Luis Rosero M.

En el caso de Isspol, de Ripley, hace más de un año que no recupera las inversiones realizadas en el exterior e interior, mientras que los que implicados en las transacciones de bonos del estado, de propiedad del Isspol, no han sido sancionados y la escasez de fondo no permite a sus afiliados poder gozar de las prestaciones de la seguridad social. Ya en 4 artículos hemos señalado, en base a informes oficiales e información periodística, las implicaciones de la falta de recuperación de inversiones, quienes participaron en estas, las fallas de los organismos de control, la falta de acción judicial y parece ser que el caso va diluyéndose.

El Isspol realizó inversiones financieras,  canjeando bonos de deuda externa del Estado, con IBcorp y HYBF por 537 millones, en dos operaciones, empresas de Jorge Cherrez, que todavía puede recuperar. Solo por la acción de la justicia americana conocemos que fue detenido John Luzuriaga, ex jefe de inversiones del Isspol, y acusado de lavado de activos; también los fiscales americanos pidieron orden de arresto para Cherrez y ahora a Luis Alvarez, ex jefe de operaciones de Decevale. Luzuriaga, en un email, reconoce que recibió coimas de parte de Cherrez para realizar las transacciones con sus dos empresas. Mientras que aquí, en el país, se ha iniciado la investigación en el caso Isspol.

De acuerdo a la información de prensa e informes, en las transacciones de los bonos señalados participaron 5 casas de valores. En Ecuador, Citadel de Javier Neira; Capital Ventura de Héctor San Andres y Actival y, del extranjero, 3 casas de valores. Por otro lado, como señalé, en un artículo sobre el tema, en la primera transacción por 205 millones “el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación  con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.”  El Presidente de la Bolsa de Valores y de Decevale era, en esa  época, Rodolfo Kronfle, que, por la exposición mediática, renunció a los dos cargos. Por otro lado, la ex Ministra Romo “Agregó que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.”  El ex gerente de Valpacifico, José Ibañez, declaró “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.”

Por otro lado, el Isspol realizó inversiones internas, con varias empresas, entre ellas Delcorp y Ecuagran, que no han podido devolver ni capital ni rendimiento al Isspol y también se conoce que una de ellas a pesar de no haber cumplido con los inversionistas fue autorizada para realizar nueva emisión de inversiones. Los informes señalan que tanto, en las inversiones externas e internas del Isspol, falló la Superintencia de Compañias en realizar el control. El Intendente de Valores, Carlos Murillo, fue destituido, pero no pasó nada respecto a sanciones.

El coronel Renato Gonzalez, dijo a Primicias que “este entramado demuestra la participación de una estructura criminal organizada, con características político-económicas transnacionales. Y coincide en la figura de un mercado de valores paralelo que, según este medio, está “caracterizado por transacciones opacas y por la falta de información sobre los beneficiarios finales de este esquema según coinciden autoridades y especialistas del sector bursátil.”

En síntesis, hay informes del interventor del Decevale y otro del Banco Central, se conocen quienes participaron en las negociaciones de las inversiones del Isspol, hay declaraciones de directivos del Isspol y de casas de valores, hay indicios de las fallas de control de la Superintendencia de Compañias y el propio Cherrez señaló que se reunió con directivos de la Bolsa de Valores y Decevale. Sin embargo, lo cierto es que el Isspol no ha recuperado los recursos, tanto de las inversiones externas y externas, y no pasa nada. Se alarga el proceso de investigación y, cómo va el proceso, parece ser que los culpables seguirán campantes y los afiliados al Isspol no pueden recibir las prestaciones de la seguridad social por fallas en su gobierno corporativo, corrupción y manejo no profesional de las inversiones, agravadas por la fallas del organismo de control y lentitud de las investigaciones.

Luis Rosero M.

En el artículo anterior, sobre el tema, señalé que hay varios estudios sobre la crítica  situación del fondo de pensiones del IESS, uno de la OIT y otro contratado por el IESS que señalan los factores de la crisis de este fondo que son: la reducción de la distribución del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM) para trasladarse al fondo de salud; el quitar, por ley, el aporte del 40% por el gobierno al IESS.  En este artículo, se agregan otros factores.

En mi artículo, publicado el 10/Febrero/2020, en este blog, sobre este tema,  señalé: “otro aspecto que afecta al financieramente al fondo de pensiones son las inversiones financieras del BIESS. El informe actuarial mencionado señala al respecto que “Otro de los factores que afectan al financiamiento del IVM es ….la tasa de rendimiento financiero mínima que deben generar las inversiones del BIES, con la finalidad de optimizar el rendimiento de este portafolio aprovechando las alternativas que ofrece el mercado financiero…”. Dicho informe hacía referencia a las inversiones financieras que hace el BIESS en títulos valores del estado. Según diario El Comercio, en 2018, la compra de bonos estatales por parte del BIESS llegó a 7.382 millones de dólares, pero lo más preocupante es que en su balance, de ese año, aparece una pérdida de $ 751.378,32 dólares, lo que refleja los problemas financieros del BIESS. En 2019, de los bonos de deuda interna emitidos por el gobierno por 1400 millones servirán para renovar la deuda con el BIESS, para cubrir los vencimientos que tiene el Ministerio en 2020, el primero de los cuales fue en Enero de este año. La duda que asalta a los jubilados y afiliados es ¿hasta cuándo habrá recursos para que el IESS pague las pensiones?, lo cual obligará a reformas en el sistema de seguridad social.”

