Luis Rosero M.

Los consultores políticos tratan de aplicar el marketing político para vender a su candidato, tratando de mostrar que es el mejor, pero ¿qué factores inciden en la elección? Según las principales encuestadoras, el candidato del progresismo, Centro Democrático, Lista 1, y, el de la derecha, Creo lista 24, ocupan el primer y segundo lugar en la intención del voto para la elección de presidente. Con la pandemia la crisis económica, social y sanitaria se agravó, por lo cual es muy importante seleccionar al mejor candidato pues debe enfrentar la triple crisis.

Lo que muestra el escenario electoral son muchos candidatos presidenciales que realizan múltiples ofertas.  En su libro Qué tenemos en la cabeza cuando votamos,  Hugo Haime, plantea que la mente del elector está influida por el sistema de creencias de la sociedad que incluye la familia, la religión y el trabajo. Esta tiene demandas que están “vinculadas con el trabajo, la seguridad física, el cuidado de la salud y la educación”. El vínculo entre el político y el ciudadano es a través del poder y, para alcanzar este, el primero tratará  de satisfacer estas demandas, según el segmento de clase, que están influidas además por valores, entre los que resaltan, según la sociedad, clase social y cultura, la patria, la honestidad, el esfuerzo. Así, a la clase media le interesa el ascenso social, desarrollo personal y éxito. No solo buscan empleos más calificados sino que también exigen servicios públicos de calidad. En cambio, las clases populares demandan trabajo, además de servicios básicos que elevan su nivel de vida.

En función de esto, los dos candidatos hay realizado ofertas impresionantes. Así, Lasso ofrece subir el salario mínimo a 500 dólares, regala cilindros de gas en la Martha de Roldos y en suburbio oeste, de Guayaquil, solo llenaba dichos cilindros, llegó incluso a prometer que usaría medios tecnológicos para que la Virgen del Panecillo, en Quito, mire hacia el sur, en donde están los pobres. En cambio, Arauz promete entregar un bono de 1000 dólares a las familias pobres, crear 800.000 empleos, negociar la compra de millones de vacunas anticovid para inmunizar a toda la población, etc. Lasso se considera un candidato que cree estar respaldado por la clase media y los empresarios, pero en sus ofertas busca satisfacer demandas de los pobres para captar el voto de algunos de ellos. En cambio, Arauz, es un candidato popular, busca afianzar el voto de las clases populares, en función de la política que aplicó esta corriente cuando fueron gobierno que logró reducir de manera significativa la pobreza en base a una política de redistribución del ingreso, fuerte política de gasto social y ayudas sociales que elevaron su nivel de vida.

Lasso busca también satisfacer la demanda de los empresarios ofreciendo aumentar la inversión (pública como privada), otorgar crédito, seguir los lineamientos del FMI (entre otros concesiones, privatizaciones, etc.), para dar confianza y estabilidad y así aumentar el nivel de actividad económica. Arauz, en cambio, plantea disminuir la tasa de interés, establecer un impuesto a las empresas monopólicas, revertir las concesiones, privatizaciones y ventas del activo del estado. Más bien busca elevar el nivel de actividad con el concurso de la inversión privada y pública.

Sin embargo, hay otros factores que juegan en la elección presidencial. Así, el Consejero de CNE, Luis Verdesoto, acusa a Arauz por una supuesta entrega de pruebas para covid, Rafael Cuesta, comentarista, habla de la venezonalización de Ecuador, en diario Jornada, de la UNAM, se publica  artículo “Injerencia estadounidense en los comicios ecuatorianos” el 30/01/2021, etc.

Como dije en Marzo de 2017, previo a la elección presidencial, “Por ello no hay que dejarse sorprender por las ofertas inviables e imagen que te pintan de los candidatos, su historia, etc. Se decide nuestro futuro y el del país. Medita tu voto, en base a tu conciencia, elige a un líder creíble, honesto, equilibrado, que sea guía y con un buen proyecto nacional que solucione los problemas del país, promueva el desarrollo y busque el bienestar de las mayorías. Según Durán, las masas definen la elección.”

Luis Rosero M.

El escenario electoral marca una disputa por las preferencias electorales entre el progresismo y la derecha que será influenciado por lo logrado o su actuación de estas corrientes, cuando fueron gobierno o su relación con el gobierno actual; la crisis económica, social y política que deja la pandemia; la acción del gobierno y el poder mediático tanto público como privado.

Las encuestas electorales señalan que en las preferencias electorales, de los presidenciables, ocupan los primeros lugares el progresismo (Arauz, lista 1) y la derecha (Lasso, Lista 21 – 6: PSC). Sin embargo, hay sesgo en sus pronósticos, según la encuestadora, para uno u otro candidato. Así, en una encuesta de Diciembre de 2020, Cedatos da el primer lugar a Lasso y el segundo a Arauz, con una diferencia de 10 puntos. En la encuesta de CELAG, en dicho mes, Arauz encabeza las preferencias electorales con 36.5% y Lasso 13.6% mientras que otra encuesta, de Comunicaliza, postdebate le da 37.4% al primer candidato y 18.5% al segundo, dando a entender que Arauz ganó el debate. En cambio, el académico e Ing. Omar Maluk, ex director del Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas –hoy Facultad de Ciencias Sociales-, en su última encuesta de Diciembre 2020, pronostica que, si no participa A. Noboa, ganaría Arauz y que podría darse en la primera vuelta.

