Luis Rosero M.

Los actos de violencia, a inicios de Noviembre, han hecho crisis la paz social, ante lo cual el gobierno recurrió nuevamente al estado de excepción y acciones tibias para enfrentar la situación. Ante la crisis de la seguridad, no se conoce la estrategia para enfrentar la violencia, que parece no tiene fin así como el temor de la población que ve debilitada, cada vez más, la seguridad ciudadana.

La grave crisis de seguridad social, que tiene en zozobra a la población, se manifestó con atentados, asesinatos de policías, explosiones en UPC, coches bombas y ataques en estaciones de servicio, recibimiento a bala a los miembros de la policía y fuerzas armadas que entraron a la Penitenciaría del litoral,-que esperaron tres días para poder ingresar-, etc. Los hechos de violencia fueron 8 en Guayaquil y varios ataques en Durán. Estos hechos no solo se registraron en la provincia del Guayas sino además en Esmeraldas. La repuesta gubernamental fue declarar estado de excepción en éstas y que se extendió a la provincia de Santo Domingo. Al parecer, la repuesta de la violencia criminal fue por el traslado de reos desde dicha Penitenciaría a otras prisiones. Hoy, en el programa A Primera Hora, de Sonorama, Patricio Vela entrevistó a Ana Minda, periodista especializada en grupos criminales,  señaló  que esta medida fue propuesta en Europa en la lucha contra dichos grupos, lo que da indicios de falta de estrategia.

Los expertos señalan que los estados de excepción no son suficientes sino se toman otras medidas. Nelsa Curbelo, en su artículo “Reconocer la derrota frente a la violencia” señala claramente que la lucha contra la violencia en las cárceles y en las calles se está perdiendo. Patricio Acosta, militar en servicio pasivo, en entrevista, señaló que “Sin un plan nacional de seguridad, el estado de excepción en Guayas y Esmerladas no dará resultado”. El exministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gándara señala que es necesario un duro plan de seguridad. El gobierno ha informado que tiene una estrategia elaborada, pero por razones legales no puede ser revelada. Pero lo importante, es que se tomen medidas eficaces contra esa violencia.

A nivel internacional, los medios de comunicación informan que Ecuador es un país en guerra. Diario El País reporta que los carteles de droga mexicanos se disputan territorio. Sin embargo, en las redes apareció una advertencia de atentados y sabotajes colgado por bandas criminales locales que han realizado varios actos de violencia.

Los efectos del incremento de la violencia no solo son económicos ej. (contracción de ventas en varios sectores productivos; en el comercio, baja asistencia a locales y centros comerciales; en el turismo caso de reducción de la asistencia en las playas de Santa Elena y Esmeraldas, pérdida de empleo, reducción del nivel de vida, etc.) sino además en la seguridad ciudadana. Buena parte de la población vive en zozobra, con miedo, temor generalizado, etc. que se ve obligada al confinamiento en casa para reducir el riesgo de pérdida de vida. Afecta su calidad de vida por la menor movilidad social y reducción de las actividades de entretenimiento.

El gobierno convocó al Consejo de Seguridad Pública, no se conoce que resolvieron. Hemos llegado a alto nivel de violencia que hace invivible esta situación y que requiere que, de una vez por todas, el gobierno aplique una estrategia efectiva contra la violencia. Para ello, entre otras acciones, es necesario la coordinación del gobierno central con los gobiernos descentralizados, o sea con gobiernos provinciales y locales que tienen policías metropolitanos. Pero no sólo se trata de lo urbano, a nivel rural el nivel de delincuencia criminal ha aumentado y tiene en vilo a agricultores y pobladores, por ello también es importante la coordinación con las Juntas Parroquiales Rurales.

El tema no solo pasa por el uso de las armas e insumos para éstas que, además, según una periodista de El Comercio, en un video informó, que algunos miembros de la policía no tiene municiones ni chalecos, tienen armas -al parecer por la austeridad fiscal- que confirma Ana Minda y se corrobora con la rebaja del presupuesto para 2023 a la Policía Nacional, sino también de tratar de paliar aún mas la situación de pobreza y hambre que va en aumento y son fermento de la violencia. Es hora de la Unidad Nacional para frenar la violencia, que es un flagelo nacional.

El riesgo es que como dijo Ana Minda, en dicho programa, que la violencia avance mucho mas para seguir sitiando territorios, ganar poder y llevar al pánico a la población como ocurrió en la época crítica en Colombia y México. Los hechos muestran una mala calidad en la gestión pública, no solo en seguridad, que se puede resumir en una palabra: ineficacia. Ahora, el Presidente acusa a narcopolíticos de defender a las bandas criminales para tratar de desestabilizar la democracia y volver al poder. Nuevamente, otra cortina de humo para camuflar en la ineficacia en la gestión pública en varias áreas. La Conferencia Episcopal llamó a una jornada de oración para pedir por la paz y, al parecer, no nos queda más que rezar para pedir por el freno y reducción de la espiral de violencia.

Luis Rosero M.

En 2022, la tendencia de la economía es hacia la desaceleración, aumento de la inflación y mantenimiento del ajuste económico, tratando de alcanzar las metas del FMI, que contribuye a la primera tendencia. A su vez, el gobierno insiste en su esquema de reformas estructurales, para tratar de incentivar la actividad económica, pero ha logrado muy poco. Lo cierto es que hay incertidumbre sobre el rumbo económico.

