Luis Rosero M.

La situación fiscal se ha vuelto insostenible y, con la prioridad del pago de la deuda externa, dada la iliquidez de la caja fiscal se ha relegado el pago de sueldos de servidores públicos,  de los aportes a los institutos de seguridad social,  pago proveedores, etc. El gobierno espera ahora los recursos del FMI para cumplir con los atrasos en los pagos mientras la deuda externa sigue creciendo.

La estrategia fiscal del gobierno, para proveerse de ingresos, ante la caída de la recaudación fiscal por la pandemia, ha sido un constante endeudamiento externo, a tal punto que si incluimos el crédito del FMI, este crecería en 16000 millones de dólares,en gran parte con organismos multilaterales, que le han impuesto condicionamientos en el manejo de la política económica.

Como hemos señalado, la prioridad ha sido el pago de la deuda externa, todo lo demás ha sido relegado. Tal es así que, la Corte Constitucional aprobó un fallo que permite al Ministerio de Finanzas aplicar recortes al presupuesto universitario.  Es inaudito que, a las universidades públicas, le sigan recortando las rentas cuando se les debe 2 meses a los profesores y, ahora, con este  nuevo recorte van a tener que esperar, los profesores, mucho más tiempo para poder cobrar sus sueldos los que no cobran hace dos meses.

Así mismo, se les debe un mes de sueldo a los servidores públicos sobre todo a los maestros fiscales; por otro lado, el gobierno no ha cubierto totalmente los aportes a los institutos de seguridad social que tiene en serias dificultades para que cumplan con sus prestaciones y además los servidores públicos no pueden usar algunas prestaciones porque han caído en mora patronal algunas instituciones públicas. Para colmo, estos institutos no cobran la altísima mora patronal que ya sobrepasa los 1500 millones de dólares. A eso se suma que los centros médicos de diálisis informan que el Ministerio de Salud no les paga la deuda de hace un año, y, los médicos postgradistas, se declararon en huelga por el incumplimiento de varios meses en el pago de sus sueldos. Finalmente, los GADs tampoco reciben hace algunos meses sus rentas y los proveedores están desesperados por el no pago de sus servicios o entrega de bienes, tal es así que en el Municipio de Esmeraldas sus empleados realizan protestas porque no le cubren sus sueldos.

Las protestas no se han hecho esperar por parte de los afectados y el gobierno dictó un decreto para el pago de gastos de hospitales públicos, además ya comenzó a transferir recursos para pagar los sueldos de empleados despedidos de los medios públicos.

La Asamblea apoyó la firma del convenio con el FMI, quedando claramente que hay acuerdo entre ésta y el gobierno. El presidente informó que, con los recursos de los nuevos créditos externos, en cuanto a retrasos en los pagos, se tendría la siguiente orden de prioridades: regular el pago de sueldos y salarios, ponerse al día en las transferencias con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales y garantizar el pago puntual a la seguridad social. Pero recalcamos, la primera prioridad ha sido siempre el pago de la deuda externa.

Para que lleguen los recursos externos primero el directorio del FMI debe aprobar el acuerdo de crédito, lo que ocurrirá en lo que queda del mes, por lo que los fondos llegarán en Octubre, de este año, lo que significa que los empleados públicos, medicos postgradistas, institutos de seguridad social, GADs, proveedores, etc. tendrán que esperar dos meses más, incluido el que está en curso, para poder recibir sus sueldos y atrasos.

Luis Rosero M.

Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.

Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA  que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.

Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda.  El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo  que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.

Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares  la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.

Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta  de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.

Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena,  solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un acuerdo técnico con el FMI que le permite acceder a un nuevo crédito pero sujeto a un doble condicionamiento. Uno, el acuerdo era un requisito previo para que  los tenedores de bonos aprueben la reestructuración de un tramo de la deuda externa. Dos, más políticas de ajuste y reformas estructurales.

Por el nuevo acuerdo de Servicio Ampliado se le concede al país un crédito de 6.500 millones de dólares, se ejecutará en un plazo de 27 meses y la entrega se hará por tramos en función del cumplimiento de las metas. Entre los objetivos están una reforma fiscal, reformas estructurales y mayor cobertura social. La primera implicaría un recorte del gasto corriente (salarios, bienes y servicio) y de inversión (mas recorte de la obra pública) y mejor gobernanza para el control del gasto público. Las segundas comprenderían (profundización de la reforma laboral, reducción del tamaño del estado, reforma a la seguridad social, reforma al Banco Central, reestructuración de la supervisión del sector financiero). La tercera podría contener la entrega de nuevos bonos de ayuda social.

