Luis Rosero M.

El descubrimiento de nuevos casos de corrupción, en otras áreas gubernamentales, el creciente aumento de la deuda externa y la mayor iliquidez fiscal, que no permite paga a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y sueldos, agrava el escenario de la crisis social, económica, humanitaria y social.

A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas,  ,asesores de éstos, jueces, deportistas, etc.. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley. Aunque la versión oficial lo ha negado, hay que esperar el resultado de las investigaciones. Para agravar, aún más, la situación del deterioro ético, moral, social, etc. se ha denuncia también reparto de becas internacionales entre familiares, amigos y ex funcionarios del régimen.

El manejo de la política económica refleja las prioridades y los sectores a los que afecta. También es fundamental, en la toma de medidas el prever los efectos, el liderazgo y el actuar a tiempo como lo exige la coyuntura. Para la mayoría es claro que el gobierno fue aplazando el ajuste, así como no se actuó a tiempo contra la pandemia, lo cual tiene sus costos. Con la pandemia, que agravó la crisis económica-social-humanitaria, lo primero ahora, al aplicarse el ajuste justo con la pandemia, tiene elevados costos sociales –en términos de desempleo, subempleo, pobreza y caída del nivel de vida-. La paralización de la actividad económica –por el coronavirus- condujo a una caída de los ingresos tributarios, que ahonda el déficit fiscal, que buscan ser cubiertos con más deuda externa e interna y más impuestos. Lo preocupante es el aumento de la deuda externa. Según reporta El País la deuda deuda externa ha crecido en 6000 millones de dólares solo en 5 meses. Pero además ha aumentado la deuda interna. Así, por ejemplo, la deuda del Ministerio de Finanzas pasó de 2915 a 4076 millones de dólares. No se puede obtener las cifras oficiales de la deuda, pero este endeudamiento agresivo pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda externa. El mayor pago del servicio de la deuda deja menos espacios para otros rubros del presupuesto e implicará, en el futuro, aumentar impuestos para poder cubrirla. Está claro que la primera prioridad del gobierno es pagar la deuda externa, lo que ha llevado a aumentar la iliquidez de la caja fiscal.

Esto ha llevado que los atrasos del sector público aumenten hasta tal punto que, a principios del segundo semestre de este año, llegan a 3131 millones de dólares. Entre los principales afectados están los Institutos de Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, proveedores y empleados del sector públicos. A los primeros de adeuda 1300 millones, lo que ha implicado problemas en el pago de pensiones del ISSFA y ponga en riesgo el cubrir las del IESS. A los GADs se les adeuda 984 millones por el IVA, que ha llevado a una marcha de protesta de alcaldes de algunas ciudades del país que denuncian problemas para seguir prestando sus servicios. Hay atrasos en salarios a los servicios públicos por 300 millones, a los proveedores se les adeuda 200 millones y para agravar el panorama se deben aún 588 millones de intereses de la deuda.

En síntesis, hay un escenario muy complicado tanto en lo económico, social y humanitario. A más de la crisis moral y ética, por los actos de corrupción en las distintas esferas del sector público, hemos reiterado, en varios artículos que, por esta triple crisis, ha aparecido el hambre y, en consecuencia, la violencia que se refleja en el aumento de la delincuencia. Por otro lado, al paralizarse la actividad económica, con quiebre de empresas, hubo cerca de 200.000 desempleados que ahora tienen que pagar sus deudas y que no pueden cubrirlas. Pero aún más, el millón o más de informales, que no tuvieron ingresos en la pandemia, agravan la crisis humanitaria. El Banco Central, en su proyección, estima que el PIB se contraerá en 2020 entre el 6% y 10%, lo que refleja la magnitud de esta triple crisis.

Los informes de algunas instituciones señalan problemas en la sustentabilidad financiera del IESS y apuntan a un déficit actuarial que de no enfrentarse podrían llevar, en el futuro, al riesgo de que no puedan seguirse pagando las pensiones a los jubilados y no cubrir algunos de los servicios de salud que presta el IESS a sus afiliados y familiares. En este artículo, analizó que propone el gobierno para enfrentar el pago de ciertos beneficios para los jubilados con los ingresos del fondo de pensiones  y cubrir los servicios de salud a familiares de los jubilados  con recursos fondo de salud.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el descuento de 2.76% a las pensiones de los jubilados y pensionistas, en Diciembre de 2019,  que financiaban el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, parcialmente la decimotercera y decimocuarta pensiones, auxilio de funerales y urgió a que se busquen otras alternativas de financiamiento. Con este propósito,  el Presidente del Directorio del IESS, planteó que podrían incrementarse los aportes de los afiliados. Con dos opciones. La primera una tasa prima nivelada que consistiría en una prima fija del 1,10% cada cinco años, desde el año 2021 hasta el 2058. La segunda, una prima escalonada que implicaría aumentar su porcentaje con incrementos cada quinquenio, con lo cual la prima empieza en 0,5% en el año 2021 y subirá hasta llegar al 1,96% en el 2058. Según el funcionario, en cualquiera de las dos opciones, se financiaría el pago de los décimos tercer y cuarto sueldo de los jubilados y se crearía un fondo de ahorro. También ha planteado cobrar los servicios de salud que se prestan a los familiares de los afiliados.

