Luis Rosero M.

La derecha derrotó al progresismo, en la segunda vuelta, marcando una nueva etapa en la vida del país. El desafío de Lasso ahora es cumplir con las promesas electorales y enfrentar la triple crisis: económica, social y sanitaria.

Escrutado por el CNE el 98.8%, hay una diferencia de cerca de 5%, pero que muestra un resultado inédito en el sentido geográfico. Lasso, un guayaquileño, gano en Guayaquil pero perdió en la provincia del Guayas, y en todas las provincias de la costa, aunque acortó las diferencias, sobre todo en Guayas, pero ganó en Quito y en todas las provincias de la sierra y la amazonia, excepto en Sucumbíos. Eso deja abierto el interrogante de como votaron los indígenas y amazónicos. Al parecer, si bien aumentó el voto nulo, no todos del primer grupo optaron por tal opción. El resultado marca la derrota del progresismo que tuvo un exceso de confianza en el triunfo y a Arauz le perjudicó el resultado del segundo debate, el ataque diseñado por Duran Barba, la excesiva dependencia de Correa y los errores cometidos en campaña. Es destacar el reconocimiento del triunfo por parte de Arauz y su llamada a Lasso, que muestra un cambio en el estilo político, alejándose de la confrontación.

El primer desafío de Lasso es cumplir con los compromisos de campaña, entre ellos, aplicación de 9 millones de vacunas, en los primeros 100 días, 2 millones de empleo, aumento del salario básico a $ 500, crédito a 30 años y a 1% al sector agrícola, etc. Los siguientes desafíos, en lo económico, sería la reactivación económica que está relacionado con su oferta de empleo y eso implica fomento a la inversión que, en la visión de Lasso, sería fundamentalmente privada, la primera interrogante sería ¿nacional o internacional? Por otro lado, para cumplir las ofertas, con el uso del aparato estatal, requiere enfrentar el déficit fiscal de 7.8% y el excesivo endeudamiento público sobre todo externo, que aumenta el servicio de la deuda que a su vez incide en el déficit. En esta situación de desequilibrio fiscal ¿mantendrá su propuesta de eliminar el impuesto a la salida de capitales y otros impuestos? A su vez, el déficit se relaciona con los desequilibrios que tiene la seguridad social pública: IESS, ISSFA e ISSPOL. ¿Qué tipo de reforma se aplicará? ¿implicará aumento de la edad de jubilación, de los aportes? ¿Se privatizará el IESS? ¿Cómo se enfrentará los problemas en el ISSPOL? ¿Se privatizará la banca pública?

En lo social, lo más grave es la pobreza que alcanza a casi un tercio de la población, aumento de la indigencia y el crecimiento del hambre que, en parte, obedece a la pandemia. ¿Qué política social se aplicará? La política contra la pobreza se basará ¿en la teoría del derrame? ¿Se mantendrá la política de subsidios a los pobres? ¿Cuál será la política de salud? ¿La política de educación? ¿La política de vivienda?

Finalmente, la lucha contra la pandemia y, en específico, la vacunación ¿se podrá cumplir en el tiempo ofrecido? Esto es fundamental ya que, dependiendo del plazo de vacunación, se podrá enfrentar la pandemia disminuyendo el ritmo de contagio. A su vez, esta decisión influirá en la recuperación de la economía y, en consecuencia, de generación de empleo, disminución del subempleo y de la pobreza.

En todo caso, cualquiera hubiera sido el elegido tendría que enfrentar estos problemas. Es cuestión de prioridades: la gente o el capital. El triunfo de la derecha marcará un cambio de rumbo en la conducción del país y el pragmatismo es fundamental para enfrentar la triple crisis económica, social y sanitaria. Por ello, la pregunta clave es ¿predominará lo ideológico o lo pragmático? ¿Estará primero la gente o el capital?

Luis Rosero M.

A mediados de la presente semana concluye la campaña electoral presidencial, de la segunda vuelta, en la que se llevó a cabo un debate entre los dos candidatos, se presentaron propuestas, se acudió a la campaña sucia y múltiples acusaciones entre ellos. Se trata de dos proyectos y visiones de país diferentes que definen políticas públicas distintas, que se resume entre las heterodoxas (Arauz) y neoliberales (Lasso).

Lo novedoso de la campaña es que los candidatos han seguido, muy de cerca, la estrategia electoral diseñada por su asesor político. En el caso de la derecha, Lasso contrató a Duran Barba que reseña su estrategia, en su libro El arte de ganar, subtítulo, Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas, que se basa en atacar al rival, sin descuidar la imagen del candidato y tratar de satisfacer las demandas de los electores. En la primera parte de la campaña, de segunda vuelta, Duran Barba, se preocupó más de la imagen de Lasso inclusive haciéndolo vestir de rosa para atraer a los jóvenes y grupos LGTBI, basado en su premisa de que la gente vota por la imagen más que por doctrinas o propuestas. De éstas últimas realizó un baratillo de ofertas (2 millones de empleo, salario básico a $ 500, condonar deudas, etc.). Lasso aprovechó el debate para atacar a Arauz y le endilgo frases preparadas para tal efecto.  O sea más que criticar sus propuestas o su ideas, su estrategia es la de manchar a su rival, relacionándolo con el gobierno. Hay otros elementos que han surgido, como el nombramiento del nuevo presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, que es miembro del directorio del Banco de Guayaquil, además este grupo financiero estaría relacionado con el Banco Banisi en Panamá. En cambio, el representante del progresismo, en el debate, busco difundir sus principales propuestas y también denunciar a su rival relacionando con el feriado bancario y su actuación como ministro de Mahuad y otros presidentes. Arauz ofrece, en su campaña, un bono de 1000 dólares para los pobres, reactivar la economía para generar empleo, eliminar impuesto del 2% para emprendedores, reducir la tasa de interés para crédito barato, etc.

