Luis Rosero M.

En el II trimestre, de este año, hubo una brutal caída de la economía, en el contexto de la pandemia, que afecta fuertemente la actividad económica y, con la aprobación del directorio del FMI, el crédito,  que permitirá aliviar temporalmente los atrasos, ya tiene su destino.

El Banco Central, en la publicación de las Cuentas Nacionales, anunció una contracción del PIB de 12.4%, en el II trimestre de 2020, que vino precedida por una variación negativa de 2.4%, reflejando la gravedad de la crisis económica, que ya se venía arrastrando desde 2019, afectada por la pandemia. Esta brutal contracción de la economía se explica por una caída de -18.5% de la inversión, -11.9% del consumo del gobierno, -10.5% del gasto del gobierno y -15.7% de los gastos del gobierno (producto del ajuste fiscal).  La variación negativa del PIB, se expresa en una contracción, principalmente en el sector no petrolero, de  transporte -29.7%, alojamiento y comida -18.3%, construcción -12.7%, enseñanza, servicios sociales y salud -12%, manufactura -9.8% y comercio -9.8%. El único sector que tuvo un crecimiento positivo fue acuicultura y pesca de camarón con 10.4%; en el sector petróleo y minas, la variación negativa de su actividad económica fue -28.3%. El principal impacto, en el mercado de trabajo, a Junio de este año, es el aumento de un millón de desempleados a más del mayor  subempleo y aumento del sector informal, debido a la fuerte contracción de los sectores más generadores de empleo como comercio, manufactura y construcción.

En cuando al crédito del FMI de 6500 millones (661% de la cuota del país), de acuerdo con este organismo, dentro del marco del Servicio Ampliado, tiene como objetivo continuar con el ajuste y reformas estructurales. En cuanto a lo primero, la estabilidad fiscal y de la deuda, estabilización de la economía, fortalecer el crecimiento. En lo social, aumentar la asistencia social. Respecto a lo fiscal, la estabilidad fiscal estará basada en una reforma tributaria (que puede implicar una simplificación del esquema impositivo, un aumento de impuestos indirectos, entre esos el IVA y reducción de gastos que abarcaría menor gasto corriente). También se apunta a mayor transparencia fiscal, mejor gobernanza y eficacia en la gestión de las finanzas públicas.  En cuanto a la deuda, se traza una estrategia de una reducción gradual de la misma, sobre todo de la de corto plazo, para mejorar la estructura de vencimientos y pagos de amortización. En cuanto a las reformas estructurales, se insiste en la independencia del Banco Central, una mejora de la supervisión bancaria, en especial el riesgo crediticio, reforma a la seguridad socia y monitoreo del sistema financiero postpandemia. Y, en lo fiscal, la continuación con la reducción del tamaño del estado vía eliminación de entidades públicas y privatización (que se inició con la concesión a la Refinería de Esmeraldas, la venta del Banco del Pacifico, etc.) En cuanto a la corrupción, se exige una ley anticorrupción que puede implicar la aprobación de la ley de extinción de dominio.

En cuanto a la iliquidez fiscal, el primer desembolso de 2000 millones, el gobierno definió prioridades: ponerse al día con el atraso de sueldos, pago de compensaciones de jubilados, pago de liquidaciones de empresas públicas eliminadas, GADs (pago a juntas parroquiales y municipios), aportes a la Seguridad Social, proveedores), devolución de impuestos a discapacitados y de tercera edad. En lo social, como el FMI exige compensaciones por el deterioro el nivel de vida –provocado por la crisis y la pandemia- el gobierno creo un nuevo bono social de $ 240, de un solo pago, para las familias más pobres. Recordemos que el Banco Mundial estimó que la pobreza aumentó a más de un tercio de la población. El Ministerio de Finanzas que aumentaría la cobertura del bono de desarrollo social en 250000 personas hasta diciembre de este año y 200000 en el primer trimestre de 2021. Veamos si cumple con las promesas sociales.

En síntesis, en cuanto a lo económico, el gobierno se compromete a continuar con el ajuste (reducción del déficit fiscal), con el proceso de liberalización de la economía: del mercado de combustibles –incluido el gas- que ya la aprobó por decreto; del mercado del dinero: la Junta Monetaria aprobó la reducción de segmentos de líneas de crédito y cambio en la metodología de cálculo de las tasas de interés, que implicaría eliminar los topes de éstas –en 5 meses, lo que significaría liberarlas. En cuanto a reformas estructurales, el achicamiento del tamaño del estado y la independencia al Banco Central.

En todo caso, el escenario económico es muy grave. El propio FMI, pronostico que, en 2020, la recesión hará contraer la economía en -11.9% -tendencia a la que se acerca con la caída de -12.4% en el II trimestre, lo que implica un deterioro muy fuerte en el mercado de trabajo con la consecuentemente precarización del trabajo, mayor desempleo y subempleo, lo que traerá mayor pobreza, indigencia y hambre, que se traducirá en mayor violencia y delincuencia. Para 2021, la situación crítica continuará por las elecciones presidenciales y la pandemia.

Luis Rosero M.