En cuanto al ritmo de la actividad económica, el crecimiento fue apenas de 1.7% en el II Trimestre, en relación al mismo trimestre del año anterior, que comparado con el 3.8% del I Trimestre de 2021 marca una tendencia a la deceleración. El comportamiento económico del II Trimestre, de este año, se explica principalmente por el gasto de consumo de los hogares de 4.9%, del gasto de consumo del gobierno de 2.4% e inversión con 3.1%. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron -0.1% mientras que las importaciones se incrementaron 7%. El Banco Central, por este comportamiento de la economía, redujo su proyección de tasa de crecimiento para 2022 a 2.7%. La tendencia a la desaceleración de la economía se profundiza por la continuación del ajuste. Pero en cambio, estima que el crecimiento, en 2023, sería de 3.1%, a pesar de que la mayoría de los organismos financieros internacionales prevén una recesión mundial en el siguiente año.

El ajuste continúa, de acuerdo a lo pactado en el convenio de crédito con el FMI. Un dato importante, sobre este tema, es el comportamiento de la inversión pública. En periodo, enero-agosto, la inversión pública solo fue 509 millones de dólares, que es sólo el 18% de lo programado para esta variable que alcanza a 2.800 millones. Ya estamos en el IV trimestre del año, como marca la tendencia histórica, no se alcanzará a ejecutar los programado. El gobierno sigue a la espera que aumente la inversión nacional o atraer la inversión extranjera, pero no hay nueva inversión y la segunda no llega. Además, el ajuste, se reforzó con la reforma tributaria, al reducir la base imponible de asalariados y empleados que incidió para que paguen más impuesto a la renta, lo cual ralentizó el consumo de las familias. Por otro lado, están cayendo, en lo que va del II semestre, algunos productos de las exportaciones tradicionales, que reforzaría dicha tendencia.  Por ello, el gobierno insiste en presentar a la Asamblea la ley de inversiones reformulada, pero ésta, aún se apruebe en este año, solo podría incentivarse en 2023.

En cuanto, a la inflación, la invasión de Rusia a Crimea, afectó la provisión de insumos y materias primas agrícolas aumentando sus precios a lo que se agrega los problemas logísticos y de abastecimiento que dejó la pandemia. Estos factores externos incidieron en el aumento de la inflación nacional a los que se agregan los incrementos de costos y márgenes de ganancias de las empresas locales. Así, la tendencia al alza de la inflación se inicia en octubre de 2021 alcanzando, en diciembre, de ese año, 1.9%. A partir de enero de 2022 la tendencia continua y, en ese mes alcanzó 2.5%, ya en abril llegó a 2.8% y, en junio repunta a 4.2%, en la que influyó el paro indígena. Si bien disminuye, en los dos siguientes meses, en septiembre alcanza nuevamente 4.2%. Esta tendencia afectó el costo de la canasta básica. Así, en diciembre de 2021, alcanzó $ 719,6% y, a septiembre de 2022, llegó a $ 756,9%, o sea un incremento de 5.1% en dicho periodo.

Finalmente, el gobierno insiste en su propuesta de reformas estructurales que busca implementar una economía de mercado más libre. Logró que se aprobará la reforma tributaria y, ahora, está intentando para que la Asamblea apoye la ley de inversiones. Para eso, llegó a un acuerdo con ésta para negociar los términos del proyecto de ley. Ya se conoce un anteproyecto. El gobierno insiste, como parte central de éste, en reformar las zonas francas para que puedan, con una serie de incentivos tributarios, el ingreso de maquila, preferentemente con inversión extranjera, para dinamizar la actividad económica y el empleo. Ligado, a este proyecto, está el de la reforma al mercado de trabajo, para que se reduzca el costo de contratación de la mano de obra.

En síntesis, la tendencia que muestra la economía, hasta el momento, es la desaceleración económica, la continuación del ajuste. La actividad económica del IV trimestre es clave para revertir esta tendencia. Continuará el aumento de la inflación y tratar de lograr de aprobar reformas estructurales para incentivar el crecimiento y aumentar el empleo. Sin embargo, en este año, aún se apruebe el anteproyecto tendrá efectos en el siguiente año. Hay incertidumbre, hasta la fecha, del rumbo económico.

Luis Rosero M.