Recordemos que por decreto el gobierno decidió recortar la jornada laboral de los empleados públicos, lo cual implica una reducción de sus sueldos en un 25%, pero a pesar de que la jornada laboral pasa de 40 a 30 horas semanales se les obliga a dichos servidores que su aporte al IESS sea sobre 40 horas, algo que podría ser inconstitucional. Así, si un empleado SP gana, con 160 horas mensuales,  1676 dólares tendría que aportar al IESS $ 191,90 con lo cual su ingreso neto sería 1484.10 que ahora, según el Ministerio de Trabajo, debería descontársele 16.66% con el decreto, con lo que su ingreso ahora sería al mes $ 1.396,78 con lo cual aportaría al IESS $ 159.93. Según dicho Ministerio de Trabajo, con el descuento señalado, ahora el sueldo reducido sería $ 1.396,78 y continuara aportando lo mismo esto es 191,90, lo que implica una diferencia en contra del empleado público de de $ 31,97. Le estarían descontado demás este último valor. Por hipótesis, este valor sería una fuente de financiamiento para el pago de la décima tercera y cuarta remuneraciones a los jubilados y déficit actuarial del IESS.

Con dicho decreto, en la práctica, les reduce el sueldo a los empleados públicos y además les hace pagar un aporte al seguro social con el sueldo anterior y ahora, el Presidente del Directorio del IESS, plantea un incremento del aporte personal tanto para los empleados públicos y privados. O sea, el empleado público sale afectado por su reducción de sueldo, por un aporte mayor al IESS con un sueldo reducido y, por otra parte, debería pagar, en el futuro, un aporte personal mayor, por lo propuesto por el Presidente del Directorio del IESS

El Presidente de la República declaró que el déficit fiscal (del gobierno central + empresas públicas + seguridad social), en 2020, sería 12% del PIB. Con lo cual resulta que éste se financiaría con reducción del sueldo de los empleados públicos (18.57%) y el déficit actuarial con un aporte al IESS mayor, del debido, de los empleados públicos, y un aumento del aporte personal mayor tanto de los empleados públicos y privados. Con lo que resulta que el peso de la crisis (déficit fiscal) terminando recayendo principalmente sobre los empleados públicos y, en menor proporción, sobre los empleados privados. Y aprovechando la pandemia, se privatizarían los hospitales de los institutos de seguridad social, ya que están acosados por la corrupción. Antes se habían aumentado ciertos impuestos y se crearon otros. Está claro quién paga el costo de la crisis.

Luis Rosero M.

La pandemia, el desempleo, la reducción de sueldos  y despido de empleados públicos, el crecimiento del sector informal urbano, aumento de la pobreza, de la pobreza extrema e indigencia, expresan la gravedad de la crisis económica, social, sanitaria y humanitaria en el país, que ha reducido fuertemente el nivel de vida de la población y ya aparecen los signos del hambre que desatará más violencia. A eso se suma la plaga de la corrupción y aumento de las tarifas de servicios públicos y más inflación que conducen a mayor  asfixia de la mayoría de ecuatorianos.

El país venía arrastrando una crisis económica, expresada en la contracción de la economía en 2019, que se agravó con la pandemia que obligó al confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica que llevó, excepto  supermercados y empresas de salud, a una fuerte disminución de las ventas y por ende de los ingresos empresariales. Ya han pasado más de 80 días del confinamiento, levantado gradualmente, lo que ha generado despidos. El propio Ministro de Trabajo declaró que se habían despedido 173.000 trabajadores, 10% alegando fuerza mayor, y, en esta semana, se reporta 7000 despidos más. Ya se revelan datos de quiebres de muchas empresas sobre todo pequeñas y microempresas, sobre todo en Guayaquil y Quito, que agrava la situación del empleo. Por otro lado, el aumento del sector informal, al no poder vender los trabajadores informales, sus productos y servicios, condujo a un aumento del desempleo informal que ya suma más de un millón de personas. Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.

A eso se suma, el despido de empleados públicos por la eliminación de los contratos temporales, de aquellos que tienen nombramiento provisional y ahora incluso los de nombramiento definitivo. Aún más, con la política de reducción del tamaño del estado, la fusión, absorción y eliminación de entidades y empresas públicas, se van a despedir miles de empleados, con que tendríamos un mayor nivel de desempleo a nivel nacional. Según Miguel García, Presidente de la Federación de Servidores Públicos, el tamaño de la burocracia llegó a 610.000 en el gobierno anterior. Además señaló que, en el gobierno actual, hay 75.000 de servicios ocasionales, 70.000 con nombramientos provisionales y 5.000 en proyectos. Según él, se han despedido 30.000 en 2019 y en 2020 señaló que se desenrolaría a 160.000 burócratas. En total, tendríamos, según estos datos, 340.000 empleados privados y públicos más en desempleo, lo que se refleja en la desafiliación al IESS, que complica aún más la crisis de la seguridad social. En una noticia de Televistazo se informó que  “Según la Mesa de Estudios, con base en una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 500.000 personas podrían quedarse sin empleo formal, lo que significaría mantener una tasa de desempleo de alrededor del 10%.“ A más de eso, por decreto se rebajó en 25% el ingreso de los empleados públicos, al reducir en 2 horas diarias en su jornada laboral.

Para agravar el escenario, las denuncias de corrupción por sobreprecios en insumos médicos, aprovechando la emergencia sanitaria, abarcan hospitales públicos y del IESS, Consejo Provincial del Guayas, Municipio de Quito, asambleístas, etc. reflejan que la corrupción abarca a todos los niveles de gobierno, que muestran la avaricia, indolencia e inmoralidad de los corruptos mientras la gente se contagia, muere en las calles o con hospitales desbordados por el coronavirus. Pero más allá de eso, hay una exposición mediática, inundando los medios con  los nuevos casos de corrupción, para encubrir la grave crisis económica,  socia, sanitaria y humanitaria que vive la población. Se quiere tapar el sol con un dedo.

