El presidente anunció un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales que permitirán obtener financiamiento por 10.200 millones de dólares. De ese monto, 6.000 serían de esos organismos y 4.200 del FMI. Se aplicaría un Servicio de Crédito Ampliado, que es para países que tienen problemas de balanza de pagos, lo que implicaría un condicionamiento que se traducen en medidas para equilibrar la economía (principalmente de ajuste) y de reforma estructural. En el primer caso, implicará metas cuantitativas en agregados monetarios, las reservas internacionales, déficit fiscal y el endeudamiento externo. En el segundo las principales reformas son sobre el tamaño del estado, la laboral, de competitividad, de seguridad social, del sistema financiero, independencia del banco central y la dolarización.
Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador señaló que los objetivos del acuerdo serían: “impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”. En la política de ajuste, se exigiría austeridad: la reducción del déficit fiscal, para lo cual se establecen dos condiciones, una reducir el gasto y otra incrementar los ingresos. Pero se trata del déficit fiscal global que incluye al sector público, empresas públicas e instituciones de seguridad social.
Para la sustentabilidad fiscal, se aplicará la política de ajuste, por el lado del gasto, en el que ya el gobierno redujo el subsidio a los combustibles, eliminó una parte de la burocracia y se apresta a terminar con los contratos temporales de empleados públicos. Antes había reducido el nivel de inversión pública. Se revisaría el subsidio de combustibles a artesanos, pequeños agricultores e industriales.
Respecto a la reforma estructural, una sería el recorte del tamaño del estado, por lo que ahora está por reducir 10% de la plantilla de las empresas públicas, además estaría por ejecutarse la eliminación de algunas instituciones públicas que implicaría desaparecer SENPLADES, Ministerio de Telecomunicaciones, etc. y la privatización, ya sea de la propiedad o de las administraciones de instituciones y empresas públicas. Se opta por las concesiones de CNEL, CNT, algunas hidroeléctricas, hospitales del IESS, ciertas instalaciones relacionadas con el Ministerio de Agricultura, etc., como señalé en un artículo anterior. Esto básicamente por razones de la iliquidez fiscal que, entre otros efectos, provoca los atrasos a los proveedores del sector público.
Una segunda reforma estructural es respecto a la seguridad social. La información de prensa ha reportado los problemas de liquidez y déficit actuarial del IESS, pero también del ISSFA e ISSPOL, que tendrían problemas similares. En un artículo anterior señale, que se está negociando la eliminación de la jubilación patronal para no optar por un incremento del aporte empresarial al IESS, lo que deja la posibilidad que se opte por afectar a los afiliados y jubilados. Respecto a los primeros se recortarían determinados servicios a familiares y los del seguro campesino verían incrementados sus aportes y eliminado algunos servicios. Se incrementaría la edad de jubilación, se pondría más tope al monto máximo de la pensión y se cambiaría la fórmula de cálculo del ajuste anual del incremento de la pensión, tal como se hizo en Argentina.
A fin de atraer capitales y fomentar el regreso de capital nacional se dictaría la ley de Repatriación de Capitales y se reduciría el impuesto a la salida de capitales Sin embargo, como el proceso de concesiones no es tan rápido, podría optarse también por la posibilidad de un aumento del IVA del 12 al 15% y así poder alcanzar la meta de un déficit primario de 0% en 2021.
La reforma estructural también incluiría la reforma al mercado de trabajo que comprendería: flexibilización laboral, nuevos contratos laborales, reducción de la asimetría de información en la contratación, reducción de los costos de contratación y despido, una política activa de empleo para jóvenes, etc. Esta reforma ha sido reconocida por el Viceministro de Producción y estaría vinculada con la crítica situación del mercado laboral y la generación de empleo, sobre todo del primer empleo ocupación para los jóvenes y sector informal.
Para fortalecer la dolarización, una parte del crédito del FMI iría a incrementar la RMI y, por otro lado, se buscaría la independencia del Banco Central, devolviéndose su autonomía, el manejo de la política monetaria y financiera y topes a la deuda, ello implicaría, la restitución de su Directorio para que diseñe dichas políticas y supervise el funcionamiento de la dolarización. A eso se suma, el establecer topes a la deuda y, una posible, reestructuración de la misma, muy necesaria pues en el año 2020 le toca al país pagar una fuerte suma por las emisiones de bonos internacionales realizadas anteriormente.
Finalmente otra reforma, para contribuir al financiamiento a través del mercado de capitales, es la de la ley de mercado de valores. Con ésta, se le devolvería la facultad a los bancos de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías aseguradoras (se tratará en un siguiente artículo). Se posibilitaría también la participación del BIESS en inversiones financieras en dicho mercado y se restituiría la facultad de que toda emisión del sector público deba pasar por las bolsas de valores y deberá pagar una valor por cada emisión.
En síntesis, se trata de cumplir con el ajuste fiscal y reformas estructurales (recorte del estado, reforma laboral, independencia del banco central, reforma al mercado de valores) que serían las condiciones impuestas por el FMI y además la reforma al Código Monetario Financiero que está pidiendo la Asociación de Bancos a fin de liberalizar los mercados monetarios y financieros. Esta última es una contrarreforma monetaria-financiera que devolvería poder e influencia a los bancos en dichos mercados. En síntesis, se trata de un viraje de la política económica hacia una orientación ortodoxa-neoliberal.
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