La coyuntura económica y social de Argentina se está deteriorando, sus principales indicadores van a la baja y el gobierno parece no controlar la situación y, más aún, la situación política se complica dada las próximas elecciones, por la baja de aceptación del gobierno.

En el sector real, al cuarto trimestre de 2018, había 7.6 millones en la informalidad,  5.2 millones de trabajadores por cuenta propia, el desempleo aumentó a 9,9% y el subempleo alcanzó 12.8%. Está tendencia causó deterioro social. Así, el nivel de pobreza de los hogares paso de 19.6% a 23,4% entre el I y II T de 2018 y, en los mismos períodos, el nivel de indigencia de los hogares aumentó de 3.8 a 4.8%. En 2019, el nivel de actividad está cayendo. Según el diario Ámbito Financiero, en marzo, de este año, la industria cayó -13,4%; en abril, la producción automotriz se contrajo en 34% y, la construcción, en el primer trimestre acumula caídas por -11.3%. En 2018, la contracción de la economía fue de -2.5% y, con los datos señalados, la crisis fue aún más, por lo que debieron haber deteriorado los indicadores antes señalado, por lo que hubo aún más agravamiento de las condiciones del mercado de trabajo.  

El tipo de cambio, sigue en continuo aumentando. Al 1 de Abril la cotización del dólar minorista alcanzó 43.8 pesos y al 14 de Mayo llegó a 46.1, o sea, en mes y medio, la devaluación fue de 5.2%, lo que implicaría que el dólar podría llegar, a fines de 2019, 50 pesos o más, dependiendo de la situación política. Este aumento del tipo de cambio conduce a más inflación. En abril, si bien la tasa de inflación bajó a 3.4% la anual llegó a 55.8%. Se espera además un ajuste del precio de las naftas y del gas, lo que incrementaría el ritmo de alza de precios. Si sigue esta tendencia, la inflación alcanzaría al fin de año alrededor de 60%. Consecuentemente, el poder de compra de la población va cada día disminuyendo. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno reimplantó el programa de precios cuidados, un acuerdo con empresas para limitar el alza de precios, que tenía 56 productos. Dado el aumento de la inflación, se decidió incluir 543 productos dentro de ese programa. De este hay unos productos esenciales cuyos precios se mantendrán congelados hasta Octubre de 2019.

Para controlar el tipo de cambio el gobierno utiliza dos mecanismos. La venta de reservas y aumento de la tasa de interés. El primero significa un drenaje de la RMI y, con el segundo, la tasa ha llegado hasta 70% para restar liquidez y frenar la compra de dólares. La tasa interbancaria llegó, al 13 de Mayo, a 68%, lo que significa que la tasa activa bordearía el 80%. Esta política de tasa de interés conduce a mayor costo financiero para la actividad productiva, generando más recesión.

La situación política genera más incertidumbre. La tasa de aceptación de Macri es negativa (-31-7%) y sigue cayendo mientras que la de Cristina Kirchner aumenta. El triunfo del peronismo en Córdoba reeligiendo al gobernador y el anuncio de la Confederación General de Trabajadores para el 29 de Mayo agrava el escenario. En síntesis, el gobierno de Macri parece no tener bajo control a la economía. El círculo vicioso devaluación-inflación-aumento de la tasa de interés genera más contracción de la economía, aumento del desempleo y subempleo e incremento de la pobreza e indigencia. Con el cumplimiento de los condicionamientos del FMI y su política de austeridad lleva a más recesión. Al parecer el gobierno está envuelto en este círculo perverso del cual le es difícil salir. El descontento y deterioro social sigue aumentando y, con una posibilidad de perder las elecciones, al parecer, el gobierno de Macri llega a su fin y la posibilidad del triunfo del peronismo genera mayor incertidumbre y proyecta un escenario económico más complicado.

Tanto en la situación y política económica y social de Argentina y Ecuador hay coyunturas y acciones parecidas pero también en política. Macri enfrenta una coyuntura económica complicada por la subida del dólar, recesión, aumento del desempleo, pobreza e indigencia y convenio con el FMI. Moreno afronta una recesión, aumento del desempleo y pobreza, desequilibrios macroeconómicos y un convenio con el FMI. Ante esta difícil situación ambos gobiernos han propuesto el diálogo como una estrategia política para desviar la atención de los críticos problemas socioeconómicos.

En efecto, Macri presentó 10 puntos para ser discutidos entre las fuerzas políticas y alcanzar a un pacto de estabilidad, que son: equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, crecimiento de las exportaciones, seguridad jurídica, creación de empleo a través de legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, consolidación del sistema previsional que de seguridad a jubilados actuales y futuros, reglas para transferencias a gobiernos provinciales, sistema de estadística profesional y cumplimiento de obligaciones con los acreedores. Los puntos claves de este diálogo son la reforma laboral, alcanzar equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, la reducción impositiva y la reforma a la seguridad social. Es una estrategia política de Macri, que básicamente trata de obtener alianzas con otras fuerzas políticas y dividir al peronismo para buscar su reelección.

