Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La firma del convenio con el FMI y otros organismos multilaterales condiciona al país a cumplir con el ajuste y reformas estructurales entre la que están la reforma al mercado de trabajo. La siguiente sería devolverle la independencia al Banco Central e instituir un Directorio que definirá la política monetaria.

El gobierno, aprovechando los efectos de la pandemia, con la ley de ‘’Apoyo Humanitario” inició  la flexibilización laboral, como lo señalé en un artículo anterior, introduciendo nuevas modalidades de contrato, “Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

A fines de Octubre, de este año, el Ministro de Trabajo anunció otras 4 modalidades: contrato productivo (con jornada parcial o completa, pero con jornadas consecutivas de 20 días o 7 días con 48 horas de descanso, cuando la mitad de la jornada sea entre las 19 H y 6 H habrá recarga por trabajo nocturno); contrato turístico y cultural (la jornada será de hasta 8 horas diarias sin sobrepasar las 40 horas a la semana, distribuidas hasta en 6 días); las otras dos modalidades restantes son los contratos de emprendimiento (entre el emprendedor y sus trabajadores) y para jóvenes (plazo de un año, con edad de hasta 26 años y cumplir con el art. 21 del Código de Trabajo). En los dos primeros tipos de contrato se elimina el pago de horas extraordinarias que se contemplan, en dicho código, si la jornada se realiza sábados o domingos).

La pandemia ha causado un alto nivel de desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Además ha llevado al aumento de la pobreza, que un organismo internacional que sería de un tercio de la población. Pero también ha crecido la pobreza extrema y el hambre, que son fuente para mas violencia y delincuencia. Aprovechando esta crisis social, el gobierno anunció una reforma laboral que incluiría el contrato por horas y contrato con mujeres con lo cual aumentaría el proceso de flexibilización laboral.

Dada la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno buscó financiamiento en los organismos multilaterales aumentando, a septiembre de 2020, la deuda externa a 40.430 millones de dólares, que representa según revista Gestión el 69.9% de la deuda total del país. Según este medio, casi una cuarta parte, de la deuda externa, es con dichos organismos. Pero estos, a cambio, condicionan la política económica, exigiendo que se apliquen una serie de medidas. En el caso del mercado de trabajo tienden a recomendar una liberalización de este, con una reducción de costos de contratación y despido. Son estas dos últimas las que ha aplicado el gobierno, en su reforma laboral, llevando a un proceso de precarización laboral, que implica menos ingresos para el trabajador pero menos costos laborales para el empresario. Se trata de una reforma laboral basado en criterios neoliberales que, supuestamente con la liberalización del mercado de trabajo, se tendría más empleo en el país. Dicho en otras palabras, el coste de la crisis la siguen pagando los trabajadores y muy poco los empresarios.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La protesta en las calles se ha vuelto instrumento para obligar al gobierno a que cumpla con la ley y presionar que se paguen las transferencias atrasadas del presupuesto. Esto pasó con los médicos y con los alcaldes que obligaron al gobierno a su recontratación y recursos adeudados a los GADs.

En los meses anteriores, médicos, enfermeras y personal de apoyo salieron a las calles para protestar por su despido por tener contratos temporales, que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia, y fueron despedidos. Fueron varias veces que se dio la protesta pero el Ministro de Finanzas que no había recursos del presupuesto, lo que a todas luces era una indolencia y que las prioridades del gobierno no eran precisamente en contratar médicos y personal de apoyo en salud. Más aún, el gobierno dictó un reglamento tardío a la ley de “Apoyo Humanitario” que dificultaba y  ponía trabas al cumplimiento del artículo 25 de la ley que señala: “Estabilidad de trabajadores de la salud.– Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.” O sea el propio gobierno, que propuso la ley, estaba incumpliendo este artículo y podría ser llevado a un juicio político. La presión en las calles de los médicos y personal de apoyo, y, por otro lado, el ingreso de los recursos del crédito del FMI y de otros organismos multilaterales llevó a que el gobierno finalmente cumpla con dicho artículo. En efecto, en los primeros días de diciembre el régimen anunció que otorgará nombramientos a más de 12000 trabajadores de la salud que tienen contratos ocasiones y que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, a fines de noviembre de 2010, informó una reducción de 691 millones a los GADs argumentando la caída de los ingresos petroleros. La medida se aplicaría mediante un acuerdo ministerial que establecía tal disminución. Ante lo cual, los alcaldes tomaron varias acciones: pusieron, ante los tribunales, una acción de protección por el retraso del pago de las asignaciones, y, además salieron a las calles a protestar por el recorte presupuestario. La movilización de la AME fue a nivel nacional y hasta el punto que  algunos de ellos se declararon en huelga de hambre. También plegaron a la protesta las prefecturas y juntas parroquiales. Tal fue la presión que el gobierno se vio obligado a eliminar la medida y pagar una parte de las asignaciones atrasadas.

Estos dos logros, tanto de los médicos como de los GADs muestran que el lenguaje que entienden los gobiernos es de la protesta callejera, tal como se ha dado en otros países latinoamericanos. La calle se ha convertido en el medio para lograr avanzar en la lucha de varios colectivos, instituciones y organizaciones para hacer cumplir a los gobiernos sus demandas u objetivos para mejorar sus condiciones de vida, elevar la calidad de la democracia o simplemente hacer valer sus derechos que, si bien, están en la ley, son letra muerta, y la calle permite reivindicarlos. Así como la pandemia ha transformado la vida normal de los países, la calle se ha convertido en la espada de Damocles de los gobiernos que, si no cumplen con sus promesas, con la ley o mantienen medidas, políticas o leyes que perjudican a la gente o a la democracia, la protesta en las calles se ha convertido en la vía para lograr las aspiraciones de la población y del pueblo tal como lo demuestran los casos de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, etc. para señalar solo las protestas en América Latina.

Luis Rosero M.