Concluyeron las negociaciones entre el gobierno y el movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN y FEINE) , después de paro indígena en Octubre, firmándose un acta de cierre que resume los acuerdos y desacuerdos alcanzados en las distintas mesas temáticas. El desafío del gobierno es cumplir lo acordado o se arriesga a una nueva protesta indígena que mostró la fuerza y movilidad que tiene.
Las mesas fueron de: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, energía y recursos naturales, control de precios, seguridad, justicia y derechos, acceso a la salud y mesas técnicas y empleo y derechos laborales. En cada una de estas se presentaron demandas y petitorios que concluyeron en acuerdos y desacuerdos. Se estableció una mesa de seguimiento para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
En la mesa de focalización de subsidios, después de conseguir, al fin del paro, una reducción adicional del 5% del precio de la gasolina extra y ecopaís, se acordó mantener el subsidio general, prohibir la liberación de los combustibles, implementar sistemas y plataformas para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles, etc. También se establecieron los criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz de los siguientes vehículos con cilindrajes mayores a: autos 2201, camionetas 3001, jeep 2401, motos 301. Además, quedarían fuera del subsidio los dueños de 3 vehículos o más, vehículos cuyos propietarios tengan ingresos igual o superior a 41.603,01. En otras palabras, quedarían fuera los vehículos de alta gama o los que usan los propietarios de altos ingresos. En cuanto, a la pesca artesanal se mantiene el subsidio y el gobierno se compromete a establecer estaciones de venta de combustibles propias. Entre los principales desacuerdos están la determinación del cupo mensual, sistemas de bandas para los que no reciban el subsidio, precios diferenciados para las grandes empresas y subsidio social y comunitario.
El aspecto clave, en esta temática, es el subsidio generalizado o focalizado. En el caso de la gasolina extra o ecopaís, el subsidio de esta última llega, según el gobierno, a $ 0.49. Este se justifica porque la en el caso de la extra, la usa y el transporte público que posibilita que no aumente el precio del pasaje de buses, evitando una mayor inflación, sobre todo en esta época de crisis internacional en que, entre otros aspectos, ha elevado la inflación en EE.UU y Europa a alrededor del 10%, en los últimos meses. Si el subsidio es generalizado, como sucede actualmente, salen beneficiados del mismo, los que tienen altos ingresos. La decisión para focalizar el subsidio es básicamente una decisión política, pues con el sistema que tiene Petroecuador, con los parámetros definidos para exclusión del subsidio, existe el mecanismo y aplicar el subsidio focalizado en las gasolinas.
Según declaraciones del Ministro de Energía, el subsidio este año sería de 4000 millones y el parque automotor recibe el 49% de los subsidios. De éste, el 30% se destina a vehículos livianos y 70% a pesados. Este 30% representa el 14.7% del total de los subsidios (automotrices, domésticos, atunero, camaronero, pesquero, aviación, etc.). El gobierno calcula que la reducción del subsidio a los combustibles sería entre 150 a 250 millones. El aspecto crucial, en este tema, es que los subsidios a sectores productivos deben ser temporales y no permanentes, pues ello implicaría mantener la ineficiencia y no alentar la competitividad. Los casos mas relevantes, en estos sectores, son los subsidios a los combustibles a camaroneros y pesqueros. Por los primeros, en 2021, el país llegó a ser el primer exportador mundial de camarón, lo que significa un boom para este sector. Estos alegan que el subsidio que reciben lo compensan con los gastos que realizan en seguridad. Lo cierto es que este sector tiene suficientes recursos y capacidad para absorber la quita de subsidios, por ello llegó a ese primer puesto. Además, el gobierno tiene en sus manos la solución, pues esta el proyecto de sustituir el diésel que consumen las piscinas camaroneras con un tendido eléctrico que lleve energía para el funcionamiento de las bombas de agua que utilizan. Así mismo, el sector atunero que pesca en el mar es elmmás grande en Latinoamérica en capturas, lo que demuestra su capacidad y fortaleza que le permitirá asumir la eliminación del subsidio.
La decisión de quitar el subsidio es fundamentalmente política. En el sector camaronero hay que implementar el tendido eléctrico como solución a mediano plazo, en el corto plazo se puede eliminar dicho subsidio pues lo pueden asumir. Así mismo es el caso de la pesca marítima. El polo opuesto a esta situación de bonanza es, según el Banco Mundial, el 30% de la población del país está bajo la línea de pobreza. En todo caso, los recursos que se liberarían por la focalización del subsidio de los combustibles, que deben favorecer a los más pobres, se debería utilizar en aumentar el bienestar social, en gastos sociales como salud y educación tal como exige el movimiento indígena que mostró la capacidad de sentar al gobierno a negociar y obligarlo a otorgar beneficios no solo al movimiento indígena sino también a la población más desfavorecida.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

En la Asamblea, por acuerdo con el Ejecutivo, está analizando un anteproyecto de ley de inversiones que tiene dos componentes: una, de la economía digital y, la otra, de nuevas inversiones, para lo cual propone la reforma a varias leyes. Sería enviado con el carácter de económico urgente.

Recordemos que, el año pasado, el gobierno envío un megaproyecto de ley que incluía la reforma tributaria, cambios en la economía digital e inversiones, el que fue rechazado por la Asamblea por tratarse de varias materias. El gobierno optó por dividirlo y enviarlo por parte. Logró que se aprobará la reforma tributaria y en el anteproyecto se busca una transformación digital y atracción de nuevas inversiones.

En el anteproyecto, se establece que la rectoría de la transformación digital y del gobierno digital será el Ministerio de Telecomunicaciones (MT). Buscará la modernización y simplificación de trámites en el sector público, el uso eficiente de las plataformas, servicios y tecnología digital. El MT dictará la política pública en este ámbito y buscará que la modernización digital se aplique no solo al sector público, sino además al sector privado y toda la sociedad. Plantea una serie de reformas a varias leyes. Tratará de incentivar las inversiones del sector privado para ejecutar la transformación digital. Además, se incluye al sector audiovisual y se aplicarán incentivos tributarios (aranceles, ISD, Impuesto a la Renta e IVA) para la importación de bienes de capital que necesiten la producción de obras audiovisuales. En el manejo de la información, las entidades del sector público podrán contratar servicios tecnológicos con empresas que observen normas de seguridad y apliquen estándares internacionales. Se exoneran de tarifas por asignación y uso del espectro radioléctrico a los sectores comunitarios.

En el mercado de valores, se plantean reformas para incentivar el uso de títulos de valor electrónicos. Así mismo la cesión, endoso, trasmisión de derechos de documentos, notificación o entrega de títulos electrónicos se podrá utilizar medios electrónicos, telemáticos y firmas manuscritas y electrónicas. En este ámbito, la advertencia es la prevención de posibles delitos como ocurrió con los títulos de valor del ISSPOL.