El FMI pone en la estabilidad macroeconómica acentuando el desequilibrio fiscal, lo que significa alcanzar la sostenibilidad fiscal y de la deuda. El déficit fiscal estimado para este año es de 10.5% del PIB, que será reducido, a partir de 2021, por el lado del gasto corriente, con reducción de la masa salarial (recorte de salarios y despidos en el sector público) y reducción en la compra de bienes y servicios. En el gasto de capital, se seguiría disminuyendo la inversión pública principalmente la obra pública.  En los ingresos tributarios se esperaría nuevos impuestos y/o alza de la tasa de los existentes, que podría ser un incremento del IVA y reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Respecto a la gobernanza del gasto, sería la profundización de normas y directrices para la aprobación del gasto. Recordemos que en la ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, ya se estableció un fuerte control del Ministerio de Finanzas a las decisiones de gasto público  (corriente y de capital) en los distintos niveles de gobierno (central, provincial y local) y en la seguridad social. Con el nuevo acuerdo, implicaría un control más férreo del gasto público. Según el FMI, habría una modernización del marco de gestión de las finanzas públicas, mejora en gestión de la caja y de la deuda, mejor transparencia de la deuda y eficiencia del gasto.

Entre las reformas estructurales que se ejecutarían primero estarían la reducción del tamaño del estado que implicaría continuar con eliminación de entidades públicas, fusión de éstas, privatización y concesiones de servicios públicos; la reforma a la seguridad social, que puede conllevar el recorte de personal, incremento de los aportes, aumento de la edad de jubilación, etc.; la reforma al Banco Central llevaría a devolverle la autonomía y reimplantar un directorio; la reestructuración de la supervisión del sistema financiero puede implicar darle mayor poder a la Superintendencia de Bancos pero también la posibilidad de establecer la vigencia de la oferta y demanda en el mercado de dinero (eliminar topes a la tasas de interés y que cada institución financiera las fije).

Después de la firma del convenio, el FMI entregaría 2000 millones (alrededor de Octubre) y otros 2000  millones a fines de año (Diciembre). El gobierno definió los  3 objetivos con estos recursos. Uno reducir los atrasos. Dos, fortalecer los programas de crédito de reactivación productiva. Tres, ampliar la base de los bonos sociales.  

Recordemos que FMI pone, en este acuerdo, el acento en la estabilidad macroeconómica, lo que implica reducir los desequilibrios macroeconómicos, como paso previo al crecimiento. En consecuencia, el próximo año continuarían el ajuste. Por ello, al aplicarse este, habría efectos recesivos, y, con un proceso electoral en marcha,  la reactivación económica tardaría en el corto plazo. La recuperación del crecimiento sería para el 2022. Consecuentemente, se debería esperar que, el próximo año, sigan los problemas de desempleo y subempleo y continúe el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

El gobierno mantiene atrasos con los servidores públicos y busca aceleradamente cubrir sus necesidades de financiamiento acudiendo nuevamente a deuda externa, mientras renegocia la deuda externa, cuya aprobación depende, previamente, de la firma de un nuevo acuerdo con el FMI que implicará un ajuste estructural.

El gobierno mantiene atrasos por 368.7 millones de dólares por remuneraciones de los empleados públicos, de los cuales se les debe a los maestros fiscales 160 millones (atraso de casi 2 meses al día de hoy) siguiéndole salud y defensa. Mientras que siguen los atrasos con el IESS (se le adeuda 1420 millones del 40% de la contribución del estado), Municipios, Prefecturas, proveedores, etc. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se anuncia que puede pagar a sus acreedores con dos modalidades. La primera, con bonos del estado o certificados de Tesorería (CETES). Según el MEF, en el I Semestre, de este año, con esta opción se ha pagado 532,5 millones a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, constructores, universidades, GADs, ISSFA e ISSPOL. La segunda opción es la dación de pago mediante la cual recibe bonos o Cetes que se colocan en el mercado. Con esta modalidad, entre Julio 2019 y Junio 2020, se ha pagado 407 millones por compensaciones a jubilados.

