Luis Rosero M.

Hasta la tercera semana de Junio de 2021 se había logrado detener a varios implicados en las inversiones externas en bonos con las empresas de Chérrez. Ya se inició los procesos judiciales con las inversiones internas, pero todavía no logra recuperarse las inversiones ni se ha tocado a las autoridades de supervisión que estuvieron relacionadas con dichas inversiones.

Las inversiones con Jorge Chérrez fueron por 693 millones de dólares que, por este caso, tiene un proceso judicial en su contra como algunos ex funcionarios del ISSPOL. Cherrez fue vinculado, por una jueza de Pichincha, y a 5 personas más al proceso penal que se inició el 24 de febrero de este año, entre ellos 2 ex funcionarios del ISPSOL y 3 directivos de empresas que participaron en las transacciones, entre ellos 2 ex gerentes de Decevale y Luis Dominguez. El 17 de setiembre se vincularon a 6 ex funcionarios de Decevale y siguen inmovilizados títulos relacionados con el ISSPOL en el Deposito Centralizado de Valores del Banco Central.

También la institución realizó inversiones internas en fideicomisos, facturas comerciales, obligaciones y en terrenos por un total cercano a los 200 millones. De dichas inversiones, hay vencimientos que no ha permitido recuperar ni el capital así como sus rendimientos. El 31 de agosto, de este año, se detuvo a 9 exempleados y mandos intermedios de Delcorp y Ecuagran, empresas relacionadas. No sólo que   dos están relacionadas sino que además Fertisolubles es coparticipe en una de ellas. En 2019, la empresa Fertisolubles, principal accionista de Delcorp, aceptaba las facturas de ésta. Las dos primeras empresas no han podido devolver el capital y el rendimiento de las inversiones en facturas comerciales que realizó ISSPOL. Sin embargo, el presidente ejecutivo de Ecuagran había salido del país el 5 agosto de 2020.

Según la Superintendencia de Compañias Delcorp acumula ya 26.5 milllones en facturas comerciales vencidas. También, según la misma superintendencia, Ecuagran emitió obligaciones a largo plazo  por 20.4 millones y Delcorp 18.2 millones. El ISSPOL invirtió en los papeles de estas dos empresas pero también el BIESS, la CFN y  el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Según Expreso, el parte policial señala que los títulos emitidos por estas empresas quedaron impagos y se desviaron los fondos para los que fueron creados. El mismo diario detalla que de la quinta y sexta emisión de obligaciones, en 2018 y 2019,  hay un saldo por pagar, por Delcorp de 2.4 y 14.7 millones respectivamente.  En tanto que, Ecuagran, tiene vencidos de las 3 últimas emisiones de obligaciones (2017, 2018 y 2019) más de 20.4 millones. Lo más paradójico es que en el proceso del lanzamiento de las obligaciones participaron empresas estructuradoras y calificadoras de riesgo que fueron autorizadas por la Superintendencia de Compañias. ¿Cómo pudo ser posible que se autorizaran emisiones de nuevas obligaciones en 2019 cuando dichas empresas no pudieron pagar las del año 2018? Recordemos que en ese periodo estuvo de Intendente de Valores Carlos Murillo, que fue destituido en 2020 y no recibió sanción alguna. Todo esto ocurrió en el período en que Rodolfo Kronfle fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y la hija de dicho intendente trabajaba en dicha bolsa en el periodo de Kronfle.

En el caso de las inversiones nacionales del ISSPOL, la investigación no solo debe realizarse a los directivos y empleados de casas de valores, estructuradores, calificadoras de riesgo y auditoras sino que debe extenderse a las autoridades y funcionarios de los organismos de supervisión y control de las operaciones en el mercado de valores para revisar su accionar en el caso ISSPOL, lo que puede aportar datos relevantes a fin de recuperar los fondos de las inversiones.

Luis Rosero M.

De las declaraciones de funcionarios públicos e información de medios se desprende que, con el nuevo convenio con el FMI reajustado, se aplicaría un fuerte ajuste fiscal en 2022 y algunas reformas estructurales orientadas a seguir implementado la libertad del mercado y reducción del tamaño del estado así como medidas de compensación social.

El acuerdo reajustado le permitirá acceder del FMI unos 2.500 millones  (1500 en este año y 1000 en 2022) y otros 2000 millones vendrían de organismos multilaterales. El déficit fiscal sería alrededor del 6% del PIB, del que se aspira que en 2025 llegue a cero.  Para disminuir éste, el ajuste fiscal en 2021 sería de cerca de 1500 millones de los que 430.8 millones serían en sueldos (lo que implicaría despedir a empleados públicos) mientras que en 2022 sería alrededor de más de 2000 millones  que llevaría más despidos tanto por la terminación de contratos como por la reducción del tamaño del estado. El gobierno optó para reducir el déficit disminuir el gasto público más que incrementar los ingresos del estado. Hasta el fin del gobierno se aplicaría una reducción del gasto de 4000 millones, de los cuales más del 50% se realizaría en 2022.

Entre las reformas estructurales estarían una reforma tributaria, reforma laboral, recorte del tamaño del estado, apertura económica, reforma al mercado de capitales y mejora del entorno empresarial para incentiva la inversión.

En cuanto a la reforma tributaria, se esperaría no aumento del IVA, crecimiento de la recaudación en impuesto a la renta a los que ganen más 1000 dólares (empleados públicos y clase media), una contribución especial a la clase alta, eliminación del impuesto a la herencia, reducción gradual del impuesto a la salida de capitales y medidas contra la evasión y elusión tributaria.