Las inversiones financieras realizadas por el ISSPOL, según denuncian autoridades, al parecer han resultado fraudulentas y están impagas. Unas se realizaron con papeles de deuda externa y otras con títulos emitidos internamente. Estas operaciones han afectado la liquidez y podría tener consecuencias para las prestaciones del ISSPOL. En este artículo, de una serie, analizo el primer tipo de inversiones.

Entre 2015 y 2016, según Expreso, el ISSPOL realizó operaciones con fondos de inversión radicados en el exterior por 532 millones de dólares. De este monto, una primera operación de reporto (acuerdo de recompra principalmente de títulos de renta fija) con Ibcorp, por 205.3 millones de dólares,  implicó la recepción de Bonos de Deuda Externa del Ecuador 2024 (emitidos en 2014) y 2028. Una segunda operación, swap, con High Yield Bond Fund (HYBF), también localizada en Panamá, intercambio bonos de deuda interna ecuatoriana por 327 millones con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana. Los recursos para la primera operación fueron tomados de los diferentes fondos y seguros, entre ellos el de retiro, que tiene el ISSPOL. El director ejecutivo de Ibcorp, localizado en Panamá, es Jorge Cherrez Miño. Este fondo de inversión ha venido realizando renovaciones de dichas operaciones, pero esta empresa  comenzó a incumplir con el pago del capital y rendimiento de la inversión adeudando 100 millones de dólares, que alertó a las autoridades para presionar por el pago y denunciar el incumplimiento. Según El Comercio, el ex gerente de la Casa de Valores Pacifico, José Ibañez, señaló que “existían alrededor de USD 200 millones de bonos que supuestamente pertenecían al ISSPOL y que aparecían en las cuentas que Valpacífico tiene en DECEVALE.” Esta casa de valores ”estaba como intermediario de esa operación del ISSPOL…” y agrega el ex directivo, según dicho diario, que envío cartas a David Proaño, director del ISSPOL, informándole que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro” ante lo que dicho director respondió que “los valores si están inscritos en el catastro y luego, según Ibañez, retiró el dinero y lo pasó a otra casa de valores” e Ibañez señala  “que alertó en cartas al Intendente de Mercado de Valores, de la SCSV, y a la Contralaría sobre esta irregularidad en el 2018, nunca se tomaron medidas”  El ISSPOL exige que se le entregue el dinero por su inversión en esos bonos. Pero, como un activo financiero, hay variación de precios en el mercado de estos bonos, implica un riesgo en la garantía de la operación (los bonos ecuatorianos). Aún más, de acuerdo a medios de comunicación,  se conoce que habrá una reunión en para una audiencia de mediación y arbitraje, para tratar sobre el impago, en la que participaría Jorge Cherrez, pero el ISSPOL niega haber pedido dicha reunión.

La segunda operación con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” En esta segunda operación también el fondo de inversión incumplió con el pago del capital e intereses. Los títulos registrados de las operaciones inscritas deben ser entregados a un Deposito Centralizado de Valores (DCV) que ejercerá el registro, la custodia de los documentos, la compensación, liquidación, cobro y transferencia del capital y rendimiento de la inversión. En el país existen dos DCV: el DECEVALE (privado) y la LOFOSSB creó uno público el del Banco Central (2014). Además participaron la Bolsa de Valores de Guayaquil y Casa de Valores.

 El Superintendente de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), declaró que Decevale “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Esto confirma la versión del ex Gerente de VALPACIFICO. Así, la primera irregularidad del Decevale es tener, supuestamente, en custodia valores no inscritos en el mercado de valores.

Una operación en el mercado bursátil, según la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil (LOFOSSB), publicada en Registro Oficial en Mayo de 2014, debe estar inscrita en el Registro de Mercado de Valores y estipula  que en “los procesos de compensación y liquidación de las operaciones en los cuales participe como comprador una institución del sector público, tanto en el mercado bursátil como en el REB, se efectuarán, por el lado de la compra, a través de un depósito de compensación y liquidación de valores perteneciente al sector público…”      La segunda irregularidad, por ISSPOL, es que en las inversiones realizadas contrató al DECEVALE, un DCV privado, cuando la mencionada ley señala que debe ser un DCV público.

Por otro lado, la ley orgánica señala que “Se denomina compensación de valores de las operaciones bursátiles al proceso mediante el cual los depósitos, luego de recibir la información de las bolsas de valores, confirman a través de los depositantes directos la identidad de los titulares de las subcuentas, y su disponibilidad de valores y de fondos; y por liquidación al perfeccionamiento de la entrega de los fondos y valores a los depositantes directos y a los titulares de las subcuentas.” Latercera irregularidad es que, según se desprende, no aparecen en el DECEVALE los bonos globales 2024 y 2028 señalados en la operación de reporto con IBcorp.

Según lo señalado, por la Ministra de Gobierno, en las investigaciones el “Decevale respondió con evasivas, luego dijo que no tiene bonos, sino notas globales y luego dejó de responder al ISSPOL…” Después pidió la intervención del DECEVALE a la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). La cuarta irregularidad es que el propio ISSPOL, el ente afectado, había alertado del impago del capital y rendimiento de los títulos en 2018, sin que las autoridades de supervisión y control intervinieran para regularizar la situación.

