Luis Rosero M.

Ayer fue investido cómo Presidente de Colombia, Gustavo Petro, que marca un cambio histórico, en la política de ese país, en el cual han sido los ejecutivos de derecha. Sin embargo, asume en condiciones triplemente adversas ya que enfrentará la fuerte oposición de los grupos económicos y de los partidos que representan esa tendencia, por el entorno económico internacional y nacional así como por la crisis social estructural que enfrente

En lo social, la violencia tiene más de medio siglo y sus raíces se relacionan con la concentración de la riqueza e ingreso. Como consecuencia surgió la guerrilla, luego los paramilitares y los carteles de la droga. En lo social, Colombia, con 48 millones, tiene una pobreza estructural cuyo nivel alcanzó en 2021, según la CEPAL, 36.3% y proyectó que, en 2022, alcanzaría 39.2% siendo el país en que más crecería la pobreza agudizada por la inflación, la invasión rusa a Ucrania, etc. Los lideres sociales luchan contra esta grave situación social, mientras que estado colombiano ha seguido una política sistemática de desaparición de éstos últimos. En el la novela gráfica El olvido que seremos, a partir del libro, del mismo nombre, su hijo cuenta la historia de Héctor Abad Gómez, un médico de Medellín, un luchador social asesinado en Agosto de 1987, por defender derechos humanos en el contexto de la represión contra éstos y la deplorable situación social.

Petro, un ex guerrillero, gana y asciende al poder por la crítica situación social, por ser el depositario de la esperanza por mejores dìas y a la incorporación de Francia Márquez, como candidata a Vicepresidencia, líder social, luchadora por el medio ambiente, defensora de los derechos humanos, feminista y representante del pueblo afro. Dicha crisis dio lugar al estallido social del 5 de Mayo de 2021, cacerolazos y su represión por el gobierno de Duque, por la agudización de las criticas condiciones sociales del país, como el aumento de la pobreza y el hambre, el conflicto armado que ha generado miles de desplazados, concentración de la tierra, el accionar de los carteles, la desaparición de líderes sociales, la deplorable política social, etc. Por otro lado, la situación económica del país se ha agravado por la alta inflación que Julio alcanzó el 10.2%, influida por la depreciación continua del peso que, en Abril de 2018 se cotizaba en 2707 pesos por dólar y al 22 de Julio de 2022 alcanzó 4616 pesos, representando una depreciación del peso de 171% en ese periodo. A eso se suma, que la tasa de desempleo que a Junio de 2022 alcanzó 11.3% y el subempleo llegó a 8.4%. Además, el país registra un déficit fiscal y arrastra una deuda pública que equivale a la mitad del PIB.

Petro de manera inteligente negocio con varios partidos y buscó la unidad nacional y formó un gabinete equilibrado con un ministro de Hacienda experimentado, profesor de Columbia y ex director ejecutivo de la CEPAL y un ministro de relaciones exteriores con experiencia. Su programa de gobierno es muy ambicioso y pretende aplicar algunas reformas estructurales. Entre lo más relevante en cuanto a educación esta garantizar el acceso a los jóvenes a la educación pública y de calidad a nivel tecnológico y universitario; en salud, establecer un sistema único, público y universal que no dependa de la capacidad de pago; en economía, dar un empleo con salario básico a quienes no puedan encontrarlo, garantizar un ingreso mínimo por arriba de la línea de pobreza, activar la reforma agraria establecida en los acuerdos de paz; en seguridad y conflicto buscaría reforma a las fuerzas armadas, pasar a la policía bajo el Ministerio del Interior o de Justicia, instaurar una política de protección a los lideres sociales. En su investidura planteó una reforma tributaria, para obtener recursos para su política social para mejorar la equidad y lograr la paz social gravando a los que mas tienen, reduciendo las exenciones tributarias y la evasión fiscal.

Un programa difícil de cumplir tanto por la adversa coyuntura económica internacional como nacional y, por otro lado, que enfrentará la fuerte oposición de la derecha para ejecutar sobre su política social que requiere de recursos con su reforma tributaria y los cambios en reformas en seguridad y conflicto. Los shocks externos como el fortalecimiento del dólar y debilitamiento del peso continuarán lo que aumentará la inflación y aumento del costo de la canasta básica que a Junio de 2022 alcanzó 751 dólares deteriorando las condiciones de vida. Por otro lado, la recesión en EE.UU que ya se inició así como la posibilidad que surja en la Unión Europea y la mundial que se pronostica en 2023 aumentará las dificultades en su sector externo y mercado de trabajo. A pesar de ser un país semi industrializado persistirá con su economía primario exportadora. La crítica situación continuará lo que requerirá una mayor afluencia de recursos para la política social. Las reformas en seguridad y conflicto, que buscan una paz duradera, serán muy complicadas por la tradicional doctrina conservadora de las fuerzas armadas y policía nacional.

Paradójicamente, la derecha frenará el programa de gobierno de Petro que llevará a más protestas sociales y no estará muy lejos de otro estallido social. Sólo éste podrá frenar la política de oposición de la derecha. Petro enfrenta una encrucijada pues tratará de mejorar las condiciones sociales pero las condiciones económicas adversas como dicha política limitarán su accionar y, más aún, corre el riesgo de que las fuerzas oscuras continúen manejando el estado para seguir con la política de represión y los grupos económicos, buscarán seguir manteniendo la concentración de la riqueza y del ingreso. En síntesis, el cambio de rumbo será difícil pero no imposible de lograr, pues un excombatiente conoce de tácticas y estrategias que le ayudaran a negociar para mejorar la equidad social a fin mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Luis Rosero M.

En el tercer artículo, sobre este tema, traté sobre el aspecto social. En éste me referiré a lo político y como esta variable influye en la gobernabilidad y en la percepción de la población sobre la capacidad y credibilidad, de la población, en el gobierno, y, cómo se ha complicado aún más la situación política que, en el contexto de la coyuntura económica internacional, ha derivado en complejizar el manejo de política económica.