La reforma laboral está orientada a continuar con la flexibilidad en el mercado de trabajo. Al parecer se establecerían unas normas legales para un grupo de este mercado que implicaría nuevas formas de contratación (incluye emprendedores, los del sector informal y otros). Al parecer para ellos se modificaría la ley de reparto de utilidades, el pago de beneficios sociales y formas de afiliación a la seguridad social. Por otro lado, para los trabajadores del sector formal se mantendrían amparados con el actual código de trabajo.

El recorte del tamaño del estado mediante despidos, iniciado en 2021, continuaría hasta el fin del gobierno. Mientras que en 2022 comenzaría la concesión (carreteras, hidroeléctricas, refinerías y otras) y la privatización de instituciones públicas, entre ellas, CNT, banco del Pacifico, etc.

La apertura comercial está enfocada en celebrar acuerdos de libre comercio. Está en proceso el que se firmaría con México que continuaría con Rusia, China, EE.UU y otros países. Estos acuerdos tienen su pro y contra. En lo primero estaría el aumento de las exportaciones y, en lo segundo, la afectación de la agricultura, industria y otras actividades económicas.

El mercado de capitales en el país está estancado y desprestigiado por los casos ISSPOL y otros, a pesar de que hubo una reforma en el mismo. El gobierno anuncia otra reforma al mercado de capitales la cual debe estar orientada a cambiar la estructura de financiamiento de corto a largo plazo, mejora de su funcionamiento y restructuración de los esquemas de supervisión y regulación que han sido irrespetados como lo muestra el caso ISSPOL.

Finalmente, se buscaría mejorar las alianzas público-privado y dar incentivos para incentivar la inversión privada y extranjera, tanto por el lado tributario como mejorar el entorno empresarial.

En síntesis, el acuerdo pone acento en un fuerte ajuste basado en el gasto público, varias reformas estructurales que darían más libertad a los distintos mercados y reducir el tamaño del estado pero también trae aparejado compensaciones sociales para mitigar el hambre y la pobreza vía subsidios y reactivación económica para generar empleo.

Luis Rosero M.

Hay logros en la vacunación anticovid, sin embargo continúa el deterioro del mercado de trabajo, aumento de la pobreza y de la migración, también se proyecta el escenario de conflictos políticos con los aliados del gobierno y otras fuerzas políticas.

En salud, en el día 100 el Presidente anunció que habría sobrepasado los 9 millones de vacunados, con las dos dosis, y que ha bajado el contagio del coronavirus y se ha reducido apreciablemente los casos en terapia intensiva, lo cual es un importante avance en política de salud. Según el mandatario esto representa el 52% de la población, sin embargo se requiere llegar por lo menos al 70% de ésta para alcanzar la inmunidad de rebaño. Si bien es un logro importante, hay en cambio el deterioro de algunos indicadores sociales por efecto de la pandemia.

La fundación Donum, en un informe de una investigación señala que, con niveles de pobreza total de 35% y pobreza extrema de 15%, el Ecuador ha retrocedido diez años en pobreza, por el impacto de la pandemia, regresando a los niveles de hace 10 años. Por otro lado, si bien hubo una leve mejora en Junio de 2021, respecto al mes anterior, en Julio hay deterioro en el mercado de trabajo respecto al mes señalado. En efecto, si bien mejoró el empleo adecuado en 0.5, la tasa de desempleo aumentó en una décima (llegando al 5.2%)  y el subempleo creció de 23% a 24.6%,  un aumento significativo en un solo mes. Otro estudio de la promotora de la economía violeta, señaló que el 48% de las mujeres perdió su trabajo y 18% renunció por temor al contagio, quedando el 66% de las mujeres fuera del mercado de trabajo. Señalamos, en un artículo anterior que, a Junio de 2021, la pobreza en términos absolutos representa 5.7 millones de personas, el sector informal urbano ya llegaba al 52.7% y sigue latente el hambre, una situación grave de pobreza. Estas dos últimas cifras se explican por el deterioro del mercado de trabajo y este a su vez a la migración. Según una nota de El Universo, 70.746 compatriotas han sido detenidos por cruzar ilegalmente la frontera con EE.UU., entre octubre de 2020 a septiembre de 2021 que, si la comparamos con el año fiscal anterior que llegó a 11.861, implica que ésta última cifra se multiplicó 5.9 veces. Este incremento notable de detenciones llevó al gobierno mexicano a imponer visas a ecuatorianos que viajen a su país.

¿Surge la pregunta: como sobreviven los pobres y los informales en una etapa de contracción económica? Desde los gobiernos anteriores se entrega a la población una serie de subsidios sociales, entre ellos el Bono de Desarrollo Humano, pero estos alcanzan a cerca de un millón de pobres y ¿el resto? Gran parte del apoyo viene de los familiares migrantes que, con las remesas enviadas, permiten sobrevivir a buena parte de ellos, y para el resto la familia se ha convertido en el salvavidas. Así, muchos hijos que se quedaron sin trabajo regresan al hogar de sus padres, otros regresan a sus pueblos de origen u otros reciben una ayuda económica de éstos.

Por otro lado, el deterioro social se manifiesta también en la violencia, con el aumento de la delincuencia y los asesinatos. Las cárceles del país están sobrepobladas de presidiarios que cayeron en el hurto y robo, y el avance del tráfico de drogas así como del micro tráfico  que a su vez ha generado asesinatos por sicariato. En suma, hay un aumento notable de la inseguridad ciudadana que atemoriza cada vez más a la población.