El DECEVALE y la Bolsa de Valores son supervisados por organismos de supervisión y control pero, al parecer, ha habido fallas en la supervisión por parte de la SCSV pues los problemas de incumplimiento en el pago del capital e intereses por Ibcorp venían desde 2018, y, a pesar de que el exgerente de VALPACIFICO envío al Intendente de Valores de la SCSV, una carta, en 2018, alertando de las irregularidades,  y no hubo ninguna acción por el organismo de control. Este debe detectar las irregularidades, la violación a la ley y las maniobras de los participantes en las negociaciones de valores. Es clave conocer quién era dicho intendente de valores de esa época. Lo mismo ha ocurrido con la Superintendencia de Bancos que controla las operaciones de los institutos de seguridad social.

Los accionistas del DECEVALE son la Bolsa de Valores de Guayaquil, BVG, (50%, accionista mayoritario), Bolsa de Valores de Quito, BVQ, (27% de las acciones) y Casas de Valores (23% de las acciones). Según Expreso los funcionarios del DECEVALE son Rodolfo Kronfle, presidente (que a su vez es Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil); Carlos Cargo, Gerente General y Luis Alvarez, Gerente Operativo. El viernes 15 de Setiembre, los directivos de BVG y BVQ anunciaron la elección de los nuevos directivos del DECEVALE. Por otro lado, hay el peligro, ante este anuncio,  que los implicados en la posible estafa desaparezcan, tanto del DECEVALE como de la SCSV, sin que pueda recuperarse el dinero de la inversión. Pero no solo hay falla de la supervisión por parte de los organismos de control, sino que también hay problemas de gobierno corporativo, de control interno, de agencia y conflictos de intereses en las instituciones que participación en las operaciones señaladas. Estos temas serán tratados en el próximo artículo.

Luis Rosero M.

La crisis económica y los desequilibrios que generó más la pandemia agravó la situación social y humanitaria que, como la primera, tardará años en volver a recuperar los niveles antes de la pandemia. En este artículo trataremos sobre los principales indicadores sociales, su caída y el impacto en el nivel de vida de la población.

En el primer artículo, de este tema, señalé que, entre los efectos económicos de la crisis que se venía arrastrando desde 2019 y agravada por la pandemia, se deterioró el mercado de trabajo. El INEC reportó que, con la pandemia, el nivel de desempleo llegó a más de un millón de personas lo que significa el 13.5% de la PEA, mientras el subempleo alcanzó 34.5% y, si le agregamos, el empleo inadecuado en el sector informal estaríamos hablando de cerca de dos millones de personas con problemas de empleo. Diario El país destaca  que habría 5.3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias o, en otras palabras, el 83% de la fuerza de trabajo está desempleada o en la precariedad, solo un 17% tiene empleo adecuado. El deterioro del mercado de trabajo fue por la reducción del nivel actividad económica debido a la pandemia que llevó al despido de miles de trabajadores y empleados del sector privado y, por el recorte del gasto público, servidores públicos. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador el desempleo aumento principalmente por despido intempestivo (34%), liquidación de empresas (27%), renuncia voluntaria (17%) y terminación de contrato (11%).Esta situación agravó la situación social en términos de pobreza, pobreza extrema, indigencia y concentración del ingreso que redujo fuertemente el nivel de vida de buena parte de la población.

Varios organismos reportan el impacto de la pandemia sobre la situación social en A. Latina. En efecto, el Banco Mundial señala que la pandemia dejaría a 100 millones de personas en la pobreza extrema en el mundo y en A. Latina se perderán 45 millones de empleo. La CEPAL reporta que esto tendrá más impacto sobre las mujeres y dejará 118 millones de latinoamericanas viviendo en la pobreza, un 22% más que el año anterior que lleva a una tasa de pobreza femenina de 37.4% y 15% desempleadas un 6% más que en 2019. Recalca, este organismo, más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectadas por la contracción económica: comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y, en el sector salud, donde el 73% de los trabajadores son mujeres. En los hogares, siete de cada diez de las 18 millones de trabajadoras del hogar fueron despedidas durante la pandemia, según cifras de la CEPAL. Además este organismo, confirma la proyección del Banco Mundial, al señalar que la pobreza extrema se incrementará  en 28 millones de personas, equivalentes al 15.5% de la población latinoamericana. Las consecuencias es que el coronavirus va a retrasar las ganancias sociales logradas en A. Latina en últimos años según declaró Luis A. Moreno, presidente del BID. En otras palabras, se ha agravado la situación de desigualdad en la región. Un dato que lo confirma es el aumento de los pobres a la par de más ricos durante la pandemia.

La situación se agrava con la caída de las remesas según reporta el Banco Central. Así, en el I trimestre de 2020 se recibieron 809 millones mientras que el II trimestre llegaron solo a 648 o sea una baja de 20%. Las remesas contribuyen a aliviar la situación económica de los hogares pobres, ahora más empobrecidos por la pandemia. Tal ha sido la gravedad de la situación social, que Almacenes Tía con un programa de ayuda a hogares de extrema pobreza, con la participación de empresas públicas y privadas, repartió diariamente a 250.000 de estos hogares donaciones de alimentos que fueron entregadas con la participación de los bancos de alimentos.

