Además de lo analizado, en el artículo anterior, sobre el proyecto de ley de Apoyo Humanitario este incluye una reforma laboral: flexibilidad laboral, y, el concordato comercial. Que supuestamente, la primera, es para preservar el empleo y el segundo es una especie de ley de quiebras de mayor ejecutividad. En este artículo, analizamos estos dos temas.

La flexibilidad laboral se basa en un acuerdo entre patronos y trabajadores que, de ser acordado, será de cumplimiento obligatorio. Se estipulan algunas condiciones para la empresa como no poder distribuir utilidades, no tener gastos suntuarios, presentación de estados financieros, etc. Si no llega a un acuerdo entre las partes la empresa pasa a liquidación. La forma de la flexibilidad laboral es la introducción de 2 tipos de contratos de trabajo. Uno, el contrato especial emergente, parcial u ordinario, que se celebraría para nuevas actividades o giro de negocios, con una duración de 2 años y renovable, jornada entre 20 y 40 horas, máximo 40 horas a la semana, distribuidas en 6 días a la semana, con remuneraciones y beneficios proporcionales a la jornada pacta. Dos, disminución de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, por dos años, y con remuneración y beneficios de ley según la jornada reducida. En este caso, la empresa no podrá distribuir utilidades ni despedir trabajadores. Si lo hay, la empresa, deberá pagar una indemnización de 3 meses más las indemnizaciones previstas en la ley.

El centro de la flexibilidad laboral está en la posibilidad de reducir la jornada laboral lo que implica la reducción de los ingresos de los trabajadores, pero manteniendo la estabilidad. En el caso, del contrato especial emergente, las horas trabajadas pueden distribuirse en 6 días de la semana (incluye sábado y domingo) lo que implicaría que en esos dos días no se pagaría horas suplementarias, en el caso de se trabaje de noche de lunes a viernes, o, extraordinarias, cuando sea sábado o domingo. Esto implicaría un retroceso en el derecho de los trabajadores. En la segunda forma de reducción de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, aunque se mantienen algunos de los derechos de los trabajadores, implica también una reducción de los ingresos. Si bien, en situaciones de crisis o emergentes, se debe buscar salvar a las empresas para mantener el empleo, debería asegurarse el pago de todos los beneficios de ley. Con esta reforma laboral, la balanza se inclina hacia el patrono. Durante el confinamiento ya ha habido denuncia de despidos en empresas y, con las empresas no esenciales paradas, algunas amenazan con bajar la remuneración. Esta reducción se garantiza con la flexibilidad laboral al disminuir la jornada de trabajo. Hay que buscar equilibrio entre el capital y trabajo, de manera de repartir las perdidas entre las dos partes de la relación laboral y no cargarle el peso de la crisis, por medio de la reducción de ingreso, a empleados y trabajadores. Más aún al seguro de desempleo, al que se acogerían los despedidos entre Abril y Julio de 2020, se torna más estricto y no está claro cuál sería el financiamiento para pagar a la avalancha de despedidos que se daría en ese periodo.

Para paliar los efectos de la crisis generada por la paralización de la actividad económica, se estable el concordato preventivo excepcional, que se aplicaría para las actividades comerciales (empresas o personas naturales) para negociar las obligaciones en lo referente a las condiciones: plazos y reducción o reestructuración de las deudas. Esta figura legal es una especie de ley de quiebras que, posibilita de manera más pragmática, negociar las deudas. Si no se llega a un acuerdo, se llamaría a un concurso de acreedores pero se establece la prelación de pagos estando en segundo lugar las deudas al trabajador. Este concordato debería extenderse hacia todo tipo de empresas, debido a las dificultades y quiebras que se vienen en los sectores no comerciales.  

En síntesis, el proyecto de ley de “apoyo” humanitario en cuanto a la contribución solidaria, la mayor parte (dos terceras partes) recaen sobre los empleados y trabajadores públicos y privados, solo un tercio lo pagarían las empresas. Pero más, a los empleados públicos, después de contribuir 9 meses, se les rebajaría el sueldo de manera permanente, aún más, se despedirían a los contratados eventualmente y también habría fusiones de entidades públicas que implicaría el despido de aquellos con nombramiento provisional y hasta los funcionarios cuyos cargos resulten duplicados por efecto de la fusión. En el caso de los empleados y trabajadores del sector privado se estable una reducción de la jornada laboral lo que implica reducción de sus ingresos. En resumen, el proyecto carga la mayor parte de la crisis sobre trabajadores y empleados. La crisis económica será muy grave pues se proyecta una contracción del 6.5% del PIB.

El gobierno frente a la crisis, agravada por el coronavirus, envío dos proyectos de ley a la Asamblea. Uno, el de Apoyo Humanitario pretende la reducción de salarios, acuerdo para pago de deudas no bancarias, congelación de precios de servicios básicos, una reforma laboral, ampliación servicios de salud del IESS, concordato y ayuda a empresas comerciales. Dos, la reformas al Código de Finanzas Públicas que contendría nuevas reglas fiscales, normas  presupuestarias y disposiciones que incluirían al manejo de recursos del IESS, ISSPOL e ISSFA, y, por otro lado, con las directrices de ejecución presupuestaria para el II trimestre, de este año, se busca reducir el gasto y despido de burócratas eventuales. Todas estas medidas estarían dentro del nuevo acuerdo que el gobierno está tratando con el FMI. En este artículo trataremos los tres primeros puntos.