Para complicar el escenario, la Asamblea acaba de aprobar el proyecto de ley de “apoyo humanitario”  en el que se congela por un año la tarifa de los servicios básicos, y se ordena reducir 10% el costo de estos servicios, pero el gobierno con una jugada estratégica, antes de la vigencia de la ley, aumento la tarifa de la luz y ya hay miles de denuncias de incremento de hasta 300% en las facturas y, según algunos medios, hasta de telefonía celular. Para rematar el asunto, según el INEC, a Abril de 2020, el costo de la canasta familiar básica aumentó 2% que en términos absolutos representó una subida 14,50 dólares, que se reflejó en un aumento del 1% de la inflación en ese mes, que refleja también el aprovechamiento de los intermediarios, supermercados y farmacias de la situación por la pandemia.

El gobierno, con sus medidas, y, los efectos de la pandemia, han impactado fuertemente el nivel de vida de los ecuatorianos que ya hay signos de hambre, lo que se traduciría en más violencia y delincuencia. El gobierno con más impuestos, despidos, reducción de sueldos, más deuda pública y con la corrupción ha hecho recaer el pago de la crisis sobre la clase media, servidores públicos, empleados privados y población en general, sobre todo la más vulnerable. Pero lo mas patético es que el gobierno quiere tapar esta realidad con un dedo, a tal punto que ha contratado una empresa americana para lavar su imagen negativa, posiblemente por lo que se viene, que va a ser mucho peor, como ya advierten la CEPAL y FAO que señalan que la pobreza extrema de A. Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en 2020. En el país, según el INEC, a diciembre de 2019, la pobreza llegó al 25% y la pobreza extrema alcanzó 8.9% pero con las estimaciones  del Banco Central  habrá, en 2020, una contracción entre el 6 – 10%, lo que dispararía la pobreza alrededor del 30% y la extrema en 12%, pero lo peor es que se hará visible el hambre, lo que ha llevado a organismos internacionales como la CEPAL y FAO a plantear bonos contra el hambre. Estamos con la soga al cuello y en el filo de la navaja, lo que llevaría a un espiral de violencia y delincuencia que, si no se toman las medidas, explotará como en el caso de Chile.

El veto al proyecto de ley de apoyo humanitario, en lo laboral, mantiene la flexibilidad laboral pero endureciendo las condiciones encuadrándose en una reforma laboral propugnada por los organismos internacionales. En este artículo trataremos solo las objeciones en lo referente a lo laboral.

En un artículo anterior dije sobre este tema: “Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

El veto, en cuanto a contrato especial emergente, reduce su duración de dos años a uno. La Asamblea había postulado 2 años renovable por una sola vez, o sea una duración de 4 años. De la misma manera, para la reducción de la jornada laboral, la Asamblea determinó una duración de dos años renovables por una sola vez, o sea 4 años. El veto lo reduce solo a un año. El veto, del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, referente la interpretación de los casos fortuitos o de fuerza mayor, habilita al patrono a terminar la relación laboral, cuando el contrato sea inejecutable, cuando estos dos casos afecten una actividad o servicio o una línea o unidad de negocios.

Si bien, en cuanto al contrato especial emergente y la reducción de la jornada laboral se reduce el plazo en cambio posibilita el despido. Sin embargo, aún sin esta interpretación, contenida en el veto, ya los despidos se han venido dado, cuando se apruebe el veto estos serán mayores. Los datos estadísticos señalan la gravedad de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, el Ministro de Trabajo, en su comparecencia en la Asamblea, a propósito de veto a la ley de apoyo humanitario, reveló que el número de desempleados, a Junio de este año, se incrementó en 173.000. Según el INEC, a diciembre de 2019, esta variable alcanzó llegó a 322.134. O sea que tendríamos a Junio los desempleados alcanzaron medio millón de personas. De esos 173.000, según el Ministro, 17000 fueron por caso fortuito o fuerza mayor no pagando, el empleador, las indemnizaciones legales y se cometieron abusos. Si estos despidos, fueron sin la ley de apoyo humanitario, ahora será más fácil despedir alegando estos dos casos.

Pero lo peor, del deterioro del mercado de trabajo, es el trabajo infantil. Este pasó de 2014 a 2018 de 99.500 a 201634 o seas un incremento de más de 100%. La coordinadora de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, señaló que actualmente existen 375.000 niños que hacen trabajo infantil. Pero más aún, la pandemia, obligó a una paralización de la actividad económica, hizo crecer el trabajo infantil. Como lo alertó la ONU y la FAO “Es probable que la COVID agrave aún más esta situación y haga que más niños dejen de ir a la escuela y se dediquen al trabajo infantil.” La situación del mercado laboral empeora si tomamos en cuenta al sector informal urbano, gente que vive de las ventas del día,  que creció de manera significativa con la pandemia.

En síntesis, la pandemia aumentó el desempleo, subempleo, el trabajo infantil y en el sector informal urbano. En pocas palabras: grave deterioro del mercado de trabajo. La flexibilidad laboral, contenida en el proyecto de ley de “apoyo humanitario” facilita el despido y se encuadra en una reforma laboral de carácter neoliberal, apoyado por el BMI y Banco Mundial, que descansa en la premisa que reduciendo costos de contratación y despido y otros preceptos aumenta el empleo, cuando más bien se da una precarización laboral.