El 13 de Junio de 2022 se inició el paro indígena que finalizó después de 18 días. En este período, el país estuvo semiparalizado y el gobierno se vio obligado a negociar las 10 demandas de la CONAIE para tratar de alcanzar cierto grado de gobernabilidad. Se llegó a un acuerdo, pero previamente el gobierno había bajado el precio de la gasolina extra, eco y diésel en 10%, declaró en emergencia al sector salud, decretó un subsidio a la urea de 50%, prometió la condonación de las deudas de hasta 3000 dólares, etc. Con el acuerdo, se redujó el precio de los tres combustibles en 15%, se suspendió el estado de excepción, etc. y establecieron mesas de negociación para condonar las deudas, restructuración y nuevos montos de crédito, la focalización de los combustibles, etc. Si bien, el paro dejó pérdidas de alrededor del 1% del PIB, vandalismo, represión expresada en 6 muertos y cientos de heridos, etc., el movimiento indígena logró lo que antes ninguna organización política había alcanzado y, sobre todo, obligó a ceder al gobierno para que atienda sus demandas. Para este movimiento es un éxito político y el gobierno sufrió un desgaste y caída en su credibilidad.

En las mesas de negociación, hasta el momento, se acordó y se cumplió con condonar deudas hasta 3000 dólares, restructuración y nuevos montos de crédito y se estableció la metodología para la focalización de los combustibles, que deberá entrar en vigencia en 90 días. A más de eso, la UNE, después de una protesta, con una resolución de la Corte Constitucional, logró que se ponga en vigencia la reforma a la Ley de Educación Bilingüe para la equiparación del sueldo de los maestros. Así, en la coyuntura, el gobierno debe cumplir con lo acordado con el movimiento indígena y maestros. Sin duda, esto significa asignar más recursos del presupuesto del estado para cumplir con estas demandas.

Ahora conocemos que, por mantener la austeridad fiscal, a toda costa, en un contexto de mayores ingresos públicos, y no considerar, en la política económica, los aspectos sociales y políticos, el Ministro de Finanzas, Cueva, se vio obligado a renunciar. El nuevo ministro, Arosemena, ofreció destinar recursos del presupuesto para cumplir con lo acordado con indígenas y, ahora tiene además la presión de los maestros. Esto obligará a una renegociación del acuerdo con el FMI.

Además, la coyuntura económica del país se complica por la tendencia, a nivel mundial, del aumento de la inflación e incremento de las tasas de interés, para frenarla, así como por la fortaleza del dólar y depreciación de las principales monedas latinoamericanas. En el país, en los dos últimos meses, la inflación ha aumentado, de manera importante, a lo que se agrega que se incluyó al país en una tendencia de mayor riesgo de pago de su deuda externa y, para complicar el panorama, los organismos internacionales prevén una contracción económica mundial en 2023, mientras que ya EE.UU. entró en una recesión técnica, en el segundo trimestre de 2022, además de que el propio FMI revisó a la baja la tasa de crecimiento de las principales economías industrializadas y de Latinoamérica.

La coyuntura política, dejó como resultado que el gobierno debe cumplir el acuerdo con el movimiento indígena y, ahora, con los maestros, que implica presión sobre el presupuesto del Estado. Más aún, con la nueva mayoría opositora en la Asamblea, se complica el aspecto político para el gobierno. La situación de la economía mundial complejiza el panorama y ahora se torna más difícil cumplir con las demandas sociales logradas por dichos grupos. Se avecina entonces, una desaceleración económica, en este año, mayor inflación, más desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal que desembocaría en mayor pobreza, miseria y hambre. Le toca al gobierno, de manera inteligente, cumplir con dichas demandas -so pena de nuevas protestas- y tratar de atenuar los efectos sociales de la desaceleración económica con subsidios, lo cual complica aún más el manejo económico.

Luis Rosero M.

En los dos primeros artículos, sobre este tema, tratamos el aspecto económico, en el presente analizaré lo social. La coyuntura que vivió el país, por el paro indígena, provocó una serie de cambios en el accionar del gobierno que solo fueron posible por la protesta social en las calles, la cual logró que se cumplan algunas de las demandas del movimiento indígena y necesarias para mantener la gobernabilidad.

La política social, principalmente salud y educación, fue muy pobre en el primer año de Lasso. En este período, dio más importancia al aspecto económico relegando la política social. El ex Ministro de Finanzas, Cueva, privilegió equilibrar las indicadores macroeconómicos, en especial el déficit fiscal. Tuvo éxito en alcanzar ese objetivo, basada en una reforma tributaria regresiva y aumento del precio del petróleo a más de la donación de 1000 millones en DEG por parte del FMI, pero el costo fue la protesta social que, liderada por el movimiento indígena, obligó al gobierno a sentarse a negociar las diez demandas de la CONAIE.

La prensa y los organismos internacionales reportan los problemas de la política de salud. El Universo publicó la declaración de un familiar de un usuario de un hospital público“Como juegan con la salud de un pobre, en más de dos años no conseguimos cita centro de salud para mi hermano que una sonda para orinar”, La Hora reporta que los ecuatorianos gastan más de 132 millones al año y  Unicef informa que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 2 años, si a eso le agregamos el desabastecimiento en hospitales públicos y del IEES, tenemos una idea de la gravedad de la política de salud. Ha pasado mas de un año para que el gobierno inicie la externalización de la provisión de medicinas en farmacias privadas de forma gratuita y recién el 21 de Julio el Ministerio de Salud suscribió 125 contratos para adquirir medicamentos en el marco de la declaración de emergencia del sector salud. Además, el IESS firmó un convenio con el Ministerio de Finanzas para la entrega de 140 millones, lo cual sirvió para que el IESS le transfiera 22 millones a Solca. Esto muestra que solo la presión de la protesta social logró resultados. Si bien lo mejor que ha hecho este gobierno, en salud, es el plan de vacunación masiva anticovid, sin embargo hubo períodos en que se registró falta de vacunas infantiles para la prevención de la salud de los niños y la exMinistra de Salud enfrentaría una solicitud de juicio político en la que se alega la provisión de medicamentos con  una empresa privada a la que ARCSA ha suspendido temporalmente los Certificados de Buena Práctica de Manufactura a dos establecimientos de dicha empresa y no se realizaron los contratos de limpieza de hospitales públicos con las entidades de la economía popular y solidaria después de la pandemia. Aún más, hubieron algunas críticas, de parte de gremios profesionales, por el nombramiento del nuevo ministro de Salud, que fue del entorno de la ex Ministra.