Según los datos oficiales, a diciembre de 2019, la pobreza a nivel nacional fue de 25% y la pobreza extrema 8.9%, En el área urbana, la primera, fue 17.2%, y,  la segunda, alcanzó 4.3% mientras que, en el área rural, la pobreza llegó a 41.8% y la pobreza extrema el 18.7%. No hay datos para la indigencia. Con la pandemia, estos indicadores aumentaron fuertemente. En efecto, el Banco Mundial estima que la pobreza, en 2020, aumentará a 35% y a Junio la pobreza extrema llegó al 21%. Además señala que el impacto de la pandemia hará que se pierdan los avances contra la pobreza en los últimos 20 años. Ni la ayuda pública con bonos ni la privada, con los bancos de alimentos, han podido enfrentar la situación, si la han paliado, pero lo más grave es el aparecimiento del hambre fuente de la violencia y la delincuencia han crecido aceleradamente con la pandemia. El aumento de la pobreza, pobreza extrema, indigencia y hambre, con la pandemia y las crisis, demuestran el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población que se refleja más en los sectores marginales y pobres del país.

Luis Rosero M.

La situación fiscal se ha vuelto insostenible y, con la prioridad del pago de la deuda externa, dada la iliquidez de la caja fiscal se ha relegado el pago de sueldos de servidores públicos,  de los aportes a los institutos de seguridad social,  pago proveedores, etc. El gobierno espera ahora los recursos del FMI para cumplir con los atrasos en los pagos mientras la deuda externa sigue creciendo.

La estrategia fiscal del gobierno, para proveerse de ingresos, ante la caída de la recaudación fiscal por la pandemia, ha sido un constante endeudamiento externo, a tal punto que si incluimos el crédito del FMI, este crecería en 16000 millones de dólares,en gran parte con organismos multilaterales, que le han impuesto condicionamientos en el manejo de la política económica.

Como hemos señalado, la prioridad ha sido el pago de la deuda externa, todo lo demás ha sido relegado. Tal es así que, la Corte Constitucional aprobó un fallo que permite al Ministerio de Finanzas aplicar recortes al presupuesto universitario.  Es inaudito que, a las universidades públicas, le sigan recortando las rentas cuando se les debe 2 meses a los profesores y, ahora, con este  nuevo recorte van a tener que esperar, los profesores, mucho más tiempo para poder cobrar sus sueldos los que no cobran hace dos meses.

Así mismo, se les debe un mes de sueldo a los servidores públicos sobre todo a los maestros fiscales; por otro lado, el gobierno no ha cubierto totalmente los aportes a los institutos de seguridad social que tiene en serias dificultades para que cumplan con sus prestaciones y además los servidores públicos no pueden usar algunas prestaciones porque han caído en mora patronal algunas instituciones públicas. Para colmo, estos institutos no cobran la altísima mora patronal que ya sobrepasa los 1500 millones de dólares. A eso se suma que los centros médicos de diálisis informan que el Ministerio de Salud no les paga la deuda de hace un año, y, los médicos postgradistas, se declararon en huelga por el incumplimiento de varios meses en el pago de sus sueldos. Finalmente, los GADs tampoco reciben hace algunos meses sus rentas y los proveedores están desesperados por el no pago de sus servicios o entrega de bienes, tal es así que en el Municipio de Esmeraldas sus empleados realizan protestas porque no le cubren sus sueldos.

Las protestas no se han hecho esperar por parte de los afectados y el gobierno dictó un decreto para el pago de gastos de hospitales públicos, además ya comenzó a transferir recursos para pagar los sueldos de empleados despedidos de los medios públicos.

La Asamblea apoyó la firma del convenio con el FMI, quedando claramente que hay acuerdo entre ésta y el gobierno. El presidente informó que, con los recursos de los nuevos créditos externos, en cuanto a retrasos en los pagos, se tendría la siguiente orden de prioridades: regular el pago de sueldos y salarios, ponerse al día en las transferencias con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales y garantizar el pago puntual a la seguridad social. Pero recalcamos, la primera prioridad ha sido siempre el pago de la deuda externa.

Para que lleguen los recursos externos primero el directorio del FMI debe aprobar el acuerdo de crédito, lo que ocurrirá en lo que queda del mes, por lo que los fondos llegarán en Octubre, de este año, lo que significa que los empleados públicos, medicos postgradistas, institutos de seguridad social, GADs, proveedores, etc. tendrán que esperar dos meses más, incluido el que está en curso, para poder recibir sus sueldos y atrasos.

Luis Rosero M.

Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.

Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA  que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.

Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda.  El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo  que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.

Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares  la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.

Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta  de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.

Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena,  solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un acuerdo técnico con el FMI que le permite acceder a un nuevo crédito pero sujeto a un doble condicionamiento. Uno, el acuerdo era un requisito previo para que  los tenedores de bonos aprueben la reestructuración de un tramo de la deuda externa. Dos, más políticas de ajuste y reformas estructurales.