Por otro lado, la declaración del movimiento indígena de votar nulo, el planteamiento de Jaime Vargas Presidente de la CONAIE e Isidro Romero apoyando a Arauz, el respaldo de Herbas a Lasso; las declaraciones de Xavier Lasso acusando a su hermano de no escribir los libros que dice haberlos elaborados y no estar de acuerdo con su tendencia de derecha, etc. pueden influir en las preferencias electorales. Lo que sí está probado es que los adeptos de los partidos político, que no pasaron a la segunda vuelta, no votarán necesariamente por el candidato que plantea la cúpula o su candidato. También es importante, como señaló Beto Cortez, de Mercanalisis, en un medio digital, el 24 de Marzo, ver como votarían el 15.68% que alcanzó  Hervas y 19.39% que logró Perez, en la primera vuelta, a nivel nacional. Dado estos datos, Mercanalisis realizó una encuesta (muestra), después del debate, en los 3 primeros distritos de Guayaquil, determinando que del 100% que votó por Arauz bajo a 93%.  De ese 7%, 2% se inclinaría por Lasso, 3% nulo y 2% blanco. En cambio, del 100% que se decidió por Lasso, en la primera vuelta, bajo a 92%. Según la misma encuesta, antes del debate, en Guayaquil, un 33% votó por Arauz y un 30% por Lasso, después del debate, según la misma encuesta, las preferencias serían 42% para Arauz y 36% Lasso, lo que en votos válidos se traduciría en una preferencia de 54% para Arauz y 46% para Lasso en Guayaquil. Aún más, Cortez, en una entrevista en el programa Punto de Impacto, declaró que el voto nulo va a favorecer a quien va primero. Según Cortez, del 100% de este grupo de electorado, el 20% tiene decidido su voto por Arauz o Lasso, pero para el 80% su principal objeción o malestar es con el gobierno, lo que explicaría porque Lasso trataba de vincular a Arauz con el gobierno en el debate.

Hasta el 1 de Abril, 5 encuestadoras daban ventaja a Arauz, de las cuales, Omar Maluk, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la ESPOL, pronosticó, el 1 de Abril, una ventaja de algunos puntos de Arauz sobre Lasso que es cercana a la que Cortez proyecta para Guayaquil en la segunda vuelta. Toda esta información como la del párrafo anterior pueden influir en la decisión electoral, pero los factores decisivos serían los objetivos, como he señalado en varios artículos, no los subjetivos como: la triple crisis económica, social y sanitaria (que llevó al deterioro de las condiciones de vida: alto desempleo y subempleo, aumento de la pobreza, pobreza extrema, hambre y pauperización de la clase media), los logros cuando fueron gobierno o apoyo al gobierno de turno, la influencia en la opinión pública del poder mediático (respecto a los medios estatales Canal 10 contrato a Carlos Vera y Rafael Cuesta, conocidos por su posición)  y las redes.

El escenario electoral podría llevar a un desenlace como el de Bolivia, en que Arce, arquitecto del bienestar de su país, ganó abrumadoramente la presidencia a pesar de la persecución del líder del MAS. Acá sería más ajustado el resultado electoral. En economía, esta elección definirá entre escoger el neoliberalismo de Lasso con una visión empresarial y de banqueros que busca el imperio del mercado en todos los sectores o el proyecto de país de la heterodoxia de Arauz (redistribución del ingreso, estado fuerte, predominio de política social y regulación del mercado: grupos monopólicos u oligopolicos). Como dije, en un artículo, hay que decidir sin “dejarse sorprender por las ofertas inviables e imagen que te pintan de los candidatos, su historia, etc. Se decide nuestro futuro y el del país. Medita tu voto, en base a tu conciencia, elige a un líder creíble, honesto, equilibrado, que sea guía y con un buen proyecto nacional que solucione los problemas del país, promueva el desarrollo y busque el bienestar de las mayorías. Según Durán, las masas definen la elección.” Y son las masas (el poder popular) las que más afectadas están por la triple crisis (factor objetivo), son conscientes de quien las apoyó para mejorar su nivel de vida y deciden la elección.

Luis Rosero M.

Por tercera vez el gobierno envía el proyecto de Defensa de la Dolarización, como urgente, en época de elecciones, y, cuando  la legislatura actual está terminando sus funciones. Es más cosmética, pero mantiene el espíritu del primer proyecto de entregarle al sector privado el manejo de la regulación financiera y monetaria.