Cualquiera sea el pronóstico, lo cierto es que las preferencias electorales estarán influidos por factores de fondo e históricos.  Entre ellos, el desempeño de la corriente cuando fueron gobierno o su vínculo con el gobierno actual.  El progresismo, entre 2007 – 2017, realizó ejecutó una profunda política de redistribución del ingreso –que redujo la pobreza-, construyó infraestructura física y social, aplicó una política económica soberana que llevó al gobierno a ser el dinamizador de la economía así como regulador de los mercados y una reforma económica-financiera que, entre otras cosas, limitó el poder de la banca, por ejemplo, poniendo topes a las tasas de interés. Es evidente que cometió errores como la corrupción y el autoritarismo. En cambio, Lasso al principio del gobierno actual hizo un pacto legislativo con éste. En su ideología, en lo económico, propone libertad de mercado, eliminar la regulación de la economía por el estado y entregar los sectores estratégicos a la empresa privada, una política económica acorde con los lineamientos de los organismos internacionales y, en lo social, que el gobierno proporcione recursos para salud, educación y vivienda. En cuanto, a la pobreza plantea la política del derrame, esto es, que cada quien obtenga recursos en función de su esfuerzo individual y no dependa del gobierno para aumentar su bienestar. Y por otro lado, Lasso apoya la propuesta de 10 puntos, para consulta popular de Nebot, entre los cuales está la privatización de la seguridad social. En relación a cómo influye la actuación de una corriente cuando fue gobierno escribí un artículo titulado Los pueblos aprenden de la historia y no olvidan a quienes los apoyaron.

Otro de los factores será “El impacto de la triple crisis de la pandemia incidirá en las decisiones electorales”, título de otro de los artículos que publique, para señalar que el coronavirus dejó una crisis económica, social y sanitaria la cual incidirá decisivamente en la decisión del voto. En efecto, en cuanto la economía en 2020 se generó una contracción de la economía de más de 7.5%, que produjo un alto nivel de desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal que deterioró gravemente el nivel de vida de la población; en lo social, lo más crítico es el aumento notable de la pobreza y la pobreza extrema, a tal punto que el Banco Mundial estima que, en 2020,  la primera alcanzó a más de un tercio de la población, pero lo más grave  es el aparecimiento del hambre, una de las fuentes de la violencia y la delincuencia. En lo sanitario, la gente recuerda que el tardío accionar del gobierno en prevenir  la pandemia produjo un acelerado contagio de la población y miles de muertes –sobre todo en Guayaquil- cuyo epicentro se trasladó después a Quito. Pero además, El Universo señala las críticas al plan de vacunación, por parte Federación Médica Ecuatoriana, Comisión Nacional Anticorrupción y  expertos, que se inició con escasa disponibilidad de dosis. Estos factores objetivos de la triple crisis, que deterioró el bienestar de la población,  afectarán en la decisión del voto, que tiene una percepción de la gestión anticrisis del gobierno con medidas económicas que cargaron el peso de la crisis sobre trabajadores, empleados y clase media.

Otro factor es la acción del Gobierno en la lid electoral. Expreso publicó una entrevista al Ministro de Finanzas respecto al proyecto de ley de autonomía del Banco Central dando a entender que  solo con medidas de libre mercado, reducción de la participación del estado en la economía,  autonomía del Banco Central, alineamiento con los organismos financieros internacionales –FMI-BM-BID, etc. se podrá salir de la crisis sino llegaríamos a una situación como Venezuela. Por otro lado, el Ministro de Salud acusó de ridículo el ofrecimiento de Arauz de haber conseguido, en su gestión con el presidente argentino Fernández, 4 millones de vacunas. Respecto a ello, el Presidente mexicano López Obrador declaró que cedió vacunas anticovid, compradas a farmacéuticas, en beneficio de los países pobres. Además,  se rumora que Canal 10 contratará a Carlos Vera y Rafael Cuesta reconocidos anticorreistas.

Finalmente, es claro que el poder mediático –tanto en el sector público como en el privado- se asocia a la tendencia de derecha e influye en la opinión pública e intenta hacerlo en las decisiones electorales.

En síntesis, son los factores de fondo: el desempeño del progresismo cuando fue gobierno y la alianza de Lasso con el Gobierno; el efecto de los factores objetivos la triple crisis de la pandemia sobre el bienestar de la población; el accionar del gobierno en la lid  electoral y la influencia del poder mediático sobre la opinión publica los que influirán significativamente en la decisión electoral.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

El informe del interventor del Decevale señala que los directivos de este Depósito Centralizado de Valores (DCV) conocían de las operaciones del ISSPOL con IBcorp y HYBF, fondos de inversión del Jorge Cherrez y, por otro lado, una denuncia señala cual fue la ruta del dinero de estas inversiones que hizo el ISSPOL en el exterior.

En artículo anterior, sobre este tema, señalamos que el Decevale contrató a un abogado para que investigue los problemas surgidos en relación a las inversiones realizadas por el ISSPOL, en el exterior, y que pasaron por este DCV y, más aún, el jurídico contratado acusó de las irregularidades, en esas operaciones, al Gerente de Operaciones de Decevale, pero el informe de la interventora desmiente tal aseveración. En efecto,  Expreso reporta la declaración del Ministro de Gobierno “El Decevale y sus funcionarios, en su momento, recibieron los flujos y facilitaron que salgan del país, conocieron a que cuentas fueron, incluso se pagaron las salidas de capital de ese dinero que fue al exterior. Por lo tanto, esto aclara que no es cierto lo que dijeron en ese momento: que esto fue solo una operación a sus espaldas, manejada por el señor Álvarez y el señor Cherrez”. Y agregó que habían puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos señalados. Incluso dicho diario, en la noticia sobre el tema, su titular dice “LA INVESTIGACION DEL CASO DEL ISSPOL INCULPA A LA CÚPULA DEL DECEVALE” y el subtítulo reafirma “El primer informe de su intervención arroja indicios que sus altas autoridades conocieron y participaron en las operaciones. El documento es judicializado”.  Pero además de este grave hecho,  el problema es que en la operación swap con HYBF, que fue un intercambio bonos de deuda interna ecuatoriana por 327 millones con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana, este fondo de inversión no ha pagado al ISSPOL 20 millones de dólares que debieron ser entregados el 28 de diciembre de 2020. En consecuencia, el problema es grave pues el ISSPOL no puede recuperar los rendimientos y el capital de la inversión realizada con HYBF.