El documento Ecuador: pensiones en riesgo, presenta un diagnóstico del sistema de Invalidez, vejez y muerte, fue solicitado por el Ministerio de Finanzas e IESS, elaborado por Augusto de la Torre y Rudolph Heinz, con el apoyo técnico del Banco Mundial (BM), y algunos especialistas, (profesores de universidades ecuatorianas y técnicos, entre los que esta Jorge Madera, representante del presidente Lasso en el IESS. El diagnostico señala los principales problemas:

El IVM presenta un déficit de caja creciente el cual no puede financiarse por más tiempo, lo que se explica porque el IESS ofrece muchos más beneficios de jubilación que los aportes; el fisco no podrá financiar dicho déficit por su crecimiento continuo; esto implica un subsidio que, al aumentar la cobertura, crece la insolvencia del sistema; el sistema IVM solo cubre a un tercio de la fuerza laboral; el sistema es inequitativo, subsidia más a los afiliados de  altos ingresos; la tasa de aporte es baja; la pensión máxima ($ 2.200) es alta en relación al salario medio. La conclusión es que el sistema de pensiones es financieramente inviable y fiscalmente insostenible. En consecuencia, se requiere una reforma al IVM a su financiamiento, reforma al gobierno corporativo y administración del IESS así como a la gestión de sus activos pero por si solas no son capaces de resolver el déficit del sistema IVM. Es problemas es estructural. Con este diagnóstico y conclusiones se pueden inferir que medidas se podrían tomar. Una, de carácter estructural, es en cuanto a la administración del IESS: privatizarlo o concesionarlo. Si se decide que el IESS siga existiendo, podría darse: dado el déficit fiscal, un aumento de los aportes de los afiliados, reducción de los beneficios a los afiliados, aumento de la edad de jubilación y limitar o reducir las pensiones.

En síntesis, los estudios determinan que la crisis del fondo de pensiones del IESS están relacionados con el cambio de la distribución entre los fondos de pensiones y salud, el retiro del aporte del estado, exceso de beneficios a los jubilados y afiliados. El riesgo que se corre es que no se puedan pagar las pensiones a los jubilados lo que implicaría un grave problema social. Le toca al gobierno de Lasso tomar una decisión sobre la crisis del IESS pero que debe ser equilibrada para no perjudicar a los jubilados so pena de la protesta social.

Luis Rosero M.

Las tasas de interés, antes de la reforma al Código Monetario y Financiero, son determinadas por el Directorio del Banco Central que a su vez responden a las condiciones del mercado monetario. El precio del dinero (tasa de interés) en un mercado oligopólico son fijadas por los grandes bancos.

Después que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley del Costo Máximo Efectivo del Crédito, aprobada en Julio de 2007, facultó al Banco Central del Ecuador para que estableciera las tasas de interés de acuerdo a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (LRMBE) Con dicha ley se eliminaron las comisiones en las operaciones de crédito y se establecieron segmentos y subsegmentos de crédito con tasas de interés diferenciadas.

El directorio del BCE, el 28 de Diciembre de 2007, con la regulación 153, determinó el sistema de tasas interés estableciendo 3 tasas importantes: la activa referencial (promedio ponderado del sistema), tasa pasiva referencial (igual a la tasa de interés activa referencial para el segmento comercial corporativo) y la tasa de interés efectiva máxima que correspondería a la tasa promedio ponderada, multiplicada por un factor a ser determinado por el directorio del BCE. Si las tasas que cobraban los intermediarios financieros superaban la tasa efectiva máxima se consideraba de usura y el BCE imponía multas. En Octubre de 2005, se publica la reforma a la LRMBE cambiando la constitución del directorio del BCE por lo que este pasó a estar conformado por 6 miembros: 3 ministros y 3 funcionarios públicos, con lo que el ejecutivo tomó el control de la política monetaria. El 12/9/2014 se publica el Código Monetario y Financiero que determina la creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, con lo cual dicho organismo pasa a determinar las tasas de interés, a partir de esa fecha.

En Septiembre de 2020, la Junta Monetaria y Financiera, redujo el número de segmentos y subsegmentos de crédito de 26 a 13, los cuales se irán aplicando de manera progresiva en 5 meses que cambia la metodología del cálculo de las tasas de interés que se basarían en: el costo de fondeo, riesgo, costos operativos y costo de capital. Esta nueva metodología estaría orientada a la liberalización de las tasas de interés. Por la eliminación de la mitad de los segmentos, aumentó las tasas de interés para pequeñas empresas. A Junio de 2021, las tasas activas para el segmento productivo empresarial alcanzó 10.21%, productivo Pymes 11,83%, consumo prioritario 17.30%, microcrédito minorista 28.5% y la pasiva referencial 5.51%, entre las más importantes. Las tasas internacionales, al 2/06/2021, fueron para la libor us 0,085 % y la prime, a 180 días, 3.25% (al 29/01/2021). Hay una  gran diferencia entre estas tasas de interés internacionales con las que rigen en el país. Las altas tasas en el país se explican porque el mercado del dinero es oligopólico, lo cual quiere decir que los 3 grandes bancos, establecen tasas marcadoras e imponen el nivel de las tasas de interés. Por otro lado, nótese el amplio margen entre las tasas activas y pasivas que, entre las tasas señaladas, van alrededor del 5% al 23%, lo que lleva a grandes ganancias a los bancos.

