Con una aplastante derrota de Macri, en  las elecciones primarias (PASO), con una diferencia de 15%, el peronismo kirchnerista triunfó A. Fernández, perfilándose como el posible presidente en Octubre.  Con estos resultados, el Lunes 12 de Agosto hubo una fuerte devaluación que generó una tendencia alza del dólar que se mantuvo durante toda la semana y que afectó a variables financieras y reales.

En efecto, el lunes 12 el tipo de cambio minorista alcanzó, en su apertura, los 60 pesos por dólar  para cerrar en los 55.75, el martes y miércoles, de esa semana, subió por encima de los 60, para cerrar en 58,8, el miércoles 14, hasta que el viernes 16 llegó, al fin del cierre, a  56.4 pesos. La torpeza de Macri de acusar, el lunes 12, a A. Fernández y a la población de la subida del dólar generó, entre otros factores, la turbulencia cambiaria que se calmó  después luego del dialogo  entre A. Fernández y Macri, comenzando, el jueves 15, con tendencia a la baja. El Banco Central intervino, varias veces, en la semana, aumentando la tasa de interés a 74.8% y vendiendo reservas, pero esto no apaciguó al mercado. La tardanza de las medidas también influyó en dicha tendencia. El alza, en parte, se debe a la incertidumbre sobre los planes de Fernández, que llevó a un aumento del riesgo cambiario y, por otra parte, a la especulación. La diferencia entre el tipo de cambio venta y compra aumentó entre 4 y 5pesos, dejando pingues ganancias a los bancos.

La turbulencia generó otros efectos. El riesgo país se disparó, el miércoles 14, a 1935 para descender a 1658 el viernes. También cayó la bolsa, el precio de las acciones de empresas argentinas y la misma tendencia tuvieron los bonos. Dada la incertidumbre, de no tener un escenario económico previsible, se generó una salida de capitales, buscando éstos una plaza más segura. Esta caída hizo caer la RMI (solo por la intervención se acumulaban 6.370 millones de pérdidas de divisas, en las últimas 4 semanas). Por otro lado, algunas las empresas que utilizan insumos importados se paralizaron ante tal escenario y decidieron esperar a que el mercado se calme y determine los nuevos niveles del tipo de cambio, inflación y tasa de interés. Aún más, al elevarse éste, las expectativas de inversión cayeron haciendo que los empresarios se abstengan de nuevas inversiones o actividad económica.

La devaluación del peso influyó en las expectativas de inflación al alza. La prensa argentina señaló que, en la semana del 12 al 16 de agosto, los precios aumentaron en 20%. En efecto, los supermercados reetiquetaron los precios de los bienes de la canasta básica. Como consecuencia de esta alza, la canasta se encareció, disminuyendo el poder de compra de los consumidores y los de ingresos fijos o escasos, no podían comprar toda la canasta, llevando a una disminución del nivel de vida y aumento de la pobreza e indigencia.

Las medidas que dictó el gobierno, el martes, fueron aumento del salario mínimo, ampliación a 10 años para pagar las deudas de pymes, un bono para los empleados públicos, dos pagos por la asignación universal por hijo, reducción de impuesto a las ganancias y congelamiento del precio de los combustibles. El viernes 16, el gobierno anunció la eliminación del IVA a algunos productos de la canasta básica. Estas medidas tratan de compensar, en algo, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo,  la inflación de Julio de 54.4% aumentaría a pesar de las medidas señaladas. Al parecer, las transnacionales se niegan a acatar la decisión del congelamiento de los combustibles y el gobierno amenazó con aplicarles la ley de abastecimiento. Las medidas, también tienen tienen un tinte electoral, pues en Octubre de este año, debe realizarse la primera vuelta de las presidenciales. Algunas de estas medidas van en contra de las políticas recomendadas por el FMI, lo que pone en duda la continuación del convenio con este organismo. Se anticipa un cambio en el gabinete, que efectivamente se dio por la renuncia, el viernes anterior, del Ministro de Finanzas.

Estas políticas y las que ha venido aplicando el gobierno desalientan la actividad productiva. En efecto, el sector industrial y de la construcción ha contraído su nivel de producción. Más bien, dichas políticas alientan la actividad financiera, que ha logrado elevadas ganancias. Con la caída de los sectores productivos, La recesión de 1.3%, que había anunciado el FMI, en Julio, antes de los acontecimientos de agosto, sería más profunda, lo que significa mayor desempleo y más pobreza.

Además ya hay rumores de posibilidades de default. Macri ha elevado considerablemente la deuda externa. El nerviosismo de los argentinos, ante esta nueva crisis social y económica, se agranda por la crisis económica y social que se generó por la salida de la convertibilidad, el default y la recesión, en 2002, que reflejan la paradoja argentina de ser un país rico pero que no logra la vía al desarrollo y estabilizar su economía.