Parte de la iliquidez de la caja fiscal se debe a que el gobierno sigue pagando los servicios de la deuda externa, que es su prioridad. Según Expreso, hasta junio de este año canceló 2411 millones en intereses y comisiones atados a las preventas de petróleo, principalmente chinas. Esto confirma una vez que su prioridad en los egresos del presupuesto es el pago del servicio de la deuda externa pues, haciendo malabares, espera obtener nuevos créditos para repagar créditos externos y obtener liquidez para poder cubrir los atrasos pendientes. Para aliviar la iliquidez fiscal el gobierno negoció posponer el pago de 417 millones, al Banco de Desarrollo de China, que debían cancelarse entre lo que queda del año y junio de 2021 lo que se transfiere la obligación a partir del último trimestre de 2021. Estos créditos están condicionados a las preventas de petróleo u obras por empresas chinas. Las necesidades de financiamiento, de lo que queda del año, son 4000 millones. Para obtener esta cifra el gobierno apunta a nuevos créditos chinos por 1200 millones del banco ICBC y otra cantidad igual del banco CDB.  A más de eso espera recibir 800 millones de un nuevo crédito con el FMI. Aún así queda un saldo de financiamiento por obtener. Mientras tanto, el MEF extendió el plazo para el canje de los bonos externos ecuatorianos hasta el 1 de Setiembre y los tenedores debieron expresar su consentimiento hasta el 20 se Agosto, lo que implica que debe firmarse el acuerdo con el FMI hasta fin de este mes. O sea el gobierno apunta a que los primeros recursos que reciba sean los del FMI, posiblemente en Setiembre, lo que aliviaría levemente la iliquidez fiscal, pero como los 800 millones se dan en varios tramos, es probable que solo reciba en el primero de 150 a 200 millones. Además podría obtener algo de liquidez con el cobro de los impuestos a los servicios de las plataformas digitales, a partir de mediados de noviembre de este año. Con premura, los préstamos chinos llegarían en Octubre. Ni el desangramiento de los empleados, ni las demandas del Defensor del Público para solicitar que el gobierno pague a los servidores públicos, etc. ha servido para que se cumpla con tal exigencia. En otras palabras, los atrasos continuarán en Setiembre y maestros fiscales, profesores universitarios, médicos y personal de salud, etc., deberán esperar aún más para que se les pague sus salarios a tiempo.

La estrategia de enfrentar la iliquidez fiscal con deuda externa ha hecho crecer aceleradamente ésta y su servicio deja menos espacio para otros rubros del presupuesto, por otro lado, el déficit fiscal a fin de año sería de 10.5% del PIB, además deben aplicarse las reformas estructurales del FMI por el nuevo convenio y se espera que la contracción de este año sea de 10.9% del PIB. Dado este escenario, el próximo año seguirán los ajustes, más reformas estructurales y contracción de la economía que implicará seguir con altos niveles de desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad y hambre.

La pandemia agravó la triple crisis que vive el país generando una serie de desequilibrios económicos, una retracción de las condiciones sociales y crisis humanitaria que produjo miles de muertes en la población. La recuperación de esta crisis, dependerá en gran medida de la vacuna, y será un proceso largo y un camino doloroso para la mayoría de la población.

En lo económico, el principal problema es la contracción y los desequilibrios macroeconómicos. La contracción de la economía de 10.9% en 2020, según el FMI, tendrá graves repercusiones. La fuerte caída de la demanda agregada, por la pandemia, principalmente de la inversión y del consumo, tardará tiempo en recuperarse, unos 3 años, y, en gran medida dependerá del aparecimiento de la vacuna contra el coronavirus, que permitirá ir normalizando la situación económica. Está volvería a los niveles previos a la pandemia en 5 años, Moody’s dice que recién en 2024 se volvería a una situación económica previa al coronavirus. También influirá la evolución del comercio internacional, que se ha contraído fuertemente. EE.UU., Europa y Asia disminuyeron significativamente su comercio exterior. Para el país, son importantes los dos primeros mercados y mientras no se recuperen nuestras exportaciones seguirán con dificultades. La contracción afectará fuertemente al mercado de trabajo.

Entre los principales desequilibrios macroeconómicos, agudizados por la pandemia están el deterioro del mercado de trabajo, el déficit fiscal, la iliquidez fiscal, la deuda externa e interna, etc. En cuanto al primero El INEC anunció que el desempleo llega a un millón de personas, que si le agregamos los subempleados y el sector informal tendríamos alrededor de 2 millones de trabajadores y empleados con problemas de trabajo. La tendencia es a la precariedad de del mercado de trabajo que implica empeoramiento de las condiciones de trabajo en términos de la jornada laboral, reducción del salario, empeoramiento de las condiciones de trabajo, etc. La ley de “apoyo humanitario” posibilitó la reducción de las horas de la jornada laboral en el sector público y, en consecuencia, del sueldo en este sector. Además, en el sector privado, posibilita también que se haga lo mismo. La mejoría de la situación del mercado de trabajo dependerá de la reactivación productiva, la que a su vez está en función de la demanda agregada, la que tardará varios años en recuperarse.

El déficit fiscal del 12% del PIB, según lo declarado por el Presidente, es el más alto de la historia del país. El Ministro de Finanzas señaló que éste se redujo, en el I Semestre de 2020, en 1500 millones, o sea que ahora estaría alrededor del 10% del PIB, lo que implica que seguirán los ajustes en los siguientes años para ir reduciéndolo.