Por otro lado, en la costa, se iniciaron las clases pero muchas escuelas y colegios públicos tenían problemas de infraestructura y de refacción de ésta y el gobierno sigue dando largas a la establecido en las reformas a la ley de Educación Intercultural sobre la equiparación salarial y la Corte Constitucional denegó los pedidos, según reporta El Comercio, “de aclaración, ampliación y modulación presentados por la Procuraduría y la Presidencia respecto del dictamen 2-22-OP/22. Con lo que ratifica una vez más la ejecución de la equiparación salarial docente en un plazo de 90 días.”

La protesta social ha permitido que hasta el momento a más de declarar la emergencia en el sector salud, se rebaje 5% más el precio de la gasolina extra y eco a lo establecido por el gobierno, se dio un subsidio de 50% a la urea, etc. Y en las mesas de dialogo indígenas-gobierno ha logrado, hasta el momento, y que cuenta con la resolución de Junta Financiera, la refinanciación o restructuración de crédito en segmentos microcrédito, productivo pymes y educativo, y, por otro lado, se logró la condonación de crédito de hasta 3000 dólares y, en otra mesa de diálogo, se avanza en la focalización del subsidio a los combustibles.

El aspecto fundamental, en la política pública, es definir prioridades. La política social debe hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos como son el derecho a la salud y la educación, entre otros. De que vale que mejoren los indicadores macroeconómicos, lo cual es adecuado pero no afectando el nivel de vida de la población, cuyo deterioro social se refleja en la elevación del costo de la canasta básica y en el subempleo, sector informal, pobreza, hambre y miseria. Lo que en la práctica funciona para los movimientos sociales para exigir una buena de política pública, en lo social, es la protesta social, lo cual demuestra que, una vez más, es el único lenguaje que entienden los gobiernos para cambiar de rumbo en la política pública, como ha sido en el caso de Chile, Colombia, Panamá, etc.

Luis Rosero M.

Las negociaciones del gobierno con el movimiento indígena -después del paro de 18- se iniciaron para tratar los puntos pendientes de las diez demandas de la CONAIE. En el artículo anterior tratamos principalmente sobre los costos del paro, seguiremos en el aspecto económico, en este artículo, sobre los riesgos a que corre el país por las nuevas tendencias en la economía mundial.

En efecto, al 14/07/2022, el riesgo país alcanzó 1562 que refleja el nivel crítico de la economía visto desde la perspectiva de los mercados financieros internacionales. Así, el cumplimiento de las demandas indígena, reduce el margen de maniobra del gobierno para manejar las finanzas ya que debe asignar recursos para éstas, dejando menos recursos para el pago de la deuda social, reactivar la economía y reducir los atrasos en pago a los proveedores. Arosemena, el nuevo ministro de Finanzas, señaló que su plan consta de 3 ejes: asegurar el gasto social, bajar el costo de la vida y atrasos e impulsar la construcción pública. En la coyuntura económica, en el corto y mediano plazo, se presentan al menos 4 riesgos.

Primero, hay la posibilidad contracción económica. El Banco Central sigue manteniendo su estimación de crecimiento en 2.8% para 2022. Sin embargo, a pesar de que el crecimiento para el I trimestre, de este año, fue 3.8 %, el paro indígena significó perdidas de alrededor de 1% del PIB lo que reduciría la tasa de crecimiento proyectada. Más aún ya se anuncia una posible recesión en EE.UU así como en Europa, para este año, y el FMI informó que no se puede descartar una recesión mundial para 2023, lo que implicaría para el país que continue la contracción económica en 2023.

Segundo, hay la probabilidad de no cumplir con la mayor asignación de recursos para el gasto social. El ministro tendrá para cumplir con su propuesta económica tiene que realizar un fino manejo de las finanzas. Lo cierto es qué si no asigna recursos para una política social fuerte y activa aumentaría el malestar social y habría un deterioro del nivel de bienestar de la población y, si este no es compensado con transferencias sociales, habrá una reducción del nivel de vida de la población.

Tercero, aunado a lo anterior, si la inflación sigue aumentando, como muestra la tendencia, el costo de la vida crecerá, deteriorando aun más las condiciones de vida de la población lo cual, sin una compensación social, conducirá a más pobreza, miseria y hambre resurgiendo nuevamente la protesta social.

Cuarto, el alto riesgo país preocupa por la percepción de riesgo de los mercados financieros internacionales referente al pago de la deuda externa del país. De acuerdo con un reporte de La hora: “Según el ranking de vulnerabilidad de la deuda soberana, que mide las posibilidades a corto plazo de que una economía no tenga suficiente dinero para pagar todas sus obligaciones, Ecuador está en el puesto 19. Solo por debajo de otras economías regionales como Argentina y El Salvador” Ya hay algunos países que ya están en posibilidad de default y según Reuters “el aumento de los costos de los préstamos, la inflación y la deuda avivan el temor a un colapso económico…La suma de los costos es llamativa…los  analistas calculan que hay 400 mil millones de dólares de deuda en riesgo. Argentina es el país más expuesto con 150 mil millones de dólares; le siguen Ecuador …con 40 mil millones…”

En fin, el gobierno está en la encrucijada de responder a tiempo a la evolución de estos indicadores. Si hay contracción económica se generará desempleo, subempleo y mayor sector informal; si no se asignan suficientes recursos para el gasto social y sigue aumentando la inflación habrá deterioro social y, en consecuencia, manifestaciones sociales y, en el mediano plazo, hay una tendencia a la no sostenibilidad de la deuda. El gobierno está al filo de la navaja,  pues si no hay recursos adecuados para lo social y, trata de frenar la inflación así como reactivar la economía tendrá que enfrentar nuevamente la protesta social y, el país, en el mediano plazo podría verse abocado a una renegociación de la deuda externa no solo público sino también privada.

Luis Rosero M.

Después de 18 días, del paro indígena, el gobierno se vio obligado a sentarse a negociar con la CONAIE, ejecutó un cambio en el gabinete y prometió un cambio de rumbo en la política económica -marcada por el FMI- y en la pobre política social. Hay que esperar la actuación en práctica para ver si el gobierno comprendió el mensaje de la protesta social.