Los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PAS0) muestran un triunfo de largo del peronismo kirchnerista sobre Macri, lo que genera la posibilidad de triunfo de A. Fernandez y C. Fernandez en la primera vuelta (Octubre), lo que implicaría la posibilidad del cambio del modelo económico.

El Frente de Todos, peronismo kirchnerista, ganó las PASO con  49.2%, una diferencia de 16% sobre Juntos por el Cambio (Macri) que alcanzó 33.1% y, más aún, el candidato a gobernador Kicillof, en Buenos Aires, de este peronismo, ganaba por una diferencia de 17%, R. Lavagna y J.M. Uturbey de Consenso Federal obtuvo el 8% de los votos, lo que implica que sería la tercera fuerza política. Este resultado podría llevar a que dicho peronismo gané en la primera vuelta ya que, según la legislación electoral, si hay una diferencia de 15 puntos, entre los dos primeros candidatos, o el primero alcance 45% ganaría la primera vuelta.

Como habíamos dicho en artículos anteriores, sin duda, la economía y el deterioro social explicarían la derrota de la derecha. La política económica neoliberal de Macri, dio malos resultados a decir por los principales indicadores. En efecto, el jueves 9, el dólar llegó a 46,80 pesos, la inflación anual 55.8% (Junio), tasa de interés de letra de intervención del Banco Central (63.3%), tasa de desempleo  10.1% (I Trimestre), el índice de producción industrial manufacturero y el de la construcción tuvieron una caída interanual de 6.9% y 11.8%, respectivamente, lo que es un anticipo de la fuerte contracción de la economía en 2019.  Al parecer, la política implementada bajo los lineamientos del FMI está fracasando. Aún más si consideramos las variables sociales: la pobreza llegó a más de un tercio de la población, aumentó la indigencia, la concentración del ingreso y cayó significativamente el nivel de vida. Los factores económico y social incidirán en la elección de Octubre. La situación económica se agrava aún más por la guerra comercial entre EE.UU. y China, con la que el primero aumentó sus aranceles a ese país y China devaluó su moneda, que generó impacto en los países emergentes como Argentina lo cual se refleja en el tipo de cambio, salida de divisas y riesgo país que sigue alto en 860 puntos, reflejando la crisis estructural y coyuntural.

Este triunfo es un rechazo, de la mitad de la población,  a la política económica y social de Macri, bajo los condicionamiento del FMI y genera una gran incertidumbre de lo que pasará en esta semana en la economía. La variable fundamental es el nivel del tipo de cambio y las acciones argentinas. Estas últimas, hoy 12 de agosto, cayeron hasta 35% y los bonos hasta 15% en el mercado de New York. En tanto, en las primeras horas de hoy, el dólar se vende por arriba de los 50 pesos, lo que obligaría al Banco Central, para defender la moneda, a utilizar las reservas y aumentar aún más la tasa de interés de la letra para reducir la liquidez y frenar el alza del dólar. Con ésta, la inflación aumentaría y  dado el mayor costo del dinero se agravaría la caída del nivel de actividad económica o sea la profundización de la recesión en 2019. En este escenario, caería aún más el nivel de vida, aumentaría el desempleo y la pobreza crecería más allá del 33%.

Si bien, en las PASO se definen los candidatos a competir en las presidenciales, marcan una tendencia que definirían el triunfo del peronismo en la primera vuelta. Fuera de la disputa entre derecha y el peronismo kirchnerista, lo que está en juego es el modelo económico. Del lado de Macri, se apunta a una economía de libre mercado, desregulada, apertura externa, un modelo primario exportador, desindustrialización, apoyo capital financiero internacional y de organismos internacionales (FMI, BM, etc.), que conduce a concentración del ingreso y la riqueza, aumento de la pobreza etc. Los resultados del modelo están a la vista. En cambio,  el peronismo kirchnerista busca un modelo primario exportador con un esquema proteccionista industrial, retraso de precios de bienes y servicios básicos, redistribución del ingreso a través del presupuesto, política social agresiva,  tendencia al déficit fiscal, etc. Dos visiones opuestas de la economía, pero por el resultado de las PASO apunta a un cambio del modelo económico.

El mercado de valores del país sigue con dificultades para cumplir con su rol a lo que se agrega algunos  problemas que han surgido en su operatividad, una reforma que parece no cuajar y ya se anuncia otra reforma a dicho mercado.

