Luis Rosero M.
En el cuarto intento, el gobierno logra que la Asamblea apruebe, con el apoyo de CREO, PSC, PK, BIN y otros, el proyecto de ley de defensa de la dolarización. En relación a la tercera versión de este proyecto la cuarta es más cosmética que, en lo fundamental, es una reforma al Código Monetario y Financiero (CMF) que cambia la gobernanza de la Junta Financiera y Monetaria, reforma al Banco Central y otras leyes
En el actual CFM, hay una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la política, regulación, supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Sus miembros son todos ministros y funcionarios públicos. El proyecto aprobado crea dos juntas: una de Política y Regulación Financiera cuyas funciones principales serán dictar la política crediticia, financiera, de seguros, valores y salud prepagada y regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero y en los 3 últimos señalados. La otra es la Junta de Política y Regulación Monetaria cuya función principal será de formular la política monetaria, establecer las políticas del Banco Central (BCE) y supervisar su implementación así como vigilar el cumplimiento de sus funciones. Los miembros de ambas juntas, antes 5, serán 3, duraran 4 años y, en el caso de la Junta Financiera, se cambia el tercer requisito de experiencia de 10 años, que se divide 6 años en funciones de dirección o administración en lo monetario/financiero, seguros o valores u organismos de regulación, supervisión o control en esos ámbitos y 4 años por catedra universitaria en dichos ámbitos. Para el Banco Central se exige solo la experiencia en lo monetario/financiero.
En relación a la Junta Financiera, se elimina el art. 15 del CFM quitando las funciones macroeconómicas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.
En cuanto al BCE, sus funciones principales serían instrumentar la política monetaria para promover la sostenibilidad del sistema financiero y monetario; elaborar, coordinando con el Ministerio de Finanzas, la programación macroeconómica; preparar informe sobre el presupuesto del estado; elaborar los informes de liquidez; informar sobre la sostenibilidad de las reservas para para operaciones de deuda y administrar la RMI. En sí, se cambian, por hipótesis, las funciones del BCE muy cercanas a las determinadas por la Constitución de 1998 y la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de diciembre de 2005. Se le devuelve la autonomía al Banco Central y se cambia su directorio por una Junta Monetaria.
En síntesis, hasta lo analizado sobre las Juntas y BCE, la política pública por naturaleza es formulada por el ejecutivo, y, con el CMF actual, toda la política y regulación financiera, monetaria, de seguros y valores es elaborada por autoridades (Ministros y funcionarios públicos) pero con el proyecto aprobado el gobierno delega a que estas políticas y regulación, en estos ámbitos, sea dictada por miembros del sector privado. Aún más, al reducirse el número de miembros de la Junta Financiera y de la Monetaria la posibilidad de cooptación y conflictos de intereses aumenta. Es un viraje de 360 grados, de pasar la política y regulación financiera y monetaria dictada por funcionarios públicos a ser dictadas por miembros del sector privado. Al eliminarse las facultades macroeconómicas de la nueva Junta Financiera cabe la posibilidad de que los entes financieros privados puedan sacar capitales sin interferencias. El proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, en realidad apunta más, según lo analizado hasta el momento, al cambio de la gobernanza de las Juntas Financiera y Monetaria. La dolarización es sostenible en la medida que haya más ingreso que salida de dólares al país y para eso el país tiene que realizar un cambio estructural y especialización que permita lograr dicho objetivo. El gobierno actual concluye su periodo que, en lo económico-financiero implementó la liberalización del mercado de combustibles, hizo una reforma laboral y con este proyecto de ley se tendería a liberalización del mercado del financiero: de dinero y de capitales, con lo cual cumple nos vamos acercando a la instrumentación de una economía de mercado sin cortapisas.
Pensamiento y comportamiento 