Luis Rosero M.

La situación del BIESS ha llegado a un punto crítico por los problemas de liquidez, agravados por el aumento de la morosidad, excesiva burocracia y la entrega incompleta de la contribución del 40% del gobierno. Estos factores elevan el riesgo de la viabilidad financiera de la entidad y, en consecuencia, su existencia.

Respecto a la morosidad el BIESS tuvo una tasa baja hasta 2015 año en que alcanzo 2.9% pero en 2016 se dispara casi al doble (5.3%) y de ahí en adelante ha venido aumentado constantemente hasta que en 2019 alcanza el 7% pero, según el gerente, en 2020, ésta bordearía el 10%. Esto muestra un problema de gestión crediticia. Por otro lado, la situación de iliquidez se complica ya que antes de la pandemia, según reporta El Comercio, había 25000 créditos hipotecarios en mora, pero con el coronavirus podrían llegar al 50.000. Para enfrentar esta situación, el BIESS se ha visto obligado a tomar medidas como la de refinanciar o restructura la deuda a un plazo de 30 años (antes eran 25), otra es la novación mediante la cual se extingue la obligación y se la reemplaza por otra y además aumentó la capacidad de endeudamiento del afiliado por 3 meses, lo que será posible con la novación.

El número de empleados del BIESS ha venido aumentando constantemente lo que infla los costos. Dada la complicada situación, la  entidad anunció que, en el periodo setiembre-diciembre de 2019, redujeron el personal en 13%. Este proceso continuará y el propio gerente habla de que la institución se convirtió en un botín político. Estos dos factores han llevado a que el BIESS reduzca su nivel de utilidades e incluso, en 2019, muestre resultados negativos.

Por otro lado, el gobierno no ha cumplido con entregar el total del 40% de contribución al IESS que se comprometió a entregar desde de 2019. De este año todavía adeuda 542 millones de un total de 1425 millones. En 2020, el gobierno continúa adeudando los recursos de su contribución del 40%.

Por otro lado, la estructura actual de los activos del BIESS se reparte principalmente en: 41% en papeles del estado, 42% en créditos hipotecarios y 10% en créditos quirografarios. Estos son los que generan rendimientos y, por otro lado, los aportes de patronos, trabajadores y empleados generan los ingresos y liquidez. Con los recursos se tienen los ingresos corrientes, que según el gerente suman 345 millones mensuales, y con estos se pagan los gastos de salud y las pensiones que representan 430 millones, por lo que tienen un déficit mensual de 85 millones mensuales. El gerente del BIESS anunció que tendrían liquidez por 4 meses, por lo cual se corre el riesgo de iliquidez y habría dificultades para pagar las pensiones jubilares lo que implicaría una crisis social para los jubilados

La Superintendencia de Bancos realizo un examen de auditoría al BIESS en la  que se realizaron  algunas observaciones en la se notificaron problemas en gobierno corporativo y riesgos. El Gerente del BIESS, Troncoso, el 19/Mayo/2020,  ha recomendado al gobierno algunas medidas para enfrentar la situación de iliquidez: reperfilar la deuda con el gobierno de 2400 millones con bonos de deuda interna, reconocimiento de la deuda del estado con la Seguridad Social, acuerdo de pago del 40% con entregas programadas  del Ministerio de Finanzas en 2020,  en 2021 pagos mensuales y canje de los pagos atrasados con bonos de deuda interna.

En síntesis, el BIESS está en riesgo de desaparecer. Recordemos que el Banco Mundial en su acuerdo crédito con el país recordó eliminar al BIESS y transferir sus operaciones a la banca privada. Si no se toman medidas urgentes, entre ellas que el gobierno pague su contribución del 40%, las operaciones del BIESS se podrían paralizar o al menos eliminar algunos tipos de créditos pero lo más catastrófico es que no se podrían pagar o se retrasarían las pensiones jubilares lo que implicaría una fuerte conmoción y reacción social. El Gerente Troncoso presentó su renuncia denunciando: “Lamentablemente, no existe voluntad para apoyar este proyecto de transformación y existe intromisión del directorio actual (del banco) que ante una administración técnica y profesional es inadmisible”. Esto sin duda obedece, al cambio del Presidente del directorio del BIESS: Jorge Wated, que busca colocar a profesionales de su grupo. Pero la crisis de fondo está en el déficit actuarial de la seguridad social. Veamos si se echa abajo el plan del ex gerente o se establece otro, hasta tanto el BIESS seguirá en terapia intensiva con situación incierta.

El gobierno buscando más ingresos ahora decidió la liberalización del precio de la gasolina y diésel y, por ende la eliminación del subsidio a los combustibles, la cual se aplicará en tres etapas e implicará efectos sobe los costos de las empresas e inflación que a su vez disminuirá  la capacidad de compra de la ciudadanía.

En la primera etapa, hay  la reducción, de 10 centavos, en los precios de la gasolina extra y ecopaís fijándolas en 1.75 y el diésel en 1 dólar el galón, precios que estarán vigente durante el mes de junio y continuarían los subsidios. La segunda etapa sería la aplicación de una banda de precios, de referencia para nuestro país. Los precios de estos combustibles, con este esquema, pasarían a ser variables y se fijarían en función de los costos promedios ponderados de importación, los de transporte, almacenamiento, comercialización y los tributos aplicables (como el IVA), agregando además los márgenes mínimos y máximos de ganancia en las gasolineras. Esto implica que cada mes variarían los precios en función de las fluctuaciones de estas variables pero principalmente el precio internacional del crudo WTI, de referencia de nuestro país, con una banda de más o menos 5% sobre dichas variables.