En el escenario político, se complica el panorama. Pachakutik ha solicitado reuniones con el régimen y anunció una posible ruptura con el pacto legislativo con el gobierno. Por otro lado, el PSC y el correismo anunciaron que  no aprobarán en la Asamblea la proforma presupuestaria de 2021. Esto, de concretarse, no solo pone en riesgo la gobernabilidad sino, además, la aprobación de los proyectos de ley de la reforma económica. El gobierno respondió que utilizará mecanismos de democracia directa (consulta popular) para alcanzar sus objetivos.

En síntesis, sigue el deterioro social. El gobierno señala que busca financiamiento para un programa de desnutrición infantil, que inició un programa contra el hambre y que fomentará la inversión para generar empleo. La gobernabilidad y la conflictividad política, al parecer se avecina un rompimiento y falta de apoyo legislativo que pondría el riesgo los planes del gobierno. En el horizonte aparece la consulta popular.

Luis Rosero M.

En los  primeros cien días, Lasso ha logrado cumplir con dos promesas electorales, pero no alcanzó a cumplir la meta de los 9 millones de vacunados, ha enfrentado conflictos con organizaciones sociales y  agricultores y tampoco ha definido su plan económico. La pandemia sigue afectando a la economía generando fuertes efectos en lo social y productivo.

La vacunación completa anticovid (2 dosis) alcanzó 7.9 millones de personas (hasta el 28 de Agosto), estando muy cerca de la meta anunciada. Sin embargo, si bien hubo problemas en algunos sitios de vacunación, se ha acelerado el proceso con una mejor atención a la población. Lo que Lasso, consideró como su principal programa económico, se ha complicado en los últimos meses por la aparición de la variante Delta que aumentó el contagio y frenó la actividad económica. Lo alcanzado en vacunación representa el 46% de la población, para una inmunización de rebaño se requiere al menos 70% de vacunados, lo que afectará al logro de la meta de crecimiento económico.

En cuanto a la promesa de las tasas de interés, ya en el próximo mes estaría en vigencia la nueva metodología de determinación de bandas (una superior y otra infinita) que reemplaza al sistema de fijación actual del costo del dinero en base a un promedio del sistema financiero y el techo de tasas. Sin embargo, en el mercado oligopólico del dinero, los grandes bancos establecen las tasas de interés. Seguramente con el nuevo esquema dichas tasas estará muy cercano al techo más aun cuándo se venda el Banco del Pacifico (el segundo banco del país), llevando a que los dos grandes bancos fijen las tasas de interés, por  lo que la promesa de bajar la tasa del costo del dinero no sería en el corto plazo.

Dos  de las promesas cumplidas es el envío a la Asamblea de las reformas a la ley de comunicación (que eliminó la Superintendencia de Comunicaciones) y a ley de educación superior. Con esta ley, entre otras cosas, el gobierno le da amplia libertad a las universidades privadas. Sin embargo, el planteamiento de escogimiento libre de la carrera por los estudiantes está limitada por que siguen existiendo cupo en el ingreso, lo que implicaría que, si bien, los estudiantes pueden escoger la carrera tendrán que esperar algunos años para cursarla. Por otro lado, el gobierno eliminó las becas a los estudiantes en las universidades privadas y redujo el presupuesto a las universidades públicas, lo que pone en entredicho el apoyo a dicha educación.

En el ámbito político, el gobierno ha enfrentado las protestas del FUT y CONAIE estableciendo como estrategia ir aplazando la negociación con estas organizaciones sociales. En el ámbito productivo, enfrentó el paro de agricultores de arroz y banano y con los productores de leche que protestaban por el no respeto del precio oficial. También, antes, había enfrentado paro de transportistas urbanos por el aumento del precio del combustible a los que aplacó con invitación a mesas técnicas para el establecimiento de la focalización del combustible.

Lo que sí es claro es que el gobierno no tiene un plan económico y al aparecer, con las negociaciones con el acuerdo en el FMI, adoptaría el plan que formularía dicho organismo internacional.

En síntesis, el gobierno avanza muy rápido en su esquema neoliberal. Así, está negociando aceleradamente en acuerdos comerciales para su entrada a la Alianza del Pacifico y, por otro lado, ya tiene casi lista la reforma laboral. La liberalización del mercado de bienes está limitada por las reacciones de los productores agrícolas y de las organizaciones sociales. Además, en sus reformas neoliberales marcha con cuidado por el temor a las protestas sociales. Sobre todo porque el alargamiento de la pandemia (estamos en la segunda ola) agravan los efectos sociales como el aumento del desempleo, subempleo y la pobreza que siguen agudizando el deterioro de las condiciones de la vida de la población sobre todo la más vulnerable, a más de que sigue incrementándose la seguridad ciudadana, e implicaría que no cumpla con la meta de crecimiento de este año.

Luis Rosero M.

La pandemia agudizó el deterioro de las condiciones del mercado de trabajo del país aumentando el desempleo, subempleo y sector informal urbano, lo cual a su vez ha empujado a la migración a varios países, principalmente a EE.UU.