Con la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la defensa de la dolarización, publicada en Registro Oficial 443, del 3 de Mayo de 2021, divide a lo que era la Junta Monetaria y Financiera en dos. Una es la Junta de Política y Regulación Monetaria que, entre otras de sus funciones, establece las tasas de interés. El gobierno de Lasso ha solicitado a la banca bajar las tasas de interés para créditos de consumo y para microempresas, que están entre las más altas. Para tal efecto, debe observarse lo que establece la disposición transitoria primera de la ley reformatoria que señala que la estructura y funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF) y del BCE se mantendrán vigente hasta antes de esta reforma mientras se conforman las dos Juntas (Monetaria y la Financiera) dentro del plazo de 90 días. O sea, la JPRMF seguirá actuando, está conformada por el Ministro de Finanzas Simón Cueva (ex representante del FMI en Bolivia, el Ministro de la Producción, Julio Prado, ex presidente de la Asociación de Bancos Privados, Marcos López, representante del Presidente Moreno y que ha sido ratificado, y  Jairon Merchán, Secretario de Planificación,  a quienes le tocará a ésta decidir la baja de las tasas de interés, pero eso depende de los niveles en que se encuentran actualmente y de la decisión de los 3 principales bancos que son, en la práctica, quienes determinan las tasas de interés. La baja de éstas implica una reducción de las ganancias de los bancos. Hasta los 90 días, a partir del 3 de Mayo de este año, el gobierno podría decidir la baja de las tasas de interés. La pregunta clave es ¿se decidirá en función de la reactivación económica o en favor de los bancos o microempresarios, industria pequeña y mediana?

Luis Rosero M.

Lasso asumió el poder, nombró su gabinete y ya ha anunciado sus primeras medidas y futuras que configuran el modelo productivo y económico que implementará: neoliberalismo con un aparente rostro social insistiendo en que reduciría la pobreza y sus principales lacras.

El gobierno de Lenín Moreno (2017 – 2021), en lo económico, se profundizo la crisis económica y social, con la pandemia, y entregó el manejo de la política económica al FMI y organismos financieros internacionales. Firmó una carta de intención con el primero y con los otros convenios para obtener financiamiento. Se aplicó un ajuste y 4 reformas estructurales: liberalización del mercado de combustibles, avanzó en la reforma laboral, redujo el tamaño del estado y aprobó una reforma Código Monetario y Financiero. En lo social, estableció, de manera limitada, una serie de bonos para ayudar a los más pobres. Su legado fue un fuerte endeudamiento, graves desequilibrios macroeconómicos –principalmente el déficit fiscal, alto desempleo y subempleo- y, en lo social un crecimiento de la pobreza que alcanzó el 33% pero lo más grave es el aparecimiento del hambre y aumento de la indigencia que, a su vez, es la causa de la violencia y delincuencia.

Esta es la herencia de Moreno y Lasso que, con sus muchas promesas de campaña, le imponen un reto para revertir la contracción y reactivar la economía, reducir los desequilibrios macroeconómicos y pagar la deuda social reflejada, en el tercio de pobreza de la población, desnutrición infantil, hambre e indigencia. El modelo productivo que ha anunciado es el extractivismo profundizando la explotación petrolera y minera e impulsando la exportación de productos primarios. En cuanto a la política económica, sus ministros han planteado, una reforma laboral, apertura económica, reforma tributaria, reforma del estado y la implementación de la liberalización del mercado del dinero utilizando la reforma al Código Monetario y Financiero.

En cuanto a las reformas estructurales, la del mercado laboral buscaría implementar nuevos contratos de trabajo –por hora y por temporada- que avanzaría en la flexibilización laboral  que se inició con los contratos estipulados en la ley de Apoyo humanitario–aprobada en el gobierno de Moreno-. Pero, de manera muy hábil, no se tocaría el Código de Trabajo, y la nueva ley que se dictaría sería para los informales, emprendedores y desempleados y subempleados –que generó la pandemia- pero reduciendo los beneficios laborales. Esta reforma estaría enfocada a reducir los costos laborales que, a criterio del FMI y otros organismos internacionales, es la causa principal del desempleo y subempleo. Dicha reforma se complementaría con la apertura comercial. Ya se anuncia nuevos tratados de libre comercio, entre ellos, con México. Y, por otro lado, una reforma arancelaria que apuntaría a reducir los aranceles, para bajar costos de insumos, materias primas y maquinaria. Con la reforma comercial se apunta al aumento de exportaciones y reducción de costos de importaciones. Sin embargo, la apertura comercial tiene un impacto que afecta a la producción nacional. En todo caso, las dos reformas, se busca reducir costos empresariales para generar más competitividad. Pero esto es a nivel de la superficie, en lo estructural lo que se debe apuntar es al aumento de la productividad para reducir los costos empresariales y volver más competitivo al país.