El proyecto crea la Junta Financiera y la Junta Monetaria. La primera se encargará de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Esto último no es parte de las actividades financieras, puede ser de seguros, pero no considero que sea adecuada incluirla aquí, cuando hay una ley específica en esta materia. Otro cambio del proyecto es que los 5 miembros de la Junta serán designados y posesionados por la Asamblea, cuando antes la primera facultad era del Presidente. La Junta mantiene las mismas funciones que en los dos proyectos anteriores que, en lo principal, son formular las políticas crediticias, financieras, de seguros, de valores y medicina prepagada así como la regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero, seguros y valores así como de salud prepagada  pero se le elimina sus facultades macroeconómicas. En efecto, el proyecto elimina el art. 15 y 16 del Código Monetario y Financiero, donde constaban éstas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades  del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.

En cuanto al Banco Central se le devuelve su autonomía institucional, administrativa, presupuestaria y técnica. Su objetivo será instrumentar la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Se reimplanta el sistema de los 4 balances. En el primero, las especies monetarias, los títulos del Banco Central y los depósitos de la banca y otros estarán respaldados por la Reserva Monetaria Internacional (RMI). Esto es si hay algún problema con dichos depósitos serán cubiertos por la RMI, o sea los pasivos (deudas) de la banca serán cubiertos con los activos de la RMI.  Es la segunda junta que estará integrada por 5 miembros que serán designados y posesionados por la Asamblea en función de los 5 miembros propuestos por el Presidente. Al igual que la Junta Financiera la de Política y Regulación Monetaria será integrada por miembros del sector privado. Entre las funciones importantes de esta última están formular la política monetaria, formular la política operaciones del Banco, contribuir y evaluar los riesgos a la estabilidad financiera y establecer las tasas de interés.

En el Código Monetario y Financiero, hay una Junta Monetaria y Financiera que define la política y regulación monetaria, del sistema financiero, de seguros y de valores. El proyecto crea dos Juntas. La Financiera regula al sistema financiero, seguros, valores y salud prepagada. La Monetaria regula la política Monetaria. Pero el cambio fundamental es que en el actual Código Monetario y Financiero la Junta Monetaria y Financiera está integrada por ministros y ejecutivos del sector público, presidida por el Ministro de Economía y Finanzas, el proyecto busca integrar las dos Juntas con miembros del sector privado. En otras palabras, la regulación financiera, de seguro y valores así como la política monetaria estará a cargo por técnicos del sector privado, con los consecuentes riesgos de cooptación y conflictos de intereses con dicho sector, en especial de la banca que tiene negocios en seguros y valores. En síntesis, el gobierno renuncia a la potestad de regulación y formulación de política, cuya naturaleza es pública por definición, y se la traspasa al sector privado. Se trata de cumplir con los condicionamientos del FMI, con teorías ultraliberales, para obtener 400 millones de dólares y otros recursos de organismos internacionales. Más deuda a cambio de traspasarle al sector privado (banca) la regulación financiera, monetaria, seguros y valores. O sea los regulados dictan la regulación.

Luis Rosero M.

Este artículo no se refiere a la obra de García Márquez, usamos el título del gran escritor para referirnos a la pérdida de confianza y credibilidad del gobierno con el último caso de corrupción como es el de las vacunas anticovid y su aplicación de manera privilegiada entre funcionarios, amigos y partidarios del gobierno antes que a los médicos y personal de salud de primera línea y personas vulnerables.

Al reparto de hospitales como cuota política, la corrupción en hospitales públicos (sobreprecios en pruebas anticovid, en funda para cadáveres, en insumos médicos, etc.), la mala gestión de la pandemia –que causó miles de muertes-, la crisis carcelaria ahora se conocen las irregularidades en el el plan de vacunación anticovid y el privilegio en su aplicación. A eso se suma el Informe de la Comisión de la Verdad sobre la protesta indígena de 2019 que revela la grave violación a los derechos humanos. Todo esto en el contexto de la crisis económica, social y sanitaria provocada, en parte por la pandemia, que ha generado una fuerte contracción de la economía, con el consecuente aumento del desempleo, subempleo, del sector informal y pobreza que llega a un tercio de la población y la rural a más del 40%. A eso se agrega la renuncia de 5 ministros y otros funcionarios, en un mes, que resume la crónica del final de un gobierno con un grave deterioro ético y moral por los hechos recientes.

El plan de vacunación anticovid, diseñado por Zevallos, ex ministro de salud, presentó una serie de irregularidades que, entre otras, está la aplicación de la vacuna a familiares, periodistas y otros. Con un juicio político en su contra sale del país sin rendir cuentas sobre su actuación en el Ministerio de Salud. El nuevo ministro de Salud, Rodolfo Farfán, siguiendo la misma política de su antecesor en la vacunación, renuncia, cuándo una jueza le pide que entregue la lista de vacunación, no entregándola para encubrir la vacunación privilegiada. Previo a ello, el dr. Robert Tandazo, Gerente Institucional de la Gestión del Plan de Vacunación renuncia denunciando que él y su equipo técnico “no ha sido parte activa del Plan de Vacunación contra la Covid-19, en donde existe injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña…Es preocupante la situación de la estrategia nacional…..falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registro de información e inclusive hostigamiento a funcionarios”. En otras palabras, el gerente de la gestión del plan de vacunación no manejaba el mismo y que otros decidían y, aun más grave, denuncia hostigamiento a funcionarios. El allanamiento a las oficinas del Ministerio de Salud, por la Fiscalía, aunque tarde, confirma la existencia la lista de vacunación.