En el caso de Moreno, en cambio se trata de alcanzar un Acuerdo Nacional con la sociedad civil, gremios y partidos políticos sobre los temas de Educación, Seguridad Social; Competitividad, Empleo e Innovación; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones. Según el Vicepresidente se trata de obtener consenso con varios sectores. El telón de fondo de dicho diálogo es el acuerdo con FMI y la contrarreforma institucional que está llevando a cabo el régimen. En el convenio con dicho organismo internacional hay el condicionamiento de varias reformas estructurales entre las cuales están la reforma laboral, lograr equilibrio fiscal, la reforma a la seguridad social,  la reestructuración del Banco Central y, algo implícito que es el pago de la deuda externa. Entre los aspectos básicos de la contrarreforma institucional se incluye la reforma judicial, los cambios en el CPCCS, reforma al Código de la Democracia, etc.

Entre estos, los temas más conflictivos son la reforma laboral, la reforma a la seguridad social y el equilibrio fiscal (que implica mayores ingresos públicos y recorte de gastos). Así como se hace en los proyectos de infraestructura que tienen impacto ambiental cuya primera actividad es la socialización del proyecto y detectar la reacción de la población a fin de viabilizar el mismo, el diálogo nacional lo que busca es sensibilizar y convencer a la gente de los beneficios de las reformas para aumentar el empleo, darle viabilidad financiera a la seguridad social y la necesidad de obtener más recursos a través de mayor recaudación de impuestos a la gente y no a empresarios (ya que desalentaría la inversión) y reducción del tamaño del estado. En otras palabras, el llamado Acuerdo Nacional es un camuflaje y manejo mediático para darle opacidad a los efectos sobre el bienestar de la gente del paquete de reformas exigidos por el FMI, así como las medidas que se aplicarían para desmontar la reforma institucional del régimen anterior y desbrozar el camino para el imperio del mercado libre en los mercados de trabajo, bienes y financiero. En suma, una política neoliberal que prepare el terreno para el funcionamiento, sin cortapisas, de una economía de mercado y darle más poder a un gobierno de derecha.

Es claro que se necesita un cambio estructural pero este no debe hacer recaer el peso de la crisis sobre los sectores mayoritarios, sino que debe implicar sacrificio sobre todo para  los sectores que más recursos tienen. Las reformas del gobierno conducen a mas concentración del ingreso y la riqueza, se requiere más bien desarrollo con equidad, reparto más equitativo del ingreso y riqueza, mayor empleo, reducción de la pobreza y aumento de la calidad de vida de todos, en particular de los más vulnerables. Se trata de la visión corporativa torcida que busca la implantación de un capitalismo salvaje.

El gobierno ha trazado un camino en lo político, económico y social que genera una serie de efectos en el país y en la sociedad que llevan a preguntarse ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? En este artículo, tratamos de responder a estas interrogantes.

En lo político, el gobierno ha desbaratado al movimiento Alianza País y con las últimas elecciones seccionales ha logrado reducirlo a casi nada. En efecto, ha perdido espacio político que ha sido llenado por la derecha y movimientos nuevos, con sus políticas y errores ha terminado en un régimen débil y con escasa credibilidad, que marcan el ocaso del mismo. Ha pactado con la derecha para abrirle el camino del acceso al poder.

En lo económico, en el primer año, su aplazamiento del ajuste, llevó a una profundización de los desequilibrios macroeconómicos y endeudamiento externo. En este segundo año, antes y con el convenio con el FMI, dio un giro en la política económica hacia el neoliberalismo, aplicando medidas de austeridad, ajuste y reformas estructurales exigidas por este organismo internacional y con un cronograma estricto. Así, para Junio, de este año, se presentarán proyectos de ley para una reforma laboral (flexibilidad que, según el FMI, abarata la contratación y despido, incentivará el empleo) y  reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas que fortalecerá el papel del Ministerio de Finanzas, establecerá las reglas de austeridad y eliminará instituciones, entre ellas, Senplades. En Octubre, le tocará el turno a la reforma fiscal que aumentara tasa de impuestos (IVA) y/o ampliará la base de otros, eliminará exenciones de impuestos a la renta y otros, se establecerá una estructura impositiva en que predominará la tributación indirecta y se eliminará el ISD. A eso se suma la reforma a la seguridad social que, a fines de año o inicio del siguiente, implicará el aumento de la edad de jubilación, el incremento del aporte de los afiliados y la eliminación de algunos servicios prestados. Este conjunto de medidas y otras generaran un efecto recesivo (reconocido por el FMI, que establece crecimiento negativo para 2019), contrayendo la economía, aumentando el desempleo, crecimiento del sector informal, disminución del nivel de vida y aumento de la pobreza.