Por el nuevo acuerdo de Servicio Ampliado se le concede al país un crédito de 6.500 millones de dólares, se ejecutará en un plazo de 27 meses y la entrega se hará por tramos en función del cumplimiento de las metas. Entre los objetivos están una reforma fiscal, reformas estructurales y mayor cobertura social. La primera implicaría un recorte del gasto corriente (salarios, bienes y servicio) y de inversión (mas recorte de la obra pública) y mejor gobernanza para el control del gasto público. Las segundas comprenderían (profundización de la reforma laboral, reducción del tamaño del estado, reforma a la seguridad social, reforma al Banco Central, reestructuración de la supervisión del sector financiero). La tercera podría contener la entrega de nuevos bonos de ayuda social.

El FMI pone en la estabilidad macroeconómica acentuando el desequilibrio fiscal, lo que significa alcanzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. El déficit fiscal estimado para este año es de 10.5% del PIB, que será reducido, a partir de 2021, por el lado del gasto corriente, con reducción de la masa salarial (recorte de salarios y despidos en el sector público) y reducción en la compra de bienes y servicios. En el gasto de capital, se seguiría disminuyendo la inversión pública principalmente la obra pública.  En los ingresos tributarios se esperaría nuevos impuestos y/o alza de la tasa de los existentes, que podría ser un incremento del IVA y reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Respecto a la gobernanza del gasto, sería la profundización de normas y directrices para la aprobación del gasto. Recordemos que en la ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, ya se estableció un fuerte control del Ministerio de Finanzas a las decisiones de gasto público  (corriente y de capital) en los distintos niveles de gobierno (central, provincial y local) y en la seguridad social. Con el nuevo acuerdo, implicaría un control más férreo del gasto público. Según el FMI, habría una modernización del marco de gestión de las finanzas públicas, mejora en gestión de la caja y de la deuda, mejor transparencia de la deuda y eficiencia del gasto.

Entre las reformas estructurales que se ejecutarían primero estarían la reducción del tamaño del estado que implicaría continuar con eliminación de entidades públicas, fusión de éstas, privatización y concesiones de servicios públicos; la reforma a la seguridad social, que puede conllevar el recorte de personal, incremento de los aportes, aumento de la edad de jubilación, etc.; la reforma al Banco Central llevaría a devolverle la autonomía y reimplantar un directorio; la reestructuración de la supervisión del sistema financiero puede implicar darle mayor poder a la Superintendencia de Bancos pero también la posibilidad de establecer la vigencia de la oferta y demanda en el mercado de dinero (eliminar topes a la tasas de interés y que cada institución financiera las fije).

Después de la firma del convenio, el FMI entregaría 2000 millones (alrededor de Octubre) y otros 2000  millones a fines de año (Diciembre). El gobierno definió los  3 objetivos con estos recursos. Uno reducir los atrasos. Dos, fortalecer los programas de crédito de reactivación productiva. Tres, ampliar la base de los bonos sociales.  

Recordemos que FMI pone, en este acuerdo, el acento en la estabilidad macroeconómica, lo que implica reducir los desequilibrios macroeconómicos, como paso previo al crecimiento. En consecuencia, el próximo año continuarían el ajuste. Por ello, al aplicarse este, habría efectos recesivos, y, con un proceso electoral en marcha,  la reactivación económica tardaría en el corto plazo. La recuperación del crecimiento sería para el 2022. Consecuentemente, se debería esperar que, el próximo año, sigan los problemas de desempleo y subempleo y continúe el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

El gobierno mantiene atrasos con los servidores públicos y busca aceleradamente cubrir sus necesidades de financiamiento acudiendo nuevamente a deuda externa, mientras renegocia la deuda externa, cuya aprobación depende, previamente, de la firma de un nuevo acuerdo con el FMI que implicará un ajuste estructural.

El gobierno mantiene atrasos por 368.7 millones de dólares por remuneraciones de los empleados públicos, de los cuales se les debe a los maestros fiscales 160 millones (atraso de casi 2 meses al día de hoy) siguiéndole salud y defensa. Mientras que siguen los atrasos con el IESS (se le adeuda 1420 millones del 40% de la contribución del estado), Municipios, Prefecturas, proveedores, etc. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se anuncia que puede pagar a sus acreedores con dos modalidades. La primera, con bonos del estado o certificados de Tesorería (CETES). Según el MEF, en el I Semestre, de este año, con esta opción se ha pagado 532,5 millones a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, constructores, universidades, GADs, ISSFA e ISSPOL. La segunda opción es la dación de pago mediante la cual recibe bonos o Cetes que se colocan en el mercado. Con esta modalidad, entre Julio 2019 y Junio 2020, se ha pagado 407 millones por compensaciones a jubilados.