Dado que no hay liquidez en la caja fiscal, como demuestra que no pago los sueldos de algunas instituciones hasta el 16 de Abril, los que pudieron ser pagados por un crédito de emergencia del BID, el primer proyecto crea una contribución temporal, por 9 meses, a empleados privados y públicos, y, otra a sobre las utilidades de las empresas. En realidad es un impuesto progresivo ya que la contribución es función de una tabla usada para este tipo de tributos. Para las personas naturales, la base del tributo serían los ingresos neto a partir de los 500 dólares. Hay una tarifa básica y otra tarifa sobre el excedente (como el Impuesto a la Renta). Así el que gane  600  pagará 8 dólares  ($ 2 por tarifa 1 + $ 6 por tarifa 2) y para los siguientes niveles de ingresa aumenta progresivamente las dos tarifas. Para las empresas la contribución sería 5% sobre las utilidades (el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución en 2018 igual a un millón o más de dólares). Puede haber exoneraciones o rebaja de esta contribución para las empresas afectación grave por la crisis del coronavirus. El total de recaudación alcanzaría 1418 millones. Pero en el caso de los empleados públicos de la función ejecutiva y empresas públicas, que ganen a partir de 1000 dólares, después de los 9 meses del pago de la contribución temporal, tendrán una reducción permanente su sueldo de 10%.  Pero lo paradójico es que, según El Comercio, los empleados pagarían casi dos tercios (64%) de la contribución del total a partir del 18 de Mayo, pero además tendrán una reducción del sueldo permanente, con lo que resulta que serían los que más aportan (64%) y las empresas solo un tercio.  Con esta contribución, el gobierno tendría recursos para cubrir actividades esenciales pero a partir de mediados de Mayo.

¿Y qué recursos dispondría el gobierno entre Abril y mediados de Mayo? Como el gobierno hace malabares para obtener recursos, presentó una solicitud de consentimiento para diferir el pago de intereses de la deuda externa hasta el 15 de Agosto de este año, con lo que dispondría 811 millones con lo cual tendría recursos para operar las actividades esenciales.

El proyecto contempla también la celebración de acuerdo entre las partes para el pago de pensiones educativas (colegios han ofrecido descuentos), alquileres y seguros de salud, con lo cual alivia a los empleados y trabajadores que no recibieron sus sueldos y salarios por la paralización de las actividades económicas por el confinamiento obligatorio por la pandemia. Según el Ministro de Producción el 70% del aparato productivo está paralizado. El proyecto también congela el precio de los servicios básicos (incluye el de telecomunicaciones) proveídos tantos por el sector público como el privado.

De lo analizado hasta aquí, del primer proyecto de ley, la mayor parte de la crisis está siendo cargada sobre empleados y trabajadores del sector público y privado, pero más afectados los primeros que ven reducidos sus sueldos de manera permanente. Aún más, los del sector privado, enfrentaran una reforma laboral que contempla la flexibilización laboral que incluye una reducción de la jornada laboral, contratos emergentes de 20 horas, que implica reducción de sus ingresos, así como acuerdos entre las partes que pueden modificar las condiciones laborales.

Desde el año pasado se viene arrastrando una crisis socioeconómica, con el coronavirus y la emergencia sanitaria ésta se agravó y, la tragedia, se completó con la rotura de los oleoductos petroleros y los daños en la refinería de Esmeraldas y la paralización la de La Libertad conforman un escenario de crisis socioeconómica, sanitaria y humanitaria gravísima que imponen una salida con medidas económicas, sociales y sanitarias que tengan como centro el bien común.

La tragedia sanitaria en Guayaquil, reflejada en miles de fallecidos por el coronavirus, no reveladas en las cifras oficiales, el colapso del sistema de salud público y privado, de las morgues y las funerarias llevaron a que no se podían retirar de muertos de sus viviendas y no poderles darles sepultura individual, el intento de sobreprecio en insumos médicos en el IESS, la carencia de test del coronavirus, etc. revelan la ineficacia, desorganización y falta de decisión, a tiempo, de las autoridades gubernamentales que sumieron, en el puerto principal, en un caos sanitario en el que lo más afectados fueron las familias de menores recursos.

La falta de liderazgo gubernamental llevó a que los diferentes grupos económicos  dicidierán realizar aportes. Los banqueros  (de Quito y Guayaquil, por separado), los grupos económicos de Guayaquil y, por otro lado, los de sierra, para fondos ante la pandemia. El gobierno tardó en actuar y recién, en lo económico y social, el viernes santo planteó más medidas de auxilio económico. Cada sector y gobierno por su lado plantearon alternativas. No hubo unidad con el sector privado para actuar ante la pandemia, sobre todo, en el puerto principal. Ni el sector público tomó la iniciativa a tiempo.

 La falta de liderazgo gubernamental, las medidas de la emergencia sanitaria, el confinamiento y la paralización de la actividad económica llevaron a una situación insostenible. La contracción de la oferta y la ausencia de la demanda generaron, a nivel microeconómico, que las empresas no tuvieran ventas, a excepción de los alimentos y salud, sobre todo las micro y pequeñas empresas que, al no tener ingresos, no pueden pagar a sus empleados. En el sector informal, miles de trabajadores que dependen de la venta diaria no tienen que comer así como los desempleados y subempleados. En suma, una crisis sanitaria y sus medidas provocaron una crisis sanitaria, económica y social de grandes proporciones. En lo macroeconómico, se agravaron los desequilibrios de los principales indicadores: déficit fiscal, liquidez fiscal, déficit comercial, nivel de actividad económica, empleo, desempleo, subempleo, etc.