En mayo de 2014 se aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, con la que se implementó una reforma al mercado de valores que parece no cuajar. Su rol principal de canalizar financiamiento a largo plazo, a menor costo y alternativo a la banca, no se logra, continúa su débil dinamismo y siguen los problemas de agencia en ambas bolsas de valores. Basta ver las estadísticas de éstas para constatar que la mayor parte del financiamiento está concentrado en corto plazo.

Por otro lado, han surgido problemas de confianza del inversionista por casos en que no se ha podido cumplir con el pago del capital y rendimiento. Un caso es la del grupo Ortega Trujillo que sus empresas: Inmobiliaria Terrabienes, Anglo Automotriz y Ecuafontes tuvieron problemas para cumplir con sus obligaciones en 2015. La primera no pudo entregar las viviendas y Anglo Automotriz incumplió con el pago de capital y rendimiento de obligaciones emitida. Lo extraño es que esta empresa comenzó a tener pérdidas desde el 2013 las que se acrecentaron en 2014, lo cual debió dar las señales de advertencia a las autoridades para cumplir con hacer cumplir la no afectación del interés público. La   intendencia de valores de la superintendencia de compañías.

Otro caso similar es de Almacenes Atu que en 2017 y 2018 emitió obligaciones, cuyos pagos se cumplieron hasta diciembre de 2018, pero en 2019 cerró y quebró por lo que no pudo cubrir sus compromisos de devolución del capital y pago de rendimiento de las obligaciones por alrededor de tres millones de dólares. ¿Cómo no pudo detectarse los problemas de insolvencia de la empresa? La repuesta la intendencia de valores de la superintendencia de compañías.

Otro problema distinto es el conflicto entre Seguros Sucre y la casa de valores Valpacifico. Según información de diario Expreso la aseguradora contrató a la casa de valores para administrar inversiones financieras relacionadas con el canje de bonos 2015 por bonos 2024 por 7.5 millones que estaban bajo custodia de Valpacifico en una cuenta del Westwood Capital Markets, en el Deutsche Bank. La aseguradora recibió de la casa de valores el pago respectivo de los intereses de los nuevos bonos hasta junio de 2017. Pero, según la denuncia de la aseguradora que los bonos pasaron a custodia de la empresa Madison Advisor, domiciliada en un paraíso fiscal, que le entregó 2 millones, quedando un saldo en bonos de 6.3 millones, pero su custodia no ha sido asegurada por dicha empresa por lo que Sucre reclama la devolución del saldo. Según información de prensa, al parecer no hubo autorización de las dos entidades para el cambio de la custodia de los bonos y dicha empresa fue disuelta por una corte de dicho paraíso. Lo cierto es que los bonos no aparecen. Surgen los interrogantes: ¿si los bonos fueron desmaterializados, que entidad la realizó? ¿Hubo participación en la desmaterialización de alguno de los dos depósitos centralizados del país? ¿las autoridades del mercado de valores del país actuaron ante las denuncias contra la casa de valores? ¿Cómo es posible que aparezca un conflicto de intereses entre dos entidades públicas cuya dueña es la CFN? ¿Cuáles fueron las acciones que tomaron los directivos de la CFN ante dicho conflicto? ¿Si hubo transacción de una casa de valores, que son supervisadas por la superintencia de compañia, la repuesta debe darla la autoridad del mercado de valores?

El aparente fracaso de la reforma al mercado de valores, estos problemas genera falta confianza de los inversionistas para comprar títulos en el mercado de valores y se lesiona el interés general. Lo cierto es que dicho mercado no despega, sigue con falta de dinamismo y no cumple con su rol principal. ¿tratará la nueva reforma estos problemas y la falta de desarrollo del mercado de valores?

En un artículo anterior, advertimos sobre los efectos sociales de la política económica del gobierno que se enmarca dentro de los lineamientos del FMI. Los datos recientes confirman la tendencia del deterioro del mercado de trabajo, pobreza y nivel de vida.

Según datos el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, del Banco Central, la economía apenas creció 0.6% en el I Trimestre de este año, explicada principalmente por una contracción de la inversión pública. Este débil crecimiento influyó en el comportamiento del mercado de trabajo. En efecto, a junio de este año, con respecto al mismo período de 2018, la tasa de empleo adecuado se redujo en 1%, ubicándose en 37.9% mientras que la tasa de desempleo aumentó a 4.4% y la de subempleo creció 0.9% llegando a 20.3%. Por la tendencia de la primera variable, aumentó el sector informal urbano. El pobre crecimiento, la austeridad y el ingreso de inmigrantes extranjeros influyeron en el deterioro del mercado de trabajo.