Se ha agravado la situación de iliquidez de la caja fiscal por la declaración de inconstitucionalidad del decreto que dispuso el adelanto del impuesto a la renta. Por lo que el gobierno estaría esperando la firma del nuevo convenio con el FMI con el que espera recibir 800 millones de dólares, pero esto sería posiblemente en setiembre, de este año, pero antes debe llegarse a la firma del contrato de la reestructuración de la deuda externa. Hasta tanto deberán esperar todos los acreedores del gobierno y los servidores públicos van a seguir siendo pagados con un mes de retraso. Pero ahí no queda todo, pues con la firma del acuerdo con el FMI vendrán las reformas estructurales que exigirá (profundización de la reforma laboral, autonomía del Banco Central,  reducción del tamaño del estado, etc.).

En cuanto a la deuda externa, el gobierno, ante la caída de los ingresos públicos,  optó por la vía más fácil de obtener recursos mediante deuda externa e interna. Hasta tal punto ha sido el endeudamiento  que ya supera el límite del 40% establecido en la Constitución y, por lo señalado en el párrafo anterior, seguirá aumentando la deuda externa que infla el presupuesto y, su servicio, deja menos recursos para otros rubros del presupuesto. Tal es el reconocimiento implícito que la deuda ha superado el límite señalado que en la Ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 24 de Julio, de este año, establece en las clausulas transitorias que la deuda pública debe reducirse al 57% en 2025, 45% al 2030 y 40% hasta el año 2031 y en adelante.

El país sufrirá este año una gravísima crisis económica de su historia, reflejada en la más profunda caída de la producción; en lo social, habrá un aumento considerable del desempleo, pobreza e indigencia y, en lo humanitario, el fantasma del hambre y miseria se hacen visible que provocará el aumento de la violencia. El gobierno para enfrentar la crisis, arrastrada desde el 2019 y agudizada por la pandemia, ha optado por aumentar considerablemente la deuda externa e interna y mantiene profundos desequilibrios macroeconómicos como la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y balanza de pagos.

La proyección del FMI del crecimiento económico para este año es de -10.9% que revela cuan profundo será el deterioro de la economía. El Banco Central (BCE) estima que la caída del PIB estará entre  -7.3% y -9.6%, que se explicaría por un  -10% de la demanda agregada y, de sus componentes, la mayor contracción se daría en la inversión (-14%) y del consumo m-7.9% (-8.4% hogares y sector público -5.6%) así como un deterioro de la balanza de pagos. En el I trimestre el BCE proyectó una contracción de -2.4%  y estimó que en el período marzo-mayo la caída fue de -3.8%. En la monetización de las pérdidas, en valores corrientes, proyecta 6262 millones de dólares distribuyéndose en 84% para el sector privado y 16% para el público. Los 6 sectores más afectados, medido en millones, son: comercio ($1978), transporte ($ 666), turismo ($ 585), servicios ($ 579), industria ($ 550) y agropecuario ($ 358). La calificadora de riesgos Moody’s señala que el país no regresara a los niveles previos de la crisis hasta 2024.

Esta caída negativa del PIB, se refleja en el deterioro del mercado de trabajo. La tasa de desempleo formal en 2019 fue de 3.8% y entre marzo – mayo de 2020 el desempleo aumentó 4.4% o sea 335413 desempleados más. Los sectores con mayor desempleo serían: comercio (105500), transporte (43.800), manufactura (36700), actividades profesionales (27900), construcción (25000) y alojamiento y servicios de comida (19200). El INEC reveló que a Junio de 2020 la tasa de desempleo alcanzó 13.3%  (mas de un millón de desempleados) mientras que en ese mes del año pasado solo fue de 4.4% y la de empleo adecuado, en el mismo período, pasó de 37.9% a solo 16.7%, reflejando el fortísimo deterioro del empleo por la pandemia. Estas cifras guardan coherencia con los datos reportados tanto por el Ministerio de Trabajo que señaló que, en la pandemia, se terminaron 289258 contratos y, en tanto, el  IESS que establece 270638 desafiliaciones. Un funcionario del IESS declaró que, desde marzo de este año, obtuvieron el seguro de desempleo 28429 personas. Sin embargo, para medir el deterioro del mercado de trabajo, falta incluir el sector informal urbano con el más de un millón de trabajadores informales que aumentaron, sin duda, durante la pandemia.

El efecto humanitario de la pandemia en América Latina va a ser el aumento de la pobreza, como lo señala la CEPAL, que pasará de 185 a 231 millones, o sea un incrementó de 45 millones de pobres, siendo ahora 37% de la población de la región. Pero también se incrementará la extrema pobreza en 28 millones, que representa el 15.5% de la población. El Ecuador, por efectos de la pandemia, tendrá mayor pobreza y más gente en la extrema pobreza. No hay cifras oficiales al respecto.