En las crisis y pandemias hay que dar soluciones pero establecer prioridades y plazos. En el cortisimo plazo está, primero, el bien común, el interés general debe primar sobre el privado que, en este escenario, está la salud y la vida. El gobierno está aplicando, ahora, con la emergencia sanitaria, aunque tarde, las medidas que sugieren los organismos internacionales. Pero en lo social y en lo económico tarda, pues con el escenario que estamos viviendo, viene la carencia de ingreso, el hambre, aumento de la pobreza, más delincuencia, quiebra de empresas, etc. Segundo, está el de proveer de ingresos para que la gente, de menores recursos e informales, pueda comer. Tercero, normalizar la actividad económica dando incentivos a la micro y pequeña empresa y a la gente para que pueda afrontar sus deudas, alquileres, tarjetas, seguros, etc.

En esta crisis, el gobierno debe comenzar poniendo prioridades. Si busca el bienestar común, en el cortísimo plazo, debe tomar una decisión sobre la deuda externa. Dado el escenario económico, la opción debe ser renegociación su pago lo que liberaría recursos para que, en dicho plazo, se puedan asumir los susidios y apoyos para la gente de escasos recursos, informales y pobres. Por otro lado, la ayuda a micro, mediana y pequeña empresa para reactivarlas.

La propuesta del gobierno para enfrentar la emergencia económica y social, de crear un fideicomiso, con contribuciones de empleados, trabajadores y empresas, si bien apunta a ayudas y apoyos a los afectados, iguales las medidas adoptadas por gobiernos latinoamericanos y europeos, por la tragedia, sin embargo implica que sean estos grupos los que financien parcialmente el auxilio porque el gobierno no tiene liquidez. No podemos analizar todavía dicha propuesta porque hasta el momento, en que escribo el artículo, no se ha remitido a la Asamblea el proyecto de ley. Pero ya el gobierno debe poner prioridades en esta emergencia. Es claro que salud es lo prioritario, de ahí debe seguir el pago de sueldos de los empleados público y no el pago de la deuda, pago de ayudas a los informales, desempleados y subempleados, pobres, ayuda a las comunidades rurales, preservación del empleo en el sector formal, etc.

El impacto del coronavirus causa serias consecuencias sobre la gente, la economía y la sociedad. En los distintos continentes, los dirigente de los países toman medidas de emergencia sanitaria y políticas económicas para reducir el contagio por la pandemia así como medidas para ayudar a la gente de menores recursos y pequeñas y medianas empresas para paliar su situación de falta de ingresos. En momentos difíciles y crisis humanitarias, sociales y económicas hacen ver la importancia del liderazgo de un país para enfrentar estas coyunturas y enrumbarlo hacia mejores días.

Vemos con estupor que dirigentes de algunos países toman medidas absurdas o demoran la toma de decisiones ante la crisis del coronavirus. Ni aún, con las serias consecuencias, de pérdidas de vidas humanas, en Italia y España, los malos o mediocres dirigentes no aprenden de las lecciones de China y Corea del Sur que aplicaron las medidas sanitarias adecuadas a tiempo. Así, el primer ministro del Reino Unido, demoró en tomar medidas sanitarias así como EE.UU, ahora ante la emergencia sus habitantes sufren las consecuencias del contagio de la enfermedad. En A. Latina, el Presidente de Brasil, realiza una campaña para boicotear la decisión de los gobernadores que establecieron una cuarentena por el coronavirus. Y, hasta presidentes progresistas, como López Obrador en México, no le prestaron mucha atención al principio de la pandemia. El dr. Julio Frank Mora, ex ministro de Salud de México, señala que hubieron países que aplicaron mejor estrategia para luchar contra la pandemia: China y Corea del Sur, el resto como Italia, España, incluido el Ecuador, no le dieron importancia al inicio del brote contagioso y mal manejo de la información, resaltando que lo mejor es decir la verdad, pero después las autoridades de estos países que gestionaron mal la política sanitaria corrigieron el rumbo, pero perdieron tiempo y las consecuencias fueron fatales. Ahora no solo se trata de las acciones de las autoridades sanitarias sino también de la corresponsabilidad de la población para evitar contagiarse y contagiar a los demás por no respetar las normas de confinamiento en casa.

Pero el costo del impacto del coronavirus no solo son los cadáveres sino también el dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido pero además se afecta toda la economía. Con las medidas sanitarias, tomadas por los gobiernos, dos tercios de los sectores económicos están paralizados, lo que implica que las empresas formales no trabajan y sus empleados tampoco, con lo que éstos no reciben su sueldo porque las empresas no venden. Pero en el caso del sector informal, donde la mayoría vive de la venta del día, como vendedores ambulantes, microcomerciantes, artesanos, empleadas domésticas, etc., su situación es desesperada porque, al no poder vender sus productos o servicios por la cuarentena, no tienen ingresos y no pueden comer. Y no decir de los desempleados y subempleados que están en las mismas condiciones. Otro de los problemas es el pago de los créditos que, sin ingresos, no se pueden cubrir, así como los alquileres, créditos estudiantiles, etc.