Si revisamos los datos del INEC, por ciudades principales, la tasa de empleo adecuado, el empleo tiene una fuerte caída en dos ciudades la sierra: de 3.9% en Quito y 4.2% en Ambato, en cambio en  la costa: Guayaquil aumenta 5.1% y en Machala se registra un incremento muy fuerte de 8.5%. Como consecuencia del comportamiento de la primera variable, la tasa de desempleo en Quito sigue alta en Quito (8.3%), que es donde se registra el mayor despido de empleados públicos e ingreso de extranjeros. En Ambato, se mantiene igual (4.7%) y en Cuenca disminuye levemente (4.5%). En la costa: Guayaquil registra una disminución llegando a 2.5% y en Machala cae a 5.5%. Así mismo, la tasa de subempleo sube fuertemente en Quito llegando a 14.3% y levemente en Ambato donde alcanza 15%.

Los datos de pobreza por ingresos, también reflejan un declive de la situación social. Así, a Junio de 2019, con respecto al mismo período, a nivel nacional, aumenta 1%, ubicándose en 25.5%, o sea un cuarto de la población. La pobreza urbana creció 0.9%, llegando a 16.8%, y la rural subió 0.8%, registrando un 43.8%. Paradójicamente, la pobreza se redujo en Quito y significativamente en Guayaquil. Respecto al grado de concentración del ingreso, medido mediante el coeficiente de Gini, aumentó en Quito y Guayaquil, pero se reduce levemente en Cuenca, Machala y Ambato.

De los datos, se comprueba la reducción de la tasa de trabajo adecuado y aumento de las de desempleo y subempleo que se explican por el débil crecimiento económico y la política de austeridad del gobierno. Sin embargo, este año, al parecer, según lo ha señalado un ex Ministro de Finanzas, no se ha realizado lo más fuerte del ajuste, y, por otro lado, el gobierno ha anunciado para Setiembre de este año el envío de dos proyectos de ley: reforma tributaria y reforma laboral, a los que se agregaría, en Agosto, de este año, otras reformas al Código de Finanzas Públicas, Empresas Públicas, Alianzas Público-Privadas y al mercado de valores.

En consecuencia, si lo más fuerte del ajuste se aplica en el siguiente año y entran a regir las dos reformas estructurales señaladas, en el 2020 se acentuaría la austeridad con lo que se augura un segundo año de contracción económica, y, por la vigencia de la reforma laboral, aumento del desempleo y subempleo, con un incremento de los niveles de pobreza, concentración del ingreso y, por ende, deterioro de los niveles de vida de la población.

En el reciente convenio con el FMI el gobierno se comprometió a realizar varias reformas estructurales, que implican cambios profundos, en varias áreas, entre ellas, al sector público. Incluso antes de que se firmará dicho convenio el gobierno aplicó una serie de medidas para reducir su tamaño. En este artículo revisaremos las medidas que vendrían y sus efectos.

La reducción del tamaño del estado, en el esquema del FMI, es por varias vías. Una es a través de la privatización, o sea la venta de propiedades y empresas del sector público o la privatización de la administración, o sea una concesión (eufemísticamente llamada monetización de activos públicos), mediante el cual una entidad pública pasa a ser dirigida por privados mientras que la propiedad queda en manos del estado. Una segunda forma, es la eliminación y fusiones de instituciones públicas. Una tercera, es la reducción del personal del sector público. De todas estas formas, al parecer, el único que no se ha comprometido el gobierno es la privatización de propiedades públicas.

Como señalé, al principio, el gobierno tomó varias medidas, para reducir el tamaño del Estado, incluso antes de la firma del convenio con el FMI. En efecto, se eliminaron los contratos ocasionales del sector público, luego vino la fusión y eliminación de varias entidades públicas. En febrero, se dispuso la reducción del 10% de empleados de Empresas Públicas (CNT y Petroecuador, ya la ejecutaron, incluso el IEES, que es autónomo). Con esto, se buscaba disminuir el número de burócratas que concuerda con el objetivo del achicamiento del tamaño del estado:  la reducción del déficit fiscal. En efecto, en la primera revisión del convenio con el FMI, el primer semestre, de este año, registra una reducción de 65 millones de dólares en la masa salarial.  Sin embargo, el déficit fiscal aumentó por el mayor gasto en pago de intereses de la deuda, gasto en mantenimiento y el 40% para pensiones jubilares. Para tratar de cumplir con la meta, pactada para este año a fin de reducir el personal del sector público, se debe reducir en 435 millones la masa salarial en el gobierno, IESS y empresas públicas. Con este propósito se dictó el acuerdo interinstitucional No. 0001 entre Senplades, Ministerio de Finanzas y Trabajo, de Junio de este año, mediante el cual se dispone la reorganización en el territorio (zonal, distrital y circuital) y en la Administración Pública Central. Para el primer caso, se establece la eliminación de la duplicación de la presencia en territorio (las unidades desconcentradas asumirá las funciones de las oficinas técnicas). Habrá una reestructuración orgánica, en unidades desconcentradas con cobertura zonal o pluricantonal,  mediante el cual se elimina personal, que será dirigida por un jefe de nivel jerárquico superior. Esta reestructuración incluye al sector salud, que implica la reorganización de hospitales que incluye su optimización en 3 meses. O sea, que si se van a ver afectados los gastos sociales.