La reforma tributaria –que anunció Lasso en la campaña- deberá esperar en cuanto a la eliminación y reducción de impuestos, por el déficit fiscal. Al parecer, por lo declarado por el nuevo Ministro de Finanzas, se apuntaría a aumentar la base tributaria de algunos tributos –en especial el de la Renta- y a la reducción de la evasión y elusión fiscal. La reforma al Código Monetario y Financiero que cambió la gobernanza del Banco Central y de la Junta Monetaria y la Financiera, la independencia del Banco Central y la delegación de la regulación monetaria y financiera, a miembros del sector privado, apuntaría a la liberalización del mercado del dinero. En cuanto a la reforma del estado el propio Presidente anunció la concesión de refinería, carreteras, telefónica y venta del Banco del Pacifico. Respecto a la política social, se seguirá con la entrega de varios bonos de ayuda a familias y se anunció otro, de carácter temporal, para combatir el hambre. Pero la falta de liquidez limitará la entrega de éstos. En suma, el nuevo gobierno está presionado por el cumplimiento de las promesas electorales –vacunación, empleo, reducción de la pobreza- y, por otro lado reactivar la economía, generar oportunidades laborales y reducir los desequilibrios macroeconómicos. Para ello, cambiaría el modelo productivo y aplicaría una política económica neoliberal. Pero tiene que actuar con prudencia –por el estallido social en Colombia y los logros de la protesta social en Chile- y reducir pronto el hambre y la indigencia pues se corre el riesgo de un estallido social.

El gobierno de Lasso, de derecha, asume el poder, con los acontecimientos de protestas en Colombia por reformas antipopulares y el triunfo de los independientes e izquierda, en la conformación de la Asamblea Constituyente, que busca cambiar la constitución de Pinochet. Esto implica una espada de Damocles que pesa sobre los gobiernos latinoamericanos si quieren imponer un modelo que afecte a los intereses populares.

En Colombia, la protesta social lleva ya 3 semanas que unido a un paro nacional ha logrado que el gobierno retire la reforma tributaria –que entre otras cosas aumentó el IVA a ciertos productos de la canasta básica- y también deje sin efecto el proyecto privatizador de la salud. Es que ambas reformas implicaban afectar los intereses populares, pues significaban reducir los ingresos de la población y agravar sus condiciones de vida ya deterioradas por la pandemia que reveló el aumento de la pobreza y concentración de la riqueza, o sea que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. La protesta social tiene paralizado al país, el gobierno ha intentado imponer las reformas a sangre y fuego a tal punto que ya van 50 muertos y miles de desaparecidos. El costo ha sido alto para la población, pero frenó los intentos del gobierno de cargarle más impuestos y encarecer los servicios de salud.

Por otro lado, en las elecciones chilenas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente (AC) , municipales y regionales así como gobernadores. Los resultados muestran la posibilidad de la ruptura y cambio del modelo chileno que estableció Pinochet. Así de los 155 miembros de la AC, los independientes lograron 48 curules (31%), 17 de las nacionalidades indígenas (11%) –entre ellas, los mapuches-, 28 de la izquierda (18%) y los de otros grupos que suman  en total 66%, mientras que la derecha solo alcanzó 37 (24%), lo que significa un doble logro. Por un lado, la derrota estrepitosa de la derecha y, por otro, la posibilidad de cambiar la constitución pinochetista. Pero más aún, la alcaldía de Santiago fue ganada por una economista de izquierda. Estos resultados son el reflejo de la imposición de un modelo que mercantilizó los servicios públicos, que tienen un precio internacional; para estudios superiores los padres tenían que endeudarse, donde se privatizó la seguridad social y la salud pública, que terminó fracasando, etc. En definitiva, un modelo que generó concentración de la riqueza y el ingreso, llevando al aumento de la pobreza, que creció aún más con la pandemia. Con el triunfo en la elección de la AC, el pueblo dijo basta a este modelo y ahora le toca el desafío de cambiar la constitución de Pinochet que reconozca los derechos sociales y distribuya equitativamente la riqueza que genera el crecimiento económico.

El nuevo gobierno ecuatoriano asume el mando, en este marco, que le pone límites al establecimiento de un modelo neoliberal y medidas que afecten el nivel de vida de la población. El pueblo está a la expectativa que Lasso cumpla con los compromisos de campaña. Nominó a su gabinete en el que son claves 4 ministerios: salud, gobierno, economía e inclusión económica y social (MIES). En el primero, designó a una ex funcionaria del Ministerio de Salud, en el correismo, que tiene el desafío de cumplir la promesa de Lasso de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno; nombró como Ministro de Gobierno a C. Monge, que renunció como asambleísta, pero que fue el arquitecto de derribar el pacto entre el correismo, PSC y CREO y a su vez lograr otro con el movimiento indígena (PK), ID e independientes, que logró la mayoría en la Asamblea. Monge mostró su habilidad política y su desafío es viabilizar la aprobación de leyes, reducir la delincuencia para fortalecer la seguridad ciudadana y control de la protesta social. El Ministro de Economía, S. Cueva, ex representante del FMI en Bolivia, tiene la tarea de reequilibrar y reactivar la economía poniendo como motor a la inversión privada. Tratará de implementar el modelo neoliberal. Ya Lasso anunció la concesión de refinerías, carreteras, CNT y el Banco del Pacifico, con lo cual se reduce el tamaño del estado. Pero su intención de aplicar una economía neoliberal tiene la barrera de la protesta social si trata de imponer medidas que afecten las condiciones de vida de la población. La Ministra del MIES, M. Montaño, tiene la inmensa tarea de pagar la deuda social y tendrá que aplicar una política social que luche contra la pobreza y el deterioro del nivel de vida provocada por la crisis económica que se arrastra desde 2019 y que fue agravada por la pandemia.