Parte de la iliquidez de la caja fiscal se debe a que el gobierno sigue pagando los servicios de la deuda externa, que es su prioridad. Según Expreso, hasta junio de este año canceló 2411 millones en intereses y comisiones atados a las preventas de petróleo, principalmente chinas. Esto confirma una vez que su prioridad en los egresos del presupuesto es el pago del servicio de la deuda externa pues, haciendo malabares, espera obtener nuevos créditos para repagar créditos externos y obtener liquidez para poder cubrir los atrasos pendientes. Para aliviar la iliquidez fiscal el gobierno negoció posponer el pago de 417 millones, al Banco de Desarrollo de China, que debían cancelarse entre lo que queda del año y junio de 2021 lo que se transfiere la obligación a partir del último trimestre de 2021. Estos créditos están condicionados a las preventas de petróleo u obras por empresas chinas. Las necesidades de financiamiento, de lo que queda del año, son 4000 millones. Para obtener esta cifra el gobierno apunta a nuevos créditos chinos por 1200 millones del banco ICBC y otra cantidad igual del banco CDB.  A más de eso espera recibir 800 millones de un nuevo crédito con el FMI. Aún así queda un saldo de financiamiento por obtener. Mientras tanto, el MEF extendió el plazo para el canje de los bonos externos ecuatorianos hasta el 1 de Setiembre y los tenedores debieron expresar su consentimiento hasta el 20 se Agosto, lo que implica que debe firmarse el acuerdo con el FMI hasta fin de este mes. O sea el gobierno apunta a que los primeros recursos que reciba sean los del FMI, posiblemente en Setiembre, lo que aliviaría levemente la iliquidez fiscal, pero como los 800 millones se dan en varios tramos, es probable que solo reciba en el primero de 150 a 200 millones. Además podría obtener algo de liquidez con el cobro de los impuestos a los servicios de las plataformas digitales, a partir de mediados de noviembre de este año. Con premura, los préstamos chinos llegarían en Octubre. Ni el desangramiento de los empleados, ni las demandas del Defensor del Público para solicitar que el gobierno pague a los servidores públicos, etc. ha servido para que se cumpla con tal exigencia. En otras palabras, los atrasos continuarán en Setiembre y maestros fiscales, profesores universitarios, médicos y personal de salud, etc., deberán esperar aún más para que se les pague sus salarios a tiempo.

La estrategia de enfrentar la iliquidez fiscal con deuda externa ha hecho crecer aceleradamente ésta y su servicio deja menos espacio para otros rubros del presupuesto, por otro lado, el déficit fiscal a fin de año sería de 10.5% del PIB, además deben aplicarse las reformas estructurales del FMI por el nuevo convenio y se espera que la contracción de este año sea de 10.9% del PIB. Dado este escenario, el próximo año seguirán los ajustes, más reformas estructurales y contracción de la economía que implicará seguir con altos niveles de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad y hambre.

La pandemia agravó la triple crisis que vive el país generando una serie de desequilibrios económicos, una retracción de las condiciones sociales y crisis humanitaria que produjo miles de muertes en la población. La recuperación de esta crisis, dependerá en gran medida de la vacuna, y será un proceso largo y un camino doloroso para la mayoría de la población.

En lo económico, el principal problema es la contracción y los desequilibrios macroeconómicos. La contracción de la economía de 10.9% en 2020, según el FMI, tendrá graves repercusiones. La fuerte caída de la demanda agregada, por la pandemia, principalmente de la inversión y del consumo, tardará tiempo en recuperarse, unos 3 años, y, en gran medida dependerá del aparecimiento de la vacuna contra el coronavirus, que permitirá ir normalizando la situación económica. Está volvería a los niveles previos a la pandemia en 5 años, Moody’s dice que recién en 2024 se volvería a una situación económica previa al coronavirus. También influirá la evolución del comercio internacional, que se ha contraído fuertemente. EE.UU., Europa y Asia disminuyeron significativamente su comercio exterior. Para el país, son importantes los dos primeros mercados y mientras no se recuperen nuestras exportaciones seguirán con dificultades. La contracción afectará fuertemente al mercado de trabajo.

Entre los principales desequilibrios macroeconómicos, agudizados por la pandemia están el deterioro del mercado de trabajo, el déficit fiscal, la iliquidez fiscal, la deuda externa e interna, etc. En cuanto al primero El INEC anunció que el desempleo llega a un millón de personas, que si le agregamos los subempleados y el sector informal tendríamos alrededor de 2 millones de trabajadores y empleados con problemas de trabajo. La tendencia es a la precariedad de del mercado de trabajo que implica empeoramiento de las condiciones de trabajo en términos de la jornada laboral, reducción del salario, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc. La ley de “apoyo humanitario” posibilitó la reducción de las horas de la jornada laboral en el sector público y, en consecuencia, del sueldo en este sector. Además, en el sector privado, posibilita también que se haga lo mismo. La mejoría de la situación del mercado de trabajo dependerá de la reactivación productiva, la que a su vez está en función de la demanda agregada, la que tardará varios años en recuperarse.

El déficit fiscal del 12% del PIB, según lo declarado por el Presidente, es el más alto de la historia del país. El Ministro de Finanzas señaló que éste se redujo, en el I Semestre de 2020, en 1500 millones, o sea que ahora estaría alrededor del 10% del PIB, lo que implica que seguirán los ajustes en los siguientes años para ir reduciéndolo.