El siguiente paso es la concesión de varias empresas y entidades públicas. Están en la lista CNT, hidroeléctricas (Sopladora y Coca Codo Sinclair), empresas eléctricas (distribuidoras), refinería de Esmeraldas, Banco del Pacifico e inclusive hospitales del IESS. En el caso de CNT e hidroeléctricas son empresas rentables y se las va a concesionar a largo plazo. En la primera, eso implicará reducción de personal y, posiblemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones, lo que implicará que el mercado determinará el precio de telefonía fija, celular, internet, y TV por cable. Respecto a las hidroeléctricas, es factible que aumente el precio de la electricidad, dependiendo del proyecto de unificación de las empresas de distribución, que concesionarían. Las entidades privadas que administrarían éstas establecen sus condiciones y el gobierno recibirá un canon por el alquiler de la infraestructura.

En el convenio con el FMI, firmado recientemente por el gobierno, se acordaron metas tanto para los desequilibrios de corto plazo como en las reformas estructurales. En el primero, al parecer el gobierno está teniendo dificultades para cumplir, por lo que ha pedido cambios al FMI en las metas de RMI,  déficit fiscal primario no petrolero, gasto social y precio del petróleo. En este artículo, pasaremos revista a los dos primeros.

En cuanto a la RMI, fuera de la definición de éstas, al parecer no podrá cumplirse con la meta establecida para el segundo y tercer trimestre de este año. A pesar de que ha recibido una serie de créditos de organismos multilaterales, que aumentan la RMI, sin embargo se enfrenta a dificultades pues tiene que cubrir pago a proveedores, habrá una menor producción petrolera y, al parecer, la deuda que tiene la banca pública con el Banco Central no podrá ser cubierta en esos períodos. Al 28 de Junio, de este año, la posición neta de divisas alcanzó 3.091 millones de dólares. La meta de las RMI brutas a fin de año es 4.999 millones En realidad, el factor que está presionando para no alcanzar la meta de RMI, para esos periodos, es el aumento del servicio de la deuda externa por varios préstamos internacionales incluidos los de las multilaterales (FMI, BM, BID y FLAR). Los créditos externos, en los dos primeros años de gobiernos, alcanzan más de 10.000 millones de dólares que implican mayores pagos por el servicio de la deuda. En efecto, a Junio de este año, el país realizó por este servicio 1.708 millones de dólares, 286 millones más que en el primer semestre de 2018. Según el diario digital La Fuente, el primer ministro de Finanzas, de este gobierno, gestionó un crédito del FLAR por 637 millones de dólares, que habría sido aprobado recientemente. Sin embargo, según dicho diario, en Noviembre de 2017, el presidente ejecutivo del FLAR, reitera que dicho crédito fue aprobado pese a que el riesgo de la operación de préstamo era alto.

Respecto al déficit fiscal primario, en el primer semestre de este año, fue de 685 millones de dólares. Esto se explica porque los ingresos petroleros, en relación al mismo periodo del año pasado, cayeron 872 millones de dólares que no fue compensado por el aumento de casi de 200 millones de dólares de los principales impuestos. A pesar de que, entre los principales gastos, en relación al mismo periodo del año pasado, la reducción salarial fue de 65 millones y la disminución de la inversión de 1078 millones, sin embargo, el servicio de la deuda aumentó 286 millones. El gobierno, pese a una reducción importante en la burocracia y en la inversión pública no ha podido disminuir el déficit fiscal, en el primer semestre, lo que compromete el cumplimiento de la meta para este año que es alcanzar un equilibrio fiscal, por ello pide el ajuste de la meta del déficit fiscal primario que es de 2.7% del PIB. Ello implicará, que el gobierno seguirá reduciendo el personal del sector público y para eso dictó a fines de Junio de este año un acuerdo interinstitucional para la reorganización de la reestructuración del gobierno central (Quito) y en territorio (provincias) y va a continuar con su política de atrasar la ejecución de la inversión pública y retraso de pago a proveedores. Sin embargo, Fausto Ortiz, ex Ministro de Finanzas, señaló que el FMI flexibilizaría las metas para este año y que lo más crítico del ajuste será en el siguiente año.