En suma, difícil la tarea del nuevo gobierno para enrumbar la economía y lo social. Las protestas en Colombia y triunfo de los antipinochetistas pondrán un límite, en Latinoamérica, al modelo neoliberal y las medidas económicas antipopulares que trate aplicar Lasso ya que agravaran aún más las condiciones de vida de la población. La protesta popular es el único lenguaje que entienden los gobiernos. Si bien, el espíritu del gobierno de Lasso es neoliberal deberá tener pragmatismo –más que ideología- y tendrá como freno la protesta social. Su reto es cumplir con las promesas electorales sin afectar las condiciones de vida de la gemte y enrumbar al país hacia el crecimiento así como redistribuir la riqueza y el ingreso para reducir el elevado nivel de pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.

Luis Rosero M.

La elección de las nuevas dignidades de la Asamblea llevó al pacto PSC-UNES y rompimiento de la alianza del PSC-CREO, y este último pactó con el movimiento indígena para nombrar a las principales autoridades de la Asamblea. Si dicho pacto y alianza, antes impensables, se ejecutaban hubieron  tenido una serie de consecuencias. En cambio el nuevo pacto de CREO genera una nueva mayoría en la Asamblea que es fundamental para las leyes y el proyecto político que impulsara el nuevo gobierno de derecha.

El pacto inicial, para elegir a las autoridades de la Asamblea, era PSC-UNES-CREO. Sin embargo, a la hora de elegir el Presidente de la Asamblea, CREO, con una hábil maniobra, se abstuvo en la votación impidiendo que Kronfle (PSC) sea elegido. Fue clave, la deserción de Rohn (PSC), por no haber sido seleccionado como candidato para dicha dignidad, pues este voto impidió dicha elección. Si  hubiera funcionado la alianza señalada, el nuevo gobierno debía entregar Ministerios, Gobernación del Guayas, cargos en Juntas Monetaria y Financiera a miembros del PSC, embajadas, etc.  y podría haberse dado intervenciones en el caso ISSPOL. Al no funcionar el pacto, no se formará la Comisión de la Verdad que, al parecer UNES, buscaba revisar las sentencias a los miembros, pero ésta recibió otro golpe. El premio consuelo para UNES fue una vocalía del CAL. En cambio, el revés fue muy duro para el PSC pues no obtuvo la presidencia de la Asamblea, ni ninguna dignidad importante en ésta y se quedó sin participación en el nuevo gobierno y perdió uno de sus miembros.

Después de este alboroto, finalmente fue elegida Presidenta de la Asamblea Guadalupe LLori de Pachacutik (PK) con el apoyo de CREO, PK, ID e independientes que sería la nueva mayoría legislativa. Ella fue encarcelada por la acusación de terrorismo y sabotaje en el gobierno anterior, a fines de 2007. Al parecer, la intención del nuevo gobierno es enviar el mensaje de que no quiere ninguna relación con el correismo, por eso apoyó a Llori (PK), rival de esta corriente, lo que significa otro golpe para este movimiento. Otro de los efectos de esta elección, es ¿cómo un movimiento que se dice de izquierda pacta con la derecha?, lo que significa una contraposición del proyecto político de PK con el  de CREO,  que tendrá una serie de efectos en el movimiento indígena. Uno de ellos, es con Yaku Pérez  quien había manifestado que, si PK apoya a Lasso, él se retiraría de este movimiento, con lo cual CREO eliminaría a un rival y dividiría a PK. ¿Ahora hay que ver si Yaku renuncia? Si no lo hace implica que está de acuerdo con la negociación parlamentaria con CREO.

Con esta elección, el nuevo gobierno consigue una nueva mayoría legislativa –PK, CREO, ID, Democracia Sí –que revela su ansia de poder- e independientes- , que será vital para viabilizar las leyes que requiere su proyecto político. Por otro lado, seamos claros, la ruptura de la alianza PSC-CREO, es a nivel legislativo, no en cuanto a sus verdaderos intereses de fondo relacionados con los poderes económico y financiero, a los que representan, con los que hay un acuerdo sin limitaciones. Al igual, el pacto legislativo CRE0-PK, revelaría las contradicciones del movimiento indígena, en el que sus dirigentes por alcanzar el poder sacrificaron sus principios. Esto además, traerá consecuencias en las elecciones presidenciales de 2025.

Hay varias lecciones de la elección de la Asamblea. Primero, la hábil estrategia política de Monge para pactar y conseguir resultados para su partido. Segundo, el pacto impensable entre PSC-UNES fue desbaratado con la maniobra de Monge. Tercero, deja afuera del gobierno, al PSC. Cuarto, al apoyar elección en la Asamblea de miembros de PK  CREO consigue su apoyo legislativo, eliminaría a un rival político y dividiría a dicho movimiento. Quinto, deja claro que no quiere ningún pacto con el correismo. Sexto,  se demuestra que en política todo es posible, los partidos y movimientos pueden pactar con tal de obtener una cuota de poder, defender sus intereses y llevar adelante su proyecto político.

Luis Rosero M.