Según el INEC, a junio de 2021, el empleo adecuado fue 31.3%, el desempleo 5.1% y el subempleo llegó a 23% del cual el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo representó 20.5% (o sea que trabajan en alguna actividad económica menos de 40 horas). En cuanto a la caracterización del trabajo, a mayo de 2021, el empleo en el sector formal representaba 39.7% mientras que en el sector informal registraba el 52.7% mientras que a junio, de ese mismo año, pasó al 50%, o sea la mitad de la población está ocupada en dicho sector. A ese mismo mes,  el subempleo representaban el 67.1% de los informales. A ese mes, a nivel nacional,  la pobreza llegó a 32.2% y la pobreza extrema alcanzó 14.7%. En el área rural, la primera fue 49.2% y la segunda 28%. En términos absolutos la pobreza representa 5.7 millones de personas. Un claro indicador de como la pandemia aumentó la pobreza más allá de su nivel estructural. Y aún más, la desigualdad se incrementó en Junio, medido por el índice de Gini.

La crítica situación del mercado de trabajo y deterioro de las condiciones sociales, impulsa a la búsqueda de ingresos, una alternativa es ir al subempleo, en el cual la ocupación en el sector informal (realizar alguna actividad para ganar dinero) es la principal opción. Así en las principales ciudades (Guayaquil, Quito y Cuenca) crece la informalidad, en especial de vendedores ambulantes que no solo se ubican en el centro sino además en las zonas marginales.  Otra alternativa,  para obtener ingresos para sostener a la familia,  es la delincuencia o la migración.

La principal alternativa que han escogido los ecuatorianos es migrar a EE.UU a través de México o Centroamérica muchos de los cuales lo hacen a través de las fronteras terrestres, de forma ilegal. Así según El Universo, citando estadísticas del Ministerio de Gobierno, en la primera oleada, en 2018 viajaron a México 51.574 personas que en se duplicaron en 2019, año de inicio de la pandemia; en la segunda oleada, en 2020, se desplazaron a tierra azteca 54.258 mientras que a Julio de 2021 ya habían salido hacia México 88.696 personas. De ese total, las tres cuartas partes salieron, vía aérea, desde Quito y el 16.7% desde Guayaquil. Lo más lamentable es que el número de migrantes ilegales detenidos, expulsados o deportados, hasta Julio de 2021, representaban 54.543 personas lo cual representa un incremento del 400% respecto a 2020. Lo más trágico es el dolor, sufrimiento, muerte y desapariciones que pasan los migrantes por tratar de mantener a su familia.

Los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior envían remesas a sus familiares en el Ecuador. Y estas constituyen una fuente de apoyo a la subsistencia de sus familias en el país. Así, en el 2020, se recibieron 3.338 millones de dólares, una cifra record. De este total, el 60% correspondió a las remitidas desde EE.UU., siguiéndole las que envían los residentes en Europa. En el primer trimestre de 2021, las remesas enviadas por los trabajadores ecuatorianos representaron 920 millones de dólares que, comparado con igual trimestre de 2020, significaron un incremento de 27.6%, lo que implicaría que se superarían, en 2021, las remesas de 2020.

El deterioro de las condiciones del mercado de trabajo y de las condiciones de vida, agravadas por la pandemia, obliga a muchos ecuatorianos migrar para sostener a sus familias. Muchos pasan de manera ilegal las fronteras, principalmente de EE.UU, pero es el costo que tienen que pagar para ayudar a sus familiares. Pero las remesas, en la pandemia, no solo han servido para este propósito sino que también son fuente que contribuye a la reactivación económica. Tal es el aporte, que las remesas, en 2020, estuvieron muy cerca del monto de exportaciones de banano, que alcanzaron 3.669 millones de dólares. O en otras palabras, las remesas son un puntal de la economía ecuatoriana.

Luis Rosero M.

En la marcha se unieron el FUT, la  CONAIE y la UNE. La organización de los trabajadores se manifestaba contra la reforma laboral del gobierno, la CONAIE reclamaba por el mecanismo de fijación de precios de los combustibles y los maestros demandaban la vigencia la las reformas a la ley Orgánica de Educación Intercultural. Los maestros de UNE habían iniciado una huelga de hambre para exigir que se cumpla con las reformas que, en lo fundamental, establece la jubilación de los maestros, a los 20 años de trabajo, y con una remuneración de 1000 dólares. La repuesta del gobierno fue que no estaban pintados en la pared y no cederá a las presiones. Acusó a los dirigentes de la CONAIE de vestirse de pobres pero responden a intereses mercantilistas y a los que no se debe entregar el subsidio. Entre tanto, el Comandante del Ejército declaró, en ceremonia, que se han multiplicado los riesgos por la grave alteración interna, como se evidenció en Octubre de 2019, que deben ser enfrentados con absoluta decisión y firmeza. O en otras palabras, el uso de la fuerza. Antes, en el programa La Posta, de Canal 10, se había atacado ferozmente a Iza, presidente de la Conaie, y también la protesta indígena recibió fuertes declaraciones de un ex vicepresidente. Se deja entrever así la estrategia gubernamental.

Los productores arroceros y de El gobierno enfrentó una serie de protestas de varios movimientos sociales y de los productores de arroz y banano que reclamaban por varios motivos y, en el caso de los segundos, por el irrespeto a los precios oficiales. La estrategia del gobierno es negociar caso por caso y realiza mesas técnicas en el caso de los productoresbanano cerraron varias vías del Guayas, Los Ríos y El Oro por el incumplimiento de los precios oficiales. Hace unos días, el gobierno decidió aumentar un dólar el precio de sustentación del arroz, lo que no satisfizo a los arroceros y, los bananeros, protestaban por el no pago oficial de la fruta. no cumplen con la fijación del precio oficial. Tanto los dueños de piladoras y los exportadores, con dicha práctica, perjudican a los productores bananeros. Se trata de formas depredatorias con los que los estos dos grupos de empresarios aumentan su rentabiidad y el gobierno no atiende y resuelve a tiempo los reclamos de los productores agrícolas. La táctica del gobierno es llamar a mesas de diálogo, pero los resultados no responden a las legítimas demandas de los productores. El problema estructural de fondo, en la cadena de comercialización en la agricultura, es que la mayor parte En ambos casos, se trata de una práctica de los dueños de piladoras que no respetan el precio del arroz y, por otro lado, de fijar un precio que no cubre los costos de producción. En el caso del banano, los exportadores de los excedentes se queda en manos de los comercializadores y los productores apenas cubren sus costos.