La filtración de la lista de vacunación revela que la primera dama y funcionarios cercanos al Presidente fueron vacunados, argumentando seguridad nacional,  lo que significa que el gobierno conocía la lista de los vacunados.  El diario digital La Posta, denuncia que fueron vacunados, O. Hurtado, el consultor político Duran Barba (asesor de la campaña de Lasso), su hermano, Pablo Beter (ex ministro de Mahuad), el Ministro de Defensa Jarrin, Ricardo Izurieta y Sebastián Pérez (de 2 bufetes de abogados), Carlos Larreategui (Rector UDLA), Roberto Calisto (Pasteurizadora Quito),  Liz Giler (secretaria de despacho del gobierno), Rodrigo Paz, Gonzalo Rosero (radio Democracia), Emilio Najas (Telesucesos), un chef chileno, tiktokers, 2 estudiantes de medicina, 560 miembros del Club Rotario de Guayaquil y 750 personas del Club de Leones de Quito.  Por otro lado, Jorge Wated revelo una lista de 27 vacunados entre funcionarios del gobierno y ex funcionarios. Constan 5 ministros y 2 ex ministros. Entre los primero figura el Ministro de Finanzas, Defensa, Energía, entre otros. En síntesis, entre los vacunados hay miembros del poder político y personajes de la élite de Quito. En total, según La Hora, suman 1329 vacunados de forma privilegiada, sin constar en las listas oficiales. Para agravar el hecho, el registro para la vacunación, etapa 1, tercera edad, en la página web del Ministerio de Salud, no funcionó y el gobierno optó por otras opciones de registro.

La vacunación privilegiada, llamada VIP, revela la insensibilidad, la falta de criterio ético y moral en el Ministerio de Salud, y, del propio gobierno al permitir este hecho,  y aún más al ocultar la información Es grave que, el personal de primera línea: médicos y personal de salud,  en gran parte, así  como los de la tercera edad, no haya sido vacunado y se lo haya hecho a funcionarios y amigos del gobierno. El rector de la Universidad Central y Andina rechazaron la invitación a vacunarse antes que los de primera línea demostrando su dignidad y humanismo. La vacunación Vip ha sido un atentado a los que están más expuestos y un grave problema de salud pública. Revela como el régimen esta relacionado con las élites relegando a los que requieren urgentemente la vacuna. Me hace recordar la novela de Víctor Hugo Los Miserables. Precisamente, en la emisión del programa A Primera Hora, del 18 de Marzo de este año, de Radio Majestad, el conductor tildó de miserables a los funcionarios encargados del plan de salud. Esperamos que la justicia actúe y se revele la lista completa que, por al ser ocultada por dos ex ministros de salud,  reflejaría la gravedad de irregularidades, sería otro golpe a la credibilidad y confianza del gobierno pero un riesgo a la salud de la población vulnerable. Una crónica no de una muerte, sino de la agonía de un gobierno, con una gestión de salud que privilegio a los poderosos y amigos, relegando a los más expuestos al coronavirus. Un desenlace y oprobioso final de un gobierno.

Luis Rosero M.

La iliquidez del ISSPOL, por no poder recuperar inversiones financieras internas y externas, llega a tal límite que no puede realizar ciertas prestaciones lo que perjudica a sus afiliados. El horizonte de la posibilidad de recuperación de estas inversiones es a mediano plazo, por lo que seguirán afectados sus afiliados.

En varios artículos he analizado la problemática de la falta de recuperación de las inversiones del ISSPOL. Según el diario digital Primicias, el portafolio de este instituto, a diciembre de 2019, era de 1.373 millones de dólares. De ese monto,  de las operaciones externas, 327 millones  de dólares corresponden a la operación swap con HYBF  con bonos de deuda interna y 216 millones por una operación con bonos globales con IBcorp, ambas empresas de Jorge Cherrez; en lo interno, invirtió en obligaciones, por un monto inferior a 30 millones, emitidas por Delcorp y Ecuagran, compra de factura comerciales a Delcorp por más de 22 millones, inversión en fideicomiso de inversión (entre ellas a UTE por 8.8 millones), según Vistazo más de 100 millones se invirtieron en cesión de derechos fiduciarios,  compra de una hacienda por 14 millones que tenía un avalúo de 500.000 dólares, etc. inversiones que no han sido recuperadas en su totalidad o tienen atrasos. Solo en inversión externa, con las empresas de Cherrez, hay 543 millones. Según El Comercio, las inversiones impagas suman 318 millones. Con la captura en EE.UU. de Luzuriaga, ex director de riesgos del ISSPOL, y la orden de arresto contra Cherrez, en ambos casos por lavado de activos, se revelan los primeros datos de que Luzuriaga fue sobornado por Cherrez. Pero aún más, este último compró, según Expreso, acciones de empresas ecuatorianas, entre ellas, Sumesa. También han sido detenidos otros ex funcionarios del ISSPOL, incluido un ex director. En los artículos que escribí señalé que las inversiones externas pasaron por la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y Decevale;  las inversiones internas recibieron la autorización de parte de la Superintendencia de Compañias y pasaron la supervisión de la Superintendencia de Bancos. En estas inversiones, tanto externas e internas, con irregularidades, falló el control de las Superintendencias y de la BVG así como del Decevale. Respecto a éste último, el nuevo presidente de la BVG declaro que el Decevale no tenía controles y de eso se aprovecharon. No solo eso, sino que no tenía oficial de cumplimiento (que detecta el lavado de activo en las operaciones) ni auditor interno. Pero no solo eso, además hay graves problemas de gobierno corporativo tanto en la BVG, Decevale y los organismos de control. En el caso de Delcorp y Ecuagran ahora se conoce que son empresas vinculadas.

La veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre el caso del ISSPOL, solicito información al ISSPOL pero su director ha entregado información parcial y pide prórroga para el envío de la información restante. Esta veeduría investiga la problemática del ISSPOL por sus inversiones, busca aclarar el embrollo, encontrar alguna solución y a los culpables que todavía siguen libres.

La falta de recuperación de estas inversiones ha llevado a un grado de iliquidez tal que el ISSPOL tiene problemas para seguir atendiendo las prestaciones de sus afiliados. Hace pocos días, el director del Isspol declaró que la falta de liquidez impide dar todas las prestaciones. Expreso reportó, que por falta de recuperación, “El ISSPOL  ya siente el grave impacto en sus finanzas: no hay dinero para prestaciones” entre ellas la concesión de créditos a sus afiliados, atención en el hospital de la Policía, etc. Esto ha generado malestar en los afiliados hasta tal punto que, según el mismo diario, los jubilados del Isspol, Issfa y otras entidades se unen para exigir soluciones, denuncian deudas impagas y prestaciones de servicios desatendidas.

En el caso de las inversiones externas, como revelan los primeros datos, hubo corrupción por parte de las empresas de Cherrez para aprobar las mismas pero además hay principios de finanzas, sobre las inversiones,  que señalan una relación de riesgo y rentabilidad así como no concentración de las inversiones en operaciones riesgosas y en un solo fondo de inversión. Además, el riesgo aumenta en empresas relacionadas como son HYBF e IBcorp (de Cherrez) así como Delcorp y Ecuagran. La corrupción –tanto pública como privada-, la falta de un manejo técnico adecuado de las inversiones, las fallas de los organismos de control en la supervisión de las inversiones y la carencia de un gobierno corporativos (ISSPOL, BVG, DECEVALR) son, entre otras, las causas de inversiones inadecuadas y las consecuencias la están pagando los afiliados al no poder acceder a las prestaciones del ISSPOL.

Luis Rosero M.

El informe del INEC, del IV trimestre de 2020, muestran un grave deterioro del mercado de trabajo, crecimiento de la pobreza y mayor desigualdad como producto de la crisis de 2019 y de la triple crisis económica, social y sanitaria de 2020 que se traduce en un reducción de la calidad de vida de la población. Eso explica porque no se publicó dicho informe a tiempo, aduciendo el cambio de la metodología para la estimación de los indicadores laborales.

La tasa de empleo adecuado se reduce de 38.8%, en diciembre de 2019, a 30.8%, en el mismo mes de 2020. O sea, una reducción de 8% de los empleados y trabajadores que cuentan con seguridad social, pago de beneficios sociales y contrato laboral. Este resultado explica el aumento de la tasa desempleo de 3.8 a 5% (401.305 desempleados). En términos de género, las más afectadas han sido mujeres ya que, a diciembre de 2020, su tasa de desempleo fue de 12.8% mayor que la de los hombres.  En tanto que la del subempleo pasa de 17.8 a 22.7% en el mismo período (1’833.700 subempleados). Estos datos influyeron para que creciera el sector informal urbano, a nivel nacional, de 46.7 a 51.1% en el periodo nacional. La triple crisis se refleja en un gran deterioro del mercado de trabajo en términos de aumento del desempleo, subempleo y sector informal, siendo las mujeres las sufrieron el mayor impacto laboral. Esto fuera de la reducción del salario y aumento de la jornada por la reforma laboral y  por el teletrabajo.

El deterioro del mercado de trabajo incidió en un agravamiento de las condiciones de pobreza de la población. En efecto, a nivel nacional, la pobreza, medida por ingresos, pasa de 25 a 32.4% mientras que la pobreza extrema de 8.9 llega 14.9% de diciembre de 2019 al de 2020. O sea, el grave deterioro de las condiciones de subsistencia pues casi un tercio de la población se encuentra en la pobreza y el 15% en pobreza extrema. En cifras, aumentaron los pobres en 1.3 millones. Pero lo más crítico es que la pobreza rural alcanzó el 47.9% y la extrema pobreza llegó 27.5% a Diciembre de 2020. En otras palabras, los dos tipos de pobreza son más graves en el campo pues casi la mitad de la población rural es pobre mientras que más de una cuarta parte es extremadamente pobre. El INEC define como pobres a los que reciben un ingreso familiar per cápita de  $84.05 y como pobres extremos si perciben 47.37 dólares mensualmente.

Pero más aún, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, aumento más. En efecto, dicho índice pasa de 0,454 a 0,485. En otras palabras, la desigualdad también aumentó pues lo que tienen más ingresos ahora estos son mayores. Dicho en otros términos, los ricos se hicieron más ricos y los pobres crecieron.  La encuesta del INEC determina también que el ingreso laboral fue $ 345,5 a diciembre de 2019 y en el mismo mes de 2020 se redujo a $ 309,9 en el caso de los hombres mientras que para las mujeres este pasa de $ 292,7 a 262.6 en dicho periodo. Estos datos muestran que hay desigualdad entre los ingresos laborales entre hombres y mujeres.