La protesta social estalló en Colombia, que ya lleva dos semanas paralizando al país, como repuesta al grave deterioro de las condiciones económicas y sociales desnudadas por la pandemia y agravada por un modelo de corte neoliberal que han empobrecido a la población y clase media, que es un reflejo de lo que sucede en A. Latina.

En Chile, a comienzos de Octubre de 2019, el gobierno decidió incrementar el precio del pasaje del metro. Esa fue la punta del iceberg que desató la protesta de la población en las calles. A mediados de ese mes el gobierno se vio obligado a suspender dicha alza, pero las protestas en varias ciudades continuaron. La represión fue brutal y causo más de 20 muertos. El gobierno, frente a la presión popular, pidió perdón por su falta de visión social y anuncio una serie de reformas sociales. Son varios los factores que están detrás de la revuelta: la concentración del ingreso y la riqueza, que produce desigualdad brutal entre ricos y pobres; la aplicación de un modelo económico neoliberal que le ha puesto precio a todo, hasta el agua. Para ir a la universidad, los padres requieren de un crédito para cubrir el costo de los estudios, el precio de los servicios básicos tienen niveles internacionales, etc. La pobreza ha crecido y, la vida en las comunas –barrios marginales-, es cada vez más crítica; el papel de los estudiantes, fue clave para el inicio de la protesta a las que se sumaron pobres, trabajadores y campesinos. La protesta continúo más de un año y fue aplacada parcialmente por la pandemia. Tal ha sido, la repercusión de la protesta que los manifestantes han logrado que se entregue 20% de los fondos de las AFP (en 2 partes), el llamamiento a elecciones para elegir los miembros que integren una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución de Pinochet. Un logro sin precedentes del estallido social.

En Ecuador en ese mismo mes y año, se desató la protesta social con la marcha indígena que obligó al gobierno a retirar el proyecto del alza de los precios de los combustibles. Sin embargo, la pandemia –que obligó a la desmovilización social- fue aprovechada por el régimen para liberalizar el precio de los combustibles y aprobar una serie de leyes que impusieron una flexibilización laboral y nuevos impuestos. A más de eso, mayor deuda externa, convenio con el FMI y medidas económicas antipopulares, mal manejo de la pandemia, vacunación VIP, corrupción y con la declaración del Presidente “Ojalá yo tuviera un mejor pueblo”, se tiene una idea de la clase de gobernante que tenemos.

En Colombia, como en Chile, el detonante de la protesta social fue el aumento del costo de la vida, que iba a aumentar con los impuestos contemplados en el proyecto de reforma tributaria que, entre otras cosas, aumentaba el IVA a la canasta básica. El estallido social, que se potenció con una huelga general, lleva más de una semana, en varias ciudades, y la represión brutal fue la repuesta del gobierno dejando ya más de 30 muertos y 80 desaparecidos, hasta el momento, en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ni los acuerdos de paz, con los guerrilleros, con su desarme, la muerte de Escobar y  ni los llamados al dialogo por parte del gobierno han parado la protesta social. Es que hay causas estructurales: pobreza por ingresos de 21 millones de personas (el 42.5% de la población); según una encuesta del DANE, de Marzo de 2021, el 57% las familias, de 4 miembros o más, declaraba que su situación económica era peor que hace un año, y 79.5% de éstas consideraba que no tiene posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., el desempleo de hombres era 22.5% y el de mujeres 42.1%. A eso se suma, que la mayor parte de la tierra está en manos de terratenientes, el estado y la iglesia.

Pero esta situación no es nueva. En la novela gráfica El olvido que seremos, adaptada por Tyto Alba de la novela de Hector Abad F. (2006), dedicada a su padre. Un médico, con conciencia, que hacía labor social en los barrios pobres y hospitales, retrata ya en 1945 la situación social de Medellín caracterizada por el hambre, desnutrición, carencia de agua potable, concentración de la riqueza, pobreza, desigualdad, miseria, violencia. Además, señala que fueron asesinados sus amigos progresistas y que tenían ideas liberales y luchaban contra los conservadores apoyados por la iglesia. Finalmente su padre fue asesinado por los paramilitares en Octubre de 1987. Es esta situación lo que llevo al surgimiento de la guerrilla. En síntesis, el estallido social en el fondo es por la desigualdad, pobreza, desempleo, corrupción, represión a la protesta social y militarización.  La población sigue dando lecciones: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta en las calles. Solo con ésta habrá posibilidades de algunos cambios en la política social y económica, pero a un alto costo de vida humanas. Es el precio que tienen que pagar los marginados por mejores días para sus familias.

Luis Rosero M.

Hay varios estudios y análisis actuariales de la situación del sistema de pensiones que confirman la crisis del IESS. Entre ellos está el de la OIT y el estudio actuarial contratado por el IESS que confirma la quiebra inminente y requiere que se tomen decisiones urgentes para enfrentar su crisis.

El estudio actuarial de Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM) del IESS – 2018, de la OIT, publicado en abril de 2020, tuvo como objetivo evaluar la estabilidad financiera del IVM en el corto y largo plazo. Considera 2 hechos relevantes: Uno, la resolución CD 501 de Noviembre de 2015 que cambio la tasa de redistribución entre tipos de seguros, pasando a partir de 2016, la de IVM que estaba en 9.84% a 5.96% para trasladárselo al seguro de salud. Dos, la Asamblea aprobó, en abril de 2015, la ley de Justicia Laboral, que liberó al gobierno del financiamiento del 40% al seguro de pensiones. Presenta conclusiones según el escenario.