El ministro de economía saliente -Simón Cueva- se preocupó de cumplir los condicionamientos del FMI, estipulados en el acuerdo, poniendo énfasis en la macroeconomía restringiendo los recursos para el área social. Su objetivo principal era reducir el déficit, que alcanzó. con una reforma tributaria regresiva, el aumento del precio del petróleo -por la invasión rusa a Ucrania- y una fuerte reducción a la inversión pública y de los gastos sociales. Los dos primeros, más la donación de mil millones en DEG del FMI, permitieron que se genere 2000 millones de ingresos públicos adicionales a más de los desembolsos de 1000 millones del FMI de las ultimas cuotas del crédito. Mientras que los gastos sociales fueron reducidos y la menor inversión pública afectaron la estabilidad social y la actividad económica. Un alto funcionario del FMI declaró que dichos recursos podían utilizarse para la inversión pública, sin embargo el ex ministro los retuvo. Por lo estipulado en el convenio con el FMI, comenzó a reconocer la deuda con el IESS y redujo los retrasos. Pero también obtuvo recursos a través de deuda externa que aumentó ésta generando un peso en el presupuesto y riesgos para su sostenibilidad. Firmó un acuerdo de pago de con el IESS por 140 millones y transfirió a los GAD algunos recursos. A la par la disminución de los gastos sociales que, con los efectos de la pandemia, agudizó la crisis social se manifestia en desempleo, subempleo, pobreza y hambre. La CONAIE lo que abanderó fue la crítica situación social que, como ya he señalado, tiene factores estructurales que la explican. Ya 5 organismos de la ONU, señalaron, que en 2021, al menos 56 millones de personas sufrieron hambre en A. Latina y el Caribe a más de que cada 4 de 10 latinoamericanos viven en la inseguridad alimentaria. Y la crisis social ya lo reconocen los empresarios a decir de la nueva presidente del Comité Empresarial que declaró que una de las lecciones del paro indígena es que debemos preocuparnos mucho por lo social.

El gobierno fue obligado a sentarse a negociar con la CONAIE y cumplir parcialmente las 10 demandas sociales por esta organización. También agilizó el pedido, a la Conferencia Episcopal, de las mesas de diálogo para tratar las otras demandas -entre ellas la focalización de los combustibles y condonación de créditos- en un plazo de 90 días.

Varios fueron los costos del paro. El Banco Central (BCE) estima que alcanzaron 821 millones mientras que otros lo calculan en 1000 millones. Lo que implicaría un menor nivel de actividad de alrededor de 1% del PIB. A pesar de que la economía creció un 3.8% en el I Trimestre de este año, según el BCE, el crecimiento económico sería menor a lo estimado por esta entidad y aún más cuando el propio FMI señala la posibilidad de una recesión mundial en 2023. Sin embargo, en el I Semestre de este año se perdieron 300000 empleos, tendencia que seguirá como secuela del paro indígena. A más de eso, los niños indígenas que acompañaron a sus padres, estuvieron en la Universidad Central y atendidos por médicos de esta casa de estudio reportaron que la mayoría tenía desnutrición crónica, reflejo de un grave problema de salud pública del país. Si a eso le sumamos que la inflación anual, en Junio, alcanzó 4.23% y la canasta básica subió a 751 dólares que, en un año, se incrementó 52.77 dólares. En este marco, la Junta de Política y Regulación financiera estableció nuevas tasas de interés.

El cambio de gabinete fue obligado por la crisis política y social, agudizada por el paro indígena. Hubieron 4 cambios, en el Ministerio de Economía, Transporte, Vivienda y en la Educación Superior pero paradójicamente se aplazó y se nombró después de 4 días al nuevo titular de Salud, que es precisamente donde hay muchas carencias como la falta de medicinas y atención en los hospitales públicos. Pablo Arosemena, nuevo ministro de Economía, declaró que su prioridad va a ser el gasto social y la inversión pública. Declarado como el ¿¡tanque de pensamiento!? de la Fundación Ecuador Libre -de Lasso- es un economista liberal partidario de una economía de mercado sin restricciones. Tiene al frente muchos desafíos económicos, entre ellos, parar la tendencia al alza de la inflación, limitar el endeudamiento externo, asignar los recursos a la política social y movilizar la inversión pública. Los límites que tiene son los condicionamientos del FMI a la política económica renegociar las metas con el FMI para asignar más al gasto social y a la inversión pública. Si no hay cambio de rumbo en la política social volverá la protesta indígena -como ya lo anunció Lourdes Tiban, una de las lideresas del movimiento indígena-. Su pensamiento liberal lo obliga a seguir los lineamientos del FMI,  al que ya se acercó y a otros organismos multilaterales, pero si es pragmático buscará ciertos cambios. De ahí la interrogante ¿se impondrá su espíritu liberal o el pragmatismo? Lo cierto es que si no cambia la política económica y social tendremos nuevamente inestabilidad social, política y económica.

Luis Rosero M.

Después de haber superado la destitución del Presidente, tuvo que enfrentar la continuación del paro indígena y sentarse a negociar con la CONAIE, dejando claro las advertencias, lecciones y efectos en lo político, económico y social de la protesta. En el primer artículo tratamos algunos temas del segundo aspecto, en éste analizaré el primer tema.

Las principales advertencias que deja la protesta indígena son:

1.La Conaie había solicitado, hace más de un año, una serie peticiones y reunión con el gobierno para tratarlas pero éste no las tomo muy en cuenta hasta que el 13 de Junio la organización indígena declaró un paro nacional indígena con los resultados conocidos. Como ha sucedido con otras protestas, por ejemplo, el de los pequeños bananeros, lecheros y otros el gobierno tardó en considerar las peticiones de estos grupos y, en el primer caso, después de 5 protestas el gobierno acordó entregarle una subvención económicas y no cumplió, por eso este grupo plegó al paro con los indígenas. Lo que demuestra que el gobierno no atiende y da largas a las peticiones de los grupos y organizaciones indígenas hasta que se conviertan en protestas en las calle o carreteras. Lo mismo ocurrió con la CONAIE hasta que ésta, dado los efectos económicos y sociales del paro, llevó al gobierno a la mesa de negociaciones.