 A más de la mala gestión de la pandemia, vacunación preferencial ante el covid, crisis carcelaria, etc. la población sufrió el deterioro del mercado de trabajo traducido en un mayor desempleo, subempleo y sector informal urbano. A lo que se suma el aumento de la pobreza y pobreza extrema. Los que perdieron su empleo y no lo recuperaron pasaron a ser pobres entre los que se encuentran tanto la clase popular así como la clase media. Pero además aumentó la desigualdad. La política de subsidios del gobierno, a través de bonos, no alcanza a cubrir a la mayoría de pobres y pobres extremos. Estamos en una grave situación social, que implica un crítico deterioro de las condiciones de vida de la población que a su vez produce un aumento de la violencia y la delincuencia. Esto significa un retroceso de 10 años respecto al aumento de las condiciones de vida de la población, que se obtuvo en el gobierno anterior. Lo peor es que, en el I Trimestre de 2021, por la segunda ola de la pandemia, seguirá aumentando el desempleo, subempleo y el sector informal así como la pobreza, lo que lleva al país al riesgo de un estallido social si no atiende adecuadamente el grave deterioro de las condiciones de vida.

Luis Rosero M.

El gobierno reenvío, el 23 de Febrero, proyecto de ley para la “Defensa de la Dolarización” que reforma el Código Monetario Financiero, con el carácter de urgente. Lo hace en medio de un escenario conflictivo: en el que se definirá el segundo lugar de las elecciones presidenciales, el escándalo  por la denuncia de vacunación anticovid a los familiares del Ministro de Salud y otros (que llevó a su renuncia y huida del país), y, la masacre en las cárceles del país.

El proyecto de ley, en lo principal, reforma la gobernanza de la Junta Monetaria y del Banco Central, reformando la forma de constitución del directorio de la primera y la reimplantación del directorio del segundo con miras a restaurar su autonomía. En su reenvío se cambia  y se amplía la exposición de motivos y el considerando pero mantiene intacto la propuesta de reforma. Esta es uno de los condicionamientos del FMI por el acuerdo crediticio, que debe cumplirse en el I Trimestre de este año, para recibir 400 millones.

En el gobierno anterior, se hizo una profunda reforma financiera estableciéndose una nueva arquitectura financiera doméstica basada en 4 pilares: 1. Una red de seguridad financiera que incluye la constitución de un fondo de liquidez, un seguro de depósito y la aplicación de la resolución bancaria, 2. Creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la supervisión y control de las cooperativas no financieras y las de ahorro y crédito, 3. Una reforma a la ley de mercado de valores para incentivar el desarrollo de éste y 4. El fortalecimiento de la banca pública. Para ello, se aprobaron las leyes respectivas. Después, en 2014, se aprobó el nuevo Código Monetario Financiero con lo que se concluye dicha reforma.

Respecto al Banco Central, la constitución de 2008 estableció que la formulación de dicha política es facultad del ejecutivo y se instrumentará a través del Banco Central. En una reforma a la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, de Octubre de 2009, se reafirma lo establecido en la constitución y se cambia la constitución del directorio del Banco Central, pasando a un directorio de 6 miembros: 3 ministros, el secretario de Senplades, un delegado del Presidente y otro por las instituciones financieras de desarrollo. En otras palabras, en vez de miembros del Directorio del sector privado se estableció que dicho directorio se constituya con funcionarios públicos. En otros términos, la política monetaria pasó a ser diseñada por el ejecutivo e instrumentada por el Banco Central, tal como lo establece la constitución de 2008. En el artículo “Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador”, publicado por Debate No. 79, de Abril de 2020, analizó en detalle este cambio fundamental en la gobernanza del ex instituto emisor.

Con la publicación del Código Monetario y Financiero, en Setiembre de 2014, se establece una nueva institucionalidad para la regulación sistema financiero y monetario. Se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que norma y formula la política en  las actividades monetarias, crediticias, cambiarias, financiera, de seguros y valores. La constitución de la Junta serían: 3 ministros, el secretario del Senplades y un delegado del Presidente. Con este cambio, desaparece el directorio del Banco Central, y toda la regulación y política del sistema financiero, incluido lo monetario, queda bajo la responsabilidad de esta Junta. Esta estructura institucional cambiaría con la reforma al Banco Central y al Código Monetario y Financiero, según el proyecto de ley reenviado, restituyendo el directorio del Banco del Banco Central y modificando la constitución del directorio de la Junta, en ambos casos, con miembros del sector privado.

Luis Rosero M.

El CNE proclamó los resultados de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, confirmando el triunfo del progresismo y, el segundo lugar, a la derecha, pero en medio de la incertidumbre que Yacu Pérez denuncia resultados fraudulentos, un consejero del CNE pide licencia, la marcha indígena para solicitar el reconteo de votos, la solicitud de la Fiscalía General (FG) a la Corte Nacional de Justicia (CNE) para el registro y la retención de la información en la base de datos del CNE a la que se sumaría una auditoria por parte de la Contraloría General del Estado.

