CON REDUCCIÓN DE SUELDO (MENOR JORNADA LABORAL) Y ACHICAMIENTO DEL ESTADO, LA CRISIS LA PAGAN ADEMÁS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Luis Rosero M.

El gobierno dictó otras medidas económicas, justificándolas por la pandemia, con ajuste del gasto público y una reducción del tamaño del estado. En el primer caso, reduciendo las horas de la jornada de trabajo de los empleados públicos;  en el segundo, la eliminación y fusiones instituciones públicas. Además,  ejecutó la liberalización de las gasolinas extra, eco y el diésel. En este artículo solo analizo las dos primeras medidas.

La reducción de dos horas de trabajo diario a los burócratas implica una reducción de un 25% de la jornada laboral en la función ejecutiva y en igual porcentaje sería la reducción de sus ingresos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, en un comunicado dice que la reducción de la jornada solo es de 16.6% y, en el caso de los maestros, en los que se les disminuye sólo una hora diaria, dicha cartera de estado señala que solo sería de 8,33%. Esta medida duraría hasta un año. Por otro lado, el decreto 1053, señala que las aportaciones a la seguridad social “que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre ocho horas diarias.” O sea a más de reducirles el sueldo, a los empleados públicos, por reducción de la jornada de trabajo, se les reducirá su ingreso porque tendrían que pagar el aporte a la seguridad sobre 40 horas cuando debe ser con 30. En síntesis, doble reducción de sueldo, una por la rebaja de la jornada laboral, y, otra por el aporte a la seguridad social sobre jornada completa de 40 horas, cuando realmente trabajará 30. Con esta reducción de las horas, el gobierno espera recaudar 900 millones que es un poco inferior a la contribución de 1000 millones que se pretendía cobrar a empleados privados y a las utilidades de las empresas.

Pero además, los burócratas salen afectadas por la eliminación de 11 instituciones públicas: 8 empresas públicas y 3 entidades estatales. De las primeras: Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR), Correos del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Siembra EP, TAME Línea Aérea del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y de las segundas: Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y la Subsecretaría Anticorrupción. Con esta eliminación de  instituciones públicas, se liquidan no solo los bienes y activos sino que también a los empleados.

Según la publicación Empresas Públicas y Planificación, editada en 2013 por Senplades, el país contaba con 28 empresas de la función ejecutiva: 25 públicas y 3 empresas mixtas. De las primeras en los sectores:3 en hidrocarburos, una en minería, 5 eléctrico, 4 telecomunicaciones, 6 en productivos (Tame, Ferrocarriles, Cementera, Almacenamiento, Pesquera e Importadora), 3 en seguridad, 2 en social y una en conocimiento y talento humano (Yachay).

El caso más paradójico es el TAME. Según la publicación señalada el resultado neto, en 2013, fue 1384 millones de ganancias, pero en las que el gasto y costo no operacionales eran 5385 millones. Esto significa personal y gastos en tierra, lo cual implicaría exceso de personal y gasto. Además esta empresa tuvo varios gerentes con malas administraciones y había rutas nacionales e internacionales en las que había pérdidas. Según Televistazo, la empresa entre 2012 – 2015 tuvo  pérdidas  que alcanzaron 145 millones de acuerdo a un informe de la Contraloría. O sea que entre 2016 – mitad de Mayo de 2020, las pérdidas adicionales fueron 255 millones. O sea se esperó que estas alcanzaran a 400 millones para liquidarla, lo que resulta inaudito y quien paga toda esta pérdida es el pueblo ecuatoriano, pero no solo son los déficits de Tame sino también de algunas de las empresas liquidadas. Esta demora en liquidar esta empresa, es incomprensible ya que el propio Presidente ha anunciado que el déficit fiscal de 2020 será de alrededor del 12% del PIB (8% por la pandemia y 4% de déficit acumulado).Esta empresa prestaba un servicio comercial, que bien puede ser prestado por el sector privado. En varios artículos, de años atrás, mencionaba la necesidad de liquidar a Tame. En cambio, al liquidar la UNA se está afectando un servicio de almacenamiento y regulación de precios agrícolas que prestaba a los pequeños campesinos. Las empresas públicas deben cumplir servicios en sectores estratégicos y servir al bien común. No es dable una eliminación de estas sin diferenciar los servicios y aportes que prestan. Pero el recorte ha sido en función del déficit, número de empleados Y déficit. Según El Comercio, las  empresas públicas eliminadas  tienen 3700 empleados, de las que TAME tiene 930 y  Correos del Ecuador 910. Las 22 empresas públicas tienen salarios anuales por 443 millones. Con la eliminación de las 8 EP, quedarían 14.

Cualquier medida económica tiene su time, intensidad y efectos. Como paso con el coronavirus, el no tomar medidas sanitarias a tiempo generó el alto número de fallecidos, con las eliminación de las empresas pasa lo mismo, se dejó que aumentará el déficit y ahora que se liquida el costo es mayor en términos económicos, financieros, de personal, etc. justo en esta coyuntura en que, por efecto de la pandemia, ha aumentado dramáticamente el desempleo, subempleo y el tamaño del sector informal.

Pero además, para agravar el deterioro en el mercado de trabajo, con la circular MEF-VGF-2020-0003-C, de Abril 16 de 2020, del Ministerio de Trabajo,  instruye que se debe concluir los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales de hasta marzo de 2020; en las entidades que se cierren, fusionen o se de una absorción se optimicen los contratos de servicios ocasionales y terminación de la relación contractual de puestos del nivel jerárquico superior, y no se llenen vacantes. En el mismo Ministro de Salud declaró que ya se despidieron 2279 empleados administrativos con contratos ocasionales de un año. En suma, se reduce el sueldo a los burócratas, cuando antes se había perdonado 4000 millones por multas y sanciones tributarias a empresarios, se despide a miles de las empresas e instituciones públicas y con la ley de ‘’apoyo humanitario” se estableció la flexibilidad laboral que además de despidos permite la reducción de las horas de trabajo de los empleados privados y, para agravar la situación, se decretó la liberalización de precios de gasolinas y diésel, lo que implicará que ésta variará según los cambios del precio del petróleo, lo que tendrá efectos en la inflación. Todo esto está incluido en el nuevo convenio con el FMI, que representan el condicionamiento a la política económica para que este organismo siga concediéndole crédito al país. En síntesis, el peso de la crisis la pagaran trabajadores y empleados privados, los burócratas y la población en general (por alza de precio de combustibles e inflación). Esto último será analizado en el próximo artículo.