Los escenarios más críticos son el 4 y 5 (el gobierno no entrega el 40% y contribuye menos del 28% al gasto prestacional) generando desequilibrios financieros “en el escenario 4, el primer año con resultado negativo sería 2025 y en el escenario 5, el primer resultado negativo sería en 2023. Se desprende de estos dos escenarios que el no cumplimiento por parte del Estado de su aportación completa podría traer consecuencias graves de muy corto plazo en el equilibrio financiero del Seguro de IVM. Se recomienda, por tanto, adoptar las medidas necesarias que aseguren que dicha aportación será entregada en su totalidad.” Para evitar el desequilibrio recomienda: “se recomienda adoptar una política de extensión de cobertura del Seguro de IVM, declarar como obligatoria la incorporación de los trabajadores independientes al IESS y fortalecer los procesos de afiliación y cobranza para disminuir la evasión en sus diversas formas”. La medidas centrales que recomienda el estudio es que se pague la aportación del 40% que no se realizó entre Abril 2015 – Diciembre de 2018, que el gobierno pague completa el 40% y que la reforma sea integral.

Un estudio actual, contratado y publicado por el IESS, recomendaba: “Las contribuciones estatales para cubrir el 40% de las pensiones constituye un factor de vital importancia en la situación actuarial del IVM, en el presente y en el futuro. Por lo tanto es necesario exigir la asignación oportuna y suficiente de las contribuciones del Estado.” Según el diario digital www.primicias.ec, refiriéndose a declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS,  reporta: “Según él “ese 28% nos ha dado tranquilidad”. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal el fondo de pensiones solo tiene recursos hasta 2023.”

El gerente de la empresa Volrisk, que hizo estudios para el IEESS, según El Universo,  “que sí se le advirtió al gobierno pasado, en sus escenarios pesimistas, que podrían generarse problemas para el pago de pensiones, en el 2022. Explicó que el fondo IVM puede tener muchos activos, pero no líquidos. Por ejemplo, el aporte del 40% que da el Estado, en muchas ocasiones se ha dado en bonos del Estado.”  Y agregó, según la misma fuente, que “el gobierno de Lenín Moreno, pese a haber acordado retomar el pago del 40% se pagaron en efectivo $ 600 millones a fines del 2020 y $ 927 millones en bonos a cinco, diez y quince años plazo. A partir de enero del 2021 nuevamente el Estado entró en mora.”

En síntesis, estos tres estudios concuerdan que para evitar el déficit en el IVM, que pone en peligro el pago de pensiones, es vital que el gobierno aporte en efectivo y completa el 40%. El no hacerlo implicará problemas que enfrentaría el IESS para pagar las pensiones en 2023. Pero el estudio actuarial contratado por el IESS agrega otro factor: el rendimiento financiero de las inversiones del IESS.

Luis Rosero M.

En el cuarto intento, el gobierno logra que la Asamblea apruebe, con el apoyo de CREO, PSC, PK, BIN y otros, el proyecto de ley de defensa de la dolarización. En relación a la tercera versión de este proyecto la cuarta es más cosmética que, en lo fundamental, es una reforma al Código Monetario y Financiero (CMF) que cambia la gobernanza de la Junta Financiera y Monetaria, reforma al Banco Central y otras leyes

En el actual CFM, hay una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la política, regulación, supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Sus miembros son todos ministros y funcionarios públicos. El proyecto aprobado crea dos juntas: una de Política y Regulación Financiera cuyas funciones principales serán dictar la política crediticia, financiera, de seguros, valores y salud prepagada y regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero y en los 3 últimos señalados. La otra es la Junta de Política y Regulación Monetaria cuya función principal será de formular la política monetaria, establecer las políticas del Banco Central (BCE) y supervisar su implementación así como vigilar el cumplimiento de sus funciones. Los miembros de ambas juntas, antes 5,  serán 3, duraran 4 años y, en el caso de la Junta Financiera, se cambia el tercer requisito de experiencia de 10 años,  que se divide 6 años en funciones de dirección o administración en  lo monetario/financiero, seguros o valores u organismos de regulación, supervisión o control en esos ámbitos y 4 años por catedra universitaria en dichos ámbitos. Para el Banco Central se exige solo la experiencia en lo monetario/financiero.

En relación a la Junta Financiera, se elimina el art. 15 del CFM quitando las funciones macroeconómicas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.

En cuanto al BCE, sus funciones principales serían instrumentar la política monetaria para promover la sostenibilidad del sistema financiero y monetario; elaborar, coordinando con el Ministerio de Finanzas, la programación macroeconómica; preparar informe sobre el presupuesto del estado; elaborar los informes de liquidez; informar sobre la sostenibilidad de las reservas para para operaciones de deuda y administrar la RMI. En sí, se cambian, por hipótesis, las funciones del BCE muy cercanas a las determinadas por la Constitución de 1998 y la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de diciembre de 2005. Se le devuelve la autonomía al Banco Central y se cambia su directorio por una Junta Monetaria.