En cuanto, a los maestros que exigen la aplicación de la ley de Educación Intercultural la repuesta del último ministro de Finanzas del gobierno anterior y del actual fue que la jubilación de los maestros,  con 20 años de servicios,  aumentaría fuertemente el déficit actuarial del IESS y no podría financiarse. La consulta del IESS, a la Corte Constitucional (CC), sobre las reformas fueron declaradas constitucionales pero dejo pendiente la aplicación de la jubilación especial y de la remuneración y dio 7 meses de plazo a la Asamblea hasta que se subsane los vicios formales de inconstitucionalidad (ver el impacto en el déficit actuarial y el financiamiento de las pensiones). Si bien representa un triunfo parcial para los maestros hay que esperar los 7 meses para que la CC defina sobre el régimen de jubilación y remuneración de los maestros.

En síntesis, las manifestaciones de los movimientos sociales, maestros, productores arroceros y bananeros muestra que el lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta social para que se atiendan sus pedidos. Es la táctica que usan dichos grupos para que se atiendan sus reclamos y sentar en la mesas de negociaciones al gobierno y éste responde con advertencias a los movimientos sociales en caso de alterar la paz social y a los productores agrícolas se les plantea mesas técnicas al igual que se hizo con los transportistas que piden la focalización del subsidio de los combustibles.

Un grupo mujeres ecuatorianas han logrado ganar sendos certámenes internacionales,  periodísticos y escribiendo grandes obras literarias demostrando su capacidad física e intelectual que se constituyen en un ejemplo para sus pares y el país. Muestran así que tienen talento y fortaleza para  alcanzar grandes triunfos al igual que los del sexo opuesto.

En efecto, en el campo deportivo, la pesista Neisi Dajomens, de solo 23 años, ganó la medalla de oro, en la categoría de 76 kg., en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, siendo la primera mujer en ganar dicha medalla en esos juegos. En su brillante carrera ha ganado varios certámenes internacionales. En 2011 logró el campeonato panamericano y sudamericano en categoría infantil. En los Juegos Panamericanos de Toronto alcanzó una medalla de plata. En toda su trayectoria ha mostrado ser una deportista brillante y de élite. Nacida en el Puyo, Pastaza. En la categoría de 87 Kg, Tamara Salazar logró la medalla de plata, la segunda mujer ecuatoriana en ganar en dichos juegos una presea. En su fulgurante carrera, alcanzó en 2019 el campeonato Sudamericano y medalla de bronce en los Panamericanos de Lima y, en 2021, logró el triple Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open de Colombia. Nacida, en el Valle del Chota, Carchi, cuna de grandes deportistas le dio al país un nuevo triunfo en halterofilia, un nuevo deporte, en el que brillan las mujeres de la amazonia y Carchi, ésta última hogar de Richard Carapaz, también campeón Olímpico en Tokio 2021. Además el país obtuvo 4 diplomas olímpicos de los cuales 3 fueron logrados por mujeres. Todos estos deportistas han denunciado la falta de apoyo de los 2 últimos gobiernos, sobre todo el de Moreno le resto recursos y eliminó el Centro de Alto Rendimiento, que fue creado en el gobierno de Correa.

Además, en ciclismo la riobambeña Miriam Nuñez, en Noviembre de 2020, se coronó campeona de la Vuelta Femenina a Colombia, repitiendo su triunfo, el 1 de Agosto de 2021, ganando el campeonato de la Vuelta al Gran Santander, en dicho país.      

Pero las mujeres ecuatorianas, no  solo brillan en deportes de fuerza física sino también en ajedrez y literatura. En efecto, Carla Heredia, quiteña, la primera maestra de ajedrez ecuatoriana, obtuvo el Campeonato del US Women Open, en Las Vegas, Estados Unidos, en Junio de 2021. Logró el título del Mundial Amateur en 2014, el primero que alcanza Ecuador. En el 2020 obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Estatal de California. En ese mismo mes y año, otra de sus colegas, Martha Fierro, guayaquileña, ganó  el ‘Queen’s Chess Festival’, organizado por la Comisión International de Ajedrez Femenino, ella lidera el ranking histórico de las ajedrecistas ecuatorianas.

En literatura, las escritoras ecuatorianas sobresalen en el boom de la literatura latinoamericana y brillan en la literatura mundial. Son cuatro guayaquileñas: Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Sabrina Duque y Solange Rodríguez, formadas por Cecilia Ansaldo en la Universidad Católica de Guayaquil. Ojeda, ya en 2017 apareció en la lista Bogotá 39 que incluyó a los 39 escritores de ficción menores de 40 años con más talento y en 2021, la revista Granta, la seleccionó como una de las 25 jóvenes menores de 35 años más prometedores de la literatura en lengua española. Tiene varias obras publicadas con editoriales españolas, de las que sobresalen a nivel internacional la novela Mandíbula (Candaya, 2018) y sus últimos libros Historia de la leche (Candaya, 2020) y Las Voladoras (Páginas de Espuma, 2020). Es profesora en universidades españolas. Sus publicaciones están disponibles en Amazon.