En la primera etapa, en la que  hay una leve rebaja de dichos combustibles,  se da un caramelo dulce temporal, que tendría sabor amargo, a partir del 1 de Julio en adelante, cuando se aplicaría la banda y comience a subir los precios de las gasolinas y diésel. Sin duda, hasta que se vayan eliminando las cuarentenas, en los diferentes países, el precio del WTI va estar por debajo de los 40 dólares, pero una vez que comiencen a recuperarse las economías, principalmente las de China, EE.UU. y Europa, tendríamos un precio que va a variar poco, quizás esta tendencia se mantenga este año. Pero a partir, del próximo año, cuando la economía mundial comience a reactivarse vendrán los aumentos de precios de dichos combustibles. Cuando ocurra eso, se activará la banda del techo que limitará el incremento de dichos precios y, si el precio del WTI caiga bruscamente, tendremos la acción de la banda piso que no dejará que el valor baje menos que 1.75 para los dos tipos gasolinas y 1 dólar para el diésel. Cuando comience a operar a banda implicará que se eliminan los subsidios a dichos combustibles, dependiendo de cómo varía el WTI. Al eliminarse el subsidio, al diésel para sectores productivos aumentaría de precio, a partir de Julio de 2020, lo que implica aumento de costos para algunos sectores. Por otro lado, al eliminarse el subsidio a las dos gasolinas señaladas también habrá un aumento sobre el costo de transporte público y de costo para las empresas. El gobierno ha anunciado que aplicará medidas compensatorias para evitar el impacto sobre el transporte público.

Sin duda, habrá un efecto inflacionario, a partir de Julio, tanto por el aumento del costo para las empresas como por el factor especulativo que hará que aumente el precio de los bienes y servicios que se une a la que ya se dio, por efecto de la pandemia, en los bienes de la canasta básica y medicamentos, que aplicaron supermercados, comisariatos y farmacias, lo cual conducirá, sin duda, a una menor capacidad de compra de la población. Los más afectados serán los empleados públicos a los que se les redujo la jornada laboral en 2 horas, o sea una baja de sueldos disfrazada. Estas medidas tienen efecto recesivo y, dada que proyección del FMI de -6.3%, para este año, provocando una contracción mucho mayor aumentando del desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Este año será muy difícil para todos, se hizo visible el hambre lo que implicará más violencia y delincuencia cuyos efectos, a más de los económicos y sociales, padece ya la población.

Luis Rosero M.

El gobierno dictó otras medidas económicas, justificándolas por la pandemia, con ajuste del gasto público y una reducción del tamaño del estado. En el primer caso, reduciendo las horas de la jornada de trabajo de los empleados públicos;  en el segundo, la eliminación y fusiones instituciones públicas. Además,  ejecutó la liberalización de las gasolinas extra, eco y el diésel. En este artículo solo analizo las dos primeras medidas.

La reducción de dos horas de trabajo diario a los burócratas implica una reducción de un 25% de la jornada laboral en la función ejecutiva y en igual porcentaje sería la reducción de sus ingresos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, en un comunicado dice que la reducción de la jornada solo es de 16.6% y, en el caso de los maestros, en los que se les disminuye sólo una hora diaria, dicha cartera de estado señala que solo sería de 8,33%. Esta medida duraría hasta un año. Por otro lado, el decreto 1053, señala que las aportaciones a la seguridad social “que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre ocho horas diarias.” O sea a más de reducirles el sueldo, a los empleados públicos, por reducción de la jornada de trabajo, se les reducirá su ingreso porque tendrían que pagar el aporte a la seguridad sobre 40 horas cuando debe ser con 30. En síntesis, doble reducción de sueldo, una por la rebaja de la jornada laboral, y, otra por el aporte a la seguridad social sobre jornada completa de 40 horas, cuando realmente trabajará 30. Con esta reducción de las horas, el gobierno espera recaudar 900 millones que es un poco inferior a la contribución de 1000 millones que se pretendía cobrar a empleados privados y a las utilidades de las empresas.

Pero además, los burócratas salen afectadas por la eliminación de 11 instituciones públicas: 8 empresas públicas y 3 entidades estatales. De las primeras: Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Correos del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y de las segundas: Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y la Subsecretaría Anticorrupción. Con esta eliminación de  instituciones públicas, se liquidan no solo los bienes y activos sino que también a los empleados.

Según la publicación Empresas Públicas y Planificación, editada en 2013 por Senplades, el país contaba con 28 empresas de la función ejecutiva: 25 públicas y 3 empresas mixtas. De las primeras en los sectores:3 en hidrocarburos, una en minería, 5 eléctrico, 4 telecomunicaciones, 6 en productivos (Tame, Ferrocarriles, Cementera, Almacenamiento, Pesquera e Importadora), 3 en seguridad, 2 en social y una en conocimiento y talento humano (Yachay).