Expreso señala que hay un informe del BCE, sobre las inversiones del ISSPOL, que se refiere a la operación con Nats Cumco, Citibank y las casas de valores Picaval (Del Banco de Pichincha) y Citadel.

Además dicho diario informa que tuvo acceso al informe de la Superintendencia (Cías) en el que se señala sobre la operación por 216 millones, en operaciones de reporto o bonos Global (deuda externa) con pactos de recompra con IBCorp. Dicho documento dice “Con motivo de tales negociaciones habrían efectuado transferencias de dinero desde y hacia cuentas bancarias del Decevale, situación de la que habrían estado al tanto, algunos funcionarios del referido depósito“. En los soportes se aprecian transferencia al exterior que estarían firmadas por Rodolfo Kronfle Akel, presidente del directorio del Decevale de la época…” A su vez, el Decevale transfiere desde su cuenta en el Banco de Guayaquil, por ejemplo, más de 9.4 millones a la cuenta que IBCorp mantenía en el TD Bank, del extranjero”

Un candidato presidencial, confirma lo señalado por el informe de la Superintendencia de Cías, en relación a las inversiones del ISSPOL, en el exterior, sobre la ruta del dinero, que los traslados de dinero se hicieron a través de la cuenta del Decevale en el Banco de Guayaquil.

El ISSPOL está en una situación crítica de liquidez, por lo que demanda a Jorge Cherrez que cancele el total de las operaciones realizadas con IBCorp y  HYBF y a su vez este último quiere dar por terminado el contrato de inversión con ISSPOL. Esto una estrategia de Cherrez, de alargar por la vía legal, para no pagar los rendimientos y capital de las inversiones con el ISSPOL. Es hora de la actuación de los  organismos de supervisión, gobierno e ISSPOL de una demanda a nivel internacional solicitando apoyo a  los organismos reguladores y supervisores del exterior para recuperar los recursos de las inversiones hechas con estos dos fondos de inversión. Y a nivel interno, los informes señalados muestran que hay suficiente evidencia para sancionar a todos los directivos y funcionarios  de las instituciones del mercado de valores así como a los supervisores que controlaban  las inversiones del ISSPOL.

Recordemos que El Comercio informó que Rodolfo Kronfle fue por 30 años Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y también, un tiempo casi igual, del Decevale. Como ya hemos señalado, en otros artículos, las irregularidades en la inversión del ISSPOL obedecen a problemas de gobierno corporativo, conflictos de intereses y falencias en la supervisión.

Luis Rosero M.

En A. Latina y, en nuestro país, los efectos  económicos, sociales y sanitarios que genera el coronavirus van a incidir en las decisiones de los electores en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Es decir, los factores objetivos del impacto en el nivel de vida de la pandemia o la mejora de ésta por las  políticas aplicadas por los gobiernos van a ser decisivos a la hora de votar. Los resultados electorales no dependerán tanto de lo ideológico sino del deterioro del bienestar de los electores, causado por el coronavirus,  o la mejora de éste por la política económica aplicada por el gobierno,

En un informe de la CEPAL señala que “si se compraran diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina es la región más golpeada del mundo emergente.” Según este organismo la región sufrió una contracción de 7.7% y la pobreza alcanzó el 37.3% de la población o sea 231 millones de personas. La OIT afirma que se destruyeron 34 millones de empleo, que generó un nivel de desempleo de 11.4%. Si bien, hubo diferentes repuestas de los gobiernos para enfrentar la pandemia, lo cierto es que ésta sobrepasó la capacidad de atención hospitalaria, el contagio se multiplicó, produciendo una gran cantidad de muertes, y las medidas emergentes restringieron la actividad económica, movilidad humana y de tránsito que provocaron el deterioro de los mercados de trabajo, violencia doméstica y malestar de la población por su caída de ingresos y el confinamiento.

En el caso de nuestro país, a más de la prevención tardía de la pandemia que generó altos niveles de contagio y miles de muertes, sobre todo en Guayaquil, –convirtiéndose esta ciudad en el centro de la pandemia que luego paso a la capital- se agregó la corrupción en los hospitales públicos y los efectos de la crisis económica, como señalé,  en varios artículos, provocó “La brutal contracción económica condujo a un nivel de subempleo, mayo – junio de 2020 de 34.5% y desempleo de 13.3%, no visto antes, pero a Setiembre se redujeron a 23.4% de la PEA y  6.6% respectivamente, según las cifras oficiales. A eso, hay que sumar el crecimiento impresionante del sector informal, al que fueron a dar tanto desempleados y subempleados e inclusive la clase media…. Pero lo más crítico, es el aumento de la pobreza. A diciembre de 2019, esta era de 25% y, a fines de diciembre de 2020, según estimaciones del Banco Mundial, alcanzaría 33%.  Y, como reporta, La Hora “con unos 1,8 millones de nuevos pobres y 1.4 pobres extremos más significa que, con la pandemia, habría 3.2 millones de ecuatorianos más en condiciones de pobreza….” Y como agregue en el artículo   “Lo más grave es el aparecimiento del hambre que, a pesar de la operación de los bancos de alimentos, creció fuertemente incidiendo en los altos niveles de violencia y delincuencia. “ Ante la caída de los ingresos públicos el gobierno acudió al endeudamiento interno y externo. En este último acudió a los organismos financieros internacionales –FMI, Banco Mundial, BID- que condicionaron e impusieron la política económica enmarcada en una agenda neoliberal.

