esta situación se encuentran el actual fiscal y contralor acusados de arrogación de funciones, pero la fiscal que investiga el caso, según la prensa ha sido amenazado por el Presidente del CPCCS En cambio, si se nombraron a los titulares del CNE, pero ahora hay una estructura organizacional en la que regresan los partidos políticos a tomar las decisiones, lo que antes estaba prohibido. Está precariedad institucional hace perder fuerza y legitimidad a sus decisiones. En lo judicial, se han llevado a juicio a varios funcionarios del gobierno anterior acusados de delitos incluido al ex Presidente. En el caso Balda, sin embargo la INTERPOL negó el pedido de difusión roja por, según la prensa, “por no ser compatible el caso con el respeto de los derechos humano” para proceder a la captura del ex mandatario. Aparentemente, en su caso, se violó el debido proceso, lo que pone en entredicho los procedimientos llevados a cabo por funcionarios judiciales que, al parecer, violaron el derecho a su legítima defensa.
La renuncia de la Vicepresidenta Vicuña y su burda justificación para ella, pone en evidencia las irregularidades en movimientos y partidos. Se ha evidenciado que la contribución que exigía a sus asesores, para supuestos aportes de los miembros del ALBA, eran manejados en la cuenta personal de la segunda mandataria. Su declaración de que por ser de izquierda y mujer, se la ataca y es la derecha que la quiere fuera del poder, no tienen fundamento. Más aún, según la prensa, declaró en su patrimonio cuenta donde recibió dichos aportes. Esos actos indebidos son delitos y signos de corrupción, más aún si declaró que ALBA es un movimiento de hecho, en las que, el autollamado movimiento de izquierda, muestra también como sus dirigentes, funcionarios aliados gobierno, manejan la organización política.
E. Jurado, secretario general de la Presidencia, se vio obligado a renunciar por estar acusado de participar en una empresa que hacia cobros indebidos a clientes del sistema financiero por supuestos servicios prestados. La superintendencia de Bancos anunció sanciones a las instituciones financieras que hicieron los descuentos a los usuarios de cuentas bancarias. Hubo miles de perjudicados y, al parecer, luego de la tormenta se hizo mutis. Es increíble que un alto funcionario haya participado en tales delitos, se afectó el interés público y salió ganando el interés particular.
Se nombró un ministro de Finanzas de la élite empresarial, que presentó el proyecto de ley de fomento productivo que, entre otras cosas, establece la remisión de multas e intereses por impuestos a empresarios. Dicho funcionario presentó la Proforma con una reducción de recursos para la educación, salud y bienestar social. A pesar de que el gobierno ya ha señalado que no se recortará el presupuesto a las universidades públicas, a pesar de ello, hay una reducción para educación primaria y media. Se recorta gastos sociales, la inversión pública y no el tamaño del estado. Se posterga el ajuste, solo se han tomado tímidas medidas sobre la burocracia, unificación y eliminación de instituciones. Los sueldos de la burocracia, el pago del servicio de la deuda y gasto en bienes de consumo son los que presionan al presupuesto, que llevan a la iliquidez pública, no pago a proveedores y otras deudas. Se ha acudido a un aumento de la deuda externa para financiar el presupuesto y mantener el nivel de actividad económica. Se presenta el proyecto de la construcción de un tren costero y un metroférico para Quito, proyectos no necesarios pero que nuevamente favorecen el interés privado pero con poco beneficio para el interés público. Se está estudiando eliminar los subsidios a combustibles. En 2019, el déficit fiscal sería de 3.6%. Se criticó el endeudamiento con China y preventas petroleras, sin embargo el Presidente viajó a dicho país, entre otras cosas, para insistir en dichos mecanismos. El FMI proyectó que la tasa de crecimiento sería apenas 0.7% en 2019 y no se ha cumplido con la meta de empleo ofrecida.
Por otra parte, para aprobar decisiones y proyectos de ley en la Asamblea, el gobierno ha buscado el apoyo de la derecha. En suma, no hay rumbo cierto en la contrarreforma institucional, hay casos de corrupción en este gobierno, se aplaza el ajuste fiscal, se aumenta la deuda pública, se proponen proyecto en que gana el interés privado y poco el interés público y habría una reducción del nivel de actividad económica en 2019. Se están agravando los desequilibrios macroeconómicos y ya no tienen un nivel manejable. Al parecer el gobierno se está acercando a la firma de un convenio con el FMI. Ya no se puede seguir acusando al gobierno anterior de los problemas actuales, hay que tomar decisiones. Esto ha llevado a que la aprobación en la gestión del Presidente disminuya constantemente. Según la encuestadora Cedatos, el 51.4% desaprueba gestión del Presidente Moreno. Hay que aprender del nuevo presidente mexicano que encontró un país con una grave crisis económica y social pero que, en vez de llorar, ha aplicado una serie de procedimientos y decisiones para enfrentarla, cumplir sus promesas electorales y sacar adelante a su país. En el diario mexicano La Jornada, de la UNAM, un articulista dice que “Lenin demuestra ser un presidente muy débil”.
Pensamiento y comportamiento 