Luis Rosero M.
La pandemia, el desempleo, la reducción de sueldos y despido de empleados públicos, el crecimiento del sector informal urbano, aumento de la pobreza, de la pobreza extrema e indigencia, expresan la gravedad de la crisis económica, social, sanitaria y humanitaria en el país, que ha reducido fuertemente el nivel de vida de la población y ya aparecen los signos del hambre que desatará más violencia. A eso se suma la plaga de la corrupción y aumento de las tarifas de servicios públicos y más inflación que conducen a mayor asfixia de la mayoría de ecuatorianos.
El país venía arrastrando una crisis económica, expresada en la contracción de la economía en 2019, que se agravó con la pandemia que obligó al confinamiento de la población y la paralización de la actividad económica que llevó, excepto supermercados y empresas de salud, a una fuerte disminución de las ventas y por ende de los ingresos empresariales. Ya han pasado más de 80 días del confinamiento, levantado gradualmente, lo que ha generado despidos. El propio Ministro de Trabajo declaró que se habían despedido 173.000 trabajadores, 10% alegando fuerza mayor, y, en esta semana, se reporta 7000 despidos más. Ya se revelan datos de quiebres de muchas empresas sobre todo pequeñas y microempresas, sobre todo en Guayaquil y Quito, que agrava la situación del empleo. Por otro lado, el aumento del sector informal, al no poder vender los trabajadores informales, sus productos y servicios, condujo a un aumento del desempleo informal que ya suma más de un millón de personas. Más aún, una funcionaria de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, informó que existen 375.000 niños y adolescentes ejerciendo el trabajo infantil cuando en 2018 este llegaba a 201634, o sea un aumento de 86% en 18 meses, 2019 y la mitad de 2020, reflejando la desesperación por cubrir las necesidades básica que lleva a familias pobres a que sus niños trabajen para llevar algo de ingresos a sus hogares.
A eso se suma, el despido de empleados públicos por la eliminación de los contratos temporales, de aquellos que tienen nombramiento provisional y ahora incluso los de nombramiento definitivo. Aún más, con la política de reducción del tamaño del estado, la fusión, absorción y eliminación de entidades y empresas públicas, se van a despedir miles de empleados, con que tendríamos un mayor nivel de desempleo a nivel nacional. Según Miguel García, Presidente de la Federación de Servidores Públicos, el tamaño de la burocracia llegó a 610.000 en el gobierno anterior. Además señaló que, en el gobierno actual, hay 75.000 de servicios ocasionales, 70.000 con nombramientos provisionales y 5.000 en proyectos. Según él, se han despedido 30.000 en 2019 y en 2020 señaló que se desenrolaría a 160.000 burócratas. En total, tendríamos, según estos datos, 340.000 empleados privados y públicos más en desempleo, lo que se refleja en la desafiliación al IESS, que complica aún más la crisis de la seguridad social. En una noticia de Televistazo se informó que “Según la Mesa de Estudios, con base en una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 500.000 personas podrían quedarse sin empleo formal, lo que significaría mantener una tasa de desempleo de alrededor del 10%.“ A más de eso, por decreto se rebajó en 25% el ingreso de los empleados públicos, al reducir en 2 horas diarias en su jornada laboral.
Para agravar el escenario, las denuncias de corrupción por sobreprecios en insumos médicos, aprovechando la emergencia sanitaria, abarcan hospitales públicos y del IESS, Consejo Provincial del Guayas, Municipio de Quito, asambleístas, etc. reflejan que la corrupción abarca a todos los niveles de gobierno, que muestran la avaricia, indolencia e inmoralidad de los corruptos mientras la gente se contagia, muere en las calles o con hospitales desbordados por el coronavirus. Pero más allá de eso, hay una exposición mediática, inundando los medios con los nuevos casos de corrupción, para encubrir la grave crisis económica, socia, sanitaria y humanitaria que vive la población. Se quiere tapar el sol con un dedo.
Para complicar el escenario, la Asamblea acaba de aprobar el proyecto de ley de “apoyo humanitario” en el que se congela por un año la tarifa de los servicios básicos, y se ordena reducir 10% el costo de estos servicios, pero el gobierno con una jugada estratégica, antes de la vigencia de la ley, aumento la tarifa de la luz y ya hay miles de denuncias de incremento de hasta 300% en las facturas y, según algunos medios, hasta de telefonía celular. Para rematar el asunto, según el INEC, a Abril de 2020, el costo de la canasta familiar básica aumentó 2% que en términos absolutos representó una subida 14,50 dólares, que se reflejó en un aumento del 1% de la inflación en ese mes, que refleja también el aprovechamiento de los intermediarios, supermercados y farmacias de la situación por la pandemia.
El gobierno, con sus medidas, y, los efectos de la pandemia, han impactado fuertemente el nivel de vida de los ecuatorianos que ya hay signos de hambre, lo que se traduciría en más violencia y delincuencia. El gobierno con más impuestos, despidos, reducción de sueldos, más deuda pública y con la corrupción ha hecho recaer el pago de la crisis sobre la clase media, servidores públicos, empleados privados y población en general, sobre todo la más vulnerable. Pero lo mas patético es que el gobierno quiere tapar esta realidad con un dedo, a tal punto que ha contratado una empresa americana para lavar su imagen negativa, posiblemente por lo que se viene, que va a ser mucho peor, como ya advierten la CEPAL y FAO que señalan que la pobreza extrema de A. Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en 2020. En el país, según el INEC, a diciembre de 2019, la pobreza llegó al 25% y la pobreza extrema alcanzó 8.9% pero con las estimaciones del Banco Central habrá, en 2020, una contracción entre el 6 – 10%, lo que dispararía la pobreza alrededor del 30% y la extrema en 12%, pero lo peor es que se hará visible el hambre, lo que ha llevado a organismos internacionales como la CEPAL y FAO a plantear bonos contra el hambre. Estamos con la soga al cuello y en el filo de la navaja, lo que llevaría a un espiral de violencia y delincuencia que, si no se toman las medidas, explotará como en el caso de Chile.
Pensamiento y comportamiento 