En cuanto a los servicios notariales, se reforma la ley para que además de que puedan ser prestados de manera física se hagan también de forma telemática. En los documentos electrónicos, las notarías validaran las firmas electrónicas. En el Código General de Procesos se faculta el uso de documentos electrónicos o desmaterializados. En la ley de Registro de Propiedad, Mercantil y otros se establece la transformación digital de registros, certificados, inventarios y demás actos que genere el Registro. Los libros de este podrán llevarse de manera electrónica o automatizada.

Como se observa, en el fondo lo que se está planteando es que a los trámites que requieran documentación física también tendrán la misma validez los documentos electrónicos, y se pueden realizar los trámites y transacciones con éstos manteniendo la legalidad de los mismos al igual que los físicos.

En síntesis, se trata de modernizar los trámites para que puedan realizarse con documentos electrónicos, tengan validez las firmas electrónicas e incluso en los procesos judiciales se podrá usar los medios telemáticos y electrónicos, los que tendrán la misma validez que los físicos.

El gobierno busca agilizar de esta forma la realización de trámites y transacciones con el uso de medios electrónicos y telemáticas que permitirá ahorro de tiempo y costos para los usuarios y garantizando la validez de los mismos que si fueran físicos.

Luis Rosero M.

Después de enfrentar un paro indígena, en Junio de 2022, con el incremento de la violencia en los siguientes meses y con negociaciones con la Asamblea, el gobierno vuelve la mirada a su agenda económica para tratar de implementar algunos de sus componentes claves.

En “Política Económica: reformas estructurales y el FMI en el Ecuador (2017 – 2021)”,  charla dictada a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Financieras de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), en Enero 31 de 2022, explique los 5 componentes de la agenda económica del gobierno de Lasso, que se inscribe en una reforma económica, en línea con su tendencia neoliberal, que son las reformas: monetaria y financiera, tributaria, laboral, del estado y comercial.

La primera, aprobada por el gobierno de Lenín Moreno que, entre otras modificaciones, realizó cambios institucionales devolviéndole la autonomía al Banco Central y creó la Junta Monetaria y la Junta Financiera, organismos de regulación en el ámbito monetario y financiero. El gobierno de Lasso aplicó dicha reforma y nombró los directivos de ambas juntas. La Financiera se encargó, como una de sus primeras regulaciones, de modificar la metodología para el calculo de las tasas de interés. Todo esto se dio en el marco de una contrarreforma monetaria-financiera (La reforma y contrarreforma monetaria financiera, Rev. Ecuador Debate No.114, Diciembre de 2021, Centro Andino de Acción Popular. Ver https://drive.google.com/file/d/19kXPqYFHbErtLRagQBvWkPAbhSCtIthE/view)

La reforma tributaria, se aprobó a fines de 2021, entró en vigencia en 2022, y creó una contribución temporal a las empresas y redujo las deducciones del impuesto a la renta de los empleados y trabajadores que terminaron pagando, de manera permanente, un mayor impuesto a la renta, por lo que resultó una reforma inequitativa e injusta.

En la reforma comercial, el gobierno buscó afanosamente entrar a la Alianza del Pacifico, para lo cual requería celebrar un acuerdo comercial con México, que sería el boleto de entrada a los mercados de éste país, Chile, Perú. Sin embargo, si bien avanzaron las negociaciones en diversos temas, el acuerdo esta paralizado ya que México defiende a los sectores acuícola, pesca y banano, impidiendo o restringiendo la entrada de los productos ecuatorianos en estos sectores y sobre todo del camarón. En consecuencia, el gobierno optó avanzar en negociaciones comerciales con otros países alcanzando acuerdos con Chile y Guatemala y negocia otros acuerdos con Costa Rica, Corea del Sur, China, y otros países.

En cuanto a la reforma del estado, había decidido la privatización y concesión de empresas públicas. La oposición a la primera, por parte de movimientos sociales, hizo desistir al gobierno de seguir con esa vía de reducción del tamaño del estado. Sin embargo, en actividades que le interesan avanza con la privatización del Banco del Pacifico que estaría lista para la venta en este año. Por ello, optó por la concesión de servicios públicos y ha comenzado con las carreteras y se alista para realizar mas concesiones en otras áreas.

En la actual coyuntura, en una situación de nuevas masacres carcelarias, aumento de la inseguridad ciudadana, una desaceleración de la economía y a las puertas de la recesión mundial en 2023, el gobierno apunta ahora, dentro del marco de la reforma del estado, a una ley de inversiones y un cambio digital en trámites en el sector público y privado. El gobierno basa su ley de inversiones en la maquila utilizando las zonas francas para atraer capital extranjero y reexportar bienes y servicios que se ensamblen o readecuen en dichas zonas. Para ello, establece incentivos de reducción de impuestos y además la posibilidad de una reforma laboral que reduzca el costo laboral.

En síntesis, el gobierno agobiado por la coyuntura actual que además del crecimiento de la inseguridad ciudadana, aumento del temor de la ciudadanía por más violencia, baja de credibilidad y popularidad, cumplir con sus promesas de campaña de crear empleo, hay desempleo, mayor subempleo y crecimiento del sector informal, etc. opta por incentivar inversiones y, por ello, envío a la Asamblea el anteproyecto de Ley para la atracción de inversiones, que esta siendo negociada con la Asamblea. Con ello, completaría la reforma económica de su agenda que están en línea con los lineamientos de los organismos internacionales.

Luis Rosero M.

Los últimos hechos de violencia han aumentado la inseguridad ciudadana; en lo social, continúan los problemas en los hospitales públicos y prestadores externos de servicios de salud; en lo político se toman decisiones erráticas y, en lo económico, se anunció una drástica caída del crecimiento económico en el II trimestre de este año y el riesgo país se ha elevado fuertemente. Todos estos eventos configuran una coyuntura que muestran, al parecer, un panorama de un país sin rumbo, con un gobierno que tarda o es ineficaz en enfrentar los problemas que agobian a la sociedad ecuatoriana.