Pero no es esta visión ideológica ni la tardía prevención y gestión ineficiente gubernamental de la pandemia lo que genera el malestar  de la población, por el triple impacto de la pandemia, sino más bien la frustración, la impotencia y el descontento por la mayor concentración del ingreso y la riqueza – aumento de la desigualdad: los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres-,  el hambre que ha deteriorado gravemente las condiciones de vida de gran parte de la población y la percepción de la población de tener un mal gobierno.. El no tener que comer o mal comer conduce a un descalabro psicológico, social y económico o más aún –con el hambre- aparecen formas de violencia y delincuencia para enfrentar la situación de una parte importante de la población. Pero además, eta situación hace prever un futuro incierto –para resolver su situación personal- por la continuación de la pandemia y la contracción económica- y, en lo sanitario –el no acceso inmediato a la vacuna- generará pesimismo y pérdida de la esperanza de aliviar su situación económica y social. El deterioro de las condiciones de vida –por los efectos de la pandemia- los conduce a pensar y atribuirlo a los factores objetivos y lo relacionan con un mal gobierno. El caso del ascenso al poder del peronismo, derrotando a Macri, es, en gran parte, debido a la contracción económica, al aumento del desempleo y subempleo, crecimiento de la pobreza a un tercio de la población y grave deterioro de las condiciones de vida. Otro caso,  el de Bolivia, muestra que después de un desastroso gobierno interino -que persiguió a los miembros del MAS y apoyó a la derecha- que termino con el regreso al poder de dicho movimiento y en primera vuelta, con Arce como Presidente, que fue el arquitecto de estabilidad económica, redistribución del ingreso y mejora de las condiciones de vida  por más de una década. Una vez más –la hipótesis- son las mejoras de las condiciones objetivas de vida de la población –no las ideológicas-  y la mala gestión del gobierno, las que inciden, en gran medida, en las decisiones electorales..

Luis Rosero M.

Después del 2020, con la pandemia, la triple crisis continuará en lo económico, social y sanitario a lo que se agrega lo político. Estas cuatro variables evolucionaran, a diferentes ritmos, pero de manera correlacionada. El 2021 será un año lleno de incertidumbre.

Empezaré por lo sanitario pues influenciará en las otras variables señaladas. En efecto, el gobierno anunció que en Enero de 2021 iniciará la vacunación contra el covid con 50000 unidades, del laboratorio Pfizer, para el personal médico de hospitales públicos, hogares de ancianos y enfemeras. A fin de Diciembre, del año pasado, anunció la compra de 2 millones de vacunas de Pfizer para iniciar su aplicación desde Marzo de 2021 que inmunizaría a parte de la población. También comenzará, en el país, los ensayos con voluntarios de la vacuna china. Las interrogantes que surgen son: serán efectivas, a cuanta parte de la población se aplicará, sobre todo si se requieren 2 dosis por persona y desde cuándo. La epidemióloga Catalina Yépez advirtió de un retraso en la repuesta a la epidemia y sugirió empezar a vacunar ya. El inicio de la vacunación y su efectividad, va influir en la recuperación económica, como ya lo han señalado organismos internacionales.

En cuanto a lo económico, hay 3 aspectos claves: los condicionamientos del FMI, la reactivación económica y las elecciones presidenciales. En efecto, con el acuerdo crediticio con el FMI el gobierno se comprometió al cumplimiento del ajuste fiscal y reformas estructurales. En cuanto a estas últimas, lo que busca este organismo internacional es continuar con la liberalización de la economía, la reducción del tamaño del estado y otras reformas. En cuanto a lo primero, se inició la liberalización del precio de los combustibles (gasolinas y diésel), ahora con restauración de la independencia y autonomía del Banco Central – con un directorio independiente- buscaría la liberalización del mercado del dinero. En efecto, ya hace 2 meses la Junta Monetaria anunció que, en seis meses, se revisaría la metodología para el cálculo de la tasa de interés que podría derivar en la eliminación de la tasa máxima de interés, de las multas por usura y libre mercado del dinero, o sea que la oferta y la demanda determinen la tasa de interés. En un mercado del dinero oligopólico, los grandes bancos determinarían la tasa marcadora de interés, lo que implica una subida de las mismas. Por otro lado, continuaría la reforma laboral que aumentaría la flexibilidad laboral y nuevas formas de contratación que marcarían la tendencia a la precarización laboral. A eso se suma, la reducción del tamaño del estado vía eliminación de otras instituciones públicas o la concesión o privatización de las mismas, lo que conduciría a echar a la calle a más empleados públicos. Además, por el ajuste, podría llegarse a una reforma en la seguridad social –en crisis- que implicarían medidas como el aumento de la edad de jubilación, el aumento de los aportes de los afiliados y recorte de servicios. En cuanto a la reactivación, resulta fundamental la aplicación de la vacuna, su cobertura y efectividad, para volver a la nueva normalidad y, por otro lado, los incentivos para la reactivación del consumo y la inversión. Como el gobierno no dispone de recursos difícilmente podrá seguir entregando bonos a los pobres y entregar subsidios a las empresas, por lo que la reactivación dependerá de la posible normalización de la actividad económica.