La destitución de la Ministra de Gobierno no variaría la política interna del gobierno ni alteraría su estrategia económica con el nuevo ministro de Finanzas. En este último, la agenda económica la seguirían imponiendo los organismos internacionales como condicionamiento a los créditos que conceden éstos.

La Asamblea censuró y destituyó a la Ministra de Gobierno por una amplia mayoría por la violación de los derechos humanos y represión en las protestas de Octubre de 2019. Ella fue uno de los puntales que sostuvo al gobierno. Pero lo más paradójico es que, al parecer, según la ley Orgánica de la Función Legislativa podría ejercer otro cargo público, lo que implicaría seguir influyendo en la política interna. Creo, el PSC y Revolución Ciudadana así como algunos independientes aportaron los votos para tal efecto. En el caso de Creo la votación por la censura se dio por la cercanía de las elecciones y tratar de desvincularse del gobierno así como también lo hizo el PSC. En efecto, el nuevo ministro de Gobierno, planteó como prioridad, en su gestión, la seguridad, y, el manejo de la política interna así como enfrentar los problemas de inversión del ISSPOL. La ex ministra de gobierno le puso énfasis a la segunda, a tal punto que enfrentaría un nuevo juicio político por el reparto de los hospitales públicos a cambio de votos de los asambleístas. El énfasis, en la seguridad, del nuevo ministro es porque la violencia y delincuencia ha aumentado de manera significativa producto de los altos niveles de desempleo,  subempleo, informalidad y el hambre generados por la pandemia. Esta última es una de las fuentes de la violencia y la delincuencia. En Guayaquil, ya se decidió el envío de una dotación adicional de policías por el aumento del robo, asesinatos, femicidios y violencia contra la mujer. Otro de sus retos, es resolver los problemas del ISSPOL cuyas inversiones han resultado impagas lo que afecta su liquidez y, en esa medida, a los servicios que presta como los créditos, pago de pensiones y otros servicios. Finalmente, otro de los retos es manejo político en las elecciones presidenciales, en las que el ministerio tiene un rol muy importante para colaborar en la transparencia y apoyo al ordenamiento en el proceso electoral. Otro objetivo clave es enfrentar la corrupción que va en aumento. Se descubrieron los sobreprecios en insumos de salud, reparto de hospitales, la apropiación de recursos para la construcción de hospitales públicos, etc. y, el último caso, el inicio, por la fiscalía, de una indagación previa, contra el Ministro de Telecomunicaciones, sobre contratos de comunicación.

En cuanto a lo económico, si bien el ministro de Finanzas renunció, su reemplazo va a continuar con la política económica impuesta por el FMI y el Banco Mundial (BM). En primer caso, los condicionamientos constan en la Carta de Intención, y, en el segundo, las obligaciones a cumplir se incluyen en los contratos de crédito firmados por el gobierno. El nuevo ministro Pozo, fue el que firmó una carta de intención en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En suma, lo que exigen estos organismos internacionales es un proceso de liberalización de todos los mercados, la reducción del tamaño del estado vía la eliminación de entidades, recorte de la burocracia, concesiones o privatización, reformas laboral, tributaria, en el  mercado del dinero, etc. El BM pone énfasis en medidas en el sistema financiero, lo que implicaría, entre otras, trasladar a la banca privada los créditos hipotecarios (operaciones principales del BIESS), reformas a la ley de economía popular y solidaria, respecto a las cooperativas medianas y pequeñas, reforma a la seguridad social (que podría implicar la administración privada de sistemas de pensiones y salud), etc.

En síntesis, el nuevo ministro de gobierno buscará frenar la delincuencia, tratar de resolver los problemas de las inversiones del ISSPOL, un manejo adecuado en las elecciones y la estabilidad política para que este gobierno termine de buena manera su gestión y entregue el poder al ganador de las elecciones. En economía, el nuevo ministro seguirá con la política de ajuste, de reformas estructurales y endeudamiento para reducir el déficit fiscal, reducir el tamaño del estado, liberalizar los mercados y obtener liquidez. Para asegurar el mantenimiento de la política fiscal, impuesto por los organismos internacionales, se mantuvo en el cargo de Viceministro de Finanzas nombrado por el ex ministro Richard Martinez que fue elegido vicepresidente del BID como pago al voto favorable de Ecuador en la elección del nuevo Presidente del BID, un norteamericano auspiciado por Trump.

Luis Rosero M.

La renuncia de un presidente peruano, presionado por las protestas en las calles, así como las manifestaciones populares en Ecuador y Chile puede convertirse en un medio de presión para hacer retroceder a los gobiernos en sus decisiones así como presionar a la salida de los gobernantes corruptos o revertir situaciones sociales, políticas y económicas injustas.

Las manifestaciones en Ecuador, de Octubre de 2019, en la participó el movimiento indígena, sociales, estudiantes, maestros, etc., pese a la gran represión del gobierno que aplicó el gobierno que causo varios muertos, heridos y pérdidas de ojos mostró, después de 12 días de protestas, que la lucha popular obligó al gobierno a sentarse a negociar la eliminación del decreto de alza de las gasolinas. Fue una manifestación muy aguerrida, con un alto costo, pero que a la postre hizo retroceder y ceder al gobierno en sus pretensiones de aumentar los ingresos fiscales por esa vía que tenía fuerte impacto sobre el costo del transporte y la inflación. En Ecuador, la manifestación fue por defender el nivel de vida que se hubiera deteriorado si la medida se hubiera aplicado.