El crimen de la Abog. Ma. Belén Bernal, el asesinato de un fiscal en pleno centro de Guayaquil, la captura de policías activos cometiendo delitos, los crímenes diarios de los sicarios -sobre todo en la zona 8-, el cobro de vacunas(cobro por protección) a transportistas y negocios, etc. muestran una tendencia de como la violencia sigue imparable y, al parecer, no existen estrategias para contenerlas. Por otro lado, la huida del principal sospechoso de dicho femicidio en una academia policial y la colaboración que, según informan los medios de comunicación, recibió de dos generales de policía revelaron el poder y cómo se maneja la cúpula policial. El crimen aumento el fervor de los colectivos de mujeres y movimientos feministas que reclaman justicia para el femicidio. El impacto en la sociedad ecuatoriana del aumento de la violencia es el temor colectivo y, a nivel de cada ciudadano, el miedo a salir a las calles para resguardarse de la violencia, lo que limita su movilidad afectando su bienestar social. Ya no hay paz ciudadana ni protección efectiva de la fuerza pública que la garantice. En estos momentos de gran violencia, valoramos muchos ese bien público: la seguridad ciudadana. La población realiza marchas contra la inseguridad para pedir protección.

Las decisiones del gobierno ante el femicidio de descabezar la cúpula policial, dar plazo para la captura del principal sospechoso del femicidio y pedir la renuncia al Ministro del Interior y nombrar a otro policía en su reemplazo, no parece ser lo más adecuado y suficiente para enfrentar la ola de violencia. Es muy importante que dicho ministerio este manejado por un civil y, por otro lado, es fundamental una estrategia para enfrentar a las bandas criminales para el control de la violencia. Aún con emergencia de seguridad y, el ejército en las calles, sigue imparable la violencia -sobre todo en la zona 8. Hace poco el Presidente viajó a Israel por temas de seguridad, ha cambiado a varios ministros del Interior y director de cárceles pero hasta ahora tenemos resultados eficaces en el control de la violencia.

En lo social, a pesar de que el gobierno ha implementado planes de provisión de medicinas en los hospitales públicos sigue el desabastecimiento, los pacientes salen a protestar por las deudas del Ministerio de salud con los prestadores externos ya que éstos no los atienden, hospitales y clínicas privadas solicitan dialogo con el gobierno para el pago de sus servicios, el Ministerio de Finanzas llega un acuerdo con el IESS para pagarle 300 millones, cuando la deuda del Ministerio con éste es de mas de 8 mil millones de dólares, el aumento de sueldo a los maestros no puede efectivarse porque el gobierno alega que no hay dinero, etc. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en lo social? ¿No se atienden a tiempo estos problemas por ineficacia de la gestión pública o por contener el déficit fiscal? Después del paro de los indígenas, en Junio, el Ministro de Finanzas señaló que la prioridad sería el gasto social ¿al parecer otras son las prioridades?

Para complicar el panorama, en lo económico, el Banco Central anunció que el II trimestre, de este año, la economía creció 1.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, y solo 0.1% respecto al I trimestre de este año y su argumento para esta baja fue el impacto del paro indígena de Junio. Un funcionario de Citi Research -no del Citibank como erróneamente había señalado- señaló que el crecimiento en 2022 sería solo 1.8% y que el 2023 apenas llegaría a 1.5%. Por otro lado, el riesgo país llegó a 1726 puntos que representa mas del doble de los 714 puntos con que se inició el gobierno. Estos se explicarían, a más de las condiciones económicas adversas, por las exigencias del paro indígena, precio del petróleo, escasa preferencias de los inversionistas y la falta de gobernabilidad. Esto significa que, en este año, continuará con problemas de desempleo y subempleo alto, que se agravarían en 2023. El gobierno insiste en su estrategia económica de apertura comercial, reforma laboral, reforma de inversiones, etc. pero, ya a un año medio de gestión, no logra concretar éstas. Aún más, sigue apostando a la política económica recomendada por el FMI, pues el Presidente anunció que buscaran un nuevo convenio con este organismo.

En síntesis, no hay certidumbre sobre la gestión pública en lo social, político, seguridad. No sabemos adonde va el gobierno y, aún más, en lo económico no se conoce que orientación tomará política económica y, en consecuencia, el rumbo económico del país. Con el anuncio de los organismos internacionales de una recesión mundial en 2023, el panorama económico se agravará en 2023 y esto llevará a un mayor deterioro del mercado de trabajo e incidirá en los niveles de pobreza, hambre e indigencia lo cual impactará en los niveles de violencia.  Sigue latente la hipótesis, la ineficacia de la gestión pública obedece a ¿no actuar a tiempo ante los problemas que enfrenta -que los agrava- o impera la disciplina fiscal que no permite acceder a los recursos a las instituciones para que actúen como sucedió con el primer ministro de Finanzas de este gobierno?

Luis Rosero M.

Los dos casos de asesinatos recientes han conmocionado al país, reflejando el nivel de violencia  a que hemos llegado elevando la inseguridad ciudadana, con una población que siente un mayor clima de temor y zozobra por su desprotección.