En el caso de nuestro país, la demora en tomar medidas sanitarias a tiempo,  por parte del gobierno, y, en buena medida, la irresponsabilidad de la gente, sobre todo en la costa, de no respetar el confinamiento en casa, ha llevado a que aumente la tasa de contagio por coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria renunció la Ministra de Salud acusando al gobierno de no disponer los recursos necesarios para enfrentar la emergencia –que no ha sido aclarado suficientemente-. El nuevo ministro declaró contar con recursos, pero los médicos, enfermeras y ayudantes se quejan por no tener los insumos médicos para su protección. Ya llevamos tres semanas del confinamiento, los hospitales públicos están colapsados, no tienen los insumos médicos para la emergencia, siguen los problemas para retirar los muertos por coronavirus de las casas, por lo que hay peligro de epidemia sanitaria, un presidente ausente hubo intento de sobreprecio en compra de mascarillas por el IESS, en términos per cápita Guayas es la que tiene el mayor porcentaje de contagio en el mundo, la tasa de variación del contagio sigue aumentando y todavía no llegamos al máximo de la curva de contagio. La prensa internacional informa de la terrible situación sanitaria del país por el coronavirus. El gobierno informa diariamente sobre la evolución de los contagios y fallecidos pero hay dudas sobre si las cifras oficiales revelan la real situación. El nuevo ministro de Salud señaló que las cifras son reales aunque puede haber más contagiados. Un funcionario público señaló que habrá 2500 a 3500 muertos en Guayas. El Presidente dijo que hay que transparentar las cifras de contagiados y fallecidos. Entonces ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿Recién se dio cuenta de la terrible realidad? La periodista Julieta Herrería Barba en su artículo “Ecuador merece la verdad” dice sin tapujos “Es aquí donde debemos ser más críticos con el presidente Moreno, porque después de todo ¿dónde está? O mejor dicho ¿qué está haciendo por el país?”  Es la ineficacia gubernamental, indolencia y no tomar medidas a tiempo lo que nos ha llevado a esta terrible tragedia. El Vicepresidente, por fin, reconoció los errores del gobierno pero el daño ya esta causado.

En lo económico, el gobierno, ha venido tomando medidas parciales, para paliar la situación de la gente afectada por la paralización de la actividad económica. Ha diferido el pago de impuestos, aportes a la seguridad social, la Superintendencia de Bancos dictó normas para diferir el pago de los créditos, creo un bono para ayuda a grupos de población, etc.

El objetivo de un buen dirigente político es buscar el bienestar de su pueblo. Un buen líder debe prever el rumbo de la situación económica, social y humanitaria para tomar medidas a tiempo; en crisis, tomar las decisiones adecuadas para apoyar a la población y velar por la economía del país y su restablecimiento. Para eso se requiere sentido común, criterio, buen juicio e inteligencia. Pero además tener liderazgo para orientar al país hacia su desarrollo y, en crisis, tomar las medidas más adecuadas, a tiempo, para proteger a los más pobres y el país. En el país parece que los dirigentes en el poder carecen de estas cualidades para velar por el bienestar de la población y tomar las decisiones adecuadas y a tiempo para frenar la tragedia del coronavirus. Pero no solo son los muertos, después tocará ver que hace el gobierno con la gran contracción que se viene y la secuela social en términos de quiebre de pequeñas empresas, desempleo, subempleo, pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Y ahora debemos esperar que estrategia se utiliza para combatir la tragedia económica que nos espera, y ahí resulta fundamental el liderazgo de quien dirige el país.

La crisis económica y social que se venía gestando por factores internos se agravó con el coronavirus. Ante la coyuntura el gobierno adoptó la estrategia de endeudarse mas para pagar la deuda externa y no pagar los intereses pero ¿Qué pasara en los dos siguientes meses en lo económico y social?

Como ya hemos señalado, en artículos anteriores, el coronavirus produjo un shock externo generando una caída del precio del petróleo, por debajo de lo establecido en el presupuesto del estado, y de las exportaciones tradicionales del país, conduciendo a una iliquidez de la caja fiscal y va a provocar un déficit comercial y, con la paralización de las actividades productivas, como medida para reducir el contagio de la pandemia, así como los desequilibrios macroeconómicos y tendencias económicas negativas que se venían arrastrando, una recesión muy fuerte.

El riesgo país, al 23 de Marzo, aumentó 2000 puntos y se disparó a 6063 puntos, muy por arriba de Argentina, en parte, por las voces de no pagar la deuda, entre ellas la de la Asamblea Nacional. Dicho indicador había venido subiendo constantemente y, más aún, la rebaja de la calificación de la deuda ecuatoriana por dos calificadoras internacionales, que por la caída de los ingresos públicos –petroleros y no petroleros- redujeron la capacidad de pago externo del país.

El Ministro de Economía declaró que seguirá sirviendo el capital de la deuda externa, entre ella los 325 millones dólares de los bonos 2020, y que no pagará los interés de ésta acogiéndose a una cláusula de los contratos que posibilita un periodo de un mes de no pago de éstos. Según él, esto le permitirá acceder a créditos externos por 2000 millones que se venían tramitando.

Para complicar el panorama de la deuda externa del país Fich volvió a rebajar la calificación de la deuda ecuatoriana pasándola de CCC a CC, esto significa papeles basura. La calificadora señaló: “muestra señales de que hay expectativa de que un evento de impago (default) sea probable luego del anuncio de las autoridades de sus intenciones de renegociar los términos de la deuda comercial y soberana, usando el periodo de gracia de los cupones de un bono esta semana”. Aún mas, Standard & Poors (S&P) pronostica que “Ecuador entrará en situación de default, o impago de la deuda, de forma inevitable,en los próximos 6 meses”

La estrategia del ministro es ganar tiempo hasta que le lleguen, el próximo mes 500 millones del FMI –que serían parte del Instrumento de Financiamiento Rápido-, otros 500 del crédito rápido del Banco Mundial y 1000 de China, de los recursos de libre disponibilidad de los créditos concedidos. Así mismo negociará  la deuda comercial. Además, el Banco Central  volvió a obtener financiamiento de 300 millones con garantía del oro de la RMI.  ¿Pero qué pasará en Mayo y Junio de este año?