En lo social, como ya hemos señalado, el impacto de las medidas obliga a un reforzamiento de los programas sociales del Plan Toda una Vida, revisión del Bono de Desarrollo Humano, del programa para discapacitados y de la tercera edad. A eso se agrega, el plan de vivienda, que permitirá entregar a los más pobres viviendas subsidiadas.

En síntesis, el camino trazado, en lo político, destruyó Alianza País y abre el camino al poder a la derecha; en lo económico, para reducir los desequilibrios macroeconómicos implicará una política que busca favorecer la inversión privada, reduciendo impuestos y dando incentivo, un restablecimiento del mercado libre –mercado de trabajo y de combustibles-, concesiones de empresas públicas que favorecerán a los empresarios; la liberalización del mercado del dinero (eliminación de topes a tasa de interés) y reformas al mercado de valores que aumentaran la rentabilidad del sistema financiero y una reforma a la seguridad social cuyos costos lo pagaran afiliados y jubilados.  En lo social, se resume en que el peso de la crisis caerá sobre los sectores más débiles de la sociedad y la contracción de la economía sería de por lo menos de un cuatrieno.

Como he señalado, en los artículos anteriores sobre este tema, el acuerdo con el FMI tiene condicionamiento de reformas estructurales en varias áreas en las que se incluye la del mercado de valores. En este artículo, revisaré lo que estaría detrás de esta reforma específica que estaría ligada a intereses corporativos.

Señalé en un artículo en Setiembre de 2013, en el diario público, “El mercado de valores, es la fuente alternativa de financiamiento a la banca a menor costo y mayor plazo. Funciona con emisiones de valores de empresas (obligaciones, titularizaciones, etc.) que son vendidas a inversionistas captando recursos  para financiar sus proyectos de inversión. Actualmente dicho mercado está en declive principalmente por la menor participación del BIESS en el mismo.”…”En 2009 el Banco Central elaboró el proyecto de ley de mercado de valores y hasta Marzo/2013 el  Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañias (Supercias) y el Ministerio Coordinador de la Política Económica reelaboraron y recortaron  el proyecto original.” Entre los principales objetivos del proyecto del Banco Central constaban: la ampliación y dinamización del mercado de valores, democratización del capital y financiamiento, aumento de la confianza y seguridad del inversionista.

En Mayo de 2014 se aprueba la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, una reforma a ley de mercado de valores, que si bien mantiene los principios señalados elimina algunos mecanismos establecidos en el proyecto del Banco Central. Entre los principales cambios están: se elimina el Consejo Nacional de Valores y se lo sustituye por la Junta de Regulación del Mercado de Valores (integrado solo por ministros), se define la banca de inversión (BIESS y casa de valores), las Bolsas de Valores pasan a ser compañías anónimas, se dan incentivos a la emisión de títulos, se obliga a las dos bolsas a formar un solo mercado, se regula los conflictos de intereses, se crea el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, etc.  La reforma además perseguía, como señalé en otro artículo sobre este tema, que “Hay también problemas de gobierno corporativo, se presenta el conflicto principal-agente y no ha habido renovación en la máxima autoridad del Directorio de las bolsas, sobre todo en el caso de Guayaquil, y los miembros de éste tienden a ser los mismos.  Se requiere una renovación en el máximo nivel directivo de las bolsas, de un CEO, agentes que dinamicen y le den un nuevo rumbo a este mercado. O sea  un recambio generacional.”  Esta reforma se complementa con otras disposiciones legales (Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 y la ley de poder de mercado) que obligó a los bancos a vender sus casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros. En Setiembre de 2014, con la expedición del Código Monetario y Financiero, se realizan nuevos cambios a la ley de Fortalecimiento.

Los datos de la evolución del mercado de valores ecuatorianos muestran que, en 2010, la Oferta Pública Autorizada fue de 1500 millones, concentradas en papeles de renta fija y a corto plazo, si bien en 2012 aumentó a 2000 millones, sin embargo, en 2014 vuelve al nivel de 2010, para que en 2015 y 2016  baje a la mitad de lo emitido en 2010. En otras palabras, el mercado sigue siendo poco dinámico, concentrado en renta fija y a corto plazo, por lo que no ha significado el desarrollo del mercado de valores.

Si bien ya las propias Bolsas de Valores plantean una nueva reforma al mercado de valores para dinamizar dicho mercado, el gobierno enviará el proyecto de ley de Fomento Productivo dos que tendría detrás, como ya señale en artículo de Febrero de 2019, devolverle la potestad a los bancos privados de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros, con lo cual las instituciones financieras pasarían a controlar el mercado de valores y obtener recursos para sus actividades crediticias y de inversión en detrimento de la dinamización y crecimiento del mercado de valores.