2. El gobierno no es capaz de tratar, negociar y llegar a un acuerdo con los conflictos sociales. O sea no procesa a tiempo y eficazmente la protesta social. No busca prevenirlo ni procesarlo en su momento sino cuando se agrava. Al parecer es un problema de gestión del conflicto pero, como ya hemos señalado, la solución a este pasa porque en los acuerdos se requieren recursos del estado y el Ministerio de Finanzas no suelta la plata.

3. Con el paro se confirma que la única forma de obligar a los gobiernos para, que atienda las peticiones de los grupos sociales y económicos, sentarse a negociar es mediante la protesta en las calles. En el caso de la CONAIE mostró, una vez más, la capacidad de movilización y de lucha para liderar la protesta a fin de obtener concesiones de los gobiernos, como ya lo mostró la protesta indígena de 2019.

4. Ni la más fuerte represión que causó 6 muertes y cientos de heridos, no fue capaz de detener la protesta indígena. Si bien hubo infiltrados en la lucha, se unieron a ésta otros grupos sociales, entre ellos estudiantes y organizaciones sociales.

Los más importantes efectos políticos del paro son:

1.El movimiento indígena logró su unificación y sus distintas organizaciones -a pesar de sus diferencias- apoyaron las 10 demandas de la CONAIE e incluso FENOCIN que no quería firmar el acuerdo fue obligado a hacerlo. Sin embargo, su brazo político: Pachakutik, no logra unidad después que éste apoyará a Guadalupe LLori, propuesta por Lasso, a la Presidencia de la Asamblea.

2.La CONAIE se consolida como una fuerza política que tiene proyecciones para disputar el poder ejecutivo como ocurrió en Bolivia y, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura, estará muy cerca de conquistarlo y obtener una mayor bancada en la Asamblea.

3. El Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, salió fortalecido como dirigente político y puede convertirse en la principal figura, del movimiento indígena, en las próximas elecciones presidenciales y de la legislatura

4. El gobierno utilizó la represión para contener el conflicto, pero se vio obligado a negociar y ceder, en parte, a las 10 demandas sociales y económicas de la CONAIE, por los efectos económicos y sociales de la protesta, el desgaste que sufrió y el hartazgo de la población por las carencias y restricciones que tuvo que soportar.

5. Si bien superó la moción de destitución del Presidente, el gobierno salió debilitado con la protesta indígena, a tal punto que al siguiente día cumplió, en lo principal, con las exigencias inmediatas de la CONAIE y solicitó a la Iglesia, la mediadora, se convoque a la mesa a las negociaciones al movimiento indígena para tratar los otro puntos de sus demandas. Su falta de gestión del conflicto político y no obligar al Ministerio de Finanzas suelte los recursos para trasladarlos a la población se refleja en la caída de credibilidad del Presidente. Esto obligará al ejecutivo, a un cambio de gabinete, en lo político, social y económico. Por otro lado, la votación de dicha moción mostró que la oposición (correísmo y Pachakutik) tendrá fuerza legislativa para frenar el interés del gobierno de aprobar leyes para terminar de montar su proyecto económico de una economía de libre mercado.

Luis Rosero M.

Después de dos semanas de la protesta indígena, bloqueo de ciudades y carreteras, que ha agravado la crisis económica, social y política, se abrió la posibilidad de un diálogo indígenas-gobierno pero, para enturbiar más la coyuntura, UNES presentó, a la Asamblea, la petición de destitución del Presidente causando más inestabilidad política desembocando en una tensa calma hasta conocer la repuesta de la Asamblea y los resultados de una posible negociación entre el gobierno y los indígenas.

En la semana anterior, la violencia subió de tono de lado y lado. El gobierno aumentó el uso progresivo de la fuerza (más represión) que ha dejado ya 5 muertes y centenas de heridos. La protesta indígena elevó su tono con la muerte de un manifestante en el Puyo, el ataque a la Controlaría, la destrucción de camiones del ejército en San Antonio de Pichincha y la toma de dos gobernaciones en provincias de la Sierra. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik  acusó, por esta mayor violencia, a la infiltración de vándalos y la acción de grupos correistas. La apertura de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Jueves 23 de Junio, dio esperanza de un diálogo, pero después de estos hechos de violencia, el Viernes 24, el régimen acusó a Iza, líder de la protesta indígena y CONAIE, de golpista y aumentó la represión desalojando a los indígenas de la Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Santi fue más allá, declarando que si el gobierno no dialoga apoyaría la destitución del ejecutivo. Este día, el correísmo presentó, ante la Asamblea, aprovechando la coyuntura, un pedido de destitución del Presidente, que comenzó a tramitarse el Sábado 25. Al mediodía de éste hubo un encuentro entre dirigentes indígenas y representantes del gobierno para un posible diálogo. En la tarde, de ese día, el Presidente envío al asesor jurídico de Presidencia para que lo defienda y presentar descargos ante dicha petición, previamente el ejecutivo derogó el decreto de excepción en las 6 provincias para atenuar el pedido de destitución. En definitiva, el Presidente está en una encrucijada: la resolución de la Asamblea sobre su destitución o el cumplimiento total o parcial de las demandas indígenas que implicaría un diálogo y negociación.

El desabastecimiento de productos agrícolas de la sierra, el aumento de sus precios, la falta de combustibles en algunas provincias de la sierra, la pérdida de leche, muerte de pollos en granjas, la paralización de industrias, el cierre de carreteras que ha impedido la exportación de flores (sierra), banano y camarón (costa) y otros de la amazonia ha causado un fuerte impacto en la población y empresas reflejado en un mayor costo de la canasta básica y reducción de la actividad económica que implica pérdidas económicas y reducción del empleo. La situación económica, política y social es ya insostenible, no puede seguir la paralización del país, ni la débil política social y la inestabilidad política so pena de un caos generalizado. A nivel externo, el riesgo país sigue subiendo más allá de los mil puntos reflejando la gravedad de la coyuntura social y política.