La estrategia gubernamental es endeudarme más para seguir pagando la deuda externa. La decisión es tímida y sacrifica las necesidades del país. Hay cuatro alternativas para el pago de la deuda: pagarla, no pagarla, reestructurarla o comprar bonos con una quita importante. En esta coyuntura crítica,  la posición debe ser el no pago de la deuda externa ya que el shock externo y externo es tan fuerte que provocó una crisis tan grave y profunda de la cual no saldremos por lo menos en cinco años. Si no se  paga, al menos proponer una reestructuración de la deuda o realizar una operación de recompra de la misma ya que los bonos ecuatorianos se están cotizando a una tercera parte de su valor. Con mayor razón, la incapacidad de pago lleva al FMI y BM llevan a plantear la suspensión del pago de la deuda externa a los países más pobres  En esta situación, no se puede poner como prioridad al capital financiero internacional sino las necesidades del país, en especial las de la población más vulnerable, empleados, trabajadores, integrantes del sector informal y de los pobres.

Argentina con una deuda pública de 323.127 millones de dólares, de la cual 283.500 son deuda externa, ya está en proceso de renegociarla y su Presidente ya le planteó el FMI que no le pagaría al menos en 5 años y el propio FMI ha aceptado la posibilidad de una quita importante. La deuda es una decisión política e implica anteponer los intereses nacionales a los del capital extranjero. En Ecuador la prioridad es éste último.

Esta estrategia implicará que en Abril el gobierno enviará a la Asamblea un nuevo proyecto de ley para insistir en cobrar nuevos impuestos (y probablemente alza del IVA) y exigir una contribución a los empleados públicos –lo que implica reducirles el sueldo- tal como planteaban el grupo de economistas ortodoxos. Más aun, el gobierno continuará con su política económica no soberana ya que es orientada por los organismos internacionales. Tal es así que está negociando un nuevo acuerdo con el FMI lo que implicará seguir con una política ajuste y reformas estructurales. S&P prevé una contracción de la economía de 1.7%, pero si le agregamos el impacto del coronavirus y de las medidas económicas que se tomarían, la contracción sería al menos del 3% con graves consecuencias sociales sobre la población de menores recursos así como la vulnerable y clase media, con un fuerte aumento de la pobreza y deterioro del nivel de vida.

El mundo sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus tanto en la salud pública y  por los efectos económicos y sociales que ha obligado a tomar medidas sanitarias extremas, confinamiento de la población y medidas económicas, dictadas por los gobiernos, para enfrentar el impacto de  contracción económica, que fundamentalmente son de apoyo a los sectores productivos y población afectada. Entre los impactos económicos está la recesión mundial y, según la OIT,  la pérdida de 25 millones de empleo. En  el  Ecuador el coronavirus vino desde el exterior y el gobierno ha tomado las medidas sanitarias que han aplicado los países  más contagiados y otras así como las de carácter económico. En este artículo trataré sobre el impacto económico de muy corto plazo de las medidas de prevención y de apoyo.

El 16 de Marzo el Ministerio de Salud reportó 58 contagiados, el 17 de este mes, COE reporta 111 casos y el Servicio de Gestión de Riesgo informó que el 22 de Marzo ya subieron a 789 casos, con 14 fallecidos, siendo la provincia del Guayas la más afectada con 607 contagiados, principalmente en Guayaquil con 408 casos. El gobierno ha dictado medidas sanitarias y de otro tipo para reducir la tasa de contagio. El 12 de Marzo dictó la emergencia sanitaria y el 16 de este mes emitió un decreto declarando estado de excepción que, principalmente, suspende el derecho de libertad de tránsito, de movilización de personas, prohíbe la jornada de trabajo por una semana y además toque de queda.

Los efectos económicos internos, de muy corto plazo, de estas medidas se comenzaron a sentir desde el 12 y 16 de marzo, en Quito, con compras masivas en supermercados para abastecerse de alimentos. Desde el 17 de Marzo se inició la especulación en mercados, sobre todo en Guayaquil, de los productos agrícolas de la sierra, subiendo sus precios  y también de algunas medicinas. El decreto señalado permite que sigan funcionando los sectores de alimentación, salud, los servicios básicos, las exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, expendio de víveres  y medicinas no suspenderán los servicios. También funcionaran los bancos, servicios públicos básicos, aeropuertos y los terminales marítimos, terrestres y fluviales. Todas las otras industrias y comercios paralizarán la producción. Esto implicará un impacto interno sobre la economía nacional que significará pérdidas para las grandes y medianas empresas y a una contracción del PIB, con su efecto negativo en el empleo e impacto sobre las variables sociales.