En los tres artículos sobre este tema he señalado el ajuste fiscal y las principales reformas estructurales que se aplicarían. Del primero, se busca la reducción del déficit fiscal vía la reducción del gasto (eliminación de subsidios y recorte de gasto corriente e inversión) y aumento  de los ingresos (impuestos). De las segundas, se aplicaría una reforma del estado (achicamiento de su tamaño vía privatización: concesiones), reforma a la seguridad social (aumento de la edad de jubilación y aumento del aporte al IESS), reforma laboral (nuevos tipos de contrato, reducción de coste de contratación y despido, limite al salario mínimo, etc.), reforma al Banco Central (restitución de su autonomía y reimplantar su directorio, etc.) y límites al endeudamiento externo.

Se aplicarían además medidas para velar por la estabilidad financiera y reforma al mercado de valores. Tanto el ajuste y las reformas estructurales tendrán un efecto recesivo por lo que habrá una contracción económica (-0.5% en 2019, según el propio FMI), lo que implicaría el aumento del desempleo. En efecto el desempleo, a Marzo de 2019, con respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 3.2%, o sea 261.000 fueron a la desocupación pero además aumento el subempleo y el trabajo informal. Como consecuencia de la contracción económica se prevé el aumento del riesgo de la estabilidad financiera, por lo que el FMI exige limitar el endeudamiento de los hogares, lo que significa restrongir y reducir el crédito a este sector. Pero en una contracción, cae la demanda agregada, lo que implica menos ventas para las empresas y en consecuencia menor capacidad de pago, lo que llevaría al aumento de la morosidad crediticia, lo que significaría el aumento del riesgo de liquidez y solvencia de los bancos. Para enfrentar estos, el FMI recomienda revisar el papel de la red de seguridad financiera y mejora de la resolución bancaria (que se aplica en caso de quiebra o cierre de una institución financiera) y adecuación del fondo de liquidez (que hace prestamos cuando los bancos reducen sus fondos líquidos) y de la garantía de depósitos (que devuelve depósitos de las instituciones financieras –hasta el mondo de la garantía- cuando quiebran o son liquidadas). Pero también se busca apoyar al sistema financiero y hacerlo más competitivo con una posible revisión del sistema de tasa de interés que se aplica que tienen un techo para evitar la usura. Esa decisión está relacionada con la reforma al banco central en lo referente a la restauración de su Directorio que retomaría el diseño y regulación de las tasas de interés que podría implicar la liberalización del mercado del dinero, que llevaría a que cada banco establezca su tasa de interés. Como se señala en la Carta de Intención, el FMI dice que para hacer más competitivo al sistema financiero  hay que eliminar los límites máximos de las tasas de interés y sustituir las regulaciones de liquidez por requisitos mínimos de liquidez.

Dentro del sector financiero privado, ante una contracción económica, el segmento que vería aumentado su riesgo de liquidez y de solvencia sería el de cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En efecto, la política del primer Superintendente de Economía Popular y Solidaria, fue depurar las COAC para dejar solo las más financieramente sanas. Ante una crisis económica, las COAC que tengan debilidad en liquidez y solvencia, son las que más riesgo corren, por lo que se estima que se continuará con una política de mayor control y seguimiento a éstas a fin de mantener la estabilidad sistémica de las COAC y continuar con dicha política de depuración así como evitar el deterioro de los recursos del fondo de liquidez y seguro de depósitos, que son mecanismos para mantener dicha estabilidad y credibilidad en el sistema financiero. En la entrega final de esta serie de artículo sobre este tema trataré sobre la reforma al mercado de valores.

En un artículo, publicado en el diario público, señalé que la seguridad social pública tiene un déficit actuarial incluido el IESS, sobre todo el referido al fondo de pensiones y seguro de salud, por las inadecuadas políticas aplicadas. He mencionado además que el déficit global del sector público incluye a gobierno central, empresas públicas y seguridad social, y que el déficit de ésta última aumenta el déficit global. En la carta de intención, firmada por el actual gobierno, se estipula una reducción de dicho déficit, lo cual implica reducir el déficit de la seguridad social.

No se conoce el nivel actualizado del déficit actuarial del IESS, que sería en Junio del presente año. Las causas que han generado dicho déficit son, entre otras, la concesión de beneficios de servicios de salud a los hijos afiliados menores de 18 años, sin costo, el aumento de la burocracia del IESS, el bajo aporte de los afiliados al seguro campesino, las malas inversiones financieras, etc. La construcción de hospitales, incluidos los del día, y equipamiento de los mismos han reducido la liquidez del IESS, obligando a tomar de las reservas de dichos fondos para realizar y equipar las obras de infraestructura. Además, el déficit del fondo de pensiones se debe a que, según resolución 501 de Noviembre de 2015, se le disminuyeron sus recursos para trasladárselo al seguro de salud. Más aún, el eliminar el aporte del 40% del estado al fondo de pensiones, entre 2015 y 2017, agravó su situación. El gobierno actual restituyó dicho aporte, pero según diario El Expreso, basado en un borrador del informe actuarial del IESS, aún con dicha restitución, el fondo de pensiones podría sostenerse entre 19 y a 23 años, o sea que en 2042 los actuales afiliados no podrían acceder a la jubilación por carecer de recursos dicho fondo. Lo más patético es que, a pesar de nuevos hospitales, el servicio de salud del IESS sigue siendo deficiente.