Se ha agravado la situación de iliquidez de la caja fiscal por la declaración de inconstitucionalidad del decreto que dispuso el adelanto del impuesto a la renta. Por lo que el gobierno estaría esperando la firma del nuevo convenio con el FMI con el que espera recibir 800 millones de dólares, pero esto sería posiblemente en setiembre, de este año, pero antes debe llegarse a la firma del contrato de la reestructuración de la deuda externa. Hasta tanto deberán esperar todos los acreedores del gobierno y los servidores públicos van a seguir siendo pagados con un mes de retraso. Pero ahí no queda todo, pues con la firma del acuerdo con el FMI vendrán las reformas estructurales que exigirá (profundización de la reforma laboral, autonomía del Banco Central,  reducción del tamaño del estado, etc.).

En cuanto a la deuda externa, el gobierno, ante la caída de los ingresos públicos,  optó por la vía más fácil de obtener recursos mediante deuda externa e interna. Hasta tal punto ha sido el endeudamiento  que ya supera el límite del 40% establecido en la Constitución y, por lo señalado en el párrafo anterior, seguirá aumentando la deuda externa que infla el presupuesto y, su servicio, deja menos recursos para otros rubros del presupuesto. Tal es el reconocimiento implícito que la deuda ha superado el límite señalado que en la Ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 24 de Julio, de este año, establece en las clausulas transitorias que la deuda pública debe reducirse al 57% en 2025, 45% al 2030 y 40% hasta el año 2031 y en adelante.

El país sufrirá este año una gravísima crisis económica de su historia, reflejada en la más profunda caída de la producción; en lo social, habrá un aumento considerable del desempleo, pobreza e indigencia y, en lo humanitario, el fantasma del hambre y miseria se hacen visible que provocará el aumento de la violencia. El gobierno para enfrentar la crisis, arrastrada desde el 2019 y agudizada por la pandemia, ha optado por aumentar considerablemente la deuda externa e interna y mantiene profundos desequilibrios macroeconómicos como la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y balanza de pagos.

La proyección del FMI del crecimiento económico para este año es de -10.9% que revela cuan profundo será el deterioro de la economía. El Banco Central (BCE) estima que la caída del PIB estará entre  -7.3% y -9.6%, que se explicaría por un  -10% de la demanda agregada y, de sus componentes, la mayor contracción se daría en la inversión (-14%) y del consumo m-7.9% (-8.4% hogares y sector público -5.6%) así como un deterioro de la balanza de pagos. En el I trimestre el BCE proyectó una contracción de -2.4%  y estimó que en el período marzo-mayo la caída fue de -3.8%. En la monetización de las pérdidas, en valores corrientes, proyecta 6262 millones de dólares distribuyéndose en 84% para el sector privado y 16% para el público. Los 6 sectores más afectados, medido en millones, son: comercio ($1978), transporte ($ 666), turismo ($ 585), servicios ($ 579), industria ($ 550) y agropecuario ($ 358). La calificadora de riesgos Moody’s señala que el país no regresara a los niveles previos de la crisis hasta 2024.

Esta caída negativa del PIB, se refleja en el deterioro del mercado de trabajo. La tasa de desempleo formal en 2019 fue de 3.8% y entre marzo – mayo de 2020 el desempleo aumentó 4.4% o sea 335413 desempleados más. Los sectores con mayor desempleo serían: comercio (105500), transporte (43.800), manufactura (36700), actividades profesionales (27900), construcción (25000) y alojamiento y servicios de comida (19200). El INEC reveló que a Junio de 2020 la tasa de desempleo alcanzó 13.3%  (mas de un millón de desempleados) mientras que en ese mes del año pasado solo fue de 4.4% y la de empleo adecuado, en el mismo período, pasó de 37.9% a solo 16.7%, reflejando el fortísimo deterioro del empleo por la pandemia. Estas cifras guardan coherencia con los datos reportados tanto por el Ministerio de Trabajo que señaló que, en la pandemia, se terminaron 289258 contratos y, en tanto, el  IESS que establece 270638 desafiliaciones. Un funcionario del IESS declaró que, desde marzo de este año, obtuvieron el seguro de desempleo 28429 personas. Sin embargo, para medir el deterioro del mercado de trabajo, falta incluir el sector informal urbano con el más de un millón de trabajadores informales que aumentaron, sin duda, durante la pandemia.

El efecto humanitario de la pandemia en América Latina va a ser el aumento de la pobreza, como lo señala la CEPAL, que pasará de 185 a 231 millones, o sea un incrementó de 45 millones de pobres, siendo ahora 37% de la población de la región. Pero también se incrementará la extrema pobreza en 28 millones, que representa el 15.5% de la población. El Ecuador, por efectos de la pandemia, tendrá mayor pobreza y más gente en la extrema pobreza. No hay cifras oficiales al respecto.

Para aliviar la iliquidez de la caja fiscal el gobierno optó por la renegociación parcial de la deuda externa alcanzando una rebaja de 1540 millones en el capital, menor tasa de interés y mayor plazo de pago. Sin embargo, si analizamos los precios de mercado de los bonos ecuatorianos, en tiempos de pandemia, mucho mejor hubiera sido recomprarlos. El resultado de la renegociación implica menos pago del servicio de la deuda quedando libre recursos para otros rubros. El gobierno le debe a los institutos de seguridad social, a los GADs, al Banco Central, proveedores, etc. Sin embargo, ya el presidente del directorio del IESS declaró que podría recibir bonos del gobierno como pago de su aportación del 40% de las contribuciones del estado para el pago de las pensiones. Aquí queda claro que, en el pago de la deuda interna, no son prioridad los jubilados.