El otro aspecto clave –en lo económico- son las elecciones presidenciales –que tiene relación con lo político-. Los resultados de éstas son claves para determinar si se continúa con el acuerdo con el FMI y por las medidas económicas que podría tomar el nuevo gobierno. Las dos tendencias que dominan el panorama político son la derecha y el progresismo. Según sea la corriente ideológica que asuma el poder tendremos un cambio de rumbo en la economía. Pero en todo caso, en procesos eleccionarios presidenciales, se da una tendencia a que los empresarios se abstengan de invertir hasta conocer el nuevo plan económico del gobierno entrante y las medidas económicas inmediatas que tomará, lo que llevaría por lo menos hasta la mitad del año, lo que abstención de inversiones, espera para la reactivación económica e incertidumbre en este campo.

Finalmente, en lo social hay una grave crisis. Con el nivel de desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal y con unos 1,8 millones de nuevos pobres y 1.4 pobres extremos más significa que, con la pandemia, habría 3.2 millones de ecuatorianos en condiciones pobres, lo que implica más violencia y delincuencia en el país.

En síntesis, el escenario para 2021 en los 4 aspectos señalados parecer ser muy crítico, con la continuación de la crisis económica y social. Esta última muy preocupante por la aparición del hambre y las consecuencias que esta genera para la sociedad. Este panorama podría variar dependiendo de que tendencia llegue al poder y las decisiones económicas y sociales que adopte incluyendo su relación con los organismos financieros internacionales y el tipo de política socioeconómica que lleve adelante en una situación de críticos desequilibrios macroeconómicos. En suma, la economía siempre cobra la factura, pero una visión pragmática y eficiente del manejo económico social puede recuperar las condiciones macroeconómicas y nivel de la población.

Luis Rosero M.

La crisis económica del país se venía gestando desde el 2019 y en 2020 se agravó por la pandemia que a su vez provocó una crisis sanitaria y social reflejada en una frágil infraestructura hospitalaria y tardía atención en emergencias así como un terrible deterioro del mercado de trabajo que produjo un gravísimo problema de desempleo, subempleo, crecimiento del sector informal, mayor pobreza y aparecimiento del hambre.

La crisis económica ya se reflejó en 2019 con una tasa de crecimiento económico de -0.5%. La pandemia apareció, en nuestro país, en Marzo de 2020, y el gobierno decretó el estado excepción a partir del 17 de ese mes. Las restricciones de la actividad de los sectores económicos, funcionando solo los esenciales, agravó la crisis económica. Así, ya en el I trimestre de 2020, la economía decreció interanualmente -2.3, y su mayor impacto se manifiesta, en el II trimestre, con una brutal contracción de -12.4%. El FMI estima que en 2020, la reducción del nivel de actividad económica será entre -7.3 y -9.6% y el Banco Central proyecta la contracción entre el mismo rango. Como consecuencia aumentaron los desequilibrios macroeconómicos. Con la contracción económica cayeron los ingresos por impuestos. Así, el IVA se redujo en 19.5%, hasta Noviembre, y el ICE 20.8%, en total, la reducción de ingresos tributarios hasta ese mes, fue de 14%. Esto significaría un déficit fiscal de 7.5%. Este menor desequilibrio fiscal se debe a las medidas para generar ingresos fiscales, dictadas por el gobierno, que recayeron principalmente sobre los trabajadores, y, por otro lado, al ajuste con la reducción de las horas trabajadas y recorte del tamaño del sector público y de la burocracia. Pero la principal fuente extraordinaria de ingresos públicos, y la más fácil,  fue el endeudamiento externo e interno. Solo con los acuerdos con el FMI, los ingresos por deuda externa alcanza 6500 millones que, a octubre de 2020, según boletín del MEF, esta alcanzaba 23258 millones de dólares a lo que se suma la deuda interna  siendo la deuda total de 59923 millones. Esta política de dinero fácil no solo aumentó la deuda pública por encima del límite del 40% sino que además condicionó al país a cumplir con una serie de objetivos y metas en política económica con la aplicación del ajuste fiscal y una serie de reformas estructurales.

Respecto al sector externo, la pandemia a nivel mundial, generó un desplome de las exportaciones petroleras del país, sin embargo, las exportaciones no petroleras aumentaron, hasta Octubre de 2020, en 1161 millones respecto al mismo periodo del año anterior, que junto a la disminución de importaciones, permitió un superávit de la Balanza Comercial de 2688 millones hasta ese mes. Otro indicador positivo, fue el nivel de RMI 7377 millones, al 23 de diciembre, en gran medida por el ingreso de deuda externa.

La brutal contracción económica condujo a un nivel de subempleo, mayo – junio de 2020 de 34.5% y desempleo de 13.3%, no visto antes, pero a Setiembre se redujeron a 23.4% de la PEA y  6.6% respectivamente, según las cifras oficiales. A eso, hay que sumar el crecimiento impresionante del sector informal, al que fueron a dar tanto desempleados y subempleados e inclusive la clase media. El deterioro del mercado de trabajo fue mayor con la política laboral que dictó el gobierno que aumentó la flexibilidad laboral y la precarización del mercado de trabajo. Pero lo más crítico, es el aumento de la pobreza. A diciembre de 2019, esta era de 25% y, a fines de diciembre de 2020, según estimaciones del Banco Mundial, alcanzaría 33%. Lo más grave es el aparecimiento del hambre que, a pesar de la operación de los bancos de alimentos, creció fuertemente incidiendo en los altos niveles de violencia y delincuencia.