En este año, el gobierno, deberá cumplir con las metas ajustas y las reformas estructurales, para acceder a los nuevos desembolsos del FMI y organismos multilaterales, sino corre el riesgo de incumplir el acuerdo con el FMI lo que significaría la no recepción de sus desembolsos y de los multilaterales, con lo que la situación financiera y económica se complicaría aún más en el país, habida cuenta que ya el FMI pronosticó una contracción económica de 0.5% en este año, lo que significa más desempleo, aumento de la pobreza y reducción de las condiciones de vida.

El Banco Central acaba de publicar el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, en el que proporciona datos oficiales sobre el sector real. En este artículo analizare la evolución económica  en ese período y las perspectivas para el año 2019.

Según dicha publicación el crecimiento en el IT fue de 0.6% en relación al mismo período del año anterior. Influyeron principalmente en esta evolución las exportaciones y el consumo de hogares. Las exportaciones crecieron 6.4% y las importaciones 0.7%, lo que incidió en un saldo positivo de la balanza comercial en dicho periodo. El consumo de hogares en cambio creció 1%. Sin embargo, hay una reducción de 2.3% de la inversión total.

El crecimiento sectorial registra que los sectores reales con mayor ritmo de actividad fueron: acuicultura y pesca de camarón (12.2%), electricidad y agua (6.7%) y petróleo minas (1.9%). Sin embargo, entre  los sectores de menor crecimiento se ubican agricultura (1.3%) y manufactura (0.9%). De los sectores que decrecieron están construcción (-3.3%) y comercio (-0.7%).

A la caída de la inversión total, contribuyó la reducción de la inversión pública. En el I Semestre de 2019 esta fue de 2.272 millones de dólares, que significó una reducción de 1.072 millones, respecto al mismo período del año anterior, o sea un 1% del PIB. La significativa disminución de la inversión total y el negativo o bajo crecimiento de los sectores más generadores de empleo (construcción, comercio, agricultura y manufactura incidió en el mercado laboral. En efecto, la tasa de empleo adecuado cayó 3.2% en relación al mismo periodo anterior, la tasa de desempleo creció 0.2% y se ubicó 4.6% y, la de subempleo, también aumentó 0.3%, alcanzando 18.7%. Esto se explica por el bajo crecimiento económico, peor desempeño de los sectores generadores de empleo y los despidos en el sector público.

Este débil desempeño macroeconómico también incide en el aumento de la pobreza. No hay datos, de ésta para el I T de 2019. A diciembre, del año pasado, la pobreza a nivel nacional alcanzó 23.2%, y la pobreza extrema 8.4%. En la pobreza por ingresos, inciden el desempleo y el aumento del costo de la canasta básica. Como ya señalamos el desempleo aumentó ligeramente a $ 715,83 a Junio del presente año.

El déficit fiscal en el I semestre, de este año, alcanzó 685 millones de dólares. El gobierno se comprometió a una meta de superávit fiscal primario de 2.7% del PIB, lo que implica que para tratar de acercarse a esta meta debe seguir despidiendo burócratas, reducir aún más la inversión pública y seguir con retraso al pago de proveedores. Los créditos de los organismos multilaterales se están acumulando para incrementar la RMI, que es otra de las metas que debe cumplir el gobierno con el FMI, lo que implica que no se utilizarían inmediatamente para el destino previsto en los contratos de financiamiento. Esto significaría mayor contracción de la economía con un deterioro en el mercado de trabajo.

La proyección de crecimiento del FMI en 2019 es de una contracción de -0.5%, lo que implica un retroceso en el nivel de actividad económica, deterioror del mercado de trabajo así como incremento de la pobreza e indigencia. El ajuste está afectando al desempeño de la economía y consecuentemente habría un aumento del desempleo y subempleo y una caída del nivel de vida de la población. Las reformas estructurales (reforma laboral, fiscal y seguridad social) implicarán para el siguiente año un mayor deterioro de la situación social.

En el convenio firmado con el FMI el gobierno se comprometió a realizar un ajuste y una serie de reformas estructurales. Entre éstas consta la reforma institucional al Banco Central, cuyos objetivos generales constan en la Carta de Intención. La Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y el representante del Presidente ante la Junta Monetaria Financiera han dado a conocer algunos aspectos de tal reforma, que pasamos a analizar.

En una entrevista de la Gerente, en el diario El Universo, de Junio de este año, señala que tres serían las reformas importantes. Una, devolverle la autonomía administrativa, financiera, laboral y de compras públicas. Dos, fortalecer el balance del BCE y la RMI, con capitalización. Y tres, que vuelva a ser el tercero confiable, en cuanto opinión técnica económica.