Para aliviar la iliquidez de la caja fiscal el gobierno optó por la renegociación parcial de la deuda externa alcanzando una rebaja de 1540 millones en el capital, menor tasa de interés y mayor plazo de pago. Sin embargo, si analizamos los precios de mercado de los bonos ecuatorianos, en tiempos de pandemia, mucho mejor hubiera sido recomprarlos. El resultado de la renegociación implica menos pago del servicio de la deuda quedando libre recursos para otros rubros. El gobierno le debe a los institutos de seguridad social, a los GADs, al Banco Central, proveedores, etc. Sin embargo, ya el presidente del directorio del IESS declaró que podría recibir bonos del gobierno como pago de su aportación del 40% de las contribuciones del estado para el pago de las pensiones. Aquí queda claro que, en el pago de la deuda interna, no son prioridad los jubilados.

El presidente declaró que el déficit fiscal de 2020 sería de 12% del PIB, lo que revela la necesidad de financiamiento del gobierno. Si bien entre enero-mayo, de este año, hay un superávit comercial de 877 millones de dólares, es posible de acuerdo con el Banco Central que se mantenga el mismo.

En síntesis, 2020 será el año de la más grave crisis de la historia del país pero no solo económica –revelado en los indicadores señalados- sino que será también social y humanitaria con más desempleo, subempleo, un mayor sector informal y mayor pobreza, extrema pobreza, hambre y violencia.

 

Después de haber perdonado – por más de 4000 mil millones en intereses y multas- por la remisión fiscal a las empresas, la aguda iliquidez fiscal ha conducido a una situación en que el gobierno le debe a todo el mundo. El poder aliviar el flujo de la caja fiscal depende crucialmente de la renegociación de la deuda externa, de nuevos ingresos y recortes fiscales y la evolución de la economía. Un empeoramiento de estas tres variables conducirá a una elevación de los retrasos del gobierno y una situación financiera insostenible.

En un artículo anterior señalé que, hasta Mayo de 2020,  los atrasos del gobierno con el IESS, GADs, proveedores y Banco Central alcanzaban 7.565 millones de dólares y la deuda interna llegó 13.991 millones de dólares. Desde Marzo, de este año, la iliquidez fiscal se agravó por la pandemia –con la consecuentemente casi paralización de la actividad económica-  que redujo los ingresos del gobierno. A tal punto que, según el Presidente, el déficit fiscal para 2020 se estima un 12% del PIB. El gobierno ha paliado, la iliquidez fiscal, con mayor endeudamiento externo –a tal punto que la deuda externa alcanza 41.564 millones de dólares- y atrasos.

El no haber realizado el ajuste a tiempo complicó aún más el escenario por lo que el gobierno comenzó a recortar la inversión pública y el tamaño del estado para reducir el gasto público. Los afectados fueron los sectores de salud, educación, la seguridad social y los GADs, lo que ha implicado sacrificar el bienestar social. El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa para abrir el camino a la renegociación de ésta. Como señalamos en otro artículo, el gobierno espera una reducción del capital, de los intereses y una ampliación del plazo. Para aliviar la iliquidez fiscal es crucial que la renegociación de la deuda externa sea exitosa para lo cual se requiere el visto bueno de los tenedores de 9 de los 10 bonos en renegociación y 66% en promedio de dichos bonos. El bono 10 tiene la condición que debe ser aprobado por el 75% para su reestructuración. En la primera semana de Agosto, de este año, se conocerá cual es la decisión de los tenedores. La renegociación tiene el apoyo del FMI que a cambio exigirá la aplicación de reformas estructurales: reforma laboral, reforma al Banco Central, mas reforma al sector público, privatización de empresas e instituciones públicas financieras y no financieras, etc.

A tal punto ha sido el nivel de iliquidez de la caja fiscal que los sueldos de los empleados públicos se  retrasó hasta un mes. Y aún más se les rebajó el 20% de sus sueldos, que son los que han pagado parte de la crisis. Al mes de Julio de 2020 tal ha sido el ahogo fiscal que el gobierno decretó el pago anticipado del Impuesto a la Renta del año 2020 a las grandes empresas. Es conocido que los sectores que más han ganado, con la pandemia, han sido los sectores de comercialización de bienes de la canasta básica –supermercados y comisariatos- la banca y de salud. Ya declararon los dirigentes de las Cámaras Empresariales que se oponen a dicho decreto. No es nuevo impuesto, sino un adelanto de del Impuesto a la Renta. Si apoyaron, en cambio, la remisión fiscal que los beneficio.