En Chile, desde Octubre de 2019, miles de ciudadanos salieron a protestar por el modelo económico chileno que, al implementar una economía de mercado, provoco la privatización de la educación, del agua, de la seguridad social, etc. así como un mercado de trabajo libre y con poca protección laboral al trabajador así como el mercado del dinero que aumentaba las tasas de intereses se convirtieran en una especie de ahorcamiento lento en que el poder de compra de los trabajadores y población en general se iba deteriorando causando que, al fin de mes, no les alcanzaba su salario e ingresos para poder comprar los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, a pesar de la política social de derrame, hubo un aumento creciente de la pobreza, marginalidad y miseria. En suma, un fuerte proceso de concentración del ingreso y la riqueza que causó una gran disparidad social. Se produjo un estallido social por la grave inequidad. Fueron precisamente, los habitantes de las comunas –pobres y marginados-, estudiantes  e incluso la clase media, la que salió a protestar en las calles del centro de las principales ciudades del país. A pesar de la gran represión de los  carabineros y las fuerzas armadas,  la protesta continuó hasta febrero –en que la pandemia la atenuó-. Para tratar de parar la protesta el gobierno ofreció un paquete de reformas sociales hasta tal punto que el Congreso aprobó que se entregue el 10% de lo ahorrado en las AFG (seguro social privatizado). El éxito de las protestas se vio reflejado en el triunfo alcanzado en el plesbicito que aprobó por amplia mayoría (78%) el cambio de la Constitución de Pinochet y, más aun, que el mismo se dé por una Asamblea Constituyente. Una vez más, se demuestra que la protesta popular es el  medio más poderoso, en democracia, para cambiar el status quo.

En Perú, el 9 de Noviembre de 2020, destituyó al presidente Vizcarra acusado de corrupción. Posteriormente, nombró a Manuel Merino, un terrateniente de derecha, como primer mandatario. De inmediato, surgieron las protestas de los jóvenes y población en general –convocándose y organizándose a través de las redes sociales- oponiéndose a tal designación por considerarla como una especie de golpe de estado. La represión fue cruenta que ocasionó 2 muertos, muchos heridos y varios desaparecidos. La presión social fue tan fuerte que Merino, duró 6 días en el poder, se vio obligado a renunciar. La gran movilización realizada sin la participación de los sindicatos y partidos políticos,  muestra que la población llegó al estallido social a tal punto que explotó y no soportó  la situación política del país y agravada la situación económica social por la pandemia, provocando el cambio en el poder político. Aún más, después irán por eliminar la constitución fujimorista.

En conclusión, estas tres experiencias de protestas en las calles señalan tres aspectos importantes de la lucha social: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta callejera; que los cambios sociales y políticos pueden provenir de lucha en las calles sin participación de sindicatos y partidos políticos y que la protesta en la calle tienen un alto costo humano: muertos, heridos y desaparecidos. Es el costo que tiene que pagar la población por revertir la situación social insostenible, gobiernos corruptos y cambiar un esquema económico-político-social impuestos por la fuerza.

Luis Rosero M.

El impago de las inversiones del ISSPOL con IBcorp, HYBF y otros emisores, que pasaron por la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Decevale, se deben, en gran medida, al casi inexistente gobierno corporativo de estas instituciones, a los conflictos de interés y la falencia en la supervisión en el mercado de valores que posibilitó las irregularidades.

Entre los principios de buen gobierno corporativo de una empresa o institución están una estrategia enfocada a los objetivos, procesos de control interno basado en procesos, entender los riesgos y contingencias del negocio así como transparencia, políticas de negocio claras y expresas sobre acciones tácitas concertadas, operaciones vinculadas; tratamiento equitativo de los socios o accionistas (OECD), fluidez e integridad de la información (OECD). Según los medios de comunicación, las inversiones con IBcorp e HYBF pasaron por la BVG y el Decevale pero ninguna de éstas pudo detectar las irregularidades y, por otro lado, según Cherrez, representante de IBcorp y HYBF, el directorio del Decevale conocía de las operaciones con estos dos fondos de inversión. De ahí se puede desprender fallas en el control interno en la política sobre operaciones vinculadas y también de gobierno corporativo. Efectivamente, como señala José Defina en sus declaraciones a El Comercio, “Ahí están fallando los controles internos y externos de las empresas privadas, los actores del mercado y los entes públicos que participan de las operaciones. Y un ejemplo de aquello es lo que pasó en las inversiones del Instituto de la Seguridad Social de la Policía (Isspol)”. El propio abogado Carminiani, contratado para la investigación en el Decevale, admite que éste tiene problemas de gobierno corporativo. Ya había señalado, en otro artículo, que los problemas en el Decevale afectarían sus negocios. En efecto, el fuerte grupo Wong, según Expreso, está analizando salir del Decevale.

Pero aún más, según El Comercio, el señor Rodolfo Kronfle llevaba más 30 años como Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y a su vez era Presidente del Decevale, lo que podría implicar un conflicto de interés a más de los detectados entre familiares del ex Intendente de Valores y Decevale. Algunos analistas, como Jorge Gallardo, han advertido la necesidad de la independencia entre la Bolsa de Valores de Guayaquil y Decevale. Para agravar el problema, como escribí en otro artículo ¨Pero aún más, los directivos y los directores principales del sector externo y el interno de la Bolsa de Valores de Guayaquil son a su vez miembros del directorio de DECEVALE, implicaría doble conflicto de intereses y problemas profundos de gobierno corporativo. Pero también conflicto principal-agente pues los directivos de ambas instituciones reciben doble sueldo.” Por la exposición mediática de las irregularidades, en las inversiones del ISSPOL, renunció el señor Kronfle, dando así inicio a una nueva etapa en la BVG, Decevale y el mercado de valores que no termina de despegar ni cumple a cabalidad su función esencial de financiamiento no bancario de inversiones de largo plazo del sector privado. En cuanto a los problemas de supervisión de los organismos de control, la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), carece de una supervisión de riesgos. Pero peor aún, a pesar de que el Intendente de Valores -hoy depuesto- fue advertido sobre la existencia de los bonos negociados con los fondos de inversión de Cherrez -en Decevale- no realizó ninguna gestión para enfrentar las irregularidades ya denunciadas por el ISSPOL. Aún más, el propio Superintendente de Compañias declaró que fueron engañados por los que participaron en las transacciones. O sea, las autoridades de control de la SCSV no pudieron detectar las irregularidades señaladas ya sea por engaño o por falta de acción de supervisión. El problema fundamental es qué al fallar el control, se afecta la fe pública y la confianza de los inversionistas variables claves para la toma de decisión en inversiones de riesgo y, en consecuencia, el desarrollo del mercado de valores. Se requiere un supervisor fuerte, que aplique auditoría de riesgos y con suficiente fuerza legal para intervenir a los intermediarios de valores que cometan irregularidades. La actual ley reformada del mercado de valores, dada las irregularidades en la inversión del Isspol, requiere una profunda reforma que, entre otras, penalice los conflictos de interés, debilidades en el gobierno corporativo, fallas de supervisión, los fraudes, estafas en el mercado de valores. También la justicia debe actuar para sancionar a los responsables. Según el investigador del Decevale, se acusa al gerente de operaciones de la irregularidad. Sin embargo, el Comandante de la Policía, Patricio Carrillo, declaro “… pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concertación, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales…” Mas aún, el ex gerente de Valpacifico, José Ibañez, declaró “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.” Para que el mercado no sufra tanto daño, además de volver a reformar la actual ley de valores, debe sancionarse a todos los culpables que permitieron que se den las irregularidades de las inversiones del ISSPOL.