Para enfrentar los problemas de déficit de seguridad social lo que hacen generalmente los gobiernos es incrementar los ingresos y reducir los gastos. Las medidas que aplican, en el primer caso, son aumentar la edad de jubilación, incrementar el monto de aporte de los afiliados, etc. Y para bajar los gastos, acuden a reducir los servicios a los afiliados, recorte de burocracia, reducir inversiones en infraestructura, etc. Según parece hacia allá van las medidas que se aplicarían con la reforma a la seguridad social en el país por efecto de los condicionamientos del FMI.

En efecto, el Presidente del Consejo Directivo del IEES, ha convocado a un acuerdo nacional para tratar la problemática del déficit del instituto. En declaraciones en radio y prensa ha dado a entender que se aumentaría la edad de jubilación. Actualmente, para jubilarse con una pensión completa (100%), se requiere 60 años de edad y 30 de aportes. La reforma según ha aclarado el IESS, en discusión, sería incrementar el tiempo de contribución de los afiliados (en otras palabras aumentar la edad de jubilación a 70 años o más de edad), lo que implicaría más años de trabajo y aportación para recibir una  pensión completa, lo que aliviaría la presión de liquidez al IESS pues alargaría el plazo, un quinquenio, del pago de las jubilaciones de los actuales afiliados. Otro planteamiento de dicho presidente, según la revista Vistazo, es que los afiliados contribuyen con doce aportes, pero el IESS paga 14 pensiones (incluidos décimo tercer y cuarto sueldos) que no están financiadas.  Sin embargo tal afirmación no se sustenta, pues en los roles de las pensiones de los jubilados consta un descuento para financiar dichos décimos, lo que se quiere justificar es un aumento del aporte de los empleados y trabajadores. Además, se pretendería, en la reforma, también un aumento del aporte  de patronos, lo que aumentaría el ingreso del IESS pero significaría menores ingresos netos para los afiliados.

Por el lado de los gastos, el Presidente del Consejo Directivo del IESS, ha cuestionado por los servicios de salud que el IESS brinda a los hijos menores de 18 años de los afiliados, dando a entender que se eliminarían o si quieren recibirlos se los cobraría, que sería una medida que contribuiría a reducir gastos. En todo caso si se quiere enfrentar el déficit actuarial del IESS debe tomarse medidas que, por el lado de los ingresos, no se ponga el acento sobre los futuros jubilados al aumentarse la edad de jubilación sino que contribuyan de manera tripartita y equitativa patronos, trabajadores y estado y, por el lado de los gastos, se aumente la eficiencia en los servicios pero no se vaya al extremo de privatizar los servicios de salud,  se realicen los recortes de servicios pero que no afecten la prestación óptima de los servicios de salud de jubilados y afiliados. Se requiere profundas medidas estructurales para sanear al IESS, pero deben hacerse gradualmente y el estado y los afiliados aporten en función de sus ingresos. En otras palabras, que no se cargue el peso del ajuste del déficit actuarial sobre los trabajadores y jubilados. Si hay que ajustarse los cinturones, el sacrificio debe hacerse en función de la capacidad económica de los afiliados.

Además del ajuste fiscal (tratado en el artículo anterior) el convenio con el FMI, para acceder al crédito de servicio ampliado, impone reformas estructurales en: el estado, mercado de trabajo, sistema financiero, banco central y mercado de capital, que habíamos señalado, en artículos anteriores,  exigiría el FMI.

En cuanto a la reforma del estado hay dos aspectos claves: la reforma tributaria y el achicamiento de su tamaño. Respecto a lo primero, como ya dijimos en el artículo anterior, por el lado de los ingresos, lo clave es el aumento del IVA, la eliminación del ISD (de forma gradual), de algunos impuestos con escaso rendimiento recaudatorio y aumento de precio de precios de servicios públicos (entre ellas de la luz, agua, etc.).  Por el lado de gasto tributario, se reduciría el subsidio al diésel y gasolina extra y eliminaría algunas exenciones a impuestos (incluye las del IVA), regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. Por el lado del tamaño del estado, se liquidaría a 50.000 burócratas con contrato temporales y se daría en concesión algunas empresas públicas (CNEL, hidroeléctricas, hospitales, etc.). Como ya hemos señalado estas medidas tienen un efecto recesivo y aumentarían el desempleo.