Ampuero destaca por sus cuentos. Publicó Pelea de Gallos (Páginas de Espuma, 2018), que ha sido traducido al portugués y otros idiomas. Su última publicación es Sacrificios Humanos (Páginas de Espuma, 2021). Sus obras también están disponibles en Amazon. Sabrina Duque, tiene varias publicaciones. En 2017, Lamas con la que ganó una mención de honor del Municipio de Quito y en 2019 lanza en Nicaragua Volcánica (Penguin Random House). Solange Rodríguez en 2010, con Balas, ganó el premio Joaquín Gallegos Lara por el mejor libros de cuentos y en 2018 publica otro libro de cuentos La primera vez que vi un fantasma (Candaya) que obtuvo una mención de honor en el concurso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en 2019 otra mención de honor del premio Joaquín Gallegos Lara. Lo que distingue a estas escritoras guayaquileñas es su creatividad y calidad literaria que  concentra, envuelve y enmiela al lector que es típico de las buenas obras literarias. Es por eso que las cuatro han sido publicadas por editoriales extranjeras y algunas de sus obras están en plataformas de audio libros y  libros electrónicos, por ejemplo Storytel.

A ellas, se suman la periodista Isabela Ponce ganó, en Mayo de 2021, el premio Ortega y Gasset por su reportaje Mujeres que le ganan a desierto, en el que relata la lucha de 4 mujeres en una zona desértica, cercana a Cuenca.

La capacidad física, su talento e intelecto es lo que ha llevado a estas grandes mujeres a tener una brillante trayectoria que constituyen un ejemplo para sus congéneres y para todo el país. Han aportado al Ecuador y al mundo con sus triunfos deportivos, reportajes periodísticos y obras literarias, ganados por su esfuerzo y creatividad. Felicitaciones a estas grandes mujeres ecuatorianas.

Luis Rosero M.

En su discurso de posesión, Castillo, en su plan de gobierno, priorizó la lucha contra el coronavirus, la reactivación económica para generar empleo, lucha contra la corrupción y una fuerte política social para ampliar y mejorar los servicios públicos a fin de mejorar las condiciones de vida de los peruanos.

En cuanto a salud, señaló que ésta es un derecho que el estado debe garantizar. En primer lugar, la vacunación anticovid y la construcción de un sistema de salud que priorizará la atención médica primaria. Para ello construirá hospitales en las diferentes regionales, mejorará la atención de centros y postas de salud y un equipo móvil para atender a las familias.

Planteó el respeto a la propiedad privada, redistribución de la riqueza, control de los monopolios, en especial los del gas y las medicinas, crédito barato a través del banco de la nación, promoción de la inversión y la aplicación del criterio de la rentabilidad social en ésta.

Para la reactivación económica y generar empleo, realizará un programa de inversión pública en infraestructura regional y generación de empleo temporal, reprogramación de deudas de las pymes, programa de crédito para la protección del empleo y priorización de los sectores más afectados por la pandemia: agricultura, pymes, turismo y transportes. En los proyectos de inversión pública se priorizará los de agua, alcantarillado y saneamiento; en  vivienda, se impulsará el programa Techo Propio. Hará un reordenamiento del sector minero estableciendo reglas claras. En el sector pesquero asegurará la sostenibilidad. En cuanto a la agricultura asignará más recursos al Fondo Fae Agro y fortalecerá el Agrobanco para el impulso del pequeño agricultor y economía campesina. Fortalecerá del Programa Nacional Mujer emprendedora otorgando créditos. En cuanto a petróleo, la empresa petrolera nacional participará en todas las etapas del proceso incluyendo la comercialización de derivados y regular así sus precios. En transporte y comunicaciones, fomentará la construcción de caminos rurales y mejorará el transporte público. Protegerá el medio ambiente. En lo fiscal, aplicará mecanismos para reducir la evasión y elusión tributaria.

En cuando a la política social, plantea un aumento del presupuesto para la educación pública y superior. En la primera comenzará con el fortalecimiento de la educación parvularia y primaria. Establecerá en las zonas rurales, viviendas y centros de recursos pedagógicos para docentes; alimentación para estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria. En zonas rurales y urbanas implementará un programa de compras estatales con productos locales, para combatir el hambre. Fortalecerá la protección social con el acceso y derecho pleno a salud y pensiones.

En lo política, buscará la formación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1993 para cambiar, entre otras, las disposiciones que benefician a las grandes corporaciones. Como un gran signo de cambio planteó que no gobernará desde el Palacio de Pizarro, para romper con ataduras de dominación y establecerá en éste el nuevo Ministerio de Culturas.

En síntesis, Castillo establecerá un plan de gobierno nacionalista (elaborado por Francke, su asesor económico) con fuerte énfasis en la política social, priorizando la salud, educación y protección social; una reactivación económica, impulsando la agricultura, pymes, turismo y transporte, para generar empleo, apoyo para las pymes, la mujer y sector informal; renegociará los contratos de inversión en sectores estratégicos con las transnacionales para mejorar los ingresos del estado y aplicará mecanismos para reducir la evasión tributaria. Para llevar a cabo su propuesta, tendrá que luchar en dos frentes. Uno, al interior de su propio partido y con su líder, quien ya le impuso un Jefe de Gabinete, que llevó a Francke a rechazar brevemente el Ministerio de Economía que finalmente aceptó, y, por otro lado, con los partidos de derecha, que dominan el Congreso, y los grupos económicos y sus aliados que buscarán defender sus intereses. Su plan está orientado a la redistribución del ingreso, con servicios públicos de calidad, para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los peruanos, reducir la pobreza y el hambre. Para financiar su plan, buscará obtener mayores ingresos para el estado con la renegociación de contratos que explotan recursos naturales y, por otro lado, reduciendo la evasión tributaria. Castillo tendrá un gran desafío económico –por la contracción de 11.1% del PIB en 2020-, social –para mejorar el bienestar debe reducir el déficit fiscal- y político –debe enfrentarse a los radicales de su partido, negociar por su minoría en el Congreso y con los empresarios-.