Todos estos hechos siembran incertidumbre sobre la legitimidad y situación legal de los resultados electorales. A más de los problemas del mal manejo de la gestión de la pandemia, la aparente segunda ola de esta, las irregularidades en el proceso de vacunación anticovid de las que se acusa al Ministro de Salud se suma esta incertidumbre que deja en tela de duda dichos resultados. Se está gestando un escenario político conflictivo de incalculables consecuencias.

La delicada situación electoral comenzó cuando el candidato Lasso, de derecha, se retractó del acuerdo de reconteo de votos al que había llegado con Yacu Pérez, del movimiento indígena. Al parecer se trató de una estrategia de la derecha, Creo-PSC, para diluir y engañar a Pérez sobre la posibilidad del reconteo. Las acusaciones de Pérez sobre resultados electorales fraudulentos y la marcha indígena así como las denuncias del progresismo sobre un posible aplazamiento de la segunda vuelta generan mucha tensión política y la posibilidad de conflictos por la posibilidad de que la CNJ de paso a dicha solicitud que sería algo inédito en el proceso electoral ecuatoriano. Legalmente, el CNE es el único ente que puede proclamar y dar a la validez a los resultados electorales y cuando hay un proceso electoral en marcha es la máxima autoridad legal para proclamar estos resultados. La acción de la FG y la Contraloría produciría más tensión e incertidumbre electoral y, por otro lado, estas aumentarían si se conocieran las fuerzas que están detrás de estas acciones. El art. 16 del Código de la Democracia señala claramente que “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales.” Más aún, podría desatarse enfrentamientos, conflictos políticos y sociales por las acciones que emprenderían los partidarios de las 3 fuerzas políticas a fin de defender el resultado en las urnas.

Aún más, el escenario político se complicó cuándo Omar Maluk, ex Decano del ICHE, ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanistas, de la ESPOL, en un tweet señala “Debido a una encuesta realizada por un medio de comunicación, en estos momentos pande, el cúnico …. Por lo que adelanto resultados de la encuesta virtual iniciada ayer con 1500 datos son: AA 63% GL 37% sobre votos válidos.” Maluk pronosticó el triunfo de Andrés Arauz si no participaba Noboa.

En síntesis, el escenario electoral es conflictivo y delicado  generado por los diferentes problemas en el CNE, la acción de la derecha al rectractarse del reconteo, la marcha indígena y la solicitud de la FG y Contraloría. Se puede desatar un conflicto político de imprevisibles consecuencias, por lo que le toca a las autoridades electorales, actores políticos y a las instituciones de justicia actuar con transparencia,  apegada a la ley y garantizar unos resultados electorales que reflejen la voluntad popular. Para abonar al clima de paz, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó ayer a las autoridades del Ecuador, a resolver las reclamaciones bajo el marco de la ley y proceder al cumplimiento del calendario electoral.

Luis Rosero M.

Las elecciones presidenciales, de Febrero 7, determinaron como ganador de la primera vuelta al candidato de la lista 1-5 (progresismo) y, en el segundo lugar, después de las  acusaciones de fraude del movimiento indígena (Pérez) hubo una negociación, con la derecha (Crep-PSC), para el reconteo de votos  a fin de determinar quién es contendor de Arauz; el resultado electoral también definió la fuerza electoral de las tendencias políticas en la asamblea.

Los resultados electorales determinan que, por el resultado de la elección presidencial y el número de asambleístas, el progresismo (Arauz) es la primera fuerza política. El segundo y tercer lugar se conocerá después del reconteo del 50% en |6 provincias y del 100% en Guayas y la cuarta posición es  la socialdemocracia (ID). De los 137 asambleístas, según datos preliminares, el progresismo habría obtenido 49; la derecha 29 (Creo 12 y PSC 17), Pachakutik 27 y la ID 18. En total estos partidos y movimientos habían obtenido 123 curules en la Asamblea, o sea el 90% del total de bancas de la Asamblea. En 2017, los partidos o movimientos señalados, por si solos o con alianzas, obtuvieron: Alianza País (AP) 74; Creo, 32 y PSC 15 y Pachakutik 4. Después de la destrucción de AP, por el actual gobierno, el resultado muestra que el correismo mantiene su voto duro de 33%, pero cobijado en la lista 1-5 logró, a pesar de la casi desaparición de AP, el mayor número de asambleístas; en cambio, la derecha, que obtuvo 47 asambleístas en 2017, en 2021, logró  solo 29, o sea una reducción significativa en las bancas de la Asamblea mientras que Pachakutik alcanzó un avance impresionante pasando de 4 asambleístas en 2017 a 27 en 2021.

El resultado de la elección presidencial también muestra el apoyo electoral según las regiones del país. Así, en la elección presidencial, Arauz ganó holgadamente en todas las provincias de la costa y en Santo Domingo; mientras que Lasso triunfo en Pichincha y quedó en segundo lugar en las provincias de la costa, excepto El Oro, mientras que Pérez quedó en primer lugar en las otras provincias de la sierra, excepto Carchi, y en toda la amazonia. Estos resultados se reflejan en la integración de la Asamblea por provincias. En efecto, en la costa,  en Manabí, el progresismo alcanzó 6 asambleístas y 1 el PSC; en Los Ríos, el progresismo se alzó con 3 asambleístas y el PSC 1 y en Guayas, el progresismo logró 9 asambleístas, mientras que el PSC 6 y Creo 4 (derecha).