El gobierno se verá obligado a negociar con los indígenas. Su repuesta inicial fue aumento del bono de desarrollo humano de $ 50 a 55, condonación de créditos vencidos hasta 3000 dólares en Banecuador, subsidio del 50% del costo de la urea y declaración en emergencia de la salud. Ya en Mayo la inflación se situó en 3.38% la que subiría a más del 4% por la protesta indígena. La CONAIE considera insuficiente esta propuesta  e insiste en sus 10 demandas que, entre las principales, son reducción del precio de la gasolina super y ecopais, precios justos para productos del campo, aumentar el presupuesto para salud y educación, pago de la deuda al IESS, mejorar el empleo y no privatización. Posteriormente, el gobierno respondió con duplicar el presupuesto para la educación bilingüe y, después, ofreció con focalizar el subsidio de los combustibles a los sectores agrícolas. El domingo 26 de Junio, en cadena nacional, el Presidente anunció que bajaría en 10 centavos al galón de la gasolina extra, ecopais y diésel y más aún, como gesto para la negociación, que se compromete a cumplir con los 10 puntos de una manera realista.  Lo cierto es que tendrá que ceder a algunas de estas demandas para lograr paz social y cierta estabilidad política.

¿Por qué hemos llegado a esta crítica coyuntura económica, social y política? Uno, en lo social, lo más visible ha sido por falta de atención en los hospitales públicos y desabastecimiento de medicinas, los problemas de falta de adecuación de la infraestructura en escuelas y colegios fiscales, el impago de la deuda al IESS (de la que pago una parte); en lo económico, la poca importancia dada a los paros de los pequeños productores bananeros y de leche, que reclamaban por no respeto del precio oficial y ofrecer una subvención a los primeros que no cumplió, la repuesta inoportuna la los pedidos de la CONAIE realizadas meses atrás, la falta de empleo, etc. y, en lo social, una débil política social que no alcanza a atender los graves problemas de desnutrición infantil, pobreza, miseria y hambre de una buena parte de la población. La interrogante clave ¿es por la ineficacia en la gestión gubernamental o por continuar con una austeridad que no asigna presupuesto para estas demandas? Lo más paradójico es que el alza de los precios del petróleo ha generado recursos que se estiman en 1000 millones y, por otro lado, la reforma tributaria ha aumentado los ingresos fiscales más allá de lo proyectado. A más de eso, hay 1000 millones adicionales que el FMI donó en DEG al país. En medio de las protestas, el FMI ha autorizado la entrega de 1000 millones por el crédito después de pasar la cuarta y quinta revisión del programa de Servicio Ampliado. Al parecer, las prioridades del Ministerio de Finanzas, son cumplir al pie de la letra los condicionamientos del FMI. Ha anunciado que se usaran los recursos del FMI para aumentar el gasto social y la inversión pública. Sin embargo, al mismo tiempo, establece seguir con la austeridad fiscal buscando reducir contratos en el sector públicos y otros gastos relacionados con la burocracia. El aspecto fundamental son las prioridades del gobierno. Al parecer por atender lo económico, no se ocupa de las necesidad e inequidad social. El régimen, en la crítica coyuntura económica, social y política, está en una disyuntiva ¿O cambia de rumbo en la política social-económica o continuará la protesta social por varias vías? Mientras tanto seguirá la encrucijada y la tensa calma hasta que la Asamblea resuelva el pedido de destitución del Presidente y el régimen inicie la negociación con la CONAIE.

Luis Rosero M.

Se cumple una semana de la protesta indígena, liderada por la CONAIE, generando efectos económicos, políticos y sociales. El gobierno, presionado por la presión de esta, ha tomado medidas para acercarse a cumplir las diez exigencias de la organización indígena, que mantiene su medida de hecho. Queda claro la necesidad de una mediación para una negociación entre las partes. En este artículo, trataremos los efectos económicos de muy corto plazo.

La protesta indígena se expresa con marchas y cierres de carreteras, que afecta principalmente a las provincias de la Sierra como Pichincha, Tungurahua e Imbabura, en las que se ha visto reducido la actividad económica. Si bien la protesta ha sido pacifica ha habido vandalismo que, según la CONAIE, han sido infiltrados y, por otro lado, en Guayaquil, en los primeros días, hubo el cierre de locales por temor a los ataques de manifestantes a comercios y la bahía, causando zozobra principalmente en el centro del puerto principal.

Los más importantes efectos, en lo económico, ha sido la restricción de la actividad económica en las provincias señaladas de la Sierra y algunas de la Amazonía, por otro lado, la restricción de la movilización de vehículos y personas, por el cierre de las carreteras, sobre todo en Cayambe, generó que las empresas florícolas no puedan movilizar su producto y transportarlos a los aeropuertos para la exportación. En la capital, por no poder ingresar o salir, los camiones de carga desde las áreas de producción de flores, no se logró transportar al aeropuerto, que impidió el envío del producto al exterior.  Además, al restringirse el transporte de productos agrícolas componentes de la canasta básica, de la Sierra hacia la Costa, se ha comenzado a generar desabastecimiento de éstos en los mercados y supermercados de Guayaquil y otras ciudades de la costa. La consecuencia inmediata ha sido el aumento de precios de éstos.

Desde Setiembre, del año pasado, se ha registrado una presión inflacionaria. En efecto, ya a Mayo de 2022, la inflación anual alcanzó el 3.38% y la canasta básica se elevó a $ 793.33. Para Junio, como efecto, del cierre de carreteras, se espera un aumento de la inflación a alrededor del 4%, que adicionalmente aumentará el costo de la canasta básica afectando de esta manera el nivel de vida de la población, sobre todo en la clase de menores ingresos que incluye a trabajadores y empleados que reciben un sueldo básico. Ese nivel de inflación, al quinto mes del año, se explica, en parte, por la invasión rusa a Ucrania, que restringió las importaciones de minerales y fertilizantes para la agricultura, encareciendo el costo de los insumos para este sector, como medida compensatoria el gobierno decidió subsidiar 50% la urea.  Por ello, hay una inflación de costos en éste, pero además las empresas de alimentos procesados (entre ellas las de aceite vegetal, panificadoras, etc.), farmacéuticas, salud, etc. han incrementado sus precios aprovechando la coyuntura, que se ve reflejado en el aumento del índice precios al productor (IPP). En efecto, la variación anual, de la inflación de costos (medido por el IPP), ha aumentado fuertemente. Así, en Diciembre de 2021 ésta fue 1.72%, a Enero de 2022 alcanzó a 4.01% y, de ahí, ha continuado la tendencia alcista a tal punto que, a Mayo de 2022, dicha variación alcanzó 7.83%. Esta empuja, a su vez, al aumento del índice de precios al consumidor, con el que se mide la inflación. En lo externo, a mas de la reducción de exportaciones de flores, el riesgo país ha sobrepasado los mil puntos que refleja la inestabilidad política que vive el país en esta coyuntura.