Luis Rosero M.

El triunfo de Biden sobre Trump obedece a varios factores relacionados con un shock externo (la pandemia), la política que aplicó y su accionar contra las minorías. En este artículo, señalaré algunos de los aspectos claves de su derrota.

En la elección de 2016, Trump ganó aprovechando la insatisfacción de la clase media blanca urbana, del medio rural y alentando el racismo y xenofobia, así como por la crisis económica en varios estados, en la que influyeron varios factores, señalados en un artículo que publiqué en el diario público del 18 de Noviembre de 2016, entre otros, “…En el medio oeste (MO), Kansas, hay xenofobia contra musulmanes. En SO, Arkansas (Menphis), activistas negros luchan contra la violencia policial y buscan trato igualitario; … en  Kentucky, ex mineros enfrentan el declive económico. Además, la grave crisis de la industria del carbón en el NE, Montana y Wyoming, dejó a miles desempleados y en, NE, Michigan (Detroit), por la ruina de la industria automotriz, escasea el trabajo. A eso se suma la banalización y control de la sociedad.” Su mala gestión de la pandemia, de la cual ya suman 220000 muertos, el apoyo a la brutalidad policial contra los afroamericanos, resultando en varios muertos; el desempleo, impacto social y el aumento de la pobreza por la pandemia; el avivamiento del odio racial, misoginia y xenofobia, la aplicación de una política de no respeto al medio ambiente, crisis institucional, son entre otros factores -a más de los económicos- que influyeron en la fractura de la cohesión social, política contra las minorías, incremento de la desigualdad, etc. A eso se suma, su autoritarismo, el uso de fake new para manipular a la opinión pública, la pelea contra los poderosos medios de comunicación que estaban en contra de su política y accionar. Como resultado, tenemos una polarización del país, una profunda división y confrontación entre demócratas y republicanos.

En lo económico, aplicó el proteccionismo y se valió de la política arancelaria para defender a la industria, en sectores que no eran competitivos, para frenar importaciones; salió del tratado de libre comercio con Canadá y México y lo reformó amenazando a sus socios, abandonó algunos convenios internacionales e instituciones (OMS, Tratado sobre medio ambiente, etc.), etc. Si bien desde 2017, la economía se recuperó la pandemia, en 2020, produjo una severa recesión, con fuertes impactos económicos y sociales.

Si bien Trump ganó en 2020 en los estados del centro norte, mitad y sur del país, Biden se alzó con el triunfo en la costa oeste y en el noreste. Precisamente, en los estados en crisis económica, con xenofobia y violencia policial, citados en el párrafo dos, ganó Trump. También triunfó, en el medio rural, donde la mayoría son blancos. En los estados bisagras, comenzó el viraje. Así, en Nevada, los votos latinos y urbanos le dieron el triunfo a Biden y le lleva una mínima ventaja en Arizona, en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, del medio oeste, que los ganó Trump en 2016 se le voltearon en 2020. E incluso en New York, estado natal de Trump, perdió.  En parte, la explicación, a la política contra las minorías, el aumento de la pobreza, la reducción de la clase media, la escasa ayuda a los desempleados por la pandemia, el desalojo de sus viviendas por no pagar las hipotecas, etc.

Por otro lado, la mayoría de hispanos, afroamericanos, jóvenes y mujeres votaron por Biden. La explicación de esto se relaciona, en el primer caso, con la violencia policial contra los negros; la mayor parte de los jóvenes votaron por Biden, rechazando las políticas de Trump, las mujeres votaron más por los demócratas por la misoginia de Trump y, los hispanos, votaron más por Biden, por la dura política migratoria que aplicó el gobierno con la extensión del muro en la frontera con México, persecución a los inmigrantes como delincuentes e incluso la separación de niños hijos de inmigrantes de sus padres. La tendencia poblacional como el crecimiento de los hispanos que se han convertido en la minoría más grande, el descenso de los blancos que pasan del 75% a dos terceras partes de participación electoral, el creciente número de jóvenes que supera con creces a los adultos mayores blancos, etc., ha reducido la fuerza electoral conservadora, influyendo decisivamente en la elección de Biden.

Lo inédito, en esta elección, ha sido la celebración en varias ciudades del triunfo demócrata así como las protestas de los seguidores de Trump por el supuesto fraude que el presidente había anticipado meses antes de elección, como argumento para su derrota. En síntesis, Trump fue derrotado por los efectos económicos y sociales de la pandemia y su mal manejo, su política racista contra las minorías (hispanos, afroamericanos), la misoginia contra las mujeres y el tratar de engañar a la opinión pública. El nuevo gobierno se enfrenta a la dura tarea de restaurar la cohesión social, de aplicar una efectiva política sanitaria contra el covid, la recuperación económica, etc. Y por otro lado, de recuperar la credibilidad en el presidente, en las instituciones, en reducir la xenofobia y misoginia, recuperar la política social para los programas de salud, reducción de la pobreza y la desigualdad.