El caso más paradójico es el TAME. Según la publicación señalada el resultado neto, en 2013, fue 1384 millones de ganancias, pero en las que el gasto y costo no operacionales eran 5385 millones. Esto significa personal y gastos en tierra, lo cual implicaría exceso de personal y gasto. Además esta empresa tuvo varios gerentes con malas administraciones y había rutas nacionales e internacionales en las que había pérdidas. Según Televistazo, la empresa entre 2012 – 2015 tuvo  pérdidas  que alcanzaron 145 millones de acuerdo a un informe de la Contraloría. O sea que entre 2016 – mitad de Mayo de 2020, las pérdidas adicionales fueron 255 millones. O sea se esperó que estas alcanzaran a 400 millones para liquidarla, lo que resulta inaudito y quien paga toda esta pérdida es el pueblo ecuatoriano, pero no solo son los déficits de Tame sino también de algunas de las empresas liquidadas. Esta demora en liquidar esta empresa, es incomprensible ya que el propio Presidente ha anunciado que el déficit fiscal de 2020 será de alrededor del 12% del PIB (8% por la pandemia y 4% de déficit acumulado).Esta empresa prestaba un servicio comercial, que bien puede ser prestado por el sector privado. En varios artículos, de años atrás, mencionaba la necesidad de liquidar a Tame. En cambio, al liquidar la UNA se está afectando un servicio de almacenamiento y regulación de precios agrícolas que prestaba a los pequeños campesinos. Las empresas públicas deben cumplir servicios en sectores estratégicos y servir al bien común. No es dable una eliminación de estas sin diferenciar los servicios y aportes que prestan. Pero el recorte ha sido en función del déficit, número de empleados Y déficit. Según El Comercio, las  empresas públicas eliminadas  tienen 3700 empleados, de las que TAME tiene 930 y  Correos del Ecuador 910. Las 22 empresas públicas tienen salarios anuales por 443 millones. Con la eliminación de las 8 EP, quedarían 14.

Cualquier medida económica tiene su time, intensidad y efectos. Como paso con el coronavirus, el no tomar medidas sanitarias a tiempo generó el alto número de fallecidos, con las eliminación de las empresas pasa lo mismo, se dejó que aumentará el déficit y ahora que se liquida el costo es mayor en términos económicos, financieros, de personal, etc. justo en esta coyuntura en que, por efecto de la pandemia, ha aumentado dramáticamente el desempleo, subempleo y el tamaño del sector informal.

Pero además, para agravar el deterioro en el mercado de trabajo, con la circular MEF-VGF-2020-0003-C, de Abril 16 de 2020, del Ministerio de Trabajo,  instruye que se debe concluir los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales de hasta marzo de 2020; en las entidades que se cierren, fusionen o se de una absorción se optimicen los contratos de servicios ocasionales y terminación de la relación contractual de puestos del nivel jerárquico superior, y no se llenen vacantes. En el mismo Ministro de Salud declaró que ya se despidieron 2279 empleados administrativos con contratos ocasionales de un año. En suma, se reduce el sueldo a los burócratas, cuando antes se había perdonado 4000 millones por multas y sanciones tributarias a empresarios, se despide a miles de las empresas e instituciones públicas y con la ley de ‘’apoyo humanitario” se estableció la flexibilidad laboral que además de despidos permite la reducción de las horas de trabajo de los empleados privados y, para agravar la situación, se decretó la liberalización de precios de gasolinas y diésel, lo que implicará que ésta variará según los cambios del precio del petróleo, lo que tendrá efectos en la inflación. Todo esto está incluido en el nuevo convenio con el FMI, que representan el condicionamiento a la política económica para que este organismo siga concediéndole crédito al país. En síntesis, el peso de la crisis la pagaran trabajadores y empleados privados, los burócratas y la población en general (por alza de precio de combustibles e inflación). Esto último será analizado en el próximo artículo.

La Asamblea aprobó dos proyectos de ley económicos urgentes. Uno, de “apoyo humanitario” que establece una reforma laboral, concordato, acuerdos privados de pagos y diferimiento de créditos. Dos, la del reordenamiento de las finanzas públicas que reafirma la autonomía controlada de los institutos de seguridad social, reduce el nivel de superministerio del MEF, da mas importancia al plan de desarrollo y a su secretaría técnica, una serie de reglas fiscales y límite a la deuda pública. En este artículo analizo los temas claves de ambos proyectos. Del segundo, se excluyen los 3 últimos temas que se analizarán en el siguiente artículo.

El proyecto de  “apoyo humanitario” fue aprobado con cambios y porque el gobierno solicitó eliminar las contribuciones que se pretendía cobrar a empleados públicos, privados y a empresas. Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.

Dicho proyecto también incluye el concordato, una especie abreviada de quiebra, del que ya analizamos en el artículo anterior así como los acuerdos privados de pagos. Entre ellos de créditos educativos hipotecarios y de tarjetas de crédito de entidades no financieras. Y establece que a los que trabajen en la educación y salud pública, con contratos eventuales, se llame a concurso de méritos para que se les otorgue, con incentivos, nombramientos.

En el proyecto de reordenamiento de las finanzas públicas, para apaciguar las críticas que desató la eliminación de la autonomía del IESS, ISSFA e ISSPOL, se introdujo en la clasificación del sector público una nueva categoría: Entidades de Seguridad Social. Se reafirma las competencias de éstas establecidas en la Constitución y la ley, así como la autonomía de los GADs, BIESS y Banco Central (que se eliminaba en el proyecto anterior para acceder a los fondos de seguridad social). Se reconfirma que los fondos de los GADs y de las Entidades de Seguridad Social son propios de cada institución y distintos a los del fisco y que aplicación de esta ley no implicará ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos.

