Luis Rosero M.
La investigación sobre el caso Isspol avanza pero por acción de la justicia americana. Los procesos judiciales en el país caminan en función de la información derivada de ésta. Si bien se detuvo a algunos implicados aún no se recupera la inversión externa hecha por el Isspol. Y sigue la espera y suplicio para los afiliados al Isspol continua ya que no pueden recibir todas las prestaciones de seguridad social.
La Fiscalía dictó, el 22/06/2021, prisión preventiva a algunos de los implicados en el caso Isspol, entre ellos a Xavier Neira, gerente de Citadel, y 2 funcionarios de Decevale y arresto domiciliario a Rodolfo Kronfle, ex Presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y Decevale, Carlos Cargo y Oreana Rumbea ex directivos de Decevale acusados por el delito de falsedad de información. Como ya hemos señalado parte de las inversiones, realizadas en el exterior, por el Isspol, fue canje de bonos de deuda externa del Estado, por 693 millones de dólares con IBcorp y HYBF, en dos operaciones, con empresas de Jorge Chérrez. Además, están sin recuperar cerca de 200 millones por inversiones internas.
Para las inversiones con las empresas de Chérrez, éste según declaraciones de John Luzuriaga, ex director del Riesgos del Isspol, lo sobornó para que diera criterio favorable para la inversión. Por otro lado, en la declaración a la justicia americana, Luis Alvaréz, ex gerente de operaciones de Decevale, se declara culpable de haber recibido sobornos de Cherréz por facilitar negocios con Decevale. Entre ellos un acuerdo con una empresa para custodia de los valores invertidos por Isspol en el exterior, de propiedad de Cherréz que, por este contrato logra tener en custodia los títulos de las inversiones que negocio con Isspol. Por otro lado, el año pasado la Ministra Romo declaró “que el hijo de la gerente de Decevale estuvo trabajando en la Intendencia de Valores y la hija del exintendente de Valores de Guayaquil estuvo trabajando en la Bolsa de Valores de Guayaquil, que a su vez son accionistas mayoritarios de Decevale… Agregó que los representantes de Citadel, una de las casas de valores que participa en una de las operaciones del ISSPOL, tienen una relación familiar directa con los representantes de Decevale.” Se refiere a que Oriana Rumbea, gerente administrativa del DECEVALE, es esposa de Xavier Neira, gerente de CITADEL. Surgen algunos interrogantes: ¿Quién firmó los ¿contratos entre las empresas de Cherrez y Decevale? ¿si había claros conflictos de intereses porque no actuó el organismo de control?
Aún más, en un artículo que publiqué, en octubre del año pasado, sobre el tema, en la primera operación por 205 millones señale que: “el ex gerente de la casa de valores Valpacifico –hoy amenazado por ser testigo de investigación-, que intervino en la negociación, señaló que advirtió, por carta a David Proaño, director del ISSPOL en esa época, que “la ley no permite que Decevale tenga en custodia papeles que no están inscritos en el catastro”. La segunda operación con HYBF, según El Comercio, “pasó por la Bolsa de Valores de Guayaquil el 30 de diciembre de 2015 y la casa de valores CITADEL fue la intermediaria.” En otro artículo expresé: “el Intendente de Valores -hoy depuesto- fue advertido sobre la existencia de los bonos negociados con los fondos de inversión de Cherrez -en Decevale- no realizó ninguna gestión para enfrentar las irregularidades ya denunciadas por el ISSPOL.”
O sea, Carlos Murillo, Intendente de Valores, de la Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores, fue advertido de la irregularidades de las transacciones con Cherrez y tampoco tomó acciones. Por otro lado, el Isspol realizó inversiones locales con 36 cesiones de derechos fiduciarios con fideicomisos que, según Primicias, son operaciones prohibidas para los fondos como el Isspol. En otras palabras, la Superintendencia no actuó. O sea el organismo de control falló en la supervisión tanto en las inversiones externas e internas del Isspol. En la ley de mercado de valores y sus reformas se señalan las sanciones por infracción a dicha ley. Por otro lado, en la ley de Defensa de Dolarización, se estipula que “La estructura y funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y del Banco Central del Ecuador (JPRMFBCE) se mantendrá según lo establecido en el Código Orgánico y Monetario y Financiero vigente hasta antes de la reforma, mientras se conforman dentro del plazo de 90 días, contados a partir de la a partir de la presente ley, la Junta de Política y Regulación Financiera, la Junta de Política y Regulación Monetaria… “Dicho plazo vence el 3 de agosto, de este año, lo que significa que le toca, hasta esa fecha, a la (JPRMFBCE) aplicar las sanciones correspondientes. La misma estará presidida, hasta la fecha señalada, por el Ministro de Finanzas, e integradas por Ministros y otros funcionarios gubernamentales.
Lo paradójico es que no se ha recuperado la plata de las inversiones del Isspol y sus afiliados (policiías) no pueden recibir las prestaciones de la seguridad social y hasta el momento ninguno de los implicados tiene sentencia. Como ya lo expresaron los últimos directivos del Isspol y el ex gerente de Valpacifico, José Ibañez, que “Las inversiones del ISSPOL las manejo una mafia delictiva.”