Luis Rosero M.

Hay tres hechos, en la historia reciente de A. Latina, que influyeron en las decisiones de elección de sus gobernantes. La vuelta del peronismo al poder, el plebiscito por una nueva constitución en Chile y las elecciones presidenciales en Bolivia. Respecto a los eventos históricos, me refiero a hechos objetivos como las condiciones sociales y de vida de la población, y, las políticas económicas-sociales de los gobiernos.

En la elección presidencial argentina, de fines de 2019, volvió al poder el peronismo, pero no fue tanto por la ideología sino, en gran parte, por la situación económica y social que dejó el gobierno de derecha de Macri. Su herencia, después de aplicar una política de libre mercado y eliminación de subsidios sociales, entre sus hechos mas relevantes, fue un endeudamiento externo, sin precedentes, un tipo desbocado de cambio y, en consecuencia, una alta inflación, y aumento de la pobreza a un tercio de la población y, por ende, un deterioro crítico de las condiciones de vida. Esta política y la realidad objetiva es la que explica la vuelta al poder del peronismo, con un Presidente casi desconocido y una vicepresidenta acusada de corrupción. El pueblo desesperado optó, como la opción más favorable, por elegir a un gobierno progresista.

En el caso de Chile, las protestas sociales en la calle de la población, desde Octubre de 2019, frenadas por el coronavirus, iniciado en Febrero de 2020, en rechazo a la herencia al modelo económico-social-político de la dictadura, finalmente dio sus frutos. Este, en lo económico,  implantó un capitalismo salvaje con libertad a ultranza de los mercados, en especial el del trabajo, del dinero y bienes, que provocaron la precariedad del trabajo y abuso por parte de los patronos; el mercado determinaba el costo del dinero y las reglas del endeudamiento, tal es así que, si los estudiantes querían ir a la universidad, requerían un crédito para cursar a una carrera que llevaba al endeudamiento tanto de sus padres como de los hijos. Por otro lado, se privatizo la seguridad social con la implantación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Instituciones de Salud, manejadas por el sector privado, que dejaron fuera a los de escasos ingresos. Este esquema termino fracasando. La libre oferta y demanda en el mercado de bienes, conllevó a un alto costo de la vida. Por último, en lo social, se aplicó la teoría del derrame según la cual el crecimiento traería distribución del ingreso y bienestar a la población. A pesar de la política de subsidios sociales, el resultado fue una alta concentración del ingreso y aumento de la pobreza. Estos hechos objetivos son los que explican el rotundo no a la constitución de la dictadura y el cambio de ésta a través de una Asamblea Constituyente.

Respecto a Bolivia, el gobierno actual, después de acusar de fraude, en las elecciones presidenciales, a Evo Morales, los resultados de la elección de Octubre de 2020 demuestran que no hubo tal fraude y, con un resultado sin precedentes, que Arce, gané en la primera vuelta y con un amplio margen sobre la derecha. ¿Pero quien es el nuevo Presidente Electo? Nada menos que el cerebro del gran progreso económico social de Bolivia en la última década. Después de seguir una política nacionalista con los recursos naturales, con los excedentes de estos, procedió a un reparto de los mismos con una profunda política social que aumentó el nivel de vida de la población y redujo fuertemente la pobreza. Otra vez son los hechos objetivos y la políticas económicas-sociales que favorecieron las condiciones de vida de la población, que explican la elección de Arce.

En síntesis, en estos 3 hechos históricos, son las condiciones objetivas reales y las políticas sociales que aumentan el nivel de vida las que explican, en gran medida, las decisiones de los pueblos de estos países para elegir a sus gobernantes. Los pueblos que son afectados por las políticas económicas sociales entienden de la historia mientras que las élites no quieren o no comprenden esa realidad, se enfrentan a las protestas en las calles para llevar al cambio social..

Luis Rosero M.

La Ministra de Gobierno ha señalado que hay nexos y conflictos de intereses entre los organismos de control y la Bolsa de Valores de Guayaquil-Decevale. El problema surge por las transacciones que hizo el ISSPOL con IBcorp y High Yield Bond Fund (HYBF) por un monto de 537 millones de dólares, cuyo rendimiento y capital no se han recuperado totalmente, afectando al ISSPOL y pone en riesgo los servicios que presta.

En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos las diferentes inversiones que ha realizo el ISSPOL con entes del exterior –Ibcorp y HYBF- e internamente en fideicomisos de inversión, derechos fiduciarios, obligaciones y facturas comerciales cuyos rendimientos y capital tampoco pueden ser cobrados completamente por la falta de liquidez de los emisores de dichos títulos. Así, Ecuagran y Delcorp –empresas relacionadas- no le pueden pagar, por emisión de obligaciones y venta de facturas comerciales, los rendimientos y capital al ISSPOL. La primera fue intervenida, entre abril-setiembre de 2019, por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV). No se comunicó por parte de la Bolsa de Valores de Guayaquil la intervención, que es un hecho relevante que, según la ley del mercado de valores, debió ser advertido por dicha bolsa. El Intendente de Nacional Valores señaló, al respecto, que el auditor externo, de las dos compañías, no dio las alertas. Una autoridad de ese nivel, no puede excusarse de esta manera, pues en su trabajo de supervisión debió detectar tal irregularidad. Finalmente, la SCSV separó al funcionario pero el problema de fondo es que se afectó la fe pública, la confianza de los inversionistas y, lo más grave, se desconoce como el ISSPOL va a recuperar su capital y rendimiento de las inversiones con dichas empresas.