El primero fue el asesinato de la abogada María Belén Bernal que, al parecer, fue realizado presuntamente por Germán Cáceres, su esposo, teniente de policía, en una escuela policial. En varios medios de comunicación, como el programa A primera Hora, de Radio Sonorama, Fabricio Vela, entrevistó a varios expertos que dieron su opinión profesional sobre dicho caso; por otro lado A. Boscan hace una serie de revelaciones sobre la acción de dos generales de policía y la dra. DJ. Alma D. Blum plantea algunas denuncias. En resumen, de lo más relevante que se señaló por parte de estos voceros de opinión son las irregularidades en el proceso de investigación policial y de la demora de la Fiscalía en actuar, el que uno de los generales acompañó al teniente Cáceres a entrar a la habitación en que ocurrió el hecho sin que este presente un fiscal, que se presentó una denuncia en la DINASED, organismo de la policía, y no se llevó ésta a la Fiscalía. Además, el ministro Carrillo acusa al guardia que dejó entrar a M. Belén y se detuvo, por homicidio involuntario, a una cadete acusada en el caso. En síntesis, se trata de una serie de hechos para demorar y desvirtuar la investigación del caso. Pero además se revela como se manejan las altas esferas policiales. En el medio Región Network Ecuador se señaló que M. Belén llevaba causas de varios generales de Policía. Surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y dudas en este caso. La madre de Ma. Belén ha calificado como crimen de estado y la reacción de los colectivos de mujeres y movimientos feministas fue la movilización y vigía reclamando por la desaparición y justicia en este caso a tal punto que frente a la Comandancia General de Policía protestaron y cantaron una canción alusiva al femicidio. Su grito Ni Una Menos ha retumbado en el país. La repuesta de Sergio Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública, a la madre de Belén, fue “Las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país ya encontraron aquí un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. Se trata de un acto de un mal policía y habrá que ver si hay más.”  Pero los hechos hablan por sí solos y revelan mucho más que eso. La repuesta del Presidente, al regresar del país, fue pedir la renuncia al ministro Carillo, estudiar la baja al mando policial, la desvinculación de dos generales de la Policía y pedir perdón a la madre de Ma. Belén.

El segundo asesinato, ocurrido el 19 de Septiembre, en pleno centro de Guayaquil, fue al fiscal Edgar Escobar, que estaba encargado de casos de  femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Se trata de formas de atemorizar e intimidar al personal de la Función Judicial para que algunos casos queden impunes o se alargue el proceso para diferir el caso. A pesar de que hay un mecanismo de protección para tales funcionarios, al parecer este no funciona. Dicho fiscal además estaba encargado del proceso judicial contra la estafa al ISSPOL, en el que participaba el Ministro Carrillo como acusador.

Estos dos hechos demuestran como, cada día, aumenta el nivel de inseguridad de la población pero en el que además resultan afectados los funcionarios judiciales, entre ellos jueces, encargados de llevar a juicio a estos casos y dictar sentencia condenatoria. En medio de la crisis institucional (de la Función Ejecutiva, Judicial, Asamblea Nacional), aumenta el grado de inseguridad que pone en jaque a la población que observa como las entidades encargadas de darle protección ciudadana cumplen cabalmente sus funciones o lo hacen de manera irregular. Lo revelado en el primer asesinato demuestran la urgente necesidad de una reforma profunda e integral a todos los organismos de seguridad del estado, incluida la organización y dirección de la policía, así como en la Función Judicial para que cumplan a cabalidad los establecido en las leyes y la Constitución. Estos son los problemas urgentes a los que hay darles solución. Si bien la mayoría estaría de acuerdo con la consulta popular, no hay que desviar la atención, por lo urgente de la coyuntura, en este momento a temas importantes pero no tan urgentes. Esperamos que se haga justicia, se reestructure totalmente la Policía y la Función Judicial por el bien del país, la sociedad ecuatoriana y la población que cada día se siente desprotegida por la inseguridad ciudadana.

Luis Rosero M.

Los recientes hechos delictivos muestran la tendencia al aumento de la inseguridad ciudadana que afecta al bienestar de la ciudadanía y, en esta coyuntura, se va configurando una tendencia al deterioro económico expresada por la evolución de algunos indicadores económicos.

Entre Agosto y Setiembre de 2022, han sucedido 4 graves actos de violencia. Primero, el lunes 19 mataron, en pleno centro de Guayaquil, a un fiscal, que estaba encargado de casos de femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Segundo, entre Enero y Septiembre 3 de este año se registraron 206 femicidios que es mas alta que en el mismo periodo de 2021, las estadísticas señalan que van 1247 casos desde 2014 cuando se estableció como delito. Tercero. Hace más de una semana, se dio la desaparición de María Belén Bernal, esposa de Germán Cáceres e instructor de una escuela policial en Quito. Lo grave de este delito es que sucedió al interior de dicha escuela y se acusa que se dejó escapar al esposo que es el principal sospechoso. Testigos señalan, según medios de comunicación, que vieron a Cáceres salir de la escuela con un bulto y se encontró manchas de sangre en su auto y habitación. Sin embargo, lo que es más grave aún, es que no hay registros de la entrada de Ma. Belén y salida de Cáceres de dicha escuela. Cuarto, hubo un secuestro en Guayaquil y los secuestradores entraron y salieron de una urbanización en que vive el Presidente de la República. El experto urbanismo y seguridad, Fernando Carrión, twiteo: “La desaparición de# MaríaBelenBernal se produjo en un recinto policial. Hubo un secuestro en la urbanización cerrada donde está la casa del presidente. big money muere luego de ir a ministerio de Defensa. Que pasa en este país”. Si a eso le agregamos las varias masacres carcelarias que dejaron cientos de muertos y además el aumento de los casos de desapariciones como el de los jóvenes que, desde 2018 no se encuentra a 2299 chicos. Los hechos hablan por sí solos muestran el cuadro de violencia e inseguridad ciudadana creciente que vive el país que afecta seriamente al bienestar social porque la gente tiene temor y restringe su movilidad y, por otro lado, está limitando la actividad económica en ciertos sectores.