En cuanto a la pandemia, el no tomar medida sanitarias, a tiempo contra el coronavirus agravó la situación, sobre todo en Guayaquil, que condujo a un número alto de muertes e incluso de gente que moría en las calles. El epicentro de la pandemia pasó luego a Quito en el que, al igual que Guayaquil, los hospitales no se dan abasto para atender a los contagiados por coronavirus. En esa tragedia, apareció la corrupción en los hospitales públicos y otras entidades que, aprovechando la pandemia, las empresas proveedoras de insumos médicos los vendieron con sobreprecios y otros mecanismos ilegales. Ni aún con las muertes, en la pandemia, los corruptos miserables, se condolieron de la tragedia del país, que aún, algunos de ellos, no han sido condenados.

En suma, 2020 fue el año de la más grave crisis económica, social y sanitaria, que haya vivido el país. Como siempre los más afectados fueron los pobres, desvalidos y marginados de la sociedad así como los trabajadores y empleados a los que el gobierno les hizo pagar la mayor parte del costo de la crisis. Lo más infame fue la corrupción que se aprovechó de la pandemia y, por otro lado, del gobierno que se entregó a los organismos financieros internacionales, para obtener financiamiento que deja al país hipotecado y con una serie de condicionamientos de política económica que pesaran en su economía y sociedad.

Luis Rosero M.

La disputa entre el CNE y el TCE genera incertidumbre electoral al no conocerse aún el número de candidatos presidenciales que participarían en las elecciones e incertidumbre sobre el posible aplazamiento  de las elecciones. En cuanto a la ley anticorrupción, si bien la Asamblea aprobó la misma no se hizo lo mismo con la ley de eliminación del dominio lo que significa que no se podrá quitarle los bienes mal habidos a los corruptos.

La pugna entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la no acatación de una sentencia del TCE por el CNE que se refiere a la aceptación de la candidatura de Álvaro Noboa como candidato presidencial por  Justicia Social, ha desatado una controversia jurídica en la que el TCE acusa al CNE de no cumplir dicha sentencia  mientras que el CNE planteó una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional y dos vocales del CNE presentaron una demanda contra el TCE acusándolo de intromisión en las funciones del CNE. Para complicar el escenario electoral, la Corte Nacional de Justicia determinó que se puede realizar investigaciones en contra de los vocales del CNE. Este intrilinguis jurídico genera incertidumbre electoral respecto a cuantos candidatos presidenciales participarían en las elecciones y el cumplimiento del cronograma electoral. Aún más, un Juez del TCE señaló una supuesta reunión entre vocales del CNE y altos dirigentes políticos. Las consecuencias de esta controversia entre los dos organismos electorales genera  una serie de interrogantes. ¿Los vocales del CNE estarían negando la participación de Álvaro Noboa porque le quitaría votos al candidato de la derecha de CREO y PSC? ¿hay posibilidades de aplazamiento de las elecciones presidenciales? ¿la repuesta de la Corte Constitucional al CNE tardaría, lo que justificaría una variación del cronograma electoral? ¿El aplazamiento de las elecciones anularía los resultados electorales? Todo este embrollo jurídico electoral pone incertidumbre electoral, lo que revela que detrás de los organismos electorales se mueven las fuerzas políticas para influir en las decisiones en función de sus intereses electorales.

Por otro lado, la Asamblea aprobó la ley anticorrupción que reforma el Código Orgánico Integral Penal,  presionada por los diferentes casos de corrupción en relación a hospitales públicos y compras de insumos y material médico que se dio durante la pandemia en este gobierno. Entre las principales reformas está el informe previo de la Contraloría como requisito a toda contratación pública, introduce nuevos delitos como elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado, obstrucción de justicia y aplicación al máximo de la pena cuando los delitos sean cometidos en un estado de excepción. Si bien esto implica un avance en materia de corrupción, sin embargo, no resulta tan efectiva si no es posible confiscar los activos de los acusados de corrupción. Si bien, se puede condenar a los corruptos, aún más con las reformas aprobadas, pero estos se pueden ir a la cárcel sin devolver los recursos robados al estado, o sea al pueblo. Si no se aprueba la ley de extinción de dominio y se la aplica a los corruptos éstos podrían estar presos pero gozando de los recursos mal habidos. Es lamentable que los legisladores no se preocupen por aprobar además dicha ley. Y más aún,  Centroamérica lleva algunos años desde que  aprobó la ley de extinción de dominio de los corruptos y narcotraficantes con lo que se les pudo despojar de los activos producto de sus actividades ilícitas. La razón de que los legislados no aprobaron dicha ley de extinción de dominio es que hay algunos acusados de corrupción y, en consecuencia, hay intereses en la no aprobación de la ley.

En síntesis, en la actual coyuntura política además de la crisis económica, social y sanitaria se agrega al escenario la incertidumbre electoral que genera dudas sobre el cumplimiento del actual cronograma electoral y, por otro lado, una ley anticorrupción incompleta, al no aprobarse la ley de extinción de dominio,  posibilita que aunque los corruptos y narcotraficantes vayan a la cárcel sigan gozando de los activos generados en forma ilícita.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La firma del convenio con el FMI y otros organismos multilaterales condiciona al país a cumplir con el ajuste y reformas estructurales entre la que están la reforma al mercado de trabajo. La siguiente sería devolverle la independencia al Banco Central e instituir un Directorio que definirá la política monetaria.