Respecto a la reforma al mercado de trabajo se busca actuar por el lado de la oferta que, según la teoría microeconómica, afecta la contratación de empleados por la rigidez en la contratación y el alto costo de contratación y despido. Para el primer caso, se exige el aumento del plazo del período de prueba (actualmente de 3 meses, los empresarios piden 3 años) y  ampliación de la flexibilidad en los contratos según el plazo (contratos por horas y a tiempo parcial) que ya se aplican en ciertos subramas del sector agrícola (florícola, etc.). En relación al costo, se plantea la reducción la indemnización al trabajador cuando su renuncia sea voluntaria. También se busca incentivar el empleo de jóvenes y mujeres, para ello está por incluirse en la legislación laboral el teletrabajo. El gobierno inició inicio los programas de Primer Empleo y Empleo Joven.

En relación al Banco Central, habría una reforma en su marco institucional, se le devolvería la autonomía financiera y administrativa, lo que implicaría reestablecer el directorio que se haría cargo de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria. En el fondo, respecto a la primera se buscaría que el mercado monetario se liberaría. Actualmente hay un techo para las tasas de interés, la reforma implicaría que se eliminaría dicho techo y habría mercado libre en lo monetario, lo cual, según el FMI,  implicaría fomentar la competencia y cada banco establecería su tasa de interés, para de esa manera la asignación de los recursos financieros se realice  en función del riesgo y plazo.  Además se reimplantaría la auditoría interna fuerte, con las mejores prácticas internacionales, con un Comité de Auditoría, y la rendición de cuentas. Todos estos cambios, también implicaría devolverle al Banco Central el control de la liquidez de la economía. La reforma al marco institucional de dicho banco implicaría cambios en el Código Monetario Financiero, entre ellas, las funciones de la Junta Monetaria que tendría solo a cargo la regulación del mercado de capitales, del sector bancario público y algunas funciones macroeconómicas.

En síntesis, las reformas estructurales exigidas por el FMI implicarían echar abajo algunas reformas instituidas por el correismo como las realizadas en el Código de Trabajo, ley de Empresas Públicas, Código de Finanzas, Código Financiero y reformas tributarias.

Las recientes elecciones seccionales, de Marzo de 2019, han marcado un cambio en el panorama y tendencias políticas que implican una recomposición de los bloques políticos que son importantes para las elecciones presidenciales de 2021.

En primer lugar, Alianza País, el movimiento formado por Correa, que dominó la escena política por una década, ha sido casi borrado del mapa. En efecto, en 2017, el presidente Moreno, se apropió de dicha tienda política y se quedó con más de la mitad de sus asambleístas. En esta elección, habiendo sido la primera fuerza política, el ala morenista perdió espacio, fue desplazada por otros movimientos y partidos. En efecto, solo ganó 9 alcaldías y de 10 prefecturas que alcanzó en 2014, en esta elección obtuvo solo una. Logró 24 alcaldías, 15 en alianza. En Guayas, de 14 alcaldías que tenían en 2014, en 2019, solo logró una. En cambio, el ala correísta, resurgió, a pesar de los casos de corrupción y enjuiciamiento de su líder y sus altos colaboradores (Vicepresidente preso acusado en la trama de Odebrecht). En efecto, alcanzó la prefectura de Pichincha, quedó segundo en la Alcaldía de Quito, pero tiene la mayoría de concejales, ganó la prefectura de Manabí y tiene dos representantes en el Consejo de Participación Ciudadana. Según datos de diario El Universo, tendrían 1.4 millones de votos, con candidatos propios y en alianza para alcaldes y prefectos, con lo que serían la cuarta fuerza política, A pesar de que Correa está en el exterior, el resultado electoral muestra el resurgimiento del correísmo y que todavía está presente y latente en la escena política. La declaración del líder de la derecha tradicional, Jaime Nebot, al señalar que “Rafael  Correa no es un muerto político, es un hombre importante en la política del Ecuador“(El Universo, 26/03/2019), deja claro su vigencia en el panorama político aun estando ausente del país.

Una de las alas de la derecha, el PSC y MdG, liderados por Nebot, ganó 8 de las 23 prefecturas: 5 individualmente (Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cañar y Carchi) y 3 en alianza (Imbabura, Sta. Elena y Pastaza) siendo el partido que tiene el mayor número de esta dignidad. En cambio, para las alcaldías, logró 42 alcaldías, de las cuales 32 en alianza. En la costa, triunfó en Guayas: Guayaquil, Duran (en alianza) y Samborondón; Los Ríos: Babahoyo, Quevedo (en alianza); Manabí, Portoviejo (en alianza); Santa Elena: Salinas (en alianza); en la sierra, en Chimborazo: Riobamba (en alianza); Cañar: Azogues; Imbabura: Ibarra. Sin embargo, perdió las  3 alcaldías en El Oro: Machala, Pasaje y El Guabo; en Tungurahua: Ambato, en Azuay: Cuenca. En Guayas, ganó 19 de las 29 juntas parroquiales. Con este resultado, por el número de prefecturas y alcaldías, es la primera fuerza política. Sin embargo, sí consideramos el número de votos de sus candidatos y en alianzas a alcaldías, según el mismo diario, votaron 1.9 millones, pero sólo 17.7% fueron para sus candidatos propios. En Prefecturas, alcanzó 1.7 millones de electores con sus candidatos y en alianza. Se confirma que el PSC-MdG es un partido regional de la costa, con menor peso en las provincias de la sierra. En esta elección, ha ganado espacio con las prefecturas que le dan cobertura provincial y en las principales ciudades de Guayas y Los Ríos. Los resultados, a nivel nacional, muestran que tiene poca cobertura en la sierra y oriente, lo que complica la aspiración de Nebot para su candidatura presidencial en 2021, lo que implica que si quiere triunfar deberá hacer alianzas con otras fuerzas políticas de la sierra y oriente.