 La suspensión de la jornada laboral de los sectores públicos y privados, por una semana, con carácter obligatoria, y,  el confinamiento en los hogares, llevó a una caída de la demanda, por lo que se ven afectados los emprendimientos, las microempresas, pequeños negocios y empresas que por no poder vender tendrían pérdidas en este período. Pero el mayor impacto, en términos del empleo, lo sufrirán los integrantes del sector informal, al no poder generar ingresos para sus familias. Otra consecuencia, de carácter general es, principalmente, el pago de los créditos, impuestos, aportes a la seguridad social, etc. Para paliar estos efectos el gobierno dictó medidas de diferimiento de los pagos de estos rubros, el IESS ofrece créditos quirografarios con tasas de 6.5 a 8.5% y plazos hasta 9 meses, se ofreció un bono de $ 60, por dos veces, a los informales  y los bancos anunciaron que podrían refinanciar los créditos a las empresas y personas afectadas por la emergencia del coronavirus.

A eso se sumaría el impacto externo sobre la economía que agravaría el desequilibrio externo. Los efectos internos y externos causarían una recesión (que se tratará en el próximo artículo). Sonaron ya las voces de los economistas ortodoxos que recomiendan subir el IVA, eliminación del ISD y reducción de sueldos de empleados y trabajadores para enfrentar la crisis así como reformas estructurales. En otras palabras, que el costo de la crisis la paguen los trabajadores, la población en general y  la vulnerable. O sea socializar las perdidas y privatizar las ganancias.

La coyuntura económica y social se agravó más. El riesgo país se disparó más, el gobierno anunció medidas económicas para enfrentar la iliquidez fiscal y además declaró la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, lo que generó reacciones de la población. Pero además, desde este martes, se restringe la circulación de personas y vehículos. El escenario se volvió crítico y el panorama incierto.

En el artículo, de la semana pasada, ya habíamos advertido que se agrava la situación económica y que, con el coronavirus, vamos camino a la recesión. Un solo indicador basta para expresar lo crítico de la situación económica. El riesgo país aumentó a 1979, el 6 de Marzo, pero se disparó, el 12 de este mes, a 3652 puntos. Un aumento del 84% en tan solo 6 días. Esto refleja un aumento de la percepción de riesgo del pago de la deuda externa.

La caída del precio del petróleo, entre 20 y 22 dólares, redujo los ingresos petroleros del presupuesto lo que agravó la iliquidez de la caja fiscal más aún cuando el FMI no hizo el tercer desembolso previsto para Marzo según el acuerdo crediticio. Para enfrentar la crisis, el 10 de Marzo, el gobierno anunció un paquete  4 de medidas económicas (que serán analizadas en el siguiente artículo): más endeudamiento externo, otros gravámenes, ajuste del gasto público y reducción del tamaño del estado. El gobierno sigue con la misma política para financiar el déficit fiscal más deuda y más gravámenes. Se ha creado un círculo vicioso de: aumento de la iliquidez fiscal – alza del riesgo país -más deuda externa e impuestos – contracción económica.

Ya había señalado, en el artículo anterior, los efectos externos del coronavirus: caída de exportaciones petroleras, las tradicionales y del turismo. Con la declaratoria de emergencia sanitaria –necesaria- se aplicó una serie de disposiciones entre ellas la prohibición de entradas de extranjeros al país, la prohibición de eventos masivos, suspensión indefinida de las clases en todos los niveles y la restricción de circulación de personas y vehículos. Los efectos de estas medidas fueron diferentes en Guayaquil y Quito. En el puerto principal, cuando se anunció el primer caso de coronavirus se agotaron en las farmacias las mascarillas, alcohol y vitamina C. Y además, hubo disminución de asistencia a los centros comerciales y, ahora, hay menor transportación intraprovincial. En cambio, en Quito, hubo compras masivas de alimentos en los supermercados y se nota menos movilidad, que llevará a una mayor permanencia obligada en los hogares y menor asistencia a centros comerciales. Las consecuencias internas del coronavirus y la emergencia sanitaria y sus efectos externos serán reducir el nivel de actividad económica y, con los efectos externos, se agravará el desequilibrio en Balanza de Pagos.

Para complicar la situación de iliquidez de la caja fiscal, las bancadas legislativas, de las medidas anunciadas, se oponen al impuesto de 5% a los vehículos de más de 20.000 dólares y a la contribución de los empleados públicos de un 4% del sueldo a los que ganen 801 a 1500 y de 8% a los reciban más de 1501 dólares. El SRI ya anunció, en cambio, que a partir del 1 de Abril entrará en vigencia el aumento de 0.75% de la retención en la fuente del Impuesto a la Renta, que le daría recursos inmediatos. Consecuentemente, el gobierno deberá buscar otras medidas impositivas alternativas y otras fuentes de recursos.

El Ministro de Finanzas anunció que en 15 contratarían la empresa que manejaría la informática para la aplicación de la eliminación del subsidio a la gasolina extra y eco. Con esto, los efectos externos e internos del coronavirus y con medidas alternativas impositivas, vamos camino a la recesión por segundo año año consecutivo, más aún si este es un año político debido a las elecciones presidenciales de Febrero de 2021. Pero además habría déficit comercial, caída de la RMI, más pobreza, mayor desempleo y subempleo así como caída del nivel de vida. Se corre el riesgo de un default y mayor contracción económica. Aún más, como el FMI puso al gobierno contra la pared, para recibir el desembolso, tendrá que enviar a la Asamblea las reformas presupuestarias y la independencia del Banco Central.

Los impactos del coronavirus deterioran la situación económica del país reflejada en desequilibrios internos y externos, como el aumento del déficit fiscal, la iliquidez pública, del riesgo país, etc. que se agravan por la suspensión de la cuarta revisión de las metas del convenio con el FMI y su desembolso correspondiente.

