NUEVO GOBIERNO: ¿NEOLIBERALISMO CON ROSTRO SOCIAL?

Luis Rosero M.

Lasso asumió el poder, nombró su gabinete y ya ha anunciado sus primeras medidas y futuras que configuran el modelo productivo y económico que implementará: neoliberalismo con un aparente rostro social insistiendo en que reduciría la pobreza y sus principales lacras.

El gobierno de Lenín Moreno (2017 – 2021), en lo económico, se profundizo la crisis económica y social, con la pandemia, y entregó el manejo de la política económica al FMI y organismos financieros internacionales. Firmó una carta de intención con el primero y con los otros convenios para obtener financiamiento. Se aplicó un ajuste y 4 reformas estructurales: liberalización del mercado de combustibles, avanzó en la reforma laboral, redujo el tamaño del estado y aprobó una reforma Código Monetario y Financiero. En lo social, estableció, de manera limitada, una serie de bonos para ayudar a los más pobres. Su legado fue un fuerte endeudamiento, graves desequilibrios macroeconómicos –principalmente el déficit fiscal, alto desempleo y subempleo- y, en lo social un crecimiento de la pobreza que alcanzó el 33% pero lo más grave es el aparecimiento del hambre y aumento de la indigencia que, a su vez, es la causa de la violencia y delincuencia.

Esta es la herencia de Moreno y Lasso que, con sus muchas promesas de campaña, le imponen un reto para revertir la contracción y reactivar la economía, reducir los desequilibrios macroeconómicos y pagar la deuda social reflejada, en el tercio de pobreza de la población, desnutrición infantil, hambre e indigencia. El modelo productivo que ha anunciado es el extractivismo profundizando la explotación petrolera y minera e impulsando la exportación de productos primarios. En cuanto a la política económica, sus ministros han planteado, una reforma laboral, apertura económica, reforma tributaria, reforma del estado y la implementación de la liberalización del mercado del dinero utilizando la reforma al Código Monetario y Financiero.

En cuanto a las reformas estructurales, la del mercado laboral buscaría implementar nuevos contratos de trabajo –por hora y por temporada- que avanzaría en la flexibilización laboral  que se inició con los contratos estipulados en la ley de Apoyo humanitario–aprobada en el gobierno de Moreno-. Pero, de manera muy hábil, no se tocaría el Código de Trabajo, y la nueva ley que se dictaría sería para los informales, emprendedores y desempleados y subempleados –que generó la pandemia- pero reduciendo los beneficios laborales. Esta reforma estaría enfocada a reducir los costos laborales que, a criterio del FMI y otros organismos internacionales, es la causa principal del desempleo y subempleo. Dicha reforma se complementaría con la apertura comercial. Ya se anuncia nuevos tratados de libre comercio, entre ellos, con México. Y, por otro lado, una reforma arancelaria que apuntaría a reducir los aranceles, para bajar costos de insumos, materias primas y maquinaria. Con la reforma comercial se apunta al aumento de exportaciones y reducción de costos de importaciones. Sin embargo, la apertura comercial tiene un impacto que afecta a la producción nacional. En todo caso, las dos reformas, se busca reducir costos empresariales para generar más competitividad. Pero esto es a nivel de la superficie, en lo estructural lo que se debe apuntar es al aumento de la productividad para reducir los costos empresariales y volver más competitivo al país.

La reforma tributaria –que anunció Lasso en la campaña- deberá esperar en cuanto a la eliminación y reducción de impuestos, por el déficit fiscal. Al parecer, por lo declarado por el nuevo Ministro de Finanzas, se apuntaría a aumentar la base tributaria de algunos tributos –en especial el de la Renta- y a la reducción de la evasión y elusión fiscal. La reforma al Código Monetario y Financiero que cambió la gobernanza del Banco Central y de la Junta Monetaria y la Financiera, la independencia del Banco Central y la delegación de la regulación monetaria y financiera, a miembros del sector privado, apuntaría a la liberalización del mercado del dinero. En cuanto a la reforma del estado el propio Presidente anunció la concesión de refinería, carreteras, telefónica y venta del Banco del Pacifico. Respecto a la política social, se seguirá con la entrega de varios bonos de ayuda a familias y se anunció otro, de carácter temporal, para combatir el hambre. Pero la falta de liquidez limitará la entrega de éstos. En suma, el nuevo gobierno está presionado por el cumplimiento de las promesas electorales –vacunación, empleo, reducción de la pobreza- y, por otro lado reactivar la economía, generar oportunidades laborales y reducir los desequilibrios macroeconómicos. Para ello, cambiaría el modelo productivo y aplicaría una política económica neoliberal. Pero tiene que actuar con prudencia –por el estallido social en Colombia y los logros de la protesta social en Chile- y reducir pronto el hambre y la indigencia pues se corre el riesgo de un estallido social.