Debe recordarse que, en el gobierno de Correa, se le quito la independencia al BCE y paso a ser parte del Ejecutivo. Se eliminó el Directorio del BCE y se lo reemplazó por una Junta Monetaria Financiera (JMF), a cuyas decisiones tenía que atenerse el BCE. La dependencia del Ejecutivo permitió que el BCE le preste recursos al gobierno a través de la compra de bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas (MF). Según la Gerente la deuda del MF con el BCE es de 2.891 millones y de 1.883 con la banca pública. La contrarreforma impediría que el BCE le presté al gobierno y habría una devolución de los préstamos de ambas instituciones, con un plan de pagos, por parte del MF, para recapitalizar al BCE. La cancelación de la deuda, según dicho plan, sería hasta 2014 con la banca pública y hasta el 2016 con el MF.

En cuanto a la independencia, se le devolvería su autonomía, en los cuatro ámbitos señalados por la gerente, lo que implica, entre otros aspectos, la restauración del directorio del BCE. Antes de la reforma monetaria, del gobierno de Correa, este directorio era propuesto por el Presidente y el Congreso elegía a sus miembros. Ver artículo en este blog (La Reforma Monetaria Financiera, 18/Marzo/2019). La contrarreforma propone que se vuelva a elegir de la misma forma que se elegía antes de la reforma. El riesgo es que este directorio sea influido por la banca como sucedía antes de la reforma del gobierno anterior.

Actualmente, el directorio de la JMF, toma las decisiones de política monetaria. La contrarreforma implicaría que sea el directorio del BCE quien maneje dicha política, lo que significaría que fijaría las tasas de interés y otras variables de política monetaria. Actualmente, la legislación establece un sistema de tasas de interés, entre las cuales hay una tasa máxima fijada de acuerdo a una formula. En la carta de intención, se entrevé la liberalización del mercado monetario,  para darle más competitividad a este mercado, lo que implicaría eliminar dicha tasa, lo que conllevaría a que cada banco fije su tasa. En una entrevista, en el diario El Comercio, la Gerente declara que la JMF regularía la parte financiera y de valores. En cambio, el Banco Central retomaría el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Volvería a ser el regulador en éstas áreas. La contrarreforma monetaria que, favorecería a los bancos, se complementaría con la contrarreforma en el mercado de valores que devolvería la potestad de tener casa de valores, cías. de seguros e intermediarias financieras a los bancos.

El gobierno realizó la recompra de los bonos 2020, el Banco Central anunció que la tasa de crecimiento de 2019 será de 0.2%, las manifestaciones de los maestros jubilados por el pago de incentivo de jubilación y el cierre de carreteras por agricultores que vendieron a la UNA son algunos de los eventos que ponen de manifiesto las dificultades y problemas que enfrenta el gobierno.

El gobierno recompró 1175 millones de dólares en Bonos 2020 y los canjeo por 1125 millones de Bonos 2029, con lo que logró un reperfilamiento de la deuda externa. En otras palabras, canjeo los bonos 2020, que implicaban un fuerte pago de capital el próximo año, y desplazó su pago para después de 9 años, o sea, en 2029. La reestructuración del plazo de la deuda significa que el país debe pagar un monto mayor de intereses. El gobierno, en sus dos primero años de su período, se ha endeudado en 8.800 millones con bonos soberanos, mil millones más que en todo el período de 4 años del gobierno anterior. Este agresivo endeudamiento, se debió a que aplazó el ajuste y aumentó la deuda para mantener el nivel de actividad económica. En otras palabras, no se tomaron las medidas económicas a tiempo para resolver los desequilibrios macroeconómicos, en los dos primeros años. La recompra obedece a evitar un pago que no podía cubrirse por la iliquidez de la caja fiscal a pesar del acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales que le aseguran un flujo condicionado de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Por otro lado, la gerente del Banco Central anunció que la proyección del crecimiento para 2019 será de 0.2% argumentando que es debido al ajuste pero justifica el aumento del PIB por el crecimiento de los depósitos, el crédito y consumo de hogares en abril. Sin embargo, en el convenio con el FMI este organismo estableció que habría una contracción de la economía de -0.5%, precisamente por el ajuste, y el Banco Mundial acaba de anunciar que el crecimiento sería cero para este año.  La iliquidez de la economía, de la caja fiscal, la restricción del crédito, la contracción de algunos sectores como el de la construcción, el aumento del desempleo, etc. muestran a las claras que vamos camino a una recesión económica. No se puede negar que las tendencias están conduciendo a un decrecimiento de la economía.