La otra ala de la derecha, CREO, mantuvo una prefectura, en alianza (Loja), y obtuvo 9 alcaldías solo ( y 25 en alianza, lo que complica las aspiraciones presidenciales de su líder Guillermo Lasso. Es la segunda fuerza política según estas dignidades, pero con los datos del mismo diario, habría alcanzado 2 millones de votantes, con lo que serían la tercera fuerza política.

La tercera fuerza política es el movimiento indígena que, con Pachakutik, logró 5 prefecturas en las provincias de Azuay, Tungurahua, Napo, Morona Santiago y Cotopaxi –en alianza- (en 2014 había obtenido solo tres) y 18 alcaldías, cuatro en alianza. Comenzó a despegar Democracia Sí que alcanzó 5 prefecturas (todas en alianza) y 32 alcaldías (8 de ellas en alianza), que serían según el número de estas dignidades la cuarta fuerza política, pero según datos del mismo diario, si tomamos en cuenta los que votaron por sus candidatos a alcaldes o prefectos o en alianza alcanzarían 2.2 millones, se convertirían en la segunda fuerza política.

Otra tendencia importante es que muchos movimientos locales y alianzas alcanzaron 10 prefecturas (entre ellas Sucumbios, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Bolivar, Santo Domingo e Imbabura) y 109 en alcaldías. En cambio,  se marca el ocaso de Fuerza Ecuador (Bucaram), Adelante Ecuatoriano Adelante (Alvaro Noboa) y Centro Democrático (Jimmy Jairala). PSC e ID, lograron débiles resultados.

En síntesis, las elecciones seccionales de 2019, muestran una tendencia al repunte del ala tradicional de la derecha (PSC-MdG), el resurgimiento del correismo, la borrada del mapa de Alianza País (la ala morenista), el desplazamiento a tercer lugar del ala de la derecha CREO, el fortalecimiento del movimiento indígena con Pachakutik, el fortalecimiento de Democracia Sí e ID y la casi desaparición de Fuerza Ecuador, Ecuador Adelante y Centro Democrático. Las posibilidades presidenciales de Nebot para 2021 podrían fortalecerse con alianzas y el resurgimiento del correísmo podría apuntalarse con lo que realicen en las prefecturas ganadas y la acción de sus concejales en Quito.

En varios artículos señalé los condicionamientos del FMI que constan en la carta de intención y que el gobierno ha firmado para acceder a un crédito del FMI y otros organismos internacionales. Plantee  que se exigiría un ajuste fiscal y reformas estructurales (en el mercado de trabajo, mercado de capitales, en el marco institucional del Banco Central). En este artículo estudiaré el ajuste fiscal y, en los próximos, las reformas estructurales.

La meta establecida, en la carta de intención, es reducir el déficit primario no petrolero del sector público en 5% hasta el 2021. Para ello se tomarán 4 conjuntos de medidas económicas. La primera es reducir la masa salarial del sector público, tarea que ya comenzó, antes del convenio con el FMI, con el despido de empleados con contratos de servicios ocasionales de instituciones y empresas públicas. Además a los nuevos empleados que se contraten se les reducirá el sueldo con niveles similares al del sector privado que son inferiores a los del sector público.  La meta es reducir el tamaño del estado, despidiendo a 50.000 burócratas. La segunda es la reducción del subsidio a los combustibles, de los cuales se afectaría al del diésel y gasolina extra. Para posteriormente, como se hizo con la gasolina super, liberalizar el mercado de estos dos combustibles. En tercer lugar, se reducirían los gastos de capital y de bienes y servicios. Del primero ya se han realizado fuertes reducciones en la inversión pública lo que ha incidido en la baja del nivel de actividad económica. También vendría el recorte en bienes  que adquiere el sector público para prestar sus servicios. En cuarto lugar, se aumentarían los precios de algunos de los servicios públicos (entre ellos el de la electricidad y telefonía. En el primer caso, porque se van a concesionar hidroeléctricas y se requiere una mayor rentabilidad para que sean atractivas para el inversionista extranjero). La concesión de CNEL e hidroeléctricas, contribuirán a aumentar los ingresos fiscales.