Los efectos externos del coronavirus se reflejan en la caída del precio de petróleo y en las principales exportaciones del país. El viernes 6 de marzo, el precio del barril del crudo West Texas Intermediate, referencial del petróleo ecuatoriano, cayó a 41,28  que con el castigo de 7.5 dólares, en los primeros días de marzo, el valor fluctuaba alrededor de 17 dólares por debajo de lo presupuestado en la proforma del estado de 2020. Los efectos principales de esta caída son un aumento del desequilibrio fiscal,  de la iliquidez de la caja pública y de la percepción de riesgo. En consecuencia, según  Fernando Posadas, analista de Medley Advisor, por la caída del precio del petróleo, el déficit fiscal podría llegar a 4% del PIB.

A eso se suma, la caída de la recaudación tributaria en Febrero de 2020 en alrededor de 200 millones comparados con igual periodo del año pasado. Esta contracción se dio en los principales impuestos: IVA, impuesto a la renta, ICE e ISD. La mayor caída fue en el IVA con una diminución de 137 millones. Según Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, en dicho mes, el gobierno para pagar los sueldos tuvo que recurrir al BIEES y Petroamazonas. Con la proyección del aumento del déficit fiscal y deterioro de la liquidez pública, el riesgo país se disparó a 1979 puntos, el 6 de marzo,  una subida significativa respecto al 27 de febrero en que alcanzó 1454 puntos.  Recordemos que, en el mes pasado, Moody’s rebajó la calificación de la deuda ecuatoriana cercana a bonos basura.

El shock externo del coronavirus no solo agravó la situación fiscal sino que además deterioró la balanza comercial. En efecto, el año pasado este saldo cerró en 0.7% del PIB. En este año, a la caída del precio del petróleo se agregan la disminución de exportaciones de flores y camarón. Por otro lado, se advirtió, como consecuencia del coronavirus, de una posible recesión en la Unión Europea. Esto significaría una reducción de las exportaciones hacia Alemania, Italia y otros principales compradores europeos. A eso se suma, la aparición del coronavirus en Colombia y Perú, lo que llevaría a una disminución de las exportaciones hacia esos países. En consecuencia, podría registrase un déficit comercial en 2020.

Pero aún más, los casos de coronavirus en el país aumentaron a 15, al 8 de Marzo, según el Ministerio de Salud. Con el primer caso, en Guayaquil, que causo temor, se agotaron en las farmacias las mascarillas, vitamina C y el alcohol pero también se redujo la asistencia del público a centros comerciales. Esta enfermedad disminuiría el nivel de actividad económica, por factores internos, y por el impacto en el sector externo, por la caída de las principales exportaciones y turismo. A eso se suma, que en Febrero la inflación fue negativa (-0.15), signo de disminución de la demanda agregada y contracción económica. Todos estos signos apuntan a que tendríamos una recesión en 2020. El FMI proyectó, para dicho año, una meta de crecimiento de 0.2% pero, con los efectos internos y externos, de dicho shock, tendríamos una contracción en este año.

La coyuntura económica es grave pues se avecinaría, en este año, aumentos de los problemas de déficit fiscal, iliquidez fiscal, déficit comercial, dificultades en el pago de la deuda externa, recesión, etc. que tendrán impacto social con el aumento del desempleo, subempleo, pobreza y deterioro del nivel de vida.

La situación de la economía ecuatoriana se ha vuelto crítica como lo reflejan el deterioro de algunos indicadores macroeconómicos y sociales como el aumento de la percepción de riesgo de la deuda externa, iliquidez de la caja fiscal, incumplimientos de algunas metas del acuerdo con el FMI, con desequilibrios macroeconómicos que complican la coyuntura económica.

En efecto, en el artículo anterior sobre la deuda externa, señalamos que el riesgo país, el 4 de febrero, se ubicó en 1096 puntos y el 27 de ese mes alcanzó 1454 puntos, lo que implica que el riesgo de pago de dicha deuda aumentó, lo cual implica que los empresarios deben pagar 13,2% por arriba de las tasas de interés internacionales para contratar un crédito externo y además la desconfianza de los inversionistas extranjeros en el país más aún cuando Moody’s, la calificadora de riesgo, rebajó la calificación de la deuda externa ecuatoriana cercana a los bonos basura.

El aumento de la iliquidez fiscal se refleja en el pedido del gobierno al Banco Mundial de adelanto de 400 millones de dólares del crédito firmado y en los retrasos de los pagos a proveedores, IESS, ISSFA, ISSPOL, jubilados, etc.

Por otro lado, el gobierno ha incumplido las metas, en el acuerdo crediticio, con el FMI en lo referente a las reservas monetarias internacionales (RMI) y del déficit fiscal. Según dicha calificadora, el riesgo país en 2018 fue de 3.6% y en 2019 aumentó a 3.8%, en buena medida por postergar el ajuste fiscal e incrementar la deuda externa para cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto general del estado, lo que a su vez, además de dejar menos recursos para otros rubros, incrementa el servicio de la deuda que crece cada año por el aumento de la deuda externa en 9.9000 millones de dólares, en lo que va del período del gobierno, y aumento de la deuda interna. Tal es la iliquidez de la caja fiscal que, para pagar pensiones del ISSFA, el gobierno emitió deuda interna que fue comprada por dicha institución.