Otra consecuencia es que, al caer la actividad económica, se afecta el mercado de trabajo. En Abril de 2022, la tasa de desempleo fue 4.7% y la de subempleo 23.9%.  Como efecto del paro indígena, al restringir el nivel de actividad económica, aumentará el desempleo, subempleo y sector informal. En este último, encontramos, entre otros, la venta ambulante y en las calles, los que viven del día a día, que vería afectado su nivel de subsistencia. En fin, lo crítico será aumento de pobreza, hambre y miseria. El paquete de medidas ofrecidas por el gobierno (que se analizará la próxima semana) no alcanza a compensar el incremento del costo de los insumos agrícolas y, por otro lado, el aumento de la asignación del bono de desarrollo humano (de 5 dólares), es mínimo e insuficiente para contribuir a mejorar la situación de los pobres. El tema de fondo es que la política social ha quedado relegada por tratar de equilibrar la economía. El Ministro de Finanzas busca cumplir a rajatabla el convenio con el FMI y bajar el déficit fiscal a costo de todo. Las consecuencias están ahí, menos asignación a salud y educación a pesar de que el aumento del precio de petróleo y por la reforma tributaria generó recursos adicionales.  De que vale mejorar los índices macroeconómicos si la población pobre y marginada se ve afectada en sus condiciones de vida y dado el aumento del desempleo y subempleo, aumenta la pobreza, hambre y la miseria que se expresan con la protesta social. La alerta de la protesta indígena, es o hay un profundo viraje en la política social y política económica, el gobierno se vea obligado a negociar, sobre todo porque la marcha indígena ya esta cerca de Quito, o de lo contrario puede darse un estallido social de proporciones.

Luis Rosero M.

La conflictividad social en el país depende de varios factores objetivos. La lenta repuesta, a ésta, del gobierno ha llevado a un paro indígena indefinido, por la falta de dialogo y repuestas a tiempo a las demandas sociales. En cambio, con los pequeños productores de banano ocurre que estos han hecho varias manifestaciones a las que no se los atendió hasta qué en la quinta protesta, se llegó a un acuerdo que el gobierno no ha cumplido. Todo esto se agravó por los efectos que dejo la pandemia y ahora la invasión rusa a Ucrania. En este artículo apuntamos algunas causas estructurales de la conflictividad social en el marco de la coyuntura económica actual.

Julio Berdegué, representante regional de la FAO, señala que “en América Latina hay hambre porque hay desigualdad, no porque falten los alimentos, y esta genera muchas personas en condiciones de pobreza”. Si a esta le agregamos la concentración de la riqueza e ingreso estamos apuntando a factores estructurales claves de la inequidad social y, en consecuencia, de la conflictividad social. Para atenuar el malestar social, los gobiernos buscan luchar contra la pobreza -que provocan estos factores- mediante política social y de redistribución del ingreso. El estado se convierte en un actor fundamental para poder equilibrar la polaridad entre riqueza y pobreza. En buena medida, los gobiernos, según su orientación económica e ideológica, con el uso de esas dos políticas pueden contener el conflicto social a fin de mantener la estabilidad social. En la medida que apliquen una política social fuerte inclinaran el péndulo  hacia la equidad social mientras que aquellos que dejan que solo el mercado, sin ninguna regulación, determine los precios claves de la economía, sin que medie una política social, se producirá mas concentración de la riqueza e ingreso y, como consecuencia mayor inequidad social como en el capitalismo salvaje. En este marco, el estado y sus administradores son claves para mantener la paz social.

En el caso del país, como en el mundo, la pandemia dejo como secuela un mayor nivel de concentración de la riqueza e ingreso, más desempleo y subempleo, sumo millones de gente a la pobreza y al hambre. En Ecuador, la familia para enfrentar estas condujo al incremento del trabajo infantil que en 2020 se incrementó en 11.8%. Esto fue porque en dicho año hubo una contracción muy fuerte de la economía la que se recuperó en 2021 con un crecimiento económico de 4.3% que compensó parcialmente la grave situación económica y social que dejó la pandemia. En la coyuntura actual, a eso se agregó la invasión rusa a Ucrania que en el mundo y A. Latina provoca efectos negativos en la economía y en lo social. Ya el Banco Mundial pronostica que el crecimiento mundial descenderá de 5.7% en 2021 al 2.9% en 2022, pero además anuncia que hay de riesgo de estanflación o sea bajo crecimiento con alta inflación.  En el caso del Ecuador, el BCE pronostica, para este año, un crecimiento de 2.8% mientras que la CEPAL, solo 2.6%, lo que implicará una contracción de la economía de 1.7 puntos lo que producirá efectos críticos.  En efecto, como secuela de dicha invasión, habrá caída de exportaciones, lo que va a generar una  caída del nivel de actividad económica y, por otro lado, hay restricciones de importaciones de insumos agrícolas que, entre otros factores, está provocando encarecimiento de insumos de productos básicos como la harina, aceite, etc. que se traduce en un mayor nivel de inflación, lo cual encarece la canasta básica, dejando fuera del consumo de ésta a algunas familias, que reducen su nivel de vida y, los que no pueden generar algún ingreso van a sumarse a la masa de pobres. A su vez, la caída del crecimiento, generará un aumento del desempleo y subempleo, lo que a su vez conducirá a mayor pobreza y hambre.

Estas se expresan en el deterioro de las condiciones de vida de la población que obliga a buscar fuentes de subsistencia de ahí que aparece los vendedores ambulantes, las ventas callejeras, etc. en síntesis el trabajo informal. Pero, por otro lado, estas también son fuente de la violencia que se expresa en la delincuencia, robos, asaltos, crimen organizado, sicariato, etc. Las cárceles se llenan de presos. En la coyuntura actual, las bandas organizadas manejan éstas y hay conflictos entre estas que conducen a masacres y perdida control de las cárceles en la que el gobierno hasta ahora no ha podido manejar el sistema carcelario a la que vez que ha crecido en nivel de la inseguridad ciudadana.