Pero la pérdida de bienestar social no solo se produce por la violencia, sino que además que, a pesar, de haber establecido sistema de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, todavía hay escasez en algunos de estos; por otro lado, los centros médicos a los que acuden los pacientes que acuden con diálisis reclaman por pago al gobierno; a más, hace pocos días, Solca reclamaba el pago al gobierno de su deuda; a eso se suma que continua pendiente el pago de la alta deuda del gobierno al IESS, que limita la prestación de sus servicios. El Ministro de Finanzas declaraba que había celebrado un convenio para el pago por 300 millones al IESS cuando dicha deuda es de 8531 millones de dólares, según El Universo.

Para agravar la coyuntura que vive el país, en lo económico, hay indicadores preocupantes que mostrarían la tendencia de la situación económica. La inflación a Agosto de 2022 fue de 3.7% que, si bien hay una ligera baja respecto al mes anterior, el costo la canasta básica aumentó, dejando a algunos familias sin consumir parte de ésta. Por otro lado, la tasa de desempleo, en Julio, alcanzó 3.9% pero lo más crítico es la tasa de subempleo, aunque bajo, fue de 22%, y, la tasa de empleo adecuado bajó a 32.1%. Lo mas preocupante es la desaceleración de las exportaciones en Julio y la proyección de Citibank sobre la tasa de crecimiento de 2022 a solo 1.8% aunque el Banco Central la mantiene en 2.8%.

En síntesis, los hechos de violencia recientes muestran que hay un aumento creciente de la inseguridad ciudadana y problemas de abastecimiento de medicinas en hospitales públicos que afectan al bienestar social de la ciudadanía y, por otro lado, son preocupantes la evolución de los indicadores económicos que tenderían a una inflación mas alta, un aumento del costo de la canasta básica y posible reducción del ritmo de crecimiento económico en 2022. Si los organismos internacionales proyectan una posible recesión mundial en 2023, tendríamos un deterioro económico, en el país, no solo en 2022, sino además en 2023.

Luis Rosero M.

La opinión ciudadana, respecto a las funciones del estado, refleja el sentir de la población sobre la gestión pública y es un indicador de la esperanza o desaliento de la ciudadanía respecto al ejercicio del poder de dichas funciones e indicio la calidad de dicha gestión.

La encuestadora Click, en su informe de Agosto de 2022, revela datos sobre la opinión ciudadana respecto a lo que pasa en el país. En la pregunta ¿Cómo califica la situación del país? El 79.6 % de los encuestados responde muy mala; se le consulta además ¿El país esta mejor o peor que hace un mes?, el 70.9% indica que está peor. En cuanto a las funciones del Estado, se pregunta sobre la gestión del Presidente de la República y el 74.1% responde mala, mientras que la calificación para la Función Judicial, la mayoría responde (87.4%) mala y respecto a la Asamblea Nacional el 91.3 señaló que el 91.3% es mala. Respecto al principal problema del país la calificación fue: la delincuencia 32.8%, desempleo, 19.8%, crisis económica 19.5%, corrupción 10.9%. Son datos preocupantes y muestra la desesperanza de la población sobre la gestión de las funciones del estado y el estado calamitoso del país respecto a su situación.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? En gran medida es por la calidad de la gestión pública. En cuanto a las funciones del Estado refleja la mala calidad de su gestión y esto obedece, en gran medida, al no cumplimiento adecuado o irregular de sus tareas, que están señaladas en la Constitución. En cuanto a la función Ejecutiva, hay denuncias sobre la injerencia en otras funciones del Estado,  aumento de la inseguridad ciudadana, conflictos de interés en altos funcionarios públicos, fallas en el abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, inseguridad, etc. A más de eso, el ejecutivo desconoce decisiones de la Asamblea Nacional (AN). En la Función Judicial, los fallos de los jueces, por ej. en el habeas corpus, que tienen sesgos marcados de irregularidades, por otro lado, liberar a delincuentes, con artimañas legales, antes de que cumplan su condena, a lo que se agrega decisiones judiciales que detienen decisiones de la AN, etc. La Asamblea Nacional, tiene baja calificación, entre otros aspectos, por no generar suficientes proyectos de ley y aprobarlos, dictar resoluciones que podrían ser irregulares o inconstitucionales, no respetar decisiones de otras funciones, etc. Esto revela una crisis institucional no solo de las funciones del Estado sino además en otras organizaciones como los movimientos políticos y el uso del poder económico y financiero para favorecer sus intereses.

En cuanto a los principales problemas del país, el que está en primer lugar es la inseguridad ciudadana y refleja la dificultad del gobierno para tratar de controlar a la delincuencia y a los grupos criminales y el sentir del malestar, miedo, zozobra, etc. del ciudadano común, que no solo es un temor generalizado sino también una reducción de su calidad de vida al tener restricciones en su movilidad y disfrute de vida. Los dos siguientes problemas que señalaron los encuestados son el desempleo y crisis económica, que están relacionados directamente con la economía del país. La disminución del nivel de actividad económica, en 2022, en parte por factores externos y por la gestión gubernamental, lleva a que continúen los problemas en el mercado de trabajo. Más aún, cuando el Citibank pronostica un crecimiento de 1.8% para este año.