La situación más crítica es la recuperación del capital y rendimientos de la inversión con IBcorp y HYBF por 537 millones, cuyas transacciones se realizaron entre 2015-2016. Con la primera por 205 y en la segunda por 327 millones. En una transacción bursátil, con un fondo de inversión del exterior, el procedimiento a seguir es que participe un inversionista (ISSPOL), un intermediario (casa de valores),  fondos de inversión (IBcorp y HYBF)  y un depósito centralizado de valores (DCV). En la primera, el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación  con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” Según el Superintendente de Compañias, Seguros y Valores, DECEVALE “había estado negociando, operando, registrando valores no inscritos en el catastro… ha estado fungiendo de custodio de valores que no debía.” Pero lo más grave, según declara la Ministra a El Comercio, que “Decevale era el custodio, pero la empresa respondió que no tiene en custodia ninguno de los instrumentos del Isspol, sino que cedió esta responsabilidad a un tercero extranjero, la empresa ICS Institutional Custody Services LLC. Esa firma esta domiciliada en Florida-EE.UU. y actualmente está en proceso de liquidación…Romo asegura que el Decevale firmó un contrato con la empresa ICS en 2003, cuando esa empresa se creó en 2006.” Al parecer, ICS fue declarada inactiva en Enero de 2016, cuyo administrador es Jorge Cherrez Miño. Si se confirma, lo dicho por la Ministra, podría haber una estafa al ISSPOL. Más aún, Jorge Cherrez que es director de IBcorp y HYBF es a su vez representante de ICS (deposito centralizado de valores, DCV). O sea estos fondos de inversión de Cherrez era el custodio de los títulos de las operaciones con el ISSPOL, algo inaudito pues el fondo de inversión no puede tener vínculos con el DCV, no puede ser el custodio de los títulos que negocio con el ISSPOL, ya que debió ser un DCV debidamente autorizado y con licencia de operación vigente concedida por el regulador del país en que se constituyó.

Pero hay más,  según Expreso, la ex Superintendente de Compañias, en un oficio, el 15/11/2017, al Superintendente Bancos, de esa época, señalaba que el ISSPOL había recibido 10.5 millones en la cuenta de un banco local y que estos recursos no eran fruto de operaciones en el mercado de valores, quien responde, el 13/07/2018, que pidió al ISSPOL un informe. En su oficio le dice “las inversiones están expresamente sustentadas en disposiciones de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, su reglamento general y su reglamento de inversiones”. En otras palabras, no había irregularidades.

El abogado Carminiani, contratado por Decevale, para investigar el hecho, apunta que el responsable de los hechos es el Gerente Operativo Luis Alvarez. La Ministra de Gobierno rechaza esta versión así como Patricio Carrillo, Comandante de la Policía que,  según informa El Comercio, señala “… pero luego de haber levantado información, inferimos que aquí hubo una gran concertación, aquí hubo un enorme pacto. Hubo una gigantesca colusión de actores, no solamente de personas, sino de instituciones y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales…” Muy claro, plantea que no se trata de una sola persona que participó en la irregularidad sino que es una estructura funcional, o sea un conjunto de funcionarios, supervisores del mercado de valores y de los institutos de seguridad social, directivos, casas de valores, fondos de inversión, etc. que participaron en las transacciones que dieron lugar a la serie de  irregularidades.

Para complicar el problema, la Ministra “Agregó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.” Se refiere a que Oriana Rumbea, gerente administrativa del DECEVALE, es esposa de Xavier Neira, gerente de CITADEL.  Claramente, en estas relaciones laborales, hay conflicto de intereses entre el ente supervisor y controlador –SCSV- y los entes controlados –Decevale y BVG-. Aún más, que el Presidente de la BVG sea a la vez del DECEVALE implica otro conflicto de interés. Según El Comercio lleva más de 3 décadas en el primer cargo. Pero aún más,  los directivos y los directores principales del sector externo y el interno de la Bolsa de Valores de Guayaquil son a su vez miembros del directorio de DECEVALE, implicaría doble conflicto de intereses y problemas profundos de gobierno corporativo. Pero también conflicto principal-agente pues los directivos de ambas instituciones reciben doble sueldo.

Incluso más, según la cuenta twiter @Ebi Camacho1, de 23/10/2020, se revela en una carta que Jorge Cherrez, directivo de IBcorp, le dirige al Presidente del DECEVALE –Rodolfo Kronfle- y a los miembros del directorio,  en el que les manifiesta respecto al contrato de custodia: “que la contratación de nuestros servicios desde el año 2003 y posterior acuerdo en el año 2012, siempre han sido conocidos por el Ab. Rodolfo Kronfle y aprobado por el directorio de DECEVALE, para lo cual pueden referirse a sus actas de directorio y a los archivos de comunicación que su empresa ha tenido con nosotros.” El diario digital Primicias, en su edición de 24/11/2020, confirma la existencia de la carta y la cancelación de su contrato con Decevale por la custodia de títulos valores.

Estos hechos, explicarían en parte, la posibilidad de irregularidades en las operaciones bursátiles, y, peor aún, que el ente supervisor del mercado de valores (SVSC) y la Superintendencia de Bancos, que  controla a los institutos de seguridad social, no hayan detectado, alertado y sancionado las mismas. No basta con separar el funcionario de la SCSV ni cambiar al Gerente de la BVG. Debe darse una reforma integral  a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil, que reformó a la ley de mercado de valores, para sancionar los conflictos de intereses, penar con inhabilitación de los implicados en éstos, extender la responsabilidad al Superintendente, prohibir que directivos de la bolsa o del Depósito Centralizado de Valores se mantengan muchos años en sus cargos, obligar a que se establezca gobierno corporativo en los entes del mercado de valores,, sancionar a los implicados en el conflicto principal-agente, a todos los que participaron en las irregularidades deben aplicarse sanciones penales y legislar su incautación de bienes, proteger la fe pública (que está en la actual de ley de mercado de valores, pero es letra muerta). La pregunta clave es ¿Cómo se van a recuperar las inversiones del ISSPOL, llevar a la cárcel a los implicados y aplicar las sanciones penales a éstos?

Luis Rosero M.

En el primer artículo sobre este tema, de una serie, traté sobre las inversiones del ISSPOL con fondos de inversión, radicados en Panamá, que no pueden cubrir el pago de capital y rendimientos. En este segundo artículo trataremos sobre las inversiones realizadas por el ISSPOL y BIESS, con títulos de empresas nacionales, cuyos emisores no pueden devolver los rendimientos y capital que afectan fuertemente la liquidez de ambas instituciones.