Los institutos de Seguridad Social también deberán cumplir con las reglas fiscales como que los ingresos permanentes financien gastos permanentes, metas, la de deuda (que implica límite de endeudamiento), de crecimiento de egresos, gastos, resultado primario total y resultado primario no petrolero y requisitos para financiar los de dichos institutos con el Presupuesto del Estado. También deben cumplir con las medidas preventivas y correctivas que ajustarán el gasto para el cumplimiento de los objetivos y reglas fiscales.  Esto le pone disciplina a dichos institutos y se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, con varios integrantes, incluyendo a un representante cada instituto cuya función sería establecer condiciones, límites y correctivos y dilucidar sobre cumplimiento de reglas y metas fiscales. Aún más, se estipula que el gobierno actualizará la normativa secundaria, en un año, del fondo de pensiones y de salud relacionados con el aporte a estos del Presupuesto del Estado, lo cual puede implicar una variación en la asignación por tipo de fondo, y como se conoce que los fondos de pensiones y salud tendrían o tienen déficits actuales, en la disposición transitoria decima octava, se establece que los organismos directivos de los dichos institutos revisarán las resoluciones dictadas a fin de asegurar la sostenibilidad financiera de cada fondo. En otras palabras, podrán determinar cambios en ingresos (aportes) y gastos de los fondos señalados lo que puede implicar variación en prestaciones.

En síntesis la reforma laboral puede implicar afectación en derechos e ingresos de los trabajadores, pero como el gobierno eliminó la contribución a empleados, con los cuales esperaba recaudar más de 1000 millones, ahora cubrirá estos con el alza de las gasolinas, lo cual aumentará la inflación;  en los institutos de seguridad social medidas que corrijan el déficit, con lo que establece una autonomía vigilada, en el aspecto financiero, y reglas que le pongan disciplina fiscal a todos sectores e instituciones componentes del sector público financiero y no financiero y a los institutos de seguridad social.

La estrategia del gobierno para obtener más ingresos, ante la iliquidez de la caja fiscal, se basa en crear contribuciones e impuestos a las empresas, más deuda externa y recortes presupuestarios a lo que vendrían la eliminación de los subsidios a la gasolina y, si esto fuera poco, la corrupción en las compras públicas aprovechando la emergencia por el coronavirus.

Todos los gobiernos que no le dieron importancia y no aplicaron controles sanitarios a tiempo, por el coronavirus, la está pagando la población con más muertos por la pandemia. En este caso está incluido el país, a lo que se suma la falta de liderazgo gubernamental y un presidente ausente han provocado que el desastre de la atención en hospitales públicos para enfrentar la pandemia  tenga un alto costo de vidas humanas. Si eso no fuera poco, ahora se suma la corrupción. Ya habíamos hablado de sobreprecios en compras de mascarillas, en fundas para fallecidos, en insumos médicos a lo que se suma la de las canastas de comida que el gobierno entrega a la población. A la ineficacia en la atención en la emergencia se suma la corrupción. Es increíble que, con el dolor que sufre la población por estar contagiada, por los muertos de sus familiares, la perdida de cadáveres, personas que mueren en las calles, que no puedan enterrar dignamente a sus fallecidos, se aproveche la emergencia para tratar de robar los recursos públicos mediante sobreprecios, que desata una corrupción escandalosa que no respeta el bien público y la muerte de los contagiados por coronavirus. Que falta de ética y moral.

A ese escenario se agrega que, el gobierno, ante la búsqueda de recursos, ha recortado desde 2017 presupuesto a la salud y ahora a  las empresas públicas, universidades estatales, eliminó el bachillerato internacional, aviso a los becarios en el exterior que no hay recursos para seguir pagando sus becas, etc. Prefirió pagar la deuda externa, cuando las condiciones permitían no servirla y renegociarla, mostrando que su primera prioridad en el gasto es cubrir la deuda. Ha recibido recursos del FMI, del BID y Banco Mundial y aun así tiene iliquidez fiscal por lo que no puede pagar todavía los sueldos de los burócratas de algunos ministerios e instituciones públicas. . Más aun, pretendía gastar en tarimas, parlantes, vallas, para informar. Que indolencia. Para obtener más recursos ahora anuncia la eliminación del subsidio a las gasolinas que le permitirá obtener liquidez inmediata a la caja fiscal lo cual tendrá sus efectos sobre los precios. En efecto, la liberación del precio de la gasolina extra y eco provocará un efecto en cascada sobre algunos precios como del transporte, de la canasta básica, etc. Si a eso le sumamos el alza de precios que realizado los supermercados y comisariatos así como de farmacias y boticas tendremos un aumento de la inflación.

La crisis económica, que ya se venía desde 2019, se ha agravado con el coronavirus y el confinamiento y sus efectos sociales. Ya el Ministro de Trabajo anunció que hay 66.000  trabajadores desvinculados y, por otro lado, ya la OIT, anunció que los más afectados serán los informales, que viven del día a día, los cuales son, en el país, alrededor de dos millones. La quiebra de empresas, sobre todo pequeñas y micro, aumentará la desocupación y subocupación. Si consideramos que la proyección del FMI es que habrá una contracción de 6.3%, tendremos una gravísima situación social reflejada en el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Si no se atiende ésta vendrá turbas que pueden apropiarse de bienes de supermercados y comisariatos, aumento de la violencia y delincuencia.