El gobierno, aprovechando los efectos de la pandemia, con la ley de ‘’Apoyo Humanitario” inició  la flexibilización laboral, como lo señalé en un artículo anterior, introduciendo nuevas modalidades de contrato, “Primero, mediante acuerdos entre trabajadores y patrones que puede implicar cambio salarial. Segundo, el contrato especial emergente, con reducción de hasta 20 horas de trabajo semanales,  distribuidas en 6 días (que incluiría fines de semana), con lo que el patrono no pagaría horas suplementarias, contrato que puede durar hasta 4 años. Tercero, reducción emergente de la jornada que puede ser hasta del 50%, lo que implica reducción del ingreso del trabajador y el contrato puede durar hasta 4 años. Cuatro, el teletrabajo, una nueva modalidad, que implica que el empleado puede realizar el trabajo desde su casa y puede implicar reducción del sueldo. Estos nuevos contratos constituyen una reforma laboral que debe estar incluida en el nuevo acuerdo que el gobierno negocia con el FMI.”

A fines de Octubre, de este año, el Ministro de Trabajo anunció otras 4 modalidades: contrato productivo (con jornada parcial o completa, pero con jornadas consecutivas de 20 días o 7 días con 48 horas de descanso, cuando la mitad de la jornada sea entre las 19 H y 6 H habrá recarga por trabajo nocturno); contrato turístico y cultural (la jornada será de hasta 8 horas diarias sin sobrepasar las 40 horas a la semana, distribuidas hasta en 6 días); las otras dos modalidades restantes son los contratos de emprendimiento (entre el emprendedor y sus trabajadores) y para jóvenes (plazo de un año, con edad de hasta 26 años y cumplir con el art. 21 del Código de Trabajo). En los dos primeros tipos de contrato se elimina el pago de horas extraordinarias que se contemplan, en dicho código, si la jornada se realiza sábados o domingos).

La pandemia ha causado un alto nivel de desempleo, subempleo y aumento del sector informal. Además ha llevado al aumento de la pobreza, que un organismo internacional que sería de un tercio de la población. Pero también ha crecido la pobreza extrema y el hambre, que son fuente para mas violencia y delincuencia. Aprovechando esta crisis social, el gobierno anunció una reforma laboral que incluiría el contrato por horas y contrato con mujeres con lo cual aumentaría el proceso de flexibilización laboral.

Dada la falta de liquidez de la caja fiscal, el gobierno buscó financiamiento en los organismos multilaterales aumentando, a septiembre de 2020, la deuda externa a 40.430 millones de dólares, que representa según revista Gestión el 69.9% de la deuda total del país. Según este medio, casi una cuarta parte, de la deuda externa, es con dichos organismos. Pero estos, a cambio, condicionan la política económica, exigiendo que se apliquen una serie de medidas. En el caso del mercado de trabajo tienden a recomendar una liberalización de este, con una reducción de costos de contratación y despido. Son estas dos últimas las que ha aplicado el gobierno, en su reforma laboral, llevando a un proceso de precarización laboral, que implica menos ingresos para el trabajador pero menos costos laborales para el empresario. Se trata de una reforma laboral basado en criterios neoliberales que, supuestamente con la liberalización del mercado de trabajo, se tendría más empleo en el país. Dicho en otras palabras, el coste de la crisis la siguen pagando los trabajadores y muy poco los empresarios.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

La protesta en las calles se ha vuelto instrumento para obligar al gobierno a que cumpla con la ley y presionar que se paguen las transferencias atrasadas del presupuesto. Esto pasó con los médicos y con los alcaldes que obligaron al gobierno a su recontratación y recursos adeudados a los GADs.

En los meses anteriores, médicos, enfermeras y personal de apoyo salieron a las calles para protestar por su despido por tener contratos temporales, que trabajaron en la etapa más crítica de la pandemia, y fueron despedidos. Fueron varias veces que se dio la protesta pero el Ministro de Finanzas que no había recursos del presupuesto, lo que a todas luces era una indolencia y que las prioridades del gobierno no eran precisamente en contratar médicos y personal de apoyo en salud. Más aún, el gobierno dictó un reglamento tardío a la ley de “Apoyo Humanitario” que dificultaba y  ponía trabas al cumplimiento del artículo 25 de la ley que señala: “Estabilidad de trabajadores de la salud.– Como excepción, y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo.” O sea el propio gobierno, que propuso la ley, estaba incumpliendo este artículo y podría ser llevado a un juicio político. La presión en las calles de los médicos y personal de apoyo, y, por otro lado, el ingreso de los recursos del crédito del FMI y de otros organismos multilaterales llevó a que el gobierno finalmente cumpla con dicho artículo. En efecto, en los primeros días de diciembre el régimen anunció que otorgará nombramientos a más de 12000 trabajadores de la salud que tienen contratos ocasiones y que prestaron sus servicios durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, a fines de noviembre de 2010, informó una reducción de 691 millones a los GADs argumentando la caída de los ingresos petroleros. La medida se aplicaría mediante un acuerdo ministerial que establecía tal disminución. Ante lo cual, los alcaldes tomaron varias acciones: pusieron, ante los tribunales, una acción de protección por el retraso del pago de las asignaciones, y, además salieron a las calles a protestar por el recorte presupuestario. La movilización de la AME fue a nivel nacional y hasta el punto que  algunos de ellos se declararon en huelga de hambre. También plegaron a la protesta las prefecturas y juntas parroquiales. Tal fue la presión que el gobierno se vio obligado a eliminar la medida y pagar una parte de las asignaciones atrasadas.