El ISSPOL realizó varios tipos de inversiones. Una fue la compra de obligaciones de las empresas Ecuagran y Delcorp, autorizadas por la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores (SCSV), en 2019, por 15 millones por cada una. Para esta emisión de obligaciones como requisito, tuvieron la calificación de riesgo, por parte de la calificadora Class International Rating, de AA- en el caso de la primera. Mientras que con Delcorp, su emisión también fue calificada por la misma calificadora, sin embargo ésta informó que no calificó más porque, desde Junio de 2020, Delcorp dejó de entregar la información necesaria para emitir la calificación, que debe hacerse cada 6 meses. Esta era la sexta emisión de obligaciones por parte de ambas empresas. Mientras que el BIESS invirtió 4.8 millones de dólares en obligaciones de estas dos empresas. El problema surge porque ambas empresas dejaron de pagar el rendimiento de las obligaciones a ISSPOL y BIESS. Estos títulos se negociaron en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Tienen garantía general y específica. El agente pagador de dichos rendimientos es DECEVALE. Expreso informaba, en su edición del 4 de Setiembre, de este año, del incumplimiento de los pagos de las inversiones y que el DECEVALE había alertado del incumplimiento, en agosto. Según Primicias, Ecuagran (posee el 13.5% de las acciones de Delcorp) y Delcorp (esta es proveedora de Ecuagran de productos agrícolas y tiene el 13.7% de su capital accionario) son empresas relacionadas y el presidente ejecutivo, de las dos empresas, salió del país el 5 de Agosto.

Otra inversión que realizó el ISSPOL, por 22 millones de dólares,  fue la compra de facturas comerciales a Ecuagran y Delcorp, que tampoco puede ser devuelta por la falta de liquidez de estas empresas.

Además, el ISSPOL realizó inversiones en fideicomisos de inversión. Entre ellos  con la Universidad Técnica Equinocional (UTE) por un valor de 8.8 millones, que ha sufrido atrasos en los pagos de las inversiones. También realizó otras inversiones con dichos fideicomisos (turismo, proyectos inmobiliarios, etc.) que también registran problemas de impagos. Según Vistazo, en abril de 2018, mas de 100 millones de dólares, habían sido invertidos en cesión de derechos fiduciarios  de los que  se desconoce si tienen análisis de riesgo. El Comercio, informa también que el ISSPOL compró una hacienda por 14.8 millones cuando el avalúo era solo de 500.000 dólares.

A estas inversiones del ISSPOL se suman los 532 millones, de los cuales, con IBcorp 205 millones, en una operación de reporto (que incluyo Bonos de Deuda Externa Ecuatoriana) y con High Yield Bond Fund (HYBF) por 327 millones (intercambio con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana).  Ambas empresas son manejadas por un fondo de inversión, localizado en Panamá y creado, al parecer por una offshore, cuyo director ejecutivo es Jorge Cherrez Miño, que tampoco puede cubrir los rendimientos de estas inversiones. Y para agravar la situación, Expreso informa que el Servicio de Cesantía de la Policia, tiene inversiones en bonos de Odebrecht, que compró en 2011 y están impagos hace 2 años. 

Es impresionante como el ISSPOL, a pesar de tener sus propios traders, haya realizado inversiones con riesgo cuyos rendimientos y capital están impagos. A pesar de que tiene su propio Jefe de Inversiones sus informes hayan sido aprobados por la Comisión de Inversiones y por su Dirección General y  ratificados por el Consejo Directivo. Muestra un problema interno en manejo de inversiones y de gobierno corporativo. Por otro lado, las autoridades de la (SCSV), fallaron en la supervisión. Según Expreso, el Decevale, había advertido, a las autoridades de control, del incumplimiento de los pagos de inversiones de Ecuagran y Delcorp, un mes antes. Según El Comercio, Ecuagran estuvo intervenida por la Intendencia Nacional del Mercado de Valores, entre abril y septiembre de 2019, sin embargo siguió operando en el mercado de valores. El caso era por la negociación de 1.5 millones en facturas comerciales, en mayo de 2019. Estas eran por ventas a Delcorp. En Abril de 2019, fue calificado por Summa Raiting un programa de facturas de Ecuagran como emisor, por 7 millones con calificación AA+, y Delcorp como aceptante. Dicha calificadora, el 18 de Setiembre de 2019, califica con AA+, otro programa de facturas comerciales por 29 millones siendo ahora Delcorp emisor y Ecuagran aceptante. Este hecho muestra que las dos empresas estaban relacionadas. Más aún, el 17 de Octubre de 2019, la SCSV autoriza la sexta emisión de obligaciones por 15 millones de Ecuagran, que ahora están impagas. Nuevamente, falla el control de la SCSV. Sorprendemente, el Intendentende Nacional de Valores declaró que el auditor externo de Ecuagran y Delcorp no dio las alertas sobre irregularidades de estas firmas  en el mercado de valores. Como unidad de control esta Intendencia debió detectar el ilícito.  Las casas de valores que participaron en la intermediación de las facturas señalaron que nunca se comunicó al mercado de la intervención, un hecho relevante. Al parecer, tampoco hubo una notificación por parte de BVG, a pesar de la advertencia del DECEVALE del impago de las dos empresas. La BVG es el principal accionista del DECEVALE.

