Luis Rosero M.
Después de 18 días, del paro indígena, el gobierno se vio obligado a sentarse a negociar con la CONAIE, ejecutó un cambio en el gabinete y prometió un cambio de rumbo en la política económica -marcada por el FMI- y en la pobre política social. Hay que esperar la actuación en práctica para ver si el gobierno comprendió el mensaje de la protesta social.
El ministro de economía saliente -Simón Cueva- se preocupó de cumplir los condicionamientos del FMI, estipulados en el acuerdo, poniendo énfasis en la macroeconomía restringiendo los recursos para el área social. Su objetivo principal era reducir el déficit, que alcanzó. con una reforma tributaria regresiva, el aumento del precio del petróleo -por la invasión rusa a Ucrania- y una fuerte reducción a la inversión pública y de los gastos sociales. Los dos primeros, más la donación de mil millones en DEG del FMI, permitieron que se genere 2000 millones de ingresos públicos adicionales a más de los desembolsos de 1000 millones del FMI de las ultimas cuotas del crédito. Mientras que los gastos sociales fueron reducidos y la menor inversión pública afectaron la estabilidad social y la actividad económica. Un alto funcionario del FMI declaró que dichos recursos podían utilizarse para la inversión pública, sin embargo el ex ministro los retuvo. Por lo estipulado en el convenio con el FMI, comenzó a reconocer la deuda con el IESS y redujo los retrasos. Pero también obtuvo recursos a través de deuda externa que aumentó ésta generando un peso en el presupuesto y riesgos para su sostenibilidad. Firmó un acuerdo de pago de con el IESS por 140 millones y transfirió a los GAD algunos recursos. A la par la disminución de los gastos sociales que, con los efectos de la pandemia, agudizó la crisis social se manifestia en desempleo, subempleo, pobreza y hambre. La CONAIE lo que abanderó fue la crítica situación social que, como ya he señalado, tiene factores estructurales que la explican. Ya 5 organismos de la ONU, señalaron, que en 2021, al menos 56 millones de personas sufrieron hambre en A. Latina y el Caribe a más de que cada 4 de 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria. Y la crisis social ya lo reconocen los empresarios a decir de la nueva presidente del Comité Empresarial que declaró que una de las lecciones del paro indígena es que debemos preocuparnos mucho por lo social.
El gobierno fue obligado a sentarse a negociar con la CONAIE y cumplir parcialmente las 10 demandas sociales por esta organización. También agilizó el pedido, a la Conferencia Episcopal, de las mesas de diálogo para tratar las otras demandas -entre ellas la focalización de los combustibles y condonación de créditos- en un plazo de 90 días.
Varios fueron los costos del paro. El Banco Central (BCE) estima que alcanzaron 821 millones mientras que otros lo calculan en 1000 millones. Lo que implicaría un menor nivel de actividad de alrededor de 1% del PIB. A pesar de que la economía creció un 3.8% en el I Trimestre de este año, según el BCE, el crecimiento económico sería menor a lo estimado por esta entidad y aún más cuando el propio FMI señala la posibilidad de una recesión mundial en 2023. Sin embargo, en el I Semestre de este año se perdieron 300000 empleos, tendencia que seguirá como secuela del paro indígena. A más de eso, los niños indígenas que acompañaron a sus padres, estuvieron en la Universidad Central y atendidos por médicos de esta casa de estudio reportaron que la mayoría tenía desnutrición crónica, reflejo de un grave problema de salud pública del país. Si a eso le sumamos que la inflación anual, en Junio, alcanzó 4.23% y la canasta básica subió a 751 dólares que, en un año, se incrementó 52.77 dólares. En este marco, la Junta de Política y Regulación financiera estableció nuevas tasas de interés.
El cambio de gabinete fue obligado por la crisis política y social, agudizada por el paro indígena. Hubieron 4 cambios, en el Ministerio de Economía, Transporte, Vivienda y en la Educación Superior pero paradójicamente se aplazó y se nombró después de 4 días al nuevo titular de Salud, que es precisamente donde hay muchas carencias como la falta de medicinas y atención en los hospitales públicos. Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía, declaró que su prioridad va a ser el gasto social y la inversión pública. Declarado como el ¿¡tanque de pensamiento!? de la Fundación Ecuador Libre -de Lasso- es un economista liberal partidario de una economía de mercado sin restricciones. Tiene al frente muchos desafíos económicos, entre ellos, parar la tendencia al alza de la inflación, limitar el endeudamiento externo, asignar los recursos a la política social y movilizar la inversión pública. Los límites que tiene son los condicionamientos del FMI a la política económica renegociar las metas con el FMI para asignar más al gasto social y a la inversión pública. Si no hay cambio de rumbo en la política social volverá la protesta indígena -como ya lo anunció Lourdes Tiban, una de las lideresas del movimiento indígena-. Su pensamiento liberal lo obliga a seguir los lineamientos del FMI, al que ya se acercó y a otros organismos multilaterales, pero si es pragmático buscará ciertos cambios. De ahí la interrogante ¿se impondrá su espíritu liberal o el pragmatismo? Lo cierto es que si no cambia la política económica y social tendremos nuevamente inestabilidad social, política y económica.
Pensamiento y comportamiento 