La coyuntura económica se agrava por la crisis del coronavirus, a nivel internacional, que, en lo económico, ha causado la reducción de precio del petróleo ecuatoriano, por debajo del precio presupuestado en la proforma del estado 2020, y la reducción de exportaciones hacia China y otros, la contracción del turismo receptivo, etc. Con los primeros casos de coronavirus en el Ecuador, en Guayaquil, se nota la escasez de mascarillas, alcohol, etc. y la reducción de la actividad en centros comerciales, es ya un preludio de la afectación de otras actividades comerciales que afectaría hasta la proyección de crecimiento para 2020 establecida en 0.2% por el FMI, implicado que, por segundo año consecutivo, tendríamos una nueva recesión con impactos en los indicadores sociales.

Desde el 11 de Febrero, una misión del FMI estuvo en Quito revisando el cumplimiento de las metas del último trimestre de 2019. Como ya dijimos, en ese año no cumplió con las metas de RMI y déficit fiscal. Si hay visto bueno del FMI, espera recibir 348 millones de dólares en Marzo. Para asegurarse dicho desembolso el gobierno se comprometería a eliminar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, el envío del proyecto de ley de reforma al código de las finanzas públicas (que establecería nuevas reglas presupuestarias) y la autonomía del Banco Central.

El gobierno firmó un acuerdo crediticio por 6.000 millones de dólares (a más de los 4.200 millones de dólares con el FMI) con la CAF, BID, FLAR y Banco Mundial (BM). De éste último, espera recibir en 2019-2020 unos 500 millones y una operación FPI por 350 millones. El financiamiento promedio anual del BIRF será entre 500 y 800 millones. Por ello, le urge al gobierno, para enfrentar la iliquidez de la caja fiscal, los fondos del FMI y del BM. Todo este financiamiento implica el cumplimiento de objetivos que, al igual que con el FMI, implica cumplir metas incluidas en el acuerdo con el Marco de Cooperación con Ecuador (MCE) del BM. Entre ellas, adoptar un modelo de economía de libre mercado comandada por la empresa privada, la eliminación del BIESS y pasar sus operaciones a la banca privada, programas sociales, etc.

Además del déficit fiscal, contracción de la economía, baja RMI, aumento del desempleo, etc. el país enfrenta una abultada deuda externa que lleva a la interrogante de la sostenibilidad de la deuda, que ha sido agravada, por la coyuntura, y genera incertidumbre sobre la capacidad el país para servirla.

En lo que va, del periodo de este gobierno, la deuda externa ha aumentado en 9.900 millones de dólares, que ha conducido a que el porcentaje de la deuda total este por arriba del 40% del PIB como lo señala la Constitución. Más aún, a fines de la primera semana de Febrero de 2020, Moody’s rebajó la calificación de la deuda ecuatoriana de B3 a CAA1, lo que significa una calidad especulativa y de muy alto riesgo, cercana a la calificación de bonos basura. Eso llevo a que el riesgo país sobrepase la barrera de los mil puntos para ubicarse el 4 de Febrero en 1096 puntos. Desde el 22 de Enero dicho riesgo aumentó 244 puntos. Eso implica menos confianza en la capacidad de pago del país para cubrir la deuda externa.

Las razones que anota, dicha calificadora de riesgo, es la demora en la aprobación de reformas económicas, acordadas con el FMI. En especial, le preocupa el déficit fiscal. Con la aprobación de la  ley  de Simplicidad y Progresividad Tributaria, una reforma tributaria, que creo varios impuestos, se estima que rendirán adicionalmente 540 millones de dólares en 2020 y en los 2 siguientes años, pero que no son suficientes para reducir dicho desequilibrio fiscal. El déficit, según la calificadora, fue en 2018 de 3.6% y en 2019 creció a 3.8%. En el 2020, para incrementar los ingresos el gobierno espera implementar la eliminación de los subsidios a la gasolina super y extra. En este año, la situación fiscal se ha complicado pues, por la epidemia del coronavirus en China, este país redujo su demanda, lo que afecto al precio del crudo ecuatoriano, fijado en 51 dólares en la proforma presupuestaria, bajando alrededor de 10 dólares debajo de esa meta y, por otro lado, el cierre de exportaciones de flores a ese país, por San Valentín, agrava la coyuntura económica- Y más preocupante, se tornaría la situación fiscal, por el el crecimiento de la economía en 200 que, según el FMI, sería solo de 0.2%. Con por lo señalado, puede llegar a cero.

Pero a Moody´s no le preocupa la capacidad de pago del país, en el corto plazo, sino la de 2022. Por un lado, el programa con el FMI concluye en 2021. Por otro, el 2020 es un año político, considerando Moody’s que el gobierno tome nuevas medidas, excepto la eliminación del subsidio a las gasolinas, para incrementar los ingresos fiscales, y, en 2021 las elecciones se celebraran a fines de febrero. La posesión del gobierno sería en Mayo y, hasta que el nuevo régimen tome decisiones habrá un compás de espera por parte de los empresarios en relación a sus decisiones de inversión. Según la calificadora, los problemas de la sostenibilidad de la deuda serían a partir de 2022, dado los fuertes vencimientos de la deuda y en 2023 las necesidades de financiamiento del gobierno central estarían alrededor del 7 u 8% del PIB. Según el Vicepresidente de Riesgo Soberano, de Moody’s, aún con un reperfilamiento de la deuda, el país corre el riesgo de default.

Pero no solo es un problema de deuda externa sino además interna. El gobierno tiene deudas con los proveedores, con el IESS alcanzaría a 5000 millones y además tiene deuda con los GADs. En otras palabras, los vencimientos importantes de deuda externa  tendrá que enfrentarla el próximo gobierno a más de cumplir con los compromisos de pago de deuda interna señalados.