En síntesis, los problemas de impago de rendimiento y capital de las inversiones del ISSPOL muestran la debilidad de la decisiones de inversión por parte del ISSPOL, la falla de supervisión por de los organismos de control. En la reforma a la ley del mercado de valores se plantea que la Supercias debe realizar vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores. Que haya pasado por alto, este organismo de control, la cadena de irregularidades señaladas muestra las fallas en el cumplimiento de sus funciones. Igual pasa con la Superintendencia de Bancos) que revisa el portafolio de inversiones del ISSPOL y tampoco detectó irregularidades. Y en cuanto a la BVG, la mencionada reforma señala que una de sus funciones es “Divulgar y a mantener a disposición del mercado y del público en general información simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre las cotizaciones  de los valores, intermediarios y las operaciones efectuadas en las bolsas de valores, así como sobre la situación económica financiera y los hechos relevantes de los emisores.” Como señalaron las casas de valores, que participaron en las transacciones no se comunicó la intervención, un hecho relevante. Y además  según DECEVALE advirtió del impago a la BVG. Las irregularidades muestran también que, en el mercado de valores, hay problemas de conflictos de intereses, conflictos agente-principal, un escaso gobierno corporativo, funcionarios y directivos de entes de control y BVG que se mantienen en sus cargos, por muchos años, pase lo que pase en el mercado de valores. No hay alternabilidad. El resultado de toda esta trama de inversiones impagas es un fuerte golpe a la confianza de los inversionistas en la bolsa,  una falta de transparencia así como pérdida de confianza por parte de los inversionistas en el DECEVALE, que traerá un impacto en las transacciones en la BVG y una caída en la reputación de los organismos de control. Y los afectados, resultan ser los afiliados al ISSPOL y los servicios que reciben.

Luis Rosero M.

En la Carta de Intención, firmada por el gobierno con el FMI, se establecen una serie de condicionamientos de los que destacan más impuestos, eliminación de beneficios tributarios y reformas estructurales que son los principales compromisos que el país debe cumplir, lo que implica que los organismos internacionales definen la política económica.

En cuanto a lo tributario, se estipula el alza del IVA del 12% al 15%; eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores y universidades; impuesto a la renta a las decimotercera y decimocuarta remuneración; aumentar el impuesto a la renta a las personas naturales y empresas; establecer un impuesto a la gasolina, que ya paga IVA; aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones y crear un impuesto ambiental a la emisión de dióxido de carbono (CO2).

Si bien es necesario la reducción del déficit fiscal de 8.3% en 2020, el gobierno con el alza del IVA quiere hacer pagar el costo de la crisis económica a la población,  a partir de 2022, pero más aún busca que la paguen los jubilados al eliminar la devolución del IVA en sus compras, que es un grupo vulnerable; pero además quiere que los trabajadores y empleados privados paguen impuestos a las remuneraciones adicionales lo que significa cargarle otra parte de la crisis a la fuerza laboral, que ya ha sufrido despidos por la pandemia y adicionalmente  se le han recortado sus salarios; al aumentar el IVA e ICE a las telecomunicaciones significa que paguen también una parte de la crisis la clase media y un mayor impuesto a la gasolina y la creación del impuesto ambiental significa  aumentar el costo del transporte  que afectará, una vez más, a trabajadores y empleados así como población en general. Con estas medidas el gobierno actual obliga al Presidente siguiente, sin contemplaciones, que sea la población en general y trabajadores así como grupos vulnerables los que paguen la crisis, cuando perdonó más de 4 mil millones de dólares con la remisión fiscal.

Pero, aún más, pretende un recorte de la masa salarial del sector público de 482 millones dólares (0.5% del PIB), en la compra de bienes y servicios la disminución será 579 millones (0.6% del PIB), disminución de 500 millones en gastos por el coronavirus y, por la renegociación con la deuda con bancos chinos, el servicios de la deuda se reducirá en 1300 millones. Por otro lado, se recortará la inversión pública hasta que se reduzca al 4.9% del PIB. La tendencia de esta variable clave ha sido una disminución paulatina desde 2014 hasta que en 2020 cayó a 6.6%. Recordemos que, en el gobierno anterior, el peso del sector público llegó alcanzar hasta el 25% del PIB. Con estas medidas, no solo pagan otra parte de la crisis los servidores públicos –a los que ya se les había recortado el sueldo- sino que además se recorta el tamaño del sector público y, más aún, el estado deja de ser un dinamizador de la economía al reducirse radicalmente la inversión pública. Con estas medidas, se espera un recorte del gasto de 5300 millones, un brutal ajuste de mas del 5% del PIB. Pero adicionalmente, va a reducirse el tamaño del estado mediante concesiones y privatizaciones. Ejemplo de ello son la concesión de la Refinería de Esmeraldas y la venta del Banco del Pacífico. Antes, ya se habían eliminado una serie de instituciones públicas. La reforma del estado implica reducir al mínimo su tamaño.

Pero también el régimen busca la liberalización de los mercados. Comenzó con la liberación del precio de los combustibles: gasolinas y gas. Hasta el momento hay una fórmula para establecer los precios de las primeras y el gobierno asegura que mantendrá congelado el precio del segundo. Un segundo paso fue avanzar en la liberalización del mercado del dinero. La Junta Monetaria simplificó los segmentos de líneas de crédito y cambió la metodología del cálculo de las tasas de interés y, el siguiente paso, en esta área, sería la liberalización de dichas tasas.

El convenio con el FMI, obliga a 5 reformas estructurales, contiene a más de la reducción del tamaño del estado, la reforma tributaria  y reforma a la seguridad social, darle independencia al Banco Central, restituyendo su directorio, que sería el encargado de manejar la política monetaria. La otra reforma clave, es continuar con la reforma laboral del que se avanzó con la flexibilidad laboral, precariedad laboral y se continuaría con mayor liberalidad en dicho mercado.

En síntesis, el gobierno, con la Carta de Intención con el FMI, busca hacerle pagar la mayor parte del costo de la crisis económica a trabajadores y empleados privados, públicos, a grupos vulnerables y población en general –vía más impuestos y eliminación de exenciones tributarias-; por otro lado, quiere liberalizar la economía, de manera que sea el mercado el que fije los precios claves de la economía (precio de bienes y servicios, salarios, tasa de interés) y reducir el tamaño del estado a un mínimo. Sin embargo, deja endeudado al país y lo somete a los condicionamientos de la política económica por parte de los organismos internacionales.