Los resultados electorales para asambleístas muestran que cualquiera sea el que triunfe en la elección presidencial, en la segunda vuelta, tendrá que concretar alianzas en la Asamblea para viabilizar la aprobación de los proyectos de ley y, aun mas, deberá formar un gobierno con otras fuerzas políticas para viabilizar su plan de gobierno y  proyecto de país así como tratar de alcanzar la gobernabilidad. En otras palabras, el que triunfe en la segunda vuelta necesita formar un gobierno de unidad que es necesaria, aún más, pues los resultados de las elecciones presidenciales, de la primera vuelta, mostraron que las preferencias electorales son claramente regionales. Así, como ya señalamos, el progresismo quedó en primer lugar en la costa; la derecha logro el primer puesto en Pichincha y segundo lugar en las provincias de la costa y el movimiento indígena se alzó con el primer lugar en todas las provincias de la sierra, excepto Carchi y Pichincha, y en la amazonia.  El gobierno de unidad también se torna necesario para superar la triple crisis: económica, social y sanitaria. Sobre todo con esta última que, al parecer, llegó a la segunda ola en el país.

Luis Rosero M.

Los resultados del conteo rápido del CNE confirman el triunfo del progresismo en las elecciones presidenciales y en las bancas de la Asamblea Nacional, en la primera vuelta, una derrota estrepitosa de la derecha y segundo lugar para del movimiento indígena, pese a su división interna. La información de estos resultados muestra que la base del triunfo, del progresismo, fueron las provincias de la costa, y, de ciudades, en especial de Guayaquil.

El apoyo mayoritario al progresismo, sobre todo en la costa, refleja que, como lo dije en varios artículos, los hechos objetivos e históricos influyeron en el resultado. En efecto, la historia muestra que los logros y errores (aumento del nivel de vida, construcción de infraestructura, redistribución del ingreso, reducción de la pobreza y reforma económica-financiera), cuando fue gobierno el progresismo, en la década pasada; los efectos de la triple crisis: económica, social y sanitaria, agravada en la pandemia y la acción fracasada del poder mediático que buscó posicionar al candidato de la derecha, fueron los  factores que más incidieron en la elección presidencial, en la primera vuelta. Este resultado es también un rechazo a la mala gestión del gobierno por la tardía intervención en la prevención del coronavirus, la entrega del manejo de la economía a los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), el haber cargado el peso de la crisis a trabajadores y empleados con reducción de sus ingresos y más impuestos, el agresivo endeudamiento externo, etc. El efecto de triple crisis, a más de los miles de muertos, por la pandemia, en Guayaquil, aumento fuertemente la pobreza, la extrema pobreza y el hambre que produjo un aumento de la violencia y la delincuencia. Fue precisamente, estos efectos sociales de la triple crisis, lo que explica que los pobres más empobrecidos, los nuevos pobres y la clase media empobrecida lo que podría explicar el gran apoyo al progresismo en Los Ríos, Manabí y Guayas –sobre todo en Guayaquil-.

La derrota de la derecha se explica por la alianza de Creo con el PSC que a su vez se aliaron con el gobierno, cuya mala gestión influye decisivamente en el resultado, cuyo rechazo se muestra en los resultados de su candidato que alcanzó menos del 2%. La derrota llevó a un declive de los líderes de la derecha –Nebot y Lasso-, que han perdido mucho espacio electoral, sobre todo en la costa.  Además, la pérdida de esta tendencia, se debe a las nuevas alternativas electorales –como Hervas, ID, y, Pérez,- que presentan otro proyecto de país. Pero lo más crítico, para esta tendencia, a más de la derrota de su candidato presidencial es el magro resultado en la Asamblea Nacional. Una doble derrota que inflige el progresismo a la derecha. Los resultados electorales muestran que la primera fuerza política sigue siendo el correismo. En cambio, el ascenso de Pachakutik, que se convierte en la segunda fuerza política, se explica, en buena medida, por la marcha indígena, en Octubre de 2020, que obligó a retroceder al gobierno en tratar de imponer un decreto de aumento del alza de los combustibles. Este ascenso se da a pesar de la división del movimiento indígena en el que una parte de los dirigentes –que lideraron la marcha indígena- se aliaron con el progresismo.

En otro artículo que escribí, con el título, “Los pueblos aprenden de la historia y no olvidan a quienes los apoyaron” señalaba –en lo más relevante- que el triunfo de Arce en Bolivia, el arquitecto del crecimiento y reducción de la pobreza, son las reformas que implementó en cuanto aumento de precios de los minerales, así como de otros bienes y las medidas de redistribución del ingreso que hizo posible una gran asignación presupuestaria para la política social.

Si los resultados del conteo rápido se confirman, la batalla electoral en la segunda vuelta será encarnizada y definirá las alianzas. Yaku Pérez, anunció antes de este resultado que no se iría con derecha lo que implica definiciones de la ID  y otros movimientos.  Se tratarían de una disputa de dos visiones de país con una agenda del progresismo y otra del movimiento indígena, pero hay una diferencia importante que el primero fue gobierno y el segundo todavía no, por lo que el movimiento indígena dependerá de la derecha (Creo y PSC) y centro derecha (ID) para poder obtener el triunfo. Pero será una lucha electoral a muerte, en que posiblemente pacte el movimiento indígena, por debajo de la mesa, con la derecha.