En cuanto a la evolución económica, ya el FMI proyectó una contracción de la economía de 10.9% para el 2020 con lo cual además del grave problema social del desempleo, pobreza y hambre el gobierno seguirá con ingresos tributarios disminuidos, por lo que el gobierno ha puesto su mira en la renegociación de la deuda externa que permitirá reducir el pago del servicio de la deuda –capital e intereses- que posibilitaría liberar recursos para otros sectores. ¿Cuál será la prioridad de gasto –en este escenario- del gobierno? La crisis económica continuará y podrá atenuarse si se produce una vacuna para el COVID, como ya lo han señalado organismos internacionales. Por otro lado, dado el desempleo formal, por los despidos en la pandemia, ha llevado que se acumulen deudas bancarias, comerciales e hipotecarias que aumentaría la morosidad en el sistema financiero que podría aumentar su riesgo de liquidez y de otros tipos de riesgo.

En síntesis, la ilíquidez de la caja fiscal podría atenuarse si hay una exitosa renegociación de la deuda externa, mientras que el riesgo de liquidez del sistema financiero privado y público –BIESS y CFN- puede disminuirse con adecuadas medidas pero lo difícil será combatir el hambre que- si no se toman medidas a tiempo- puede desencadenar en una explosión social –al modo chileno- con graves consecuencias para la sociedad ecuatoriana.

 

 

 

 

Luis Rosero M.

A los diferentes casos de corrupción, ya señalados en artículo anterior, se suma ahora el robo de las ayudas públicas (bonos sociales) en tanto que a los empleados públicos no se les pagan sus remuneraciones a tiempo, al igual que a los médicos postgraduados, a los GADs y a los proveedores. Esto muestra las prioridades que tiene el gobierno en cuanto al manejo del presupuesto y crisis.

En un artículo anterior, sobre el tema de la corrupción, dije: “A los anteriores casos de corrupción con sobreprecios en mascarillas, en fundas para cadáveres de los fallecidos por coronavirus, en los kits alimenticios para pobres, en insumos médicos, etc. en hospitales públicos, en Municipios y en Prefecturas, etc. ahora se suma la obtención irregular de carnet para discapacitados que permitió importar vehículos de alta gama con exoneraciones tributarias reflejan que los niveles de corrupción han aumentado y, al parecer, ésta campea en varios campos de la administración pública. Lo grave es que, según parece, hay bandas organizadas que están relacionadas, de acuerdo a las denuncias y detenciones, con altos funcionarios públicos, asambleístas, asesores de éstos, jueces, deportistas, etc. Es un panorama desolador, pues aprovechándose de las funciones públicas, han destrozado la ética y moral pública y, lo más grave, aprovechándose de la emergencia sanitaria, mientras la gente moría en las calles y hospitales por el coronavirus. Más aún hay acusaciones de habría un reparto de hospitales públicos a los asambleístas y, aún más, se ha denunciado que la obtención de ciertos cargos públicos están ligados a la aprobación de proyectos de ley.”  Además ahora se han cobrado por falsos beneficiarios las ayudas públicas, principalmente los bonos de desarrollo humano, bono de desarrollo humano para la extrema pobreza y bonos para discapacitados. El Universo reporta “El monto a recuperar ascendió a $ 872.200 y, en el 2019 se calculó en 900.279 y la de este año suman casi $ 2 millones, dinero que no llego a los beneficiarios”. En este nuevo caso de corrupción están acusados funcionarios públicos y de instituciones financieros. Es increíble el nivel de corrupción que se ha llegado, el robo de la ayuda social a pobres y discapacitados rebasa el límite de la moral y ética de, al parecer, una banda bien organizada que muestra el grado de miseria humana. Son unos miserables.

Por otro lado, a los empleados públicos no se les paga todavía el sueldo de Junio, o sea casi un mes de atraso, y, más aún, médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos no se les paga desde Octubre del año pasado, según Televistazo. A los GADs se les adeuda sus asignaciones y devolución del IVA mientras que los proveedores siguen esperando se les pague y ahora el gobierno ofrece cubrir sus obligaciones con bonos. Según El Comercio, hasta mayo de este año, los atrasos suman 2.153 millones a los que se agrega la deuda al IESS, que a Julio de 2020, ascendía a 1.336 millones (solo de este año) y al Banco Central por $ 4.076 millones todo lo cual suma $ 7.565 millones. Esto ha provocado que aumente la deuda interna a 13.991 millones de dólares.

Si bien es cierto que, con la pandemia, bajaron los ingresos tributarios, el gobierno ha compensado esta caída con más deuda externa e interna, pero es claro que en el manejo de la política de gasto ha priorizado el pago de la deuda externa. Sin embargo, con la renegociación del 40% de esta se suspendió el pago de la misma hasta que ésta termine,  resulta explicable que no pueda pagar a los empleados públicos, porque se sigue pagando la deuda externa correspondiente a organismos internacionales y de gobierno a gobierno.