Esta crisis política, social y también, en parte económica, se da cuando una parte importante de la población sigue batallando con pobreza, hambre y miseria resistiendo para vivir. En sí, lo que refleja la encuesta es el malestar, desencanto y desilusión respecto a la gestión de las funciones del Estado que, frente al deterioro de las condiciones sociales y económicas del país, no hacen el suficiente esfuerzo para enfrentar los problemas del país ni enderezan el rumbo de su gestión que evite el precipicio al que se dirige la nación. A eso se suma que, los grupos políticos están más preocupados por las elecciones secciones de 2023, a más de que pesan más sus intereses específicos que el bienestar común.  En Argentina, con la grave crisis de fines de los inicios del siglo XXI, retumbo el grito que se vayan todos por el mal accionar gubernamental y de los grupos políticos. Es hora de anteponer el interés del país al de los grupos políticos y económicos para salvar al país de un descalabro total. Si la situación se sigue deteriorando las protestas sociales pueden poner fin a esta situación y obligar a enfrentar la situación, enderezar el rumbo y apoyar la democracia  con justicia social.

Luis Rosero M.

La Argentina tiene una crisis económica agudizada por el deterioro social y agravada por el intento de asesinato a su Vicepresidenta que, en parte, obedece al discurso de odio de la oposición y el clima preelectoral. Lo crítico de la coyuntura es que estas crisis son recurrentes y de carácter estructural.

Reflejo de este tipo de crisis son los desequilibrios macroeconómicos, como es la escalada hiperinflacionaria qué a Julio su índice fue 7.4% y el interanual llegó a 71%. Parte de la fuente de inflación es su sistema cambiario que tiene 6 tipos de cambios diferentes que alimentan el alza de precios (el tipo de cambio mayorista alcanzó 139,01, el minorista 145,8 -el 1/09/2022- mientras que el blue – el del mercado negro marcó el viernes 2/09 $ 285 pesos por dólar). Además alimentan la inflación, las remarcaciones de precios de las empresas a pesar de que el gobierno mantiene el sistema de precios vigilados de la canasta básica. Para tratar de frenar la inflación, el Banco Central  aumentó la tasa de interés de referencia de 60 a 69.5% que a su vez conduce a restringir el nivel de actividad económica. Pero, además el país enfrenta una restricción financiera externa pues las divisas que ingresan no alcanzan para cubrir sus necesidades de pagos al exterior. A eso se suma, las pérdidas de RMI. El saldo comercial negativo en junio y julio redujeron el superávit que venía manteniendo la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. A eso se suma, una deuda pública representa el 80.1% del PIB y la externa llega a 31.5% (pública y privada). Para ilustrar la situación social solo basta señalar que los hogares bajo la línea de pobreza llegaron a 27.9% y, si consideramos por persona, 37.3% respectivamente en el II Semestre de 2021.

El exministro de Economía, M. Guzmán, del gobierno de Fernández, renegoció el acuerdo con el FMI, que Macri firmó en 2018 con el que obtuvo un crédito de 57.000 millones de dólares que ahora debe continuar pagando. Por ello, el FMI exige una reducción del déficit fiscal para asegurar el pago de dicha deuda. Para ilustrar el peso de la deuda externa, solo el pago de interés y capital de la deuda externa privada representó el 63% del superávit de la balanza comercial entre enero de 2020  y junio de 2022. La restricción financiera externa genera escasez de dólares que limita a las importaciones de los sectores productivos y pago de las obligaciones externas del país. Dicha restricción es agravada por prácticas ilegales y nocivas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, el alargamiento de la liquidación de exportaciones pues mientras mas tiempo es este mayor será la obtención de pesos, a lo que hay que agregar la dolarización de algunos sectores de la economía que además de contribuir a la inflación aumenta la demanda de dólares. El gobierno tiene que negociar la liquidación, tal es así que proyecta crear el dólar soya, a un tipo de cambio conveniente para los exportadores, pues este producto es uno de los mayor exportación. Así mismo, también recorta el precio del biodiesel en gasoil. La necesidad de dólares obliga al gobierno a esta política pues requiere cumplir con las obligaciones externas y entregar divisas para las importaciones.

El nuevo ministro de Economía, Massa, anunció medidas económicas entre las que destaca la reducción del déficit fiscal. Para ello, ha reducido el subsidio de luz y gas y aumento de las tarifas de los servicios públicos como el del metro (subte); además se incrementan la carrera de taxis, los alquileres y pensiones de colegios. Además, el gobierno, reducirá el gasto público  y congelará contrataciones públicas por 128 mil millones de pesos. Todas estas medidas son para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 2.5% del PIB.

Por el lado social, la inflación y las medidas señaladas reducen el salario real y aumentan el costo de la canasta básica disminuyendo la calidad de vida de la población y aumentando la pobreza y el hambre.

En síntesis, hay una grave crisis económica y social. El gobierno apunta a reducir el déficit fiscal rebajando subsidios sociales y aumentando precio de servicios públicos, lo que reduce el nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, se ve asfixiado por la restricción financiera externa que le obliga a negociar y ceder con los exportadores agropecuarios para obtener dólares que le permitan cumplir con las obligaciones externas. La encrucijada es reducir los desequilibrios macroeconómicos a costa del sacrificio de la población mas vulnerable. Si sigue ese camino corre el riesgo de la explosión social. El primer campanazo se dio con la protesta que expresaba el velorio del salario mínimo por parte de movimientos sociales y la gran marcha de trabajadores y desempleados que reclaman una lucha contra la inflación que los está empobreciendo cada vez más.