Luis Rosero M.

El maestro Castillo ganó, por escasa diferencia, generando un terremoto político, en un país dominado por el neoliberalismo en los últimos 30 años, representando un viraje de 360 grados, que implicará un cambio de rumbo en la política, economía y en lo social. También significará una dura batalla, contra la derecha, por mejorar las condiciones sociales de la mayoría de los peruanos. El resultado electoral demuestra que hay un país dividido entre los de arriba y los de abajo.

Castillo, un maestro de escuela rural, ganó en las urnas pero tuvo que enfrentar una dura batalla en el contencioso electoral para que se le reconozca su triunfo. Se enfrentó al poder detrás de Keiko Fujimori, financiada por grupos económicos y de la derecha. Al final, el organismo electoral rechazó las impugnaciones de irregularidades en las votaciones y reconoció el triunfo que significó una derrota de las élites, pues un sencillo maestro  rural las derrotó, que había colocado presidente en los últimos años. Es golpe duro para la derecha.  ¿Pero porque el triunfo? Veamos.

En lo político, en 4 años Perú tuvo 4 presidente y Castillo será el quinto, reflejando la inestabilidad política. Así, Kuczynski ganó la Presidencia en 2016 pero renunció en 2018 por escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht; Vizcarra vicepresidente asumió la Presidencia pero en 2019 el Congreso lo destituyó acusado de corrupción. Merino fue el sucesor y asumió el mando por 5 días y se vio obligado a renunciar por las protestas en su contra y, finalmente,  en Noviembre de 2020, asumió Sagasti como Presidente de transición, siendo el tercero en una semana. Pero recordemos, que Keiko Fujimori estuvo presa acusada de corrupción vinculados a Odebrech. Además, Toledo, ex presidente (2001-2006), fue detenido en EE.UU., por pedido de extradición a Perú, sobre el que pesa una orden de prisión por 18 meses acusado de sobornos de Odebrech y tiene otra causa por lavado de activos.

El informe de la ONU, El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021, señala que en 2020 de los 650 millones que pasaban hambre aumentó en 118 millones de personas. Recalca el informe que no solo hay mayor inseguridad alimentaria sino que en A. Latina hay 60 millones más. El informe señala que la inseguridad alimentaria estaba vinculada a la pobreza, la pandemia aumentó la duración del encierro en relación a la informalidad, en AL, que pasó de 54% a 70%, llevaron a que se sumaran a las estadísticas del hambre la clase media. En Perú, con la mayor contracción de la economía en A. Latina, por la pandemia, creció la inseguridad alimentaria y el hambre.

En efecto, entre 2010-2019, la economía peruana creció a un promedio anual de 4.8% y, en el periodo 2015-2019 alcanzó 3.2%. Por el coronavirus, en 2020, la economía se desplomó, registrando una contracción de -11.1% provocando efectos económicos y sociales graves. Así, a partir de Marzo de 2020 la variación de la demanda interna se volvió negativa, desde ese mes,  alcanzando su pico más alto en Abril con -39.1%, tornándose positiva después de un año. Esta contracción provocó efectos en el ingreso, el empleo y variables sociales. Así, en el área urbana el ingreso real promedio per cápita disminuyó 22.5% y el rural 9% lo que llevó a que el gasto real promedio per cápita mensual disminuyera 16%.  La tasa de desempleo, a nivel nacional, fue 7.8% en 2020, según la CEPAL.  La pobreza aumentó en 2020 a 30.1% casi diez puntos más que en 2019. %, mientras que la línea de pobreza extrema casi se duplica pasando  de 2.9 a 5.1%. El aumento de la pobreza no es solo por la pandemia, ha venido creciendo año tras año, así línea de pobreza total, en el periodo 2009-2020, creció 42.8%, medida por el acceso la canasta básica. La tasa de desempleo informal (los que viven de lo que hagan en el día), a nivel nacional, fue de 72.7%, la urbana 66.4% y la rural 95.2%. Solo basta mirar las zonas marginales de costa, en especial de Lima, las condiciones sociales rurales en general y de la sierra y amazonia en particular, en que reina la pobreza, la exclusión social y el hambre, que la pandemia agravó, para explicar la decisión de las grandes mayorías marginadas.

 En síntesis, la corrupción, la pobreza, la informalidad, el hambre y el deterioro de las condiciones de vida llevaron al triunfo de Castillo. Es el resultado de políticas neoliberales adoptadas por los últimos gobiernos que conducen a la concentración del ingreso y riqueza e injusticia social. Por eso, dado el nerviosismo de los empresarios, antes de asumir el poder, en una hábil estrategia,  nombró a Pedro Francke como asesor económico, respetado por empresarios y la academia, y, por otro lado, ratificó al Presidente del Banco Central. Francke ha declarado que Castillo aplicará una economía de libre mercado pero con redistribución del ingreso con aumento del gasto en salud y educación y mayor apoyo a microempresarios. Renegociará los contratos mineros y petroleros. Y llamará a una Asamblea Constituyente para cambiar la constitución. En otras palabras, redistribución del ingreso para aliviar la situación de pobreza y empeoramiento de las condiciones sociales de gran parte de los marginados. Este es el gran desafío de Castillo para lo cual deberá enfrentarse con los intereses de la derecha, a los partidos de esa orientación y el poder mediático. Las élites latinoamericanas no entienden que si no hay servicios públicos dignos, distribución del ingreso y la riqueza, los de abajo llegaran al poder para llevar a cabo estas políticas y aliviar la pobreza para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Luis Rosero M.