Es claro que hay una iliquidez de la caja fiscal pero también que la prioridad es el pago de la deuda externa siendo afectados los empleados públicos que además que no les paga a tiempo sufrieron un recorte del 25% de sus sueldos y ahora también están impagos los médicos postgraduados que trabajan en hospitales públicos que son parte de la primera línea en la lucha contra la pandemia. Ellos son los que están pagando parte del costo de la crisis así como los empleados y trabajadores privados que han sido despedidos. El IESS reporta que entre marzo y junio, de este año, se desafiliaron 270.638. Y, al parecer, se vienen más impactos financieros y económicos pues ya se anuncia un cambio en el sistema de fijación de las tasas de interés, que podría implicar la liberalización de éstas.

Luis Rosero M.

Por efectos de la crisis económica que se venía arrastrando desde 2019 y por el coronavirus en el 2020 habrá, según estimaciones de organismos internacionales y el Banco Central una fortísima contracción de la economía que implicará una gravísima crisis social con el aumento exponencial de la indigencia y el hambre.

En efecto, el FMI prevé una caída de -10.9% del PIB, mientras que el Banco Mundial predijo sólo de -7.4%, por otro lado, la CEPAL proyecta un -9%, en tanto que el Banco Central estima una contracción entre -7.3 (escenario optimista) y -9.6% (escenario pesimista). El año pasado, el FMI, proyectó una contracción de -0.5%, lo que implica que la crisis económica viene desde 2019, la cual se agrava en el presente año por la pandemia. En la crisis bancaria de 1999 la caída de la economía fue de 4.7%, en 2020 sería más del doble lo que implica una contracción brutal de la economía.

El informe de Cuentas Nacionales, del Banco Central, establece que en el I Trimestre de 2020 se contrajo -2.4%. El factor que aportó positivamente al crecimiento  fueron las exportaciones que, paradójicamente, crecieron (3.6%), mientras los que los rubros que influyeron en la contracción fueron la inversión (-6%), los gastos de consumo del gobierno (-5%) y el consumo de los hogares (-0.6%). El I trimestre de este año no registra el mayor impacto de la pandemia. La paralización de las actividades económicas comenzó el 17 de Marzo con lo que podríamos deducir que la contracción en dicho trimestre se debe a la crisis económica que se venía arrastrando. El impacto más fuerte en el PIB, por la pandemia, se da en el II Trimestre, principalmente por la paralización de las principales actividades económicas, y, contribuyó a la contracción, el Ministerio de Finanzas, en el primer semestre de 2020, buscando reducir el déficit fiscal, al cortar el gasto corriente en 815 millones de dólares entre los que están el gasto de personal (- 182 millones), de bienes y servicios (- 277 millones) y gastos permanentes (- 280 millones). En el segundo trimestre (Abril – Junio) la contracción de la economía sería al menos de 6%. Otro dato confirma la crisis en este periodo, pues la inflación en Junio de 2020 fue negativa en -0.62%, lo que implicaría el fenómeno de la deflación que, entre otros indicadores, implica una contracción de la demanda agregada como ya la reflejan los datos del consumo de familias, gobierno e inversión en el I trimestre de 2020.

El impacto social de la crisis económica que se venía arrastrando como de la pandemia fue principalmente en empleo. En efecto, el IESS reportó que entre marzo y junio se desafiliaron 270.638 trabajadores y empleados. En marzo salieron 18.586, lo que confirma mi hipótesis de que el mayor impacto de la pandemia será en el segundo y tercer trimestre. En efecto, las cifras lo confirman, pues en abril se desafiliaron 111.700 y en mayo 109.822. Estas cifras reflejan los despidos realizaron las empresas que paralizaron las actividades o quebraron en esos meses, lo cual aumentó el desempleo y subempleo. Pero esto corresponde al empleo formal. Sin embargo, hay que incluir en la problemática del mercado de trabajo, al sector informal, que incluye entre otros a los de venta callejera, microempresarios, artesanos, etc., sumando más de un millón de personas. La pérdida de ingresos tanto de los trabajadores formales e informales, por la pandemia, a partir del II trimestre, generó una terrible crisis familiar pues al no recibir sus sueldos o salarios no tenían para alimentar a sus familias, además del pago de los servicios básico –que paradójicamente aumentaron sus tarifas- y las deudas que ahogaron sus finanzas. Esta crítica situación de desempleo y subempleo llevó al aumento del trabajo infantil. Ya lo habíamos señalado en un artículo anterior al señalar: “Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.”

Otro efecto social, de la crisis económica y de la pandemia, es el aumento de la pobreza. En efecto, el último dato oficial de esta variable es de diciembre de 2019. No se han publicado las cifras oficiales de empleo, desempleo y sector informal de 2020 así como las de indigencia y hambre, pero por las cifras que hemos dado antes, es de suponer un fortísimo crecimiento, por lo que a partir del segundo semestre de este año, ya se hace visible el hambre y, en consecuencia, el aumento de la violencia, la delincuencia y el crimen que, en parte, se origina en la necesidad de la subsistencia en esta gravísima crisis económica y social.