En cuanto a las reformas estructurales, relacionadas con estado, se aplicaría una reforma tributaria, que buscaría aumentar los ingresos a través de impuestos y eliminar algunas exenciones a impuestos, regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. En el primer caso, se podría aumentar el IVA y, en el segundo, se reducirían ciertas exenciones del IVA a ciertos sectores y personas naturales. Si se aumenta el IVA, incrementará el peso de la tributación indirecta en la recaudación total, lo que implica que el esquema impositivo sería más regresivo pero, además habría un menor nivel de consumo de las familias, que llevaría a un menor nivel de actividad económica. También se eliminarían algunos impuestos que tienen escaso rendimiento recaudatorio y su administración es costosa. A ello, se agregaría la reducción gradual del impuesto a la salida de capitales (ISC) que exigen los empresarios.

En síntesis, la reducción del déficit fiscal se haría a través de incrementar los ingresos principalmente a través del aumento del IVA y aumento de tarifas de servicios públicos complementado con el canon por la concesión de empresas públicas. Y por el lado del gasto, las medidas claves son la reducción del gasto en salarios, subsidios y gastos corrientes y de capital. Los efectos de las medidas, por el lado de los ingresos, generaría un efecto inflacionario y recesivo. Por el lado de los gastos, su reducción agregaría un mayor efecto recesivo. El tratar de reducir en 3 años, el 5% del déficit fiscal, implica un fuerte ajuste que, acompañado al recorte del estado y disminución de la inversión pública y gasto corriente, generará una contracción de la economía y consecuentemente aumento del desempleo. Por ello, en las proyecciones del FMI se prevé un crecimiento negativo de 0.5% en 2019.

En los gobiernos de Rafael Correa se implementó una amplia reforma monetaria-financiera que implicó la modificación de la arquitectura financiera interna incluyendo cambios en la regulación y supervisión financiera que quedó plasmada en el Código Monetario. En este y los siguientes artículos sobre este tema revisaremos a propósito de los cambios que se avecinan en dicha arquitectura por el convenio a firmarse con el FMI en el gobierno de Moreno.

La reforma monetaria-financiera se inició la creación de los Ministerios Coordinadores, a mediados de Febrero de 2007, que puso al Banco Central (BCE) bajo la supervisión del Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE). Si bien en lo formal, hasta Octubre de 2009, el BCE mantenía su independencia técnica y administrativa, con el nombramiento de un nuevo Directorio, integrado por ministros y  funcionarios de entidades públicas, éste siguió los lineamientos del MCPE, con lo cual la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera fue formulada por el Ejecutivo, consecuentemente perdiendo su autonomía el BCE, que ya había sido señalada, en la Constitución de 2008, al señalar que el Ejecutivo formulará dichas políticas y el BCE las ejecutará

La reforma continuó, a fines de Julio de 2007, con la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito. Dicha norma establece que el BCE establecerá la metodología de las tasas de interés por segmentos de crédito, éstas reflejarán el costo del crédito y se eliminan las comisiones. Así el BCE estableció un sistema de tasas, fijando una tasa máxima, sin embargo se siguió con el esquema de determinación de las tasas activas en base un promedio del sistema financiero más 0.5% de éste. En Diciembre de 2007, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional varios artículos de dicha ley y, en cuanto a tasa de interés, determinó que se fijen según la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El BCE, mediante resolución de Directorio, de fines de 2007, fijo un sistema de tasas de interés: activa referencial, pasiva referencial y la tasa activa efectiva máxima, con lo que limitó el aumento de las tasas. Así mismo, estableció regulaciones para reservas mínimas de liquidez, inversiones de las instituciones financieras públicas e inversión doméstica de la RMI.

Los cambios en el área monetaria-financiera continuaron con la creación de la red de seguridad financiera con 4 componentes: Fondo de liquidez, Seguro de Depósito, Resolución Bancaria y Regulación y supervisión bancaria, que reordenaron e hicieron más eficaz dicha red. La ley respectiva se aprobó a fines de Diciembre de 2008.

La reforma continuó con la inclusión del Sector Financiero Popular y Solidario dentro del sistema financiero privado, o sea las cooperativas de ahorro y crédito, y la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como su organismo supervisor que fueron establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Después con el Código Monetario y Financiero se incluyó, dentro de dicho sector, a las mutualistas, y, se agregan a éste la mayoría de los artículos de dicha ley.

Otro aspecto importante, de la nueva arquitectura financiera interna, fue la reforma a la ley de mercado de valores que estableció una serie de cambios en la institucionalidad de dicho mercado y de las bolsas valores. Se aprobó con Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil en Mayo de 2014.

Finalmente, con el Código Monetario Financiero, publicado en setiembre de 2014, se reúne en una sola norma, la legislación de la nueva arquitectura financiera que establece la institucionalidad del sistema financiero, las funciones de los organismos de regulación y supervisión, las funciones del Banco Central y se incluye el papel de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.