Si bien se conoce la ideología neoliberal, el gobierno arma pausadamente su modelo de política pero la protesta social frena la implementación de la libertad de mercado en todos los sectores de la economía.

En efecto, en el mercado de bienes del sector agrícola, en el caso del arroz la protesta de los agricultores de la costa llevo al gobierno a negociar y formar una mesa técnica para llegar a una propuesta consensuada. Recordemos que, en el gobierno de la revolución ciudadana, había un esquema de sostenimiento de precios y, en ese, era vital la Unidad Nacional de Almacenamiento, ente estatal que jugaba un rol importante en la regulación de precios de la gramínea. En consecuencia, el libre mercado en el arroz no pudo seguir aplicándose por la protesta de los arroceros. A esa protesta se unieron los productores de banano quienes demandan el respeto al precio oficial de la fruta. Se ha vuelto una tendencia que los exportadores paguen por debajo del mismo perjudicando a los productores. Existe una formula con el que se fija ese precio a varios factores que incluye el precio internacional de la fruta y los costos de producción de manera que no se perjudique tanto a exportadores y productores. Así mismo, respecto a la liberalización del precio de los combustibles los transportistas paralizaron este servicio, en Quito y Guayaquil, obligando al gobierno a un diálogo para tratar de establecer una focalización del subsidio a los combustibles que, como en banano, se fija en función de una fórmula que incluye el precio internacional de petróleo y otros factores. Pero desde que se estableció este mecanismo ha venido subiendo constantemente el precio del diésel, combustible que usa el transporte de pasajeros y carga, afectando los costos de los transportistas y sus ganancias.

En cuanto al comercio exterior, el gobierno expidió una reforma arancelaria que elimina o reduce el arancel de 667 productos. Los ítems incluyen algunos grupos de productos. Entre ellos están los de informática, piezas y accesorios; vehículos automotores, piezas y accesorios; aceites y grasas animales y vegetales; maquinaria agrícola, fertilizantes y algunos productos agrícolas, carnes, frutas, cereales importados, etc. entre los más importantes. La estrategia del gobierno apunta a reducir el costo de los insumos importados de los sectores señalados para ganar competitividad. Sin embargo, al reducir el arancel a algunos productos, por ejemplo agrícolas, que se producen en el país, afecta a la producción nacional. El gobierno continua con su intención de la liberalización del comercio exterior para supuestamente impulsar las exportaciones. Para ello, se ha fijado como meta que, a fines de año, este firmado el tratado de libre comercio con México, que sería importante para el ingreso del país en la Alianza del Pacifico, y luego seguirá con EE.UU. El riesgo de estos acuerdos comerciales que, si no son bien negociados, afectaría a algunos sectores, aumentaría las importaciones y saldrían dólares que sostienen la dolarización.

En el mercado monetario, el gerente del Banco Central anunció que en cuanto al precio del dinero, la tasa de interés, se establecerá un sistema de bandas. Actualmente, hay un esquema de fijación de esta tasa en función del promedio del sistema financiero más un porcentaje, pero hay un techo, más arriba se considera usura y es penalizada. Según el gerente, ese techo no responde a criterios técnicos y que con el nuevo esquema “Ecuador debería caminar a tasas de equilibrio por segmentos, en donde hay bandas superiores” Supuestamente, la aplicación del nuevo esquema, que regiría a partir del 1 de Agosto, llevará a una tendencia de la baja de la tasa durante el segundo semestre de este año. Ya algunos bancos, han decidido reducir en dos puntos la tasa de crédito de consumo. El mercado monetario está dominado por una banca oligopólica, que es controlados por 3 bancos más grandes, lo que complica la reducción de las tasas. Este es un sector clave por el gobierno por las relaciones con éste.

En lo que sí ha sido muy claro el gobierno es la reducción del tamaño del estado. El Presidente decretó la liquidación de Seguros Sucre, informó que venderá las gasolineras, el Banco del Pacifico y realizará la concesión de carreteras, telecomunicaciones, refinerías, hidroeléctricas, etc. En otras reformas estructurales como la del mercado de trabajo va despacio por las fuertes reacciones sociales que implican pero que seguramente estarán en los convenios que firme con otros organismos internacionales diferentes del FMI.

En síntesis, el gobierno toma precauciones en la liberalización de precios de ciertos bienes por la protesta social pero avanza rápidamente en la reducción del tamaño del estado y en la liberalización de la tasa de interés realiza estudios para implementarla, por lo pronto va por bandas. Lo que sí parece claro que, estas medidas, formarían parte del acuerdo con el FMI, y, en consecuencia el plan económico que aplique sería el de este organismo internacional lo que implica condicionamientos y efectos económicos y sociales. Pero nuevamente, el temor a la protesta social hará que el ajuste sea más lento y busque compensaciones sociales, a través de subsidios, que ayuden a reducir la desnutrición, el hambre y la pobreza.