Estos dos logros, tanto de los médicos como de los GADs muestran que el lenguaje que entienden los gobiernos es de la protesta callejera, tal como se ha dado en otros países latinoamericanos. La calle se ha convertido en el medio para lograr avanzar en la lucha de varios colectivos, instituciones y organizaciones para hacer cumplir a los gobiernos sus demandas u objetivos para mejorar sus condiciones de vida, elevar la calidad de la democracia o simplemente hacer valer sus derechos que, si bien, están en la ley, son letra muerta, y la calle permite reivindicarlos. Así como la pandemia ha transformado la vida normal de los países, la calle se ha convertido en la espada de Damocles de los gobiernos que, si no cumplen con sus promesas, con la ley o mantienen medidas, políticas o leyes que perjudican a la gente o a la democracia, la protesta en las calles se ha convertido en la vía para lograr las aspiraciones de la población y del pueblo tal como lo demuestran los casos de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, etc. para señalar solo las protestas en América Latina.

Luis Rosero M.

La destitución de la Ministra de Gobierno no variaría la política interna del gobierno ni alteraría su estrategia económica con el nuevo ministro de Finanzas. En este último, la agenda económica la seguirían imponiendo los organismos internacionales como condicionamiento a los créditos que conceden éstos.

La Asamblea censuró y destituyó a la Ministra de Gobierno por una amplia mayoría por la violación de los derechos humanos y represión en las protestas de Octubre de 2019. Ella fue uno de los puntales que sostuvo al gobierno. Pero lo más paradójico es que, al parecer, según la ley Orgánica de la Función Legislativa podría ejercer otro cargo público, lo que implicaría seguir influyendo en la política interna. Creo, el PSC y Revolución Ciudadana así como algunos independientes aportaron los votos para tal efecto. En el caso de Creo la votación por la censura se dio por la cercanía de las elecciones y tratar de desvincularse del gobierno así como también lo hizo el PSC. En efecto, el nuevo ministro de Gobierno, planteó como prioridad, en su gestión, la seguridad, y, el manejo de la política interna así como enfrentar los problemas de inversión del ISSPOL. La ex ministra de gobierno le puso énfasis a la segunda, a tal punto que enfrentaría un nuevo juicio político por el reparto de los hospitales públicos a cambio de votos de los asambleístas. El énfasis, en la seguridad, del nuevo ministro es porque la violencia y delincuencia ha aumentado de manera significativa producto de los altos niveles de desempleo,  subempleo, informalidad y el hambre generados por la pandemia. Esta última es una de las fuentes de la violencia y la delincuencia. En Guayaquil, ya se decidió el envío de una dotación adicional de policías por el aumento del robo, asesinatos, femicidios y violencia contra la mujer. Otro de sus retos, es resolver los problemas del ISSPOL cuyas inversiones han resultado impagas lo que afecta su liquidez y, en esa medida, a los servicios que presta como los créditos, pago de pensiones y otros servicios. Finalmente, otro de los retos es manejo político en las elecciones presidenciales, en las que el ministerio tiene un rol muy importante para colaborar en la transparencia y apoyo al ordenamiento en el proceso electoral. Otro objetivo clave es enfrentar la corrupción que va en aumento. Se descubrieron los sobreprecios en insumos de salud, reparto de hospitales, la apropiación de recursos para la construcción de hospitales públicos, etc. y, el último caso, el inicio, por la fiscalía, de una indagación previa, contra el Ministro de Telecomunicaciones, sobre contratos de comunicación.

En cuanto a lo económico, si bien el ministro de Finanzas renunció, su reemplazo va a continuar con la política económica impuesta por el FMI y el Banco Mundial (BM). En primer caso, los condicionamientos constan en la Carta de Intención, y, en el segundo, las obligaciones a cumplir se incluyen en los contratos de crédito firmados por el gobierno. El nuevo ministro Pozo, fue el que firmó una carta de intención en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En suma, lo que exigen estos organismos internacionales es un proceso de liberalización de todos los mercados, la reducción del tamaño del estado vía la eliminación de entidades, recorte de la burocracia, concesiones o privatización, reformas laboral, tributaria, en el  mercado del dinero, etc. El BM pone énfasis en medidas en el sistema financiero, lo que implicaría, entre otras, trasladar a la banca privada los créditos hipotecarios (operaciones principales del BIESS), reformas a la ley de economía popular y solidaria, respecto a las cooperativas medianas y pequeñas, reforma a la seguridad social (que podría implicar la administración privada de sistemas de pensiones y salud), etc.

En síntesis, el nuevo ministro de gobierno buscará frenar la delincuencia, tratar de resolver los problemas de las inversiones del ISSPOL, un manejo adecuado en las elecciones y la estabilidad política para que este gobierno termine de buena manera su gestión y entregue el poder al ganador de las elecciones. En economía, el nuevo ministro seguirá con la política de ajuste, de reformas estructurales y endeudamiento para reducir el déficit fiscal, reducir el tamaño del estado, liberalizar los mercados y obtener liquidez. Para asegurar el mantenimiento de la política fiscal, impuesto por los organismos internacionales, se mantuvo en el cargo de Viceministro de Finanzas nombrado por el ex ministro Richard Martinez que fue elegido vicepresidente del BID como pago al voto favorable de Ecuador en la elección del nuevo Presidente del BID, un norteamericano auspiciado por Trump.