El propio FMI ha recomendado que, en la pandemia, se aplique impuestos al patrimonio, en cambio acá es a los trabajadores y empleados tanto públicos y privados. En síntesis, lo que señalo es que la crisis económica y social va a ser de tal magnitud que no saldremos de ésta sino en 3 a 5 años. Por lo que hay que prepararse para los efectos económicos y sociales, las reformas estructurales, ajuste y otras medidas que se vienen entre las que podrían estar algunas no convencionales.

El proyecto de ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas busca, entre sus objetivos principales, tomar control de los recursos del IESS, ISSFA e ISSPOL, establecer un seguro petrolero y  establece nuevas reglas fiscales que buscaría el sostenimiento de las finanzas gubernamentales. En este artículo, dada la importancia, trataremos solo sobre el IESS y BIESS y el intento de hacer al MEF como superministerio.

El art. 2 del proyecto reclasifica las instituciones que incluyen al Sector Público Financiero (SPF) y al No Financiero (SPNF). En el primero, se agrega al BIESS y al Banco Central. Esto significa que los dos bancos pasarían a formar parte de la banca pública. Ésta se encuentra regulada por el Código Monetario y Financiero que, en sus arts. 366 y 362,  señala que su objeto será determinado en el decreto de su creación y se organizaran según las definiciones y necesidades determinas por la Junta de Política y Regulación. El art. 369, del código, señala que entre los objetivos de dicha banca están: dar financiamiento a los GADs, a vivienda de interés social, emprendedores, etc.  Según dicho código, el directorio de la banca pública estará compuesto por 4 ministros (uno de ellos será el que dirija la política económica) y un representante del presidente. En otras palabras, el gobierno toma el control de los recursos del BIESS. Recordemos que en el documento Marco de Cooperación con Ecuador 2019-2023, del Banco Mundial, en el que se establecen los objetivos y metas del acuerdo crédito con dicho organismo internacional, se recomienda la eliminación del BIESS y pasarle sus operaciones a la banca privada justificándola por la ineficiencia del BIESS.

Respecto al BCE, al convertirse en banca pública, el gobierno debería nombrar un directorio, al igual que en el BIESS, con lo que toma control de BCE. Si bien, en el Código, se reconoce la autonomía el BCE quedaría bajo la dependencia de la Junta señalada, que es presidida por el Ministro de Finanzas. Esta intención resulta contradictoria con la propuesta anterior de darle plena independencia y autonomía al BCE. Además en la mayoría de los países el banco central tiene independencia y no forma parte de la banca pública. El BCE dirige, de forma autónoma, la política monetaria, lo cual incluye la determinación de la tasa de interés.

¿Qué persigue el gobierno con incluir en la banca pública al BIESS y BCE? Pues el control de estas instituciones y acceder a sus recursos.

En cuanto a la seguridad social, el primer intento del control de los institutos de seguridad social se dio con en el proyecto de ley para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario…que se le dio el nombre abreviado de “crecimiento económico”, enviado a la Asamblea, en Octubre de 2019, pero rechazado por la Asamblea, con la intención de eliminar el directorio del IESS, ISSFA e ISSPOL y pasarle el control de estos al nuevo organismo regulador financiero que se pretendía crear.

El segundo intento es ahora con el proyecto de ley de ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado a la Asamblea el 16  En el art. 2 se cambia la clasificación del sector público al incluir  dentro del sector público no financiero al IESS, ISSFA e ISSPOL.  Con este cambio, los tres institutos de seguridad social pierden su autonomía y sus recursos  estarán incluidos en el Presupuesto General del Estado y, aun mas, deberán respetar los techos, gastos y reglas fiscales que, en última instancia, los fijara el MEF. En el art. 59 se plantea que estos institutos formularan sus planes de inversión de acuerdo con este proyecto de ley. En el Cap. V, en el primer artículo imnumerado se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por 7 miembros uno de los cuales es de la seguridad social. O sea, cambio de estrategia, respecto al proyecto de ley de crecimiento económico que eliminaba los directorios de los institutos de seguridad social, ahora se propone que un representante de todos estos participe en dicho comité.

En el art. 74, del proyecto de ley, se plantea que el MEF deber elaborar la política económica y fiscal, diseñar la programación macroeconómica, definir la política de prevención y mitigación de riesgos fiscales, etc. Se define que estos riesgos pueden provenir de shocks internos y externos así como de la gestión de la banca pública, la seguridad social, etc. En otras palabras, el MEF se convierte en un superministerio que controla todos los recursos del presupuesto del estado incluyendo ahora los del BIESS y los institutos de Seguridad Social. (el gobierno anterior dejó al MEF como una caja fiscal) ¿Adónde apunta el proyecto de ley? Pues al control de los recursos del estado incluyendo los estos institutos y banco. Es que en tiempo de crisis y con una caja fiscal vacía, el gobierno intenta captar recursos dentro de las diferentes instituciones públicas y, en tiempos difíciles, lleva a eliminar autonomías u otras restricciones en las instituciones autónomas, con tal de acceder a recursos. Tal es la iliquidez fiscal que se le ha recortado 100 millones de dólares a las universidades públicas, no se pagan a tiempo los sueldos de la burocracia y se quitan recursos a varias instituciones públicas. A más de pagar la deuda, en tan grave crisis, demuestra que prioridades tiene el gobierno, de lo cual podemos deducir que sería capaz de tomar medidas imprevisibles. ¿Veremos que hacen los asambleístas?