Luis Rosero M.

El gobierno anunció un preacuerdo para la renegociación de una parte de la deuda externa, que cuenta con el respaldo del FMI y da visos del camino que tomará el gobierno en la política económica y social que implicará la adopción de nuevas reformas estructurales según las exigencias del organismo internacional en el nuevo convenio.

La deuda externa del país es con los organismos multilaterales, con el club de París (deuda de gobierno a gobierno) y con el sector privado. Con estos últimos, el país debía pagar 2000 millones en 2020 y otros pagos del servicio de la deuda fuertes hasta el 2024.  El preacuerdo de la renegociación es por un monto de 17.375 millones, que implica una quita de 1.500, una reducción de las tasas de interés que estaban entre 7.7 a 10.7% a un promedio de 5.3% y ampliación del plazo, en promedio, de 6 a 12 años, con 5 años de período de gracia para el capital y dos para los intereses. El bufete jurídico White & Case, que maneja la renegociación del grupo Ad hoc que posee alrededor del 45% de los bonos ecuatorianos manifestó su apoyo al preacuerdo y espera que la mayoría de los tenedores los respalden. Sin embargo, ya dos grupos de tenedores de bonos ecuatorianos plantearon que se deberían mejorar las condiciones de la renegociación, lo que implicará que no es seguro todavía los términos en que anunció el gobierno la reestructuración. Por otro lado, el FMI manifestó su respaldo al preacuerdo y espera que se concrete con todos los tenedores.

Si bien el gobierno contrato a dos firmas que están trabajando en la renegociación de la deuda externa argentina, sin embargo la posición del gobierno gaucho es más ventajosa. Ha cambiado 3 veces el plazo de la renegociación, ha caído en default en parte de su deuda pero ha variado su oferta de negociación pero en la última y definitiva oferta ha propuesto un valor neto promedio de los bonos de 53.3% (lo que implica una quita de 46.7% en el capital, con un interés de 3 a 5% y un período de gracia de un año. La diferencia es que la deuda argentina, en negociación, es de 65000 millones de dólares y el principal inversor que lidera la renegociación por los tenedores es Black Rock, el mismo que tiene el Ecuador, entre otros. Es claro que el gobierno gaucho está negociando su deuda en función de los intereses nacionales y ha preferido caer el default de parte de su deuda externa, o sea no pagar, hasta que se llegue a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de deuda externa.

La deuda externa del Ecuador es de 41564 millones de dólares, de la cual este gobierno la ha aumentado en más de 10.000 millones de dólares. El gobierno realizó algunas operaciones de crédito con figuras financieras, entre ellas repos, que implicó garantía de oro de la RMI y de bonos soberanos. Por otro lado, dio prioridad al pago de la deuda externa, tal es así que pago atrasado los sueldos de los servidores públicos a los que debe 300 millones, tiene deuda con los GADs de más de 900 millones, la deuda con el Banco Central creció de 2915 a 4076 millones, le debe más de 2201 millones a los institutos de seguridad social y a los proveedores 200 millones. En suma los atrasos, a Julio de este año, suman 3131 millones.

El preacuerdo da un alivio temporal a la caja fiscal ya que, con el período de gracia para el capital e intereses, no tendrá que pagar estos de manera inmediata, con lo que podría cambiar, en algo, los atrasos. Sin embargo, hay que considerar que el preacuerdo anunciado representa solo el 41% de la deuda externa y solo es la contraída con el sector privado. El país tendrá que seguir pagando la deuda multilateral, la del Club de París y con China. El Ministro de Finanzas dice que debemos seguir endeudándonos para salir del bache. Consecuentemente, seguirán los atrasos y se seguiría priorizando el pago de la deuda aunque en otras condiciones. Con el decreto que autorizó la concesión de la refinería de Esmeraldas, ya se puede advertir el camino a seguir por el gobierno. Ya es claro que se éste ya cumple la condicionalidad del FMI con el nuevo acuerdo crediticio que implicará reformas estructurales entre las que podrían estar la profundización de la reforma laboral, un mayor recorte del estado, la privatización del IESS y BIESS, devolver la autonomía al Banco Central con la reinstalación de un directorio que manejará la política monetaria. Además recordemos que hasta mitad de este mes se aprobará el veto al proyecto de ley de Finanzas Públicas, que obliga a todos los integrantes del sector público a someterse a estrictas medidas del manejo del gasto y pone límites a fin de llegar a una superávit primario que pueda permitir salir de la tendencia al déficit fiscal y pagar la deuda externa.