VETO A PROYECTO DE LEY DE APOYO HUMANITARIO REDUCE PLAZO DE NUEVOS CONTRATOS Y DE LA JORNADA LABORAL PERO FACILITA DESPIDOS, Luis Rosero M.

El veto al proyecto de ley de apoyo humanitario, en lo laboral, mantiene la flexibilidad laboral pero endureciendo las condiciones encuadrándose en una reforma laboral propugnada por los organismos internacionales. En este artículo trataremos solo las objeciones en lo referente a lo laboral.

En un artículo anterior dije sobre este tema: “Se introduce la flexibilidad laboral mediante 4 nuevas formas de contratación, reformando el Código de Trabajo. Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

El veto, en cuanto a contrato especial emergente, reduce su duración de dos años a uno. La Asamblea había postulado 2 años renovable por una sola vez, o sea una duración de 4 años. De la misma manera, para la reducción de la jornada laboral, la Asamblea determinó una duración de dos años renovables por una sola vez, o sea 4 años. El veto lo reduce solo a un año. El veto, del numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, referente la interpretación de los casos fortuitos o de fuerza mayor, habilita al patrono a terminar la relación laboral, cuando el contrato sea inejecutable, cuando estos dos casos afecten una actividad o servicio o una línea o unidad de negocios.

Si bien, en cuanto al contrato especial emergente y la reducción de la jornada laboral se reduce el plazo en cambio posibilita el despido. Sin embargo, aún sin esta interpretación, contenida en el veto, ya los despidos se han venido dado, cuando se apruebe el veto estos serán mayores. Los datos estadísticos señalan la gravedad de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, el Ministro de Trabajo, en su comparecencia en la Asamblea, a propósito de veto a la ley de apoyo humanitario, reveló que el número de desempleados, a Junio de este año, se incrementó en 173.000. Según el INEC, a diciembre de 2019, esta variable alcanzó llegó a 322.134. O sea que tendríamos a Junio los desempleados alcanzaron medio millón de personas. De esos 173.000, según el Ministro, 17000 fueron por caso fortuito o fuerza mayor no pagando, el empleador, las indemnizaciones legales y se cometieron abusos. Si estos despidos, fueron sin la ley de apoyo humanitario, ahora será más fácil despedir alegando estos dos casos.

Pero lo peor, del deterioro del mercado de trabajo, es el trabajo infantil. Este pasó de 2014 a 2018 de 99.500 a 201634 o seas un incremento de más de 100%. La coordinadora de Aldeas Infantiles, SOS Ecuador, señaló que actualmente existen 375.000 niños que hacen trabajo infantil. Pero más aún, la pandemia, obligó a una paralización de la actividad económica, hizo crecer el trabajo infantil. Como lo alertó la ONU y la FAO “Es probable que la COVID agrave aún más esta situación y haga que más niños dejen de ir a la escuela y se dediquen al trabajo infantil.” La situación del mercado laboral empeora si tomamos en cuenta al sector informal urbano, gente que vive de las ventas del día,  que creció de manera significativa con la pandemia.

En síntesis, la pandemia aumentó el desempleo, subempleo, el trabajo infantil y en el sector informal urbano. En pocas palabras: grave deterioro del mercado de trabajo. La flexibilidad laboral, contenida en el proyecto de ley de “apoyo humanitario” facilita el despido y se encuadra en una reforma laboral de carácter neoliberal, apoyado por el BMI y Banco Mundial, que descansa en la premisa que reduciendo costos de contratación y despido y otros preceptos aumenta el empleo, cuando más bien se da una precarización laboral.

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