Lo cierto es que la política social es débil para atenuar el deterioro social, y, por otro lado, a pesar de haber crecido los recursos públicos, por aumento de los ingresos por la reforma tributaria y el incremento del precio del petróleo, no se utilizan para contener fuertemente el deterioro social que empuja a la conflictividad social. Esta se expresa por varias vías: una es la protesta social de los sectores afectados, otra a través de organizaciones sociales que la toman como bandera de lucha, otra alternativa es vía grafiti, etc. La interrogante es por qué se utilizan estos recursos, porque no se atiende o se tarda en responder a las demandas sociales. Pero la pregunta clave es: ¿esto es por falta o incapacidad de gestión o porque no se asigna los recursos o son insuficiente para atender dicha demanda? Según sea la repuesta a esta hipótesis sabremos que fracción al interior del gobierno se impone, los que bregan por política social o aquellos de las finanzas públicas. Lo cierto es qué si se desatiende, se desoye, se retarda la repuesta, hay dialogo qué se queda en promesa, no se asignan suficientes recursos para frenar el deterioro social la conflictividad social aumentará y se manifestará la protesta social por cualquier vía. La práctica ha demostrado que es ésta es el único lenguaje que entienden los gobiernos para obligarlos a cambiar de rumbo y prestar atención a la demanda social. La estrategia mediática del gobierno atribuirá a la protesta social a los aspectos políticos pero son en el fondo los factores estructurales que se expresan. El conflicto tiene al filo de la navaja al gobierno y, en consecuencia, mientras no se actué a profundidad ante deterioro social corremos el riesgo de un estallido social pero empujados más por los factores objetivos que por la política.

Luis Rosero M.

El esquema económico de Lasso tiene cuatro puntales, que están relacionados con reformas estructurales que trata de implementar. En lo interno, el gobierno logró que se apruebe la reforma tributaria y, en lo externo, busca la apertura de la economía para atraer inversión extranjera y abrir nuevos mercados para expandir exportaciones. Con ese objetivo esta negociando un acuerdo comercial con México.

El interés del gobierno, al buscar celebrar este acuerdo con el país azteca, es que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacifico, un bloque comercial integrado por Colombia, Perú, Chile y México. El país ya ha celebrado acuerdos comerciales con los tres primeros y ahora busca hacerlo con México con lo que conseguiría el boleto de entrada a dicha alianza que implica abrir un mercado significativo para atraer inversión extranjera e incentivar exportaciones.

Tuve la oportunidad de estudiar en México y conocer la economía de dicho país. Es un país que tiene un nivel intermedio de industrialización y, a su vez, exporta productos agrícolas e industrializados. Su principal socio comercial es EE.UU. En la relación comercial, Ecuador tiene un déficit comercial permanente con el país azteca. En 2013, se exportó a éste 124.5 e importó 968.5 millones de dólares. En 2021, exportó 168 e importó 686 millones. En Marzo de 2014, había advertido, en un artículo en el diario público, de la desbalanceada relación comercial con México.

En nuestro país, el país azteca tiene importantes inversiones. Así, desde algunos años opera la telefónica Claro, del millonario Slim, Arca compró a la envasadora de Coca Cola y otras en el país, que también adquirió Toni e Inalecsa. Femsa, embotelladora mexicana, compró en 2018 Fybeca y Sana-Sana. Antes, el grupo panificador Bimbo, compró Supán; la empresa Mexichen, de tublos plásticos, compró Plastigama; Mabe fabrica electrodomésticos y, desde 2015, la empresa mexicana Zermat estableció una planta para la fabricación y comercialización de perfumes. Las empresas mexicanas, que operan en el país, buscan ampliar la presencia en el mercado latinoamericano.

A México, le interesa ampliar su inversión en nuestro país y, por otro lado, incrementarr sus exportaciones. La negociación del acuerdo de libre comercio con México, una vez cerrada las mayorías de las mesas, tropezó, fines de Mayo de 2022, con los productos sensibles. Ecuador logró dejar fuera del acuerdo la leche y la carne. En cambio, México busca excluir al camarón, banano y atún. En buena medida, dicho país se opone, a la entrada en el acuerdo, a estos productos porque nuestro país es el mayor productor mundial de los dos primeros y es un importante exportador del último. El impacto en la economía del acuerdo depende de varios factores entre ellos el nivel de desarrollo de cada país, el esquema de desgravación arancelaria, la velocidad de desgravación, productividad, salvaguardias, etc. En 2021, Ecuador importó de éste principalmente automóviles, televisores, medicamentos, tractocamiones y teléfonos celulares. Dado en mayor nivel de industrialización de México, sus empresas producen a menores costos. El mayor impacto, con el acuerdo, estaría en los sectores de calzado, vehículos, textil. México produce calzado de calidad internacional por lo que el sector de calzado ecuatoriano, que es más artesanal, podría verse muy afectado. Lo mismo ocurriría con el ensamble de vehículos ecuatorianos. México, desarrolló esta industria en los años cuarenta, del siglo pasado, por lo que correría el riesgo de casi desaparecer más aún si sigue la competencia de los vehículos chinos. También corre riesgo la industria textil, en la que México tiene tradición y mayor calidad. La mayor productividad de las empresas mexicanas, en dichos sectores, pueden generar perdida de empleo y de empresas. De ahí que es muy importante, la velocidad de desgravación arancelaria, pues mientras esta sea mas larga daría un respiro a los productores ecuatorianos. El aceleramiento de la firma del acuerdo puede impactar seriamente a dichos sectores y, por otro lado, ampliaría el desequilibrio comercial con dicho país. El gobierno está en una encrucijada en su intención de atraer inversiones extranjeras e incrementar exportaciones, pues un acuerdo mal negociado puede traer serias consecuencias a dichos sectores. No por tratar de ampliar nuestras exportaciones, al entrar en dicha alianza, sacrificaremos a los sectores sensibles. Estos deben tener un periodo para tratar de ser competitivos sino aplicar un programa de reconversión industrial para que no peligre el empleo y agravar más la precarización laboral.