Hay otros eventos que revelan los problemas de iliquidez de la caja fiscal. El primero, es la huelga de hambre de los maestros previo al informe a la Nación por el gobierno por cumplirse el segundo año. La medida extrema de los maestros obligó al gobierno a negociar para que terminen con la huelga y comprometerse al pago del incentivo por la jubilación. El segundo, es el cierre de carreteras de agricultores de la provincia de Los Ríos que protestaban por el no pago por la venta de sus productos a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El tercer, se refiere a que continúan los atrasos a los proveedores que llevó al gobierno a decidir que la solución pasaría por el SRI, lo que supuestamente llevaría a descontar de los pagos atrasados los impuestos adeudados por los proveedores. El cuarto, en un hospital público, de Quito, enfermeras y médicos denunciaron que no habían los insumos médicos para realizar operaciones, según medios de comunicación.

Todos estos eventos reflejan que sigue la iliquidez en la caja fiscal en 2019 y la situación se complica más por todas las reformas exigidas por el FMI. A más de la contracción de la economía que traerá más desempleo en 2019 y caída del nivel de vida, el gobierno tendrá que enfrentar los conflictos por las reformas a la seguridad social y la reforma laboral. La primera por el aumento de la edad de jubilación y mayor aporte de los trabajadores al IESS y, la segunda, por la flexibilización laboral, eliminar el pago de horas extraordinarias para días festivos y horas extras así como reducir indemnización por despidos. En síntesis, el ajuste lo terminan pagando trabajadores del sector público, privado, afiliados  y jubilados del seguro social.

Según datos de prensa, que tiene como fuente al diario azteca El Financiero, Ecuador es el quinto destino de las inversiones mexicanas en A. Latina y el Caribe, con un total de 1.472 millones de dólares entre 2002 y 2013.

Las empresas mexicanas han trazado una estrategia en A. Latina basadas en la expansión del mercado y aumento de competitividad para trasladarse otros países. Entre las grandes inversiones en Ecuador está de América Móvil (Claro), de telefonía celular, que es el operador dominante en nuestro país, continua expandiendo sus negocios con TV satelital, internet y dinero electrónico.

Otra línea de inversión es en la rama de bienes de consumo no durables, principalmente en la  subrama  bebidas y alimentos. En la primera, la empresa  ARCA, la segunda embotelladora de Coca Cola en A. Latina,  compró a la empresa nacional que explotaba esta marca. El año pasado, en Machachi, inició en 2014 la construcción de una nueva planta, la cuarta de la empresa, que representa una inversión de 80 millones de dólares. Pero no solo se trata de bebidas gaseosas (colas), sino también del mercado de agua, jugos y otros. Además, adquirió a la empresa INALECSA que produce snacks, que acaba de iniciar la exportación de chifles a Chile. Para diversificar sus productos, también compró la mayoría de las acciones de TONICORP, construyendo una nueva planta, y ahora producirá yogur, bebidas de té, quesos, etc. con lo que se convertirá en un fuerte competidor de las empresas nacionales en estos mercados.

En cárnicos, la empresa SIGMA adquirió a Juris que produce salchichas, chorizos, morcilla, chuletas, tocino, jamones y otros productos relacionados. La primera compañía forma parte del poderoso Grupo Alfa que explota acero, hierro, petroquímica, autopartes, energía, etc. Tiene inversiones en Centroamérica, Estados Unidos, Europa, India, etc.

En panadería, el grupo Bimbo compró a la empresa ecuatoriana Supan, la cual está produciendo, en el país, pan de molde y otros productos derivados, compitiendo con las empresas nacionales. Este grupo tiene presencia en 22 países de América, Asia y Europa. Es una gran empresa panificadora que produce además snacks, botanas, dulces, etc., pronto será la empresa dominante en el mercado nacional.

En la subrama de plásticos, ARCA adquirió a las empresas Plásticos Ecuatorianas y Dipor que producen envases y contenedores plásticos. Otra línea de inversión mexicana, en tuberías de plásticos. La empresa Plastigama pasó a manos de Mexichem, que opera a través de Amanco que tiene operaciones en Centroamericana y otros países de A. Latina.

Finalmente, Zermat Internacional instaló una planta en Quito para producir perfumes, la cual abastecerá además a los mercados de Perú, Paraguay, Bolivia y Colombia. Además comercializa cosméticos, ropa interior, bisutería, etc. en Centroamérica.

Se concretó la compra de la cadena farmacéutica Fybeca (de la Corporación GPF) que opera la cadena Sana Sana por parte de la empresa mexicana FEMSA que tiene, entre otros negocios, una red de farmacias en Chile. A eso se agrega, la compra de Rizobacter, especialista en el manejo de plagas, por parte de Agroperadora de Silos y Granos (capital mexicano-canadiense). La inversión mexicana en el país se ha realizado principalmente por compra de empresas por grandes grupos, que operan en muchos países y con diversificación de productos. Estas empresas mexicanas operan en su país en mercados oligopólicos y aplican prácticas mercantiles de éste carácter.

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