El presidente declaró que el déficit fiscal de 2020 sería de 12% del PIB, lo que revela la necesidad de financiamiento del gobierno. Si bien entre enero-mayo, de este año, hay un superávit comercial de 877 millones de dólares, es posible de acuerdo con el Banco Central que se mantenga el mismo.

En síntesis, 2020 será el año de la más grave crisis de la historia del país pero no solo económica –revelado en los indicadores señalados- sino que será también social y humanitaria con más desempleo, subempleo, un mayor sector informal y mayor pobreza, extrema pobreza, hambre y violencia.

 

Después de haber perdonado – por más de 4000 mil millones en intereses y multas- por la remisión fiscal a las empresas, la aguda iliquidez fiscal ha conducido a una situación en que el gobierno le debe a todo el mundo. El poder aliviar el flujo de la caja fiscal depende crucialmente de la renegociación de la deuda externa, de nuevos ingresos y recortes fiscales y la evolución de la economía. Un empeoramiento de estas tres variables conducirá a una elevación de los retrasos del gobierno y una situación financiera insostenible.

En un artículo anterior señalé que, hasta Mayo de 2020,  los atrasos del gobierno con el IESS, GADs, proveedores y Banco Central alcanzaban 7.565 millones de dólares y la deuda interna llegó 13.991 millones de dólares. Desde Marzo, de este año, la iliquidez fiscal se agravó por la pandemia –con la consecuentemente casi paralización de la actividad económica-  que redujo los ingresos del gobierno. A tal punto que, según el Presidente, el déficit fiscal para 2020 se estima un 12% del PIB. El gobierno ha paliado, la iliquidez fiscal, con mayor endeudamiento externo –a tal punto que la deuda externa alcanza 41.564 millones de dólares- y atrasos.

El no haber realizado el ajuste a tiempo complicó aún más el escenario por lo que el gobierno comenzó a recortar la inversión pública y el tamaño del estado para reducir el gasto público. Los afectados fueron los sectores de salud, educación, la seguridad social y los GADs, lo que ha implicado sacrificar el bienestar social. El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa para abrir el camino a la renegociación de ésta. Como señalamos en otro artículo, el gobierno espera una reducción del capital, de los intereses y una ampliación del plazo. Para aliviar la iliquidez fiscal es crucial que la renegociación de la deuda externa sea exitosa para lo cual se requiere el visto bueno de los tenedores de 9 de los 10 bonos en renegociación y 66% en promedio de dichos bonos. El bono 10 tiene la condición que debe ser aprobado por el 75% para su reestructuración. En la primera semana de Agosto, de este año, se conocerá cual es la decisión de los tenedores. La renegociación tiene el apoyo del FMI que a cambio exigirá la aplicación de reformas estructurales: reforma laboral, reforma al Banco Central, mas reforma al sector público, privatización de empresas e instituciones públicas financieras y no financieras, etc.

A tal punto ha sido el nivel de iliquidez de la caja fiscal que los sueldos de los empleados públicos se  retrasó hasta un mes. Y aún más se les rebajó el 20% de sus sueldos, que son los que han pagado parte de la crisis. Al mes de Julio de 2020 tal ha sido el ahogo fiscal que el gobierno decretó el pago anticipado del Impuesto a la Renta del año 2020 a las grandes empresas. Es conocido que los sectores que más han ganado, con la pandemia, han sido los sectores de comercialización de bienes de la canasta básica –supermercados y comisariatos- la banca y de salud. Ya declararon los dirigentes de las Cámaras Empresariales que se oponen a dicho decreto. No es nuevo impuesto, sino un adelanto de del Impuesto a la Renta. Si apoyaron, en cambio, la remisión fiscal que los beneficio.

En cuanto a la evolución económica, ya el FMI proyectó una contracción de la economía de 10.9% para el 2020 con lo cual además del grave problema social del desempleo, pobreza y hambre el gobierno seguirá con ingresos tributarios disminuidos, por lo que el gobierno ha puesto su mira en la renegociación de la deuda externa que permitirá reducir el pago del servicio de la deuda –capital e intereses- que posibilitaría liberar recursos para otros sectores. ¿Cuál será la prioridad de gasto –en este escenario- del gobierno? La crisis económica continuará y podrá atenuarse si se produce una vacuna para el COVID, como ya lo han señalado organismos internacionales. Por otro lado, dado el desempleo formal, por los despidos en la pandemia, ha llevado que se acumulen deudas bancarias, comerciales e hipotecarias que aumentaría la morosidad en el sistema financiero que podría aumentar su riesgo de liquidez y de otros tipos de riesgo.

En síntesis, la ilíquidez de la caja fiscal podría atenuarse si hay una exitosa renegociación de la deuda externa, mientras que el riesgo de liquidez del sistema financiero privado y público –BIESS y CFN- puede disminuirse con adecuadas medidas pero lo difícil será combatir el hambre que- si no se toman medidas a tiempo- puede desencadenar en una explosión social –al modo chileno- con graves consecuencias para la sociedad ecuatoriana.