El encuentro entre el Presidente y la directora del FMI, en Davos, y, las declaraciones del Ministro de Finanzas, sobre las relaciones con dicho organismo, parecen haber sellado la posibilidad de un crédito stand by, que a su vez tendría sus condicionamientos. Dado el elevado riesgo país y la dificultad de obtener más fondos en el mercado financiero internacional, dicho crédito le daría recursos para aliviar la iliquidez de la caja fiscal.
En efecto, las calificadoras de riesgo Moodys y Fitch, bajaron la calificación crediticia del país de estable a negativa. Según diario La Hora “La principal razón es que no ven una sustancial y sostenible disminución del gasto público y consideran que las necesidades de financiamiento son superiores a las presupuestadas”. En efecto, según el mismo diario, el Observatorio de Política Fiscal señala que las necesidades de financiamiento serían, para este año, 10.463 millones. Tal ha sido la necesidad de liquidez que, en Agosto de 2018, el gobierno realizó una operación crediticia para obtener 500 millones de dólares con un colateral de 1200 millones de dólares y a fines de diciembre de ese año obtuvo 300 millones con garantía de oro de la Reserva Monetaria Internacional. La iliquidez y la crítica situación de la economía llevó a que el riesgo país alcanzará 660 puntos (24/01/19), parecido al de Argentina de 657 puntos (25/01/19). En estas condiciones es difícil que el país pueda acceder a nuevos recursos en el mercado financiero internacional y, si lo hiciera, tendría que pagar una tasa adicional de 6.5% sobre la tasa de interés Libor o Prime.
En consecuencia, la vía que le queda es acudir a organismos financieros multilaterales. Entre ellos, está el FMI que, para prestar a los países, exige condiciones a la política económica. Dada la crítica situación de la economía, las principales exigencias serían la aplicación de una política de ajuste y una reforma estructural.
Las principales medidas de la política de ajuste del FMI incluye la disminución de desequilibrios macroeconómicos: Fiscal, que implica más ingresos y recorte de egresos; reducir el déficit comercial y fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional.
La reforma estructural implicaría el achicamiento del estado (privatización de empresas públicas, concesiones, recorte de la burocracia, etc.), reforma laboral (nuevas reglas de contratación), reforma a la seguridad social (medidas para reducir el déficit actuarial), reforma al comercio exterior, etc.
Ante la eventual firma del convenio con el FMI, el gobierno de Moreno, ya ha venido cumpliendo con algunas de sus exigencias, como lo hizo Argentina, reduciendo subsidios a combustibles, fusionando entidades públicas, eliminación de contratos de empleados públicos y recorte de gastos públicos, pero que han sido insuficientes para reducir el déficit fiscal.
El ajuste fiscal estaría ligado a la reforma estructural. En efecto, ya se anuncia la concesión a 20 años de CNT (una de las empresas más rentables) que proporcionaría 4000 millones, de centrales hidroeléctricas y de los nuevos hospitales del IESS. Se deja de lado a las empresas públicas con pérdidas (TAME, Trenes del Ecuador). Debido a que los recursos del FMI se entregan trimestralmente contra el cumplimiento de metas macroeconómicas y dadas las necesidades de liquidez, se opta por la concesión (ceder la administración de las empresas públicas) que proporciona recursos inmediatos que aliviarían la necesidad de fondos inmediatos (parte de los cuales se obtuvieron con la ley de fomento productivo que incluyó la remisión tributaria) necesarios para mantener en funcionamiento al sector público y cubrir atrasos a proveedores. Hemos llegado a esta crítica situación macroeconómica por la política gradualista y el aplazamiento del cambio estructural. Esta opción de privatización no solo se explica por razones de liquidez sino además, como lo han señalado las organizaciones de trabajadores públicos, “Santiago Cuesta Caputi es un lobista de la privatización”
Pensamiento y comportamiento 