En síntesis, hasta lo analizado sobre las Juntas y BCE, la política pública por naturaleza es formulada por el ejecutivo, y, con el CMF actual, toda la política y regulación financiera, monetaria, de seguros y valores es elaborada por autoridades (Ministros y funcionarios públicos) pero con el proyecto aprobado el gobierno delega a que estas políticas y regulación, en estos ámbitos, sea dictada por miembros del sector privado. Aún más, al reducirse el número de miembros de la Junta Financiera y de la Monetaria la posibilidad de cooptación y conflictos de intereses aumenta. Es un viraje de 360 grados, de pasar la política y regulación financiera y monetaria dictada por funcionarios públicos a ser dictadas por miembros del sector privado. Al eliminarse las facultades macroeconómicas de la nueva Junta Financiera cabe la posibilidad de que los entes financieros privados puedan sacar capitales sin interferencias. El proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, en realidad apunta más, según lo analizado hasta el momento, al cambio de la gobernanza de las Juntas Financiera y Monetaria. La dolarización es sostenible en la medida que haya más ingreso  que salida de dólares al país y para eso el país tiene que realizar un cambio estructural y especialización que permita lograr dicho objetivo. El gobierno actual concluye su periodo que, en lo económico-financiero implementó la liberalización del mercado de combustibles, hizo una reforma laboral y con este proyecto de ley se tendería a liberalización del mercado del financiero: de dinero y de capitales, con lo cual cumple nos vamos acercando a la  instrumentación de una economía de mercado sin cortapisas.

Luis Rosero M.

El Presidente electo, Lasso, en su campaña propuso una serie de compromisos y, por otro lado, después de su triunfo ha realizado anuncios sobre su plan de gobierno  y finalmente, la fundación Ecuador Libre, que promueve la libertad de mercado, ha elaborado algunos documentos sobre reformas. Con todo esto podemos delinear el nuevo modelo económico que implementaría su gobierno.

En los gobiernos del progresismo (2007-2017) el modelo económico cuyos aspectos centrales fueron:   estado fuerte (productor –en áreas estratégicas-, regulador y supervisor de mercados), el dinamismo económico basado en el gasto público, proteccionismo y  fuerte regulación del estado. El modelo funcionó bien hasta 2014, cuando cayeron los precios del petróleo, y comenzó a tener dificultades para financiar el gasto público. Para implementar este modelo se realizó una amplia reforma institucional que, en lo económico, se plasmó en la Constitución de 2008 y una serie de leyes y códigos.

En 2017, con la elección de Moreno, el gobierno dio un viraje que, en lo económico, implicó una política ortodoxa, siendo lo fundamente, con la aplicación de la liberalización del mercado de combustibles, reforma laboral y finalmente una reforma que busca la independencia del Banco Central y cambiar el Código Monetario, cuyo proyecto de ley se encuentra en trámite, con el carácter de urgente, en la Asamblea. Con el acuerdo con el FMI, la política económica se enrumbo hacia un esquema neoliberal. Con la pandemia, con una mala política sanitaria y la corrupción, la economía termina, a Mayo de 2021, con una grave y triple crisis económica, social y sanitaria.

Según El Universo, los compromisos de Lasso, en su campaña, son: 9 millones de vacunas en 100 días, eliminar la Senescyt, consulta popular (eliminar el CPCCS), eliminar aranceles y costos, acuerdos de libre comercio (EE.UU., China, Corea y Japón), empleo para un millón (mediante diferentes formas de contratación), sueldo mínimo de $ 500 (para 2022), eliminar impuestos (2% a las ventas de emprendedores, 5% del ISD), reducir la tasa de interés (con ingreso de banca extranjera) y doble deducción de impuesto a la renta (por contratación a quienes reciben bono de DH). Los directivos o los relacionados con la Fundación Ecuador, que promueve el liberalismo, plantean la necesidad de una reforma laboral, tributaria y reducción del tamaño del estado así como la implantación de una economía de libre mercado. A eso hay que agregarle, los diez temas de la consulta de Nebot que se ha comprometido a apoyar. Lasso, en sus entrevistas, dice que el problema está en el sector público: mala administración, sobrendeudadamiento, falta de liquidez, corrupción e ineficiencia.

Con estos elementos, podemos delinear que el modelo económico de Lasso estaría orientado a la implementación de una economía de mercado en la que el dinamismo económico estará relacionado al sector privado con la inversión privada –nacional y externa- (petróleo, minería, carreteras) como motor de la economía. Esto se complementaría con la reducción del tamaño del estado –eliminación de instituciones (Superintendencias: de Economía Popular, Poder de mercado, Senesyt, CPCYCS, etc.), privatización (CNT, medios incautados) y concesiones- para llegar a un estado pequeño y eficiente. Además, su modelo se completaría con las reformas estructurales: tributaria (eliminación y disminución de impuestos), laboral (nuevos tipos de contratos), apertura comercial (tratados de libre comercio) y reforma financiera –con la probable aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Dolarización)-.

En una primera etapa, en lo económico, el nuevo gobierno tratará de cumplir los compromisos contraídos pero se verá limitado por el déficit fiscal. En una segunda etapa, aplicará las reformas estructurales. En síntesis, se trata de un modelo económico de libre empresa con una política económica neoliberal. La reactivación económica dependerá en buena medida de la evolución de la pandemia, el proceso de vacunación y las expectativas empresariales.